Así como la actual Constitución fue descalificada por la izquierda como la Constitución “de Pinochet”, ahora estamos frente al intento de imponer a la carrera una Constitución para «La Pobreza Socialista” que, seguramente, será más divisiva y rechazada que la primera.

A partir del 18 de Octubre nos hemos enfrentado a un monstruo que ha ido mutando según han ido interactuando el golpismo comunista con la incompetencia presidencial.

La estrategia subversiva es conocida y ha sido aplicada al pie de la letra en Chile por el Partido Comunista (PC), pero no es éste el momento para analizarla. Por ahora veamos sólo su accionar político.

Fase I.- Inicialmente la estrategia, establecida en la planificación política del PC para enfrentar a este gobierno, aspiraba a derrocar al presidente Piñera y a partir de esa crisis, maniobrar para revertir la derrota que la derecha le propinó en las elecciones presidenciales de 2017. El PC y la extrema izquierda enfrentaban una situación terminal, en que toda su ideología y sus principales lideres regionales entraban en una fase de derrota permanente y final, de la mano del socialismo del siglo XXI y del Grupo de Sao Paulo.

Esta estrategia se encaramó sobre la incapacidad del Gobierno para detener y controlar los disturbios violentos, recurrentes y sistemáticos principalmente en el Instituto Nacional, donde se conformó un núcleo duro de terroristas encuadrado por apoyo externo del partido y por anarquistas. Ese punto de partida, reforzado por expertos, fue la base del ataque organizado al Metro de Santiago. Desde ahí en más, vino la seguidilla de errores del Gobierno.

El éxito del PC en esta fase de la batalla los llevó a ampliar su objetivo al máximo deseable: la caída del gobierno y el cambio de la Constitución y eventualmente la captura del poder a mediano plazo, siempre con la simpatía disimulada de la izquierda institucional.

No ha habido estallido social ni manifestación pacífica de demandas, ha habido violencia urbana organizada y diversificada llevada al extremo. El PC actuó con maestría y fue enfrentada con incompetencia y temor hasta ganar el control de los espacios públicos. Se engañó a la derecha y a la ciudadanía haciéndola creer que Chile se manifestaba contra un modo de vida social.

Fase II.- La mezcla de cuadros comunistas nacionales y apoyos extranjeros; narcotraficantes; anarquistas; delincuentes comunes, lumpen y barras bravas, fue muy eficaz en la primera fase de la batalla, pero el abandono de la participación por parte de la clase media “emergente” fue degradando el terrorismo, hasta llegar a ser objeto del rechazo de la población, sin haber logrado la caída de Piñera. La “izquierda institucional”, presa del pánico, está siendo arrastrada a una condición de irrelevancia e ilegitimidad que, a mediano plazo, amenaza su propia existencia. No hubo intervención militar, no hubo incorporación de la clase media emergente a la revolución. La derecha y el gobierno sobrevivieron a la paliza inicial y comienzan a levantar cabeza de la mano de la opinión pública. Debilitada, con muchos tránsfugas que apostaron mal sus fichas y con oportunistas a la espera de determinar a cuál bando aproximarse. Nada nuevo en tiempos de crisis.

Fase III.- Ahora se lucha la batalla final: la Constitución y la última oportunidad de la izquierda institucional para salir con dignidad del embrollo en que se metió, y del PC y sus terroristas para imponer su dictadura chavista revolucionaria o al menos zafar con éxito y sobrevivir.

En este momento la lucha se está dando entre la “izquierda terrorista” que trata de continuar la via violenta y la “izquierda institucional» tratando de llevar la negociación de la crisis al Congreso y situarla en torno al cambio de la Constitución para imponer sus políticas socialistas. La parte más tibia de la derecha política sigue tratando de negociar, contra la voluntad de las organizaciones ciudadanas furiosas y en crecimiento. El Gobierno sigue como espectador.

