MINISTERIO DE DEFENSA – ¿DIRECCIÓN Y LIDERAZGO?

Durante la campaña presidencial, el comando de Piñera publicó un documento que contenía el “Programa de Gobierno 2018 -2022 – Construyendo tiempos mejores para un Chile seguro y en paz para progresar y vivir tranquilos”. En las páginas 159 y 160 desarrolla su proyecto político para la defensa delineando sus ideas generales del rol y las característica de las FFAA en su gobierno y concluye con la enumeración de los 10 principales Objetivos para materializar esas ideas.

El Ministro de Defensa en su exposición del 2 de abril de 2018 en la inauguración del Año Académico Militar, reduce esos 10 objetivos a 3 prioridades:
1.- Desarrollar la Política de Defensa y la Política Militar, con un sustancial avance en ciberdefensa.
2.- Reemplazar la Ley Reservada del Cobre por un mecanismo de financiamiento estable y plurianual.
3.- Modernizar la carrera militar, aprovechando la formación del personal activo, considerando que pasa a retiro personal altamente calificado y con capacidades.

Por último, el Presidente Piñera, en su alocución con motivo de la Cuenta Pública el 1º de Junio de 2018, señaló como prioridades de la defensa:

1.- Desarrollar una “política militar y de defensa que les asegure (a las FFAA) una adecuada capacidad de disuasión para proteger nuestros intereses y soberanía”.
2.- Fuerzas Armadas multivalentes, “que integren mejor sus tres ramas, aumentando así su eficiencia, eficacia y aporte al país en tiempos de paz”.
3.- “Cambio en la forma de financiamiento de las adquisiciones y mantenimiento de nuestro potencial bélico, reemplazando la actual Ley Reservada del Cobre por un sistema plurianual y con un fondo especial para enfrentar eventualidades.
4.- “Modernizar y extender la carrera militar, de forma de utilizar con mayor eficiencia su valioso recurso humano, hacerlo más coherente con las necesidades de la defensa nacional y contener el costo previsional”.
Podemos considerar que lo mas cercano a un compromiso político es lo expresado por Piñera. Pero es un compromiso limitado y políticamente modesto.

En efecto, la primera prioridad es la constatación de una necesidad tan amplia e indeterminada que en realidad no significa nada. Es como decir que habría que desarrollar una política de salud que permita que los chilenos estén saludables.
La segunda, lo de las “Fuerzas Armadas multivalentes” es una repetición deslavada de la política de la Concertación y la Nueva Mayoría de “democratizar” a las FFAA, antes de haber explicado que es exactamente lo que quieren; demostrado que se trata de una política eficaz y conveniente para Chile y que apunta a objetivos concretos y cuantificables.
En este sentido es la insistencia en el modelo de “modernización” de las FFAA de España -del Pacto del Escorial y la negociación de Cheyre-, primero proponer una solución que resuelva el problema político e ideológico de sus proponentes y luego estudiar en serio el problema a resolver.
La tercera es la reiteración de una necesidad que viene repitiéndose desde el término del Gobierno Militar y respecto a la cual ya existe un proyecto en el Congreso cuya materialización no es ni tan segura ni tan eficaz mientras el Gobierno no tenga mayoría en ambas cámaras. Este compromiso tiene otra dificultad de la cual ni el Gobierno ni la Oposición han tomado nota: hacer este cambio implica haber desarrollado previamente una Política de Defensa y una Política Militar “de Estado” que suscite el apoyo del gobierno y de la oposición y, tan importante como lo anterior, disponer de una estructura ministerial con la organización y capital humano capaz de manejar eficaz y racionalmente los recursos que se le asignen. Hoy estamos muy lejos de ello y este déficit no está siendo enfrentado como una necesidad crítica.
La cuarta es el mundo al revés, no se diseña una carrera profesional para aprovechar “al valioso capital humano que pasa a retiro al completar su carrera”, sino para proveer y mantener en las FFAA al mejor recurso humano posible.
Ello obliga a incluir una serie de reformas de gestión de personal -en uso desde largo tiempo en las FFAA de los países desarrollados- que incluye flexibilidad en el reclutamiento y egreso; reclutamiento de profesionales con formación civil; reconocimiento de realidades como la voluntad de las personas de manejar sus vidas, carreras y previsión con mas libertad; creciente valoración de la movilidad laboral y la decadencia del prestigio y utilidad de las prestaciones que tradicionalmente han compensado los bajos sueldos: medicina, bienestar, previsión. Hoy, mas aun mañana, la carrera militar es una carrera de media vida para mas y mas militares.

Podemos concluir que hasta el momento no es posible distinguir una agenda de defensa y que el ministro de Defensa no ha marcado ningún centro de gravedad de su política.

El acuerdo con la Contraloría para mejorar el control interno de las finanzas de las FFAA no es obra del ministro sino que ya estaba en operación desde antes de su llegada y fue armado entre los CC en JJ y el Contralor, arreglo que, por lo demás, deja al Ministro de Defensa, otra vez, al margen de las responsabilidades. Otra actividad fue un ceremonia de firma de un convenio destinado a educar para evitar el abuso contra las mujeres en las FFAA y a defender sus derechos. ¿Hay algún antecedente de abuso contra las mujeres en las FFAA mas allá de algún desatino de unos pocos muchachos?, ¿por qué no aplicárselo a los profesores y empleados públicos, donde si hay quejas?. En realidad es una ofensa gratuita y un abuso de autoridad. El resto han sido viajes, visitas y conocimiento de unidades, todas muy interesantes y útiles, pero que claramente no configuran agenda ministerial.

La “relación civil militar” sigue deteriorándose ante la ausencia de dirección y liderazgo político del Gobierno, ya sabemos que “sembrar vientos cosecha tempestades”. Sigue habiendo una zona gris entre las atribuciones presidenciales y los estados de excepción constitucional –como la citación de Bachelet a los Directores de Inteligencia de las FFAA para disponerles la investigación de la promoción de incendios forestales mediante las redes sociales-; no hay cambios en la pasividad del ministerio en la conducción de la Defensa y el exceso de escalones de mando que diluyen las responsabilidades y generan interminables y paralizantes luchas burocráticas. En esta línea, hay que definir con claridad si este gobierno continuará el intento de las administraciones de izquierda en cuanto a ir creando un Jefe de Estado Mayor Conjunto que suplante a los CC en JJ y formalice la irresponsabilidad del Ministro. En esta línea, la ley del Ministerio de Defensa sigue dejando al Ministro fuera de la cadena de mando y proporcionándole una posición muy cómoda y vistosa pero sin ninguna responsabilidad ni poder real. Un adorno.

