Con motivo de la acusación constitucional al Ministro de Educación Harald Beyer, el destacado intelectual Agustín Squella escribió un agudo análisis de un criterio que está siendo empleado en algunas instancias de poder en Chile:

“Se afirma también que ni la persona ni la trayectoria ni la gestión del Ministro Beyer importan en este caso sino establecer un hito en la lucha por terminar con el lucro en la educación universitaria, o sea transpersonalismo puro y duro. Lo que una persona es o haya hecho no cuenta a la hora de juzgarlo. Lo único que vale es la meta a que se quiere llegar sin importar quienes queden en el camino. El transpersonalismo, en su desprecio por la persona y en su venerar del Estado, de la razones de Estado y de las causas colectivas, infesta muchas veces la política y hace prevalecer la ética de los resultados (es bueno para la causa sacrificar a un sujeto) sobre la ética de la convicción (en conciencia no estoy convencido que ese sujeto deba ser sacrificado), por mi parte creo que no pocas veces la primera de tales éticas es solo un mal disfraz que esconde la falta de coraje para ser consecuentes con la segunda”.

Esta explicación del comportamiento arbitrario, inmoral y de discutible legalidad en que incurren algunas autoridades estatales parece tener la capacidad explicativa necesaria para dar una respuesta satisfactoria a comportamientos que sorprenden e indignan.

Luego años de escucha e interceptación de las comunicaciones personales y empresariales del comisionista en armamentos Guillermo Ibieta, el 2 de junio del 2009 la Policía de Investigaciones le incautó el disco duro de su computador, conteniendo 100.000 archivos, en el marco de la investigación del llamado caso Riggs y su “arista”, el caso Leopard.

La investigación, originalmente dirigida a esclarecer la eventual existencia de transferencias de dineros hacia el general Pinochet en la adquisición de un lote de tanques Leopard, tomó ahí una dirección diferente: determinar si constituyeron delito las comisiones pagadas por Ibieta a dos de sus agentes o empleados en el proceso de obtención del contrato para hacer, en astilleros holandeses, modificaciones menores a los buques adquiridos en ese país.

Súbitamente, la información obtenida en los archivos digitales de Ibieta fue transferida ilegalmente a la prensa, la que comienza a fabricar la imagen de una relación dolosa entre miembros de la Armada culpándolos de haber cometido graves delitos contra la “seguridad nacional” al, presuntamente, haber transferido información clasificada a Ibieta, según se deduciría de esos archivos.

La inmoralidad es evidente, la investigación periodística se sustenta en la “filtración” de la información reservada obtenida por la PDI y en custodia de la Fiscalía para los fines de la causa judicial, contra marinos a los que se acusa de haber “filtrado” esa misma información a Ibieta!. Y nadie se escandaliza.

Aquí un periodista juega un rol fundamental: establece la presunta comisión de un delito y comienza la “construcción de un caso” presionando a la Armada a través de artículos de prensa, reclamando la necesidad de iniciar una investigación por la “vulneración de la seguridad nacional” por parte de miembros de la Armada, escondiendo la fuga previa, de la misma información, desde el fiscal hacia si mismo.

Aquí entra otro medio de comunicación, esta vez digital, el cual dando por sentado la culpabilidad de todas las personas que aparecen mencionadas en los archivos de Ibieta, efectúa una campaña destinada a establecer que esas personas han sido declaradas culpables por lo que deben ser castigadas, ya!, aunque no haya habido juicio formal al respecto.

En esta acción, se destruye la carrera de varios oficiales, contra los cuales no ha sido probado ningún delito.

En el intertanto, en su investigación el Ministro de Fuero Manuel Antonio Valderrama y el Fiscal Metropolitano Oriente Carlos Gajardo solicitan  al Ministro de Defensa información detallada sobre el proceso de adquisición de las fragatas, en Holanda, la que fue entregada por la Armada al Ministerio de Defensa Nacional mediante el Oficio Secreto N° 4561/3079 del 25 de Junio de 2012.