Un escenario de esta batalla es el Estado, es decir, el Congreso, el Poder Judicial y el Gobierno. Otro son los medios de comunicaciones, con centro de gravedad en la televisión y las redes sociales. Existe un tercer elemento que ya parece más o menos resuelto: la eventual renuncia o destitución de Piñera.  La crisis económica que se aproxima será intensa y aguda a partir de estas fechas y por lo menos hasta fines del año 2020. Esta situación sería desastrosa para la izquierda institucional si se encontrara en el Gobierno. Tan conscientes están de ello que su estrategia se ha desplazado hacia el apoyo al gobierno para establecer el control del terrorismo callejero y social. A la derecha tampoco le conviene la caída de Piñera, menos a la ciudadanía. Podemos pensar que este escenario es poco probable, pese a los esfuerzos del Presidente y su entorno.

1.- Los medios de comunicaciones están siendo peleados activamente. La derecha le ha perdido la distancia a las redes sociales y ha incrementado su presencia y actividad. Gracias a su mayor educación y recursos intelectuales ha establecido una presencia sólida. La televisión, principalmente sus “rostros” están comenzado a marchar en reversa y a prepararse para los inevitables cambios que vendrán. Su rol ha sido funcional a la embestida del PC y sus dueños y controladores parecen haberse equivocado de caballo al iniciarse la carrera.

2- El Estado es el factor crítico. Como se sabe, el campo de batalla se ha instalado en el Congreso, con lo que el PC ha quedado excluido. En esta instancia los congresales de izquierda buscan alcanzar dos objetivos, mantener al Congreso como instancia útil y válida -para mantener su poder e ingresos- e imponer una Constitución que recoja sus preferencias socialistas. Los de derecha, buscan darle vida a la institución y tratar de debilitar la ofensiva socialista. Los intereses, preferencia y deseos de la ciudadanía no son actores ni son factores significativos que afecten al problema. No interesan a ninguno de los dos bandos partidistas.

3- El Congreso es parte del problema no de su solución: sobredotado en número; sobre pagado; técnicamente incompetente; corrupto; con miembros de baja calidad moral e intelectual; muchos de ellos envueltos en diversos negociados, corruptelas y máquinas de poder que han explotado al país por muchos años en forma obscena. Sufren de un desprestigio profundo que se refleja en su muy baja aprobación ciudadana, no representan a sus electores, los desconocen y nunca se han aproximado a ellos desde su elección.  Muchos de ellos -algunos muy locuaces y de alta exposición pública- han llegados a sus cargos con votaciones irrisorias y despreciables.

¿Podría un Congreso de esta calaña producir una Constitución válida, legítima, aceptable, eficaz?. No parece posible. Peor, la mala noticia para la izquierda revolucionaria del PC es que esto se manejará como una “cocina” que ya está funcionando y en la cual ellos no estarán presentes y “los independientes” no serán tales sino que miembros de la misma trenza de los políticos institucionales del Congreso.

Parece evidente que una reforma profunda del Congreso es imprescindible antes de comenzar a tratar el asunto Constitucional: reducir sustancialmente el número de sus miembros; eliminar sus prebendas; exigir calidad técnica mínima; una calidad moral comprobada -por lo menos que no hayan delincuentes- y que efectivamente representen el sentir de sus electores, y en este momento histórico, principalmente frente al cambio Constitucional que se propone, ninguno de ellos representa nada.

No tiene nigún sentido continuar con los afanes negociadores en un lugar, una institución, sin legitimidad, prestigio ni autoridad. Son parte del problema.

El Ejecutivo y el Poder Judicial El Gobierno tampoco representa a nadie. Elegido para llevar a cabo un programa, está haciendo lo opuesto, su incompetencia ya nadie la discute, mejor que administre al pais lo mejor que pueda mientras se renueva el Congreso y el Poder Judicial, respecto al cual no es mucho lo que hay que decir para demostrar que no vale nada. Nunca ni un solo Fiscal se ha hecho presente en los miles de robos, asaltos, pillajes, ataques con bombas, incendios y toda suerte de crímenes, para intentar determinar la identidad de sus hechores, una Poder Judicial que a un mes del inicio de los atentados y crímenes terroristas un no investiga nada que ayude a detener la criminalidad rampante que asola al país. La dupla Congreso – Poder Judicial han hecho de la justicia un mal chiste, una broma pesada, en que los inocentes son olvidados y a veces castigados y los culpables circulan impunemente por las calles y pasillo de instituciones “respetables”.

