NO HABRÁ SOBERANÍA MARÍTIMA PARA EVO

Cada día es mas claro que el juicio entre Chile y Bolivia en la Corte Internacional de Justicia fue un gusto que se dio Morales, -estimulado por el español Remiro Bretóns – en función de sus ambiciones chavistas de ser el presidente eterno de Bolivia.
No resolverá nada, la Corte ya se pronunció (Párrafos 32 y 33 del fallo) respecto a que cualquiera sea la forma en que falle, no está en condiciones de tratar de obligar a Chile a conceder un acceso soberano al mar a Bolivia.

Textualmente dicen:
32. … “La Corte considera que si bien puede asumirse que el acceso soberano al Océano Pacífico es, al final, el objetivo de Bolivia, debe hacerse una distinción entre ese objetivo y lo que es la disputa misma, relacionada pero separada de ese objetivo, presentada por la Solicitud, esto es, si Chile tiene una obligación de negociar un acceso soberano de Bolivia al mar y, de existir dicha obligación, si Chile la ha incumplido. La Solicitud no pide a la Corte que juzgue y declare que Bolivia tiene un derecho de acceso soberano”.

Este párrafo es claro: Si el fallo eventualmente fuera favorable a las aspiraciones bolivianas, diría que Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia un acceso soberano al Océano Pacífico. No que declare que Bolivia tiene algún derecho a lo que pide.

33. …“En cuanto a la afirmación de Chile de que la Solicitud presenta una construcción artificiosa del asunto objeto de la disputa, porque la pretensión buscada por Bolivia llevaría a negociaciones con un resultado judicialmente predeterminado y a la modificación del Tratado de Paz de 1904, la Corte recuerda que Bolivia no pide a la Corte que declare que tiene derecho a un acceso soberano al mar, ni que se pronuncie sobre el estatus jurídico del Tratado de Paz de 1904. Más aún, si este caso continúa al examen de los méritos, la demanda de Bolivia pondría frente a la Corte las respectivas posiciones de las Partes sobre la existencia, naturaleza y contenido de la supuesta obligación de negociar acceso soberano. Incluso asumiendo arguendo que la Corte decidiera que existe esa obligación, no sería tarea de la Corte predeterminar el resultado de cualquier negociación que tuviese lugar como consecuencia de esa obligación”.

También es claro: El Tratado de 1904 sigue teniendo toda su vigencia y valor y la Corte se abstendrá de indicar algún resultado respecto a las eventuales negociaciones y la Corte no tiene nada que decir respecto al resultado de ellas.

Como Chile a declarado con claridad y reiteradamente que no habrán concesiones de soberanía a Bolivia, territoriales ni de ninguna especie, ahí murió la demanda.

Carlos Mesa periodista y cabeza de la campaña mediática de Bolivia tiene su interpretación de lo anterior:
“La administración de Evo Morales demandó a Chile ante la CIJ con el objetivo de que cumpla sus compromisos hechos a lo largo de la historia de negociar una salida soberana al Pacífico”. “Quiero negociar contigo, me comprometo a negociar contigo. Y el compromiso de negociar contigo lo hago con un objetivo, para otorgarte a ti un acceso soberano al Océano Pacífico. Esos dos elementos nos hacen pensar que tendremos un fallo favorable”.

Si eventualmente el fallo fuera positivo para sus aspiraciones, sigue siendo privativo de Chile el llegar o no a acuerdo, y ya sabemos que la respuesta es no. Mas aun, para Chile y para la Corte, el Tratado de 1904 sigue vigente en su totalidad y Chile nunca renunciará a él.

Eduardo Rodriguez Veltzé agente de Bolivia en su demanda, también plantea su idea:
“Una vez se conozca el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la demanda marítima, la diplomacia complementará el trabajo orientado a “contribuir a reencontrar a dos pueblos vecinos y hermanos”, “Creo que la diplomacia corresponderá y complementará las actuaciones judiciales y sobre todo destacar que en pleno siglo XXI son este tipo de soluciones diplomáticas, judiciales y ante todo pacíficas las que deben contribuir a reencontrar a dos pueblos vecinos y hermanos”. A juego perdido vuelve la tonada de la vecindad y la hermandad que Morales lleva desconociendo por años y a nivel mundial.

Otro diplomático boliviano que no quiso dar su nombre, explicó: “Bolivia ha pedido a la corte que se establezca que existe una obligación de negociar y que Chile cumpla esa obligación de negociar sobre el tema del acceso soberano al mar. Lo que no ha dicho es cómo debe ser ese acceso, eso es obvio, pues el mecanismo debe ser el resultado de la negociación”.
Según el boliviano, el asunto no es SI Chile le dará o no acceso soberano, lo da por hecho, sino CÓMO será ese acceso. Pero no hay tal acceso soberano, Chile no lo dará, es decir, volvemos a lo mismo del último siglo.

– “Según la misma ex autoridad paceña, los énfasis de los alegatos bolivianos estarán puestos en el alcance de la obligación, el tema de la buena fe y en los plazos para que esta negociación se lleve a cabo.
El trabajo de los ex cancilleres Javier Murillo y Gustavo Fernández ha sido fundamental para reforzar los esfuerzos que desde el año pasado realizan el agente de Bolivia ante La Haya, Eduardo Rodríguez Veltzé, y el abogado español Antonio Ramiro Bretón, para convencer al Presidente Evo Morales de que no siga insultando a Chile y su gobierno”.

El español Bretons señala que “Hoy está en manos de los políticos y la diplomacia abrir una oportunidad que permitirá tender puentes y volver a sentarnos, mirarnos y buscar soluciones posibles con afecto, amplitud y generosidad, incluyendo las preocupaciones de todas las partes, incluso las del vecino Perú”.

Es una pretensión fuera de lugar, extemporánea, antojadiza y sobre todo a contrapelo de lo que significó la demanda misma. Recordemos que el ambiente de generosidad y buena voluntad del gobierno de Chile y de buena parte de sus ciudadanos antes de la demanda fue aventado y dilapidado por Evo Morales, en beneficio de su populismo chavista.
Según la prensa boliviana, “los abogados extranjeros encabezados por Bretóns, el agente Rodríguez Veltzé y algunos ex cancilleres, como Fernández, son partidarios de retomar el diálogo con Chile a partir de propuestas pragmáticas, graduales, de mutua conveniencia para ambos países, alejadas de las posiciones maximalistas que ha planteado el gobierno de Morales de exigir soberanía a Chile”.

Esas eran las intenciones de Chile antes del portazo de Evo. Esa oportunidad pasó y quedó atrás. Es hora de pagar el precio de tanto comportamiento ofensivo e incivil.

La inconsecuencia final. Según la misma prensa: “Este es un proceso largo, que va a tomar tiempo, y en el que hay que evitar los reduccionismos que terminen por bloquear las negociaciones”. “No se trata de blancos y negros, hay que buscar aproximar, se pueden encontrar soluciones a medio camino, señalan varios de ellos”.
Dado que las únicas expectativas medianamente cuerdas de lograr sus aspiraciones son buscar la buena voluntad de Chile para que les de lo que piden, el camino recorrido ha sido un fiasco y Bolivia se encuentra mas lejos que nunca del mar, todo gracias a Evo Morales.