Pues bien, muy poco después, el mismo medio digital los dio a conocer, in extenso y completamente, en su publicación electrónica. Repitiendo la inmoral acción anterior con el “disco duro de Ibieta” y ahora si atentando gravemente contra la seguridad nacional.

A continuación, haciendo un enlace entre ambas informaciones y configurando “un caso”, el medio digital comienza a hacer campaña para la destitución de los oficiales de la Armada ya seleccionados como objetivos y la revocación de sus nombramientos ya aprobados.

 

La Armada por su parte, con fecha 8 de Junio del 2011, reacciona a esta arremetida e inicia una investigación interna por la presunta fuga de información (solo dentro de la Armada, ya que no tiene competencia para investigar el mismo posible delito cometido en la Fiscalía Civil), designando al Fiscal Naval CF Jt Sr. Cristian Pfeiffer. Mientras esta investigación avanzaba, habiéndose hecho parte el Consejo de Defensa del Estado prácticamente desde sus inicios con plenos poderes y teniendo plena vista a la Investigación, la Corte Suprema ante el requerimiento planteado por ese organismo fiscalizador, designa al Ministro en Visita Sr. Patricio Martínez Sandoval de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, quien a contar del 10 de Septiembre del año pasado, toma el control de la investigación y en tan sólo 20 días somete a procesamiento a 5 Almirantes y 3 Comandantes, quienes estuvieron detenidos hasta por 19 días en el Cuartel de Orden y Seguridad de Viña del Mar.

Este “estudio de los autos” constituye una importante marca de lectura veloz, ya quesegún certifica su propia Secretaría «siendo las 12:15 (del 10 de septiembre)se constituye el Ministro Martínez, (quien recibe los antecedentes de la causa) integrada en 11 tomos en fojas 3352 y más de 26 Cuadernos Separados Secretos (CSS)”. Cada uno de estos CSS con una enorme cantidad de páginas. “Estudió” mas 4.000 páginas a tan alta velocidad que estuvo en condiciones de dictar autos de procesamiento el día 28 del mismo mes (18 días después). Los encarcelados no fueron acusados de nada concreto, nunca supieron de sus eventuales delitos y fueron puestos en libertad tras 19 días de cautiverio infamante, sin explicación. Actualmente la investigación, sigue entrampada en la Corte Marcial. ¿Era necesaria tanta precipitación para encarcelar a 2 Vicealmirantes, 3 Contraalmirantes, 2 Capitanes de Navío y 1 Capitán de Fragata, todas personas, profesionales, con familias y subalternos, que pasaron múltiples cedazos y controles durante sus carreras para llegar a esos grados? ¿Ayudó a la causa de la justicia el espectáculo grotesco montado por la misma prensa que creó un caso que hasta hoy todo indica sin fundamento?.

Sobre la base de tan endebles argumentos, un oficial fue dado de baja, injusticia aplaudida por el entonces Ministro de Defensa Andrés Allamand Zavala, quien en una potente demostración de liderazgo se unió al coro declarando a un medio de prensa: ”Renuncia de un Capitán de la Armada “refuerza” (su) política de probidad”.

Aquí tenemos un caso evidente de “transpersonalismo” en que varias personas han sido vulneradas en sus derechos y en que lo que hicieron o dejaron de hacer ni significó ninguna diferencia, en realidad ni siquiera supieron de qué se los estaba culpando.

La pregunta que hay que hacerse es si las motivaciones de los agentes del Estado actúan en una lógica en que lo único que “vale es la meta a que se quiere llegar sin importar quienes queden en el camino” Y si su ética es la de los resultados en que “el fin perseguido valida todos los atropellos e injusticias” cometidas en el proceso.

También está la otra posibilidad: que no sea ninguna de las dos opciones sino pura y simple falta de ética y la manifestación de la existencia de un poder de facto que promueve sus propios intereses, corporativos y personales.