En breve. No hay política de defensa y definitivamente la gestión administrativa, siendo importante, no satisface lo básico: establecer para qué están las FFAA de Chile al comienzo del siglo XXI; qué es lo que el Gobierno quiere hacer con ellas; cuales son las capacidades requeridas; reconciliar deseos con realidades económicas … y sobre todo, hacer al Ministro de Defensa responsable integral de su Ministerio.
Las tareas por cumplir son tan obvias y han sido tan reiteradamente enunciadas que es imposible seguir postergándolas sin hacer “algo” al respecto.
Dada la estructura del ministerio y la baja calidad de muchos de sus ejecutivos es una tarea difícil, pero que no puede seguir postergándose.

Se requiere dirección y liderazgo.

CARTA A LOS MILITARES VENEZOLANOS

Álvaro Vargas Llosa en su columna “Venezuela, el siguiente paso” pos fraude electoral, en La Tercera del 26 de Mayo, se pregunta, ¿Qué hacer ahora?; descarta la intervención militar “humanitaria” y concluye que la mejor alternativa es: “La resistencia interna, incluyendo la arriesgada lucha en las calles y el permanente esfuerzo por sembrar divisiones en el oficialismo para romper la unidad militar, además de una presión externa muy superior a la actual, son la vía para tumbar a Maduro”.

El epítome del demócrata liberal llama al golpe de estado y a la división de las FFAA -que lleva directamente a la guerra civil-.

En la misma publicación se señala que “Maduro exige lealtad a FF.AA. chavistas en medio de detenciones de militares” y explica: “Hemos desmantelado un atentado golpista contra la democracia y la estabilidad de nuestra patria”, refiriéndose al supuesto levantamiento. También aludió al temor de una rebelión militar en su contra: “Exijo máxima lealtad, máxima subordinación a la Constitución de la República y a su comandante en jefe”.

Para la izquierda, el gobierno es popular y democrático.

Pasé por la misma experiencia, recibí los mensajes de los que querían derrocar a Allende y las arengas del entonces Presidente llamando a la lealtad con la patria (la UP); viví el golpe de estado y fui testigo del aplauso unánime –desde la DC a la derecha y de la amplia mayoría de los chilenos- que pasaron luego a la feroz persecución a los militares llevada a cabo por un Poder Judicial cohonestado por la izquierda; también fui testigo de la huida cobarde de quienes azuzaron el golpe.

Mi mejor recomendación a los militares venezolanos:

No se metan, que los políticos resuelvan el problema que crearon, con su sangre y la de sus hijos; que Maduro, los chavistas y los militares “cooptados” – que aquí terminaron como héroes o mártires por la democracia- huyan como y donde puedan o que todo siga igual en Venezuela, por muchos años, como en Cuba.

Para ustedes, si optan por la Patria y se levantan, el futuro es el abandono, la difamación y la cárcel; si valoran sus intereses personales, sigan con Maduro.

La izquierda y la derecha unidas, jamás serán vencidas.

SISTEMA DE INTELIGENCIA NACIONAL Orientación y Control

Hace años, un empleado público de apellido Osorio, con larga trayectoria en el Ministerio de Obras Públicas y ya cercano a jubilar, se embarcó en la Comisión Antártica que la Armada efectúa cada verano. Allí, en los largos días de navegación, expuso la quintaesencia de su exitosa experiencia burocrática: las “Leyes de Osorio”. Su enunciado breve, conciso y claro impactaron en su audiencia, fueron incorporadas a la experiencia colectiva y siguieron siendo citadas, en diversas situaciones, por muchos años:
– No opines de lo que no sabes
– No te metas en el trabajo de los otros
– No ordenes lo que no se puede hacer.
Creo que el problema de la reestructuración del Sistema de Inteligencia Nacional amerita la adopción de las Leyes de Osorio como guía básica de comportamiento, particularmente la Primera y la Tercera Ley.
Este breve recuento del proceso de direccionamiento y control de la inteligencia, aspira a apoyar el cumplimiento de la primera Ley de Osorio.

– ¿De qué se trata la inteligencia?: Se refiere al futuro. El pasado y el presente no son de su competencia, salvo como referencia o antecedente de conducta. Trata de determinar situaciones futuras posibles y de identificar aquellos elementos que preanuncian el avance hacia la concreción de alguna de ellas.
Debe ser un conocimiento útil para la toma decisiones por parte de una Autoridad en un ámbito específico, de manera que ellas sean las mejores posibles para modelar ese futuro en forma conveniente a sus propósitos.
Como es imposible conocerlo todo, la Autoridad debe ser precisa, concreta y selectiva en sus demandas de información. Exceso de interrogantes diluirá el esfuerzo, la falta de precisión llevará a búsquedas inútiles, impedirá la determinación de prioridades en la búsqueda y demandará un gasto excesivo.

– ¿Quién es el usuario de la inteligencia?: Es la Autoridad a la que pertenece el servicio respectivo. Autoridades de diferentes rangos y de diferentes ámbitos de acción requieren informaciones de diferente tipo y nivel. Hay organizaciones para la producción de inteligencia política, estratégica, operativa y táctica. Obviamente es difícil trazar una divisoria estanca ya que hay espacios de superposición, lo que nos lleva a que los diversos niveles de inteligencia deben cooperar entre ellos y apoyarse mutuamente, sin perder de vista sus propias prioridades, establecidas por sus respectivas Autoridades.

– ¿Cómo hace la Autoridad para orientar a su servicio de inteligencia?: Primero debe estudiar sus propios objetivos y analizar las opciones que tiene para alcanzarlos. Como dice Sun Tzu, lo primero es conocerse a si mismo, determinar sus fortalezas y debilidades, esto es clave, pero no es inteligencia. También le quedará claro que necesita esa misma información respecto al enemigo y al ambiente físico en que interactuarán. Esto si es inteligencia.
Pero las interrogantes son muchas y evolutivas, deberá entonces tomar su primera decisión crítica: determinar los “elementos esenciales de información· que requiere para poder tomar decisiones eficaces. Aquí la calve es la palabra “esenciales”, es decir imprescindibles, ineludibles, críticas o como se las llame.

Si pregunta mucho, si pregunta algo innecesario, si no pregunta lo imprescindible, si no prioriza, lo mas probable es que llegue al momento de tomar decisiones disponiendo de información interesante pero no la “esencial” para tomas sus decisiones. El ideal absoluto sería que hiciera una sola pregunta, de tal naturaleza que su respuesta le permitiera decidir acertadamente. Asi, para cada una de las diversas decisiones críticas que La Autoridad prevea que deberá tomar, debería tener un conjunto mas o menos reducido de los “elementos esenciales de información” (EEI) que necesitaría para tomar la mejor decisión.