Es decir, aquí no ha pasado nada.

Morales no puede pedir “buena fe”, su comportamiento hacia sus propios ciudadanos, hacia la oposición a su gobierno y hacia Chile; lleno de mentiras, tergiversaciones, volteretas y maniobras antidemocráticas e ilegales, lo sindica como el epítome de la “mala fé”, por lo demás, su ciudadanía ya le negó su pretensión de poder ser re re re elegido.

Ver Clase Magistral del Presidente Piñera a Evo Morales: https://www.youtube.com/watch?v=DrqwNKzqkOE

DEFENSA: ¿Seriedad o mas de lo mismo?

Chile lleva demasiados años con una defensa sin dirección ni liderazgo político, mas allá de asegurar su control gubernamental mediante la restricción o generosidad presupuestaria.
La ausencia de política de defensa es una de sus manifestaciones mas tristes y dañinas.
Para que haya una política pública debe haber una decisión o conjunto de decisiones sobre el tema correspondiente, determinadas por la autoridad competente.
Esa decisión o conjunto de decisiones deben seguir un proceso formal, es decir, debe haber un procedimiento institucional que lleve a que ciertas iniciativas se transformen en una política pública.
La política pública de defensa es un conjunto de decisiones políticas, estratégicas y técnicas que avanzan en forma integrada y descendente desde la Presidencia hasta el Ministerio de Defensa, pasando por el Congreso, en una aproximación técnico – racional. Finalmente, es un proceso político con diversos actores interesados en su desarrollo y concreción, lo que demanda negociación y acuerdo entre las partes.
Una política de defensa, como todas las políticas públicas, es un “proceso y un resultado”, es una dinámica.
En Chile esto nos lleva a dos asuntos claves que aun no se resuelven y siguen trabando su modernización, a saber: la baja capacidad de los gobiernos para establecer políticas públicas y controlar su ejecución y resultados, y la carencia de un Ministerio de Defensa eficiente y realmente democrático.
Actualmente la necesidad de una política pública de defensa (o una Política de Defensa) se hace urgente por cuatro razones fundamentales:
 Porque existen carencias objetivas de probidad y eficiencia en la administración de los recursos asignados al sector;
 Porque no hay dirección ni control explícito de la defensa a nivel Presidencial.
 Porque existe evidencia objetiva de falta de autoridad, voluntad política y capacidad de la Gestión Ministerial, y
 Porque los actores con poder califican esta situación cómo problema público.
Es decir, se requiere una Política de Pública de Defensa porque diversos grupos políticos, sociales y militares consideran que la situación actual no es aceptable y que es necesaria una intervención de política pública para remediarla.
La solución de este problema comienza por resolver las dos carencias fundamentales ya enunciadas; a nivel Presidencial y Ministerial. En este sentido, muchas de las deficiencias sectoriales observadas por la opinión pública en la conducción de la defensa, como sueldos, pensiones, carreras, remuneraciones, eficiencia en la gestión de recursos, adquisiciones, dimensiones de las fuerzas, nivel de gastos, eliminación de la Ley Reservada del Cobre, probidad y otras son el resultado del potenciamiento mutuo de las carencias señaladas.
Un Ministerio de Defensa tiene dos funciones básicas; generar una política de defensa y dirigir la ejecución de la misma. Un Libro de la Defensa no es una política, es una forma de comunicar o socializar un conjunto de ideas, es una declaración de intenciones más o menos amplias. La Administración de la defensa, tampoco es una política, es una estructura de la misma.
Dada la complejidad de la realidad del tema que cubre, en la práctica se trata de un conjunto de políticas sectoriales o parciales que afectan a diferentes aspectos interrelacionados del sistema.

Para materializarla, el primer problema surge del hecho de que no todas las políticas pueden hacerse al mismo tiempo, es decir, hay que elegir cuales aspectos de la realidad van a ser modificados y determinar cuáles serán efectuadas simultáneamente y cuáles en forma secuencial. Luego, para cada una de ellas, hay que definir objetivos, indicadores que muestren el avance, estrategias para avanzar, reconocer las limitaciones impuestas por el medio y por las condiciones políticas, económicas y otras, identificar a los interesados y afectados y varios otros elementos comunes a la aplicación de cualquier política pública.
Los aspectos que deben interesar a un Ministerio de Defensa se encuentran en dos ámbitos: preparación de las fuerzas y el empleo de las mismas. La “preparación” a su vez se refiere a la gestión de activos como armas, infraestructura y personal y el “empleo” se relaciona con entrenamiento, despliegue y operaciones.
Lo indicado señala que el Ministerio de Defensa debe poder definir y llevar a cabo políticas en todos esos ámbitos. El mando militar, operativo y administrativo de las fuerzas militares en tiempo de paz debe ser ejercido por el Ministro de Defensa, apoyado por la Junta de Comandantes en Jefe y el Estado Mayor Conjunto.

Para “dirigir la ejecución” de las mismas, debe ser capaz de establecer una previsión sobre la aplicación y resultados de cada política en particular y del conjunto en general. Debe establecer objetivos claros y medibles, controles y sistemas de evaluación independiente de los ejecutores.
Respecto al “empleo” de las fuerzas, debe ser capaz de proveer las orientaciones, la conducción y la supervisión de las operaciones militares en la preparación de las fuerzas y en el cumplimiento de las funciones que le asigna la Constitución en los Estados de excepción que se dispongan.
En una situación de paz y baja conflictividad internacional como la que disfruta nuestro país, la primera prioridad la tiene la preparación de las fuerzas y es en este ámbito en que la Ley Orgánica del Ministerio de Defensa muestra debilidades insanables al no incluir, precisar ni formalizar instancias con las atribuciones y competencias necesarias en los ámbitos de material, personal, infraestructura, servicios comunes y funciones compartidas y la capacidad de evaluación de los resultados de las mismas brilla por su ausencia.
La función de empleo de las fuerzas, particularmente en paz, es un enredo mayúsculo en el cual se han combinado en forma perversa, la falta de liderazgo; la aversión al riesgo y a la responsabilidad de los Ministros de Defensa y los intentos ideológicos de desmantelar los mandos institucionales y transferir el mando a un comando conjunto que viene asegurar la invulnerabilidad del Ministro y excluirlo de toda responsabilidad y toma de decisiones, transformándolo en un espectador del actuar de las FFAA.

LA FILTRACIÓN DE INFORMACIÓN JUDICIAL RESERVADA. UN ABUSO HABITUAL.

