Errores del Plan de la Onemi

El 12 de marzo del 2002 mediante el Decreto N°156, firmado por Ricardo Lagos Escobar como Presidente de la República; José Miguel Insulza como Ministro del Interior y Michelle Bachelet como Ministro de Defensa, fue aprobado el Plan Nacional de Protección del Ministerio del Interior. En el se declara que las consideraciones fundamentales para reemplazar el Plan existente desde 1977 son la “necesidad (de) implementar un nuevo Plan que consulte los aspectos preventivos, de mitigación, de preparación y alertamiento temprano, respondiendo a los compromisos internacionales suscritos por Chile” y la necesidad de adecuarse al “proceso de modernidad y rediseño de la Administración Pública en que se encuentra empeñado el Supremo Gobierno …”.

El primer artículo del Decreto dispone taxativamente que todos los organismos “dependientes o relacionados con el Estado y las empresas del Estado, conformarán su acción a las directrices indicativas que se imparten en el plan aprobado y darán estricto cumplimiento a las tareas que a ellos se les asignan”, con lo cual todas las acciones quedan supeditadas a la disposición o autorización desde el puesto de mando central: la Onemi.

En efecto, el artículo tercero establece que “El Ministerio del Interior adoptará las medidas tendientes a obtener la integral y oportuna aplicación del Plan Nacional de Protección Civil, mediante la coordinación que, conforme a su Ley Orgánica, corresponde ejecutar a la Oficina Nacional de Emergencia”. Esta centralización, en un plan de emergencia, en que la posibilidad de interrupción total y prolongada de las comunicaciones es casi segura, elimina la capacidad de las organizaciones, particularmente de las FFAA, para aplicar iniciativa y emprender acciones en los lugares incomunicados, en ausencia de órdenes de la Onemi / Ministerio del Interior. Para peor, el dictamen de la Contraloría Nº 42.822, emitido el año 2008, prohibió taxativamente a las FFAA intervenir en todo asunto que involucrara a civiles, sin orden previa del gobierno.

El Plan, en su Presentación identifica algunos desastres a ser considerados:

“terremotos, sequías, inundaciones, erupciones volcánicas, incendios urbanos y forestales, accidentes químicos, deslizamientos, aludes, etc., (que) son recurrentes en Chile”.

A continuación explica que la experiencia nacional está asociada a sus “impactos inmediatos” materiales y humanos  y a las “secuelas” que afectan a la calidad de vida, y destaca la necesidad de poner también un fuerte énfasis en la administración y manejo de riesgos, como estrategia efectiva de “prevención”.

Aquí encontramos el primer error que se irá agravando a medida que se desarrolla el Plan. En efecto, como se aprecia, el Plan considera tres tiempos secuenciales: prevención, impacto inmediato y secuelas, que son correctos para los ejemplos de catástrofes identificadas en el plan, pero que no son aptos para enfrentar un tsunami que requiere de un elemento específico fundamental que debe ser llevado a cabo con la máxima eficiencia en el lapso entre las medidas de prevención (pre catástrofe) y el impacto inmediato de la misma (pos catástrofe): la emisión de órdenes de alerta, alarma y evacuación, que deben llegar a todos los potenciales afectados, en cuestión de minutos y previa evaluación del Mando centralizado: la Onemi.

En la parte II, Antecedentes, se señala que la Protección Civil es responsabilidad del Estado y por extensión, del Gobierno que lo administra y dirige. Explica que el Ministerio del Interior tendrá a su cargo la planificación y coordinación de las actividades necesarias y que “las funciones que competen al Ministerio del Interior … serán ejercidas por éste a través de ONEMI”. “La creación de este órgano técnico especializado refleja la permanente preocupación del Estado de velar por el desarrollo de la protección civil, incluidos sus aspectos de prevención de desastres y de coordinación de las actividades de las entidades públicas o privadas, relacionadas con la temática, y del empleo de los recursos humanos y materiales disponibles”. En breve, la autoridad central -el Ministro del Interior- asume sus tareas a través de un organismo ad- hoc -la Onemi- que debe coordinar el accionar de todos los organismos técnicos participantes.

