LA FILTRACIÓN DE INFORMACIÓN JUDICIAL RESERVADA. UN ABUSO HABITUAL.

El Octubre 5 de 2013 en este blog se publicó esta columna. Mientras se tratara de basurear a las FFAA, los abusos del sistema de ¿Justicia? Nacional no le importaron a nadie. Después vinieron los políticos, luego los empresarios y ahora tocamos fondo.
La columna decía:

“Dentro de lo que la prensa bautizó como “Caso Fragatas”, -la investigación llevada a cabo por el Fiscal de la Zona Oriente Carlos Gajardo, para esclarecer los posibles delitos ocurridos en el proceso de modificación de las estructuras de las fragatas adquiridas por Chile al gobierno de Holanda-, se dispuso la incautación de la información contenida en el computador de uno de los investigados, el empresario Guillermo Ibieta.
Este “disco duro” fue incautado por la policía civil y entregado a la Fiscalía Oriente para, se supone, su custodia y análisis para los fines de la investigación. Muy poco después, un periódico electrónico nacional dio a conocer que había tenido acceso a los 100.000 archivos de información referida a “transacciones bancarias, informes de ex marinos chilenos, recomendaciones de lobby para distintos proyectos y un contrato secreto de Asmar”. Y precisa aun más: “Se trata de sólo una muestra de lo que contiene el disco duro de este “intermediario” de cuyos 43 gigabytes (el diario electrónico citado) obtuvo una copia íntegra. La misma que está en manos del fiscal de la zona oriente Carlos Gajardo”.
Esta información fue el puntapié inicial para varias semanas de nuevas acusaciones periodísticas a todas las personas y organismos que tuvieron la desgracia de estar mencionados en los documentos de Ibieta que, por lo demás, nadie podía asegurar que dijeran la verdad o mintieran.
Los afectados fueron severamente vulnerados en sus derechos. Los antecedentes obtenidos por la policía se transformaron en instrumentos para juzgarlos y condenarlos frente a la opinión pública; fueron declarados culpables aunque la justicia los declarara inocentes, como en efecto ocurrió.

El procedimiento parece ilegal e inmoral, sin embargo lo más grave es que no se aclaró la fuga de información secreta desde la Fiscalía Oriente, desde la Policía o desde otra fuente, hacia el medio electrónico.
Pero es peor, esta situación, en si misma seria y preocupante, no terminó ahí. El fenómeno volvió a repetirse.

Dentro de la misma investigación, el Ministro de Fuero Manuel Antonio Valderrama Rebolledo y el Fiscal Metropolitano Oriente Carlos Gajardo, solicitaron al Ministro de Defensa amplia información respecto al proceso de adquisición de los buques y materiales conexos, la que fue entregada por el Comandante en Jefe de la Armada al Ministro de Defensa Nacional mediante el Oficio Secreto N° 4561/3079 del 25 de Junio de 2012, – junto a una carpeta con información clasificada como Secreto, respecto al cual se solicitó tener presente lo señalado en el Código de Justicia Militar, el Código de Procedimiento Penal y el Código Procesal Penal en cuanto a “evitar la divulgación de la información durante la investigación y substanciación del eventual proceso y que al término de éste, los antecedentes sean devueltos a la Armada”.

Pues bien, muy poco después, el mismo medio digital los dio a conocer, in extenso y completamente, en su publicación electrónica. De acuerdo a la ley, dentro de las 24 horas de haberse producido la publicación de estos documentos, y mediante ella, de haberse producido un eventual delito, las autoridades afectadas debieron haber interpuestos las denuncias correspondientes. En efecto, sea el Fiscal de la Zona Oriente o el Ministro de Defensa, Allamand, debieron haber procedido en la forma señalada. Nadie lo hizo.
Caben muchas preguntas, pero sin duda la primera y principal es saber la causa del aparente incumplimiento de la obligación funcionaria de diversas autoridades del Ejecutivo y también del Poder Judicial de denunciar posibles delitos que podrían involucrarlos a ellos mismos y llevar a cabo las investigaciones necesarias para identificar a los culpables, los responsables, sus cómplices y determinar las razones de la repetición de hechos similares que configuran graves violaciones a la seguridad de la defensa nacional, delito que en todo el mundo es sancionado con severidad.