– Aquí entra a funcionar el primer control. Debe haber una organización externa al gobierno y políticamente independiente, formada por “hombres buenos”, de parlamentarios, ex autoridades políticas o lo que sea, que revise esos elementos, antes de ser asignados al Sistema de Inteligencia y no permitan que el Jefe disponga la búsqueda de informaciones que vulneren la ley y la ética o tengan como destino promover sus intereses personales o partidistas . Este grupo de “veedores”, dispondrá la modificación, eliminación o replanteamiento de los EEI propuestos por la Autoridad.

El proceso continúa con la recepción de los EEI -por parte del Director Nacional de Inteligencia (DNA)- y su determinación de los elementos o indicios específicos que permitirían determinar la paulatina materialización de acciones o inacciones parte de los oponentes y su distribución entre sus propios medios de búsqueda y asignación a otras agencias que perteneciendo a otras autoridades de menor rango, cooperan en su tarea de acuerdo a sus capacidades y disponibilidad, quienes la incorporan como EEI propios.

– Aquí comienza la segunda función de control por parte de la organización externa al gobierno; debe fiscalizar las formas y procedimientos que las agencia de todo tipo y nivel empleen para obtener esas informaciones. Dado que la búsqueda de informaciones evoluciona sin detenerse, esta tarea de supervisión es también permanente.

– La tercera función de control es la evaluación, por parte de la organización externa, de los resultados obtenidos por todas y cada una de las organizaciones de inteligencia en todos sus niveles, en términos de ética, legalidad, resultados, costos, certeza y oportunidad y utilidad para el cumplimiento de sus cometidos.

– Hay dos formas generales de organización nacional: jerarquizada y cooperativa. En la forma jerarquizada el Directos Nacional de Inteligencia es la autoridad suprema de esta actividad y manda a todas las agencias de menor rango. Se le objetan dos debilidades: si la cabeza es corrompida o falla, todo el sistema fracasa y segundo, las autoridades de menor rango que la Autoridad nacional, en la práctica pierden a sus agencias ya que estas comienzan a trabajar con mas dedicación lo que requiere el nivel mas alto o a competir entre si por ser “mas útiles” al poder mas alto. Otra alternativa es la organización cooperativa en que el DNI es un mando coordinador, es decir asigna tareas y recoge resultados, pero el mando operativo se mantiene en cada agencia de menor rango. Se le critica que cuando falla la cooperación y los intereses de cada agencia priman sin contrapeso, el sistema deja de ser útil para la DNI.

– Una última consideración. Este esquema no incluye las operaciones ofensivas, de larga duración que requieren la inclusión de agentes o la acción positiva para influir sobre las decisiones del oponente o de los adversarios, para lo cual se suele requerir la existencia de un servicio secreto, que la experiencia señala que debe ser tan reducido como se posible, unificado bajo un solo mando (el DNI) y operar en estrecha coordinación con la autoridad de relaciones exteriores a nivel nacional y en la escena.

Dada la imprescindible necesidad de la prescindencia política de las agencias y autoridades de inteligencia, sus miembros y autoridades no deberían tener ciclos de renovación de personal coincidente con los cambios de gobierno y la Comisión de Inteligencia del Congreso debería tener supervisión cercana de su funcionamiento.
También es vital el control sobre ministerios políticos como Interior, instituciones militares, policiales, financieras, aduaneras y de seguridad la creación y existencias de unidades de inteligencia clandestina o disfrazada de otras funciones.
Las funciones de direccionamiento y control de la producción de inteligencia dentro de los diversos niveles del estado es una función imprescindible que requiere un control democrático estricto y seguimiento constante de sus actividades, así como un gran profesionalismo y neutralidad política e ideológica, para que sea verdaderamente contribuyente a los intereses de la sociedad.

LA UBRIS DE EVO

Ubris o “el orgullo que ciega“ fue identificado por el político y médico británico Lord David Owen: “En muchos jefes de Estado, la experiencia del poder les provoca cambios psicológicos que los conducen a la grandiosidad, al narcisismo y al comportamiento irresponsable … creen que son capaces de grandes obras, que de ellos se esperan grandes hechos, y creen saberlo todo y en todas las circunstancias, y operan más allá de los límites de la moral ordinaria”.
Parece ser un síndrome chavista, Chávez, Maduro, ambos Kirchner, Correa, Bachelet, Lula, Dilma, todos ellos fueron afectados por él en diversos grados.

El año 2006 el entonces Presidente Ricardo Lagos, visitó a Evo Morales, Mandatario electo de Bolivia, para explorar la posibilidad de generar una dinámica nueva a partir de la cooperación mutua. En Junio de 2006, Morales y Bachelet acordaron la “Agenda de los 13 puntos”, que incluía en su punto 6 la conversación sobre el tema marítimo.

El 7 de febrero de 2009, Morales hizo pública su Constitución cuyo artículo 9 Transitorio estableció: “Los tratados internacionales anteriores a la Constitución y que no la contradigan se mantendrán en el ordenamiento jurídico interno, con rango de ley. En el plazo de cuatro años desde la elección del nuevo Órgano Ejecutivo, éste denunciará y, en su caso, renegociará los tratados internacionales que sean contrarios a la Constitución”. Es decir establecía como fecha límite el año 2013 para desahuciar el Tratado de 1904 con Chile. Al Gobierno de Chile pareció no importarle y no se dio por aludido.

El mismo año 2009, en pleno entusiasmo negociador, el gobierno de Chile acordó con el de Bolivia el uso conjunto del Río Silala con el 50% del caudal para cada país. El acuerdo, fue rechazado por las organizaciones políticas y sociales de Potosí y los negociadores del gobierno boliviano desconocieron lo acordado y no volvieron a tocar el tema y Chile tampoco.
El 13 de abril de 2013, sorpresivamente, Bolivia presentó una demanda contra Chile ante la CIJ reclamando la materialización por parte de Chile, de una salida soberana al Océano Pacífico.
A pesar de que la medida tensionó la relación entre ambas naciones, el gobierno chileno intentó continuar con la relación bilateral y los otros 12 puntos de la agenda, como si tal cosa.