 

La ausencia de investigación y publicidad por parte de los medios respecto a las serias faltas a la seguridad nacional ocurridas en las “filtraciones” de información desde los tribunales de justicia, y la lentitud y falta de entusiasmo en el Poder Judicial para auto examinar sus propias falencias al respecto, llevan a sospechar de una extraña benevolencia o derechamente de complicidad entre las partes.

 

Lo peor es que este parece ser un sistema empleado en todo tipo de entes que explotan el poder que los ciudadanos les hemos conferido, en beneficio de sus creencia ideológicas o de si mismos.

 

Esto es importante para todos los chilenos. Hoy los afectados son otros, mañana puede ser usted o su familia, que también serán sacrificados sin posibilidad de defensa.

 

 

A las 3:34 del 27 de febrero de 2010, en Chile hubo un terremoto acompañado de un maremoto de grandes proporciones. Desde ese mismo momento, todos los chilenos, con amplia experiencia en este tipo de fenómenos, supimos que nos encontrábamos ante un desastre mayor. No sabíamos dónde había sido el epicentro pero podíamos adivinar que la destrucción era inmensa.

Hubo pérdida generalizada de las comunicaciones de todo tipo, teléfonos fijos, celulares e internet; de la energía eléctrica y la conectividad terrestre.

A las 04:15 la Presidente de la República llegó a las instalaciones de la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI). En su declaración judicial expuso que “no tenía obligación de constituirse en la ONEMI, ya que las operaciones para el manejo de las crisis lo hace, desde allí, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) presidido por el Ministerio del Interior” y que concurrió ya que “allí sería posible obtener mayor cantidad de información” (que desde su oficina en La Moneda, se supone).

Ahí recibió la información disponible. Parece obvio que si se le dio era porque su calidad de Presidente así lo ameritaba y porque ella había ido ahí para eso. ¿Si no le correspondía tomar ninguna resolución y el manejo de la crisis estaba totalmente en manos del Ministro del Interior y su COE, ¿qué hacía ella ahí?, si solo era una espectadora ¿para qué quería estar informada de los detalles operativos?

Parece evidente que no estaba ahí en un rol periodístico sino en su calidad de Presidente de la República. Sin embargo, es destacable por lo contradictorio, que encontrándose la primera autoridad nacional presente en la ONEMI desde las 04:15, la crisis haya estado formalmente acéfala o en manos de funcionarios subalternos hasta la constitución del COE a las 06:30.

Como es de frecuente ocurrencia en casos de crisis mayores, la información disponible que se entregó a la Presidente fue contradictoria, en parte errónea, extemporánea y en general bastante confusa.

Preguntó por la magnitud, extensión y epicentro del terremoto, daños, víctimas o posibilidad de riesgo de tsunami; ahí supo que el terremoto era de grado 8,5 con epicentro 90 km al noreste de Concepción, o sea, en tierra. Que era extenso, afectando seis regiones del país, que no había información de víctimas y que el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) había descartado la posibilidad de tsunami, omitiéndose en este informe que a las 4:07 horas el mismo SHOA había enviado un fax de alerta de tsunami a la ONEMI, levantado  posteriormente.

A esa altura todo el Centro de Operaciones de Emergencia era un caos, la anomia y la abulia habían hecho presa de sus miembros. El video filmado por el director de televisión y empleado de la ONEMI señor Jorge Tapia Vidal, testigo directo de todo lo que ocurrió allí la noche de 27 de febrero de 2010, muestra el penoso espectáculo del “proceso de toma de decisiones” de  las máximas autoridades del país, en acción.

Tapia describe el caos: “Se produjo un cuello de botella porque el cúmulo de información que empezó a llegar, región, intensidad, los grados, los posibles deterioros, la conectividad, entraban en un tubo que se taponeó. Y como no había filtros se quedaron ahí… Toda la información que recababan los geólogos, los geógrafos, los sismólogos … hasta ahí no más llegaba”.