Y sigue. En otra investigación posterior, referente a las responsabilidades de la forma caótica en que se manejó el terremoto y maremoto del 27 de febrero del año 2010, la fiscal Solange Huerta encargó a un equipo de la Policía de Investigaciones una completa indagatoria al respecto.
Esta vez, de nuevo, el primer informe, un voluminoso documento, fue “filtrado” a la prensa, es decir, los encargados de su custodia en la Fiscalía, el Juzgado, en la Policía o en otro lugar, nuevamente no cumplieron sus obligaciones y dieron la oportunidad a que comentaristas periodísticos inescrupulosos festinaran su contenido atribuyendo culpas, acusaciones e imputaciones de todo tipo a militares y ciudadanos que, otra vez, quedaron a merced, -indefensos e impotentes-, de este poder fáctico conformado por los administradores periodísticos de la información judicial reservada.
No es conducente cuestionar la libertad de prensa. Tampoco debilitar lo avanzado respecto a transparencia de los actos de las autoridades o funcionarios, pero es imprescindible el cumplimiento por parte de las autoridades Judiciales, Ministeriales, de la Policía y otros, de las normas legales que los obligan a denunciar, investigar y sancionar las conductas ilegales, abusivas y prepotentes de las autoridades en perjuicio de los ciudadanos de a pié, es algo que no puede ser tolerado. Menos la conformación de asociaciones ilícitas entre periodistas carentes de ética y traficantes de información reservada.
Mañana el afectado puede ser usted”.

Hoy día, con la hipocresía nacional características de nuestra sociedad, desde la Presidente para abajo, todos lloran por la demolición del prestigio y credibilidad del Sistema Judicial Nacional. Tarde.

CHILE – BOLIVIA: UN FALLO QUE NO CAMBIARÁ NADA

En toda situación de conflicto internacional es fundamental identificar con claridad la causa basal del enfrentamiento y cual es la situación final que cada parte quiere que quede establecida al término del mismo.

En el caso de Chile y Bolivia la causa es el choque entre dos objetivos políticos antagónicos y mutuamente excluyentes:
– Bolivia pretende que Chile le ceda una parte de su territorio para disponer de un acceso soberano y “útil” al mar. Un tramo de tierra que conecte a Bolivia con un puerto soberano en la costa del Océano Pacífico.
– Chile por su parte, pretende establecer una relación de convivencia mutuamente conveniente con Bolivia dentro de limites territoriales definidos, respetados y no cuestionados, en conformidad a los tratados vigentes.

La contradicción es evidente e insoluble ya que Bolivia no se contenta con nada menos que lo señalado y Chile no cederá nada de su territorio.

Bolivia inició su demanda con la reclamación de unos “derechos espectaticios” derivados de lo que consideró ofertas chilenas efectuadas en diversos momentos en el pasado.
Esta aproximación fue posteriormente superada y reemplazada por lo que estimaron una “obligación chilena de negociar con Bolivia una salida al mar”. Cuando se produjo el fallo la Corte Internacional de Justicia (CIJ) respecto a la objeción chilena a su competencia para intervenir en el caso -en que esta señaló que no podía disponer una negociación con un resultado asegurado- volvió a ser reemplazada planteándose un nuevo argumento en que torciendo los artículos 32 y 33 del fallo de la Corte, Chile tendría la obligación de dar un acceso soberano al Océano Pacífico a Bolivia, quedando por establecer -mediante negociaciones directas-, las eventuales compensaciones bolivianas.

En breve, actualmente Bolivia alega que Chile tiene la obligación de dar una salida soberana al mar para Bolivia y que solo falta negociar las condiciones en que ello se efectuará.

Tal y como se han dado los fallos de la Corte Internacional de Justicia ésta no producirá un fallo “en derecho” sino uno con una gran componente de “equidad” o “justicia”, según el criterio que los jueces consideren aplicar.
Tenemos que comprender que la Corte entiende el derecho no como una norma pre existente que se aplica a una situación particular sino como un concepto que se va “construyendo” en la praxis … y ellos lo hacen a través de sus fallos.