El Ministerio del Interior / Onemi, actúa a través de los Intendentes y Gobernadores y las Municipalidades, bajo su dirección, pueden “apoyar” su trabajo.

Esta parte concluye señalando que la ONEMI, en uso de sus atribuciones legales, “dispuso la constitución de Comités de Emergencia Regionales (C.E.R.), Provinciales y Comunales, con el carácter de comisiones de trabajo permanentes, presididos por el Intendente, Gobernador o Alcalde respectivo, y la constitución de los Centros de Operaciones de Emergencia, (C.O.E), esto es, un lugar o espacio físico que debe ser habilitado por la respectiva Autoridad Regional, Provincial y Comunal, para que se constituyan en él, en su oportunidad, las personas encargadas de administrar las emergencias o desastres que se produzcan y de adoptar o proponer, según proceda, las medidas de solución que de tales eventos se deriven”.

Esta parte es clave, ya que sitúa claramente las responsabilidades de planeamiento en los C.E.R. que luego llevan a cabo sus funciones operativas desde los C.O.E..

Las emergencias,  en su planificación y en su operación son administradas por los Intendentes que actúan desde instalaciones de mando ad-hoc, dispuestas por ellos.

En la parte IV. Marco Conceptual, el Plan insiste en que “la protección a las personas”, es ejercida bajo la coordinación de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior, ONEMI y ella implica la “ejercitación”. Que es bien sabido que en la zona en que ocurrió el tsunami, no se hizo.

Los CER se relacionan con las organizaciones públicas y privadas que proporcionan los medios humanos y materiales para “hacer cosas”, mediante los  Comités de Protección Civil, conformados por las “instituciones y organismos públicos y privados, que por mandato legal, competencia o interés, puedan aportar a la gestión de protección civil”.

Y dispone que “debe constituirse Comités de Protección Civil a nivel Nacional y en cada Región, Provincia y Comuna del país, siendo presididos cada uno de ellos, según corresponda, por el Ministro del Interior, por el Intendente Regional, Gobernador Provincial y Alcalde respectivos, quienes tendrán la facultad de fijar, por resolución fundada, las normas especiales de funcionamiento de los mismos, convocar a los miembros que los integrarán y el orden de subrogación. Estos Comités de Protección Civil, entre otras tiene la tarea “Mantener permanentemente operativas las instalaciones y servicios anexos de apoyo a las actividades a desarrollarse en el Centro de Operaciones de Emergencia, C.O.E.”

Deberán estar representados en estos Comités los servicios, organismos, cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros del área jurisdiccional respectiva, e instituciones de los sectores públicos y privados que, por la naturaleza de sus funciones e importancia de sus recursos humanos y materiales disponibles, sean necesarios para la prevención de riesgos y solución de los problemas derivados de emergencias, desastres y catástrofes”.  Otra vez de olvida la emisión de alertas y alarmas de tsunamis y de evacuación.

Se puede apreciar que las FFAA no participan como organizaciones estructuradas sino solo con los elementos que puedan existir normalmente en la zona de la catástrofe; a nivel nacional, la relación fuerzas militares – Onemi se concentra en la persona del Jefe del Estado Mayor Conjunto, cuando éste reciba las tropas y medios que el ministerio de  Defensa disponga para que concurra en apoyo de las intendencias. Es decir, los Comandantes en Jefes y la estructura de mando, coordinación y control institucional quedan desvinculadas de la crisis, así como sus medios logísticos, de comunicaciones y otros que no sean asignados al Jefe del Estado Mayor Conjunto.

Esta curiosa organización “desarma” las instituciones, deja afuera a sus Comandantes en Jefes y desarticula su forma normal de actuar, instalando una organización de tarea artificial y sin capacidad real de mando y control, al poner a fracciones de las mismas bajo el mando de la Jefatura del Estado Mayor Conjunto, dependiente directamente del Ministro de Defensa, que funciona solo cuando se le asignan medios es decir, en una base ad-hoc y obviamentedespués de la catástrofe.

