LA DIGNIDAD Y EL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIDAD

La Izquierda, por ignorancia o por mala fé, difunde la idea de que la actual Constitución no permite satisfacer las demandas sociales. Esta falacia surge de jugar con los conceptos de manera de engañar al lector y llevarlo a conclusiones erróneas.

Esta incompatibilidad se debería a que la Constitución no es “neutra” sino que promueve un Estado subsidiario que considera a los particulares para la prestación de algunos servicios con los que quiere materializar los “Derechos Sociales”, en desmedro “del Estado” que debería hacerlo todo y que eventualmente lo haría mejor.

Este error surge de no distinguir entre la provisión de los servicios y la definición de las formas, condiciones, garantías de esa prestación.

En otras palabras, si el Gobierno establece mal o insuficientemente, la calidad, oportunidad o el financiamiento de esa prestación, si no controla el funcionamiento del servicio o peor, si no corrige aquellos aspectos que naturalmente van cambiando con el devenir del tiempo y la evolución de las condiciones sociales, económicas o políticas de los beneficiarios, es el mismo gobierno el responsable del mal servicio o, más precisamente y como sucedió en Chile, es la Clase Política quien debe asumir la responsabilidad de su incapacidad para ponerse se acuerdo y llegar a soluciones razonables y eficientes para satisfacer las necesidades de la sociedad.

Se debe recordar que el principio de subsidiariedad choca frontalmente con la ideología socialista, que asigna -contra toda evidencia-, ventaja al Estado y sus estructuras para la prestación de servicios previsionales, de salud, transporte distribución, producción y educación respecto a los particulares.  En efecto y desde el punto de vista de las conveniencias de su ideología, el Estado siempre deber tener el control de todas las prestaciones sociales, por cuánto le permite ejercer control sobre la ciudadanía y le entrega una poderosa herramienta de poder social y político.

Es evidente que en nuestro ámbito nacional, tanto por parte de la izquierda como de la derecha se ha hecho un uso a veces distorsionado del concepto de subsidiariedad.

La subsidiariedad no es una mera abstención estatal en beneficio del mercado. No es solo buscar la mayor eficiencia posible en el buen uso de los recursos y mayor calidad del servicio. Es una idea de que el Estado no invada espacios públicos desplazando a las organizaciones menores o intente competir con ellos.

Entendiendo por “organizaciones menores” no solo las actividades empresariales sino también los esfuerzos locales como cooperativas, fundaciones, universidades, juntas de vecinos y asociaciones para la obtención de viviendas.

Mirado desde el punto de vista positivo, el Estado y las sociedades mayores deben fomentar y apoyar a las sociedades menores en sus actividades propias. Esto implica que la dignidad de la persona humana –probablemente el eje central del cambio constitucional–, esté en el centro y sea el Estado quien deba estar al servicio de ella. Esta forma de materializar la subsidiariedad no solo promueve y potencia la libertad de las personas sino que también les reconoce que se realizan verdadera e íntegramente en comunidad, en conjunto a otras.

Así, una subsidiariedad bien entendida no es incompatible con reformas sociales dirigidas a cambiar el sistema de salud o a avanzar hacia mayores prestaciones de seguridad social y por lo tanto, en garantizar derechos sociales sino que acepta y promueve que no es solo el Estado quien puede enfrentar y resolver las necesidades públicas sino que las organizaciones sociales también pueden hacerlo por si mismas.

Tanto el Tribunal Constitucional como el Congreso y los Gobiernos, es decir la Clase Política en su conjunto, han preferido dar a la subsidiariedad del estado una significación restrictiva y empresarial desperdiciando su potencial como instrumento social de libertad, protagonismo e iniciativa popular.

La subsidiariedad puede y debe combinarse con la “solidaridad” de manera que la responsabilidad individual pueda ser potenciada y reforzada en ámbitos como la seguridad social.

Podemos concluir que la derecha privilegió la aplicación de subsidiariedad en la provisión de servicios por la vía de las grandes empresas ignorando su tremendo potencial como elemento de promoción y motivación social y como forma de reconocer la dignidad de las personas en la búsqueda de soluciones propias. La izquierda pir su parte, concentró sus esfuerzos en llenar los vacíos e imperfecciones en la aplicación de concepto, mediante la entrega de reiterados y cuantiosos “bonos”, “subsidios directos” y “programas asistenciales”, fáciles de politizar y usar para la generación de clientelas políticas y captura ideológica de sectores sociales.

El Estado Asistencial y peor aun, el “Estado de Bienestar”, provocan la pérdida de energías humanas y el aumento exagerado de los aparatos públicos, dominados por lógicas burocráticas más que por la preocupación de servir a los usuarios, con enorme crecimiento de los gastos.

Mediante el uso inteligente del principio de subsidiariedad, podemos crear una pluralidad de comunidades de naturaleza política, social y económica, cada una compuesta por comunidades más pequeñas que cumplen funciones diferenciadas.

Podemos ser libres, podemos ser ciudadanos activos y participativos, podemos emplear empresas privadas de todos los tamaños y características para administrar servicios sociales y donde el Estado también pueda actual directamente cuando se aprecie necesario.

Mediante el principio de subsidiaridad podemos alcanzar la DIGNIDAD por nosotros mismos, sin pedírsela a nadie. Esto nos lleva a entender la “separación de poderes” no solo como equilibrios y contrapesos dentro del gobierno, sino dentro del conjunto social. Esta división combatiría la peligrosa pretensión, especialmente de los Gobiernos y de la misma burocracia estatal, de concentrar todo el poder en unas pocas instituciones.

El principio de subsidiaridad mejor aplicado, nos podría llevar a la valoración de las asociaciones y de las organizaciones intermedias; la articulación pluralista de la sociedad; la salvaguardia de los derechos de las personas y de las minorías; la descentralización burocrática y administrativa; el equilibrio entre la esfera pública y privada, con el consecuente reconocimiento de la función social del sector privado y sobre todo, una adecuada responsabilización del ciudadano para ser parte activa de la realidad política y social del país

El verdadero problema es que a la Clase Política Chilena no le interesa la gente ni el Bien Común ni la Dignidad de las personas, sino el Poder Político y sus ganancias personales o del partido.

Fernando Thauby García

Melosilla, 7 de Septiembre de 2020

LA DIGNIDAD Y LA CLASE POLÍTICA

La dignidad, o «cualidad de digno» se refiere al valor inherente del ser humano por el hecho de serlo, en cuanto ser racional dotado de libertad. No se trata de una cualidad otorgada por nadie, sino consustancial al ser humano​ y consecuencia de su naturaleza. No depende de ningún tipo de condicionamiento ni de diferencias étnicas, de sexo, de condición social o cualquier otro tipo. Esta es la dignidad ontológica, diferente a la dignidad adquirida, siendo esta última la del honor.​

La idea de dignidad personal tiene su origen en el cristianismo. El hombre, al saberlo «creado a imagen y semejanza de Dios», lo considera un sujeto libre y por lo tanto responsable de sus actos.

