¿QUE FALLÓ EN CHILE?

La dramática experiencia chilena en el gobierno de la Unidad Popular con su orgía de estatizaciones y destrucción del sistema productivo nacional, en su intento por construir una economía estatal, dejó una profunda huella y el Gobierno Militar acogió una alternativa radicalmente opuesta, basada en el ”principio de subsidiariedad” que, en su definición más amplia, dispone que “los asuntos deben ser resueltos por la autoridad -normativa, política o económica- más próxima al objeto del problema”, dentro de una política económica de libre comercio, internacionalización y propiedad privada.

Este es uno de los principios sobre los que se sustenta la Unión Europea (Tratado de Maastricht” de 7 de febrero de 1992) y tiene sus raíces teóricas en la doctrina social de la Iglesia Católica, según la cual es el principio en virtud del cual el Estado entra en acción cuando los particulares no realizan adecuadamente una función social fundamental, sea por imposibilidad o cualquier otra razón. Al mismo tiempo, este principio demanda al Estado que se abstenga de intervenir allí donde los grupos o asociaciones más pequeñas pueden bastarse por sí mismas en sus respectivos ámbitos.

Los sectores de izquierda reaccionan fuertemente en contra del Estado-subsidiario que asocian con un Estado prescindente o pasivo, que ha permitido y favorecido un sistema económico neoliberal que -en su opinión- ha significado desigualdad, abusos e injusticia social.

Existe una ámbito de superposición entre ambas miradas que reconocen en la política económica liberal algo positivo en que ella ha traído criterios de eficiencia, tanto en la operación de empresas privadas como públicas; la apertura a la competencia externa y el uso extensivo de los mercados. Expresado de otro modo, lo que ha surgido es un reconocimiento de que la intervención excesiva, generalizada y con criterios poco claros del Estado en la economia, produce ineficiencias innecesarias y no logra necesariamente, los objetivos que se propone.

Lo que falta, sin embargo, es acordar si es que la acción del Estado es imprescindible para conseguir una distribucion más justa del ingreso y una inversión suficiente para alcanzar un crecimiento económico más elevado.

La izquierda sostiene que la historia económica reciente de Chile ha demostrado de manera fehaciente que esas tareas no las lleva a cabo el mercado. Por el contrario, con un Estado pasivo se agrandan las desigualdades y se frena el crecimiento.

¿Cómo puede actuar las persona que sienten que la calidad, precio y condiciones en que se le presta un determinado servicio fundamental para sus vidas no es adecuada o simplemente las deja afuera?.

Como el responsable principal – el Estado- no puede transferir su responsabilidad al responsable subsidiario -el Privado-, el Ciudadano debería reclamar la intervención del Estado y éste debería tomar acción. Y aqui enfrentamos el primer problema: En la vida real, en diversas ocasiones, el Estado es requerido de subsidiar, hacerse cargo del faltante o directamente tomar a su cargo la prestación del servicio que la ciudadanía percibe como insuficiente o inalcanzable.

Esto es lo que sucede, por ejemplo, con los reclamos de las personas frente al sistema de Pensiones (AFPs); Salud; (Isapre y Fonasa); Delitos de colusión, soborno y cohecho dentro del Estado o entre privados; Medicamentos (Precios y marcas); Transporte Público; Tarifas de servicios (sanitarios, agua, energía electrica, gas, combustibles) que se convierten en problemas políticos en que el Estado es el actor final. ¿Debe intervenir y hacerse cargo?, ¿Cuánto puede postergar la solución del problema?, ¿Puede comenzar el desmantelamiento del Principio de Subsidiariedad?

¿Qué pasó en Chile?. Durante muchas administraciones pos Gobierno Militar, años en que la economía se consolidaba y beneficiaba a mas y mas personas, los sucesivos gobiernos de la Concertación se fueron adaptando a una política económica que rechazaban ideológicamente, pero que practicaban con alegría. Aun así, hubo que corregir problemas como introducir elementos de regulación en el mercado cambiario, fijación de tarifas en los servicios constitutivos de monopolios naturales, regulación parcial de los mercados financieros y otros.

Pero también se hicieron presentes otros problema que no fueron resueltos, desajuste entre los ingresos de los trabajadores y los precios de los servicios (salud, educación, vivienda, pensiones), incapacidad del pais de salir del modelo de exportaciones primarias, y lo mas importante y corrosivo, la creciente corruptela en la asociación político – empresarial.

En efecto, los administradores políticos del estado, partidos políticos, operadores, familiares, miembros de los partidos de gobierno, dirigentes sindicales fueron apoderándose de parcelas mas y mas grandes del Estado, del Poder Judicial y del Poder Legislativo en un lado de la cancha, mientra en el otro se ubicaron grandes empresarios, comerciantes, financistas, bancos, exportadores, en que ambos grupos conformaron una red compacta de prebendas y protecciones, todo esto a la vista e impaciencia de la ciudadanía que veía como el tiempo, energía y recursos de esas instancias se empleaban en la promoción de sus propios intereses y dejaba completamente abandonados sus deberes complementarios entre “El Responsable Principal” y el “Resposable Subsidiario”.

Puedo concluir que mas que borrar la Constitución completa, podemos corregir la parte que no se aplicó (la supervisión de la aplicación de la subsidiaridad) y reemprender la marcha. No falló el principio, falló la acción del estado para exigir, supervisar y hacerse cargo de las limitaciones que no permitían una fluída vida en común.

La subsidiaridad no es compatible con un estado masivo, incompetente, corrupto o pasivo, por el contrario exige agilidad, atención, iniciativa, calidad, rapidez y sobre todo horadez y estricto e invariable cumplimiento de las leyes.