En el caso del terremoto y maremoto del 27 de febrero del 2010, los CER no funcionaron desde sus COE, el Jefe del Estado Mayor Conjunto no pudo mandar ya que no tenía tropas ni medios asignados en ese momento y los Comandantes en Jefe estaban prohibidos, por el mismo Plan, de intervenir con sus medios. Como si fuera poco, el Ejecutivo no declaró Estado o Zona de emergencia hasta el día siguiente. Declaración que habría permitido  a las FFAA actuar en la protección de la ciudadanía.

Cuando se produce una emergencia, la alarma la constituye la misma emergencia. Un terremoto, por el movimiento de la tierra; una erupción volcánica, por el penacho de magma saliendo por la boca del volcán; una inundación, por la invasión del aguas. ¿Y los maremotos?. No cabe duda que los maremotos pueden estar asociados al movimiento de la tierra y ser percibido por las personas, pero también puede no serlo, también puede haber terremotos sin maremotos. En todos estos casos, alguien debe evaluar si se da o no alarma y orden de evacuación. Esa autoridad es el Ministerio del Interior / Onemi. Pregunta, ¿Cómo considera el Plan que se ordenarán ambas acciones, a todo Chile, incluyendo caletas y poblados, desde el nivel central en Santiago, en cosa de minutos?. No había ningún procedimiento que permitiera asegurar que eso ocurriera.

Una vez producida la alarma que, reitero, no estaba considerada para los tsunamis, se constituían los COE, para iniciar el manejo de la crisis. Al respecto el Plan dispone: “El Ministro del Interior, Intendentes Regionales y Gobernadores Provinciales y Alcaldes dispondrán la habilitación, en la ciudad donde tengan su asiento, de un “Centro de Operaciones de Emergencia”, C.O.E., que corresponde a un lugar físico que debe contar con las facilidades necesarias de comunicación para centralizar la recopilación, análisis y evaluación de la información de modo que permita, de acuerdo al tipo de evento destructivo realizar las coordinaciones, tomar decisiones oportunas y precisas, diseminar información procesada a los servicios técnicos ejecutores, autoridades superiores y medios de comunicación social”. Esto subraya lo absurdo de la acción del Intendente de Concepción llamando por teléfono al Comandante en Jefe de la II Zona Naval, preguntándole si iba a haber maremoto, cuando -de acuerdo al plan- era el SER / COE / Intendente quien debía llamarlo para informarle el resultado de la decisión de la Onemi y suya.

El Shoa, por su parte, debía reportarse a la Onemi y desde allí recibir las informaciones de terreno aportadas por las intendencias, gobernaciones y alcaldías, para corroborar sus predicciones teóricas, instrumentales, con la realidad observada por las personas. Eso ocurrió en forma intermitente, tarde, en forma incompleta o no ocurrió. ¿Cómo iba a ocurrir si los COE nunca funcionaron?

El Plan continúa: “El local, los elementos de trabajo, útiles de escritorios y demás que sean necesarios para el funcionamiento de los Comités de Protección Civil y Centros de Operaciones de Emergencia, serán suministrados a nivel nacional por ONEMI y a nivel regional, provincial y comunal, por la Intendencia Regional, Gobernación Provincial y Municipalidad respectiva. En esta parte, se omite el elemento clave: comunicaciones. Lo peor: el equipamiento, cuando existió, fue escuálido o insuficiente. Y en todo caso, inadecuado para emitir alertas y alarmas.

Un periodista poco serio, sin haber leído el Plan, se sorprende y acusa a las Capitanías de Puerto por no “organizar la evacuación”. Primero, no estaban autorizadas para hacerlo; segundo, los COE nodeclararon alrtas ni evacuación; tercero, las que recibieron información directa del Shoa, podían podían alertar a los buques navegando y a los capitanes de los buques en puerto –Lota Talcahuano, San Vicente, San Antonio, entre las principales- a los que se les ordenó zarpar, cosa que la mayoría hizo. Pero no tenían ninguna atribución para disponer ni menos organizar alertas y evacuaciones de la población civil. ¿Por qué la II Zona Naval recibió información del Shoa?: porque está en la red de comunicaciones marítima de alerta a los buques navegando y en puerto. ¿Por qué no advirtieron a la población de Talcahuano?; porque el Plan lo prohibía expresamente, eso lo debía hacer la Onemi vía Intendencia. Sus atribuciones se limitaban a advertir a los buques.