Los conceptos de libertad y responsabilidad aparecen indisolublemente unidos al de dignidad.

El humanismo trató de explicar este concepto con argumentos racionales a partir de la idea de dignidad derivada de la ley natural, ampliando asi el concepto cristiano al pensamiento universal, aplicable a todo el género humano.

En Chile se la asocia a los Derechos Sociales que pretende asegurar a cada persona una vida digna garantizando a cada persona el acceso a las prestaciones de salud, vivienda, dinero trabajo etc, “suficientes” para cubrir esa necesidad, es decir que la prestación debe ser efectivamente útil para eliminar el estado de necesidad.

De ahí la aspiración de “constitucionalizar” los derechos sociales y que su incumplimiento por parte de “Estado”, sea resuelto en el poder judicial.

Pero el Estado no debe confundirse con el Gobierno

El concepto de Estado suele definirse como el conjunto de instituciones que poseen la autoridad y potestad para establecer las normas que regulan una sociedad teniendo soberanía interna y externa sobre un territorio determinado. Se le suele confundir con el Gobierno, como si Estado y Gobierno fueran sinónimos.

En realidad son muy distintos: los Estados son  “estructuras” burocráticas y los Gobiernos son organizaciones de personas que “administran y gestionan” esa estructura.

En la línea de lo que ahora nos interesa, un autor define esta relación como “El Estado es una corporación de servicios públicos controlada y dirigida por los Gobernantes”.

El Gobierno, es la autoridad gobernante de una unidad política, que tiene por objeto tanto dirigir, controlar y administrar las instituciones del Estado, como regular una sociedad política y ejercer autoridad.

Una de las tareas fundamentales del Gobierno es la creación de un sistema de protección social que sea autofinanciable, seguro a largo plazo, sin corrupción, de muy buena calidad para y con todas las personas que viven en el Estado en áraeas como la salud, el trabajo, la educación, el sustento y la vivienda.

En breve, si los organismos del Estado no han sido capaces de entregar un Sistema de Seguridad Social suficiente, el responsable es el Gobierno.

 Y si en 35 años la Clase Política chilena que Gobernó un Estado cada día mas grande, mas caro, mas incompetente y mas politizado, no respetó su Dignidad es evidente que esa Clase Política debe ser reemplazada por completo.

No culpe a la Constitución sino a la Clase Política.

Fernando Thauby García

Melosilla 7 de Septiembre de 2020

UN PROGRAMA POLÍTICO PARA REEMPRENDER LA MARCHA

Sea por impedimento, vacancia o destitución, el período del actual Presidente de la República puede acortarse y dar comienzo a la carrera presidencial.
Dado que la derecha ni la izquierda -causantes de la crisis que vivimos- está en condiciones de identificar ni menos corregir sus causas, parece necesario que los grupos sociales responsables -Los Ciudadanos Comunes- entre los cuáles nos contamos preparen y propongan una alternativa.

Ya no basta más de lo mismo, es necesario corregir los déficits y potenciar los aciertos.

EL PROBLEMA

El país carece de liderazgos, los líderes políticos han fracasado en su función de intermediadores entre la ciudadanía y el estado; en su función negociadora entre los grupos de interés nacional y en la generación de ideas y soluciones para superar la crisis social y política que aqueja a Chile.

El Estado de Chile está en profunda descomposición.

En este momento histórico, el liderazgo político para la renovación de las prácticas políticas, corresponde a los Ciudadanos Comunes y su expresión productiva y creativa, los Empleados, los Profesionales, los Trabajadores independientes y las Pequeñas y Medianas Empresas, son fundamentales para promover las ideas y valores que hagan un Chile grande. Es el grupo integrado por los hombres y mujeres de trabajo de Chile, representantes del más profundo sentido común de los chilenos y los que sufren en forma más dura las inepcias de Estado, en sus tres componentes: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Tenemos el derecho y el deber de hablar por los que no tienen voz, por los que son usados sin ser escuchados.

El problema de base: Decadencia del Estado.

Creemos que la institucionalidad estatal está enferma de muerte. Nació en una época ya pretérita y no ha incorporado los cambios sociales, económicos, políticos, tecnológicos, geopolíticos ocurridos en el último medio siglo.

Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial han conformado una oligarquía anticuada, autoreferente y anquilosada, con formas, rituales, intereses, procedimientos y fines que satisfacen las necesidades y preferencia de sus miembros e ignoran por completo a la ciudadanía.

Un ejemplo actual es el debate para hacer una Nueva Constitución. El reclamo de la ciudadanía ante deficiencias graves en temas como las pensiones, los sueldos, el endeudamiento de las personas, la salud, la educación, el cambio climático, el transporte público, la violencia y el vandalismo ideologizado y otras demandas concretas, que se resuelven en el ámbito legislativo y podrían haber sido enfrentadas desde ahora mismo, han terminado transformadas en un debate Constitucional prolongado, innecesario e ideológico que retardará en años el comienzo de las acciones para enfrentar las necesidades reales de los ciudadanos y concretar las soluciones. Es imprescindible que Chile tenga una Constitución estable, para ello, es más razonable modificarla que reemplazarla. Todas las materias que interesan a los chilenos, pueden y deben ser enfrentadas ahora, corrigiendo en el proceso aquellos aspectos en que las disposiciones Constitucionales entorpezcan su diseño o tramitación, mediante modificaciones puntuales. Los caprichos de las oligarquías políticas que administran deficientemente el Ejecutivo y el Poder Legislativo no pueden ser más importantes que las realidades de la vida de las personas. El Poder Judicial, por su parte, ha derivado en una casta que se auto genera, en medio de luchas internas alejadas por completo de la aplicación y perfeccionamiento de la justicia, con asociaciones y relaciones ilícitas con actores políticos y comerciales y con la adscripción de algunos de sus miembros a ideologías pretéritas a las que siguen fieles. La prevaricación y el abuso a los DDHH de los Militares y Policías, aplicados en sede judicial, ya no son tolerables. La falta de imparcialidad no puede continuar.

Declaración de principios del Ciudadano Común.