16 de noviembre de 2019

BAILE DE MÁSCARAS – LA IZQUIERDA Y LA DERECHA

Lo que ha sacudido a nuestro país es una manifestación de disgusto social, en efecto, la generación de jóvenes actuales, nacidos y criados en un país crecientemente acomodado, quieren y exige “más”. Más bienes, más servicios, más beneficios, más crédito. Todo a partir de un baremo que para la generación mayor es alto y crecientemente satisfactorio, pero que para ellos es insuficiente y crece demasiado lento. Esa tensión es normal y natural.

Entonces, ¿de dónde esa violencia irracional?.

Aquí hay varios responsables y un culpable.

Los responsables son los gobiernos nacionales que dejaron debilitar y desprestigiar el principio de autoridad y a las autoridades, instituciones y agencias encargadas de exigirlo; permitieron la caída vertical del prestigio y credibilidad de la ley; ejercieron con liviandad sus deberes legales y constitucionales que se manifestaron en una seguidilla de desaciertos, complicidades, errores y debilidades: la corruptela política, el abuso económico y de poder obsceno, por parte del Congreso; el abuso empresarial particularmente en las áreas de salud, previsión, farmacias; el manejo errático e impotente de los desafíos y provocaciones en la Araucanía; el desmadre e incompetencia de las autoridades del Ministerio del Interior; la seguidilla de desmanes y burlas a la autoridad por parte de un grupo de escolares delincuentes del Instituto Nacional, a pocas cuadras del Palacio de Gobierno. El desafío constante y reiterado de grupos anarquistas con promoción abierta del odio y la violencia; en forma muy importante, en la incapacidad e impotencia de las autoridades ante las pandillas de narcotraficantes que actúan públicamente y en total impunidad y por último, el comportamiento arbitrario, abusador y corrupto del Poder Judicial y la constante acción subversiva y antidemocrática del Partido Comunista, con su arsenal reconocido públicamente y aún oculto.

Y hay un culpable. El Presidente de la República Sebastián Piñera que, por razones que solo él conoce, debilitó sistemáticamente el orden público restando apoyo a las policías, hizo de la crítica y demostración de desafecto a las FFAA una actitud permanente; que eludió su responsabilidad de dirección superior de las policías; que no tomó acción ante desafíos flagrantes a su autoridad; que permitió al Poder Judicial entrometerse en áreas de competencia del Ejecutivo y en permitir la aplicación a los militares una justicia injusta y prevaricadora, evidente para todos menos para él y su grupo cercano y que favoreció a sus propios enemigos, en un afán ingenuo de agradarlos a ellos y a sus promotores extranjeros y nacionales. Que mostró indolencia respecto a la organización y funcionamiento de la Agencia de Inteligencia Nacional y por su debilitado prestigio personal y permanentemente en entredicho, por muchos y reiterados negocios oscuros, “pasadas” e intereses económico personales de gran magnitud en empresas e instituciones financieras extranjeras que se cruzaban con intereses nacionales.

Esta bomba de tiempo estalló con el ataque de un pequeño grupo de terroristas y agitadores profesionales con financiamiento y asesoría extranjera; el apoyo propagandístico cibernético; la acción antidemocrática y subversiva del Partido Comunista y la incompetencia del Ejecutivo. Esa chispa cayó en el pastizal de la frustración, el esnobismo, la irresponsabilidad y el fracaso en la satisfacción de expectativas sembradas por el mismo Piñera en su campaña electoral.

Quedó a la vista la interacción de tres grupos: los “profesionales” liderando estudiantes violentos y lumpen, que destruyeron el Metro; la masa de clase media descontenta y movilizada por la posibilidad de expresarse y por el lumpen reforzado con los narco traficantes, los vándalos y ladrones de poca monta que en Chile aparecen ante la posibilidad del saqueo y la violencia.

La acción (inacción) de los partidos políticos es interesante. La derecha desapareció, callaron hasta que los militares controlaron el caos, se quedaron en sus casas, ni siquiera “twittearon”, tímidamente comenzaron a aparecer sus cabezas en estos últimos días. La izquierda apareció cínica y audazmente a “agudizar las contradicciones” cuando el control de la violencia ya estaba en manos de Carabineros, insultando y provocando hasta la caricatura; había que engañar a Chile mostrándose como “controladores” de los disturbios en condiciones que no solo no controlaban nada sino que el “¡que se vayan todos!” popular los incluía a ellos en forma destacada.

En estos días tenemos un show curioso: La izquierda, intentando transformar su derrota en victoria política, “exige” “cabildos”, “asamblea constituyente”, plebiscito y/o Nueva Constitución; ahora!!.

¿A cambio de qué?. Se presentan como que fueran quienes controlan y administran el caos. No lo son, en realidad son tan inculpados como el gobierno y no controlan a ninguno de los grupos revoltosos identificados anteriormente.

Tratan de vender al Gobierno un caballo robado, y el Gobierno no lo compra -no por ser una estafa- sino ¡por que lo encuentra caro!.

Increíble la frescura de uno y la estupidez del otro. Más aun cuando los temas de interés social manifestados en encuestas sucesivas de Chilecracia.cl entre 3 millones de chilenos señala que los temas que los partidos políticos de Izquierda quieren imponer al gobierno ocupan los lugares 22.- Nueva Constitución, y 40.- Asamblea Constituyente entre los que interesa a la sociedad, es decir, son temas que les importan a ellos pero son de muy baja prioridad para la ciudadanía y sus intereses netamente sociales.

Una vez más, el sistema político de izquierda prioriza sus propios temas de poder y se trenza en lucha con el gobierno al que le impone temas irrelevantes para la sociedad.

Los partidos de derecha -para variar- paralizados, miran y lloran su fracaso en conquistar el amor de sus enemigos. … y Piñera duda.