EL FUNERAL DE AYLWIN DESDE PUNTA PEUCO

Hoy 21 de abril estuve en Punta Peuco visitando a un gran amigo de toda la vida.

En mofa suele decirse que en todas las cárceles sólo hay inocentes, ningún culpable.  En este caso, leí cuidadosamente el proceso completo que condenó a mi amigo y él lo es. Lo substanciación del proceso la hizo el funcionario judicial Miguel Vásquez Plaza, de discutible solvencia técnica y poseedor de una clara noción de lo que es bueno para su carrera, quien expone los planteamientos que a su juicio materializan su culpabilidad, que hieren el sentido común de cualquier persona normal.

Pero esto es irrelevante, el problema de la verdad y la justicia quedó sumergido por la combinación siniestra del lucro y la venganza.

El lucro es grande. En efecto, un caso ganado implica una ganancia de aproximadamente $600.000.000, de los cuales un 60% van al abogado y el resto a los demandantes. Un negocio excelente y sin consecuencias. Si no logras una condena, no pasa nada; y lo mejor, un grupo de abogados puede llevar varias causas a la vez.

La venganza está ubicada en los creyentes en la lucha de clases y en la agudización de las contradicciones; en los promotores de toda clase de conflictos y enfrentamientos; en el cultivo sistemático del odio. Seres irrecuperables, parte de ese 10% de “tarugos redondos en agujeros cuadrados”, individuos inadaptados para la vida en comunidad. Sólo ellos podrían pergueñar una frase mas provocativa que “ni perdón ni olvido”.

Y digo provocativa porque nadie podría asegurar que ella se aplicará siempre en un solo sentido, desde ellos hacia nosotros, me parece que eso ya no fue así y si alguien cree que todas las tropelías y abusos cometidos contra los militares quedarán impunes, podría ser que esté cometiendo un grave error. Mas aun, podría ser que las semillas del odio plantadas por ellos y regadas constantemente con mentiras, exageraciones, “verdades oficiales” y campañas de prensa (¿en qué terminaron “los quemados”?) fructifiquen en violencia.

Es muy interesante el planteamiento del Padre Montes en una entrevista reciente respecto a este tema: “Yo creo algo que le escuché a don Patricio Aylwin. Él contó que cuando su papá era niño era la revolución de 1891, y acompañaba a su padre (abuelo de don Patricio) a la cárcel a ver a su propio padre (su bisabuelo). Y nunca se olvidó de eso. La conclusión que sacaba Aylwin era que este es un problema tan traumático, que se necesita que pasen dos generaciones: las que vivieron el tema de adultos y las que lo vivieron de niños. Yo creo que tiene bastante razón”.

Es interesante, ya que las heridas emocionales que sufrió el padre de Aylwin al ir con su padre a ver a su abuelo preso no pueden haber sido muchas, ya que después de esa revolución terrible, si hubo “perdón y olvido”, talvez porque en ese entonces no habían comunistas.

¿Cómo serán las heridas de los hijos de 35 años que está visitando a sus padres desde hace 20 años, presos de los “vencedores de los militares”, o que han tenido que enterrarlos después de haberlos visto agonizar tras las rejas o que en cada visita encuentran a sus ancianos que ni siquiera los reconocen?

Y está los nietos y después vendrán los bisnietos.

Mientras tanto, Teillier se mofa de los militares y se declara vencedor con el aplauso de la izquierda; el acoquinamiento de la derecha. y el silencio de los “cómplices pasivos” que se archienriquecieron durante y gracias al Gobierno Militar.

La perspectiva de esta conmemoración de la democracia, de esta celebración del “hombre bueno”, del demócrata impecable, del negociador eficaz, del castigador de los militares y del estadista que buscó y encontró a paz para Chile, se aprecia de muy distinta manera desde Punta Peuco, donde los prisioneros no tienen ninguno de los beneficios carcelarios legales porque el “sicólogo” determina que todos y cada uno de los internos no “está en condiciones de insertarse en la sociedad”.

Hombres de 70 a 85 años, incapaces de insertarse en la sociedad!. Unen la burla a la injusticia.