  • Condenamos todo acto de Intolerancia, descalificación, persecución o violencia contra la libertad de conciencia y el libre ejercicio de la fe.
  • Creemos en la existencia de Deberes y Derechos y que la sociedad no puede existir si ambos no son establecidos, cumplidos y respetados, simultáneamente y sin excepción, por todos los miembros de la sociedad. Defendemos la libertad de las personas y la autonomía de sus cuerpos sociales intermedios.
  • Exigimos la igualdad ante la Ley, sin excepciones ni excusas. Nos comprometemos a luchar hasta restablecer el imperio de la ley en Chile.
  • Creemos en la familia y promovemos su protección y defensa. Siendo la base de la sociedad, creemos que los ataque dirigidos a debilitarla o destruirla, atentan contra la Patria.
  • La Patria se materializa en el conjunto de ciudadanos comunes que viven y trabajan por su grandeza y seguridad y tratan de crear las condiciones económicas, sociales, políticas, de paz, de seguridad y de armonía social que les aseguren a todos una vida buena y justa. La Patria, se construye a lo largo de muchas generaciones y cada una de ellas tiene la obligación de hacerla avanzar hacia esa meta.
  • Consideramos que nuestra nación posee una identidad propia fundada en su historia, geografía, tradición y costumbres, con soberanía política, jurídica e integridad territorial y que es importante y conveniente conservarla y protegerla. Somos una Nación racialmente mestiza, en que sus diversas combinaciones étnicas pueden y deben convivir armónicamente, bajo un solo Estado.
  • El elemento fundamental de la paz y el progreso es la combinación de justicia social, solidaridad y subsidiaridad del Estado en lo económico y en lo social, elementos que, en ningún caso, reemplazan o sustituyen a la autonomía, la responsabilidad y el esfuerzo personal.
  • Creemos en la economía social de mercado, la iniciativa privada y la limitación de la presencia y accionar económico y productivo del Estado. Promovemos la existencia de un Estado eficaz, sobrio, profesional, transparente, tecnificado, despolitizado y fiscalizador de la aplicación de la subsidiariedad del estado en el ámbito económico y en el apoyo a personas y grupos que no pueden integrarse por si mismas a la plena vida social.
  • Creemos que es urgente que el Estado juegue un rol de liderazgo indicativo y coordinador en materia de innovación, emprendimiento, descentralización y desconcentración económica. Claramente ese rol hoy día es más urgente que nunca, cuando las grandes empresas están sustituyendo masa laboral con transformación digital y las empresa medianas y pequeñas tienen que hacerse cargo de generar esos puestos de trabajo.
  • Las personas son el centro de nuestra atención social, en particular los niños y los adultos mayores que requieren de nuestra atención y cuidado preferencial debido a su indefensión y vulnerabilidad;
  • Queremos un Chile con muchos negocios en muchas manos, en vez de pocos negocios en pocas manos. Para eso el Estado debe velar por la competencia leal, el acceso a créditos en igualdad de condiciones y priorizar los emprendimientos productivos por sobre los negocios financieros.
  • Promovemos activamente la meritocracia y rechazamos toda discriminación, de cualquier especie. Creemos que todo ser humano tiene igual valor intrínseco y debe contar con las mismas posibilidades para perfeccionarse, progresar y ascender social, económica y culturalmente. Esto implica igualdad de oportunidades efectivas, de emprendimiento individual y colectivo. Estas condiciones no se producen sin el esfuerzo y trabajo del interesado y el apoyo de la sociedad que lo rodea.
  • Consideramos que la conservación y cuidado del medio ambiente son obligaciones de todos los ciudadanos, sin excepción y en toda circunstancia y actividad.
  • Como forma de acción política rechazamos la corrupción, el populismo, el elitismo, el nepotismo, la discrecionalidad, la lucha de clases y el abuso de poder. Somos particularmente críticos del sistema de partidos actualmente existentes, de la baja calidad personal, profesional y de probidad de muchos de sus miembros y de su abusiva condición de privilegio.
  • Rechazamos la interferencia de organismos Internacionales en asuntos de nuestra soberanía y autodeterminación. Exigimos la revisión de todos los compromisos y obligaciones contraídos con la Organización de las Naciones Unidas y cualquiera de sus agencias y la eliminación de aquellas que constituyen vehículos de ideologías e intereses nacionales de otros países y grupos.
  • Rechazamos el uso de la violencia política, delictual, terrorista y exigimos al gobierno el fiel y estricto cumplimento de la Constitución y las leyes para su control y erradicación. Rechazamos la violencia social que se manifiesta mediante tomas, marchas, amenazas, obstrucción a la libertad de movimiento y denegación de uso de espacios y vías públicas. Creemos que los partidos, movimientos o grupos que sostienen, practican o promueven la violencia política, el conflicto social y las conductas e ideas antidemocráticas, deben estar prohibidos de actuar, difundir y hacer proselitismo político y sindical. Son medidas de autoprotección que han sido descuidadas con grave daño para la sociedad.
  • Para nosotros, la acción social es un medio para promover y defender los derechos y necesidades de los ciudadanos chilenos: para servir, no para servirse. Los cargos políticos y sindicales de todas las clases y niveles no se pueden prolongar por más de cuatro años con excepción del presidente de la República cuyo período será de ocho años, sin reelección, con una instancia de confirmación en su cargo en el 4o año de su período.
  • Recuperar la soberanía ciudadana. Chile ha llegado al final de un camino en que las oligarquías políticas, asociadas con algunos detentadores del poder económico, han monopolizado la soberanía ciudadana y en ciertas materias y circunstancias, usan y abusan de su poder, en desmedro de la clase media. Es urgente restablecer -y si es necesario imponer- la solidaridad, la responsabilidad social y ejercer supervisión -correspondiente al principio de subsidiaridad del Estado- sobre la forma en que, ambos grupos, realizan sus actividades. Los parlamentarios son representantes de los ciudadanos ante el Estado, están sujetos a su control y supervisión y deben atenerse a sus directivas e instrucciones. Las leyes que trabajen y voten deben interpretar en forma explícita las preferencias de sus representados. La ciudadanía debe tener acceso oportuno y completo a toda la información necesaria para evaluar y juzgar el desempeño de sus representantes.
  • La Ley es el amparo y protección del Ciudadano Común frente al poder político, del dinero y de la delincuencia. Creemos firmemente en la ley y en su cumplimiento y aplicación siempre y a todos; en toda actividad y circunstancia. La primera necesidad a ser satisfecha integralmente y sin excepciones son la seguridad pública y la contención total de la violencia.

En esta coyuntura histórica y política de Chile creemos que hay que posponer las diferencia y unirnos en torno a los grandes temas que son vitales para el futuro de Chile y que se encuadran en torno a la defensa de la Constitución.

LOS TRES PILARES DEL CRECIMIENTO Y LA PAZ SOCIAL

El crecimiento y desarrollo espectacular que tuvo nuestro pais comenzó a decaer cuando sus pilares fueron debilitados y luego destruidos por la conducción económica y política destinada a ello. Políticas deliberadamente orientadas a ese propósito, negligencias graves e incompetencia culpable reiterada, terminaron por crear y agudizar contradiciones sociales que nos han traído a la crisis que vivimos.

Para poner fin a esta crisis y REEMPRENDER LA MARCHA tenemos que resolver prioritaria y urgentemente tres déficits:

1.- Educación: crear un sistema de educación universal, de alta calidad y exigencia, permanente, abierto a muchas alternativas que aseguren que todas las personas tengan disponibles la oportunidad de estudiar y avanzar hasta donde su capacidad y esfuerzo lo permita.