“Es inexplicable (que no se diera la alerta de tsunami). En la ONEMI hay un muro, con una pizarra donde están escritos qué hacer en caso de grado 1, 2 ó 3 y cuando llega al grado 7, se indica que hay que dar la alerta inmediatamente”.

Bastaba mirar el cartel de la muralla para que todos, incluyendo a la Presidente de la República, se dieran cuenta que un terremoto grado 8,5, se trataba de un desastre mayor y que había que evacuar a la población costera.

Era evidente que había que tomar urgentemente dos decisiones claves:

1.- Proteger la vida de la población: para lo cual había que decretar la  evacuación del borde costero en las regiones afectadas.

2.- Proteger sus propiedades: disponiendo la participación inmediata de las FFAA para el control de los saqueos que previsiblemente se iniciarían. Hay que recordar que debido al dictamen 42.822 de la Contraloría General de la República, a las FFAA les estaba explícitamente prohibido intervenir en cualquier situación civil sin una orden previa del gobierno.

No cabe duda que esas dos son decisiones de naturaleza absolutamente políticas y esa responsabilidad recaía en la Mandataria: era ella quien debía tomarlas, tanto si hubiera estado en la Moneda o en la ONEMI ¿O es qué alguien piensa que Pérez Yoma hubiera podido o debido decretar una evacuación de esa magnitud sin la autorización de la Presidente?; qué por estar el Ministro del Interior en funciones en el Centro de Operaciones de Emergencias la Presidente quedaba relevada de su responsabilidad de tomar las decisiones políticas?, o que el empleo de las FFAA lo iba a decidir Pérez Yoma en el COE?.

Ordenar la evacuación de millones de personas en medio de la noche es lo más político que puede haber en decisiones de gobierno; así como movilizar a las FFAA ante una emergencia descomunal y evidente, es completamente político. Tan político es que el ex ministro Bitar así lo confirma: “No podíamos entregar el gobierno con las FFAA en las calles”, dejando constancia del análisis político contingente de las consecuencias de tomar esa decisión. Y decidieron no hacerlo, dando prioridad a la “imagen” de la mandataria por sobre la “realidad” de la ciudadanía.

Más allá de los “protocolos” de la ONEMI, de la organización y del funcionamiento del COE y del lugar en que estuviera la Presidente de la República era esa la autoridad que debía tomar las riendas de la situación y decidir lo que fuera pertinente, sin más trámites ni dilaciones.

Las crisis representan peligro, y, en consecuencia, el valor es, por sobre todas las cosas, la primera cualidad de que deben estar dotados los líderes: valor en presencia del peligro físico y valor en presencia de la responsabilidad que deberán asumir como consecuencia de sus decisiones, acertadas o no; que tomen o dejen de tomar.

Las crisis también implican incertidumbre; tres cuartas partes  de las cosas sobre las que se basa la acción en esas condiciones, yacen ocultas en la bruma de una gran incertidumbre.

En presencia de esa incertidumbre, la Presidente espera y exige, en vano, que le llegue la información única, indubitable, completamente consistente y coherente con todas las noticias que recibe desde diferentes fuentes, que la libere de tener que tomar una decisión “política” y tener una opinión “técnica” a la cual atribuir la responsabilidad en caso que la evacuación resultara ser injustificada. Presiona al Director del SHOA para que le dé esa respuesta final, aun cuando éste dispone de menos información que la ONEMI y que ella.

Sin el valor para tomar una decisión, a la cabeza de su equipo que la había precedido en el derrumbe moral, cae en la inactividad y la impotencia.

Un célebre estudioso de la política y la guerra describe este proceso con gran estilo: “Cuando surgen las dificultades … cuando las cosas ya no funcionan como una máquina bien aceitada y comienzan a producir resistencia, el Jefe debe actuar con gran fuerza de voluntad. … El jefe debe luchar dentro de sí mismo con su propia sensación de la  disolución de todas las fuerzas físicas y morales y el espectáculo angustioso del sacrificio sangriento, y luego con todos los que lo rodean que, directa o indirectamente, le trasmiten sus sentimientos, sus temores y ansiedades. A medida que los individuos, uno tras otro, van agotando sus fuerzas, y su propia voluntad ya no basta para alentarlos y mantenerlos, la inercia de toda la masa comienza a descargar su peso sobre los hombros del comandante”.