El Octubre 5 de 2013 en este blog se publicó esta columna. Mientras se tratara de basurear a las FFAA, los abusos del sistema de ¿Justicia? Nacional no le importaron a nadie. Después vinieron los políticos, luego los empresarios y ahora tocamos fondo.
La columna decía:

“Dentro de lo que la prensa bautizó como “Caso Fragatas”, -la investigación llevada a cabo por el Fiscal de la Zona Oriente Carlos Gajardo, para esclarecer los posibles delitos ocurridos en el proceso de modificación de las estructuras de las fragatas adquiridas por Chile al gobierno de Holanda-, se dispuso la incautación de la información contenida en el computador de uno de los investigados, el empresario Guillermo Ibieta.
Este “disco duro” fue incautado por la policía civil y entregado a la Fiscalía Oriente para, se supone, su custodia y análisis para los fines de la investigación. Muy poco después, un periódico electrónico nacional dio a conocer que había tenido acceso a los 100.000 archivos de información referida a “transacciones bancarias, informes de ex marinos chilenos, recomendaciones de lobby para distintos proyectos y un contrato secreto de Asmar”. Y precisa aun más: “Se trata de sólo una muestra de lo que contiene el disco duro de este “intermediario” de cuyos 43 gigabytes (el diario electrónico citado) obtuvo una copia íntegra. La misma que está en manos del fiscal de la zona oriente Carlos Gajardo”.
Esta información fue el puntapié inicial para varias semanas de nuevas acusaciones periodísticas a todas las personas y organismos que tuvieron la desgracia de estar mencionados en los documentos de Ibieta que, por lo demás, nadie podía asegurar que dijeran la verdad o mintieran.
Los afectados fueron severamente vulnerados en sus derechos. Los antecedentes obtenidos por la policía se transformaron en instrumentos para juzgarlos y condenarlos frente a la opinión pública; fueron declarados culpables aunque la justicia los declarara inocentes, como en efecto ocurrió.

El procedimiento parece ilegal e inmoral, sin embargo lo más grave es que no se aclaró la fuga de información secreta desde la Fiscalía Oriente, desde la Policía o desde otra fuente, hacia el medio electrónico.
Pero es peor, esta situación, en si misma seria y preocupante, no terminó ahí. El fenómeno volvió a repetirse.

Dentro de la misma investigación, el Ministro de Fuero Manuel Antonio Valderrama Rebolledo y el Fiscal Metropolitano Oriente Carlos Gajardo, solicitaron al Ministro de Defensa amplia información respecto al proceso de adquisición de los buques y materiales conexos, la que fue entregada por el Comandante en Jefe de la Armada al Ministro de Defensa Nacional mediante el Oficio Secreto N° 4561/3079 del 25 de Junio de 2012, – junto a una carpeta con información clasificada como Secreto, respecto al cual se solicitó tener presente lo señalado en el Código de Justicia Militar, el Código de Procedimiento Penal y el Código Procesal Penal en cuanto a “evitar la divulgación de la información durante la investigación y substanciación del eventual proceso y que al término de éste, los antecedentes sean devueltos a la Armada”.

Pues bien, muy poco después, el mismo medio digital los dio a conocer, in extenso y completamente, en su publicación electrónica. De acuerdo a la ley, dentro de las 24 horas de haberse producido la publicación de estos documentos, y mediante ella, de haberse producido un eventual delito, las autoridades afectadas debieron haber interpuestos las denuncias correspondientes. En efecto, sea el Fiscal de la Zona Oriente o el Ministro de Defensa, Allamand, debieron haber procedido en la forma señalada. Nadie lo hizo.
Caben muchas preguntas, pero sin duda la primera y principal es saber la causa del aparente incumplimiento de la obligación funcionaria de diversas autoridades del Ejecutivo y también del Poder Judicial de denunciar posibles delitos que podrían involucrarlos a ellos mismos y llevar a cabo las investigaciones necesarias para identificar a los culpables, los responsables, sus cómplices y determinar las razones de la repetición de hechos similares que configuran graves violaciones a la seguridad de la defensa nacional, delito que en todo el mundo es sancionado con severidad.

Y sigue. En otra investigación posterior, referente a las responsabilidades de la forma caótica en que se manejó el terremoto y maremoto del 27 de febrero del año 2010, la fiscal Solange Huerta encargó a un equipo de la Policía de Investigaciones una completa indagatoria al respecto.
Esta vez, de nuevo, el primer informe, un voluminoso documento, fue “filtrado” a la prensa, es decir, los encargados de su custodia en la Fiscalía, el Juzgado, en la Policía o en otro lugar, nuevamente no cumplieron sus obligaciones y dieron la oportunidad a que comentaristas periodísticos inescrupulosos festinaran su contenido atribuyendo culpas, acusaciones e imputaciones de todo tipo a militares y ciudadanos que, otra vez, quedaron a merced, -indefensos e impotentes-, de este poder fáctico conformado por los administradores periodísticos de la información judicial reservada.
No es conducente cuestionar la libertad de prensa. Tampoco debilitar lo avanzado respecto a transparencia de los actos de las autoridades o funcionarios, pero es imprescindible el cumplimiento por parte de las autoridades Judiciales, Ministeriales, de la Policía y otros, de las normas legales que los obligan a denunciar, investigar y sancionar las conductas ilegales, abusivas y prepotentes de las autoridades en perjuicio de los ciudadanos de a pié, es algo que no puede ser tolerado. Menos la conformación de asociaciones ilícitas entre periodistas carentes de ética y traficantes de información reservada.
Mañana el afectado puede ser usted”.

Hoy día, con la hipocresía nacional características de nuestra sociedad, desde la Presidente para abajo, todos lloran por la demolición del prestigio y credibilidad del Sistema Judicial Nacional. Tarde.

CHILE – BOLIVIA: UN FALLO QUE NO CAMBIARÁ NADA

En toda situación de conflicto internacional es fundamental identificar con claridad la causa basal del enfrentamiento y cual es la situación final que cada parte quiere que quede establecida al término del mismo.

En el caso de Chile y Bolivia la causa es el choque entre dos objetivos políticos antagónicos y mutuamente excluyentes:
– Bolivia pretende que Chile le ceda una parte de su territorio para disponer de un acceso soberano y “útil” al mar. Un tramo de tierra que conecte a Bolivia con un puerto soberano en la costa del Océano Pacífico.
– Chile por su parte, pretende establecer una relación de convivencia mutuamente conveniente con Bolivia dentro de limites territoriales definidos, respetados y no cuestionados, en conformidad a los tratados vigentes.

La contradicción es evidente e insoluble ya que Bolivia no se contenta con nada menos que lo señalado y Chile no cederá nada de su territorio.

Bolivia inició su demanda con la reclamación de unos “derechos espectaticios” derivados de lo que consideró ofertas chilenas efectuadas en diversos momentos en el pasado.
Esta aproximación fue posteriormente superada y reemplazada por lo que estimaron una “obligación chilena de negociar con Bolivia una salida al mar”. Cuando se produjo el fallo la Corte Internacional de Justicia (CIJ) respecto a la objeción chilena a su competencia para intervenir en el caso -en que esta señaló que no podía disponer una negociación con un resultado asegurado- volvió a ser reemplazada planteándose un nuevo argumento en que torciendo los artículos 32 y 33 del fallo de la Corte, Chile tendría la obligación de dar un acceso soberano al Océano Pacífico a Bolivia, quedando por establecer -mediante negociaciones directas-, las eventuales compensaciones bolivianas.