Reestructurar los currículos para revertir el proceso de “deconstrucción” de los valores sociales, nacionales y morales, a que han sido sometidos los chilenos como parte de un programa antidemocrático y revolucionario. El desmantelamiento de la Educación Sexual Integral; la Autonomía Progresiva (PIN Parental) y la ideologización de la educación escolar deben ser erradicados a la brevedad. La educación es la única garantía de paz, movilidad y justicia social.

2.- Aplicación Social del Principio de Subsidiariedad. La aplicación de ese principio al ámbito productivo ha sido un éxito reconocido mundialmente, pero su aplicación no fue integral. En efecto, existen personas, familias y sectores sociales y económicos que, por diversas razones, no pueden incorporarse a la vida social en condiciones autónomas y dignas. Ellos deben ser apoyados por la sociedad en su conjunto -sector privado y público- bajo la coordinación, supervisión y evaluación del Estado, responsable final de su éxito.

3.- Promoción de los emprendimientos unipersonales, pequeños y medianos, con apoyo y estímulo permanente y eficaz del Estado. Sin esta política no será posible enfrentar la profunda reestructuración de los procesos productivos que adopten la automatización, la robotización y la desconcentración, que producirán cambios profundos en el empleo y los salarios.

OBJETIVOS DE CORTO PLAZO

1.- Paz y Convivencia social. Este es un problema prioritario, complejo y pluricausal, que a nuestro juicio debe abordarse en forma urgente por parte del gobierno.

2.- Gestión Económica. El primer problema es reconstruir la economía mediante una combinación de recuperación de los empleos perdidos y la creación de nuevos empleos adecuados para enfrentar la nueva economía que comienza a emerger. Es el momento de hacer un gran esfuerzo educacional, formativo y de capacitación. En este proceso el apoyo y participación empresarial es fundamental.

3.- Institucionalidad Política. Durante los últimos decenios, las instituciones políticas, particularmente los partidos políticos y sus representantes en el Congreso, han conformado una oligarquía que ha dejado de representar a los ciudadanos y se ha autonomizado para la satisfacción de sus propios intereses. Las condiciones tecnológicas de manejo de la información, de mayor educación de la ciudadanía y herramientas de supervisión y control, posibilitan un cambio cualitativo de la organización y gestión de las instituciones del estado, que devuelva la soberanía a los ciudadanos, que restituya a los representantes políticos en su condición de mandatarios de los primeros y los sustraiga del control de la oligarquías partidarias y de las influencias económicas de particulares. Las condiciones salariales, laborales, de privilegios, de prebendas, asignaciones e incompetencia técnica y deficiente nivel cultural de los parlamentarios se han vuelto intolerables y el sistema parlamentario debe ser sometido a una revisión y cambio profundo.

4.- Seguridad y cumplimiento de la ley. La sociedad chilena es presa de una creciente anomia. En nombre de la democracia y la autonomía personal se está produciendo una creciente desviación de la ciudadanía hacia conductas negativas como el crimen; la delincuencia juvenil; el tráfico de drogas y la drogadicción; la violencia doméstica; la violencia política y social; la ruptura familiar; el suicidio; los desórdenes mentales y el alcoholismo que en definitiva potencian el colapso de la gobernabilidad e impiden una vida social sana, respetuosa y segura. Este es un problema complejo y pluricausal, que nuestro juicio, debe enfrentarse desde tres perspectivas:

a.- Generar las condiciones y estimular la integración de todas las personas a la vida en sociedad, respetando los márgenes de su libertad y preferencias personales, ejercidos en el marco de las leyes.

b.- Exigir el cumplimiento de las leyes. En este sentido, en Chile se aplica más rigor en los pequeños crímenes que en los mayores. En efecto, los delitos económicos, de corrupción, de abuso de poder, de abuso de acceso a información privilegiada, de prácticas monopólicas o de concertación dolosa dañan a más personas y más gravemente que otros como robos y hurtos menores. Sin mencionar el grave daño a la cohesión social. La pena de cárcel debe incorporar el castigo según la gravedad social del delito.

c.- Alcanzar un grado aceptable de seguridad y paz basado en leyes universales, aceptadas y respetadas, requiere urgentemente un Poder Judicial de mayor calidad de su personal, tecnológicamente actualizado, imparcialidad e independencia que el actual, lo que implica un proceso de largo aliento, cuyas líneas generales deben ser debatidos en forma urgente y aplicados en forma inexorable.

Fernando Thauby García

Melosilla 14 de Agosto 2020

Organización del Nuevo Orden Mundial

El 9 de Noviembre de 1989 cayó el Muro de Berlín, marcando el fin de la Cortina de Hierro que produjo, a los pocos días, la apertura de la frontera interalemana 

Este hecho puso punto final a la Guerra Fría hecho que fue reconocido como tal en la Cumbre de Malta tres semanas más tarde y dio lugar a la reunificación de Alemania.

Este fue el comienzo de la obsolescencia terminal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y ahora, en 2020, ha llegado el momento de extender su Acta de Defunción y buscar una nueva forma de organizar el mundo actual, tan diferente al anterior.

EEUU trató de reanimar el orden mundial de la Guerra Fría y le fue imposible, ni Rusia ni China quisieron integrase a él.

Un grupo de países cuyo poder nacional relativo ha cambiado sustancialmente, como India, Irán, Japón, Corea y Turquía quieren un nuevo rol, otros situados en lugares de renovada importancia estratégica como Australia e Indonesia, Vietnam y Taiwán han adquirido mayor valor en el escenario actual.

Rearmar el Orden Mundial de la Guerra Fría con los mismos actores es inviable, hay nuevos actores mundiales cuyo poder relativo, ambiciones y reivindicaciones no pueden ser canalizados en el esquema de poder de la sobrepasada ONU.

Hay problemas nuevos, como el cambio climático, la administración del uso del agua, el comercio internacional global, las operaciones cibernéticas y las maniobras financieras especulativas o directamente abusadoras y las migraciones masivas.

La actual Organización Mundial de Comercio (de la ONU) ha demostrado ser incapaz de controlar el robo de información tecnológica por parte de China; el otorgamiento de subsidios a empresas nacionales; el uso de barreras arancelarias bajo diferentes disfraces y la imposibilidad de diferenciar -en algunos países- entre empresas privadas y estatales.

Nuevos delitos como el tráfico masivo de drogas, de medicinas y nuevas amenazas como las pandemias y la contaminación deliberada o por negligencia -muchas veces en complicidad con los estados- requieren otro tratamiento. El abuso de la superioridad que le otorga a los EEUU el uso de su moneda como base de la economía mundial, requiere un tipo de negociaciones y acuerdos diferentes a los que puede administrar la actual ONU.