El estado Chileno, en pleno, es incapaz de proponer a la ciudadanía una Constitución aceptable, eficaz y duradera. No es capaz de producir un documento legítimo, representativo ni creíble. Lo único aceptable es que no interfiera en su renovación completa y total a la brevedad y despeje el camino para que personas intelectual y moralmente idóneas se hagan cargo de un proceso constitucional serio y digno de un pais como Chile, que culmine con su aprobación bajo otro Presidente de la República.

El actual Estado de Chile solo podría proponer una“CONSTITUCIÓN PARA LA POBREZA SOCIALISTA”.

29 de Noviembre de 2019

Carlos Peña en una columna bajo este mismo titulo, publicada el día 24 de noviembre, hace una dura crítica a los Comandantes en Jefe de las tres instituciones armadas, que hicieron pública una respuesta al informe de Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos en el control de los actos incendiarios, de terror y destrucción perpetrados este mes en la cual esa organización denuncia una violación generalizada de dichos derechos por parte de las FFAA y de Carabineros de Chile.

Peña parece analizar toda esta situación desde una óptica ideal, normal y rutinaria. La realidad vivida por todos los chilenos nos muestra una situación completamente alejada de ello.

Tenemos un Ejecutivo que ha demostrado un lamentable retraso e impresición en la toma de decisiones y una conducta dificil de entender al invitar a una organización claramente antagónica con sus ideas y responsabilidades políticas para evaluar el comportamiento de las FFAA y Carabineros en esta lamentable coyuntura.

Amnistía Internacional, por su parte, en un momento de descanso de sus importantes tareas, permite que sus funcionarios jueguen a que cada impacto que alguno de ellos da a la bola de papel con la que se divierten, lleva consigo la muerte de un “fascista”. Esta conducta aberrante confirma su falta de idoneidad e impacialidad.

No voy a analizar una a una las aseveraciones de Amnistía Internacional ni la interpretación que Peña hace de ellas, lamentablemente, en el ambiente emocional en que los chilenos nos desenvolvemos, sería inconducente.

Me limitaré a comentar, brevemente, la aseveración de Peña, sic: “Las Fuerzas Armadas (además de revelar una mala comprensión de lo que

los derechos humanos significan en un Estado democrático y constitucional) viene a confirmar un aspecto de su cultura que se ha venido manifestando hace ya bastante tiempo: el corporativismo, la idea, extendida poco a poco entre sus miembros, que ellos conforman un cuerpo con intereses propios distintos a los del resto del Estado, intereses que ellos serían los mejor capacitados para juzgar. Esa cultura resulta incompatible con la subordinación que deben al poder civil que es, mal que les pese, el único autorizado para deliberar si acaso el comportamiento que han tenido durante todo este tiempo es o no correcto, si se ajusta o no a lo que el mismo poder civil dispuso”. Fin de la cita.

Las afirmaciones de Peña son intepretativos de una situación y creencias presuntamente existentes en las FFAA que él supone o imagina, o mejor, que reflejan sus prejuicios arraigados en situaciones históricas mucho más complejas y antiguas.

Como es también de público conocimiento las instrucciones y directivas del Gobierno -de éste y de todos los anteriores-  son, normalmente, confusas, indefinidas y pobres. Tanto es así que en 30 años de democracia, ningún gobierno ha sido capaz de producir una Política de Defensa que dé directivas de la forma en que las FFAA deben cumplir sus misiones. La función adivinatoria e intuitiva de las FFAA ha sido puesta a prueba diariamente 10.950 veces en este lapso. El que las FFAA deban actuar en “subsidio” (palabra maldita) de la incompetencia de sucesivos gobiernos democráticos y constitucionales es una realidad, le “guste a Peña o nó” como dice al referirse a las FFAA. Eso explica esa anomia que Peña califica de “corporativismo”.