En breve, actualmente Bolivia alega que Chile tiene la obligación de dar una salida soberana al mar para Bolivia y que solo falta negociar las condiciones en que ello se efectuará.

Tal y como se han dado los fallos de la Corte Internacional de Justicia ésta no producirá un fallo “en derecho” sino uno con una gran componente de “equidad” o “justicia”, según el criterio que los jueces consideren aplicar.
Tenemos que comprender que la Corte entiende el derecho no como una norma pre existente que se aplica a una situación particular sino como un concepto que se va “construyendo” en la praxis … y ellos lo hacen a través de sus fallos.

Esto significa que es probable que la CIJ falle señalando que Chile debe negociar con Bolivia un acceso al Océano Pacífico, de buena fe y dentro de un plazo razonable y dado que la Corte ya señaló que no está entre sus competencias disponer un “resultado” de la negociación, este debería surgir de la negociación misma.

Como las posiciones de ambas partes son completamente incompatibles, el fallo dará inicio a una nueva seguidilla de disputas respecto a que se entiende por “buena fe” y quién y cómo dictaminará que esa condición es respetada y cumplida por las partes; respecto a qué es un plazo razonable y a cómo salir de una situación en que Bolivia exige cesión territorial y Chile no cederá soberanía de ningún tipo. Nunca habrá acuerdo, inaugurando una nueva temporada de insultos bolivianos y negativas chilenas con sucesivos recursos contra Chile ante la CIJ, invocando el Pacto de Bogotá, tratando de retener la iniciativa y poner a Chile a la defensiva y sin posibilidad de actuar libremente.

Esta situación es reconocida por los políticos mas sensatos en Bolivia, según el ex Presidente boliviano Jaime Paz Zamora, “la negociación será larga, muy larga” y “dado que la Corte Internacional de Justicia no da mar porque no lo tiene, es Chile quien deberá hacerlo y eso requerirá su aquiescencia”; por su parte Carlos Mesa ex Presidente y miembro del equipo comunicacional de la actual administración boliviana, envía por la prensa el mensaje de que “él no ve a Chile abandonando una negociación”, es decir, intenta asegurarse que Chile no ponga fin al “diálogo de sordos” que se iniciará. Como se puede apreciar, ambos políticos bolivianos reconocen que el fallo no dará término a nada y abrirá una nueva, larga y estéril disputa que permitirá al actual y futuros gobiernos bolivianos disponer de un elemento de entretención y distracción político social y un instrumento de cohesión nacional durante muchos años. El Pacto de Bogotá se reforzará como arma a emplear contra Chile y las amenazas y acusaciones podrán multiplicarse.

Para Chile entonces el problema parece ser imponer y mantener su negativa a toda cesión territorial, permanentemente, en el corto, mediano y largo plazo apoyándose fundamentalmente en su estrategia tradicional: intangibilidad de los tratados y capacidad de disuasión creíble, sin cejar en los esfuerzos por mostrarle a los gobiernos y al pueblo boliviano que un acuerdo de amistad y cooperación es una alternativa siempre abierta y definitivamente mas conveniente para ambas partes.

Una estrategia de este tipo exigen la demostración continua y sin vacilaciones de una firme voluntad política de proteger nuestros intereses nacionales y una voluntad estratégica de no aceptar insultos, amenazas, provocaciones ni agresiones sin la correspondiente respuesta que haga difícil la vida de los agresores.
Es también fundamental que los chilenos comprendan claramente que aceptar las exigencias bolivianas significa modificar la geopolítica de las fronteras norte y noreste de nuestro país, añadiendo elementos de inestabilidad imprevisibles.

Desgraciadamente, dadas las características de la política boliviana, sea cual sea el resultado o fallo de la CIJ, sus consecuencias solo mostrarían pequeñas diferencias. En este sentido, el resultado del fallo no es trascendente.

El fallo desatará una violenta reacción boliviana tratando de transformar el fallo en un triunfo y de tratando de forzar a Chile a mantenerse dentro de las “negociaciones”. En realidad, su continuidad es la única posibilidad de Bolivia de mantener vigente el conflicto que busca. No importa que diga la Corte, mas allá de todas las consideraciones anteriores, Evo dirá que es una “victoria” que “obliga a Chile a ceder mar”.

No es descartable el inicio de un conflicto violento, de baja intensidad, materializado mediante fuerzas paramilitares o “cívicas” con movimientos sociales jugando el rol central. Este tipo de conflictos perfectamente manejable para fuerzas militares con las capacidades de las nuestras debe ser dirigido y administrado por un liderazgo político decidido, creativo y audaz. Sin duda nuestro servicio diplomático será sometido a exigencias poco habituales y en las cuales ha mostrado pocas destreza. Pero sobre todo, el instrumento mas potente y eficaz será la decisión de poner en acción todo nuestro poder político,diplomático, económico y administrativo.
Un último factor crítico es tomar y mantener la iniciativa, accionar no reaccionar, imponer nuestro juego y asegurar a Bolivia que toda agresión contra Chile tendrá un precio, inexorablemente.

Nuestro “estado político intermedio” o de transición será, por muchos años,
vivir con un problema controlado y controlable, mientras no lleguemos a una condición de buena voluntad y cooperación con Bolivia.
Si consideramos que el objetivo final y último de nuestra estrategia es “establecer una relación de convivencia mutuamente conveniente con Bolivia dentro de limites territoriales definidos, respetados y no cuestionados, en conformidad a los tratados vigentes” nunca debemos perder de vista que no habremos triunfado mientras no hayamos alcanzado esa condición de convivencia amistosa y mutuamente ventajosa. Que las elites y la ciudadanía boliviana acepten que no les conviene desafiar a Chile y que, por el contrario, nuestro país puede ser un apoyo estable, macizo y confiable para su desarrollo .

Sintetizando los elementos mas relevantes para difundir y socializar una estrategia como la descrita, pareciera que algunos puntos significativos a proponer a nuestra ciudadanía podrían ser:

– Buscamos una relación de cooperación y amistad con Bolivia. De desarrollo y prosperidad en asociación. De largo plazo y mutuamente beneficiosa a sus respectivos intereses.
– Chile no entregará soberanía, de ningún tipo y de ninguna forma y toda conversación bilateral comenzará y concluirá respetando esta decisión.
– Los tratados vigentes no serán cambiados ni irrespetados. Chile no hará proposiciones, Bolivia deberá plantear lo que le parezca conveniente y Chile aceptará o rechazará.
– Chile no acepta mediadores, acompañantes ni facilitadores de ningún tipo. El problema es y será manejado en forma exclusivamente bilateral.
– Chile se reserva el derecho a defenderse activamente de todo tipo de acciones en su contra: a defender su honor y buen nombre, a defenderse de ataques regulares o asimétricos, informales, abiertos y encubiertos, políticos y económicos, llevados a cabo por organizaciones del Estado Boliviano o de organizaciones de cualquier tipo que actúen desde territorio Boliviano.
– El ingreso a territorio nacional o la acción a distancia de fuerzas militares, paramilitares o civiles armadas desde Bolivia a territorio nacional será considerado casus – belli.
– Chile se marginará del Pacto de Bogotá, decidiendo libremente y caso a caso, si es que en el futuro opta por someter algún pleito a la Corte Internacional de Justicia.

