LA UBRIS DE EVO

Ubris o “el orgullo que ciega“ fue identificado por el político y médico británico Lord David Owen: “En muchos jefes de Estado, la experiencia del poder les provoca cambios psicológicos que los conducen a la grandiosidad, al narcisismo y al comportamiento irresponsable … creen que son capaces de grandes obras, que de ellos se esperan grandes hechos, y creen saberlo todo y en todas las circunstancias, y operan más allá de los límites de la moral ordinaria”.
Parece ser un síndrome chavista, Chávez, Maduro, ambos Kirchner, Correa, Bachelet, Lula, Dilma, todos ellos fueron afectados por él en diversos grados.

El año 2006 el entonces Presidente Ricardo Lagos, visitó a Evo Morales, Mandatario electo de Bolivia, para explorar la posibilidad de generar una dinámica nueva a partir de la cooperación mutua. En Junio de 2006, Morales y Bachelet acordaron la “Agenda de los 13 puntos”, que incluía en su punto 6 la conversación sobre el tema marítimo.

El 7 de febrero de 2009, Morales hizo pública su Constitución cuyo artículo 9 Transitorio estableció: “Los tratados internacionales anteriores a la Constitución y que no la contradigan se mantendrán en el ordenamiento jurídico interno, con rango de ley. En el plazo de cuatro años desde la elección del nuevo Órgano Ejecutivo, éste denunciará y, en su caso, renegociará los tratados internacionales que sean contrarios a la Constitución”. Es decir establecía como fecha límite el año 2013 para desahuciar el Tratado de 1904 con Chile. Al Gobierno de Chile pareció no importarle y no se dio por aludido.

El mismo año 2009, en pleno entusiasmo negociador, el gobierno de Chile acordó con el de Bolivia el uso conjunto del Río Silala con el 50% del caudal para cada país. El acuerdo, fue rechazado por las organizaciones políticas y sociales de Potosí y los negociadores del gobierno boliviano desconocieron lo acordado y no volvieron a tocar el tema y Chile tampoco.
El 13 de abril de 2013, sorpresivamente, Bolivia presentó una demanda contra Chile ante la CIJ reclamando la materialización por parte de Chile, de una salida soberana al Océano Pacífico.
A pesar de que la medida tensionó la relación entre ambas naciones, el gobierno chileno intentó continuar con la relación bilateral y los otros 12 puntos de la agenda, como si tal cosa.

El 12 de Marzo del 2014 Evo Morales, expresó un deseo insólito: retomar con el nuevo Gobierno de Chile la agenda de 13 puntos elaborada en 2006 -durante la primera administración de Michelle Bachelet-, sobre la demanda marítima y otros temas, sin abandonar el pleito en la CIJ. El 18 y 19 de diciembre de ese mismo año, hizo llegar a La Moneda, en forma reservada, una propuesta concreta sobre sus aspiraciones, comprometiéndose a retirar la demanda del tribunal internacional si era aceptada, pedía:

– La entrega de un enclave con soberanía al norte de la caleta de Pisagua en la comuna costera de Huara, Región de Tarapacá, junto a la quebrada de Tiliviche, donde se puedan realizar proyectos turísticos e inmobiliarios.
– Instalaciones portuarias.
– Una planta para industrialización de gas.
– Garantías especiales para el uso de la carretera que une a Chile con la localidad boliviana de Oruro, sin soberanía para no cortar el territorio chileno
– En su opinión, la demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya -para obligar a Chile a negociar una salida soberana al mar- y el diálogo con las autoridades chilenas “no son excluyentes” y subrayó la importancia de crear “confianza” para que las gestiones llegaran a buen puerto. El gobierno de Chile encontró aceptable la situación propuesta.
… y comenzaron las negociaciones “secretas” …
Según declaración del ex Ministro Bitar, “se exploró la concesión de un territorio costero sin soberanía, (incluyendo) su ubicación, extensión y las normas que podrían regir ese enclave para las empresas y trabajadores bolivianos en industria, servicios, comercio y turismo”. La petición de Morales no era modesta, sus exigencias incluían: soberanía irrestricta; una extensión de costa amplia de entre 10 y 30 kilómetros de frente “de (un) tamaño que pueda verse en un mapa de esos que se utilizan en las escuelas; apto para construir una ciudad, un aeropuerto y sus carreteras, varios puertos; una playa para tomar sol y hacer negocios”, como inocentemente expresó uno de los negociadores bolivianos.

El asunto de la soberanía merece ser destacado. Como vimos, la ficción chilena era que se trataba de un “préstamo” sin cesión de soberanía, sin embargo la parte boliviana no lo veía de ese modo. Según el Vice Canciller Hugo Fernández, “Nosotros dejamos en claro a Chile que si bien no íbamos a discutir el problema de la soberanía en el principio (de la negociación), si lo íbamos a hacer al final. Hay una norma en diplomacia: nada está acordado, si todo no está acordado”. Parece evidente que alguien está mintiéndose a si mismo. Chile siguió negociando.
Un aspecto de gravedad, por la aparente liviandad en que se habría manejado, es que en ningún momento se habló de si este “enclave no soberano” era además de todas las facilidades, excepciones y financiamiento ya concedidas con motivo del tratado de 1904 o si ellas caducarían, como lo señala la lógica.
Según un participante chileno, a fines del año 2016, “el acuerdo estaba “próximo”, (…) pero de alguna manera (nuestro gobierno hizo) algo poco inteligente al no compartirlo con las autoridades (nacionales) que debieran estar enteradas de la negociación. Todas las negociaciones de este equipo se (hicieron) bajo reserva; eso siempre es así, pero una cosa es llevar una negociación bajo reserva y otra muy diferente es llevar el tema a una conclusión, en absoluto secreto, sin conocimiento de nadie”, detallando que sólo conocían del tema “los viceministros respectivos y los asesores inmediatos para este tipo de negociación”.
“Fue un error haberlo llevado de esta manera y un error mayor aún haberlo seguido tratando así, después de lo que se había avanzado en la negociación y decir: “Termínala tú” a un Gobierno que no tenía ni idea de lo que se había negociado. … Fue una negociación que se llevó, a mi juicio, con un secretismo que terminó hundiéndola”, en todo caso, “hasta donde se sabe”, en las conversaciones no se llegó “a negociar una entrega de soberanía” y “no había una cesión de territorio”.

El nuevo gobierno chileno – el de Piñera- no lo firmó por encontrarlo excesivo, pero tampoco cerró la puerta a la continuación de las negociaciones en el marco de la Agenda de los 13 puntos.

¿Cómo llegamos a este manoseo por parte de Morales?, en parte por la coincidencia del avance de un movimiento político e ideológico que alcanzó hasta nuestras costas –el chavismo-; con un momento económico favorable para el populismo de izquierda y sobre todo por la pasividad, liviandad, negligencia y falta de valor de nuestra dirigencia política frente a un provocador insolente como Morales.