El 12 de Marzo del 2014 Evo Morales, expresó un deseo insólito: retomar con el nuevo Gobierno de Chile la agenda de 13 puntos elaborada en 2006 -durante la primera administración de Michelle Bachelet-, sobre la demanda marítima y otros temas, sin abandonar el pleito en la CIJ. El 18 y 19 de diciembre de ese mismo año, hizo llegar a La Moneda, en forma reservada, una propuesta concreta sobre sus aspiraciones, comprometiéndose a retirar la demanda del tribunal internacional si era aceptada, pedía:

– La entrega de un enclave con soberanía al norte de la caleta de Pisagua en la comuna costera de Huara, Región de Tarapacá, junto a la quebrada de Tiliviche, donde se puedan realizar proyectos turísticos e inmobiliarios.
– Instalaciones portuarias.
– Una planta para industrialización de gas.
– Garantías especiales para el uso de la carretera que une a Chile con la localidad boliviana de Oruro, sin soberanía para no cortar el territorio chileno
– En su opinión, la demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya -para obligar a Chile a negociar una salida soberana al mar- y el diálogo con las autoridades chilenas “no son excluyentes” y subrayó la importancia de crear “confianza” para que las gestiones llegaran a buen puerto. El gobierno de Chile encontró aceptable la situación propuesta.
… y comenzaron las negociaciones “secretas” …
Según declaración del ex Ministro Bitar, “se exploró la concesión de un territorio costero sin soberanía, (incluyendo) su ubicación, extensión y las normas que podrían regir ese enclave para las empresas y trabajadores bolivianos en industria, servicios, comercio y turismo”. La petición de Morales no era modesta, sus exigencias incluían: soberanía irrestricta; una extensión de costa amplia de entre 10 y 30 kilómetros de frente “de (un) tamaño que pueda verse en un mapa de esos que se utilizan en las escuelas; apto para construir una ciudad, un aeropuerto y sus carreteras, varios puertos; una playa para tomar sol y hacer negocios”, como inocentemente expresó uno de los negociadores bolivianos.

El asunto de la soberanía merece ser destacado. Como vimos, la ficción chilena era que se trataba de un “préstamo” sin cesión de soberanía, sin embargo la parte boliviana no lo veía de ese modo. Según el Vice Canciller Hugo Fernández, “Nosotros dejamos en claro a Chile que si bien no íbamos a discutir el problema de la soberanía en el principio (de la negociación), si lo íbamos a hacer al final. Hay una norma en diplomacia: nada está acordado, si todo no está acordado”. Parece evidente que alguien está mintiéndose a si mismo. Chile siguió negociando.
Un aspecto de gravedad, por la aparente liviandad en que se habría manejado, es que en ningún momento se habló de si este “enclave no soberano” era además de todas las facilidades, excepciones y financiamiento ya concedidas con motivo del tratado de 1904 o si ellas caducarían, como lo señala la lógica.
Según un participante chileno, a fines del año 2016, “el acuerdo estaba “próximo”, (…) pero de alguna manera (nuestro gobierno hizo) algo poco inteligente al no compartirlo con las autoridades (nacionales) que debieran estar enteradas de la negociación. Todas las negociaciones de este equipo se (hicieron) bajo reserva; eso siempre es así, pero una cosa es llevar una negociación bajo reserva y otra muy diferente es llevar el tema a una conclusión, en absoluto secreto, sin conocimiento de nadie”, detallando que sólo conocían del tema “los viceministros respectivos y los asesores inmediatos para este tipo de negociación”.
“Fue un error haberlo llevado de esta manera y un error mayor aún haberlo seguido tratando así, después de lo que se había avanzado en la negociación y decir: “Termínala tú” a un Gobierno que no tenía ni idea de lo que se había negociado. … Fue una negociación que se llevó, a mi juicio, con un secretismo que terminó hundiéndola”, en todo caso, “hasta donde se sabe”, en las conversaciones no se llegó “a negociar una entrega de soberanía” y “no había una cesión de territorio”.

El nuevo gobierno chileno – el de Piñera- no lo firmó por encontrarlo excesivo, pero tampoco cerró la puerta a la continuación de las negociaciones en el marco de la Agenda de los 13 puntos.

¿Cómo llegamos a este manoseo por parte de Morales?, en parte por la coincidencia del avance de un movimiento político e ideológico que alcanzó hasta nuestras costas –el chavismo-; con un momento económico favorable para el populismo de izquierda y sobre todo por la pasividad, liviandad, negligencia y falta de valor de nuestra dirigencia política frente a un provocador insolente como Morales.