DESAHUCIAR EL PACTO DE BOGOTÁ, AHORA

El día 5 de enero de este año 2018, un periódico gobiernista boliviano informó que “el canciller Fernando Huanacuni revela que el Gobierno y la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima (Diremar) analizan opciones para hacer respetar los derechos que Bolivia tiene sobre el río Lauca, desviado por Chile.
Tras 52 años, Bolivia recopiló antecedentes de las afectaciones en distintos ámbitos y ahora analiza las futuras acciones”.
A Huanacuni se le pidió que informara si “corresponde y diga si el país presentará una demanda por el desvío arbitrario, unilateral y abusivo de las aguas del río Lauca”; en su respuesta “deja entrever que uno de los fundamentos de la demanda estaría relacionado al hecho de que el agua es un derecho humano y que al tratarse de un río internacional, su uso debe ser equitativo; algo así como lo que argumenta Chile en su demanda por el Silala”.
Así, entre la ideología de los derechos humanos y el Pacto de Bogotá avanzamos hacia una nueva demanda boliviana contra Chile en la Corte de Internacional de Justicia.

Mientras tanto, en Chile, inmediatamente después de la elección del Presidente Piñera comenzaron los aprontes. Un distinguido analista señaló que “ya hay especulaciones en algunos medios sobre quien tendrá a su cargo la ejecución de nuestra política exterior, que el reelegido Presidente determinará; más quienes serán los Agentes, Coagentes, Asesores y demás involucrados en los dos pleitos, se mantengan los actuales, o se reemplacen o refuercen con nuevos aportes”. Ya que “Si bien todo aconseja una apropiada continuidad, no son cargos vitalicios, y cada administración tiene plena libertad decisoria”. Parece un tema técnico relevante, mas que nada, para los aspirantes a los cargos respectivos. Mas relevante para Chile es el diagnóstico, que muchos diplomáticos y abogados comparten: “En lo jurídico, habrá que evaluar con nuevos ojos el derecho internacional y sus rápidos cambios, evidenciados en las más recientes sentencias de la Corte, donde han predominado las soluciones equitativas, por sobre la acostumbrada rigidez clásica, como prueba irrefutable de su adecuación a nuevos tiempos. Más permeable a otros factores que ahora también se consideran, y donde el mayor valor de la justicia, se equipara en vigor, al estricto derecho que a cada parte pudiere corresponderle. De ahí que esta tendencia haya sido apreciada como una politización de la Corte, o dictación de sentencias salomónicas. No consideran, tal vez, que el derecho actual evoluciona y procura reevaluarlo, cuando la juridicidad haya derivado en una situación, que estando dentro de la legalidad, a lo mejor, podría llegar a un resultado injusto”, y concluye con una recomendación: “Dentro de este ámbito, es de esperar que no se insista en contrarrestarlo mediante la simplificación de continuar o denunciar el tan mencionado Pacto de Bogotá. Sólo nos da una de las competencias procesales para acudir a la Corte. En nada influye en los pleitos pendientes, ni en la jurisdicción del Tribunal que tantos otros acuerdos contemplan. Además, podría interpretarse como una debilidad de nuestra parte, o muestra de molestia o desconfianza, que la Corte no pasaría por alto, y eventualmente, reflejar en sus fallos”.

Entre todos estos considerandos pasa suavemente el hecho de nos asociamos a una corte que fallaba “en derecho” que ahora se ha transformado en otra que lo hace “en justicia”. Lo que sea que los jueces interpreten por tal cosa.

La Corte ha cambiado la doctrina que fundamenta sus fallos, por si y ante si, sin consultar a los afectados que voluntariamente se someten a su jurisdicción. Peor aun, aplica de facto su nueva doctrina sin ni siquiera advertir a sus usuarios respecto a este cambio. Por otra parte ¿es acaso agraviante el que Chile manifieste su molestia o desconfianza a una Corte que ha procedido con esta arbitrariedad?, y aun si fuera percibido como agraviante, ¿podemos posponer los intereses de Chile en beneficio de una prudencia pusilánime?.

¿Por qué estamos en la Haya?. Existen varias maneras de enfrentar y resolver las disputas internacionales y Chile al suscribir el Pacto de Bogotá se limitó voluntariamente y en forma exclusiva a una sola de ellas: el arreglo judicial internacional basado en la Corte Internacional de Justicia (La Haya). Esta fue una elección política y no un mandato divino. Así como ingresamos podemos salirnos.

Las razones para hacernos partes del Pacto de Bogotá fueron básicamente dos: primero una presunta doctrina legalista y americanista que pretendía erradicar las relaciones de poder entre los estados de la región y reemplazarlas por un sistema de arbitraje judicial internacional obligatorio y segundo, por esas vía buscar una forma de sustraerse a las presiones militares y políticas a que los gobiernos argentinos nos sometían periódicamente para dar satisfacción a su política bioceánica, es decir de salir soberanamente al Pacífico por territorio chileno.

El conflicto del Beagle puso a prueba esta ilusión y resultó un fracaso: El 18 de febrero de 1977 un tribunal formado por miembros de la Corte Internacional de Justicia y leído por la Reina de Gran Bretaña, la misma corte que ahora juzga el pleito con Bolivia, aclaró que las chilenas “las Islas Picton, Nueva y Lennox y los islotes y rocas dependientes de ellas” en un fallo inapelable y de cumplimiento obligatorio para las partes, y el 25 de enero de 1978 Argentina declaró “insanablemente nulo” el Laudo y que debía “ser considerado inadmisible e inválido en si mismo”. Chile señaló su intención de ir unilateralmente -al igual que Perú lo hizo contra nuestro país – a la Corte Internacional de Justicia (La Haya) y Argentina declaró que eso constituiría casus belli, es decir causa inmediata de guerra.

Y no pasó nada. Nadie dijo nada. Nadie hizo nada. Las grandes potencias guardaron silencio, los hermanos latinoamericanos miraron en diversas direcciones y Chile debió enfrentar la crisis solo con sus recursos de poder. En breve, cuando lo necesitamos el Pacto de Bogotá no nos sirvió.
En el caso del conflicto por el Canal Beagle con Argentina luego del desconocimiento del fallo pasamos por las Negociaciones Directas y terminamos con una Mediación llevada a cabo por el Papa Juan Pablo II. Y si no hubo guerra no fue gracias al sistema jurídico internacional sino al poder y la voluntad de lucha mostrada por el Gobierno y el Pueblo de Chile.