Todas las crisis, y así lo muestra la historia hasta la saciedad, llegan a un momento en que todas las cabezas se vuelven hacia el Comandante y esperan de él La Decisión. Si ésta no llega, se precipita el desastre.

Allende en la Moneda, el 11 de septiembre, decide: “Se van todos, yo me quedo”; Piñera, el 5 de agosto, también en la Moneda, decide: “Los rescataremos”.

Bachelet, el 27 de febrero, en la ONEMI, no decide nada.

Eso es lo que mostró el video de Jorge Tapia, el derrumbe del equipo de gobierno presente en la ONEMI, incluyendo a la propia Presidente de la República, que se suponía debía ser su puntal indestructible. Ministros vagando con la vista perdida y la Presidente preguntando ¿y dónde está el piloto?, ante la inexistencia de un helicóptero  para volar -de noche- sobre Santiago; como si eso pudiera resolver algo.

En realidad, todos seguían obedeciendo a los mismos reflejos que Bitar: seguir haciendo política electoral, cuidando “la imagen” de la Presidente y “evitando los costos políticos” que los obsesionaron mientras fueron gobierno.

Cuando una falla de liderazgo de este tipo ocurre aisladamente, puede ser un accidente; cuando se repite una y otra vez, pone de manifiesto un déficit de carácter que debiera generar un profundo debate respecto a las condiciones de la ex-Presidente para ejercer un cargo de tanta responsabilidad y sujeto a desafíos tan graves como inesperados.

Los políticos están desprestigiados, y lo están por su incapacidad y falta de coraje para enfrentar las discusiones de fondo.  Basta de “blindajes”, piruetas judiciales e investigaciones ridículas en el Congreso, que nunca llegan a nada.

Dentro de lo que la prensa bautizó como “Caso Fragatas”, -la investigación llevada a cabo por el Fiscal de la Zona Oriente Carlos Gajardo para esclarecer los posibles delitos ocurridos en el proceso de modificación de las estructuras de las fragatas adquiridas por Chile al gobierno de Holanda-, se dispuso la incautación de la información contenida en el computador de uno de los investigados, el empresario  Guillermo Ibieta.

Este “disco duro”  fue incautado por la policía civil y entregado a la Fiscalía Oriente para, se supone, su custodia y análisis para los fines de la investigación. Muy poco después, un periódico electrónico nacional dio a conocer que había tenido acceso a los 100.000 archivos de información referida a “transacciones bancarias, informes de ex marinos chilenos, recomendaciones de lobby para distintos proyectos y un contrato secreto de Asmar”. Y precisa aun más: “Se trata de sólo una muestra de lo que contiene el disco duro de este “intermediario” de cuyos 43 gigabytes (el diario electrónico citado) obtuvo una copia íntegra. La misma que está en manos del fiscal de la zona oriente Carlos Gajardo”.

Esta información fue el puntapié inicial para varias semanas de especulaciones, suposiciones, cuestionamientos y nuevas acusaciones periodísticas a todas las personas y organismos que tuvieron la desgracia de estar mencionados en los documentos de Ibieta que, por lo demás, nadie podía asegurar que dijeran la verdad o mintieran.

Los afectados fueron severamente vulnerados en sus derechos. Los antecedentes obtenidos por la policía, en uso de las atribuciones entregadas a ellos para apoyar a la justicia, se transformaron en instrumento para juzgarlos y condenarlos frente a la opinión pública. No tuvieron ocasión de defenderse; fueron declarados culpables aunque la justicia, eventualmente, los declare inocentes.

El procedimiento parece ilegal e inmoral, sin embargo lo más grave es que no se aclaró la fuga de información secreta desde la Fiscalía Oriente desde la Policía o desde otra fuente, hacia el medio electrónico.

