SOBREVIVIENDO A TRUMP

Trump llegó y probablemente se quedará en su cargo por cuatro años. El tipo no es fácil, no es amistoso ni simpático, pero es lo que hay. Su frase televisiva favorita, pronunciada con fruición era “estás despedido” y la gozaba.

Sea como sea, tenemos que vivir con él y es mejor que hagamos un esfuerzo para tratar de entender sus procesos mentales y sus objetivos.

Lo primero que Trump trae a la mente es eso de que “todos lo problemas complejos tienen una solución fácil …. y generalmente errónea”. Leer o escuchar sus discursos lleva a concluir que simplifica gruesamente, pero dado el nivel intelectual y político de los candidatos y de la mayoría de los ciudadanos a nivel global, sabemos que es una práctica normal y que muchos –al menos la mitad de los norteamericanos- le creyeron. No hay razones para pensar que muchos otros ciudadanos del mundo sean muy diferentes. Esto nos dice que sus ideas simples son contagiosas y muy probablemente se difundirán.

Esto nos lleva a la primera interrogante: ¿de veras cree lo que dijo en su campaña?, ¿intentará cumplir el programa que prometió?. Yo creo que si. Mis razones: el hombre tiene una personalidad que lo hace buscar la admiración en forma obsesiva; le encanta sorprender y escandalizar; razona en términos de resultados a corto plazo sin considerar los efectos a mediano y largo plazo – es un especulador-. Si el negocio no marcha, lo liquida y se cambia a otro.

De alguna manera parece estar intentando re-crear una situación política, económica y social mundial ya superada y, considerando que fue buena para Estados Unidos, reproducir alguno de sus elementos mas conspicuos: abuso, proteccionismo, mercantilismo, racismo, prepotencia, agresión verbal y física.

En este orden de cosas, el eslogan “EEUU Primero” destaca que en su visión, EEUU puede crecer y ser feliz -en si y por si mismo- en dirección opuesta a la idea hegemónica prevaleciente hasta hace alguna semanas de que una globalización que reconocía una interdependencia económica, ambiental, política y de seguridad que recomendaba no dejar países o regiones demasiado atrás, ya que de una otra manera afectarían negativamente a “nuestro crecimiento y felicidad”. Esto, sin considerar los componentes éticos y morales que parecen no estar incluidos en la lógica de Trump. El resultado obvio de esta idea es que EEUU renuncia al liderazgo global avanzando hacia un mundo integrado y opta por la superioridad y el despotismo nacionalista.

El ataque a las Torres Gemelas mostró que la superioridad militar absoluta no era suficiente para dar a los ciudadanos norteamericanos seguridad total, ni siquiera suficiente. Tampoco para asegurarles prosperidad económica abundante y duradera.

Creo que Trump no considera una “estrategia” en el sentido de identificar un objetivo o resultado final; reunir, organizar y emplear los recursos necesarios y proceder según una secuencia temporal y física predeterminada. Es decir no buscar un resultado final específico sino que busca producir una secuencia de éxitos operativos y sectoriales que le otorgarán triunfos (y satisfacciones personales) sucesivas. El resultado final será una sorpresa para todo, incluso para él, solo que a él eso no le importa.

De lo anterior se desprende que la “seudo estrategia” de Trump es la búsqueda continua e incesante de “oportunidades”, situaciones inconexas entre si, que le permitan obtener esos triunfos operacionales (o peor aun, tácticos) que para él son objetivos en si mismos.

Este tipo de estrategia puede ser enfrentada actuando en dos planos simultáneamente: primero, buscando, facilitando y participando en las “oportunidades” que Trump busca, siempre y cuando simultáneamente lo sean también para nosotros. Dicho de otra forma, cooperar y asociarse en la materialización de oportunidades mutuamente convenientes, teniendo en vista que nosotros, en nuestros cálculos de conveniencia si consideramos los efectos a medianos y largo plazo; que podremos zafarnos del compromiso si nos cambia las reglas, y que es muy probable que esas “oportunidades” no trasciendan a su administración. En ausencia de esas circunstancias, mantener la relación en un bajo perfil y moverse con cautela y discreción frente a su administración parece ser la mejor política.

