La hipocresía y la estulticia de la justicia chilena

Me gusta definir los adjetivos que empleo: La hipocresía es la falsedad que demuestra una persona en sus acciones o en sus palabras, fingiendo o pretendiendo cualidades o sentimientos que, en realidad no tiene, proyectando una imagen falsa o irreal de ellos mismos, la hipocresía es engañar a los demás; es una de las tantas formas que adquiere la mentira. Es aparentar bondad o ejemplaridad, y aunque se esfuercen por parecer mejores personas de las que son, finalmente todo aquello no son más que apariencias basadas en la mentira.

La estulticia es la tontería que, por necedad o por ignorancia, caracteriza a una persona. Se refiere a aquellos que en sus actos, palabras, acciones u omisiones, demuestran falta de conocimiento, tacto o discreción en relación con determinados asunto y que, debido a ello, se comportan haciendo gala de su necedad, idiotez y falta de respeto ante determinadas cosas. Estulticia es la del ignorante incorregible.

Sinónimos de estulticia son necedad, estupidez, sandez, tontería, bobería, disparate, imbecilidad o idiotez.

La Justicia chilena, por lo menos la que se aplica a los militares, se caracteriza por su estulticia e hipocresía. Lo digo con pleno conocimiento de lo que afirmo.

Lo que sigue se basa, en lo principal, en una entrevista concedida por Guillermo Teillier, el  autor intelectual del asesinato de cinco escoltas del Presidente Pinochet; el contrabando de armas de Carrizal Bajo; la muerte de decenas de personas y lo mas grave, el engaño a muchos de sus jóvenes correligionarios que lo siguieron en su aventura criminal y absurda, en connivencia con el Dictador Militar de Cuba Fidel Castro Ruz, engaño del cual hasta ahora no se arrepiente.

“En 1985 el comité central del Partido Comunista aprobó la Tesis de la Sublevación Nacional, ampliación de la política de Rebelión Popular de Masas (PRPM) definida en 1980 por la dirección interior del PC y ratificada por su secretario general Luis Corvalán, exiliado en Moscú.

En 1980 Corvalán pronunció un discurso transmitido por Radio Moscú anunciando el giro en la línea de su partido: “El pueblo no tendrá otro camino que recurrir a todos los medios a su alcance, a todas las formas de combate que lo ayude, incluso de violencia aguda (terrorismo armado). Sus palabras eran la confirmación de la apuesta del PC para derrocar a Pinochet por medio de grandes movilizaciones populares usando todas las formas de lucha (armada) y la antesala del nacimiento oficial del FPMR, su brazo armado, en 1983. Ese año y el siguiente y  la llegada al país de oficiales de la organización preparados en Cuba y con experiencia en combate en Nicaragua, presentaban un cuadro auspicioso para agudizar el enfrentamiento contra el Gobierno de Chile.

Por eso, definida la tesis insurreccional en enero de 1985, la dirección interior del PC encabezada por Gladys Marín y Guillermo Teillier, junto a Luis Corvalán, dieron luz verde a la internación de armas de Carrizal Bajo, la operación de mayor envergadura de la historia de la colectividad; y decretaron 1986 como el “Año Decisivo” para tumbar a Pinochet.

Podemos apreciar que el Partido Comunista declaró e hizo la guerra al gobierno de Chile a partir de 1980 y la ratificó, amplió y agudizó en 1985, poniéndose como plazo para su culminación en 1986, el “año decisivo”.

Pregunta: Con la estrategia de la rebelión popular de masas (1985) ¿hubo un cambio en la línea política del Partido Comunista de Chile trazada en sus diferentes congresos?