El caos del Covid-19 ha dejado a la vista lo que ha estado sucediendo por años, en salud pública, comercio y medio ambiente: los gobiernos han perdido la fé en el valor de la cooperación internacional y el trabajo conjunto entre países.

En estos dias, EEUU se está organizando para una nueva era de competencia entre grandes potencias, una guerra “controlada” (fría) por el dominio mundial con China, Rusia y otra potencias rivales.

Su nueva estrategia de seguridad nacional, en torno al “Indo-Pacifico” es muy elocuente.

En términos generales hoy dia tenemos varias potencias autoritarias, como Rusia, China, Corea del Norte, Irán y Turquía cuyo comportamiento no es compatible con un sistema internacional “basado en reglas”, ya que la importancia que asignan al control interno reduce o elimina su capacidad de negociación y acomodo democrático entre sus gobiernos y sus ciudadanos y con sus competidores.

Estas potencias a veces coiciden en sus políticas y se apoyan entre ellas y otras chocan entre si, incluso con violencia. La parte más grave de esta situación, es que varias de ellas abusan de aquellos acuerdos internacionales que les reportan ventajas y ganancias e ignoran e incumplen aquellos que siendo igualmente obligatorios, la ONU es incapaz de exigir, como derechos humanos, libertad política, respeto a la soberanía de otros estados y normas comerciales, financieras o de pago de patentes y derechos.

El sistema que reemplace a la fenecida ONU debe basarse en el espíritu del liberalismo internacional en que los países cooperan honestamente para obtener ganancias mutuas, controlar sus vulnerabilidades compartidas y proteger sus modos de vida. La experiencia chilena con el Foro de Sao Paulo, con diversas organizaciones estatales que cruzan la línea de la legalidad y la intervención de “mecenas” multimillonarios que financian movimientos políticos subversivos, muestra como grupos que se balancean entre lo legal y la ilegalidad, entre lo estatal y lo privado, entre lo oficial y lo clandestino, pueden causar daño a la democracia y la estabilidad en otros paises y quedar impunes.

El nuevo sistema debe potenciar los principios compartidos entre sociedades abiertas que actúan en un sistema abierto; aprovechar los beneficios de la interdependencia y simultáneamente protegerlos ante los peligros y amenazas. Esto requiere acción colectiva concertada y organizada.

Para materializar esta voluntad de acción se requiere una organización que incorpore potencias grandes y medianas que comparten el ideario liberal democrático; que combinen capacidad económica y militar con presencia comercial y política, junto con la voluntad de actuar en conjunto en el ámbito internacional.

El uso positivo de las nuevas tecnologías requieren una acción combinada decisiva para conservar la seguridad en internet, coordinar las políticas de telecomunicaciones, prevenir pandemias y agresiones bacteriológicas, contener la contaminación o depredación de los oceános, controlar el calentamiento y la contaminación global, imponer el respeto a las normas comerciales e industriales y la no intervención clandestina en los asuntos internos de otros países.

Una organización de esta naturleza no debería tener grandes propósitos globales y generales sino principios específicos -los principos de la libertad, la democracía y la buena fe internacional- y acuerdos también específicos y concretos para resolver caso a caso, los desafíos siempre cambiantes y también concretos de sus adversarios ideológicos: el autoritarismo, la ilegalidad, el iliberalismo y el abuso.

10 de Agosto de 2020

Fernando Thauby Garcia

Melosilla

La Agonía de las Naciones Unidas (ONU)

Desde la Grecia antigua hasta nuestros dias han existido diversos “Ordenes Mundiales”, estructuras políticas que han dado forma a una determinada distribución de poder mediante instituciones y procedimientos que les permitieron negociar sus diferencias y ventilar los agravios de sus socios, en vista a ir acomodando al acuerdo inicial a la variación de sus poderes relativos.

Los ordenes mundiales suelen ser de corta duración y surgen después de una gran conflicto o catástrofe, que lleva a los estados a sentir la necesidad de tener un mayor nivel de estabilidad, en un acuerdo que refleje las condiciones resultantes del desastre.

El Orden Mundial resultante de la I Guerra Mundial (I GM) fue efímero, no así el de la II GM en que la invención de las armas atómicas, la desaparición de los grandes imperios globales -Gran Bretaña, Francia- y la consiguiente “descolonización, y la aparición de las dos nuevas superpotencias -la Unión Soviética (URRS) y EEUU- potencidas por las dos grandes cosmovisiones antagónicas que prevalecieron durante el siglo XX -el Capitalismo democrático y el Socialismo totalitario- adoptadas por cada una de ellas, llevaron a una situación mundial extremadmente peligrosa.

El instrumento que, en conjunto, ambas superpotencias crearon para mantener estable el Orden Mundial fue la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Que solo hubiera dos centros de poder hizo que llegar a tal acuerdo fuera más fácil. 

Este orden duró hasta que, con el colapso de la URRS, la distribución del poder se instaló decididamente a favor del bando norteamericano. Así, el equilibrio de poder que sustentaba a la ONU se desequilibró. Como resultado de capacidades cambiantes, voluntades vacilantes y ambiciones crecientes, algunos países miembros decayeron y otros aumentaron su poder. 

La aparición de China como actor, primero económico y luego político y finalmente militar, pusieron punto final al esquema pos II GM y consiguientemente a la ONU. Los problemas a resolver, los conflictos a negociar y los actores resolutivos, ahora son otros: China y EEUU.

La ONU fue un reflejo de la lucha ideológica, política, económica y militar entre la URRS y EEUU. Actualmente, la lucha ideológica a mutado radicalmente, la ideología marxista a dado paso al globalismo y al nacionalismo; la economía socialista murió dejando el campo a la globalización, el libre comercio, el capitalismo de estado, las grandes cadenas logísticas globales, y la competencia militar se ha focalizado entre EEUU y China.

¿Qué quedó de la ONU?. A medida que las consecuencias del colapso de la URRS se manifestaban, las actividades de la ONU fueron mutando hacia la preeminencia de los intereses y preferencia ideológicas de la burocracia que la conforma que, controlada en gran parte por funcionarios adeptos a algunas variantes del marxismo, la usan para dar la lucha ideológica global, en beneficio de sus ideologías y otras oscuras fuerzas transnacionales. Esta burocracia, luego de la caída de la URRS se autonomizó y, a partir de sus ideología, desarrolló y aplicó una agenda política de alcance mundial que actúa empleando el dinero, los mecanismos y la cobetura de la ONU.

La izquierda chilena logró un gran representación dentro de esa burocracia, actuando como un instrumento fiel y muy eficaz para la difusión de su ideología. Los Gobiernos de Chile aceptaron y su Congreso aprobó -a mansalva de sus ciudadanos- el ingreso a una amplia variedad de acuerdos, compromisos, obligaciones y apoyos a todo tipo de actividades que materializan la ideología globalista promovida desde la ONU.