Debemos distinguir entre el gobierno de Trump y las instituciones políticas, administrativas, militares y comerciales de los EEUU y movernos con discreción en esos planos. Nunca olvidar que EEUU es un estado federal y que los estados tiene una considerable autonomía en muchos aspectos.

En el ámbito internacional global, buscar alternativas políticas y comerciales en la Unión Europea, en potencias medianas como Australia, Canadá, Sudáfrica, Indonesia y Corea, y grandes pero de protagonismo mediano como India y Gran Bretaña. Avanzar con la Alianza del Pacífico y postergar los proyectos con China y Rusia.

Parece evidente que la administración Trump hará lo posible por degradar a la ONU e instrumentalizarla, de la misma manera que a la OEA y los organismos técnicos internacionales, que muy probablemente verán reducida su influencia y relevancia.

Trump tendrá su primera medición significativa al término de su primer año de administración, en este lapso deberá mostrar que sus acciones de gobierno (intencionalmente no digo políticas) fueron beneficiosas para los ciudadanos norteamericanos. Si ha tenido éxito, continuará profundizándolas hasta llegar a un fracaso seguro en su segundo y tercer año de gobierno y deberemos prepararnos para ver el inédito espectáculo de los norteamericanos luchando para deshacerse de un tirano y conservar la democracia.

Si muestran efectos negativos en su primer año, la crisis ya habría comenzado.

Una última recomendación, mantengan observación sobre el yerno, Jared Kushner que, se dice, tiene una influencia decisiva.

 

 

 

MUSEOS DE LAS MEMORIAS

El financiamiento, por parte de los gobiernos, de actividades culturales que contribuyan a la formación de los ciudadanos se ha prestado para múltiples abusos. En los regímenes autocráticos los gobiernos asignan esos recursos a quienes apoyan o promueven la ideología o las políticas que sus autoridades señalan, así sucede en Cuba, Venezuela y en Corea del Norte cuyos gobiernos vulneran las conciencias de la población, convirtiendo al arte, la cultura y la educación en vehículos de propaganda. En las sociedades democráticas esos recursos suelen asignarse mediante comisiones independiente que garanticen que la política y la cultura se mantengan separadas entre si.

El ejemplo mas notable fue la BBC en Gran Bretaña de la pos guerra, cuyo gobierno controlaba la distribución general de recursos pero transfería a la BBC la potestad sobre las decisiones y operaciones diarias. Este modelo tuvo muy buena recepción y sirvió de facilitador cultural durante muchos años y otros países optaron por crear organismos parecidos.

En Chile, este modelo fue admirado e intentado aplicar, a comienzos de los años 90, mediante un modelo de asignación de recursos públicos a través de concursos a cargo de jurados independientes, que fue prontamente desvirtuado y luego abandonado hasta politizarse completamente.

En Chile, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos fue construido durante los años 2008 y 2009 e inaugurado el 11 de enero de 2010, en el gobierno de Bachelet.

El 27 de febrero de 2012, en el gobierno de Sebastián Piñera, se firmó un acuerdo entre la  Dirección de Bibliotecas, Archivos, Museos (Dibam) para operativizar la ley de presupuesto Nº 20.557 de 2012 propuesta por el gobierno, transfiriendo $1.448.390.000 a la organización privada “Fundación Museo de la Memoria y los Derechos Humanos”, sin concurso alguno, es decir por una decisión de la mayoría política existente en el Congreso en esa fecha y cuya misión quedó establecida como “dar a conocer las violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos ocurridas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, es decir, durante la dictadura del general Pinochet”.

El Museo de la Memoria costó $12.040.000.000 y requiere algo mas de $1.500.000.000 anuales para cubrir sus gastos operacionales.

Podemos ver que la toma de distancia política entre el Estado y la asignación de fondos a organizaciones culturales quedó eliminada por la dictación de una ley que permitió asignar directamente recursos públicos a una fundación privada elegida arbitrariamente.