Ese mismo Pacto es el que permitió a Perú llevarnos a un juicio en forma unilateral y a un fallo increíble, en la cual la Corte Internacional de Justicia validó todas nuestras razones jurídicas e igual nos despojó de un amplio espacio oceánico incuestionablemente chileno.
Ahora Bolivia lo está usando para intentar obtener ventajas a nuestra costa. Tanto Perú como Bolivia tienen en el Pacto de Bogotá una herramienta que les permite plantear pedidos sin arriesgar nada.
En breve, el Pacto de Bogotá no nos protege de las presiones argentinas y nos abre a una condición de vulnerabilidad ante las peticiones de Perú y Bolivia. Por otra parte, durante los años 1966 y 1967, cuando el gobierno de Perú presidido por el general Juan Velasco Alvarado se sintió fuerte, intentó agredirnos, lo que lo hizo desistir no fue la Corte Internacional de Justicia sino que nuevamente, el poder y la voluntad de lucha mostrada por el Gobierno y el Pueblo de Chile.
¿Por qué entonces renunciar a todas las demás formas de negociación de conflictos y quedarnos con una que no nos sirve frente a ninguno de los tres vecinos?

Cuando las relaciones entre países se dan en términos políticos, el poder militar constituye uno de los elementos del poder nacional y cuando las resolución de las disputas entre estados se entrega a un tribunal internacional, se renuncia al empleo de esos poderes y se confía tanto en la justicia y neutralidad del tribunal como en que la contraparte cumplirá el fallo. En este segundo caso, al menos en teoría, la fuerza no sería necesaria.
La realidad muestra que con alarmante frecuencia los estados más fuertes, que se creen más fuertes o se mueven con más audacia en el ámbito de las relaciones exteriores no respetan los fallos sea porque rechazan los mecanismos judiciales acordados o porque rechazan los fallos cuando éstos no los favorecen. Nuestra historia pasada y reciente muestra que al final Chile cuenta solo con sus propios recursos de poder para defender su integridad y honor.
Recientemente un periodista nacional experto en relaciones internacionales proclamó la inutilidad de las fuerzas militares chilenas porque su existencia no había sido capaz de disuadir a tres gobiernos de Perú de llevarnos unilateralmente a La Haya. El experto olvida o desconoce dos elementos fundamentales del problema. 1.- Chile, al suscribir el Pacto de Bogotá, renuncio a la auto defensa de sus intereses y entregó esta tarea a un Tribunal Internacional y 2.- La disuasión exige dos elementos que actúan juntos: le existencia de fuerzas militares capaces y creíbles, y la voluntad del liderazgo político, que en el caso que analizamos brilló por su total ausencia.
En 1975 y 76 con Perú y en 1978 con Argentina, Chile tenía fuerzas militares muy débiles y un liderazgo político fuerte, decidido y valiente, en el caso Boliviano hemos tenido FFAA fuertes y un liderazgo político vacilante, en estado mental de negación.
Chile es un país serio, que cumple sus compromisos y respeta su palabra, para no volver a vernos entrampados ante maniobras de otros estados menos escrupulosos, debemos comenzar por recuperar el manejo de nuestras relaciones exteriores, mejorar los procesos de políticas públicas de seguridad y defensa, abandonar las ilusiones ideológicas y ajustarnos más a las realidades del mundo como es y no como nos gustaría que fuera.

ELECCIONES EN CHILE O EL SENTIDO COMÚN

La prensa está llena de análisis y recuentos del pasado reciente tratando de dilucidar que fue lo que pasó en las últimas elecciones presidenciales: Esta columna fue publicada en Noviembre de 2013, poco antes de las elecciones en que fue elegida Bachelet.
El sentido común ya estaba gritando en todos los rincones de Chile: la gente quiere vivir bien y tranquila. No la escucharon.

———————————

Las palabras han perdido todo su significado. Los juegos de declaraciones, silencios, trascendidos y chamullos de los candidatos presidenciales y sus grupitos me tienen confundido. Como ya no entiendo quién dice qué va a hacer que, me he visto forzado a poner por escrito, en castellano simple y directo, que es lo que quiero como programa de gobierno para los próximos cuatro años. A partir de este listado, veré cual candidato es el que me interpreta. Si no hay ninguno, no voto.
Por si le es de utilidad, se los muestro:
1.- Economía.
En los últimos 40 años a mi familia le ha ido bien. Desde 1996, Chile tiene el ingreso per cápita más alto de la región. Entre 1973 y el 2014, el ingreso de las personas aumentó sensiblemente. Desde 1990 a la fecha, la pobreza se ha reducido mucho. El desempleo ha bajado sustancialmente y la inflación ha sido muy baja. Lo anterior indica que estamos en el buen camino.
Chile es una continuidad, si perseveramos siguiendo con lo que está resultando bien, seguramente seguiremos avanzando en forma sostenida.
En breve, en lo económico, no quiero revoluciones ni cambios radicales. Que por ningún motivo aumente el desempleo, ni la inflación ni que se detenga el crecimiento del país. No sé si la manera de allegar recursos para el estado es aumentando o disminuyendo los impuestos –eso es instrumental-, lo que quiero es que el gobierno disponga de los recursos necesarios para apoyar a los que de veras lo necesitan, pero sin matar la gallina de los huevos de oro.
Las claves que yo quiero que se respeten son: estabilidad de las reglas; apoyo a las pymes; control de los gastos fiscales y que las grandes empresas paguen sus impuestos sin hacer “planificación tributaria” tramposa.

2.- Desigualdad.
Si bien la igualdad no existe ni entre las personas ni entre los grupos ni entre las regiones, no me gustan las desigualdades excesivas. El gran igualador es la educación y el reconocimiento de los méritos de cada persona independiente de sus relaciones y apellidos. Esto no es fácil ni rápido de resolver, pero hay que avanzar decididamente y no postergarlo más.
Es evidente que en este tema hemos avanzado, pero falta. La empresa privada, con excepción de los puestos directivos, no se fija mucho en apellidos; busca y paga a la gente por sus resultados (es uno de los beneficios del lucro). No ocurre lo mismo en la administración pública, donde la repartija va más bien por las relaciones políticas y sociales, aquí mi gobierno tendría mucho por hacer. Lo mismo en las universidades, empresas del Estado (en especial Codelco), judicatura y otros en que los empleos se traspasan de padres a hijos y entre parientes y amigos.
Hay personas –familias- que nunca podrán salir de la marginalidad y la pobreza sin ayuda. Ellos requieren apoyo de mi futuro gobierno, pero a cambio del esfuerzo y compromiso de los beneficiarios. Nada de regalos ni bonos. Existen programas sociales para ello, hay que mejorarlos, hacerlos más potentes, más justos, eliminar su uso político y mejorar su eficiencia. Que la ayuda llegue en forma efectiva y oportuna a los que verdaderamente la necesitan. La mejor ayuda es capacitación y empleo, lo sé por experiencia.
La clase media está saliendo adelante, no necesita mucha ayuda, pero si requiere apoyo para hacerles la vida más grata: especialmente en vivienda, educación, salud y transporte.