Que la justicia y la prensa no se agoten en buscar culpables entre los ejecutores antes de analizar con cuidado el Plan pergeñado por las altas autoridades desde el 12 de Marzo del 2002 , concentradas más en la distribución de poder y manejo de fondos que en producir resultados que satisficieran el Bien Común. La justicia en Chile es inescrutable e incomprensible para el ciudadano común: El ex Ministro Pérez validó el plan, no proveyó los medios que insistentemente solicitó la ex Directora de la Onemi y se presentó tarde a cubrir su puesto en la Onemi: fue declarado inocente de todo. El Subsecretario Rosende llegó a la hora a su puesto para situaciones de emergencia, se hizo cargo de un plan inoperante y sin los medios necesarios para hacerlo funcionar: fue declarado culpable -el que ahora haga hara kiri para apoyar a su candidata presidencial es harina de otro costal-.

El Decreto Exento N°760 del 25 de febrero del 2010 firmada por los Ministros Edmundo Pérez y Francisco Vidal es una muestra clara de la voluntad gubernamental de acaparar poder aun creando esquemas operativos absurdos. En él se establece una comunicación directa entre la Onemi y el Estado Mayor de la Defensa, para que éste disponga personal y capacidad de transporte de carga a disposición  de la Onemi, como únicas tareas asignadas a la defensa nacional en caso de catástrofe, excluyendo en forma completa a las FFAA, como si ellas no tuvieran nada más que hacer y aportar cuando la población es sometida al violento estrés de una catástrofe. Esa aberración fue abolida por Decreto Exento N° 889 del 16 de marzo del 2010, firmado por los ministros Ravinet y Hinzpeter.

Lo que mató a esas 181 personas fue un plan absurdo, hecho con un criterio ideológico de marginación de las FFAA. Apuntado a producir efectos mediáticos mediante la repartición de carpas, mediaguas y frazadas a los damnificados de algún evento menor.

 

Hegemonía cultural de la izquierda

Hace poco Ernesto Ottone nos decía que el cambio de hegemonía en Chile ya había ocurrido y que había sido en beneficio de la izquierda.

En lo económico y social la idea de progreso vía iniciativa, esfuerzo personal y libre competencia habría dado paso a una valoración social generalizada del protagonismo del estado para marcar el rumbo del desarrollo de la sociedad y las personas, ahora solo con una complementación del sector privado.

Ya habría sido superado “El Chile que hizo las reformas que llevaron a su temprana integración a la nueva economía mundial y a desarrollar una visión de lo social como alivio del fenómeno de la pobreza, una acción social apenas subsidiaria del Estado” en que “la idea del Estado de bienestar era vista como una peligrosa perversión maximalista; (en que) las políticas sociales estaban destinadas a ayudar a quienes quedaban a la vera del camino; (donde) la protección social, las pensiones, la salud y la educación abrían sus puertas a la gestión privada (y en la cual) la tesis de que la protección social se resolvía por la vía de los seguros privados ganó fuerza y espacio”.

Sin perjuicio de lo señalado, Ottone reconoce que “Medida por los mismos instrumentos, la pobreza en Chile ha bajado desde 38,6% a 13,7%; la indigencia desde 13% a 3,2%. Ello, entre 1990 y 2006. … Hacia 2006, Chile era el país de América Latina que mostraba el menor porcentaje de población viviendo bajo la línea de pobreza. Pero no sólo eso: Chile, además, ha sido el país que, desde 1990 a la fecha, más ha reducido los niveles de pobreza en América Latina.

Con el tema de la desigualdad, aunque alguna gente diga que nada ha

cambiado, también es posible apreciar cambios, aunque modestos”.