Santiago Escobar, en El Mostrador explica muy bien como el “movimiento político que llevó a Evo Morales a la Presidencia, tenía una fuerte retórica indigenista, con los problemas que a este sector realmente le importan. En efecto, la Constitución que rige al Estado altiplánico, denominada Plurinacional, posee un contenido muy nítido destinado a crear las bases del derecho de integración indígena en la sociedad boliviana. Esto, con una larga y pormenorizada descripción y reglamentación del mundo agrario indígena.
No existe una alusión mínima al valor emocional o sentimental ancestral del mar en la historia boliviana, ni una consideración de integración nacional, como recientemente se ha empezado a argumentar, contrariamente a lo que ocurre con otros aspectos, como es el caso de la coca: “Artículo 384. El Estado protege a la coca originaria y ancestral como patrimonio cultural, recurso natural renovable de la biodiversidad de Bolivia, y como factor de cohesión social; en su estado natural no es estupefaciente. La revalorización, producción, comercialización e industrialización se regirá mediante la ley”.
Pero a ese mundo le faltaba un ancla en la sociedad mestiza. La evolución del socialismo andino del MAS de principios de los 90 del siglo pasado, a un socialchovinismo de rasgos incluso de corporativismo fascista, como se expresa hoy, solo tiene explicación en la necesidad de anclar una alianza estratégica entre la pluralidad indígena largamente invisibilizada en el sistema político boliviano, pero muy mayoritaria en su conjunto, y un mestizaje empobrecido por las sucesivas crisis, pero con un discurso coherente sobre el poder y la representación política. Pero este sector, esencialmente urbano, carecía de la fuerza de masas para realizarlo de manera práctica. En ese vértice, representado por Evo Morales, el antiguo dirigente cocalero indígena del Chapare, y el ex guerrillero blanco y educado Álvaro García Linera, convergen y cuajan la línea argumental de la nueva fuerza política representada por Evo y adquiere significado el discurso de la recuperación marítima. A partir de ahí se crea el relato. Y se adecuan los perfiles biográficos de los conductores y la causa de todos los males. En esas biografías, de manera muy tardía y solo como una mención muy general en la Constitución de 2009, aparece el tema marítimo. Mientras casi todo el articulado de ella está referido al mundo indígena y sus particularidades de manera muy pormenorizada, la reivindicación marítima aparece mencionada en solo dos artículos”.
Morales pone en marcha su presentación en sociedad, se codea con Lula, Dilma Rousseff, los Kirchner, Chávez y luego Maduro, con Fidel y Raúl Castro y se cree miembro de los poderosos de Sudamérica. Bergoglio lo visita, se miran a los ojos y el Papa toma partido a su lado, el revolucionario y el jesuita con sensibilidad indigenista y de izquierda. Crea la ficción de un ferrocarril transcontinental y fabrica todo un escenario en que cree estar instalado al centro del mundo. Se reúne con los gobiernos de Francia, Suiza, Alemania; muestra sus dotes futbolísticas; su canciller no se saca el escapulario para la coca, siempre colgando de su cuello y provee un personaje ecológico, verde y autóctono tan del gusto europeo. Manda mensajes admonitorios a Bush y a Obama. El Profesor Marco Aurelio García, asesor de Dilma, viaja a Chile a empujar la causa boliviana: “Chile debe ser más comprensivo con Bolivia”. Fue uno de los mensajes que también entregó el ex Presidente Lula durante su paso por Valparaíso y Santiago, con motivo de su participación en los actos del Bicentenario del Congreso.
Todo esto frente a la pasividad y simpatía ideológica de algunos políticos chilenos y una admirable benevolencia hacia las exigencias, faltas de respeto y abusos de Bolivia como las visitas intrusivas de Choquehuanca y los frecuentes chubascos de insultos y descalificaciones. Evo Morales, presidente de Bolivia, cuasi indígena, semi analfabeto, actúa frente a Chile como el líder incuestionable ente quien los países se rinden por su habilidad, fortaleza y audacia. Se construye su Vaticano en Orinoca y su Mausoleo en La Paz.
Luego viene el derrumbe: muere Chávez y Fidel, se arruina Maduro, cae Cristina, Vilma es defenestrada y Lula va a la cárcel; el petróleo baja de precio, la economía va a trastabillones y la re re re elección parece atorada.
Morales, en la crisis que creó con Chile, ha descrito un círculo perfecto y ha regresado al punto de partida. Después de años de litigio, gasto de millones de dólares, siembra sistemática de odio hacia Chile, envenenamiento de las relaciones mutuas, dilapidación del capital de buena voluntad existente hacia Bolivia -que llevó a Lagos y luego a Bachelet a recibir sus peticiones- y la exacerbación de un chovinismo malsano en su sociedad; ahora aspira a lo que rechazó, y lo hace como si hiciera un favor a Chile e insiste majaderamente, pidiendo lo que se le negó en todas las formas.
¿Por qué este comportamiento absurdo?. Por un ataque de ubris política en el ego de Morales, es decir por una combinación fatal de soberbia, ignorancia y prepotencia.
Imaginó que tenía la capacidad de movilizar políticamente al mundo contra Chile y forzarlo a rendirse y se equivocó gravemente, pero parte no menor de la culpa es nuestra, por debilidad e indecisión.

ANÁLISIS INICIAL DEL CONFLICTO PLANTEADO POR BOLIVIA

Una mirada al conjunto de hechos que han conformado el presente contencioso con Bolivia en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) muestra una serie elementos de la realidad -nacional, internacional; política y diplomática- que Chile debe considerar y resolver para enfrentar el futuro de las relaciones con ese país.
Una aproximación crítica a la situación actual comienza con la consideración de los profundos cambios que han habido en la ubicación de Chile en el ranking de poder en la región y de su correspondiente política exterior, desde la Guerra del Pacífico hasta ahora. Nuestro país ha transitado por períodos de poder y asertividad; por decaimiento económico, crisis social y política; por esfuerzos de contención frente a políticas expansionistas de otros países; por fractura de los acuerdos sociales internos y debilitamiento de su presencia en la ruedo internacional, hasta llegar a la actual recuperación del poder nacional y de incremento de su participación internacional.

La crisis iniciada en los años 30 dio comienzo a una política exterior de contención de los avances de otros países, de protección defensiva y de reducción de las posibles pérdidas, refugio político en las organizaciones internacionales y judicialización de las relaciones exteriores, en breve, en el comportamiento tradicional de los países en situación de debilidad.

La recuperación del poder nacional, de la vitalidad empresarial, política, militar y diplomática y del consenso social y político cambiaron nuestro ámbito de influencia y las capacidades potenciales nacionales, pero sin modificar adecuadamente las conductas anteriormente asumidas y adoptadas como “doctrinas” que, como se dijo, respondían a otro contexto.

Un ejemplo paradigmático es la firma del Pacto de Bogotá que entregó el control de parte significativa de la política exterior de Chile a la CIJ y por esa vía, a la Organización de las Naciones Unidas. No cabe duda que las relaciones internacionales de todos los países están afectadas por la influencia de esas y otras organizaciones, pero la gran diferencia es con que grado de intensidad ello sucede en cada caso.

Los cambios habidos demandan una revisión de nuestra macro política exterior, de nuestra estrategia de seguridad nacional, de nuestro rol y posicionamiento internacional regional y mundial. También exigen tomar conciencia y dotarnos de los mecanismos, instituciones y procesos para manejar integrada y positivamente nuestro poder nacional actual y futuro. Incorporar integralmente en nuestra política exterior las características y oportunidades del mundo que se está construyendo en torno a la globalización, las comunicaciones, el libre comercio mundial y la tecnología.