Pero es peor, esta situación, en si misma seria y preocupante, no terminó ahí. El fenómeno volvió a repetirse.

Dentro de la misma investigación, el Ministro de Fuero Manuel Antonio Valderrama Rebolledo y el Fiscal Metropolitano Oriente Carlos Gajardo, solicitaron  al Ministro de Defensa amplia información respecto al proceso de adquisición de los buques y materiales conexos, la que fue entregada por el Comandante en Jefe de la Armada al Ministro de Defensa Nacional mediante el Oficio Secreto N° 4561/3079 del 25 de Junio de 2012, –  junto a una carpeta con información  clasificada como Secreto, respecto al cual se solicitó tener presente lo señalado en el Código de Justicia Militar, el Código de Procedimiento Penal y el Código Procesal Penal en cuanto a “evitar la divulgación de la información durante la investigación y substanciación del eventual proceso y que al término de éste, los antecedentes sean devueltos a la Armada”.

Pues bien, muy poco después, el mismo medio digital los dio a conocer, in extenso y completamente, en su publicación electrónica. Nuevamente, ni el Ministro de Defensa Nacional, ni el Ministro de Fuero, ni el Fiscal de la Zona Oriente  tomaron acción legal ante esta gravísima vulneración de la seguridad de la defensa nacional.

De acuerdo a la ley, dentro de las 24 horas de haberse producido la publicación de estos documentos, y mediante ella, de haberse producido un eventual delito, las autoridades afectadas debieron haber interpuestos las denuncias correspondientes. En efecto, sea el Fiscal de la Zona Oriente o el Ministro de Defensa debieron haber procedido en la forma señalada. Aparentemente -algunos días después- sólo el Comandante en Jefe de la Armada lo habría hecho. Nada se ha sabido del avance de esa investigación.

Caben muchas preguntas, pero sin duda la primera y principal es saber la causa del aparente incumplimiento de la obligación funcionaria de diversas autoridades del Ejecutivo y también del Poder Judicial de denunciar posibles delitos que los podrían involucrarlos a ellos mismos y llevar a cabo las investigaciones necesarias para identificar a los culpables, los responsables, sus cómplices y determinar las razones de la repetición de hechos similares que configuran graves violaciones a la seguridad de la defensa nacional, delito que en todo el mundo es sancionado con severidad.

Y sigue. En otra investigación posterior, la referente a las responsabilidades de la forma caótica en que ¿se manejó? el terremoto y maremoto del 27 de febrero del año 2010, la fiscal Solange Huerta encargó a un equipo de la Policía de Investigaciones una completa indagatoria al respecto. Esta información, se supone, debía ir a complementar las declaraciones de muchas personas involucradas, de testigos y del análisis de múltiples documentos, algunos de capital importancia como el Plan Nacional de Catástrofes, que en conjunto deberían proporcionar a la jueza los elementos para atribuir inocencias y culpabilidades en forma justa, legal y ecuánime.

Esta vez, de nuevo, el primer informe, un voluminoso documento, fue “filtrado” a la prensa, es decir, los encargados de su custodia en el Juzgado, en la Policía o en otro lugar, nuevamente no cumplieron sus obligaciones y dieron la oportunidad a que comentaristas periodísticos inescrupulosos festinaran su contenido atribuyendo culpas, acusaciones e imputaciones de todo tipo a ciudadanos que, otra vez, quedaron a merced, -indefensos e impotentes-, de este poder fáctico conformado por los administradores periodísticos de la información judicial reservada. Lo mismo sucedió con un segundo informe,  del cual un periodista se ufana “El informe entregado esta semana, de 1.983 páginas (cinco tomos), es una ampliación del que la misma Fuerza de Tarea Reservada Occidente de la PDI entregó en febrero de 2012 a la fiscal Solange Huerta, que tenía 8.514 páginas (20 tomos). El total, por tanto, llega a las casi 10 mil páginas. Este último es más macizo, porque afina y concluye episodios incompletos en el anterior” y luego procede a describir su contenido y entregar sus especulaciones.