No me parece que los cambios hayan sido tan modestos y para ser veraces, los cambios  más significativos, -como Salvador Valdéz responde a Ottone en “El Chile que viene”-, se hicieron a partir de 1975 durante el gobierno militar, “bajo la dirección de Miguel Kast y apoyados por Pinochet”.

Pero los cambios que de veras importan a la izquierda, son los políticos. La hegemonía que realmente los emociona es la hegemonía ideológica.

En las últimas semanas hemos podido leer una variedad de “nuevas verdades” que están comenzando a ser materializada por los “hegemones” de la izquierda.

Una enérgica partida la marcó Santiago Escobar en El Mostrador: “¿Qué fue lo que impulsó a que militares violaran a mujeres indefensas, asesinaran niños, torturaran a miles de personas o simplemente las ejecutaran y las hicieran desaparecer? ¿Cuál formación ética o doctrinaria permite que tales actos pasen a ser considerados operaciones militares, se transformen en hechos habituales, y den paso a una pedagogía del terror en contra de los ciudadanos de un país? Peor aún, ¿bajo cuáles circunstancias un mando militar olvida lo más esencial de su profesión, que es proteger a la población y se dedica a exterminar adversarios políticos?”.

Las tintas están cargadas y varias afirmaciones son, por lo menos, discutibles. Solo un ejemplo: para proteger a la población a veces hay que reprimir temporalmente a los enemigos de la libertad que quieren constituirse en sus represores permanentes. Una versión perversa de lo mismo la constituyen Fidel Castro y Margot Honecker, esta última huésped de honor de la izquierda local. También están varios expertos nativos -devenidos empresarios y miembros de directorios-, a los que los militares no les dieron tiempo ni oportunidad para poner en práctica sus ideas de control popular.

Lo que Escobar denuncia es detestable, pero es un asunto bastante más complejo. Cabe preguntarse cómo fue que ejércitos democráticos como el francés y el norteamericano cayeron en comportamientos tanto o más graves. Sin mencionar a los ejércitos “populares”, como el cubano con su paredón infame o los de la Unión Soviética con su gigantesco Gulag.

Él lo atribuye a la “locura moral” que hizo presa de los militares chilenos y “Si un loco moral que cometió delitos de lesa humanidad sigue ostentando grados y emblemas que solamente corresponden a militares de honor, aún estando preso o muerto, continúa manchando a su institución. Significa también que ella está confundida, y que ha sido y es incapaz de simbolizar en la condena de esas conductas, con hechos concretos, —por más difíciles que sean— los límites que un militar no puede transgredir”. A continuación demanda la degradación militar y la pérdida de todos sus grados, honores y reconocimientos para Augusto Pinochet y Manuel Contreras.

Y describe la locura moral: “Un loco moral es, según el criterio más extendido, un sujeto que teniendo todas sus funciones psíquicas aparentemente normales y poseyendo una inteligencia normal —o incluso superior— se comporta de un modo contrario a las normas morales, premeditadamente y sin necesidad, porque aún cuando conoce, por así decirlo, el código de la moral, le falta sentirlo para creer en él” (p. 91, Manual de Psicología Jurídica, Salvat 1932).

El comportamiento de Salvador Allende cae bastante bien en esta definición, su forma de burlarse de “los límites que un político no puede transgredir” quedan de manifiesto en su forma de entender y cumplir el “Estatuto de Garantías Constitucionales” a que se comprometió con la Democracia Cristiana para hacerse del poder y que luego, ante Regis Debray, reconociera como “solo una necesidad táctica” justificada con un cínico: “ponte tú en las circunstancias”. Qué decir de su torpe intento de embaucar a las FFAA para que le hicieran la revolución que él mismo era incapaz de sacar adelante. Este loco moral tiene monumento en la Plaza de la Constitución.