Todos son “informados” con un mismo escrito al cual el sicólogo cambia el nombre que encabeza el papel. A tanto llegó la desvergüenza que hasta el poder judicial ha dispuesto que los informes sean hechos por sicólogos independientes.

Pero que le hace una raya mas al tigre. Los militares han sido y siguen siendo víctimas de una conjura entre el poder judicial, -remodelado desde la obsecuencia al gobierno militar, a la obediencia perruna al gobierno civil-; una clase política cobarde, mezquina y corta de vista, y los que, como Aylwin, con vos susurrante y a media luz traicionaron, discriminaron y criminalizaron a los militares, tarea sórdida que dio paso a las comisiones Rettig; Valech 1; Valech 2 y otra mas destinada a repartir plata entre los que “no tocaron” en ninguna de las tres anteriores.

La guinda de la torta la puso Carlos Ominami, que tratando de exculpar su dolo exigió que “la justicia debiera ser mucho más cuidadosa en la forma como actúa”, porque “cometen desprolijidades”; sostuvo que los tribunales están actuando en “el contexto que da la calle”; y finalmente, “se enjuician de manera extremadamente severa prácticas que tienen que ver con un contexto distinto”, exigiendo lo que explícitamente los políticos de izquierda y derecha niegan a los militares.

Sería risible si no fuera el fundamento de una injusticia que, por siglos, será recordada en Chile y mostrada como ejemplo de prevaricación, incompetencia y cobardía del poder judicial y los políticos, en su trato a los militares.

Definitivamente, desde la perspectiva de Punta Peuco, las loas al “padre de la patria” -como lo valora un plumario de moda- no tienen ningún significado para ellos, es motivo de nuevas injurias, falsedades y ocultamiento de la verdad; es sólo mas de lo mismo.

POLÍTICA MILITAR: PERDIDOS EN EL ESPACIO

El gobierno de Michelle Bachelet ofreció aportar “ímpetu” al sector defensa en sus aspecto de desarrollo institucional y por el contrario, solo sabemos de divagaciones silenciosas, secretas y estériles de un Subsecretario enamorado de sus prejuicios pacifistas que se hunde en espiral rumbo a ninguna parte.

En el ámbito de las políticas públicas de relaciones exteriores y militares comúnmente se emplean dos documentos directrices que dan la partida a la planificación estratégica nacional: la Política de Seguridad y Defensa, analizada en mi columna anterior y la Política Militar que es el conjunto de objetivos y estrategias que dirigirán el esfuerzo de organización, gestión del personal, del material, de la infraestructura y el desarrollo de las doctrinas de todo tipo que materialicen y orienten la estructura militar en el marco de la Política de Seguridad y Defensa. Es la Política del gobierno hacia las FFAA.

En esta columna me referiré a la Política Militar del actual gobierno de Chile. Los documentos mas relevantes al respecto son las declaraciones de los personeros del gobierno y mas que todo, de sus acciones reales. También son elocuentes sus escritos y declaraciones antes de asumir sus cargos.

El Programa de la Nueva Mayoría considera que “A partir del 2010, año que entró en vigencia la Ley N° 20.424, Estatuto Orgánico de la Defensa Nacional, algunas reformas continuaron, pero la mayor parte de éstas se estancaron y, en algunos aspectos, hubo retrocesos como resultado de la gestión de la autoridad política realizada entre el 2010 y el 2013”. Hechas las críticas de rigor al gobierno anterior, entra a proponer las acciones a tomar a partir del año 2014 para “retomar con ímpetu las reformas institucionales para el desarrollo de una Defensa Nacional”.

Durante el año 2014 no se hizo nada, pero la Presidente, en su Inauguración del Año Académico Militar 2015, al comienzo de su segundo año de gobierno reiteró y detalló el Programa que se desarrollaría durante los -ahora- solo tres años restantes de su mandato:

“Y quiero especificar a qué me refiero, en cada caso … .

Primero, sobre la Ley de Financiamiento de la Defensa, quiero decir que el Ministerio ha preparado una indicación sustitutiva para mejorar el proyecto de ley que establece un nuevo mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas de la Defensa. Este proyecto fue aprobado en su primer trámite por la Cámara de Diputados y se encuentra ahora en el Senado. Y el proyecto de indicación sustitutiva será enviado durante el primer semestre del 2015.