Respecto a derechos humanos me limitaré a pedirle a Peña que en una próxima columna despeje un problema que hoy inquieta a los militares, el tema de los causantes de las violaciones de derechos humanos, y a través de ello, la cuestión de la naturaleza misma de estos derechos. ¿Los derechos humanos, por su concepto intrínseco, son vinculados exclusivamente a la acción de los Estados? ¿O son, al contrario, algo que está amenazado por distintos actores sociales, ante todo por los grupos alzados en armas o terroristas?

Atentamente

Carta enviada a El Mercurio de Santiago el día 23 de Noviembre.

La dramática experiencia chilena en el gobierno de la Unidad Popular con su orgía de estatizaciones y destrucción del sistema productivo nacional, en su intento por construir una economía estatal, dejó una profunda huella y el Gobierno Militar acogió una alternativa radicalmente opuesta, basada en el »principio de subsidiariedad» que, en su definición más amplia, dispone que “los asuntos deben ser resueltos por la autoridad -normativa, política o económica- más próxima al objeto del problema”, dentro de una política económica de libre comercio, internacionalización y propiedad privada.

Este es uno de los principios sobre los que se sustenta la Unión Europea (Tratado de Maastricht» de 7 de febrero de 1992) y tiene sus raíces teóricas en la doctrina social de la Iglesia Católica, según la cual es el principio en virtud del cual el Estado entra en acción cuando los particulares no realizan adecuadamente una función social fundamental, sea por imposibilidad o cualquier otra razón. Al mismo tiempo, este principio demanda al Estado que se abstenga de intervenir allí donde los grupos o asociaciones más pequeñas pueden bastarse por sí mismas en sus respectivos ámbitos.

Los sectores de izquierda reaccionan fuertemente en contra del Estado-subsidiario que asocian con un Estado prescindente o pasivo, que ha permitido y favorecido un sistema económico neoliberal que -en su opinión- ha significado desigualdad, abusos e injusticia social.

Existe una ámbito de superposición entre ambas miradas que reconocen en la política económica liberal algo positivo en que ella ha traído criterios de eficiencia, tanto en la operación de empresas privadas como públicas; la apertura a la competencia externa y el uso extensivo de los mercados. Expresado de otro modo, lo que ha surgido es un reconocimiento de que la intervención excesiva, generalizada y con criterios poco claros del Estado en la economia, produce ineficiencias innecesarias y no logra necesariamente, los objetivos que se propone.

Lo que falta, sin embargo, es acordar si es que la acción del Estado es imprescindible para conseguir una distribucion más justa del ingreso y una inversión suficiente para alcanzar un crecimiento económico más elevado.

La izquierda sostiene que la historia económica reciente de Chile ha demostrado de manera fehaciente que esas tareas no las lleva a cabo el mercado. Por el contrario, con un Estado pasivo se agrandan las desigualdades y se frena el crecimiento.

¿Cómo puede actuar las persona que sienten que la calidad, precio y condiciones en que se le presta un determinado servicio fundamental para sus vidas no es adecuada o simplemente las deja afuera?.

Como el responsable principal – el Estado- no puede transferir su responsabilidad al responsable subsidiario -el Privado-, el Ciudadano debería reclamar la intervención del Estado y éste debería tomar acción. Y aqui enfrentamos el primer problema: En la vida real, en diversas ocasiones, el Estado es requerido de subsidiar, hacerse cargo del faltante o directamente tomar a su cargo la prestación del servicio que la ciudadanía percibe como insuficiente o inalcanzable.

Esto es lo que sucede, por ejemplo, con los reclamos de las personas frente al sistema de Pensiones (AFPs); Salud; (Isapre y Fonasa); Delitos de colusión, soborno y cohecho dentro del Estado o entre privados; Medicamentos (Precios y marcas); Transporte Público; Tarifas de servicios (sanitarios, agua, energía electrica, gas, combustibles) que se convierten en problemas políticos en que el Estado es el actor final. ¿Debe intervenir y hacerse cargo?, ¿Cuánto puede postergar la solución del problema?, ¿Puede comenzar el desmantelamiento del Principio de Subsidiariedad?