Para la izquierda, Pinochet y los militares son instrumentales, lo relevante es recuperar “los ideales de Allende”, resucitar la revolución y eso pasa por demonizar al Gobierno Militar y de ahí pasar a la desligitimación total de la democracia y el caricaturesco modelo neo – liberal. Los nuevos “hegemones de la izquierda” buscan dejar establecido que el gobierno militar interrumpió la exitosa marcha de un gobierno popular y democrático y no la del fracasado  gobierno violento, sectario y lleno de odio que los chilenos vivimos y sufrimos.

Carolina Toha, alcaldesa de Santiago, en una columna aparentemente pía y conciliadora nos instruye sobre su “nueva verdad”: “A partir del 11 de septiembre de 1973, Chile se transformó en un país donde las reglas de la convivencia, del derecho y de la República fueron borradas. Perdió sus referencias, sus coordenadas, su identidad. Mientras más nos alejamos de esa mañana del 11 de septiembre, más nos damos cuenta de lo profundo y radical que fue el quiebre de nuestra nación”. Probablemente entre los años 70 y 73 era muy joven para darse cuenta de las realidades nacionales, pero un breve repaso de lo dicho, escrito y hecho por las autoridades de la época, la ayudaría a no caer en falsedades tan burdas.

Concluye con una expresión conmovedora: “Chile ha hecho un gran ejercicio de memoria en estos días: mirar el pasado, asumir su dolor, sin miedo, para ir dejando de lado eufemismos y medias verdades, para que el futuro vuele alto y sea construido por todos los chilenos con la fuerza de un país que aprendió de su historia”.

Difícilmente el país va a aprender de su historia si sus intelectuales y líderes demuestran no solo no haber aprendido nada, sino que continúan engañándose a si mismos y a los nuevos incautos que los siguen; cuya elasticidad moral les permite maldecir a Pinochet mientras protegen a Margot Honecker para que continúe pululando en nuestra ciudad; que lucharon por la democracia en Chile desde sus refugios en Cuba y la República Democrática Alemana sin percatarse de la existencia de la Stasi; que siguen adorando al Che Guevara que inspiró su actuar revolucionario en esta joya del humanismo y la democracia: “El odio como factor de lucha, el odio intransigente al enemigo, que impulsa más allá de las limitaciones naturales del ser humano y lo convierte en una eficaz, violenta, selectiva y fría máquina de matar. Nuestros soldados tienen que ser así: un pueblo sin odio no puede triunfar sobre un enemigo brutal”. Es una declaración que Contreras probablemente comparta.

Camila Vallejos -revolucionaria y candidata a diputado- por su parte, hace las mismas piruetas verbales que escuchamos en esos años a sus predecesores en el Partido Comunista: “El pueblo tiene derecho a combatir en masa la violencia estructural que existe en la sociedad. Y nosotros nunca hemos descartado la posibilidad de la vía armada, siempre y cuando estén las condiciones. Sin embargo, en este momento, ese camino está totalmente descartado, porque la tensión que hoy existe es neoliberalismo versus democracia”. ¿En qué quedamos?, ¿votos o balas?: ¡depende de las condiciones!.( a propósito, ¿qué será de las armas de Carrizal Bajo?, ya nadie las busca)

La nueva “hegemonía” de la izquierda apunta ahora ya no solo a implantar su verdad, ya lo hizo, ahora pretende que los calumniados la validen. Y seguirán repitiendo sus medias verdades / medias mentiras para que el tema no se olvide, su hegemonía se solidifique y les siga siendo rentable. Ahora a prepararse para la conmemoración de los 45 años, próximos a las elecciones de 2017.

“Siglo XXI”, el think tank socialista arrastró al CEP hasta su territorio y le dio una paliza intelectual. Antes citaba a los candidatos socialistas para tomarles examen, ahora invita a Bachelet y a Vallejos para conseguir ser “cooptados” por la izquierda. Fueron “hegemonizados”.