Respuesta: No hubo precisamente un cambio en la línea política, sino la incorporación de una nueva táctica, del uso de todas las formas de lucha, pacíficas o violentas, e incluso el empleo de las armas para echar abajo la dictadura. A la dictadura no se le podía poner fin mediante nuevas declaraciones y protestas. En el curso del mes de abril de 1981 se realizaron apagones a lo largo del país, voladuras de puentes y de líneas de trenes de Santiago al sur, de Valparaíso a Santiago y San Felipe a Los Andes. Fue asaltada la Armería Morandé y capturadas sus armas. En el mes de mayo de 1981 se tomaron las agencias periodísticas Asociated Press y ANSA, transmitiéndose a través de ellas proclamas en contra de Pinochet, fue asaltada la Armería Italiana con la consiguiente captura de armas. En julio hubo un nuevo apagón que abarcó a gran parte del país. En agosto se realizó un asalto y captura de armas en las Armerías Ricci, Italiana y Real. En septiembre se produjo un nuevo apagón nacional y toma y quema de trenes de la línea Santiago-Valparaíso.

A la lucha contra la dictadura se incorporaron de más en más, con sus propias formas y sus propios métodos todos los partidos de la Unidad Popular, la Democracia Cristiana, los radicales y gente sin militancia política. 1986 fue el año de las grandes protestas, el año del Atentado a Pinochet en el Cajón del Maipo y del desembarco de las armas del Frente Manuel Rodríguez en Carrizal.

Existía alguna persecución por “Pensar distinto”. No, el Partido Comunista delegado por la Unión Soviética, apoyado por Fidel Castro, por el dictador de la República de Alemania Comunista y otros delincuentes internacionales se coludieron para “Hacer algo”: intentar el asalto armado al Gobierno Militar e imponer el mismo gobierno marxista, incapaz, corrupto y desquiciado que las FFAA de Chile habían sacado de sus posiciones de poder en 1973.

La banda de frenéticos que en 1973 se habían apoderado del poder político, económico y social de Chile  -creando una situación similar a la de Maduro en la Venezuela de hoy día- intentaba en 1986 volver a nuestro país con ayuda extranjera.

La gran diferencia respecto a Venezuela fue que las FFAA de Chile tomaron el bando del pueblo y con su apoyo, impidieron esa regresión totalitaria.

En este contexto de guerra armada financiada por potencias extranjeras y  apuntando a la derrota militar de las FFAA y de Seguridad de Chile, se produjo un enfrentamiento entre terroristas y fuerzas de seguridad.

Según lo investigó una funcionaria del Poder Judicial de apellido Cifuentes los hechos fueron los siguientes:

Cita Textual

 Que el día 10 de diciembre de 1985, alrededor de las 01:30 horas, Patricio Leonel González González, acompañado de dos sujetos no identificados, todos militantes del Frente Manuel Rodríguez, conducía el automóvil marca Datsun, modelo Sunny, patente EE 9769, por calle Arturo Prat de la comuna de Puente Alto, en dirección al oriente, llevando en el portamaletas dos subametralladoras calibre 9 mm, una escopeta de caza calibre 12, un revólver calibre .32, una pistola calibre 9 mm, 75 cartuchos calibre 9 mm, 10 cartuchos de caza calibre 12/65, dos granadas de mano y dos paquetes de explosivos sin elemento iniciador.

 Que el citado vehículo había sido sustraído a su dueño, Guillermo Eduardo Gotschlich Reyes, mediante intimidación, el día anterior, alrededor de las 21:00 horas, en calle Ricardo Matte Pérez de la comuna de Providencia.

 Que, al llegar a la intersección con avenida Concha y Toro, frente al Regimiento de Ingenieros N° 2 de Puente Alto, el referido automóvil fue interceptado por cuatro sujetos vestidos de civil, Iván de Jesús Belmar Fuentes -actualmente fallecido-, Juan Orlando Muñoz Orellana, Nelson Mario Pérez Cabezas y Ramón Antonio Venegas Arenas, todos funcionarios de Carabineros de Chile, quienes tras seguir al vehículo, lo anticiparon (lo adelantaron), se parapetaron en el lugar y, luego, se abalanzaron sobre él, disparando en contra de sus ocupantes, con las subametralladoras UZI, calibre 9 mm, que portaban.

 Que, ante lo ocurrido, descendieron del vehículo el copiloto y la persona que ocupaba el asiento posterior, quienes se dieron a la fuga por avenida Concha y Toro en dirección al sur.