Es también notorio el descuido en la formulación de nuestra política hacia Bolivia. Los avatares de los cambios en el ranking de poder regional llevaron a un manejo rutinario y también legalista y jurídico de la relación con ese país, enviando señales que fueron gravemente mal interpretadas. El aceptar la relación normal, en muchos aspectos, con ese país sin exigir relaciones diplomáticas regulares, llevó a una primera degradación de la misma. Los insultos reiterados de sus autoridades, los desplantes como la celebración –en territorio nacional- de cumbres paralelas a las oficiales que permitieron a altas autoridades bolivianas concurrentes a expedirse sobre asuntos internos de Chile y peor, de hacer propaganda a sus aspiraciones, contando con el apoyo de algunos partidos políticos nacionales, proyectaron una imagen de debilidad y permisividad nefasta.
Atropellos como la inconsulta visita inspectiva del canciller boliviano a territorio nacional también contribuyeron a la degradación del respeto y la debida formalidad del gobierno boliviano hacia Chile. A contrario sensu, posiciones firmes como aquellas que castigaron la intrusión de militares y policías bolivianos en nuestro país, contribuyeron a potenciar ese respeto.

Otra señal de alarma que no fue asumida en toda su gravedad fue el contenido del Artículo 267 de la Constitución de Bolivia que establece que: “I. El Estado boliviano declara su derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le dé acceso al océano Pacífico y su espacio marítimo. II. La solución efectiva al diferendo marítimo a través de medios pacíficos y el ejercicio pleno de la soberanía sobre dicho territorio constituyen objetivos permanentes e irrenunciables del Estado boliviano”.

Esta declaración de voluntad política nos pone ante una decisión -formal y oficial- de revisionismo del estatus quo por parte de Bolivia ya que el territorio aludido no puede ser otro que el del norte de Chile y nos señala que esos son objetivos permanentes de Bolivia.
Los llamados al empleo de medios pacíficos no alcanzan a cubrir la desnudez del desafío a Chile. Todos los agresores siempre invocan intenciones pacíficas.
Nunca, ni Perú ni Argentina, en las crisis mas profundas y serias planteó con esta brutalidad sus intenciones de revisar, en perjuicio de Chile, la estructura de límites en vigor desde hace mas de un siglo.
En solo dos artículos nos informa su voluntad política de despojarnos de parte de nuestro territorio, de sojuzgar o expulsar a los ciudadanos chilenos que la habitan y que ello constituye un objetivo permanente e irrenunciable del estado boliviano. Para Bolivia el conflicto no termina en una negociación, comienza con nuestra capitulación y rendición.
Y lo dejamos pasar.

Nuestra concurrencia –forzada- a la Corte Internacional de Justicia pone de relieve la pérdida de soberanía a que hemos llegado –voluntariamente-. En algún momento nuestra participación en el Pacto de Bogotá pudo parecer un reaseguro conveniente para controlar amenazas mayores. El completo y brutal desconocimiento por parte de Argentina de que Chile pudiera concurrir unilateralmente a dicha Corte así como su declaración de “nulo de nulidad insanable” del fallo dictado por miembros de esa Corte y enunciado por la Reina de Gran Bretaña, no dejaron duda de lo feble de la estructura que creíamos que nos protegía.
Así y todo aceptamos ir a ella en el conflicto con Perú. Ese juicio fue esclarecedor. Sin haber sido ilustrados por la Corte, llegamos a ella a litigar un juicio en términos jurídicos y nos encontramos con que ahora fallaba en términos de equidad. O fuimos muy descuidados o muy inocentes, pero que fracasamos, lo hicimos. Así y todo cabe preguntarse, ¿tiene derecho una Corte a cambiar tan radicalmente sus criterios sin invalidar la adhesión de quienes la habían aceptado cuando funcionaba en otros términos, muy distintos?. Contra Perú, ganamos jurídicamente y perdimos prácticamente y ya que a la Corte no se va a una justa académica sino a luchar por los intereses nacionales, podemos sentirnos, legítimamente, estafados. Pero luego cuando Bolivia, tardío e interesado adherente del Pacto de Bogotá, nos “arrastra” a ella, aceptamos alegre y confiadamente.
Pareciera que hay que retirarse del Pacto de Bogotá, ahora!.

Otro aspecto a revisar es la relación entre el Gobierno, el Estado y la Nación respecto a la gestión de los límites y territorios nacionales. Este es un tema complejo que solo dejaré indicado.
Es evidente que las relaciones internacionales deben ser manejadas por el gobierno y en nuestro caso, por el Presidente de la República. Una razón práctica y de realismo parece aconsejarlo así. También sería deseable que ese manejo se sujetara a una Política de Estado, ya que le daría continuidad y perspectiva de largo plazo a la defensa y promoción de los intereses nacionales, sin embargo es una realidad que la forma de entender esos intereses varía de un gobierno a otro, especialmente cuando alguno de ellos profesa una ideología inmediatista o militante. Ese tipo de gobiernos, ¿representan fielmente a la Nación en cada caso concreto?.
Cuando se trata de negociar el territorio, base de sustentación de la Nación y del Estado, parece conveniente la inclusión de todo o parte del Congreso e incluso de la Nación toda en la forma de un plebiscito.

Parece haber muchos y complejos aspectos a revisar, pero lo señalado parece suficiente para comenzar a conversar.
Quienes siguen haciendo lo mismo, no pueden pretender obtener resultados diferentes.

LA ESTRATEGIA DE EVO MORALES Próximos Pasos

El año 2013, con Lula, Maduro, Cristina Kirchner, Correa y Dilma Rousseff en la cresta de la ola y asociados en sus fantasías revolucionarias, Evo Morales desahució las conversaciones con el gobierno de Bachelet -estimulado por el aventurero judicial español Remiro Bretons-, se lanzó al desafío de “arrastrar a Chile” a la Corte Internacional de Justicia, apoyado por el movimiento antiimperialista que los reunía.

En pocos años, cuatro para ser preciso, la situación de la Bolivia chavista es otra muy diferente: su mas fiel exponente, Nicolás Maduro, está en franca decadencia, su permanencia en el poder es cuestionada. Lula haciendo fila para ir a la cárcel y los demás en merecido retiro, la reelección permanente que intenta Morales –por las buenas o haciendo trampa- ya no encuentra la benevolencia regional ni mundial.
La mutación política regional lo está dejando prácticamente solo. Económicamente se acabó la fiesta. Pero sigue haciéndo daño, mas por nuestra parsimonia que por su poder.

La estrategia boliviana parece haber sido dinamizada por su confianza en el triunfo de la revolución chavista y ese contexto Morales se lanzó a una aventura cuyo objetivo final podemos visualizar entre dos alternativas: una “maximalista”, forzar a Chile a cederle un corredor y un acceso soberano al Pacífico y otra “realista”, avanzar en mejorar su posición negociadora frente a Chile.

El primer round, referido a la competencia de la Corte Internacional de Justicia, (CIJ) fue una victoria pírrica para Bolivia. Junto con declararse competente, la Corte dejó en claro que no tenía como obligar a Chile a cederle territorio ni a imponerle una negociación con resultado favorable garantizado.
El desafortunado espaldarazo de Bergoglio con su pedida de “dialogar, dialogar, dialogar” lo llevó a imaginar una negociación, con final asegurado con el Papa como “garante” del proceso. Chile no aceptó.
Ahí debió quedarle claro que aun cuando el resultado del fallo fuera favorable a Bolivia , el proceso pasaría, irremediablemente, por una negociación con Chile.
Lo confirma la absurda oferta de su Vicepresidente García Linera quien propuso una negociación “en vez de La Haya” o “simultáneamente” con ella, ambas con resultado asegurado de darle una salida soberana al mar. Una propuesta absurda típicamente boliviana. Nuestro gobierno la rechazó sin apelación.

