El 21 de mayo de 2007 se anunció la construcción de un museo de la memoria. Según Wikipedia, “la primera piedra del Museo de la Memoria fue puesta por la presidenta Bachelet -quien también fuera víctima de tortura en la dictadura de Pinochet- a su inauguración asistieron unas 3000 personas entre representantes de organizaciones de derechos humanos, políticos, víctimas de la dictadura y sus familiares”.

Partimos mal. La prisión y tortura de Bachelet es una de las muchas áreas oscuras de su vida. Nunca quedó claro si fue o no torturada; al llegar a Australia en su primera declaración en libertad, dijo que no; después ha dicho que si; después, que un poco, o ha guardado pudoroso silencio. Su relación familiar con el mundo militar parece haberle merecido un “tratamiento especial”.

Su solicitud de prescripción del delito de ejercicio ilegal de la profesión médica presentada al 34 Juzgado del Crimen por el fiscal José Morales Opazo, al haber transcurrido 10 años desde haberse cometido el delito, es algo que contradice su pretensión de ser médico. Nunca se aclaró si fue médico o mintió.

Respecto a la concurrencia a la inauguración, su carácter masivo es cuestionable. Con todo respeto, pero hasta un partido de fútbol de barrio concita mayor concurrencia.

Podemos concluir que la veracidad y solidez ética de la autora y promotora  y la capacidad de convocatoria del proyecto es discutible.

Sigamos con una verdad; la misión del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos fue establecida como: “Dar a conocer las violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte del Estado de Chile entre los años 1973-1990, para que a través de la reflexión ética sobre la memoria, la solidaridad y la importancia de los derechos humanos, se fortalezca la voluntad nacional para que Nunca Más se repitan hechos que afecten la dignidad del ser humano”.

Impecable. Solo que incluye mentiras. No se juzga al “Estado de Chile” como la entidad permanente que es, sino solo en su personificación durante el Gobierno Militar, teniendo como protagonistas y culpables solamente a las FFAA y Carabineros.

Es entendible que la izquierda no quiera que el lapso de cobertura del Museo comience en 1965. Los obligaría a tener que enfrentar sus traiciones, miserias y renuncias, pero, ¿por qué no continuarlo hasta el presente?.

Tendríamos la oportunidad de probar la honestidad de Bachelet y su gobierno: investigaciones llevadas a cabo por miembros del Poder Legislativo y también del Ejecutivo, dan cuenta de la muerte, en un lapso de solo 11 años (2005 – 2016) de 1336 personas, mayormente menores de edad y la violación de los Derechos Humanos -incluyendo violencia física, violaciones y tortura- de varios miles mas de niños, niñas, ancianos y personas enfermas y desvalidas entregadas al cuidado del Estado de Chile. Todas estas personas estaban a cargo del Servicio Nacional de Menores (SENAME), un organismo gubernamental bajo control de Ejecutivo, administrado por personas asignadas a los diferentes cargos mediante cuoteo entre los miembros de los partidos de gobierno. Siempre bajo la supervisión y responsabilidad del Estado de Chile.

Ningún estado moderno ha cometido atropellos a los Derechos Humanos de ese nivel de maldad.

No cabe duda que los hechos ocurridos en el SENAME -bajo los gobiernos de la Concertación- caen en la misión del Museo encargado de “que a través de la reflexión ética sobre la memoria, la solidaridad y la importancia de los derechos humanos, se fortalezca la voluntad nacional para que Nunca Más se repitan hechos que afecten la dignidad del ser humano”.

Es nuestra obligación exigir que su martirio sea recordado mediante su inclusión en el Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos. No hacerlo solo destacaría que lo que se busca no es la protección de las personas y sus derechos sino el establecimiento de ventajas políticas y venganza contra las FFAA.

Si bien la Misión del Museo fue establecida específicamente para su objetivo de agredir a las FFAA, es evidente que “las violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte del Estado de Chile entre los años 1973-1990” tuvieron motivación, causas y actores mas allá de ellas. La desgracia de explicitar el contexto es que arruinaría el objeto político del Museo.

El conflicto base que dio origen al enfrentamiento interno de ese período fue el suscitado por la pugna entre el Gobierno Militar y el  Partido Comunista y su intento armado, -con abundante apoyo internacional- para revertir la derrota militar de 1973 y evitar someterse al proceso democrático establecido por el Gobierno Militar.

Así las cosas parece evidente que el Museo debe incluir la participación de los gobiernos extranjeros como Cuba, EEUU, la Unión Soviética, Alemania Oriental y la participación de las organizaciones guerrilleras sudamericanas que operaron coordinadamente en territorio chileno y que participaron como víctimas, cómplices y como violadores de los Derechos Humanos en Chile y en ese lapso . Caen exactamente en la Misión y en el lapso de tiempo materia del Museo.

Para finalizar, debemos considerar que en este período se han cometido las mas grotescas violaciones a los Derechos Humanos de los militares mediante la aplicación de procedimientos judiciales que fallan contra leyes expresas y vigentes, que procesan y condenan en forma injusta, inconstitucional, ilegal y arbitraria a militares y carabineros. No se ha respetado el principio de legalidad, el de igualdad ante la ley, la presunción de inocencia, de prescripción de la acción penal ni las normas del debido proceso.

Es evidente que esas causas serán revisadas y es muy probable que configuren un baldón imborrable para el Poder Judicial Chileno.