Si las FFAA gozan del respeto y cariño de la inmensa mayoría de los chilenos no es gracias a los desvelos de la izquierda ni del Presidente Piñera. Cuando éste último saca lustre a su voto por el “no”, apunta con el dedo a los “cómplices pasivos”, se luce con su condición de cuasi “detenido desaparecido” e incumple sin atenuantes sus compromisos electorales de justicia para los militares prisioneros, está repitiendo el comportamiento pragmático que le permitió enriquecerse aprovechando las condiciones creadas y mantenidas por los militares, mientras otros políticos se la jugaban apoyando al Gobierno Militar para sacar a Chile del hoyo en que lo dejó la UP, enfrentaban una seria amenaza de guerra con Perú en 1975 y 1976, combatían el regreso de los terroristas con apoyo soviético y cubano -contrabando de armas incluido-, otra amenaza de guerra con Argentina en 1977 y 1978, en medio de un feroz embargo de armas y dos crisis económicas muy dañinas para Chile.

Desde hace años la derecha política, carente de líderes, se debe resignar a seguir a caudillos antropófagos que no respetan a quienes votan por ellos. La derecha económica sigue soñando que tiene poder porque tiene dinero, cuando la verdad es exactamente al revés: tiene dinero porque el Gobierno Militar los proveyó de un ambiente en el cual pudieron enriquecerse y cuando heredaron un poder que no merecían, no lo supieron emplear para el bien de los chilenos y no han sido capaces de conservarlo. Más temprano que tarde el fin de la libertad matará sus negocios.

Y todo Chile estará “hegemonizado”.

 

Celac – La próxima cumbre en Macondo

CELAC surgió como idea el 23 de febrero del año 2010 a partir de la fusión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CLAC) y del Grupo de Río, como un “espacio regional propio que una a todos los estados”. En principio consistiría en una organización sin estructura, sin funcionarios y sin sede, que sesionaría una vez al año. En pocas palabras, sería el nombre de una cumbre regional sin “extraños” y sería un organismo “paralelo y complementario” a la OEA.

Chávez le dio otro carácter. En la reunión de Julio del 2012 en Caracas expresó que: “Este es el evento político de mayor importancia y de mayor potencial de transcendencia de todos los que han ocurrido en esta América nuestra en cien años y más”, “Ha nacido un gigante”, y agregó que la CELAC acabará reemplazando a la Organización de Estados Americanos (OEA) como la principal institución regional.En esa misma reunión no se pudo llegar a acuerdo respecto a “la cláusula democrática” de la organización; el proceso de toma de decisiones del bloque -por consenso o por mayoría-, y lo más importante, respecto a la relación CELAC – OEA.

Según Venezuela la Organización de Estados Americanos ya cumplió su ciclo y ahora es el tiempo de la CELAC. Nicolás Maduro en su carácter de vocero de la CLAC dio por muerta a la Organización de Estados Americanos. Para México este es un proceso complementario para enfrentar asuntos regionales de manera conjunta, sin que haya una participación directa de países de otras regiones. Según Correa, de Ecuador, la CELAC debe “reemplazar” a la OEA. Para Cuba, se trata de “crear nuestro organismo sin tener que esperar a que otros nos convoquen”. El canciller de Costa Rica, Enrique Castillo, dijo que la CELAC debería ser un “mecanismo de diálogo y concertación, una organización –agregó– tiene otras connotaciones, significaría edificios, plantilla de personal y burocracia que a nosotros como región no nos conviene, porque es duplicar otras organizaciones que ya existen”. Chile, Colombia, Brasil y Argentina rechazaron la idea de que CELAC reemplazara a la OEA. Como se puede apreciar, fuera de Venezuela y Ecuador hay pocos interesados en construir una nueva organización y menos una antagónica a los EEUU. Mal que mal un tercio de los países que conforman la CELAC tienen Tratados de Libre Comercio con EEUU y los 33 países que lo integran, con excepción de Cuba, forman parte de la OEA.

Chávez ha sido, en los últimos años, el arquitecto de una serie de instituciones que buscan alejar a Latinoamérica de Washington y colocarlo él en un lugar desde donde combatir “los 300 años de conquista, de dominación, de genocidio de los imperios europeos … y luego de la amenaza del imperio naciente”, que él considera que determinan la historia sudamericana.