El análisis boliviano en esa coyuntura fue: “Sin mayor ruido, (en el mundo) se ha aceptado la idea de llevar a Chile a la mesa de diálogo para proponer un corredor soberano a lo largo de su frontera con el Perú que termine en un puerto útil y soberano para Bolivia. Ganemos o perdamos en La Haya, estos logros son fundamentales para avanzar la causa boliviana en el futuro. … Hay que reconocer que la mayoría de los chilenos no quiere ningún diálogo que resuelva el reclamo boliviano. Por otra parte, en Chile no hay políticos con visión de estado, coraje y liderazgo que intenten cambiar esa opinión. … A esto se añade el escaso apoyo a nuestra causa en el Perú, cuyo acuerdo se requiere si Chile acepta ceder a Bolivia un corredor sobre territorio antes peruano.
La lección para más allá de este primer fallo de La Haya es que mientras no aprendamos a conquistar a la opinión pública en Chile y el Perú el éxito de nuestra actual demanda y de otras que podamos plantear no hará más que alejarnos del mar …termine cuando termine el proceso en La Haya, la tarea inmediata (será) abrir negociaciones políticas y diplomáticas con Chile, apuntadas a encontrar soluciones de mutua conveniencia. Pero se puede y se debe ir más allá. El espacio mediático es el más adecuado para demostrar que la línea dura chilena no cuenta con la aprobación unánime de la comunidad internacional. … el desafío central de Bolivia seguirá siendo desarticular la línea dura chilena sin ofender a una opinión pública mayoritaria, capturada hace mucho tiempo por los que se oponen a todo verdadero diálogo con Bolivia”.

En junio de 2016, Evo Morales nombró a Eduardo Rodríguez Veltzé como agente boliviano ante la CIJ y embajador ante los Países Bajos, quien tomó el control del contencioso. Ha sido claro en cuanto a que el pleito “permitió consolidar el reconocimiento de una disputa internacional susceptible de ser juzgada y resuelta conforme al derecho internacional aplicable” y que si se diera un fallo “salomónico” es decir “un fallo en justicia” (no “en derecho”) que resuelva efectivamente una disputa, este favorecería a Bolivia. Es decidor también su comentario de que “Comparto el optimismo de tener un resultado favorable en nuestra demanda, con él se pueden abrir nuevos escenarios y condiciones para retornar al Pacífico”.
Evo Morales continuó insultando a Chile hasta que pudo ser convencido por su grupo y poco a poco fue cambiando el tono, transitando hacia el “hermaneo” y similares, con ocasionales espasmos populistas para la galería. “El trabajo de los ex cancilleres Javier Murillo y Gustavo Fernández ha sido fundamental para reforzar los esfuerzos que desde el año pasado realizan el agente de Bolivia ante La Haya, Eduardo Rodríguez Veltzé, y el abogado español Antonio Ramiro Bretóns, para convencer al Presidente Evo Morales de que no siga insultando a Chile y su gobierno”.

Rodríguez también toca la cuerda de la “hermandad”: “Una vez se conozca el fallo la diplomacia complementará el trabajo orientado a “contribuir a reencontrar a dos pueblos vecinos y hermanos”. “Bolivia ha pedido a la Corte que se establezca que existe una obligación de negociar y que Chile cumpla esa obligación de negociar sobre el tema del acceso soberano al mar. Lo que no ha dicho es cómo debe ser ese acceso, eso es obvio, pues el mecanismo debe ser el resultado de la negociación”.

Según la prensa boliviana, “los abogados extranjeros encabezados por Bretóns, el agente Rodríguez Veltzé y algunos ex cancilleres, como Fernández, son partidarios de retomar el diálogo con Chile a partir de propuestas pragmáticas, graduales, de mutua conveniencia para ambos países, alejadas de las posiciones maximalistas que ha planteado el gobierno de Morales de exigir soberanía a Chile”.

Las propuestas bolivianas mas realistas apuntan a una zona territorial delimitada, que incluya a Arica, de soberanía compartida trinacional, de libre comercio. Otros mas básicos –como Javier Zabaleta, el Ministro de Defensa- se felicitan por “haber sentado a la diplomacia chilena ante un tribunal. Ya hemos captado la atención internacional, en todo el mundo se habla de Bolivia mediterránea, y eso ya es un gran avance, la diplomacia chilena está en jaque desde que empezó este proceso”.
El fallo de la CIJ. Si falla en derecho, no habrá espacio para la petición boliviana y se abrirá un período de presiones políticas y morales, en que el liderazgo del apoyo a Morales será asumido por Bergoglio, Maduro y Alba. Si lo hace en forma “salomónica” dirá que Chile debe negociar con Bolivia, no podrá especificar mucho mas y el resultado de la negociación quedará abierto. Se iniciará otro capítulo -de duración indeterminada- de las malas relaciones entre ambos países.
En ambas alternativas la estrategia negociadora boliviana apuntará a:
– No dejar que Chile de por cerradas la negociaciones. Intentará retenerlo en la mesa a cualquier precio. Prolongándolas eternamente.
– Potenciar su campaña mediática a nivel regional y global para mantener interés y respaldo internacional.
– Que Chile sea quien proponga salidas y arreglos, que Bolivia rechazará dejando siempre una puerta abierta. Bolivia no pueden proponer nada concreto ya que dentro del país no hay acuerdo respecto a que pedir y menos a que ofrecer en compensación.
– Tratará de introducir sus demás reclamaciones –Silala, Lauca- como posibles “compensaciones”.
– Si la negociación que incluya soberanía se ve imposible, optará por obtener algún tipo de presencia estatal boliviana en territorio chileno. En cualquier caso, de ampliar sustantivamente sus beneficios de tránsito y presencia en territorio chileno. De transformar los beneficios concedidos por Chile, en “reconocimiento” de los abusos y culpas chilenas.

Parece claro que el gobierno chileno cuenta con un sólido respaldo político interno para poner atajo a las peticiones bolivianas. El adversario está política y económicamente debilitado, enfrenta plazos perentorios y difíciles en su campaña para la reelección y está aislado en el ámbito político internacional.
Desde una perspectiva de mediano y largo plazo, para Chile es imposible negociar con un gobierno autoritario y carente de legitimidad frente a su propia ciudadanía, ¿qué valor se puede dar a acuerdos alcanzados con un gobierno como el de Morales?, ¿hasta dónde representa a la ciudadanía de Bolivia?.
Bolivia nunca asume sus compromisos en forma duradera ni definitiva, el próximo gobierno se sentirá, al igual que Morales, en condiciones de desconocer todo lo negociado y acordado, entonces, ¿qué sentido tiene hacerlo?.
Su mentalidad cultural determina sucesivos re inicios de los procesos, como un amanecer sucede a la noche anterior. Mientras no haya instituciones estables y lógicas comprensibles para nosotros, no hay nada que acordar con Bolivia si solo va a durar lo que la permanencia en el cargo de quien lo firmó.

DEFENSA: ¿Seriedad o mas de lo mismo?