No es conducente y no es justo atribuir estas situaciones a la prensa como actividad o como gremio; menos cuestionar la libertad de prensa. Tampoco debilitar lo avanzado respecto a transparencia de los actos de las autoridades o funcionarios, pero es imprescindible la existencia de una contrapartida efectiva que acote la impunidad de los que trasgreden esas normas en beneficio propio -fama o dinero-.

El incumplimiento por parte de las autoridades Judiciales, Ministeriales, de la Policía y otros, de las normas legales que los obligan a denunciar, investigar y sancionar las conductas ilegales, abusivas y prepotentes de las autoridades en perjuicio de los ciudadanos de a pié, no puede ser tolerado. Menos la conformación de asociaciones ilícitas entre periodistas carentes de ética y traficantes de información reservada.

Mañana el afectado puede ser usted.

 

La forma tradicional de segmentar el espectro político y electoral en Chile –derecha, centro e izquierda- sufrió una primera baja con el debilitamiento y posterior extinción del “Centro”: la incorporación de la Democracia Cristiana a la Concertación y la virtual desaparición del Partido Radical. Con el transcurrir de los eventos electorales la Democracia Cristiana fue desperfilándose hasta casi desaparecer como actor político relevante y diferenciado.

Así es como quedaron dos grandes conglomerados: la izquierda y la derecha. La primera  integradas por el PS, el PC y los escombros de la DC y la segunda por RN y la UDI. Esto en lo formal. En la realidad, este esquema fue prontamente sobrepasado y se hizo insuficiente como instrumento para comprender la realidad política e incapaz de prestar un servicio útil para entender los procesos en el sistema político.

Lo que se conoció como “derecha política” y “derecha económica” dejaron de ser coincidentes. Ni siquiera siguieron siendo funcionales una con la otra. La primera quedó contenida en RN y la UDI y centró su interés en el juego parlamentario; en el debate ideológico desde una perspectiva dominada crecientemente por la ideología liberal y en la negociación parlamentaria con la izquierda, y la segunda, la derecha económica, comenzó a actuar en forma autónoma y negociar su apoyo y financiamiento con los grupos y partidos políticos de todo el espectro político, en base exclusivamente a sus intereses económicos corporativos. Alejándose de la ideología y de la política partidista de la derecha.

La antigua “izquierda” se segmentó también en dos corrientes. La primera que podríamos denominar “de gobierno”, reúne a las personalidades conspicuas de la izquierda tradicional –a los guerreros cansados- que aspiran y luchan por conseguir las mejores condiciones económicas personales y familiares posibles  y su inclusión a la socilité respetable de Chile mediante la conquista y administración del Gobierno y el aparato estatal, y una segunda corriente de izquierda que podríamos denominar “francesa”, preocupada de los problemas ambientales, de género, de los derechos reproductivos, de los homosexuales, de la sociología del desarrollo, de la creación de un estado de bienestar, de la justicia garantista y de los problemas de la pos modernidad en general.

Como se puede apreciar, los intereses de la “derecha económica” tienen una amplia intersección con los de la “izquierda de gobierno”. Asi es como se ven empresarios arrimados a la izquierda política y a varios asociados simultáneamente en ambos bandos. Ambas corrientes –derecha económica e izquierda de gobierno- conforman lo que se podría denominar el  “Grupo Económico”, que supera el ordenamiento político tradicional y se concentra en la realidad del poder económico.