Santiago Escobar, en El Mostrador explica muy bien como el “movimiento político que llevó a Evo Morales a la Presidencia, tenía una fuerte retórica indigenista, con los problemas que a este sector realmente le importan. En efecto, la Constitución que rige al Estado altiplánico, denominada Plurinacional, posee un contenido muy nítido destinado a crear las bases del derecho de integración indígena en la sociedad boliviana. Esto, con una larga y pormenorizada descripción y reglamentación del mundo agrario indígena.
No existe una alusión mínima al valor emocional o sentimental ancestral del mar en la historia boliviana, ni una consideración de integración nacional, como recientemente se ha empezado a argumentar, contrariamente a lo que ocurre con otros aspectos, como es el caso de la coca: “Artículo 384. El Estado protege a la coca originaria y ancestral como patrimonio cultural, recurso natural renovable de la biodiversidad de Bolivia, y como factor de cohesión social; en su estado natural no es estupefaciente. La revalorización, producción, comercialización e industrialización se regirá mediante la ley”.
Pero a ese mundo le faltaba un ancla en la sociedad mestiza. La evolución del socialismo andino del MAS de principios de los 90 del siglo pasado, a un socialchovinismo de rasgos incluso de corporativismo fascista, como se expresa hoy, solo tiene explicación en la necesidad de anclar una alianza estratégica entre la pluralidad indígena largamente invisibilizada en el sistema político boliviano, pero muy mayoritaria en su conjunto, y un mestizaje empobrecido por las sucesivas crisis, pero con un discurso coherente sobre el poder y la representación política. Pero este sector, esencialmente urbano, carecía de la fuerza de masas para realizarlo de manera práctica. En ese vértice, representado por Evo Morales, el antiguo dirigente cocalero indígena del Chapare, y el ex guerrillero blanco y educado Álvaro García Linera, convergen y cuajan la línea argumental de la nueva fuerza política representada por Evo y adquiere significado el discurso de la recuperación marítima. A partir de ahí se crea el relato. Y se adecuan los perfiles biográficos de los conductores y la causa de todos los males. En esas biografías, de manera muy tardía y solo como una mención muy general en la Constitución de 2009, aparece el tema marítimo. Mientras casi todo el articulado de ella está referido al mundo indígena y sus particularidades de manera muy pormenorizada, la reivindicación marítima aparece mencionada en solo dos artículos”.
Morales pone en marcha su presentación en sociedad, se codea con Lula, Dilma Rousseff, los Kirchner, Chávez y luego Maduro, con Fidel y Raúl Castro y se cree miembro de los poderosos de Sudamérica. Bergoglio lo visita, se miran a los ojos y el Papa toma partido a su lado, el revolucionario y el jesuita con sensibilidad indigenista y de izquierda. Crea la ficción de un ferrocarril transcontinental y fabrica todo un escenario en que cree estar instalado al centro del mundo. Se reúne con los gobiernos de Francia, Suiza, Alemania; muestra sus dotes futbolísticas; su canciller no se saca el escapulario para la coca, siempre colgando de su cuello y provee un personaje ecológico, verde y autóctono tan del gusto europeo. Manda mensajes admonitorios a Bush y a Obama. El Profesor Marco Aurelio García, asesor de Dilma, viaja a Chile a empujar la causa boliviana: “Chile debe ser más comprensivo con Bolivia”. Fue uno de los mensajes que también entregó el ex Presidente Lula durante su paso por Valparaíso y Santiago, con motivo de su participación en los actos del Bicentenario del Congreso.
Todo esto frente a la pasividad y simpatía ideológica de algunos políticos chilenos y una admirable benevolencia hacia las exigencias, faltas de respeto y abusos de Bolivia como las visitas intrusivas de Choquehuanca y los frecuentes chubascos de insultos y descalificaciones. Evo Morales, presidente de Bolivia, cuasi indígena, semi analfabeto, actúa frente a Chile como el líder incuestionable ente quien los países se rinden por su habilidad, fortaleza y audacia. Se construye su Vaticano en Orinoca y su Mausoleo en La Paz.
Luego viene el derrumbe: muere Chávez y Fidel, se arruina Maduro, cae Cristina, Vilma es defenestrada y Lula va a la cárcel; el petróleo baja de precio, la economía va a trastabillones y la re re re elección parece atorada.
Morales, en la crisis que creó con Chile, ha descrito un círculo perfecto y ha regresado al punto de partida. Después de años de litigio, gasto de millones de dólares, siembra sistemática de odio hacia Chile, envenenamiento de las relaciones mutuas, dilapidación del capital de buena voluntad existente hacia Bolivia -que llevó a Lagos y luego a Bachelet a recibir sus peticiones- y la exacerbación de un chovinismo malsano en su sociedad; ahora aspira a lo que rechazó, y lo hace como si hiciera un favor a Chile e insiste majaderamente, pidiendo lo que se le negó en todas las formas.
¿Por qué este comportamiento absurdo?. Por un ataque de ubris política en el ego de Morales, es decir por una combinación fatal de soberbia, ignorancia y prepotencia.
Imaginó que tenía la capacidad de movilizar políticamente al mundo contra Chile y forzarlo a rendirse y se equivocó gravemente, pero parte no menor de la culpa es nuestra, por debilidad e indecisión.

ANÁLISIS INICIAL DEL CONFLICTO PLANTEADO POR BOLIVIA

Una mirada al conjunto de hechos que han conformado el presente contencioso con Bolivia en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) muestra una serie elementos de la realidad -nacional, internacional; política y diplomática- que Chile debe considerar y resolver para enfrentar el futuro de las relaciones con ese país.
Una aproximación crítica a la situación actual comienza con la consideración de los profundos cambios que han habido en la ubicación de Chile en el ranking de poder en la región y de su correspondiente política exterior, desde la Guerra del Pacífico hasta ahora. Nuestro país ha transitado por períodos de poder y asertividad; por decaimiento económico, crisis social y política; por esfuerzos de contención frente a políticas expansionistas de otros países; por fractura de los acuerdos sociales internos y debilitamiento de su presencia en la ruedo internacional, hasta llegar a la actual recuperación del poder nacional y de incremento de su participación internacional.

La crisis iniciada en los años 30 dio comienzo a una política exterior de contención de los avances de otros países, de protección defensiva y de reducción de las posibles pérdidas, refugio político en las organizaciones internacionales y judicialización de las relaciones exteriores, en breve, en el comportamiento tradicional de los países en situación de debilidad.

La recuperación del poder nacional, de la vitalidad empresarial, política, militar y diplomática y del consenso social y político cambiaron nuestro ámbito de influencia y las capacidades potenciales nacionales, pero sin modificar adecuadamente las conductas anteriormente asumidas y adoptadas como “doctrinas” que, como se dijo, respondían a otro contexto.

Un ejemplo paradigmático es la firma del Pacto de Bogotá que entregó el control de parte significativa de la política exterior de Chile a la CIJ y por esa vía, a la Organización de las Naciones Unidas. No cabe duda que las relaciones internacionales de todos los países están afectadas por la influencia de esas y otras organizaciones, pero la gran diferencia es con que grado de intensidad ello sucede en cada caso.

Los cambios habidos demandan una revisión de nuestra macro política exterior, de nuestra estrategia de seguridad nacional, de nuestro rol y posicionamiento internacional regional y mundial. También exigen tomar conciencia y dotarnos de los mecanismos, instituciones y procesos para manejar integrada y positivamente nuestro poder nacional actual y futuro. Incorporar integralmente en nuestra política exterior las características y oportunidades del mundo que se está construyendo en torno a la globalización, las comunicaciones, el libre comercio mundial y la tecnología.

Es también notorio el descuido en la formulación de nuestra política hacia Bolivia. Los avatares de los cambios en el ranking de poder regional llevaron a un manejo rutinario y también legalista y jurídico de la relación con ese país, enviando señales que fueron gravemente mal interpretadas. El aceptar la relación normal, en muchos aspectos, con ese país sin exigir relaciones diplomáticas regulares, llevó a una primera degradación de la misma. Los insultos reiterados de sus autoridades, los desplantes como la celebración –en territorio nacional- de cumbres paralelas a las oficiales que permitieron a altas autoridades bolivianas concurrentes a expedirse sobre asuntos internos de Chile y peor, de hacer propaganda a sus aspiraciones, contando con el apoyo de algunos partidos políticos nacionales, proyectaron una imagen de debilidad y permisividad nefasta.
Atropellos como la inconsulta visita inspectiva del canciller boliviano a territorio nacional también contribuyeron a la degradación del respeto y la debida formalidad del gobierno boliviano hacia Chile. A contrario sensu, posiciones firmes como aquellas que castigaron la intrusión de militares y policías bolivianos en nuestro país, contribuyeron a potenciar ese respeto.