Chile lleva demasiados años con una defensa sin dirección ni liderazgo político, mas allá de asegurar su control gubernamental mediante la restricción o generosidad presupuestaria.
La ausencia de política de defensa es una de sus manifestaciones mas tristes y dañinas.
Para que haya una política pública debe haber una decisión o conjunto de decisiones sobre el tema correspondiente, determinadas por la autoridad competente.
Esa decisión o conjunto de decisiones deben seguir un proceso formal, es decir, debe haber un procedimiento institucional que lleve a que ciertas iniciativas se transformen en una política pública.
La política pública de defensa es un conjunto de decisiones políticas, estratégicas y técnicas que avanzan en forma integrada y descendente desde la Presidencia hasta el Ministerio de Defensa, pasando por el Congreso, en una aproximación técnico – racional. Finalmente, es un proceso político con diversos actores interesados en su desarrollo y concreción, lo que demanda negociación y acuerdo entre las partes.
Una política de defensa, como todas las políticas públicas, es un “proceso y un resultado”, es una dinámica.
En Chile esto nos lleva a dos asuntos claves que aun no se resuelven y siguen trabando su modernización, a saber: la baja capacidad de los gobiernos para establecer políticas públicas y controlar su ejecución y resultados, y la carencia de un Ministerio de Defensa eficiente y realmente democrático.
Actualmente la necesidad de una política pública de defensa (o una Política de Defensa) se hace urgente por cuatro razones fundamentales:
 Porque existen carencias objetivas de probidad y eficiencia en la administración de los recursos asignados al sector;
 Porque no hay dirección ni control explícito de la defensa a nivel Presidencial.
 Porque existe evidencia objetiva de falta de autoridad, voluntad política y capacidad de la Gestión Ministerial, y
 Porque los actores con poder califican esta situación cómo problema público.
Es decir, se requiere una Política de Pública de Defensa porque diversos grupos políticos, sociales y militares consideran que la situación actual no es aceptable y que es necesaria una intervención de política pública para remediarla.
La solución de este problema comienza por resolver las dos carencias fundamentales ya enunciadas; a nivel Presidencial y Ministerial. En este sentido, muchas de las deficiencias sectoriales observadas por la opinión pública en la conducción de la defensa, como sueldos, pensiones, carreras, remuneraciones, eficiencia en la gestión de recursos, adquisiciones, dimensiones de las fuerzas, nivel de gastos, eliminación de la Ley Reservada del Cobre, probidad y otras son el resultado del potenciamiento mutuo de las carencias señaladas.
Un Ministerio de Defensa tiene dos funciones básicas; generar una política de defensa y dirigir la ejecución de la misma. Un Libro de la Defensa no es una política, es una forma de comunicar o socializar un conjunto de ideas, es una declaración de intenciones más o menos amplias. La Administración de la defensa, tampoco es una política, es una estructura de la misma.
Dada la complejidad de la realidad del tema que cubre, en la práctica se trata de un conjunto de políticas sectoriales o parciales que afectan a diferentes aspectos interrelacionados del sistema.

Para materializarla, el primer problema surge del hecho de que no todas las políticas pueden hacerse al mismo tiempo, es decir, hay que elegir cuales aspectos de la realidad van a ser modificados y determinar cuáles serán efectuadas simultáneamente y cuáles en forma secuencial. Luego, para cada una de ellas, hay que definir objetivos, indicadores que muestren el avance, estrategias para avanzar, reconocer las limitaciones impuestas por el medio y por las condiciones políticas, económicas y otras, identificar a los interesados y afectados y varios otros elementos comunes a la aplicación de cualquier política pública.
Los aspectos que deben interesar a un Ministerio de Defensa se encuentran en dos ámbitos: preparación de las fuerzas y el empleo de las mismas. La “preparación” a su vez se refiere a la gestión de activos como armas, infraestructura y personal y el “empleo” se relaciona con entrenamiento, despliegue y operaciones.
Lo indicado señala que el Ministerio de Defensa debe poder definir y llevar a cabo políticas en todos esos ámbitos. El mando militar, operativo y administrativo de las fuerzas militares en tiempo de paz debe ser ejercido por el Ministro de Defensa, apoyado por la Junta de Comandantes en Jefe y el Estado Mayor Conjunto.

Para “dirigir la ejecución” de las mismas, debe ser capaz de establecer una previsión sobre la aplicación y resultados de cada política en particular y del conjunto en general. Debe establecer objetivos claros y medibles, controles y sistemas de evaluación independiente de los ejecutores.
Respecto al “empleo” de las fuerzas, debe ser capaz de proveer las orientaciones, la conducción y la supervisión de las operaciones militares en la preparación de las fuerzas y en el cumplimiento de las funciones que le asigna la Constitución en los Estados de excepción que se dispongan.
En una situación de paz y baja conflictividad internacional como la que disfruta nuestro país, la primera prioridad la tiene la preparación de las fuerzas y es en este ámbito en que la Ley Orgánica del Ministerio de Defensa muestra debilidades insanables al no incluir, precisar ni formalizar instancias con las atribuciones y competencias necesarias en los ámbitos de material, personal, infraestructura, servicios comunes y funciones compartidas y la capacidad de evaluación de los resultados de las mismas brilla por su ausencia.
La función de empleo de las fuerzas, particularmente en paz, es un enredo mayúsculo en el cual se han combinado en forma perversa, la falta de liderazgo; la aversión al riesgo y a la responsabilidad de los Ministros de Defensa y los intentos ideológicos de desmantelar los mandos institucionales y transferir el mando a un comando conjunto que viene asegurar la invulnerabilidad del Ministro y excluirlo de toda responsabilidad y toma de decisiones, transformándolo en un espectador del actuar de las FFAA.

LA FILTRACIÓN DE INFORMACIÓN JUDICIAL RESERVADA. UN ABUSO HABITUAL.

El Octubre 5 de 2013 en este blog se publicó esta columna. Mientras se tratara de basurear a las FFAA, los abusos del sistema de ¿Justicia? Nacional no le importaron a nadie. Después vinieron los políticos, luego los empresarios y ahora tocamos fondo.
La columna decía:

“Dentro de lo que la prensa bautizó como “Caso Fragatas”, -la investigación llevada a cabo por el Fiscal de la Zona Oriente Carlos Gajardo, para esclarecer los posibles delitos ocurridos en el proceso de modificación de las estructuras de las fragatas adquiridas por Chile al gobierno de Holanda-, se dispuso la incautación de la información contenida en el computador de uno de los investigados, el empresario Guillermo Ibieta.
Este “disco duro” fue incautado por la policía civil y entregado a la Fiscalía Oriente para, se supone, su custodia y análisis para los fines de la investigación. Muy poco después, un periódico electrónico nacional dio a conocer que había tenido acceso a los 100.000 archivos de información referida a “transacciones bancarias, informes de ex marinos chilenos, recomendaciones de lobby para distintos proyectos y un contrato secreto de Asmar”. Y precisa aun más: “Se trata de sólo una muestra de lo que contiene el disco duro de este “intermediario” de cuyos 43 gigabytes (el diario electrónico citado) obtuvo una copia íntegra. La misma que está en manos del fiscal de la zona oriente Carlos Gajardo”.
Esta información fue el puntapié inicial para varias semanas de nuevas acusaciones periodísticas a todas las personas y organismos que tuvieron la desgracia de estar mencionados en los documentos de Ibieta que, por lo demás, nadie podía asegurar que dijeran la verdad o mintieran.
Los afectados fueron severamente vulnerados en sus derechos. Los antecedentes obtenidos por la policía se transformaron en instrumentos para juzgarlos y condenarlos frente a la opinión pública; fueron declarados culpables aunque la justicia los declarara inocentes, como en efecto ocurrió.

El procedimiento parece ilegal e inmoral, sin embargo lo más grave es que no se aclaró la fuga de información secreta desde la Fiscalía Oriente, desde la Policía o desde otra fuente, hacia el medio electrónico.
Pero es peor, esta situación, en si misma seria y preocupante, no terminó ahí. El fenómeno volvió a repetirse.