5° Que el conductor Patricio González González resultó herido y permaneció al interior del móvil, el que se desplazó por la citada avenida en dirección sur oriente, colisionando en contra de una caseta del regimiento antes aludido.

6° Que González González recibió seis impactos balísticos: tres de ellos en el tórax, uno de los cuales lesionó el hígado, transfixió el esófago y desgarró casi totalmente la aorta torácica; uno en el muslo izquierdo y dos en la cabeza, uno de los cuales penetró a la cavidad craneana, lacerando el lóbulo frontal derecho, lesiones que le causaron la muerte.

La ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes Alarcon, condenó a tres suboficiales en retiro de Carabineros, en calidad de autores del delito consumado de homicidio calificado de Patricio Leonel González González. Ilícito perpetrado el 17 de diciembre de 1985, en la comuna de Puente Alto.

En el fallo (causa rol 1-2011), la ministra en visita condenó al Sargento 1° Ramón Antonio Venegas Arenas, al ex cabo segundo Nelson Mario Pérez Cabezas y al ex suboficial Juan Orlando Muñoz Orellana a 10 años y un día de presidio efectivo y las sanciones accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras duren las condena; más el pago de las costas del proceso.

En el aspecto civil, el fallo condena al Estado de Chile a pagar una indemnización de $250.000.000 (doscientos cincuenta millones de pesos), desglosados en $100.000.000 para la madre de la víctima y $50.000.000 para cada uno de sus tres hermanos.

Fin de la Cita Textual

En la situación de guerra planteada a Chile por el Partido Comunista ¿cuál sería la forma en que las fuerzas del orden representadas por esos carabineros debían actuar?. ¿Tal vez pasándoles un parte por exceso de velocidad? ¿invitándolos a deponer su actitud?.

La funcionaria Judicial es una fiel representante del Poder Judicial Chileno: Hipócrita y dominada por la Estulticia.

La hipocresía y la estulticia de la justicia chilena

LMe gusta definir los adjetivos que empleo: La hipocresía es la falsedad que demuestra una persona en sus acciones o en sus palabras, fingiendo o pretendiendo cualidades o sentimientos que, en realidad no tiene, proyectando una imagen falsa o irreal de ellos mismos, la hipocresía es engañar a los demás; es una de las tantas formas que adquiere la mentira. Es aparentar bondad o ejemplaridad, y aunque se esfuercen por parecer mejores personas de las que son, finalmente todo aquello no son más que apariencias basadas en la mentira.

La estulticia es la tontería que, por necedad o por ignorancia, caracteriza a una persona. Se refiere a aquellos que en sus actos, palabras, acciones u omisiones, demuestran falta de conocimiento, tacto o discreción en relación con determinados asunto y que, debido a ello, se comportan haciendo gala de su necedad, idiotez y falta de respeto ante determinadas cosas. Estulticia es la del ignorante incorregible.

Sinónimos de estulticia son necedad, estupidez, sandez, tontería, bobería, disparate, imbecilidad o idiotez.

La Justicia chilena, por lo menos la que se aplica a los militares, se caracteriza por su estulticia e hipocresía. Lo digo con pleno conocimiento de lo que afirmo.

Lo que sigue se basa, en lo principal, en una entrevista concedida por Guillermo Teillier, el  autor intelectual del asesinato de cinco escoltas del Presidente Pinochet; el contrabando de armas de Carrizal Bajo; la muerte de decenas de personas y lo mas grave, el engaño a muchos de sus jóvenes correligionarios que lo siguieron en su aventura criminal y absurda, en connivencia con el Dictador Militar de Cuba Fidel Castro Ruz, engaño del cual hasta ahora no se arrepiente.

“En 1985 el comité central del Partido Comunista aprobó la Tesis de la Sublevación Nacional, ampliación de la política de Rebelión Popular de Masas (PRPM) definida en 1980 por la dirección interior del PC y ratificada por su secretario general Luis Corvalán, exiliado en Moscú.