El globalismo es particularmente querido por sus burócratas, no solo por su sintonía ideológica sino también porque les entrega y asegura posiciones de poder y dinero de larga duración a ellos y a sus familias, formando una especie de dinastía o club de alcance mundial.

Organizaciones como la ONU casi nunca caen de golpe, se van deteriorando, desintegrando y decayendo, hasta resultar un remedo grotesco de lo que fueron en su inicio.

En el ámbito de la seguridad, aunque la disuasión nuclear aún se mantiene, algunos de los acuerdos de control de armas que la respaldan se han roto y otros se están deshaciendo. Aun cuando Rusia, ha evitado cualquier desafío militar directo a la OTAN, ha mostrado una creciente voluntad de alterar el status quo: mediante el uso de la fuerza en Georgia en 2008 y Ucrania desde 2014, mediante la intervención militar en Siria y el uso ofensivo de la guerra cibernética para tratar de afectar los resultados políticos en los Estados Unidos y Europa. 

El orden liberal está exhibiendo sus propios signos de deterioro. El autoritarismo está aumentando no solo en China y Rusia, sino también en Filipinas, Turquía, Irán y Europa Oriental. El comercio global ha crecido, pero la Organización Mundial de Comercio (OMC) ni siquiera ha intentado enfrentar los desafíos de hoy, incluidas las barreras no arancelarias y el robo de propiedad intelectual. 

El Consejo de Seguridad de la ONU es irrelevante en la gran mayoría de los conflictos del mundo, y los acuerdos internacionales no han logrado enfrentar los desafíos asociados con la globalización.

La estrategia norteamericana con centro en el Indo – Pacífico, que estructura un nuevo escenario para la seguridad internacional, tiene como actores principales a grandes países que no tenían relevancia alguna en el Consejo de Seguridad de la ONU y cuyos intereses no tenen nada que ver con esa organización: China, India, Japón, ambas Coreas, Australia, Indonesia, Irán.

Por ahora y respecto a la ONU no hay que limitarse a esperar su colapso definitivo, habiéndose convertido en una fósil de un mundo que dejó de existir hace años y habiéndose transformado en un escollo a nuestra soberanía y libertad, ha llegado el momento de contribuir a su eliminación y comenzar revisar las propuestas de reemplazo que ya se están discutiendo en las cancillerías del mundo.

En este sentido, la decisión de Chile de unirse al sistema de comunicaciones mundial en G5 con tecnología occidental, que transitará hacia Asia via Australia y Nueva Zelanda en vez de hacerlo con Hawei y directamente a China, es indicativo que las fuerzas que organizarán el nuevo mundo ya están actuando.

Solo falta que tomemos nota de ello.

Fernando Thauby

Melosilla

07 Agosto 2020

Argentina entre Maradona y Borges

Ser vecinos con Argentina es difícil, a veces exasperante, tienen sus momentos de encanto, pero en seguida los emporcan con una pillería, una zancadilla, una “avivada”, las más de las veces injustificada e innecesaria, casi como satisfaciendo una necesidad sicológica.

Esta conducta se repite una y otra vez: desconocer un fallo de una Corte internacional libremente aceptada; anular unilateralmente un acuerdo comercial importante; inventar una nueva “teoría” o, como en estos días, crear una interpretación fantasiosa de un acuerdo, iniciando conflictos innecesarios e inútiles.

Nuestro país está sujeto a su inescapable vecindad, así como a los terremotos, tsunamis, avalanchas, sequías e inundaciones, erupciones volcánicas y nuestra propia estupidez que periódicamente nos ataca. Argentina está ahí y nosotros estamos acá. Es irremediable e inevitable. 

El siglo pasado, los siúticos de la fronda santiaguina solían decir respecto a nuestro país “¿por qué no vendemos esto y compramos algo más chiquito y más cerca de París?. No, no era posible y no sirvió. Lex Luthor, intentó separar a California del resto de EEUU haciendo estallar una hilera de bombas termonucleares para conformar una isla en la cual él sería el amo. Tampoco funcionó. Parece que tendremos que resignarnos a soportar esta calamidad con estoicismo.

Pero, al igual que con terremotos y otros, debemos adecuar nuestros comportamientos y reacciones a la realidad inevitable y saber como reacionar: con calma, con serenidad, con eficacia, con firmeza y sin cansarnos nunca. Es la carga que Dios nos puso por habernos dado este país magnífico.

¿Por qué nos sorprendemos cada vez que Argentina, con cualquier gobierno -aunque con mayor frecuencia con los peronistas- nos sale con un comportamiento así?. Creo que es porque no los comprendemos en su ¿lógica? social y nacional.

La “viveza criolla” es saltarse las reglas; avanzar a la mala en la fila; empujar la pelota con la mano y marcar un gol; reinterpretar las reglas a su amaño para ganar un puntito. Tratar de engañar a la economía imprimiendo billetes; pedir dinero prestado y no devolverlo; asaltar una isla y sorprenderse porque el dueño reacciona; hacerle una “quita” al banco, porque después de recibido (y gastado) el préstamo, los intereses les parecen excesivos; aprovechar que un vecino pasa un momento dificil para arrancarle una concesión. Y esa viveza es glorificada y aplaudida, la trampa es considerada una muestra de astucia y habilidad.

Así es como han conseguido arruinar un país bendecido con toda clase de recursos, crear pobreza donde había riqueza, retroceder como grupo humano y perderse el respeto a si mismos. Es la lógica de vida de Maradona, un futbolista de condiciones extraordinarias y que por vanidad y estupidez terminó sumergido en las drogas y la desmesura.

El contraste lo marca otro tipo de argentino, que existe pese a todos los esfuerzos de la mayoría por eliminarlos. Castigados y ninguneados por las turbas vociferentes e insolentes, incapaces de entender su calidad humana, los Borges, personas de una calidad humana, intelectual y moral de excepción, no sólo no reciben reconocimiento alguno sino que se les ataca y descalifica.

Mientras Argentina titubee entre ambos modelos, entre la glorificación de la viveza de los Maradona y el reconocimiento de la seriedad y la calidad de los Borges, continuaremos teniendo un vecino sorprendente, insolente, audaz e inescrupuloso, que no se respeta a si mismo y por consiguente es incapaz de respetarnos.

Asi las cosas, lo que hay es lo que hay. Nunca lograremos llegar a un arreglo final en ningún desacuerdo, nunca pondremos punto final a las “pedidas”, ningún tratado resolverá nada, todo será transitorio, provisorio, mutante, de acuerdo a las necesidades y ocurrencias geniales de la chusma.

Ya que cambiarlos no está en nuestras manos, debemos adecuar nuestro comportamiento a su manera de ser. No podemos ignorarlos, están ahí; no podemos dejarlos ganar con malas artes, es nuestra obligación impedir que la trampa gane; no podemos descartar hacer negocios con ellos, los necesitamos y ellos a nosotros; sólo podemos tratar de ayudarlos a que ellos cambien su conducta por si mismos, por propia convicción, puede tardar siglos o no ocurrir nunca.

