El problema de la aspiración marítima de Bolivia es de larga data, de hecho, desde la firma del Tratado de 1904, que en Bolivia constituyó una victoria para los “practicistas” y una dolorosa derrota para los “reivindicacionistas”. En pocas palabras, en Bolivia la corriente “practicista” refleja los intereses de los comerciantes de La Paz, de las empresas mineras y en general de los importadores y exportadores. Prefieren tener acceso al puerto (ex – peruano) de Arica, más eficiente y próximo, aunque sea sin soberanía. Los “reivindicacionistas” quieren recuperar la para ellos provincia del Litoral, que para nosotros es la región de Antofagasta, más lejana y de más difícil acceso para los bolivianos. Esta “recuperación” debe ser con soberanía completa y total y sin compensaciones.
Curiosamente y tal vez para aunar criterios, Evo Morales planteó una petición mixta y maximalista: un acceso marítimo por la región de Tarapacá (ex – peruana) y con soberanía total, en un momento en que contaba con amplia popularidad interna y el apoyo internacional del vociferante Hugo Chávez.
Como se puede apreciar, cuando existe un conflicto ideológico como el que divide a la sociedad boliviana frente a su pretensión marítima no puede haber política de estado y Bolivia seguirá cambiando su aproximación al problema una y otra vez y Chile seguirá fracasando con sus propuestas y cargando siempre con la “culpabilidad”, como ha sucedido en las tratativas de 1920; 1950; 1975 al 78; 1987 y 2006 al 2013. Incidentalmente, Evo Morales liderando a los “reivindicacionistas”, dirigió la oposición a las intenciones de negociación del gobierno boliviano en 1998, lo que fue decisivo para catapultarlo al poder el año 2002.
La negociación entre Chile y Bolivia ocurrió en un ambiente emocional importante de tener en cuenta. Bachelet sufrió dos humillaciones a manos del presidente de Perú, Alan García: la primera fue la divulgación unilateral de una conversación telefónica personal entre los dos y luego, cuando Perú llevó a nuestro país a La Haya, ante la impotencia de ella y de su gobierno. Estos hechos fueron agravados por la traición a la presunta sintonía ideológica marxista que se suponía existía entre el PS, partido de Bachelet, y el APRA, partido de García.
Por otro lado, la unía una simpatía personal por Evo Morales, hermanados en su antiimperialismo; nacionalismo sudamericano y admiración a Fidel Castro y su revolución. Así, la situación emocional de base por parte de la autoridad negociadora principal de Chile es la de frustración frente a Perú y afecto hacia Bolivia .
En este contexto, el año 2006 bajo las administraciones de Bachelet y Morales se inició una negociación con una “agenda de 13 puntos” cuyo punto N° 6 era el “Tema Marítimo”. Las cosas marcharon decentemente bien hasta que los negociadores llegaron a una proposición de solución del conflicto por las aguas del rio Silala. El gobierno boliviano apremiado por los “reivindicacionistas” rechazó la propuesta sin apelación y no se volvió a tocar el tema.
Chile por su parte encontró una “solución brillante” para resolver la exigencia boliviana: Ofrecer un espacio geográfico adecuado a las aspiraciones bolivianas en la región de Tarapacá esquivando el posible veto peruano entregándolo a Bolivia como un “arriendo”; un “préstamo”; un “comodato” o una figura que no implicara abiertamente cesión de soberanía, de 99 años de duración. Con esto satisfaría el 100% de las exigencias de Evo.
Según declaración del ex Ministro Bitar, “se exploró la concesión de un territorio costero sin soberanía, (incluyendo) su ubicación, extensión y las normas que podrían regir ese enclave para las empresas y trabajadores bolivianos en industria, servicios, comercio y turismo”. La petición de Morales no era modesta, sus exigencias incluían: soberanía irrestricta; una extensión de costa amplia de entre 10 y 30 kilómetros de frente “de (un) tamaño que pueda verse en un mapa de esos que se utilizan en las escuelas; apto para construir una ciudad, un aeropuerto y sus carreteras, varios puertos; una playa para tomar sol y hacer negocios”, como inocentemente expresó uno de los negociadores bolivianos.