Esto significa que es probable que la CIJ falle señalando que Chile debe negociar con Bolivia un acceso al Océano Pacífico, de buena fe y dentro de un plazo razonable y dado que la Corte ya señaló que no está entre sus competencias disponer un “resultado” de la negociación, este debería surgir de la negociación misma.

Como las posiciones de ambas partes son completamente incompatibles, el fallo dará inicio a una nueva seguidilla de disputas respecto a que se entiende por “buena fe” y quién y cómo dictaminará que esa condición es respetada y cumplida por las partes; respecto a qué es un plazo razonable y a cómo salir de una situación en que Bolivia exige cesión territorial y Chile no cederá soberanía de ningún tipo. Nunca habrá acuerdo, inaugurando una nueva temporada de insultos bolivianos y negativas chilenas con sucesivos recursos contra Chile ante la CIJ, invocando el Pacto de Bogotá, tratando de retener la iniciativa y poner a Chile a la defensiva y sin posibilidad de actuar libremente.

Esta situación es reconocida por los políticos mas sensatos en Bolivia, según el ex Presidente boliviano Jaime Paz Zamora, “la negociación será larga, muy larga” y “dado que la Corte Internacional de Justicia no da mar porque no lo tiene, es Chile quien deberá hacerlo y eso requerirá su aquiescencia”; por su parte Carlos Mesa ex Presidente y miembro del equipo comunicacional de la actual administración boliviana, envía por la prensa el mensaje de que “él no ve a Chile abandonando una negociación”, es decir, intenta asegurarse que Chile no ponga fin al “diálogo de sordos” que se iniciará. Como se puede apreciar, ambos políticos bolivianos reconocen que el fallo no dará término a nada y abrirá una nueva, larga y estéril disputa que permitirá al actual y futuros gobiernos bolivianos disponer de un elemento de entretención y distracción político social y un instrumento de cohesión nacional durante muchos años. El Pacto de Bogotá se reforzará como arma a emplear contra Chile y las amenazas y acusaciones podrán multiplicarse.

Para Chile entonces el problema parece ser imponer y mantener su negativa a toda cesión territorial, permanentemente, en el corto, mediano y largo plazo apoyándose fundamentalmente en su estrategia tradicional: intangibilidad de los tratados y capacidad de disuasión creíble, sin cejar en los esfuerzos por mostrarle a los gobiernos y al pueblo boliviano que un acuerdo de amistad y cooperación es una alternativa siempre abierta y definitivamente mas conveniente para ambas partes.

Una estrategia de este tipo exigen la demostración continua y sin vacilaciones de una firme voluntad política de proteger nuestros intereses nacionales y una voluntad estratégica de no aceptar insultos, amenazas, provocaciones ni agresiones sin la correspondiente respuesta que haga difícil la vida de los agresores.
Es también fundamental que los chilenos comprendan claramente que aceptar las exigencias bolivianas significa modificar la geopolítica de las fronteras norte y noreste de nuestro país, añadiendo elementos de inestabilidad imprevisibles.

Desgraciadamente, dadas las características de la política boliviana, sea cual sea el resultado o fallo de la CIJ, sus consecuencias solo mostrarían pequeñas diferencias. En este sentido, el resultado del fallo no es trascendente.

El fallo desatará una violenta reacción boliviana tratando de transformar el fallo en un triunfo y de tratando de forzar a Chile a mantenerse dentro de las “negociaciones”. En realidad, su continuidad es la única posibilidad de Bolivia de mantener vigente el conflicto que busca. No importa que diga la Corte, mas allá de todas las consideraciones anteriores, Evo dirá que es una “victoria” que “obliga a Chile a ceder mar”.

No es descartable el inicio de un conflicto violento, de baja intensidad, materializado mediante fuerzas paramilitares o “cívicas” con movimientos sociales jugando el rol central. Este tipo de conflictos perfectamente manejable para fuerzas militares con las capacidades de las nuestras debe ser dirigido y administrado por un liderazgo político decidido, creativo y audaz. Sin duda nuestro servicio diplomático será sometido a exigencias poco habituales y en las cuales ha mostrado pocas destreza. Pero sobre todo, el instrumento mas potente y eficaz será la decisión de poner en acción todo nuestro poder político,diplomático, económico y administrativo.
Un último factor crítico es tomar y mantener la iniciativa, accionar no reaccionar, imponer nuestro juego y asegurar a Bolivia que toda agresión contra Chile tendrá un precio, inexorablemente.