La entonces directora de Dibam, Magdalena Krebs ingresada a esa organización en 1983, se opuso a esta asociación tanto porque el nuevo proyecto favorecía a esa empresa privada en forma muy desproporcionada respecto a otros museos y bibliotecas nacionales como por el evidente sesgo ideológico del mismo. Esta actitud poco colaborativa posteriormente le costó el fin de su carrera en el Dibam por una campaña en su contra en las redes sociales y la acción de la Comisión de la Cultura y las Artes de la Democracia Cristiana.

En Junio de 2012 en una Carta a El Mercurio la Sra. Krebs manifestó que “Sería valioso que sus visitantes comprendiesen, por ejemplo, que entre muchos de los factores que contribuyeron a la destrucción de la democracia, tuvo un rol significativo la violencia imperante. A la luz de la contingencia que vivimos hoy, sería una gran contribución que el museo explicara los hechos anteriores al golpe, pues pondría una nota de atención sobre los límites, la necesidad de cuidar las formas y los procedimientos democráticos”, agregando: “En ese sentido, la opción que tomó el museo en cuestión, de circunscribir su misión sólo a las violaciones a los DD.HH., sin proporcionar al visitante los antecedentes que las generaron, limita su función pedagógica. La no existencia de consensos sobre la historia no exime al museo de su responsabilidad de ofrecer una visión amplia.”

Descalificándola los promotores de la visión acotada del Museo de la Memoria alegaron que “podríamos contextualizar también las purgas de Stalin, el Holocausto judío en la Alemania Nazi o las matanzas de Ruanda”. A este respecto me parece que tanto en el estudio de la historia como en el derecho, el contexto da el marco imprescindible para comprender y valorar las acciones de los protagonistas, lo que en este caso en particular, se eliminó por completo. Respecto al Holocausto, es precisamente lo que hizo Hanna Arendt en su obra “La banalidad del mal”.

No sorprende que este tema genere un debate relativo a discrepancias políticas ni tampoco que existan personas que crean (o les convenga creer) que las violaciones a los derechos humanos no podrían ser “contextualizables” en muchos sentidos. En este ámbito, en Chile, en que la ideología, las pasiones y las conveniencias chocan tan frontalmente, no se ve viable un terreno común en el cual situar un debate conducente, sin embargo, esto no excluye otro tipo de cuestionamiento: el financiamiento público como validación para la existencia de un único Museo de la Memoria que ademas, al incorporar el logo de Dibam induce a creer que representa la opinión del gobierno de turno.

Lo que existe y se elude enfrentar es la crítica a los mecanismos de financiamiento: ¿por qué subsidiar un único museo sobre un tema respecto al cual no se ha llegado a un consenso país y, por lo mismo, entregar recursos que llegan hasta los 1.400 millones de pesos anuales para una corporación cultural privada como ésta?. En diferentes países del mundo, existen museos dedicados a la memoria y los derechos humanos, o al mismo Holocausto, que cuentan básicamente con financiamiento privado o colaboraciones de individuos, lo que legítimamente les permite elegir y difundir su interpretación de la historia.

En subsidio de lo anterior, parece evidente que una forma de neutralizar este déficit de ecuanimidad de los gobiernos pasa por la promoción y el apoyo a la diversidad de expresiones y a la mantención de archivos de carácter histórico con diferentes interpretaciones de una realidad que de por si es opinable y respecto de las cuales la opinión pública chilena se encuentra profundamente dividida. En este orden de cosas, la realidad cotidiana en la Araucanía, en el Sename y recientemente en el ataque terrorista a un ejecutivo de Codelco en Santiago, confirman que contextos que llevan o promueven la violencia facilita la violación de los derechos humanos y cuya contención oportuna facilitaría la protección de estos últimos.

El proceso de creación de un nuevo Museo de la Memoria en la ciudad de Concepción (Museo del Bio Bio) se encuentra avanzado y en proceso para iniciar su construcción el año 2018. El proyecto ganador ya fue seleccionado de entre 30 propuestas. Es interesante notar que el proyecto habla de dejar testimonio de “la represión política”, mezclando “causas con efectos”, creando de hecho “un contexto” que oficialmente es rechazado.