Otra señal de alarma que no fue asumida en toda su gravedad fue el contenido del Artículo 267 de la Constitución de Bolivia que establece que: “I. El Estado boliviano declara su derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le dé acceso al océano Pacífico y su espacio marítimo. II. La solución efectiva al diferendo marítimo a través de medios pacíficos y el ejercicio pleno de la soberanía sobre dicho territorio constituyen objetivos permanentes e irrenunciables del Estado boliviano”.

Esta declaración de voluntad política nos pone ante una decisión -formal y oficial- de revisionismo del estatus quo por parte de Bolivia ya que el territorio aludido no puede ser otro que el del norte de Chile y nos señala que esos son objetivos permanentes de Bolivia.
Los llamados al empleo de medios pacíficos no alcanzan a cubrir la desnudez del desafío a Chile. Todos los agresores siempre invocan intenciones pacíficas.
Nunca, ni Perú ni Argentina, en las crisis mas profundas y serias planteó con esta brutalidad sus intenciones de revisar, en perjuicio de Chile, la estructura de límites en vigor desde hace mas de un siglo.
En solo dos artículos nos informa su voluntad política de despojarnos de parte de nuestro territorio, de sojuzgar o expulsar a los ciudadanos chilenos que la habitan y que ello constituye un objetivo permanente e irrenunciable del estado boliviano. Para Bolivia el conflicto no termina en una negociación, comienza con nuestra capitulación y rendición.
Y lo dejamos pasar.

Nuestra concurrencia –forzada- a la Corte Internacional de Justicia pone de relieve la pérdida de soberanía a que hemos llegado –voluntariamente-. En algún momento nuestra participación en el Pacto de Bogotá pudo parecer un reaseguro conveniente para controlar amenazas mayores. El completo y brutal desconocimiento por parte de Argentina de que Chile pudiera concurrir unilateralmente a dicha Corte así como su declaración de “nulo de nulidad insanable” del fallo dictado por miembros de esa Corte y enunciado por la Reina de Gran Bretaña, no dejaron duda de lo feble de la estructura que creíamos que nos protegía.
Así y todo aceptamos ir a ella en el conflicto con Perú. Ese juicio fue esclarecedor. Sin haber sido ilustrados por la Corte, llegamos a ella a litigar un juicio en términos jurídicos y nos encontramos con que ahora fallaba en términos de equidad. O fuimos muy descuidados o muy inocentes, pero que fracasamos, lo hicimos. Así y todo cabe preguntarse, ¿tiene derecho una Corte a cambiar tan radicalmente sus criterios sin invalidar la adhesión de quienes la habían aceptado cuando funcionaba en otros términos, muy distintos?. Contra Perú, ganamos jurídicamente y perdimos prácticamente y ya que a la Corte no se va a una justa académica sino a luchar por los intereses nacionales, podemos sentirnos, legítimamente, estafados. Pero luego cuando Bolivia, tardío e interesado adherente del Pacto de Bogotá, nos “arrastra” a ella, aceptamos alegre y confiadamente.
Pareciera que hay que retirarse del Pacto de Bogotá, ahora!.

Otro aspecto a revisar es la relación entre el Gobierno, el Estado y la Nación respecto a la gestión de los límites y territorios nacionales. Este es un tema complejo que solo dejaré indicado.
Es evidente que las relaciones internacionales deben ser manejadas por el gobierno y en nuestro caso, por el Presidente de la República. Una razón práctica y de realismo parece aconsejarlo así. También sería deseable que ese manejo se sujetara a una Política de Estado, ya que le daría continuidad y perspectiva de largo plazo a la defensa y promoción de los intereses nacionales, sin embargo es una realidad que la forma de entender esos intereses varía de un gobierno a otro, especialmente cuando alguno de ellos profesa una ideología inmediatista o militante. Ese tipo de gobiernos, ¿representan fielmente a la Nación en cada caso concreto?.
Cuando se trata de negociar el territorio, base de sustentación de la Nación y del Estado, parece conveniente la inclusión de todo o parte del Congreso e incluso de la Nación toda en la forma de un plebiscito.

Parece haber muchos y complejos aspectos a revisar, pero lo señalado parece suficiente para comenzar a conversar.
Quienes siguen haciendo lo mismo, no pueden pretender obtener resultados diferentes.

LA ESTRATEGIA DE EVO MORALES Próximos Pasos

El año 2013, con Lula, Maduro, Cristina Kirchner, Correa y Dilma Rousseff en la cresta de la ola y asociados en sus fantasías revolucionarias, Evo Morales desahució las conversaciones con el gobierno de Bachelet -estimulado por el aventurero judicial español Remiro Bretons-, se lanzó al desafío de “arrastrar a Chile” a la Corte Internacional de Justicia, apoyado por el movimiento antiimperialista que los reunía.

En pocos años, cuatro para ser preciso, la situación de la Bolivia chavista es otra muy diferente: su mas fiel exponente, Nicolás Maduro, está en franca decadencia, su permanencia en el poder es cuestionada. Lula haciendo fila para ir a la cárcel y los demás en merecido retiro, la reelección permanente que intenta Morales –por las buenas o haciendo trampa- ya no encuentra la benevolencia regional ni mundial.
La mutación política regional lo está dejando prácticamente solo. Económicamente se acabó la fiesta. Pero sigue haciéndo daño, mas por nuestra parsimonia que por su poder.

La estrategia boliviana parece haber sido dinamizada por su confianza en el triunfo de la revolución chavista y ese contexto Morales se lanzó a una aventura cuyo objetivo final podemos visualizar entre dos alternativas: una “maximalista”, forzar a Chile a cederle un corredor y un acceso soberano al Pacífico y otra “realista”, avanzar en mejorar su posición negociadora frente a Chile.

El primer round, referido a la competencia de la Corte Internacional de Justicia, (CIJ) fue una victoria pírrica para Bolivia. Junto con declararse competente, la Corte dejó en claro que no tenía como obligar a Chile a cederle territorio ni a imponerle una negociación con resultado favorable garantizado.
El desafortunado espaldarazo de Bergoglio con su pedida de “dialogar, dialogar, dialogar” lo llevó a imaginar una negociación, con final asegurado con el Papa como “garante” del proceso. Chile no aceptó.
Ahí debió quedarle claro que aun cuando el resultado del fallo fuera favorable a Bolivia , el proceso pasaría, irremediablemente, por una negociación con Chile.
Lo confirma la absurda oferta de su Vicepresidente García Linera quien propuso una negociación “en vez de La Haya” o “simultáneamente” con ella, ambas con resultado asegurado de darle una salida soberana al mar. Una propuesta absurda típicamente boliviana. Nuestro gobierno la rechazó sin apelación.