Mientras tanto, armémonos de paciencia y no bajemos la guardia, estemos siempre atentos sabiendo que en cualquier momento puede venirles a la cabeza una idea genial.

Es el caso de su última ocurrencia, la del reclamo sobre la plataforma submarina más allá de las 200 millas marinas hacia la Antártica, bloqueando nuestra continuidad territorial. Es una nueva pillería, no la última, solo una más.

Otra vez no hemos reaccionado con la suficiente rapidez y la pretensión ha comenzado a escalar.

Esta vez Chile no está débil, Argentina si. En realidad hace ya años que los modales “Maradona” están desfazados de la realidad Argentina, Maradona fue una estrella, ahora es sólo un drogadicto gordo y decadente.

         Fernando Thauby García

         Melosilla 29 de Julio 2020

URGENTE MODERNIZACIÓN DEL CONGRESO

Los partidos políticos en Chile no son prestigiados ni populares, la gente no confía en ellos, en sus directivos ni en sus miembros. Sus militantes no cumplen sus compromisos, no votan en sus elecciones internas, carecen de formación cívica y política, no tienen “vida partidaria”, un número significativo de ellos está inhabilitado sea porque falleció o por alguna causa legal. Agrava lo señalado, el que sean los contribuyentes quienes financian -con cifras significativas- sus actos electorales, propaganda y funcionamiento administrativo.

Complementa esta condición la imagen y percepción, por cierto fundada, de que los miembros del Congreso tienen dietas y asignaciones extravagantes y abusivas, por completo alejadas de la realidad económica nacional y de las condiciones de vida de los ciudadanos. Tras año y medio de dilaciones redujeron sus dietas en forma mínima y sin tocar sus abultadas asignaciones para gastos diversos.

No contribuye a mejorar esta imagen su pobre desempeño profesional reflejado en un alto número de leyes mal hechas, que deben ser corregidas a las pocas semanas de haber sido aprobadas, por tener errores, omisiones e imprecisiones, por estar incompletas o ser inaplicables o contradictorias con otras leyes. Su desempeño es percibido como incompetente, lo que ofende mucho mas cuando se le compara con los sueldos y beneficios que reciben.

Se agrega el comportamiento personal impropio de sus miembros, circense en muchos casos y frecuentemente impregnado de desprecio hacia la ciudadanía. La falta de educación, experiencia, competencia profesional, recato, honorabilidad y discreción de gran parte de sus miembros es una afrenta constante a los chilenos.

La Constitución define los partidos políticos como “asociaciones autónomas y voluntarias organizadas democráticamente, con personalidad jurídica. Que están integrados por personas que comparten unos mismos principios ideológicos y políticos” y declara que debe existir  “siempre la plena igualdad entre los independientes y los miembros de partidos políticos tanto en la presentación de candidaturas como en su participación en los señalados” actos electorales. Establece también que “los partidos políticos son un instrumento fundamental para la participación política democrática” mediente la promoción de “la participación política activa de la ciudadanía y propender a la inclusión de los diversos sectores de la vida nacional” y “promover la interrelación activa y continua entre la ciudadanía y las instituciones del Estado”, entre otras.

La comunidad de principios ideológicos y políticos es imposible de evaluar y su comportamiento muestra desconocimiento y fidelidad a sus presuntos valores y creencias, quedando en realidad subordinado a las decisiones de las directivas partidarias o a la decisión personal, que muchas veces obedece, con claridad, a sus intereses personales o de grupo.

Es también evidente que el sistema parlamentario está diseñado, en sus aspecto operativos y financieros, para dificultar la existencia y participación de candidatos independientes y que la voluntad de incluir a sectores diversos más allá de sus militantes es, por lo menos discutible, y su promoción de la interrelación entre la ciudadanía y el estado, está limitada por la continua conflictividad entre los partidos, sus políticos y el gobierno, más aún en partidos que declaradamente violan la Constitución y -ostentosamente- no respetan las leyes.

Lo que si es efectivo es que “los partidos políticos son un instrumento fundamental para la participación política democrática”, esto por una razón muy simple, porque la ciudadanía nunca tuvo la capacidad ni la cultura política y ciudadana para organizarce regionalmente, sectorialmente u otra forma, en que la ideología no fuera determinante y excluyente. Recién ahora vemos pequeñas organizaciones sociales con cierta que pueden actuar políticamente con alguna eficacia.

De esta manera, los partidos políticos y sus representantes en el Congreso conforman oligarquías cerradas, controladas por grupos de interés personal, familiar o económico que administran el sistema a su conveniencia, haciendo uso de el poder incontrarrestable de hacer las leyes y cooptar a los organismos del estado, ante la total impotencia y exclusión de la ciudadanía. Sus dietas, beneficios y subsidios, su corrupción y su manejo arbitrario del Poder Judicial son muestras elocuentes de esta autonomía abusadora.

Pero subsiste el punto: no tenempos -por ahora- otra forma mejor para que la ciudadanía se organice al margen de ellos o pueda influir efectivamente en su gestión.

Asi las cosas, me parece que sería realista aspirar a establecer un creciente control ciudadano sobre los políticos y a disputar a los partidos su control sobre su comportamiento.

Una medida fundamental es facilitar la participación de ciudadanos independientes o incluso mejor, facilitar la creación de partidos que deban, obligatoriamente, participar incorporados en grupos mayores, ad – hoc,  temporales predeterminadas. Sea en alianzas o frentes.

Es también imprescindible imponer control de calidad y de comportamientos políticos y personales a los diputados y senadores:

Mayores requisitos de formación académica y experiencia en cargos gubernamentales, municipales o de empresas privadas productivas y de servicios.

Eliminación de algunos vicios burocráticos como el “pareo”, la “abstención” y la “votación secreta”. Esas personas elegidas reciben una paga considerable para tomar decisiones, pública y personalmente. Su participación personal y abierta no puede ser omitida en ninguna circunstancia.

Eliminación de maniobras tramposas como la de “negar el quorum” escabuyéndose de la sala a la hora de votar.

Estas faltas deben ser sancionadas pecuniariamente al infractor, en forma severa e inmediata y su repetición un número predeterminado de veces, sancionada con la destitución temporal o definitiva, del cargo.

Imponer a los diputados y senadores la existencia y mantención actualizada de un sitio en la red, bajo su responsabilidad personal en que conste su asistencia, participación, intervenciones, votación, gestión detallada de los fondos asignados para su desempeño, y dé respuesta clara y concisa de las preguntas que planteen las personas.

Este sitio debe ser de acceso fácil y amistoso a los votantes del distrito que represente, sea  cual haya sido la preferencia política del ciudadano. Esta información se entiende oficial, formal y pública.