Dentro de la misma investigación, el Ministro de Fuero Manuel Antonio Valderrama Rebolledo y el Fiscal Metropolitano Oriente Carlos Gajardo, solicitaron al Ministro de Defensa amplia información respecto al proceso de adquisición de los buques y materiales conexos, la que fue entregada por el Comandante en Jefe de la Armada al Ministro de Defensa Nacional mediante el Oficio Secreto N° 4561/3079 del 25 de Junio de 2012, – junto a una carpeta con información clasificada como Secreto, respecto al cual se solicitó tener presente lo señalado en el Código de Justicia Militar, el Código de Procedimiento Penal y el Código Procesal Penal en cuanto a “evitar la divulgación de la información durante la investigación y substanciación del eventual proceso y que al término de éste, los antecedentes sean devueltos a la Armada”.

Pues bien, muy poco después, el mismo medio digital los dio a conocer, in extenso y completamente, en su publicación electrónica. De acuerdo a la ley, dentro de las 24 horas de haberse producido la publicación de estos documentos, y mediante ella, de haberse producido un eventual delito, las autoridades afectadas debieron haber interpuestos las denuncias correspondientes. En efecto, sea el Fiscal de la Zona Oriente o el Ministro de Defensa, Allamand, debieron haber procedido en la forma señalada. Nadie lo hizo.
Caben muchas preguntas, pero sin duda la primera y principal es saber la causa del aparente incumplimiento de la obligación funcionaria de diversas autoridades del Ejecutivo y también del Poder Judicial de denunciar posibles delitos que podrían involucrarlos a ellos mismos y llevar a cabo las investigaciones necesarias para identificar a los culpables, los responsables, sus cómplices y determinar las razones de la repetición de hechos similares que configuran graves violaciones a la seguridad de la defensa nacional, delito que en todo el mundo es sancionado con severidad.

Y sigue. En otra investigación posterior, referente a las responsabilidades de la forma caótica en que se manejó el terremoto y maremoto del 27 de febrero del año 2010, la fiscal Solange Huerta encargó a un equipo de la Policía de Investigaciones una completa indagatoria al respecto.
Esta vez, de nuevo, el primer informe, un voluminoso documento, fue “filtrado” a la prensa, es decir, los encargados de su custodia en la Fiscalía, el Juzgado, en la Policía o en otro lugar, nuevamente no cumplieron sus obligaciones y dieron la oportunidad a que comentaristas periodísticos inescrupulosos festinaran su contenido atribuyendo culpas, acusaciones e imputaciones de todo tipo a militares y ciudadanos que, otra vez, quedaron a merced, -indefensos e impotentes-, de este poder fáctico conformado por los administradores periodísticos de la información judicial reservada.
No es conducente cuestionar la libertad de prensa. Tampoco debilitar lo avanzado respecto a transparencia de los actos de las autoridades o funcionarios, pero es imprescindible el cumplimiento por parte de las autoridades Judiciales, Ministeriales, de la Policía y otros, de las normas legales que los obligan a denunciar, investigar y sancionar las conductas ilegales, abusivas y prepotentes de las autoridades en perjuicio de los ciudadanos de a pié, es algo que no puede ser tolerado. Menos la conformación de asociaciones ilícitas entre periodistas carentes de ética y traficantes de información reservada.
Mañana el afectado puede ser usted”.

Hoy día, con la hipocresía nacional características de nuestra sociedad, desde la Presidente para abajo, todos lloran por la demolición del prestigio y credibilidad del Sistema Judicial Nacional. Tarde.

CHILE – BOLIVIA: UN FALLO QUE NO CAMBIARÁ NADA

En toda situación de conflicto internacional es fundamental identificar con claridad la causa basal del enfrentamiento y cual es la situación final que cada parte quiere que quede establecida al término del mismo.

En el caso de Chile y Bolivia la causa es el choque entre dos objetivos políticos antagónicos y mutuamente excluyentes:
– Bolivia pretende que Chile le ceda una parte de su territorio para disponer de un acceso soberano y “útil” al mar. Un tramo de tierra que conecte a Bolivia con un puerto soberano en la costa del Océano Pacífico.
– Chile por su parte, pretende establecer una relación de convivencia mutuamente conveniente con Bolivia dentro de limites territoriales definidos, respetados y no cuestionados, en conformidad a los tratados vigentes.

La contradicción es evidente e insoluble ya que Bolivia no se contenta con nada menos que lo señalado y Chile no cederá nada de su territorio.

Bolivia inició su demanda con la reclamación de unos “derechos espectaticios” derivados de lo que consideró ofertas chilenas efectuadas en diversos momentos en el pasado.
Esta aproximación fue posteriormente superada y reemplazada por lo que estimaron una “obligación chilena de negociar con Bolivia una salida al mar”. Cuando se produjo el fallo la Corte Internacional de Justicia (CIJ) respecto a la objeción chilena a su competencia para intervenir en el caso -en que esta señaló que no podía disponer una negociación con un resultado asegurado- volvió a ser reemplazada planteándose un nuevo argumento en que torciendo los artículos 32 y 33 del fallo de la Corte, Chile tendría la obligación de dar un acceso soberano al Océano Pacífico a Bolivia, quedando por establecer -mediante negociaciones directas-, las eventuales compensaciones bolivianas.

En breve, actualmente Bolivia alega que Chile tiene la obligación de dar una salida soberana al mar para Bolivia y que solo falta negociar las condiciones en que ello se efectuará.

Tal y como se han dado los fallos de la Corte Internacional de Justicia ésta no producirá un fallo “en derecho” sino uno con una gran componente de “equidad” o “justicia”, según el criterio que los jueces consideren aplicar.
Tenemos que comprender que la Corte entiende el derecho no como una norma pre existente que se aplica a una situación particular sino como un concepto que se va “construyendo” en la praxis … y ellos lo hacen a través de sus fallos.

Esto significa que es probable que la CIJ falle señalando que Chile debe negociar con Bolivia un acceso al Océano Pacífico, de buena fe y dentro de un plazo razonable y dado que la Corte ya señaló que no está entre sus competencias disponer un “resultado” de la negociación, este debería surgir de la negociación misma.

Como las posiciones de ambas partes son completamente incompatibles, el fallo dará inicio a una nueva seguidilla de disputas respecto a que se entiende por “buena fe” y quién y cómo dictaminará que esa condición es respetada y cumplida por las partes; respecto a qué es un plazo razonable y a cómo salir de una situación en que Bolivia exige cesión territorial y Chile no cederá soberanía de ningún tipo. Nunca habrá acuerdo, inaugurando una nueva temporada de insultos bolivianos y negativas chilenas con sucesivos recursos contra Chile ante la CIJ, invocando el Pacto de Bogotá, tratando de retener la iniciativa y poner a Chile a la defensiva y sin posibilidad de actuar libremente.

Esta situación es reconocida por los políticos mas sensatos en Bolivia, según el ex Presidente boliviano Jaime Paz Zamora, “la negociación será larga, muy larga” y “dado que la Corte Internacional de Justicia no da mar porque no lo tiene, es Chile quien deberá hacerlo y eso requerirá su aquiescencia”; por su parte Carlos Mesa ex Presidente y miembro del equipo comunicacional de la actual administración boliviana, envía por la prensa el mensaje de que “él no ve a Chile abandonando una negociación”, es decir, intenta asegurarse que Chile no ponga fin al “diálogo de sordos” que se iniciará. Como se puede apreciar, ambos políticos bolivianos reconocen que el fallo no dará término a nada y abrirá una nueva, larga y estéril disputa que permitirá al actual y futuros gobiernos bolivianos disponer de un elemento de entretención y distracción político social y un instrumento de cohesión nacional durante muchos años. El Pacto de Bogotá se reforzará como arma a emplear contra Chile y las amenazas y acusaciones podrán multiplicarse.