Como esta negociación fue conducida en secreto y no ha habido información por parte de los actores chilenos, debemos apoyarnos en las publicaciones periodísticas bolivianas, -que a diferencia de la prensa chilena, no se ha inhibido de investigar el tema-, en las que el Vice Canciller boliviano Hugo Fernández explica que “El primer semestre del año 2009 una delegación de tres técnicos del gobierno de Bolivia viajó en forma reservada a la provincia de Tarapacá donde se reunieron con funcionarios de la Cancillería y de la Dirección de Fronteras y Límites (de Chile). Los técnicos viajaron en un transporte regular, vestidos como personas corrientes, los esperaron en Iquique y después fueron en helicóptero al lugar del enclave”. “El viaje duró tres días y la comitiva boliviana se respaldó con mapas y documentos topográficos para inspeccionar las características del terreno y las potencialidades de tal enclave”. “Hay un documento en el que se menciona la visita conjunta sobre la cual se hizo un estudio específico para luego ser elevado como acta de una posible solución”. Según algunos medios periodísticos habría habido un segundo viaje, pero no está confirmado.
El enclave ofrecido el año 2007, que tuvo variaciones entre ese año y el 2009, se lo menciona ubicado “al Norte de Iquique”; en “Mejillones del Norte” cercano a Pisagua; “en un punto al Sur de la Quebrada de Camarones” y en “Tiliviche”.
El asunto de la soberanía merece ser destacado. Como vimos, la ficción chilena era que se trataba de un “préstamo” sin cesión de soberanía, sin embargo la parte boliviana no lo veía de ese modo. Según el Vice Canciller Hugo Fernández, “Nosotros dejamos en claro a Chile que si bien no íbamos a discutir el problema de la soberanía en el principio (de la negociación), si lo íbamos a hacer al final. Hay una norma en diplomacia: nada está acordado, si todo no está acordado”. Parece evidente que alguien está mintiéndose a si mismo y a sus ciudadanos.
También es destacable la afirmación de los medios periodísticos de que “El borrador (del acuerdo) estaba siendo revisado para su ratificación mientras se iniciaba el traspaso del mando a Piñera”, por su parte fuentes de la Cancillería chilena indican que la declaración conjunta que pretendía firmar Bachelet con Evo Morales fue dada a conocer a las nuevas autoridades y que el documento fue considerado “excesivo” por el Presidente Electo.
El nuevo presidente descartó el “enclave” como solución aceptable para Chile y la Agenda de los 13 puntos languideció y murió, lo que es razonable si se considera que el único interés de Bolivia era resolver favorablemente su aspiración marítima.
La creación y entrega de este enclave a un estado semi fallido como Bolivia, tiene una serie de consecuencias que parecen no haber sido debidamente consideradas por la parte chilena, ya que de otro modo les habría sido evidente lo desacertado de su idea: La intención de entregarlo por 99 años con la autorización para construir una ciudad en él, es una muestra clara que se estaba negociando soberanía, aunque se diga lo contrario. No es posible imaginar una ciudad poblada durante un siglo por bolivianos, que no de origen a ciudadanos con esa nacionalidad. La “formula” para saltarse la participación peruana no solo vulnera el espíritu del tratado de 1929, sino que me parece constituye una muestra de perfidia y mala fé, difícil de aceptar por parte de ese país e indigna de las costumbres del nuestro. Una maniobra de este tipo envenenaría irremediablemente la relación con Perú y sería violatoria del respeto a los tratados y su cumplimiento, que constituyen una piedra angular de nuestra política y tradición nacional. La rabieta contra Perú y el cariño hacia Bolivia no justifican una «jugada» de este calibre.
Las “servidumbres” que tal enclave impondría a nuestro país son inmensas: agua, energía, disposición de desechos de todo tipo, servicios sanitarios, carreteras, aduanas, protección de fronteras y muchas más. Un enclave de ese tipo bajo administración boliviana eleva en varios órdenes de magnitud el problema de tráfico de drogas, contrabando y reducción de bienes robados en Chile. La instalación de varios puertos cuyo principal usuario sería Brasil significan el fin comercial del puerto Arica o su eventual dependencia de esos puertos bolivianos. Los problemas de contaminación de todo orden no podrían ser circunscritos al enclave, invadiendo sus efectos a los espacios chilenos aledaños. Las demandas de conectividad entre el enclave y Bolivia sería muy complejas de manejar. Un aspecto de gravedad, por la aparente liviandad en que se habría manejado, es que en ningún momento de habló de si este “enclave” era además de todas las facilidades, excepciones y financiamiento ya concedidas con motivo del tratado de 1904 o si ellas caducarían.
Solo en los estados absolutistas el rey dispone del territorio y la población a su gusto y gana.
Los titulares del territorio son los chilenos, la nación chilena, no solo el gobierno. En un estado democrático no es aceptable que un gobierno negocie y acuerde en secreto, a espaldas de la ciudadanía, la entrega de parte de su territorio y de su soberanía. La forma para hacerlo es un plebiscito, que la misma Carta Constitucional debiera considerar.
Estamos ante una mala idea y estuvimos ante una peor negociación.
Blog Fernando Thauby 