Segundo enviaremos al Congreso un proyecto de ley para modificar el Código de Justicia Militar, que también esperamos enviar durante el primer semestre de este año. Lo que buscamos es que el Código garantice el debido proceso y otorgue credibilidad y transparencia jurídica, con las mismas garantías que rigen en la justicia ordinaria.

Tercero, en el caso de la institucionalidad conjunta, elaboraremos un proyecto para perfeccionar y fortalecer la organización y atribuciones del Estado Mayor Conjunto y de su jefatura. Esto incluye sus atribuciones en materia del mando de medios en tiempos de paz. También estableceremos una agenda sectorial para promover, perfeccionar y desarrollar la institucionalidad de lo conjunto en todos sus planos. Nos parece fundamental dotar a la Defensa del más alto estándar internacional de conducción de operaciones militares. Si queremos mejorar aún más nuestra respuesta ante las emergencias, la respuesta, desde el punto de vista del empleo de los medios militares, debe ser de naturaleza conjunta. Esto es lo que se juega, así de crucial es este aspecto.

Cuarto, en materia de industrias militares, enviaremos el proyecto de ley que moderniza las empresas estatales de Defensa, FAMAE, ASMAR y ENAER. Además de reafirmar el carácter público de la industria militar y potenciar el cumplimiento de sus funciones, aumentaremos su transparencia, disminuiremos las asimetrías de información y modernizaremos y profesionalizaremos su gestión administrativa. Tenemos que equiparar su gestión con los estándares OECD de gobierno corporativo en empresas públicas.

Y quinto, la agenda de inclusión y no discriminación que incluye, por cierto, la equidad de género. Es central para la democracia, la construcción de una comunidad que se funde en el respeto a la diferencia y el trato igualitario entre las personas. Por ello hemos iniciado la elaboración de una nueva política sectorial –aquí está la ministra del Ministerio de la Mujer-, a diez años de la publicación del documento anterior para la integración armónica de la mujer en las Fuerzas Armadas y su desarrollo profesional en cada institución.

De todo esto, salvo los asuntos de “Genero e Inclusión”, que interesan personalmente a la Presidente, hasta ahora no hay resultados concretos, ningún resultado concreto. La forma secreta y  antidemocrática -compartimentado y escondido de la observación pública-  en que trabaja Robledo  no contribuye en nada a legitimar y facilitar el trámite de los proyectos y darle le necesaria solidez jurídica y formal para facilitar su aprobación:

La Agenda Legislativa para “el segundo tiempo del Gobierno” – ahora solo dos años restantes de su administración-, según lo informado en la prensa y no desmentido ni corregido, considera:

7 Proyectos en trámite para ser despachados antes del 21 de Mayo de 201

8 proyectos para ingresar y despachar el año legislativo 2016

17 proyectos que quedará ingresados a tramitación el año 2016

26 proyectos para despachar antes del 31 de enero del año 2017

De todos estos proyectos de ley NI UNO SOLO corresponde al Ministerio de Defensa. Esto contradice la declaración de gobierno de que “nuestro objetivo fundamental sea retomar con ímpetu las reformas institucionales para el desarrollo de una Defensa Nacional”.

En su alocución ya señalada, la Presidente también señaló: “Los diferentes gobiernos hemos llevado adelante procesos de reforma, con el objetivo de institucionalizar la gobernabilidad democrática del sector, y como parte de una agenda de construcción de una democracia de calidad. Así, ha habido una progresiva mejora de la gobernabilidad democrática, y los principales hitos son conocidos por todos ustedes”.

Al respecto es útil destacar lo que entiende el Subsecretario Robledo, -a cargo de estas reformas-, por “gobernabilidad democrática” y para eso, lo mejor es referirse a Ángel Flisfisch y Marcos Robledo, “Gobernabilidad Democrática de la Defensa en Chile. Un índice para el periodo 1990-2010”. El documento mencionado es un ejemplo de la metodología de investigación sociológica norteamericana, que trata de encontrar y tabular hechos que le permitiría inferir relaciones de causa efecto entre ellos.