Dado que los estatutos de la Fundación para la Memoria y los Derechos Humanos incluyen a todo el país como su área de operaciones, no queda claro si el Museo de Concepción es una ampliación del Museo de Santiago o es una “franquicia” del Museo de la actual Corporación operada en el Bio Bio por otro grupo, pero lo que si queda claro de la información disponible es que su costo de construcción y operación será igual al actualmente existente: $12.000.000.000 y $1.500.000.000 anuales respectivamente y todo con cargo al Estado.

También está en proceso otro Museo en Puerto Montt, en efecto, la prensa local informa que: “El Consejo Regional de Los Lagos, aprobó el presupuesto Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) 2017, en donde están consideradas la licitación y comienzo de ejecución de las obras del Museo de la Memoria en Puerto Montt para el próximo año (2018). El estudio de Pre Factibilidad contratado por la Dirección de Arquitectura, con fondos FNDR, se ha implementado durante 2016 cumpliendo todas las etapas comprendidas y comprometidas en él”.

El financiamiento será igual a los museos de Santiago y al de Concepción: “para este proyecto, la dirección regional de arquitectura del MOP ha gestionado con Dibam (Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos) el financiamiento para instalar el inmueble, una vez que los trabajos estén terminados”, considerando costo similares, $12.000.0000.000 para el edificio y $1.500.000.000 anuales para el gasto de operación.

Estos tres Museos implican un gasto operacional de $4.500.000.000 anuales para sus gastos de operación, algo desproporcionado respecto a otros gastos, por ejemplo, respecto al Sename o el Museo Histórico Nacional.

Sin exagerar es posible la repetición, a futuro, de estos Museos en Antofagasta e Iquique y tal vez en Arica y Punta Arenas.

Estas realidades y estos proyectos muestran la disposición del actual gobierno para invertir en apoyo a la cultura y la existencia de ingentes recursos para ello, lo que aun no se nota es la disposición a financiar de la misma manera a quienes tienen otras ideas respecto a la forma de evitar la violencia política y sus trágicas consecuencia como es la violación de los derechos humanos.

De la misma manera se aprecia un esfuerzo por crear una cadena de Museos que, además de difundir una visión sesgada, percibida como hostil y violenta hacia muchos chilenos, crea una red de sustento y refugio para centenares de funcionarios políticos cesantes y ayuda a establecer una base para la supervivencia de un tipo de políticas fracasadas en toda  la región y en Chile.

En Chile hay diferentes Memorias respecto a la época de la violencia política, la destrucción de la democracia, la reconstrucción de la misma y de la lucha contra quisieron impedirlo, todos tienen el mismo derecho a recibir el apoyo del estado de Chile para exponer sus puntos de vista, otra cosa sería volver a un pasado que por opuestas razones, todos rechazamos. Este conflicto no de diluirá por olvido y acostumbramiento, sino que continuará acrecentando un tumor infeccioso que con seguridad explotará.

Hay dos tipos de memorias, debe haber dos tipos de museos.

DERECHOS HUMANOS, LA ARMADA Y EL GOBIERNO

 

Este fin de año en la Armada se produjo un grave caso de violación de los derechos humanos de un grupo de 6 mujeres tripulantes de un buque de guerra, que fueron víctimas de la instalación, -por parte de un marino de 22 años de edad-, de un sistema de televisión artesanal para fisgonear su dormitorio, grabar y distribuir a un grupo de amigos sus imágenes en actividades privadas. El delito –materializado por la grabación de 8 videos de 8 segundos- fue descubierto e investigado con prontitud y acuciosidad y se destacó que los delitos ameritarían penas desde 61 días de hasta 5 años de cárcel.

El hecho suscitó un repudio generalizado; la propia Presidente de la República alzó su voz para condenar severamente este abuso a los DDHH de las víctimas y exigir castigo ejemplar; políticos de todas las tiendas y sectores también manifestaron su indignación y exigieron un castigo implacable para el hechor y sus cómplices.