Nuestro “estado político intermedio” o de transición será, por muchos años,
vivir con un problema controlado y controlable, mientras no lleguemos a una condición de buena voluntad y cooperación con Bolivia.
Si consideramos que el objetivo final y último de nuestra estrategia es “establecer una relación de convivencia mutuamente conveniente con Bolivia dentro de limites territoriales definidos, respetados y no cuestionados, en conformidad a los tratados vigentes” nunca debemos perder de vista que no habremos triunfado mientras no hayamos alcanzado esa condición de convivencia amistosa y mutuamente ventajosa. Que las elites y la ciudadanía boliviana acepten que no les conviene desafiar a Chile y que, por el contrario, nuestro país puede ser un apoyo estable, macizo y confiable para su desarrollo .

Sintetizando los elementos mas relevantes para difundir y socializar una estrategia como la descrita, pareciera que algunos puntos significativos a proponer a nuestra ciudadanía podrían ser:

– Buscamos una relación de cooperación y amistad con Bolivia. De desarrollo y prosperidad en asociación. De largo plazo y mutuamente beneficiosa a sus respectivos intereses.
– Chile no entregará soberanía, de ningún tipo y de ninguna forma y toda conversación bilateral comenzará y concluirá respetando esta decisión.
– Los tratados vigentes no serán cambiados ni irrespetados. Chile no hará proposiciones, Bolivia deberá plantear lo que le parezca conveniente y Chile aceptará o rechazará.
– Chile no acepta mediadores, acompañantes ni facilitadores de ningún tipo. El problema es y será manejado en forma exclusivamente bilateral.
– Chile se reserva el derecho a defenderse activamente de todo tipo de acciones en su contra: a defender su honor y buen nombre, a defenderse de ataques regulares o asimétricos, informales, abiertos y encubiertos, políticos y económicos, llevados a cabo por organizaciones del Estado Boliviano o de organizaciones de cualquier tipo que actúen desde territorio Boliviano.
– El ingreso a territorio nacional o la acción a distancia de fuerzas militares, paramilitares o civiles armadas desde Bolivia a territorio nacional será considerado casus – belli.
– Chile se marginará del Pacto de Bogotá, decidiendo libremente y caso a caso, si es que en el futuro opta por someter algún pleito a la Corte Internacional de Justicia.

DESAHUCIAR EL PACTO DE BOGOTÁ, AHORA

El día 5 de enero de este año 2018, un periódico gobiernista boliviano informó que “el canciller Fernando Huanacuni revela que el Gobierno y la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima (Diremar) analizan opciones para hacer respetar los derechos que Bolivia tiene sobre el río Lauca, desviado por Chile.
Tras 52 años, Bolivia recopiló antecedentes de las afectaciones en distintos ámbitos y ahora analiza las futuras acciones”.
A Huanacuni se le pidió que informara si “corresponde y diga si el país presentará una demanda por el desvío arbitrario, unilateral y abusivo de las aguas del río Lauca”; en su respuesta “deja entrever que uno de los fundamentos de la demanda estaría relacionado al hecho de que el agua es un derecho humano y que al tratarse de un río internacional, su uso debe ser equitativo; algo así como lo que argumenta Chile en su demanda por el Silala”.
Así, entre la ideología de los derechos humanos y el Pacto de Bogotá avanzamos hacia una nueva demanda boliviana contra Chile en la Corte de Internacional de Justicia.