El análisis boliviano en esa coyuntura fue: “Sin mayor ruido, (en el mundo) se ha aceptado la idea de llevar a Chile a la mesa de diálogo para proponer un corredor soberano a lo largo de su frontera con el Perú que termine en un puerto útil y soberano para Bolivia. Ganemos o perdamos en La Haya, estos logros son fundamentales para avanzar la causa boliviana en el futuro. … Hay que reconocer que la mayoría de los chilenos no quiere ningún diálogo que resuelva el reclamo boliviano. Por otra parte, en Chile no hay políticos con visión de estado, coraje y liderazgo que intenten cambiar esa opinión. … A esto se añade el escaso apoyo a nuestra causa en el Perú, cuyo acuerdo se requiere si Chile acepta ceder a Bolivia un corredor sobre territorio antes peruano.
La lección para más allá de este primer fallo de La Haya es que mientras no aprendamos a conquistar a la opinión pública en Chile y el Perú el éxito de nuestra actual demanda y de otras que podamos plantear no hará más que alejarnos del mar …termine cuando termine el proceso en La Haya, la tarea inmediata (será) abrir negociaciones políticas y diplomáticas con Chile, apuntadas a encontrar soluciones de mutua conveniencia. Pero se puede y se debe ir más allá. El espacio mediático es el más adecuado para demostrar que la línea dura chilena no cuenta con la aprobación unánime de la comunidad internacional. … el desafío central de Bolivia seguirá siendo desarticular la línea dura chilena sin ofender a una opinión pública mayoritaria, capturada hace mucho tiempo por los que se oponen a todo verdadero diálogo con Bolivia”.

En junio de 2016, Evo Morales nombró a Eduardo Rodríguez Veltzé como agente boliviano ante la CIJ y embajador ante los Países Bajos, quien tomó el control del contencioso. Ha sido claro en cuanto a que el pleito “permitió consolidar el reconocimiento de una disputa internacional susceptible de ser juzgada y resuelta conforme al derecho internacional aplicable” y que si se diera un fallo “salomónico” es decir “un fallo en justicia” (no “en derecho”) que resuelva efectivamente una disputa, este favorecería a Bolivia. Es decidor también su comentario de que “Comparto el optimismo de tener un resultado favorable en nuestra demanda, con él se pueden abrir nuevos escenarios y condiciones para retornar al Pacífico”.
Evo Morales continuó insultando a Chile hasta que pudo ser convencido por su grupo y poco a poco fue cambiando el tono, transitando hacia el “hermaneo” y similares, con ocasionales espasmos populistas para la galería. “El trabajo de los ex cancilleres Javier Murillo y Gustavo Fernández ha sido fundamental para reforzar los esfuerzos que desde el año pasado realizan el agente de Bolivia ante La Haya, Eduardo Rodríguez Veltzé, y el abogado español Antonio Ramiro Bretóns, para convencer al Presidente Evo Morales de que no siga insultando a Chile y su gobierno”.

Rodríguez también toca la cuerda de la “hermandad”: “Una vez se conozca el fallo la diplomacia complementará el trabajo orientado a “contribuir a reencontrar a dos pueblos vecinos y hermanos”. “Bolivia ha pedido a la Corte que se establezca que existe una obligación de negociar y que Chile cumpla esa obligación de negociar sobre el tema del acceso soberano al mar. Lo que no ha dicho es cómo debe ser ese acceso, eso es obvio, pues el mecanismo debe ser el resultado de la negociación”.

Según la prensa boliviana, “los abogados extranjeros encabezados por Bretóns, el agente Rodríguez Veltzé y algunos ex cancilleres, como Fernández, son partidarios de retomar el diálogo con Chile a partir de propuestas pragmáticas, graduales, de mutua conveniencia para ambos países, alejadas de las posiciones maximalistas que ha planteado el gobierno de Morales de exigir soberanía a Chile”.

Las propuestas bolivianas mas realistas apuntan a una zona territorial delimitada, que incluya a Arica, de soberanía compartida trinacional, de libre comercio. Otros mas básicos –como Javier Zabaleta, el Ministro de Defensa- se felicitan por “haber sentado a la diplomacia chilena ante un tribunal. Ya hemos captado la atención internacional, en todo el mundo se habla de Bolivia mediterránea, y eso ya es un gran avance, la diplomacia chilena está en jaque desde que empezó este proceso”.
El fallo de la CIJ. Si falla en derecho, no habrá espacio para la petición boliviana y se abrirá un período de presiones políticas y morales, en que el liderazgo del apoyo a Morales será asumido por Bergoglio, Maduro y Alba. Si lo hace en forma “salomónica” dirá que Chile debe negociar con Bolivia, no podrá especificar mucho mas y el resultado de la negociación quedará abierto. Se iniciará otro capítulo -de duración indeterminada- de las malas relaciones entre ambos países.
En ambas alternativas la estrategia negociadora boliviana apuntará a:
– No dejar que Chile de por cerradas la negociaciones. Intentará retenerlo en la mesa a cualquier precio. Prolongándolas eternamente.
– Potenciar su campaña mediática a nivel regional y global para mantener interés y respaldo internacional.
– Que Chile sea quien proponga salidas y arreglos, que Bolivia rechazará dejando siempre una puerta abierta. Bolivia no pueden proponer nada concreto ya que dentro del país no hay acuerdo respecto a que pedir y menos a que ofrecer en compensación.
– Tratará de introducir sus demás reclamaciones –Silala, Lauca- como posibles “compensaciones”.
– Si la negociación que incluya soberanía se ve imposible, optará por obtener algún tipo de presencia estatal boliviana en territorio chileno. En cualquier caso, de ampliar sustantivamente sus beneficios de tránsito y presencia en territorio chileno. De transformar los beneficios concedidos por Chile, en “reconocimiento” de los abusos y culpas chilenas.