3.- Educación.
Estoy dispuesto a aportar lo mío para que ningún estudiante capaz quede fuera del sistema y que sus posibilidades de progreso no sean limitadas por la mayor o menor solvencia económica de sus padres. Pero que se entienda bien, los estudiantes y padres que se beneficien de mi esfuerzo también deben comprometerse y cumplir. Deben estudiar y obtener buenos resultados académicos. No estoy para mantener flojos, vagos ni agitadores. Los profesores deben ser evaluados y, al igual que los alumnos flojos, si son deficientes, eliminados del sistema con financiamiento estatal. Los malos estudiantes que quieran seguir en la universidad, que paguen sus padres en una universidad privada. Los niños que destruyen los establecimientos en que se suponen que estudian o maltratan a sus profesores, deben ser eliminados del sistema estatal.
La diferencia entre las personas la hace la calidad de la educación que, como dije, creo que descansa principalmente en el esfuerzo de los estudiantes. Otros elementos importantes son la calidad de los profesores y la calidad de los establecimientos educacionales. Si a los malos profesores los quiere contratar un colegio particular, es asunto suyo. A los buenos profesores del sistema estatal hay que subirles el sueldo al doble o triple. Que los estudiantes de pedagogía se peleen por ser profesores de escuelas y liceos fiscales.
No me importa que haya establecimientos educacionales sin o con fines de lucro, tampoco que sean privados, estatales o algún tipo de combinación, que sean nacionales u originarios de otros países. Me importa que sea posible pagarlos y que la educación que entreguen sea de la mejor calidad. Para lo anterior, no tengo la solución, y no me interesa cual sea, me basta con que sean buenos y al alcance de mis capacidades económicas, con becas, aporte del estado o la solución que sea, siempre que funcione. Mientras más alternativas haya, mejor.
La educación pre escolar, la básica y la técnica son las que más urgentemente necesitan atención y apoyo porque son las más importantes.

4.- Gobierno.
El centralismo me asfixia. Los que vivimos en regiones no somos menos inteligentes ni menos responsables que los santiaguinos y sabemos bastante mejor que ellos que es lo que queremos y como lo queremos. Que parte sustantiva de los impuestos que las empresas pagan en cada región, queden en ella y déjennos administrarlos solitos.
Quiero gobierno regional elegido y con poder.

5.- Institucionalidad.
Siempre es mejor que haya menos senadores y diputados. Las regiones no necesitan más “representantes”, ya que los políticos ¿trabajan? para promover intereses económicos, partidos y grupos políticos e intereses de grupos sociales organizados, pero no al común de la gente (excepto en períodos electorales).
No quiero reelecciones ni destituciones del presidente de la república, por ese camino iríamos directo a la vía venezolana o argentina.
Quiero revocación de sus cargos, por parte de los ciudadanos de la región por la que fueron elegidos, para los diputados y senadores que se cambien de partido; no cumplan sus deberes o pierdan la confianza de sus electores. Más transparencia de los políticos respecto a sus haberes e intereses personales. Examen anti drogas periódico y obligatorio; asistencia mínima controlada a votaciones y comisiones; reducción de “dietas” y asignaciones; sanciones efectivas por abuso de poder.

6.- Energía
No podemos seguir negándonos a todas las alternativas. No más carbón. No energía nuclear hasta que estemos seguros que no implica riesgos como los de Fukushima. Si a la energía hidroeléctrica, es la mejor y más abundante que tenemos. Si a las energías limpias y renovables, pero por ahora como complemento de la energía eléctrica.

7.- Relaciones exteriores.
No más contemplaciones con los abusos y despropósitos de los actuales gobiernos argentino y boliviano. Respeto al fallo de la Corte Internacional de Justicia y adelante con la Alianza del Pacífico. Sigamos avanzando hacia Oriente.
Las mejores relaciones con la región, pero sin acompañarlos en sus aventuras y desvaríos ideológicos.

8.- Seguridad
La justicia “garantista” nos quedó grande. Que los tribunales apliquen una mano más dura y que se avance substantivamente en el uso de “penas alternativas” a la privación de libertad. Que los padres sean hechos responsables de los delitos de sus hijos menores de edad.
Las ciudades son unos chiqueros: perros abandonados, paredes rayadas, calles sucias, con mala iluminación, plazas abandonadas o invadidas por muchachos borrachos, drogados o teniendo sexo en público. Este es el punto de partida para controlar la delincuencia. Hay que hacer un esfuerzo serio en esa dirección.
No más encapuchados; bombas molotov ni destrucción de buses y mobiliario urbano. No mas agresiones a Carabineros.

9.- Salud
Vamos avanzando. Hay que mejorar el control sobre las Isapres y controlar la calidad del servicio y de la gestión en los hospitales públicos y particularmente a los médicos.

10.- La Constitución.
Me parece que todo el asunto es una moda política. Fuera de modificar el sistema electoral bi-nominal y la ley de partidos políticos para poner fin a las reelecciones de los parlamentarios, el resto es cuento. No me interesa.

No es mucho lo que pido, solo que los políticos también piensen en nosotros y no solo en ellos.

FRENTE AMPLIO, la novedad del año.

El Frente Amplio (FA), de reciente ingreso al mundo de los movimientos políticos significativos en Chile, es una coalición de varias agrupaciones de contornos poco claros, hegemonizada por dos partidos políticos: Revolución Democrática y el Movimiento Autonomista, este último con un sector mas o menos escindido – Izquierda Autónoma -, luego de una disputa entre sus dos líderes principales.

Su nacimiento está determinado por su apreciación de que tanto el comunismo como la socialdemocracia europea fracasaron y que la alternativa de derecha que ellos denominan “neoliberal” debe ser destruida por cuanto no es capaz de dar respuestas al nuevo Chile. Para ellos, el éxito de la “agenda transformadora” de Bachelet estaría confirmando esta hipótesis.