En 1980 Corvalán pronunció un discurso transmitido por Radio Moscú anunciando el giro en la línea de su partido: “El pueblo no tendrá otro camino que recurrir a todos los medios a su alcance, a todas las formas de combate que lo ayude, incluso de violencia aguda (terrorismo armado). Sus palabras eran la confirmación de la apuesta del PC para derrocar a Pinochet por medio de grandes movilizaciones populares usando todas las formas de lucha (armada) y la antesala del nacimiento oficial del FPMR, su brazo armado, en 1983. Ese año y el siguiente y  la llegada al país de oficiales de la organización preparados en Cuba y con experiencia en combate en Nicaragua, presentaban un cuadro auspicioso para agudizar el enfrentamiento contra el Gobierno de Chile.

Por eso, definida la tesis insurreccional en enero de 1985, la dirección interior del PC encabezada por Gladys Marín y Guillermo Teillier, junto a Luis Corvalán, dieron luz verde a la internación de armas de Carrizal Bajo, la operación de mayor envergadura de la historia de la colectividad; y decretaron 1986 como el “Año Decisivo” para tumbar a Pinochet.

Podemos apreciar que el Partido Comunista declaró e hizo la guerra al gobierno de Chile a partir de 1980 y la ratificó, amplió y agudizó en 1985, poniéndose como plazo para su culminación en 1986, el “año decisivo”.

Pregunta: Con la estrategia de la rebelión popular de masas (1985) ¿hubo un cambio en la línea política del Partido Comunista de Chile trazada en sus diferentes congresos?

Respuesta: No hubo precisamente un cambio en la línea política, sino la incorporación de una nueva táctica, del uso de todas las formas de lucha, pacíficas o violentas, e incluso el empleo de las armas para echar abajo la dictadura. A la dictadura no se le podía poner fin mediante nuevas declaraciones y protestas. En el curso del mes de abril de 1981 se realizaron apagones a lo largo del país, voladuras de puentes y de líneas de trenes de Santiago al sur, de Valparaíso a Santiago y San Felipe a Los Andes. Fue asaltada la Armería Morandé y capturadas sus armas. En el mes de mayo de 1981 se tomaron las agencias periodísticas Asociated Press y ANSA, transmitiéndose a través de ellas proclamas en contra de Pinochet, fue asaltada la Armería Italiana con la consiguiente captura de armas. En julio hubo un nuevo apagón que abarcó a gran parte del país. En agosto se realizó un asalto y captura de armas en las Armerías Ricci, Italiana y Real. En septiembre se produjo un nuevo apagón nacional y toma y quema de trenes de la línea Santiago-Valparaíso.

A la lucha contra la dictadura se incorporaron de más en más, con sus propias formas y sus propios métodos todos los partidos de la Unidad Popular, la Democracia Cristiana, los radicales y gente sin militancia política. 1986 fue el año de las grandes protestas, el año del Atentado a Pinochet en el Cajón del Maipo y del desembarco de las armas del Frente Manuel Rodríguez en Carrizal Bajo.

Existía alguna persecución por “Pensar distinto”. No, el Partido Comunista delegado por la Unión Soviética, apoyado por Fidel Castro, por el dictador de la República de Alemania Comunista y otros delincuentes internacionales se coludieron para “Hacer algo”: intentar el asalto armado al Gobierno Militar e imponer el mismo gobierno marxista, incapaz, corrupto y desquiciado que las FFAA de Chile habían sacado de sus posiciones de poder en 1973.

La banda de frenéticos que en 1973 se habían apoderado del poder político, económico y social de Chile  -creando una situación similar a la de Maduro en la Venezuela de hoy día- intentaba en 1986 volver a nuestro país con ayuda extranjera.

La gran diferencia respecto a Venezuela fue que las FFAA de Chile tomaron el bando del pueblo y con su apoyo, impidieron esa regresión totalitaria.

En este contexto de guerra armada financiada por potencias extranjeras y  apuntando a la derrota militar de las FFAA y de Seguridad de Chile, se produjo un enfrentamiento entre terroristas y fuerzas de seguridad.