En este caso, se trata de llegar a un índice de gobernabilidad de defensa que sería igual a la suma de los eventos positivos para esa gobernabilidad divididos por la sumatoria de los eventos positivos + el total de los eventos negativos. Considera cuatro variables: Control civil (instituciones e instancias de control político); Eficacia (existencia y calidad de políticas y estrategias); Eficiencia (Gestión de los planes y recursos) y Conducta (subordinación o contestación de los militares). Cada una de estas variables es desglosada en indicadores (20 en total).

Se considera que el progreso de la situación estaría conformado por unas FFAA constituidas en “agentes” de instituciones políticas que constituyen sus “principales”, en que las acciones de los segundos son siempre acertadas y funcionales tanto al fin perseguido -la gobernabilidad- a la conformación, la conservación de una institucionalidad democrática y a la puesta en práctica de políticas y estrategia eficaces para proteger los intereses nacionales.

Según este criterio, las FFAA Revolucionarias de Cuba y las Bolivarianas de Venezuela serían el modelo perfecto de gobernabilidad en defensa. Nunca “contestan”, son parte del “sistema”, en realidad instrumentos del gobierno para la imposición y sostenimiento de su programa político y de difusión de su ideología. El compromiso del Ejército Argentino de Milani con el proyecto político “nacional y popular” del Cristinismo habría sido también un exitoso ejercicio de gobernabilidad democrática.

Desde otro punto de vista, en la guerra de Viet Nam, la pasividad y complicidad del establecimiento militar norteamericano llevó a su obediencia ciega a los caprichos y dislates estratégicos de su “principal” Robert Mc Namara, a la derrota y la pérdida inútil de 60.000 soldados, en medio de una potente crítica ciudadana.

Parece evidente que el concepto de “contestación” de Robledo requiere de mucha más elaboración, hasta aquí parece una clasificación demasiado subjetiva que prioriza la obsecuencia militar por sobre la lealtad que implica representar de buena fe los errores apreciados en las decisiones de los “principales”. Lo único que importaría a su lógica sería que los militares se limiten a aceptar pasivamente las ordenes “civiles” aunque sean erróneas o dañinas. Cómodo para los “principales”, sin duda, pero inmoral y abusivo.

La base ideológica de este modelo parece evidente al considerar los valores asignados a las variables del modelo: Control civil: 25%; Eficacia: 12,5%; Eficiencia: 12,5% y Conducta Militar: 50%

Se puede apreciar que las variables referidas a la sumisión militar acumulan el 75% de la ponderación y las referidas a la calidad del liderazgo civil, a un modesto 25%. Este desbalance en la valoración muestra una incomprensión básica de los elementos que conforman el liderazgo y la legitimidad del mando. En efecto, la legitimidad para ejercerlo tiene una relación directa con la preparación técnico – profesional del líder; con la calidad moral de sus decisiones, y con su capacidad para producir resultados beneficiosos para la organización por parte de los “principales”.

Una de las fuentes de fricción más frecuentes entre los “principales” y los “agentes”, surge, justamente, de cuando los que mandan no saben, no quieren o no pueden hacer su trabajo

La gestión de la defensa en Chile requiere un mínimo de nuevas leyes y una gran cantidad de directivas y acciones administrativas. Por ejemplo, los cambios en la Política de Seguridad y Defensa considerados por este gobierno, implicaban la obsolescencia de un conjunto de capacidades estratégicas disuasivas y de combate y su reemplazo por otras de cooperación intrarregional y doctrinas operacionales antimperialistas y de paz y debieron haber significado una importante modificación de los Programas y de los Proyectos respectivos. Nada de eso se hizo. En realidad Robledo y el conjunto de asesores de su confianza desconocen la realidades de la logística y de la gestión de la defensa, no les interesa y esto confirma que para ellos es indiferente  que los “principales” sean profesionalmente incompetentes.

Así, es un hecho histórico probado que la mayoría de los motines militares surgen de la ineficacia e ineficiencia de los “principales”. Acá parece que no importa que el líder civil no sepa hacer su trabajo, lo único que interesa es que los militares obedezcan en silencio lo que salga del Ministerio de Defensa aunque sean políticas y directivas incoherentes.