Mientras tanto, en Chile, inmediatamente después de la elección del Presidente Piñera comenzaron los aprontes. Un distinguido analista señaló que “ya hay especulaciones en algunos medios sobre quien tendrá a su cargo la ejecución de nuestra política exterior, que el reelegido Presidente determinará; más quienes serán los Agentes, Coagentes, Asesores y demás involucrados en los dos pleitos, se mantengan los actuales, o se reemplacen o refuercen con nuevos aportes”. Ya que “Si bien todo aconseja una apropiada continuidad, no son cargos vitalicios, y cada administración tiene plena libertad decisoria”. Parece un tema técnico relevante, mas que nada, para los aspirantes a los cargos respectivos. Mas relevante para Chile es el diagnóstico, que muchos diplomáticos y abogados comparten: “En lo jurídico, habrá que evaluar con nuevos ojos el derecho internacional y sus rápidos cambios, evidenciados en las más recientes sentencias de la Corte, donde han predominado las soluciones equitativas, por sobre la acostumbrada rigidez clásica, como prueba irrefutable de su adecuación a nuevos tiempos. Más permeable a otros factores que ahora también se consideran, y donde el mayor valor de la justicia, se equipara en vigor, al estricto derecho que a cada parte pudiere corresponderle. De ahí que esta tendencia haya sido apreciada como una politización de la Corte, o dictación de sentencias salomónicas. No consideran, tal vez, que el derecho actual evoluciona y procura reevaluarlo, cuando la juridicidad haya derivado en una situación, que estando dentro de la legalidad, a lo mejor, podría llegar a un resultado injusto”, y concluye con una recomendación: “Dentro de este ámbito, es de esperar que no se insista en contrarrestarlo mediante la simplificación de continuar o denunciar el tan mencionado Pacto de Bogotá. Sólo nos da una de las competencias procesales para acudir a la Corte. En nada influye en los pleitos pendientes, ni en la jurisdicción del Tribunal que tantos otros acuerdos contemplan. Además, podría interpretarse como una debilidad de nuestra parte, o muestra de molestia o desconfianza, que la Corte no pasaría por alto, y eventualmente, reflejar en sus fallos”.

Entre todos estos considerandos pasa suavemente el hecho de nos asociamos a una corte que fallaba “en derecho” que ahora se ha transformado en otra que lo hace “en justicia”. Lo que sea que los jueces interpreten por tal cosa.

La Corte ha cambiado la doctrina que fundamenta sus fallos, por si y ante si, sin consultar a los afectados que voluntariamente se someten a su jurisdicción. Peor aun, aplica de facto su nueva doctrina sin ni siquiera advertir a sus usuarios respecto a este cambio. Por otra parte ¿es acaso agraviante el que Chile manifieste su molestia o desconfianza a una Corte que ha procedido con esta arbitrariedad?, y aun si fuera percibido como agraviante, ¿podemos posponer los intereses de Chile en beneficio de una prudencia pusilánime?.

¿Por qué estamos en la Haya?. Existen varias maneras de enfrentar y resolver las disputas internacionales y Chile al suscribir el Pacto de Bogotá se limitó voluntariamente y en forma exclusiva a una sola de ellas: el arreglo judicial internacional basado en la Corte Internacional de Justicia (La Haya). Esta fue una elección política y no un mandato divino. Así como ingresamos podemos salirnos.

Las razones para hacernos partes del Pacto de Bogotá fueron básicamente dos: primero una presunta doctrina legalista y americanista que pretendía erradicar las relaciones de poder entre los estados de la región y reemplazarlas por un sistema de arbitraje judicial internacional obligatorio y segundo, por esas vía buscar una forma de sustraerse a las presiones militares y políticas a que los gobiernos argentinos nos sometían periódicamente para dar satisfacción a su política bioceánica, es decir de salir soberanamente al Pacífico por territorio chileno.

El conflicto del Beagle puso a prueba esta ilusión y resultó un fracaso: El 18 de febrero de 1977 un tribunal formado por miembros de la Corte Internacional de Justicia y leído por la Reina de Gran Bretaña, la misma corte que ahora juzga el pleito con Bolivia, aclaró que las chilenas “las Islas Picton, Nueva y Lennox y los islotes y rocas dependientes de ellas” en un fallo inapelable y de cumplimiento obligatorio para las partes, y el 25 de enero de 1978 Argentina declaró “insanablemente nulo” el Laudo y que debía “ser considerado inadmisible e inválido en si mismo”. Chile señaló su intención de ir unilateralmente -al igual que Perú lo hizo contra nuestro país – a la Corte Internacional de Justicia (La Haya) y Argentina declaró que eso constituiría casus belli, es decir causa inmediata de guerra.