Según lo investigó una funcionaria del Poder Judicial de apellido Cifuentes los hechos fueron los siguientes:

Cita Textual

 Que el día 10 de diciembre de 1985, alrededor de las 01:30 horas, Patricio Leonel González González, acompañado de dos sujetos no identificados, todos militantes del Frente Manuel Rodríguez, conducía el automóvil marca Datsun, modelo Sunny, patente EE 9769, por calle Arturo Prat de la comuna de Puente Alto, en dirección al oriente, llevando en el portamaletas dos subametralladoras calibre 9 mm, una escopeta de caza calibre 12, un revólver calibre .32, una pistola calibre 9 mm, 75 cartuchos calibre 9 mm, 10 cartuchos de caza calibre 12/65, dos granadas de mano y dos paquetes de explosivos sin elemento iniciador.

 Que el citado vehículo había sido sustraído a su dueño, Guillermo Eduardo Gotschlich Reyes, mediante intimidación, el día anterior, alrededor de las 21:00 horas, en calle Ricardo Matte Pérez de la comuna de Providencia.

 Que, al llegar a la intersección con avenida Concha y Toro, frente al Regimiento de Ingenieros N° 2 de Puente Alto, el referido automóvil fue interceptado por cuatro sujetos vestidos de civil, Iván de Jesús Belmar Fuentes -actualmente fallecido-, Juan Orlando Muñoz Orellana, Nelson Mario Pérez Cabezas y Ramón Antonio Venegas Arenas, todos funcionarios de Carabineros de Chile, quienes tras seguir al vehículo, lo anticiparon (lo adelantaron), se parapetaron en el lugar y, luego, se abalanzaron sobre él, disparando en contra de sus ocupantes, con las subametralladoras UZI, calibre 9 mm, que portaban.

 Que, ante lo ocurrido, descendieron del vehículo el copiloto y la persona que ocupaba el asiento posterior, quienes se dieron a la fuga por avenida Concha y Toro en dirección al sur.

5° Que el conductor Patricio González González resultó herido y permaneció al interior del móvil, el que se desplazó por la citada avenida en dirección sur oriente, colisionando en contra de una caseta del regimiento antes aludido.

6° Que González González recibió seis impactos balísticos: tres de ellos en el tórax, uno de los cuales lesionó el hígado, transfixió el esófago y desgarró casi totalmente la aorta torácica; uno en el muslo izquierdo y dos en la cabeza, uno de los cuales penetró a la cavidad craneana, lacerando el lóbulo frontal derecho, lesiones que le causaron la muerte.

La ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes Alarcon, condenó a tres suboficiales en retiro de Carabineros, en calidad de autores del delito consumado de homicidio calificado de Patricio Leonel González González. Ilícito perpetrado el 17 de diciembre de 1985, en la comuna de Puente Alto.

En el fallo (causa rol 1-2011), la ministra en visita condenó al Sargento 1° Ramón Antonio Venegas Arenas, al ex cabo segundo Nelson Mario Pérez Cabezas y al ex suboficial Juan Orlando Muñoz Orellana a 10 años y un día de presidio efectivo y las sanciones accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras duren las condena; más el pago de las costas del proceso.

En el aspecto civil, el fallo condena al Estado de Chile a pagar una indemnización de $250.000.000 (doscientos cincuenta millones de pesos), desglosados en $100.000.000 para la madre de la víctima y $50.000.000 para cada uno de sus tres hermanos.

Fin de la Cita Textual

En la situación de guerra planteada a Chile por el Partido Comunista ¿cuál sería la forma en que las fuerzas del orden representadas por esos carabineros debían actuar?. ¿Tal vez pasándoles un parte por exceso de velocidad? ¿invitándolos a deponer su actitud?.

La funcionaria Judicial es una fiel representante del Poder Judicial Chileno: Hipócrita y dominada por la Estulticia.

Inmigrantes Haitianos La conspiración de Bachelet

La migración es un fenómeno antiguo cuyas características y masividad han variado y se han acentuado en los últimos años. Hay que distinguir entre emigrar e inmigrar, el primero es un derecho humano universal, nadie puede ser impedido de dejar su país si así lo desea; inmigrar no es un derecho humano, es decir, una persona no tiene derecho a exigir ser admitida en otro país a su elección. El potencial receptor podrá conceder o no ese privilegio de acuerdo a sus leyes y políticas.