Para concluir y considerando que en los dos próximos años el Ministerio de Defensa solo tendrá trabajo de rutina administrativa me permito recomendarles a sus “principales” que dediquen el tiempo libre al estudio de la gestión moderna de la defensa, ámbito que han eludido durante muchos años y en el que han demostrado una sólida ignorancia.

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y DEFENSA: FRACASO INTEGRAL

La Política de Seguridad y Defensa del segundo gobierno de Bachelet fracasó y la causa es que se basó en un diagnóstico erróneo, voluntarista e ideológico que intentó materializarse mediante una estrategia que, abandonando la política pragmática de ”Regionalismo Abierto” implantada el Presidente Lagos, -a partir de la exitosa apertura de Chile al mercado internacional y a la globalización, puesta en marcha por el Gobierno Militar-, intentó primero complementarla con elementos de una “Integración Regional” en el marco de Unasur y Mercosur y luego reemplazarla incorporándose de hecho al proyecto chavista. El resultado de esta política es el incremento del aislamiento e inseguridad internacional de Chile; el término del liderazgo regional de nuestro país y la subordinación de los intereses nacionales al proyecto chavista.

Lo que iba bien se cambió para que quedara mal.

El concepto de “regionalismo abierto” presentó -desde sus orígenes- una ambigüedad que hizo que fuera interpretado de distintas maneras en su uso y significado. La expresión se originó en el contexto de la cooperación económica entre los países de Asia – Pacífico en la década de 1970 y fue la base de la Conferencia de Cooperación Económica del Pacífico (PECC) y del Foro de Cooperación Económica del Asia Pacífico (APEC). En Latinoamérica se popularizó en los años noventa.

En Argentina tomó un sesgo proteccionista influido por la crisis económica de 2001, dando preferencia al comercio regulado en que el “regionalismo” llevó a una unión aduanera: Mercosur, bajo la tutela brasileña.

En Brasil fue usado para asumir la representación de un conjunto de países emergentes; adquirir estatura internacional y para fines geopolíticos, que finalmente –dinamizado por el Foro de Sao Paulo- se materializó en la creación de Unasur.

Para Chile, se convirtió en un principio clave de la política exterior con un fuerte consenso de la elite política y empresarial. Operó principalmente en un contexto económico desde APEC y mediante un conjunto de tratados de libre comercio.

Parece claro que todos hablaban de regionalismo abierto pero asignándole diferentes significados, reflejos de sus políticas internas: Argentina, proteccionista; Brasil; de supremacía regional y Chile desde la vertiente comercial.

Lagos fue explícito al respecto cuando rechazó las presiones de Fernando Henrique Cardozo para que Chile ingresara a Mercosur. No quiso arriesgar todo lo avanzado para darle un gusto a su amigo brasileño.

Shirley Göts en su libro “Liderazgo y Política Exterior”, “distingue en la política exterior chilena pos Gobierno Militar dos momentos o etapas diferenciadas en cuanto a su dimensión subregional: La primera de estas fases – la de desacoplamiento – ocurre durante el gobierno de Ricardo Lagos, y es el momento en que la política exterior chilena se desarticula de los procesos que tienen lugar en el espacio regional sudamericano … impulsando como estrategia externa la de consolidar su inserción internacional, es decir, concretar una mayor penetración de Chile en los mercados mundiales mediante acuerdos comerciales con las más importantes potencias extra regionales. El éxito de esta política se concretó en la negociación de tratados comerciales con la Unión Europea, Estados Unidos y China, erigiendo a la economía chilena, y al país, en una suerte de modelo en y para el concierto regional”. “El nudo de mayor complejidad para la política exterior chilena del período 2000-2006 lo constituyó el entorno vecinal, derivado tanto de la interrupción del abastecimiento gasífero desde Argentina, de la ofensiva multilateral desplegada por Bolivia para plantear su demanda marítima  como de la revisión de los límites marítimos efectuada de parte de Perú”.

“Una segunda fase que transcurre entre los años 2006 y 2010, que he denominado, en contraposición a la anterior como de “Reacoplamiento Regional” tiene lugar durante (el primer) gobierno de Michelle Bachelet y debe entenderse como la etapa en que se genera una creciente sintonía de la política exterior chilena en relación con las dinámicas políticas, económicas e integracionistas que, desde comienzos de esa década  venían desarrollándose en la región”: con el proyecto chavista sobre la plataforma del socialismo del siglo XXI, del Foro de Sao Paulo.