Parece claro que el gobierno chileno cuenta con un sólido respaldo político interno para poner atajo a las peticiones bolivianas. El adversario está política y económicamente debilitado, enfrenta plazos perentorios y difíciles en su campaña para la reelección y está aislado en el ámbito político internacional.
Desde una perspectiva de mediano y largo plazo, para Chile es imposible negociar con un gobierno autoritario y carente de legitimidad frente a su propia ciudadanía, ¿qué valor se puede dar a acuerdos alcanzados con un gobierno como el de Morales?, ¿hasta dónde representa a la ciudadanía de Bolivia?.
Bolivia nunca asume sus compromisos en forma duradera ni definitiva, el próximo gobierno se sentirá, al igual que Morales, en condiciones de desconocer todo lo negociado y acordado, entonces, ¿qué sentido tiene hacerlo?.
Su mentalidad cultural determina sucesivos re inicios de los procesos, como un amanecer sucede a la noche anterior. Mientras no haya instituciones estables y lógicas comprensibles para nosotros, no hay nada que acordar con Bolivia si solo va a durar lo que la permanencia en el cargo de quien lo firmó.

DEFENSA: ¿Seriedad o mas de lo mismo?

Chile lleva demasiados años con una defensa sin dirección ni liderazgo político, mas allá de asegurar su control gubernamental mediante la restricción o generosidad presupuestaria.
La ausencia de política de defensa es una de sus manifestaciones mas tristes y dañinas.
Para que haya una política pública debe haber una decisión o conjunto de decisiones sobre el tema correspondiente, determinadas por la autoridad competente.
Esa decisión o conjunto de decisiones deben seguir un proceso formal, es decir, debe haber un procedimiento institucional que lleve a que ciertas iniciativas se transformen en una política pública.
La política pública de defensa es un conjunto de decisiones políticas, estratégicas y técnicas que avanzan en forma integrada y descendente desde la Presidencia hasta el Ministerio de Defensa, pasando por el Congreso, en una aproximación técnico – racional. Finalmente, es un proceso político con diversos actores interesados en su desarrollo y concreción, lo que demanda negociación y acuerdo entre las partes.
Una política de defensa, como todas las políticas públicas, es un “proceso y un resultado”, es una dinámica.
En Chile esto nos lleva a dos asuntos claves que aun no se resuelven y siguen trabando su modernización, a saber: la baja capacidad de los gobiernos para establecer políticas públicas y controlar su ejecución y resultados, y la carencia de un Ministerio de Defensa eficiente y realmente democrático.
Actualmente la necesidad de una política pública de defensa (o una Política de Defensa) se hace urgente por cuatro razones fundamentales:
 Porque existen carencias objetivas de probidad y eficiencia en la administración de los recursos asignados al sector;
 Porque no hay dirección ni control explícito de la defensa a nivel Presidencial.
 Porque existe evidencia objetiva de falta de autoridad, voluntad política y capacidad de la Gestión Ministerial, y
 Porque los actores con poder califican esta situación cómo problema público.
Es decir, se requiere una Política de Pública de Defensa porque diversos grupos políticos, sociales y militares consideran que la situación actual no es aceptable y que es necesaria una intervención de política pública para remediarla.
La solución de este problema comienza por resolver las dos carencias fundamentales ya enunciadas; a nivel Presidencial y Ministerial. En este sentido, muchas de las deficiencias sectoriales observadas por la opinión pública en la conducción de la defensa, como sueldos, pensiones, carreras, remuneraciones, eficiencia en la gestión de recursos, adquisiciones, dimensiones de las fuerzas, nivel de gastos, eliminación de la Ley Reservada del Cobre, probidad y otras son el resultado del potenciamiento mutuo de las carencias señaladas.
Un Ministerio de Defensa tiene dos funciones básicas; generar una política de defensa y dirigir la ejecución de la misma. Un Libro de la Defensa no es una política, es una forma de comunicar o socializar un conjunto de ideas, es una declaración de intenciones más o menos amplias. La Administración de la defensa, tampoco es una política, es una estructura de la misma.
Dada la complejidad de la realidad del tema que cubre, en la práctica se trata de un conjunto de políticas sectoriales o parciales que afectan a diferentes aspectos interrelacionados del sistema.

Para materializarla, el primer problema surge del hecho de que no todas las políticas pueden hacerse al mismo tiempo, es decir, hay que elegir cuales aspectos de la realidad van a ser modificados y determinar cuáles serán efectuadas simultáneamente y cuáles en forma secuencial. Luego, para cada una de ellas, hay que definir objetivos, indicadores que muestren el avance, estrategias para avanzar, reconocer las limitaciones impuestas por el medio y por las condiciones políticas, económicas y otras, identificar a los interesados y afectados y varios otros elementos comunes a la aplicación de cualquier política pública.
Los aspectos que deben interesar a un Ministerio de Defensa se encuentran en dos ámbitos: preparación de las fuerzas y el empleo de las mismas. La “preparación” a su vez se refiere a la gestión de activos como armas, infraestructura y personal y el “empleo” se relaciona con entrenamiento, despliegue y operaciones.
Lo indicado señala que el Ministerio de Defensa debe poder definir y llevar a cabo políticas en todos esos ámbitos. El mando militar, operativo y administrativo de las fuerzas militares en tiempo de paz debe ser ejercido por el Ministro de Defensa, apoyado por la Junta de Comandantes en Jefe y el Estado Mayor Conjunto.

Para “dirigir la ejecución” de las mismas, debe ser capaz de establecer una previsión sobre la aplicación y resultados de cada política en particular y del conjunto en general. Debe establecer objetivos claros y medibles, controles y sistemas de evaluación independiente de los ejecutores.
Respecto al “empleo” de las fuerzas, debe ser capaz de proveer las orientaciones, la conducción y la supervisión de las operaciones militares en la preparación de las fuerzas y en el cumplimiento de las funciones que le asigna la Constitución en los Estados de excepción que se dispongan.
En una situación de paz y baja conflictividad internacional como la que disfruta nuestro país, la primera prioridad la tiene la preparación de las fuerzas y es en este ámbito en que la Ley Orgánica del Ministerio de Defensa muestra debilidades insanables al no incluir, precisar ni formalizar instancias con las atribuciones y competencias necesarias en los ámbitos de material, personal, infraestructura, servicios comunes y funciones compartidas y la capacidad de evaluación de los resultados de las mismas brilla por su ausencia.
La función de empleo de las fuerzas, particularmente en paz, es un enredo mayúsculo en el cual se han combinado en forma perversa, la falta de liderazgo; la aversión al riesgo y a la responsabilidad de los Ministros de Defensa y los intentos ideológicos de desmantelar los mandos institucionales y transferir el mando a un comando conjunto que viene asegurar la invulnerabilidad del Ministro y excluirlo de toda responsabilidad y toma de decisiones, transformándolo en un espectador del actuar de las FFAA.