¿Qué pasó en Chile?. Durante muchas administraciones pos Gobierno Militar, años en que la economía se consolidaba y beneficiaba a mas y mas personas, los sucesivos gobiernos de la Concertación se fueron adaptando a una política económica que rechazaban ideológicamente, pero que practicaban con alegría. Aun así, hubo que corregir problemas como introducir elementos de regulación en el mercado cambiario, fijación de tarifas en los servicios constitutivos de monopolios naturales, regulación parcial de los mercados financieros y otros.

Pero también se hicieron presentes otros problema que no fueron resueltos, desajuste entre los ingresos de los trabajadores y los precios de los servicios (salud, educación, vivienda, pensiones), incapacidad del pais de salir del modelo de exportaciones primarias, y lo mas importante y corrosivo, la creciente corruptela en la asociación político – empresarial.

En efecto, los administradores políticos del estado, partidos políticos, operadores, familiares, miembros de los partidos de gobierno, dirigentes sindicales fueron apoderándose de parcelas mas y mas grandes del Estado, del Poder Judicial y del Poder Legislativo en un lado de la cancha, mientra en el otro se ubicaron grandes empresarios, comerciantes, financistas, bancos, exportadores, en que ambos grupos conformaron una red compacta de prebendas y protecciones, todo esto a la vista e impaciencia de la ciudadanía que veía como el tiempo, energía y recursos de esas instancias se empleaban en la promoción de sus propios intereses y dejaba completamente abandonados sus deberes complementarios entre “El Responsable Principal” y el “Resposable Subsidiario”.

Puedo concluir que mas que borrar la Constitución completa, podemos corregir la parte que no se aplicó (la supervisión de la aplicación de la subsidiaridad) y reemprender la marcha. No falló el principio, falló la acción del estado para exigir, supervisar y hacerse cargo de las limitaciones que no permitían una fluída vida en común.

La subsidiaridad no es compatible con un estado masivo, incompetente, corrupto o pasivo, por el contrario exige agilidad, atención, iniciativa, calidad, rapidez y sobre todo horadez y estricto e invariable cumplimiento de las leyes.

16 de noviembre de 2019

Lo que ha sacudido a nuestro país es una manifestación de disgusto social, en efecto, la generación de jóvenes actuales, nacidos y criados en un país crecientemente acomodado, quieren y exige “más”. Más bienes, más servicios, más beneficios, más crédito. Todo a partir de un baremo que para la generación mayor es alto y crecientemente satisfactorio, pero que para ellos es insuficiente y crece demasiado lento. Esa tensión es normal y natural.

Entonces, ¿de dónde esa violencia irracional?.

Aquí hay varios responsables y un culpable.

Los responsables son los gobiernos nacionales que dejaron debilitar y desprestigiar el principio de autoridad y a las autoridades, instituciones y agencias encargadas de exigirlo; permitieron la caída vertical del prestigio y credibilidad de la ley; ejercieron con liviandad sus deberes legales y constitucionales que se manifestaron en una seguidilla de desaciertos, complicidades, errores y debilidades: la corruptela política, el abuso económico y de poder obsceno, por parte del Congreso; el abuso empresarial particularmente en las áreas de salud, previsión, farmacias; el manejo errático e impotente de los desafíos y provocaciones en la Araucanía; el desmadre e incompetencia de las autoridades del Ministerio del Interior; la seguidilla de desmanes y burlas a la autoridad por parte de un grupo de escolares delincuentes del Instituto Nacional, a pocas cuadras del Palacio de Gobierno. El desafío constante y reiterado de grupos anarquistas con promoción abierta del odio y la violencia; en forma muy importante, en la incapacidad e impotencia de las autoridades ante las pandillas de narcotraficantes que actúan públicamente y en total impunidad y por último, el comportamiento arbitrario, abusador y corrupto del Poder Judicial y la constante acción subversiva y antidemocrática del Partido Comunista, con su arsenal reconocido públicamente y aún oculto.