Para Chile entonces el problema parece ser imponer y mantener su negativa a toda cesión territorial, permanentemente, en el corto, mediano y largo plazo apoyándose fundamentalmente en su estrategia tradicional: intangibilidad de los tratados y capacidad de disuasión creíble, sin cejar en los esfuerzos por mostrarle a los gobiernos y al pueblo boliviano que un acuerdo de amistad y cooperación es una alternativa siempre abierta y definitivamente mas conveniente para ambas partes.

Una estrategia de este tipo exigen la demostración continua y sin vacilaciones de una firme voluntad política de proteger nuestros intereses nacionales y una voluntad estratégica de no aceptar insultos, amenazas, provocaciones ni agresiones sin la correspondiente respuesta que haga difícil la vida de los agresores.
Es también fundamental que los chilenos comprendan claramente que aceptar las exigencias bolivianas significa modificar la geopolítica de las fronteras norte y noreste de nuestro país, añadiendo elementos de inestabilidad imprevisibles.

Desgraciadamente, dadas las características de la política boliviana, sea cual sea el resultado o fallo de la CIJ, sus consecuencias solo mostrarían pequeñas diferencias. En este sentido, el resultado del fallo no es trascendente.

El fallo desatará una violenta reacción boliviana tratando de transformar el fallo en un triunfo y de tratando de forzar a Chile a mantenerse dentro de las “negociaciones”. En realidad, su continuidad es la única posibilidad de Bolivia de mantener vigente el conflicto que busca. No importa que diga la Corte, mas allá de todas las consideraciones anteriores, Evo dirá que es una “victoria” que “obliga a Chile a ceder mar”.

No es descartable el inicio de un conflicto violento, de baja intensidad, materializado mediante fuerzas paramilitares o “cívicas” con movimientos sociales jugando el rol central. Este tipo de conflictos perfectamente manejable para fuerzas militares con las capacidades de las nuestras debe ser dirigido y administrado por un liderazgo político decidido, creativo y audaz. Sin duda nuestro servicio diplomático será sometido a exigencias poco habituales y en las cuales ha mostrado pocas destreza. Pero sobre todo, el instrumento mas potente y eficaz será la decisión de poner en acción todo nuestro poder político,diplomático, económico y administrativo.
Un último factor crítico es tomar y mantener la iniciativa, accionar no reaccionar, imponer nuestro juego y asegurar a Bolivia que toda agresión contra Chile tendrá un precio, inexorablemente.

Nuestro “estado político intermedio” o de transición será, por muchos años,
vivir con un problema controlado y controlable, mientras no lleguemos a una condición de buena voluntad y cooperación con Bolivia.
Si consideramos que el objetivo final y último de nuestra estrategia es “establecer una relación de convivencia mutuamente conveniente con Bolivia dentro de limites territoriales definidos, respetados y no cuestionados, en conformidad a los tratados vigentes” nunca debemos perder de vista que no habremos triunfado mientras no hayamos alcanzado esa condición de convivencia amistosa y mutuamente ventajosa. Que las elites y la ciudadanía boliviana acepten que no les conviene desafiar a Chile y que, por el contrario, nuestro país puede ser un apoyo estable, macizo y confiable para su desarrollo .

Sintetizando los elementos mas relevantes para difundir y socializar una estrategia como la descrita, pareciera que algunos puntos significativos a proponer a nuestra ciudadanía podrían ser:

– Buscamos una relación de cooperación y amistad con Bolivia. De desarrollo y prosperidad en asociación. De largo plazo y mutuamente beneficiosa a sus respectivos intereses.
– Chile no entregará soberanía, de ningún tipo y de ninguna forma y toda conversación bilateral comenzará y concluirá respetando esta decisión.
– Los tratados vigentes no serán cambiados ni irrespetados. Chile no hará proposiciones, Bolivia deberá plantear lo que le parezca conveniente y Chile aceptará o rechazará.
– Chile no acepta mediadores, acompañantes ni facilitadores de ningún tipo. El problema es y será manejado en forma exclusivamente bilateral.
– Chile se reserva el derecho a defenderse activamente de todo tipo de acciones en su contra: a defender su honor y buen nombre, a defenderse de ataques regulares o asimétricos, informales, abiertos y encubiertos, políticos y económicos, llevados a cabo por organizaciones del Estado Boliviano o de organizaciones de cualquier tipo que actúen desde territorio Boliviano.
– El ingreso a territorio nacional o la acción a distancia de fuerzas militares, paramilitares o civiles armadas desde Bolivia a territorio nacional será considerado casus – belli.
– Chile se marginará del Pacto de Bogotá, decidiendo libremente y caso a caso, si es que en el futuro opta por someter algún pleito a la Corte Internacional de Justicia.

DESAHUCIAR EL PACTO DE BOGOTÁ, AHORA

El día 5 de enero de este año 2018, un periódico gobiernista boliviano informó que “el canciller Fernando Huanacuni revela que el Gobierno y la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima (Diremar) analizan opciones para hacer respetar los derechos que Bolivia tiene sobre el río Lauca, desviado por Chile.
Tras 52 años, Bolivia recopiló antecedentes de las afectaciones en distintos ámbitos y ahora analiza las futuras acciones”.
A Huanacuni se le pidió que informara si “corresponde y diga si el país presentará una demanda por el desvío arbitrario, unilateral y abusivo de las aguas del río Lauca”; en su respuesta “deja entrever que uno de los fundamentos de la demanda estaría relacionado al hecho de que el agua es un derecho humano y que al tratarse de un río internacional, su uso debe ser equitativo; algo así como lo que argumenta Chile en su demanda por el Silala”.
Así, entre la ideología de los derechos humanos y el Pacto de Bogotá avanzamos hacia una nueva demanda boliviana contra Chile en la Corte de Internacional de Justicia.

Mientras tanto, en Chile, inmediatamente después de la elección del Presidente Piñera comenzaron los aprontes. Un distinguido analista señaló que “ya hay especulaciones en algunos medios sobre quien tendrá a su cargo la ejecución de nuestra política exterior, que el reelegido Presidente determinará; más quienes serán los Agentes, Coagentes, Asesores y demás involucrados en los dos pleitos, se mantengan los actuales, o se reemplacen o refuercen con nuevos aportes”. Ya que “Si bien todo aconseja una apropiada continuidad, no son cargos vitalicios, y cada administración tiene plena libertad decisoria”. Parece un tema técnico relevante, mas que nada, para los aspirantes a los cargos respectivos. Mas relevante para Chile es el diagnóstico, que muchos diplomáticos y abogados comparten: “En lo jurídico, habrá que evaluar con nuevos ojos el derecho internacional y sus rápidos cambios, evidenciados en las más recientes sentencias de la Corte, donde han predominado las soluciones equitativas, por sobre la acostumbrada rigidez clásica, como prueba irrefutable de su adecuación a nuevos tiempos. Más permeable a otros factores que ahora también se consideran, y donde el mayor valor de la justicia, se equipara en vigor, al estricto derecho que a cada parte pudiere corresponderle. De ahí que esta tendencia haya sido apreciada como una politización de la Corte, o dictación de sentencias salomónicas. No consideran, tal vez, que el derecho actual evoluciona y procura reevaluarlo, cuando la juridicidad haya derivado en una situación, que estando dentro de la legalidad, a lo mejor, podría llegar a un resultado injusto”, y concluye con una recomendación: “Dentro de este ámbito, es de esperar que no se insista en contrarrestarlo mediante la simplificación de continuar o denunciar el tan mencionado Pacto de Bogotá. Sólo nos da una de las competencias procesales para acudir a la Corte. En nada influye en los pleitos pendientes, ni en la jurisdicción del Tribunal que tantos otros acuerdos contemplan. Además, podría interpretarse como una debilidad de nuestra parte, o muestra de molestia o desconfianza, que la Corte no pasaría por alto, y eventualmente, reflejar en sus fallos”.