“El gobierno de Bachelet se mantuvo dentro del modelo de desarrollo (de Regionalismo Abierto) pero confirió una mayor prioridad a la región latinoamericana cambiando su eje desde la inversión y el crecimiento hacia una concepción neodesarrollista de Estado. … Este cambio de énfasis correspondió no a cambios en la situación internacional regional sino a la mayor incidencia de la ideología en la voluntad política de la mandataria, coincidente con la mayor disponibilidad de recursos económicos derivados del mayor precio de las materias primas”.

Por mi parte, veo dos momentos posteriores, el tercero, del gobierno de Piñera, en que no se aprecia una línea definida mas allá de intentar potenciar el comercio con los países dispuestos a ello de la región: Perú, Colombia y México; el fortalecimiento de la Alianza del Pacífico y una buena relación con los EEUU.

El cuarto momento que denominaría de la “Priorización de la Integración Regional”, es el establecido por Bachelet en su segunda administración, que analizaré mas adelante.

Antes de abandonar esta taxonomía conviene hacer un pequeño balance:

–       Lagos tuvo un éxito reconocido mundialmente que llevó a Chile a alturas de prosperidad y prestigio no conocidas por los chilenos. Este éxito tuvo como contrapunto los conflictos vecinales ya mencionados: el incumplimiento de los acuerdos para la venta de gas por parte de Argentina y su extorsión para exigir nuestro apoyo incondicional en el caso de las Falkland; la ofensiva desplegada por Bolivia para plantear su demanda marítima y la demanda por la revisión de los límites marítimos por parte de Perú; problemas originados no por las acciones o inacciones del gobierno de Lagos sino por las peculiares características del entorno vecinal, potenciado por la agresividad del proyecto político bolivariano impulsado por Brasil, apoyado por Argentina y financiado por Venezuela.

–       Durante el gobierno de Piñera no hubo una línea definida de Política de Seguridad y Defensa mas allá del pragmatismo comercial.

–       La política de Seguridad y Defensa del primer gobierno de Bachelet no logró sus objetivos y llevó al país a una situación de crisis vecinal continuada: La demanda de Perú en si perjudicial para Chile se agravó por el incumplimiento por parte de ese país de los términos del fallo judicial; empeoró con la creación de un nuevo contencioso en torno al “triángulo” imaginario inventado por ese país, la magnificación de conflictos como el del espionaje y su apoyo a Bolivia en su política hostil a Chile y por la displicencia argentina ante los esfuerzos de nuestro gobierno por serle útil y amistoso. Pero el error mas grande de Bachelet fue la generación de una directriz de diálogo para el trabajo bilateral (la Agenda de los 13 puntos) con Bolivia que llevó a concesiones hechas a espaldas de la ciudadanía, excesivas, inoportunas y condenadas al fracaso desde su inicio. Estas negociaciones fueron una manifestación de un voluntarismo político sin fundamento y con grave menoscabo del interés nacional.

La razón de estos fracasos parecen evidentes: Entre estados que tienen proyectos políticos muy diferenciados e incluso antagónicas entre si puede existir respeto mutuo, pero no puede existir alianza de seguridad menos alianza de defensa, que constituyen el nivel mas alto de la cooperación internacional.

En concreto, el objetivo y la estrategia de los bolivarianos en torno a Unasur y Mercosur, era incompatible con el Chile del Regionalismo Abierto y la Alianza del Pacífico.

El segundo Gobierno de Bachelet.

La Política de Defensa descrita en el Programa de Gobierno de la Nueva Mayoría (NM) no mereció ni el mas mínimo interés por parte de la derecha que entiende gobernar como hacer administración y no política. La NM describió con claridad lo que intentaban hacer y siendo un cambio político de gran profundidad y trascendencia para el país, –revolucionario-, no mereció la atención de la clase política que, ahora sabemos, estaba ocupada en otros menesteres.