Los efectos de esos abusos serán corregidos y compensados, los culpables debidamente castigados y los antecedentes incluidos en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. No debe haber duda al respecto. Se hará justicia.

Si para mantener la privacidad de su actual Museo el gobierno prefiere crear nuevos museos para las víctimas del SENAME y para la “Memoria de los Crímenes Judiciales”, no se opondría a que la Multigremial de las FFAA en retiro, u otra organización ad-hoc, tenga un archivo igualmente privado de “La Venganza Judicial contra las FFAA de Chile”, financiado también por el Estado.

 

La reciente incursión del Ministro de Justicia que -siguiendo las aguas del Presidente de la Corte Suprema- manifiesta un interés tardío, condicionado y minúsculo respecto a la suerte de los militares presos políticos en Punta Peuco, es una manifestación concreta de un problema de fondo:

Cuál es la real naturaleza del Poder Judicial en Chile?:

1.- El Poder Judicial es una organización formada por personas selectas, de sólida formación jurídica; moral; imparcial, consecuente y capaz de auto controlarse o

2.- Es una organización burocrática que actúa como instrumento al servicio de los intereses de sus miembros; del gobierno de turno, de algunos grupos de poder existentes en el país y que requiere control democrático externo.

Debemos considerar que lo mas probables es que su naturaleza real esté situada en un punto entre ambos extremos en cuyo caso cada cual deberá determinar respecto a cual ellos lo encuentra mas próximo.

Un distinguido oficial de marina retirado, abogado, de inusual valor moral y probado hombre de bien, ha destinado años de arduo trabajo y esfuerzo mostrar al Poder Judicial y a los varios miles de profesionales del derecho en Chile las barbaridades jurídicas que el Poder Judicial ha cometido en perjuicio de centenares o miles de militares. Su profundo y detallado análisis señala errores, prevaricaciones y piruetas leguleyas que nadie se ha atrevido a desmentir, ni menos discutir abiertamente.

“Cometen delitos judiciales de lesa humanidad los jueces que fallan contra las leyes expresas y vigentes; que procesan y condenan en forma injusta, inconstitucional, ilegal y arbitraria a militares y carabineros; y que no respetan principios esenciales del derecho penal universal. Son cómplices de tales delitos las autoridades ejecutivas y legislativas del Estado por cohonestar la torcida aplicación de la ley y la prevaricación judicial, y por no efectuar las modificaciones legales necesarias para que dichos servidores de la patria les sea aplicado el mismo sistema procesal penal que le es aplicado a los demás chilenos.

A los militares y carabineros imputados por presuntos delitos ocurridos hace mas de cuatro décadas no les son respetados principios tales como el de legalidad y el de igualdad ante la ley, la prescripción de la acción penal, la presunción de inocencia y las normas del debido proceso, porque a ellos se les aplica en antiguo sistema de procedimiento penal; un sistema que vulnera los derechos fundamentales y que es incompatible con el derecho internacional de defensa de los DDHH”.

Toda la estructura jurídica nacional ha recibido esta crítica en absoluto silencio, ese silencio cobarde tan propio de la élite de los comunicadores y formadores de opinión pública de nuestro pobre país, domesticados por los grupos políticos y empresariales , dominados por sus mezquinas conveniencias personales, las timideces propias de personas de poca valía y merecimientos y paralizados por el temor a la máquina de difamar del Partido Comunista, guardan silencio cómplice.

La versión de la realidad que esgrimió la izquierda contra el Gobierno Militar fue que el Poder Judicial negó recursos de amparo a personas perseguidas por presuntos delitos, que mostró obsecuencia hacia el Poder Ejecutivo y que abandonaron gravemente sus deberes.

Ahora, bajo la dirección de ese mismo sector político y durante los últimos cuarenta años, sin inmutarse, han juzgado y condenado a militares ex miembros del aparato de seguridad de ese gobierno, aplicando leyes inexistentes, delitos ficticios, desconociendo la amnistía y lo peor, aplicando procedimientos judiciales no vistos desde la Alemania nazi o desde los juicios soviéticos contra sus disidentes.

El Poder Judicial que la izquierda condenó por servil hacia el Gobierno Militar y que habitualmente fue descalificado en forma soez, con un solo restallar del látigo del poder político esgrimido por P. Aylwin, fue puesto en cintura y llevado a cambiar su comportamiento hacia una dedicada incondicionalidad creativa en beneficio de los nuevos mandamases políticos, en una intensidad nunca vista en Chile.

Esta nueva “obsecuencia” ha tenido hitos llamativos: la creación de la ficción jurídica de los detenidos desaparecidos, aplicación de leyes con efecto retroactivo, los juicios risibles en su parcialidad y últimamente en la moda de las “filtraciones” que ha permitido a fiscales y jueces transformarse en actores políticos y mediáticos de primera magnitud, twiteros con miles de seguidores y opinólogos de cualquier tema o asunto. Todo esto mientras su capacidad para transformar estos escándalos políticos y mediáticos, creados artificialmente, no podían llegar a materializarse en fallos fundamentados. La evidente parcialidad en el trato benévolo a miembros de la izquierda política contrasta con el rigor aplicado a los opositores.

Estamos en presencia de una conducta reiterada que podemos pensar que forma una cultura, una forma de ser, una identidad.

Se siente venir un cambio de marea y alguna velas judiciales ya comienzan a orientarse a los nuevos vientos. Podría sobrevenir una tercera epifanía judicial en que, en forma súbita, los jueces y fiscales se percataran que la verdad y la justicia se encontraban en el otro bando.