Un problema muy complejo en que la moral y la necesidad pueden chocar, es la calificación legal de quienes son y quienes no son elegibles para inmigrar a un país determinado. Por ejemplo, parece razonable que un país no acepte delincuentes y personas que no quieran ajustarse a sus leyes; sin embargo cuando se incorporan asuntos como la raza (color) y la religión, surgen complejidades difíciles de resolver.

Si un país no tiene minorías étnicas o religiosas y no quiere introducir en su sociedad a un grupo que conflictuaría con el resto de la sociedad, ¿tendría la obligación de aceptarlos?; pero ¿podría rechazarlos sin ofender a la moral y la compasión?. ¿Es factible y aceptable recibir personas por un lapso y luego expulsarlas?. Otro aspecto complejo es el que la legislación no sea la aplicación oculta -“legal” pero no menos cierta- de prejuicios o racismo.

Al analizar nuestra reciente y actual experiencia nacional encontramos que estos aspectos pueden estar presente en nuestras expresiones y acciones, personales y sociales. En esta columna no las consideraré pero dejo en claro que ellas existen, son reales y debemos incorporarlas al análisis del problema.

Dicho lo anterior, parece evidente que los Estados deben tener un marco legal claro que regule la entrada y permanencia de extranjeros, turistas, trabajadores temporales, inmigrantes etc., explícito y que se cumpla sin excepciones, única forma de satisfacer las necesidades de justicia tanto hacia los extranjeros como hacia los nacionales.

En nuestro caso, esta necesidad inicial e ineludible de tener y hacer cumplir la legalidad vigente, -en particular en el caso de los inmigrantes haitianos- ha sido vulnerada por el Estado y por el Gobierno y lo peor, esto ha sido ocultado y escondido por quienes debían sacarlo a la luz: el Gobierno, la Justicia y la Prensa.

La considero una “conspiración”, porque se ajusta al significado de esa palabra: Conspirar significa «unirse en secreto acuerdo con el fin de efectuar un acto ilícito o impropio o para usar tal medio para llevar a cabo un fin ilícito» y considero que la autora es Bachelet porque ella tuvo conocimiento del delito, lo ocultó, incumplió su obligación legal de dar cuenta a la justicia y ordenar su investigación y que hay razones para considerar que lo hizo para su beneficio personal.

El día 16 de diciembre de 2018, en el capítulo 34 del programa Mesa Central del Canal 13 de televisión[1], Heraldo Muñoz, Ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Bachelet, informó que:

  • Tanto él como Bachelet y su gobierno tuvieron conocimiento de un “negocio” con sede en Haití para el traslado ilegal de ciudadanos de ese país a Chile. Si ellos fueron informados, es evidente que la PDI es el origen natural y evidente también de la información y que tanto los funcionarios del Ministerio del Interior como de Relaciones Exteriores también tomaron conocimiento de los hechos.
  • Los administradores del negocio invitaban a ciudadanos haitianos a vender sus casas y propiedades, pagar 3.000 dólares a los organizadores del viaje y adquirir un pasaje hasta Chile en la Aerolínea Law
  • A cambio de los 3.000 dólares recibirían un contrato de trabajo en Chile, reservas en un hotel y dinero en efectivo para acreditar de condición de turistas y luego poder permanecer en Chile como inmigrantes.
  • Serían recibidos en el aeropuerto en Chile para facilitar los trámites de ingreso y su instalación inicial.
  • El gobierno (cancillería) informó varias veces de esta estafa a las autoridades haitianas las que “no hicieron nada”, y que este negocio siguió funcionando con grave detrimento de sus víctimas.
  • El gobierno de Chile nunca informó al Ministerio Público ni puso denuncia alguna ante nadie. El Gobierno de Bachelet nunca tomó medida alguna para detener o impedir la continuidad de la comisión evidente del delito.