Y hay un culpable. El Presidente de la República Sebastián Piñera que, por razones que solo él conoce, debilitó sistemáticamente el orden público restando apoyo a las policías, hizo de la crítica y demostración de desafecto a las FFAA una actitud permanente; que eludió su responsabilidad de dirección superior de las policías; que no tomó acción ante desafíos flagrantes a su autoridad; que permitió al Poder Judicial entrometerse en áreas de competencia del Ejecutivo y en permitir la aplicación a los militares una justicia injusta y prevaricadora, evidente para todos menos para él y su grupo cercano y que favoreció a sus propios enemigos, en un afán ingenuo de agradarlos a ellos y a sus promotores extranjeros y nacionales. Que mostró indolencia respecto a la organización y funcionamiento de la Agencia de Inteligencia Nacional y por su debilitado prestigio personal y permanentemente en entredicho, por muchos y reiterados negocios oscuros, “pasadas” e intereses económico personales de gran magnitud en empresas e instituciones financieras extranjeras que se cruzaban con intereses nacionales.

Esta bomba de tiempo estalló con el ataque de un pequeño grupo de terroristas y agitadores profesionales con financiamiento y asesoría extranjera; el apoyo propagandístico cibernético; la acción antidemocrática y subversiva del Partido Comunista y la incompetencia del Ejecutivo. Esa chispa cayó en el pastizal de la frustración, el esnobismo, la irresponsabilidad y el fracaso en la satisfacción de expectativas sembradas por el mismo Piñera en su campaña electoral.

Quedó a la vista la interacción de tres grupos: los “profesionales” liderando estudiantes violentos y lumpen, que destruyeron el Metro; la masa de clase media descontenta y movilizada por la posibilidad de expresarse y por el lumpen reforzado con los narco traficantes, los vándalos y ladrones de poca monta que en Chile aparecen ante la posibilidad del saqueo y la violencia.

La acción (inacción) de los partidos políticos es interesante. La derecha desapareció, callaron hasta que los militares controlaron el caos, se quedaron en sus casas, ni siquiera “twittearon”, tímidamente comenzaron a aparecer sus cabezas en estos últimos días. La izquierda apareció cínica y audazmente a “agudizar las contradicciones» cuando el control de la violencia ya estaba en manos de Carabineros, insultando y provocando hasta la caricatura; había que engañar a Chile mostrándose como “controladores” de los disturbios en condiciones que no solo no controlaban nada sino que el “¡que se vayan todos!” popular los incluía a ellos en forma destacada.

En estos días tenemos un show curioso: La izquierda, intentando transformar su derrota en victoria política, “exige” “cabildos”, “asamblea constituyente”, plebiscito y/o Nueva Constitución; ahora!!.

¿A cambio de qué?. Se presentan como que fueran quienes controlan y administran el caos. No lo son, en realidad son tan inculpados como el gobierno y no controlan a ninguno de los grupos revoltosos identificados anteriormente.

Tratan de vender al Gobierno un caballo robado, y el Gobierno no lo compra -no por ser una estafa- sino ¡por que lo encuentra caro!.

Increíble la frescura de uno y la estupidez del otro. Más aun cuando los temas de interés social manifestados en encuestas sucesivas de Chilecracia.cl entre 3 millones de chilenos señala que los temas que los partidos políticos de Izquierda quieren imponer al gobierno ocupan los lugares 22.- Nueva Constitución, y 40.- Asamblea Constituyente entre los que interesa a la sociedad, es decir, son temas que les importan a ellos pero son de muy baja prioridad para la ciudadanía y sus intereses netamente sociales.

Una vez más, el sistema político de izquierda prioriza sus propios temas de poder y se trenza en lucha con el gobierno al que le impone temas irrelevantes para la sociedad.

Los partidos de derecha -para variar- paralizados, miran y lloran su fracaso en conquistar el amor de sus enemigos. … y Piñera duda.