Y no pasó nada. Nadie dijo nada. Nadie hizo nada. Las grandes potencias guardaron silencio, los hermanos latinoamericanos miraron en diversas direcciones y Chile debió enfrentar la crisis solo con sus recursos de poder. En breve, cuando lo necesitamos el Pacto de Bogotá no nos sirvió.
En el caso del conflicto por el Canal Beagle con Argentina luego del desconocimiento del fallo pasamos por las Negociaciones Directas y terminamos con una Mediación llevada a cabo por el Papa Juan Pablo II. Y si no hubo guerra no fue gracias al sistema jurídico internacional sino al poder y la voluntad de lucha mostrada por el Gobierno y el Pueblo de Chile.

Ese mismo Pacto es el que permitió a Perú llevarnos a un juicio en forma unilateral y a un fallo increíble, en la cual la Corte Internacional de Justicia validó todas nuestras razones jurídicas e igual nos despojó de un amplio espacio oceánico incuestionablemente chileno.
Ahora Bolivia lo está usando para intentar obtener ventajas a nuestra costa. Tanto Perú como Bolivia tienen en el Pacto de Bogotá una herramienta que les permite plantear pedidos sin arriesgar nada.
En breve, el Pacto de Bogotá no nos protege de las presiones argentinas y nos abre a una condición de vulnerabilidad ante las peticiones de Perú y Bolivia. Por otra parte, durante los años 1966 y 1967, cuando el gobierno de Perú presidido por el general Juan Velasco Alvarado se sintió fuerte, intentó agredirnos, lo que lo hizo desistir no fue la Corte Internacional de Justicia sino que nuevamente, el poder y la voluntad de lucha mostrada por el Gobierno y el Pueblo de Chile.
¿Por qué entonces renunciar a todas las demás formas de negociación de conflictos y quedarnos con una que no nos sirve frente a ninguno de los tres vecinos?

Cuando las relaciones entre países se dan en términos políticos, el poder militar constituye uno de los elementos del poder nacional y cuando las resolución de las disputas entre estados se entrega a un tribunal internacional, se renuncia al empleo de esos poderes y se confía tanto en la justicia y neutralidad del tribunal como en que la contraparte cumplirá el fallo. En este segundo caso, al menos en teoría, la fuerza no sería necesaria.
La realidad muestra que con alarmante frecuencia los estados más fuertes, que se creen más fuertes o se mueven con más audacia en el ámbito de las relaciones exteriores no respetan los fallos sea porque rechazan los mecanismos judiciales acordados o porque rechazan los fallos cuando éstos no los favorecen. Nuestra historia pasada y reciente muestra que al final Chile cuenta solo con sus propios recursos de poder para defender su integridad y honor.
Recientemente un periodista nacional experto en relaciones internacionales proclamó la inutilidad de las fuerzas militares chilenas porque su existencia no había sido capaz de disuadir a tres gobiernos de Perú de llevarnos unilateralmente a La Haya. El experto olvida o desconoce dos elementos fundamentales del problema. 1.- Chile, al suscribir el Pacto de Bogotá, renuncio a la auto defensa de sus intereses y entregó esta tarea a un Tribunal Internacional y 2.- La disuasión exige dos elementos que actúan juntos: le existencia de fuerzas militares capaces y creíbles, y la voluntad del liderazgo político, que en el caso que analizamos brilló por su total ausencia.
En 1975 y 76 con Perú y en 1978 con Argentina, Chile tenía fuerzas militares muy débiles y un liderazgo político fuerte, decidido y valiente, en el caso Boliviano hemos tenido FFAA fuertes y un liderazgo político vacilante, en estado mental de negación.
Chile es un país serio, que cumple sus compromisos y respeta su palabra, para no volver a vernos entrampados ante maniobras de otros estados menos escrupulosos, debemos comenzar por recuperar el manejo de nuestras relaciones exteriores, mejorar los procesos de políticas públicas de seguridad y defensa, abandonar las ilusiones ideológicas y ajustarnos más a las realidades del mundo como es y no como nos gustaría que fuera.