Un ilícito penal es un acto que atenta contra el ordenamiento jurídico del Estado y los funcionarios públicos como sus servidores y representantes deben velar por el respeto a tal ordenamiento.

El Código Procesal Penal en su artículo 175 dispone quienes y cuando deben denunciar obligatoriamente los delitos que conozcan o se enteren:

“Los funcionarios públicos pueden ser testigos o tomar conocimiento de hechos que pudieran revestir el carácter de ilícito penal y la denuncia debe efectuarla en el término de 24 horas desde que tomó conocimiento del hecho”.

“La obligación acarrea sanciones al funcionario público cuando ha tomado conocimiento del ilícito en ejercicio de sus funciones. En el evento que el funcionario público no haga la denuncia respectiva puede ser objeto de dos tipos de sanciones: a) de orden penal, que se traduce en una falta que es sancionada con una multa y; b) de orden administrativo, que se traduce en la aplicación de alguna de las medidas disciplinarias que la ley indica”.

Estarán obligados a denunciar:

“a) Los miembros de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones de Chile y de Gendarmería, todos los delitos que presenciaren o llegaren a su noticia. Los miembros de las Fuerzas Armadas estarán también obligados a denunciar todos los delitos de que tomaren conocimiento en el ejercicio de sus funciones;

b) Los fiscales y los demás empleados públicos, los delitos de que tomaren conocimiento en el ejercicio de sus funciones y, especialmente, en su caso, los que notaren en la conducta ministerial de sus subalternos;

c) Los jefes de puertos, aeropuertos, estaciones de trenes o buses o de otros medios de locomoción o de carga, los capitanes de naves o de aeronaves comerciales que naveguen en el mar territorial o en el espacio territorial, respectivamente, y los conductores de los trenes, buses u otros medios de transporte o carga, los delitos que se cometieren durante el viaje, en el recinto de una estación, puerto o aeropuerto o a bordo del buque o aeronave;

d) Los jefes de establecimientos hospitalarios o de clínicas particulares y, en general, los profesionales en medicina, odontología, química, farmacia y de otras ramas relacionadas con la conservación o el restablecimiento de la salud, y los que ejercieren prestaciones auxiliares de ellas, que notaren en una persona o en un cadáver señales de envenenamiento o de otro delito, y

e) Los directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, los delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el establecimiento.

La denuncia realizada por alguno de los obligados en este artículo eximirá al resto.”

El problema es que nadie, absolutamente nadie denunció un posible delito que todos los chilenos estábamos viendo a diario y en todo el país.

El incesante desfile de “turistas” haitianos que llegaban en vuelos de Law, en horas de la noche y la madrugada, con sus sobres amarillos con el dinero y los contratos y reservas hoteleras falsas era evidente e inocultable, sin embargo, la prensa nunca se dio por enterada ni investigó con seriedad una anomalía inocultable, peor aun, después de la declaración pública del ex Canciller Muñoz, tampoco hubo comentarios ni preguntas.

Estos silencios y complicidades configuran una conspiración organizada y dirigida por una voluntad decidida a mantener oculto el delito.

Coetáneamente, la ex presidente Bachelet postulaba al cargo de Alto Comisionado de las NNUU para los DDHH, y el problema de la migración y su transformación en derecho humano universal y exigible estaba en debate global. No es aventurado considerar que permitir la entrada de un grupo de inmigrantes de alta visibilidad e impacto noticioso contribuyó a fortalecer sus méritos para el cargo.

Nos encontramos ante la necesidad de exigir el cumplimento de la ley y de sancionar a quienes la infligieron abiertamente. No es posible, por el prestigio de nuestro país y de la institución Presidencial, continuar simulando que nada ha pasado y que Chile (su Gobierno) no se hace cargo de la vulneración deliberada y reiterada de las leyes de inmigración chilena y de graves daños y perjuicios a las victimas de la estafa, por parte de sus mas altas autoridades.


[1] Ver Video:

http://www.t13.cl/videos/programas/mesa-central-tv/video-mesa-central-capitulo-34-domingo-16-diciembre. Segundo 55:45 al 56:22