En breve, una mirada general al asunto nos muestra que la CELAC es otro organismo más de los muchos ya existentes que aspira a proveer una instancia de encuentro regional, ahora sin la presencia de las “potencias coloniales”: EEUU, España, Portugal y ¿Canadá? … y con la presencia de Cuba. La existencia de numerosos organismos en América Latina tales como Alba, Unasur, CAN, Mercosur y OEA parecieran suficientes puntos de encuentro, por otra parte, nadie está dispuesto a financiar más burocracia y salvo el grupo Bolivariano, no hay mayor entusiasmo por antagonizar con EEUU. La interpretación brasileña es elocuente: “la creación de la CELAC no constituye algo histórico, sino coyuntural. México tenía una voluntad política de acercarse a América del Sur y Brasil de vincularse un poco más con América Central y el Caribe (…) Es un poco para neutralizar la influencia de Venezuela sobre el Caribe y América Central, que era muy grande”.

Por otra parte una breve mirada a los gobiernos regionales participantes nos muestra una fractura política profunda y de difícil solución en el corto y mediano plazo.

– Venezuela y su ALBA penden de la vida de Chávez. Los malabarismos constitucionales para simular que sigue al mando del país tienen fecha de vencimiento: 90 días para llamar a elecciones, prorrogables en otros 90 días más. Es decir, en el mejor de los casos 180 días, contados desde el 10 de febrero, para elegir a un nuevo gobierno que se haga cargo de una crisis económica de gran magnitud: inflación, destrucción del aparato productivo, endeudamiento, caída vertical de la producción de crudo -la única entrada significativa de recursos- desabastecimiento, corrupción y un país con sus institucones destrozadas y polarizado hasta el extremo.

– Brasil y Argentina están llegando al final del “modelo de bancarización” de los pobres para transformarlos en clase media; del incremento del consumo financiado por la exportación de materias primas; del comercio “administrado por el estado”; de los subsidios y la asociación opaca de los gobiernos con empresarios archi ricos.

– Por el otro lado, la Alianza del Pacífico, embrionaria aun como grupo económico -con crecientes lazos financieros y comerciales entre si- tratando de sostener altas tasas de empleo, crecimiento e inversión extranjera y responsabilidad macroeconómica, mientras luchan por resolver serios problemas sociales y de distribución del ingreso en un marco de mercado libre y apertura económica prioritariamente hacia el Pacífico.

Vemos tres grupos aplicando políticas divergentes que difícilmente podrían llegar a establecer objetivos y procedimientos comunes y cuyas herramientas y políticas de desarrollo son mutuamente excluyentes.

La Unión Europea (UE) por su parte, interesada en incrementar las exportaciones de su industria poco competitiva; asegurarse el abastecimiento de materias primas y promover las inversiones en nuestra región, difícilmente podría constituirse en competencia de China, India, Japón y EEUU en este mercado. Pensar que Europa podría ser una alternativa a las superpotencias del Pacífico no tiene mucho sentido, menos aun cuando la crisis amenaza de parálisis a sus gobiernos, apunta a la deserción de al menos uno de sus miembros y no da muestras de haber comprendido las causas de su crisis actual, mientras espera la ocurrencia de un milagro que transforme esta pesadilla en un mal sueño y “todo vuelva a la normalidad” de vivir como ricos, sin serlo.

La ausencia de Chávez, principal y casi único promotor de CELAC, ha dejado a la intemperie la debilidad de los líderes latinoamericanos que sucumbieron al matonaje de tener que elegir entre dinero o insultos dejándose llevar a una situación absurda. También da respuesta a la interrogante respecto a las causas de la depreciación de la política y los políticos.

Esta es la CELAC que se ha reunido con la UE en nuestro país para intentar la cuadratura del círculo y Macondo parece ser un buen lugar donde ubicar su próxima reunión en donde, ahora si, puede que logren aprobar la “cláusula democrática” que requieren sus estatutos bajo la Presidencia del General Raúl Castro de Cuba y la fotografía (con dedicatoria autografiada) del Comandante Hugo Chávez de Venezuela.