Es importante destacar que esta parte del programa fue desarrollada por Jorge Burgos y Marcos Robledo, el primer sería luego Ministro de Defensa y el otro Subsecretario de Defensa. En esta labor Burgos participó desde una perspectiva política y un interés en su proyecto político personal –su carrera política- y Robledo desempeñó el rol del estratega y técnico “en materias de defensa” omnivalente, título que se auto asignó un reducido grupo de gurues de izquierda, con títulos que nadie ha homologado.

El Programa -que una vez obtenida la Presidencia no fue socializado ni explicado a la oposición ni a la ciudadanía, para constituirla en “política de Estado”, en su parte dedicada a la Estrategia de Seguridad y Defensa dice:

“Durante el período 2014-2018, la política de Defensa Nacional tendrá como objetivo principal de mediano y largo plazo, generar una Comunidad de Seguridad en América del Sur que garantice la paz y elimine definitivamente la amenaza de la guerra, siendo el Consejo de Defensa de UNASUR la institución para avanzar en esta materia”.

“En el mismo sentido, se fomentará la cooperación y extensión de medidas de confianza mutua y de prevención de crisis con nuestros vecinos y en la región”:

Se profundizará con fuerza el proceso ya tan avanzado de diálogo, cooperación e integración con Argentina y se extenderá a Perú; “Con Bolivia lo fundamental será retomar el camino del diálogo, iniciado en 1999, y el clima de confianza mutua conseguido durante el período 2006-2010. La plena normalización de las relaciones con Bolivia es un objetivo al que aspiramos”.

El discurso de la Presidente de la República, en la ceremonia de inicio del año académico de las Fuerzas Armadas el 18 de marzo de 2015 refuerza y amplía estos conceptos:

“Dije al comienzo que la transformación de nuestro entorno estratégico es la segunda gran área de trabajo para la Defensa Nacional”.

En lo vecinal y regional, Chile fue capaz de transformar su relación con Argentina, –  América del Sur en particular, puede avanzar y hacer de la región una zona de paz. Ahora, lo que nos corresponde históricamente es consolidar este avance. Por eso hemos fortalecido el trabajo en el Consejo de Defensa Sudamericano de UNASUR, porque creemos que podemos avanzar hacia la construcción de una comunidad de seguridad.

Por eso también, en esta etapa, Chile aspira a transformar y mejorar la histórica relación bilateral con Perú. Hemos avanzado muy positivamente en los últimos años, y es hora de que Chile y Perú seamos capaces de demostrar al mundo la grandeza de nuestros pueblos, que no quieren, no pueden ni deben quedar atrapados en un pasado que nos ha dividido.

Estos dos documentos contienen las claves de la Política de Seguridad y Defensa y disponen directivas sorprendentes:

– La generación de una Comunidad de Seguridad –tarea política y diplomática- se entrega al Ministerio de Defensa y se la radica en Consejo de Defensa de Unasur. Las tareas que emprende este Consejo bajo control y orientación chavista son una muestra de la confusión conceptual creada intencionalmente para adoptar decisiones y compromisos que van mucho mas allá de los técnico – militar que es el ámbito de competencia del Ministerio de Defensa. Así se establecieron tareas con contenidos por completo ajenos al ordenamiento legal y Constitucional de Chile y con claros contenidos políticos ideológicos -“revolucionarios y antimperialistas”- en los que se comprometió la concurrencia y participación de militares chilenos.

– La presidente, por su parte insiste: “Dije al comienzo que la transformación de nuestro entorno estratégico es la segunda gran área de trabajo para la Defensa Nacional”. Este es un concepto incompresible y diferente a los que se emplean en Occidente: La forma de “transformar el entorno estratégico mediante las FFAA” es la guerra no la política ni la diplomacia. Esto muestra como la ampliación que los autores del programa de defensa de la NM asignaron a su ministerio se sale por completo de la Constitución pero abre un espacio para las tareas que se auto asignó y trató de llevar a cabo el Subsecretario Robledo, creando una “diplomacia militar” o “un ministerio de RREE paralelo”, desde donde promover su agenda ideológica.

– “Se profundizará con fuerza el proceso ya tan avanzado de diálogo, cooperación e integración con Argentina y se extenderá a Perú”.