Por el otro lado, la derecha política terminó siendo dominada por los “Liberals”, sectores de ideología liberal que hacen juego y son la contraparte benévola de la izquierda europea. En conjunto, “Franceses” de izquierda  y “Liberals” de derecha, conforman un ámbito de debate ideológico, valórico, o como se quiera llamarlo, de temas que preocupan a las elites intelectuales mundiales, -tengan o no que ver con las realidades nacionales-, que podríamos denominar el “Grupo Liberal”. Son los promotores de la pos modernidad en Chile y actúan como si constituyeran la vanguardia que está creando la contrapartida cultural del progreso económico alcanzado por el país. Esta vanguardia gestiona los medios de comunicación social en asociación con los empresarios que -como se dijo- cubren el total del espectro político – partidista y desde ahí maneja la agenda mediática que pone en tabla sus temas, sin afectar substancialmente a los intereses del Gobierno ni de los grandes empresarios, que son quienes los financian y sustentan en su quehacer.

Queda sin afiliación ni representación un gran número de ciudadanos que no participan en ninguno de los dos Grupos ya caracterizados, ellos constituyen la “clase media”, la pequeña burguesía o el ciudadano común, con intereses concretos, valores tradicionales y aspiraciones modestas que quedan excluidos de los temas que los dos Grupos anteriores ponen  en tabla y que dan origen a la diferenciación electoral y política formal del país. Su desinterés en política se basa, justamente, en que sus intereses no se intersectan con los de los otros dos Grupos identificados.

A este segmento podríamos denominarlo el Grupo de Clase Media y su existencia se hace evidente cuando se comparan los resultados de las encuestas de opinión y las electorales, en las que valoran el trabajo, la educación, el ahorro, el orden, la paz social, la evolución política, el respeto a las reglas y la seguridad, que tienen terror de regresar a la pobreza o que un tropezón les quite todo lo que han logrado a punta de esfuerzo y sacrificio. Estas personas, cuando son interrogadas sobre asuntos que les interesan superficialmente, como la Reforma Tributaria, la Ley Zamudio, el activismo por los Derechos Humanos, Patagonia sin Represas y Energía Renovable y No Contaminante, responden cualquier cosa “políticamente correcta” o repiten las consignas más voceadas, que suelen ser las más extremas. Este grupo casi no tiene representación política.

Las encuestas son elocuentes: lo que más les interesa en orden de prioridad: Educación; Salud; Pobreza; Sueldos; Empleo; Drogas. Lo que menos les interesa: Medio Ambiente; Derechos Humanos y Reformas Políticas. Pero hay más, se puede apreciar, que cuando el Grupo Liberal incursiona en las áreas de interés de la clase media, lo hace desde una perspectiva sociológica e ideológica: inclusión, desigualdad, conflictos sociales, y no desde la que preocupa a los afectados: pagar deudas; pagar educación; obtener educación de buena calidad y útil para que sus hijos se ganen encuentren empleo y se ganen la vida, evitar las violaciones y asaltos en sus barrios, transporte decente y barato, salud digna y conseguir políticos que efectivamente los representen.

El tema de derechos humanos es interesante de analizar: Cada cierto tiempo, se produce algún aniversario y los grupos Liberal y Económico, apoyados en su completo control de los medios caen en sus “dos minutos de odio”;  instalan una agenda que tiene a todo Chile de cabeza durante una semana, al cabo de la cual, el grupo que logró impactar mas cuenta con nuevos recursos para seguir su pelea “valórica” y dentro de cada bando sus miembros se realinean de acuerdo a las ganancias y pérdidas del ejercicio; y “vuelve el rico a su riqueza, vuelve el pobre a su pobreza y el señor cura a sus misas” … hasta el próximo aniversario, mientras las FFAA continúan al tope de la tabla de reconocimiento y afecto popular nacional.

Tal vez esto tal vez explique la proliferación de candidaturas presidenciales de afuerinos a los dos grupos mencionados. El riesgo es que uno de estos días aparezca un proyecto nacional – socialista a lo Hitler, que capitalice las frustraciones, miedos y esperanzas de la Clase Media, espina dorsal de Chile y triunfe con un proyecto totalitario. La alternativa es que aparezca una Angela Merkel con un proyecto social – cristiano de economía social de mercado; que funde una nueva derecha que sepa capitalizar democraticamente estas ansiedades y resolverlas.