Según Fernando Atria (PS), también gurú del FA la izquierda hoy tiene “la responsabilidad de cerrarle la llave al modelo neoliberal impuesto en dictadura”. “Chile le mostró al mundo el camino de entrada al neoliberalismo; a Chile le va a tocar ahora mostrar el camino de salida. La izquierda chilena debe elaborar una visión que sirva como guía en el proceso de salida que lleve a una forma de socialismo pos neoliberal”. Para ello, plantean “la necesidad de construir una izquierda secular y moderna, “que esté a la altura de los desafíos del siglo XXI y que pueda apropiarse de sus condiciones materiales para realizar transformaciones radicales”. Es decir esa construcción ahora sería posible solo gracias al éxito obtenido por las Políticas neoliberales y del Estado subsidiario.
Este es el primer aspecto que llama la atención: que las políticas “neoliberales”, administradas por los partidos de izquierda que llevaron al país a una creciente prosperidad hayan quedado completamente obsoletas y deban ser descartadas a mitad de camino.
Por otra parte, Nicolás Grau, economista estrella del FA, en entrevista en “El Mostrador” plantea las cosas de otra forma: “Al hablar con él y leer sus posturas, uno fácilmente podría catalogarlas como cercanas a una socialdemocracia europea. Reconoce que no le gusta el mercado, pero admite que la izquierda no ha encontrado una alternativa viable al capitalismo. Señala que el modelo productivo que tienen en mente para Chile no es radical ni tampoco muy original”. “Lo que estamos proponiendo no es muy creativo, es un popurrí de cosas que se aplican en otras partes”. Aunque hay que reconocer que Grau aclara en la entrevista que lo que está haciendo es tratar de calmar a los inversionistas.

Para el Frente Amplio, “el enemigo es el neoliberalismo y el Estado subsidiario”, el régimen que propondrían para su reemplazo se podría deducir de sus programas políticos, pero los de ambos partidos son confusos.
Por otra parte, la heterogeneidad de las ideologías que mueven a los demás grupos que lo integran no son consistentes entre si ni con las de los dos partidos hegemónicos.

Por ahora, durante su campaña, los diagnósticos y propuestas pasan por algunos elementos centrales: el sistema de pensiones, la necesidad de una nueva Constitución, el fin del CAE, la reforma a los derechos de aguas, el fin de la AFP y otros similares, en que no se distingue una postura revolucionaria como la que señalan sus respectivos programas.

El grupo ideológicamente mas consistente del Frente Amplio parece ser la Izquierda Autónoma (o Autonomía Marxista. Deriva de las lecturas del revolucionario marxista italiano Antonio Gramsci y dice tener como misión “la creación y fortalecimiento de la autonomía política de las clases subalternas frente a la hegemonía de las clases dominantes” y que “no sólo se constituya a partir de la adscripción y adopción de un conjunto de ideas, valores e iconografías de izquierda, (sino) que se haga realmente cargo de la construcción de una estrategia transformadora para el presente”.

Los autonomistas se constituyen en oposición al concepto tradicional de vanguardia y, en su lugar, abogan por un concepto pre-figurativo de política, “en el cual la praxis política de las clases subalternas deben ir construyendo la sociedad que desean alcanzar, al mismo tiempo que luchan por llegar al poder”.

Se reconoce marxista en origen y “declara ser parte de una tradición de pensamiento emancipador que, en el siglo XX, se encarnó en torno a las ideas socialistas, libertarias y comunistas y que encontró en el marxismo, en sus diversas lecturas, su principal cuerpo doctrinal”. “Adscribimos a la perspectiva marxista de análisis de la realidad considerando que nuestra sociedad hoy se produce y reproduce a sí misma a partir de la existencia de clases en pugna constituidas a partir de la contradicción capital trabajo”. Esta declaración no parece considerar las características del mundo actual y su acelerada digitalización, el incremento de la clase media y la creciente mayor frecuencia de emprendimientos individuales o de pequeños grupos que casi no requieren capital.
La aseveración de que “Comprendemos que esta es una de las herramientas que apuntan a la superación de la explotación del ser humano por el ser humano y de la conformación de estructuras sociales que representan los intereses de la clase explotadora”, parece situada mas bien en el siglo XIX que en el siglo XXI.

Revolución Democrática por su parte, se define como “una fuerza política parte del Foro de Sao Paulo y que quiere contribuir a la construcción de un nuevo ciclo para la izquierda en Chile y América Latina que traiga más democracia, más igualdad, más justicia y un mejor futuro para nuestros pueblos”.
“En Revolución Democrática aspiramos a la democratización de la riqueza y del poder político, entendiendo esto como la superación del capitalismo en su versión neoliberal actual. Entendemos el neoliberalismo como una ideología que pretende mercantilizar todas las relaciones sociales en función de la acumulación de capital en unos pocos, y es por tanto la mayor amenaza de nuestro tiempo para la realización plena de la democracia”.
“En el contexto de globalización del siglo XXI, en Revolución Democrática nos sentimos parte de la identidad de la izquierda latinoamericana”.
“Buscamos promover una igualdad plena en donde todas las personas puedan desarrollarse integralmente desde su diversidad, con un enfoque inclusivo y promoviendo el respeto por la dignidad de las personas (igualdad de resultados). Por lo anterior, rechazamos la falsa promesa neoliberal de autodeterminación meramente individual pues ésta es sólo un privilegio de quienes pueden pagarla. Es decir, vemos la igualdad de oportunidades como insuficiente”.

La igualdad de resultados es una propuesta deontológica (Bentham) que pone el foco en la comprobación de los derechos de los ciudadanos en el resultado y no en la potencialidad de la igualdad formal. La igualdad formal no garantiza el cumplimiento de los derechos humanos como tampoco lo hace la igualdad de oportunidades”. No aclara como pretende igualar los resultados, especialmente en el ámbito profesional y económico, aunque el método mas mencionado en los teóricos de esta alternativa es la capacidad de redistribución de los impuestos.

La lectura de los documentos ideológicos de ambos grupos -mas notorio en el caso de Revolución Democrática – permite apreciar la influencia del movimiento New Age, cuyos principios han servido para buscar la unidad del saber perdida en el proceso de diversificación de las ciencias, pero sobre todo para propiciar la apertura de las ciencias naturales a lo trascendente, a lo divino, a una visión de totalidad.

A partir de estos presupuestos se habla de una “nueva ciencia”, más humana, más ecológica, cuyos principios fundamentales se sintetiza en dos propuestas: La “holonomía” que aprecia que todo es el mismo ser, la misma imagen, interconectada y unida al cosmos y la calidad dinámica de la realidad, en que todo es un permanente cambio, todo está regido por un movimiento inmanente de evolución.
La forma para dinamizar el cambio sería el ataque a la cultura hegemónica actuando en los márgenes del mercado y de las formas de acción de masas.
La contracultura viene siendo la construcción de todos los proyectos u aspiraciones de una determinada agrupación social, es todo aquel movimiento comunitario y cultural que se caracteriza por estar en contra de los valores culturales.

Para finalizar, su declaración de suscribir los valores, ideología y políticas del Foro de Sao Paulo, de aplaudir el autoritarismo de Evo Morales, de ilustrase con las ideas de García Linera; de apoyar a gobernantes corruptos como Lula da Silva y Néstor y Cristina Kirchner y al militarismo antidemocrático y corrupto de Nicolás Maduro, pone en duda su propia declaración de transparencia, democracia, solidaridad y respeto a los Derechos Humanos.

Esta breve y muy incompleta síntesis apunta a proveer una idea de la identidad e ideología de un grupo nuevo que necesariamente habrá de ir adecuando sus propuestas a las realidades de nuestro país.
Habrá que esperar a que el devenir de la acción política y social vaya esclareciendo su ideología y actuar definitivo.