La cruda realidad fue que el diálogo con Argentina fue constantemente asimétrico, Chile daba y Argentina recibía, Argentina exigía y Chile cedía, asi es como se enfrió nuestra relación con Gran Bretaña, que se aproximó a Perú donde fue bien recibida y apoyada en sus operaciones en las Falkland. Las FFAA argentinas, bajo el Gobierno de Cristina Kirchner y el general Milani se politizaron y se comprometieron políticamente con su ideología y su programa de gobierno, hasta llegar a ser parte de su aparato de seguridad y gestión de política interna. La caída del gobierno de Cristina Fernández le quitó por completo el piso a todo lo obrado en base a la orientación política del gobierno saliente y no sirvió para nada.

– Respecto a Perú, “Se profundizará con fuerza el proceso ya tan avanzado de diálogo, cooperación e integración … y se extenderá a Perú. Se desconoce el tan avanzado diálogo con Perú y mas bien se pudo apreciar una fricción constante y una hostilidad latente que no ha contribuído en lo mas mínimo a la Seguridad Nacional y que, en cambio, ha consolidado una situación en que el tema “del triángulo” se establece como un futuro motivo de tensión y conflicto, sin perjuicio de lo cual, el Subsecretario de Defensa inistió en avanzar en la cooperación e integración y en la revisión unilateral de la necesidad de disuasión militar frente a ese país. Una liviandad que se aproxima a la traición.

– “Con Bolivia lo fundamental será retomar el camino del diálogo, iniciado en 1999, y el clima de confianza mutua conseguido durante el período 2006-2010. La plena normalización de las relaciones con Bolivia es un objetivo al que aspiramos”. El estado actual de las relaciones con Bolivia da una medida de la falta de realismo y seriedad de los objetivos propuestos y de la estrategia para conseguirlos. Este es un fracaso mayor. En la “Agenda de los 13 puntos” se comprometió lo que no se podía hacer para agradar a Morales y se metió a Chile en un conflicto de inciertos resultados. Por otra parte y aun mas  grave, estas tareas no son competencia de defensa y su asignación esa cartera solo pueden ser comprendidas como un intento de ampliación arbitraria del ámbito de competencia de la dupla Burgos – Robledo a funciones que no pudieron cumplir ni en su mas mínima parte.

– “Por eso hemos fortalecido el trabajo en el Consejo de Defensa Sudamericano de UNASUR, porque creemos que podemos avanzar hacia la construcción de una comunidad de seguridad”. El Consejo de Defensa Sudamericano de Unasur se constituyó en un espacio de deliberación, planificación y ejecución de políticas en el cual el Ministerio de Defensa suplantó al Ministerio de Relaciones Exteriores haciendo a Chile partícipe de conceptos políticos inaceptables para la gran mayoría de los chileno.

Mas allá de todas estas situaciones irregulares, la muerte de Chávez, el derrumbe político, económico y moral del gobierno de Maduro; la derrota electoral, moral y económica de Cristina Kirchner y la posterior disolución del kirchnerismo; la crisis terminal de Dilma Rousseff, de Lula, del “Profesor” Aurelio García y del Partido de los Trabajadores y la rendición de los hermanos Castro ante Barak Obama vienen a dar el certificado de defunción del proyecto de socialismo del siglo XXI y al Foro de Sao Paulo y a confirmar la grave falta de juicio y de preparación profesional de los artífices de la Política de Seguridad y Defensa de Chile, -Burgos y Robledo-, y a dejar en evidencia el erróneo diagnóstico de Bachelet, carente por completo de realismo y dominado por la ideología y las fantasías personales.

Esto no sería relevante si sus efectos no fueran los que son: la inseguridad nacional, el debilitamento del poder nacional de Chile y aguda pérdida de prestigio en un momento de cambio estratégico mundial y en el Pacífico que requieren nuestro mayor esfuerzo para situarnos en la mejor forma para el siglo que viene.

¿Y AHORA QUE?. ¿Seguirán con las fantasías de la Patria Grande?. ¿Taparán el fracaso con un nuevo e inútil Libro de la Defensa?. O el Subsecretario Robledo asumirá la responsabilidad y tratará de corregir su grave error y situar al Interés Nacional como eje de la Política de Seguridad y Defensa?.