El Comandante en Jefe de la Armada fue citado al Congreso donde calificó esto como un delito, explicó detalladamente lo acontecido, ratificó el repudio institucional y aseguró justicia para las afectadas. Hasta el Ministro de Defensa, habitualmente prescindente en los asuntos relativos a su cartera, condenó como “inaceptable que en nuestra sociedad ocurran episodios … que lesionan la privacidad de las víctimas”.

Todos los demócratas concordaron en el diagnóstico y en la forma de enfrentar el problema. Tienen una misma comprensión de los Derechos Humanos.

En esos mismos días concluía una proceso de apelación elevado por Víctor Donoso, ex – Oficial de la Armada, prisionero en el penal de Punta Peuco por el presunto secuestro permanente del mirista Rudi Cárcamo, miembro del Grupo de Amigos Personales (GAP) de Allende, que se encuentra encarcelado en forma ilegal y arbitraria por decisión del Ministerio de Justicia.

Donoso fue encarcelado el día 20 de Julio de 2012 debiendo completar su pena el día 17 de Julio de 2017. La Comisión de Rebaja de Condenas le redujo 10 meses de dicha pena, debiendo entonces quedar en libertad el día 18 de septiembre de 2016.

El Ministerio de Justicia del Gobierno de la Nueva Mayoría, por si y ante si resolvió no dar cumplimiento a la resolución y lo mantuvo en prisión hasta el día de hoy, 1º de enero de 2017.

Ante tal desacato, en un fallo unánime, la Quinta Sala del tribunal de alzada capitalino declaró que la pena debía concluir el día hoy y estableció que “es un hecho no rebatido que el condenado empezó a cumplir la pena con fecha 20 de julio de 2012, culminando con fecha 17 de julio de 2017. En estas circunstancias, la Comisión de Rebaja de Condena le ha reducido al amparado un total de 10 meses de dicha pena (…). Por consiguiente, al 18 de septiembre de 2016, el amparado tiene la pena corporal cumplida”.

La resolución, además, declaró arbitrario el actuar del Ministerio de Justicia, entidad que se había negado a ordenar la libertad de Donoso. Por esto, los jueces estimaron que en el actuar de la secretaría de Estado “queda de manifiesto que se ha excedido de sus facultades legales”. Además, le pide al ministerio el envío de un informe para que “regularice cuanto antes la situación jurídica”.

De lo anterior queda establecido que el Gobierno, a través de su Ministerio de Justicia, ha atropellado los Derechos Humanos de Víctor Donoso, ha excedido sus facultades legales y ha incumplido un fallo judicial expreso y explícito.

Queda también claro que el Gobierno valora y hace respetar los derechos humanos de las personas teniendo en consideración  sus preferencias ideológicas y sus conveniencias políticas y que el Ministerio de Justicia cumple una función política y no de justicia.

Es evidente también que no todo el gobierno está en esta tesitura. Los autores de este tipo de atropellos son, a mi juicio, las viudas de una concepción política derrotada irremediablemente: La autonomía de los ciudadanos ya NO está sujeta a la discrecionalidad de los administradores del Estado. Esta concepción de la política, inmanente en la ideología representada en Chile por el Partido Comunista y materializada por sus representantes en el aparato estatal, está en extinción, pero aun causa daño.

El problema a dilucidar es que visión tiene la hegemonía en el Gobierno de la Nueva Mayoría: la de las viudas del marxismo leninismo representada por el PC y los jóvenes revolucionarios o la socialdemocracia de los izquierdistas democráticos.

Cabe preguntarse por qué de la misma forma que la izquierda reclama a la derecha su inacción ante las violaciones de Derechos Humanos en el Gobierno Militar, hoy actúan en la misma forma cuando en su Gobierno simple y sencillamente decide no cumplir los fallos judiciales.

La última vez que pasó eso, las consecuencias no fueron amables, duran hasta el día de hoy y nos acompañarán por muchos años.