Entre todos estos considerandos pasa suavemente el hecho de nos asociamos a una corte que fallaba “en derecho” que ahora se ha transformado en otra que lo hace “en justicia”. Lo que sea que los jueces interpreten por tal cosa.

La Corte ha cambiado la doctrina que fundamenta sus fallos, por si y ante si, sin consultar a los afectados que voluntariamente se someten a su jurisdicción. Peor aun, aplica de facto su nueva doctrina sin ni siquiera advertir a sus usuarios respecto a este cambio. Por otra parte ¿es acaso agraviante el que Chile manifieste su molestia o desconfianza a una Corte que ha procedido con esta arbitrariedad?, y aun si fuera percibido como agraviante, ¿podemos posponer los intereses de Chile en beneficio de una prudencia pusilánime?.

¿Por qué estamos en la Haya?. Existen varias maneras de enfrentar y resolver las disputas internacionales y Chile al suscribir el Pacto de Bogotá se limitó voluntariamente y en forma exclusiva a una sola de ellas: el arreglo judicial internacional basado en la Corte Internacional de Justicia (La Haya). Esta fue una elección política y no un mandato divino. Así como ingresamos podemos salirnos.

Las razones para hacernos partes del Pacto de Bogotá fueron básicamente dos: primero una presunta doctrina legalista y americanista que pretendía erradicar las relaciones de poder entre los estados de la región y reemplazarlas por un sistema de arbitraje judicial internacional obligatorio y segundo, por esas vía buscar una forma de sustraerse a las presiones militares y políticas a que los gobiernos argentinos nos sometían periódicamente para dar satisfacción a su política bioceánica, es decir de salir soberanamente al Pacífico por territorio chileno.

El conflicto del Beagle puso a prueba esta ilusión y resultó un fracaso: El 18 de febrero de 1977 un tribunal formado por miembros de la Corte Internacional de Justicia y leído por la Reina de Gran Bretaña, la misma corte que ahora juzga el pleito con Bolivia, aclaró que las chilenas “las Islas Picton, Nueva y Lennox y los islotes y rocas dependientes de ellas” en un fallo inapelable y de cumplimiento obligatorio para las partes, y el 25 de enero de 1978 Argentina declaró “insanablemente nulo” el Laudo y que debía “ser considerado inadmisible e inválido en si mismo”. Chile señaló su intención de ir unilateralmente -al igual que Perú lo hizo contra nuestro país – a la Corte Internacional de Justicia (La Haya) y Argentina declaró que eso constituiría casus belli, es decir causa inmediata de guerra.

Y no pasó nada. Nadie dijo nada. Nadie hizo nada. Las grandes potencias guardaron silencio, los hermanos latinoamericanos miraron en diversas direcciones y Chile debió enfrentar la crisis solo con sus recursos de poder. En breve, cuando lo necesitamos el Pacto de Bogotá no nos sirvió.
En el caso del conflicto por el Canal Beagle con Argentina luego del desconocimiento del fallo pasamos por las Negociaciones Directas y terminamos con una Mediación llevada a cabo por el Papa Juan Pablo II. Y si no hubo guerra no fue gracias al sistema jurídico internacional sino al poder y la voluntad de lucha mostrada por el Gobierno y el Pueblo de Chile.

Ese mismo Pacto es el que permitió a Perú llevarnos a un juicio en forma unilateral y a un fallo increíble, en la cual la Corte Internacional de Justicia validó todas nuestras razones jurídicas e igual nos despojó de un amplio espacio oceánico incuestionablemente chileno.
Ahora Bolivia lo está usando para intentar obtener ventajas a nuestra costa. Tanto Perú como Bolivia tienen en el Pacto de Bogotá una herramienta que les permite plantear pedidos sin arriesgar nada.
En breve, el Pacto de Bogotá no nos protege de las presiones argentinas y nos abre a una condición de vulnerabilidad ante las peticiones de Perú y Bolivia. Por otra parte, durante los años 1966 y 1967, cuando el gobierno de Perú presidido por el general Juan Velasco Alvarado se sintió fuerte, intentó agredirnos, lo que lo hizo desistir no fue la Corte Internacional de Justicia sino que nuevamente, el poder y la voluntad de lucha mostrada por el Gobierno y el Pueblo de Chile.
¿Por qué entonces renunciar a todas las demás formas de negociación de conflictos y quedarnos con una que no nos sirve frente a ninguno de los tres vecinos?

Cuando las relaciones entre países se dan en términos políticos, el poder militar constituye uno de los elementos del poder nacional y cuando las resolución de las disputas entre estados se entrega a un tribunal internacional, se renuncia al empleo de esos poderes y se confía tanto en la justicia y neutralidad del tribunal como en que la contraparte cumplirá el fallo. En este segundo caso, al menos en teoría, la fuerza no sería necesaria.
La realidad muestra que con alarmante frecuencia los estados más fuertes, que se creen más fuertes o se mueven con más audacia en el ámbito de las relaciones exteriores no respetan los fallos sea porque rechazan los mecanismos judiciales acordados o porque rechazan los fallos cuando éstos no los favorecen. Nuestra historia pasada y reciente muestra que al final Chile cuenta solo con sus propios recursos de poder para defender su integridad y honor.
Recientemente un periodista nacional experto en relaciones internacionales proclamó la inutilidad de las fuerzas militares chilenas porque su existencia no había sido capaz de disuadir a tres gobiernos de Perú de llevarnos unilateralmente a La Haya. El experto olvida o desconoce dos elementos fundamentales del problema. 1.- Chile, al suscribir el Pacto de Bogotá, renuncio a la auto defensa de sus intereses y entregó esta tarea a un Tribunal Internacional y 2.- La disuasión exige dos elementos que actúan juntos: le existencia de fuerzas militares capaces y creíbles, y la voluntad del liderazgo político, que en el caso que analizamos brilló por su total ausencia.
En 1975 y 76 con Perú y en 1978 con Argentina, Chile tenía fuerzas militares muy débiles y un liderazgo político fuerte, decidido y valiente, en el caso Boliviano hemos tenido FFAA fuertes y un liderazgo político vacilante, en estado mental de negación.
Chile es un país serio, que cumple sus compromisos y respeta su palabra, para no volver a vernos entrampados ante maniobras de otros estados menos escrupulosos, debemos comenzar por recuperar el manejo de nuestras relaciones exteriores, mejorar los procesos de políticas públicas de seguridad y defensa, abandonar las ilusiones ideológicas y ajustarnos más a las realidades del mundo como es y no como nos gustaría que fuera.