Dicha información, sumada al libre empleo de las redes sociales por parte de los ciudadanos proporciona una herramienta eficaz para evaluar el desempeño de cada político.

La creación de una Contraloría del Congreso autónoma e independiente elegida por votación popular junto y simultáneamente con la eleción Presidencial. Esta Contraloría estaría formada por un número reducido de funcionarios públicos de carrera que se desempeñen por lapsos temporales breves, para asegurar su rotación constante, y revisaría las cuentas, el cumplimiento de las asistencias, las acusaciones y demandas que afecten a su desempeño personal y profesional deducidas por los ciudadanos del distrito del representante. Las comisiones investigadores no pueden seguir siendo espectáculos en que la mayoría siempre exonera de toda responsabilidad a sus co religionarios, es imperioso que sean hechas por un ente ajeno al Congreso.

Estos cambios no son una solución final, solo serían el inicio de una larga marcha hasta lograr la democratización y eficiencia del Poder Legislativo. Con ellos aun no se lograría que los miembros del Congreso verdaderamente representen a sus electores, pero reducirían su condición de “propiedad” de los partidos, al estar ahora bajo la mirada escrutadora de los ciudadanos.

Fernando Thauby García

Melosilla 19 de Julio de 2020

ALGUNAS CAUSA DE LA DECADENCIA DE LA POLÍTICA

Cualquiera puede darse cuenta de que el sistema político nacional, en particular aquella parte que se refiere a la participación ciudadana, el Congreso y los partidos políticos, ha fracasado irremediablemente.

Sin embargo, es poco o nada lo que se analiza, discute y propone respecto a como salir de este desastre que nos está llevando a una decadencia política que puede terminar no solo en un desastre económico y social, sino incluso en una guerra civil.

Me parece que la única forma de llegar a algo es comenzando desde un diagnóstico mas o menos compartido, ya que de otra manera sería otro diálogo de sordos.

La Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos (Ley Nº 18.603, publicada en 1987 actualizada al 2016), comienza estableciendo en su artículo 1 que: Los partidos políticos son asociaciones autónomas y voluntarias organizadas democráticamente … integradas por personas que comparten unos mismos principios ideológicos y políticos, cuya finalidad es contribuir al funcionamiento del sistema democrático y ejercer influencia en la conducción del Estado, para alcanzar el bien común y servir al interés nacional.                                                Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y expresión de la voluntad popular, son instrumento fundamental para la participación política democrática, contribuyen a la integración de la representación nacional y son mediadores entre las personas y el Estado”.

Un primer elemento que llama la atención es que siendo los partidos asociaciones de persona que deben compartir principios ideológicos y políticos, tengan como meta “ejercer influencia sobre el Estado para alcanzar el bien común y servir el interés nacional”. Es claro que se puede servir al bien común desde más de una perspectiva ideológica, pero es muy frecuente y muy humano que el bien común y el interés nacional sean dejados para un segundo tiempo, luego de haber impuesto la visión ideológica y política que se profesa. El Poder y su ejercicio es, muy frecuentemente, previo y mas potente que el interés en el bien común.

Es también aparente que el Estado (el Gobierno) no puede hacer política sin reducir el número de interlocutores a una cantidad relativamente menor de grupos, cuyas posiciones sean también identificables y más o menos permanentes. Pero esta aseveración, hoy día dejó de ser tan evidente y verdadera como lo fue hasta hace no muchos años.

La diferenciación entre los partidos políticos se ha ido reduciendo prácticamente a una: la importancia y prioridad relativa de la persona individual, versus la del colectivo y esto, dentro de niveles muy acotados debido a la existencia de una multitud de derechos de las personas mundialmente aceptados y exigidos y de necesidades de eficiencia económica y social, también compartidos en buena parte por toda la comunidad mundial que se rige por los valores de la democracia liberal.

Señala también que “Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y expresión de la voluntad popular, son instrumento fundamental para la participación política democrática, contribuyen a la integración de la representación nacional y son mediadores entre las personas y el Estado”.

Es cuestionable si es que efectivamente “expresan el pluralismo político”, si en realidad “concurren a la formación y expresión de la voluntad popular”, si son instrumento para la “participación política democrática”, si “contribuyen a la integración de la representación nacional” y son “mediadores entre las personas y el Estado”. Funciones que en el pasado, incluso en el pasado reciente mal o bien en algo contribuían.

Una somera revisión nos muestra que todas estas funciones chocan frontalmente con la realidad, por lo menos con la realidad chilena.

En efecto, los partidos políticos ya no expresan pluralismo político. La forma en que se seleccionan y eligen los candidatos a un cargo que luego conformarán el Poder Legislativo, muestra que el primer factor a considerer, en realidad el que determina su elección, es el conocimento que el público tiene del aspirante al cargo, su popularidad o al menos su notoriedad, lo que no tiene nada que ver con su formación y solidez doctrinaria. Menos aun con su capacidad para usar esas ideas en el análisis, propuesta y selección de alternativas para resolver problemas o necesidades ciudadanas. En breve, para “compartir principios ideológicos y políticos” es necesario, primero,  tenerlos y segundo manejarlos teórica y practicamente con soltura.

En cuanto a su función de “concurrir a la formación y expresión de la voluntad popular”, se contradice con la forma en que los elegidos se relacionan con la ciudadanía. Su falta de formación no les permite alcanzar la distancia y superioridad intelectual y de gestión de una gran parte de los ciudadanos comunes, es decir, los ciudadanos influyen más sobre los políticos que éstos sobre aquellos. Por lo demás si su capital electoral se basa en su popularidad parece evidente que los políticos expresan mas el sentir ocasional de las masas que éstas la de aquellos, de otra manera, su popularidad se esfumaría.

Se señala también que “son instrumento fundamental para la participación política democrática”. El desarrollo tecnológico, y con ellos me refiero principalmente a las redes sociales (rrss), ha llevado a que las opiniones, deseos y demandas de los ciudadanos vayan muy por delante -en forma muy exigente e impositiva-, que las ideas, diagnósticos y propuestas. En realidad, el comportamento de los políticos trata de seguir las preferencia que impone “la calle” y solo ocasionalmente es capaz de adelantarse o dirigirlas. Su actividad frente a la ciudadanía se orienta a sorprender, asombrar, impactar, ser visto, divertir y atraer, cualquier cosa, menos nada parecido a la participación democrática.

Una campaña en redes sociales, violenta, bien coordinada y masiva puede crear y levantar estados de ánimo a los que políticos inexpertos sucumben con facilidad. Estados de ánimo que, por lo demás, se diluyen con la misma rapidez con que se crearon.

En este orden de cosas la creciente participación política de estudiantes secundarios primero, universitarios después y diversos otros grupos de tipo social e ideológicos extra sistema, han difundido una forma de activismo asambleísta en que los más organizados, más vocingleros o más violentos, pueden arrastrar a políticos poco y debilmente preparados, que cuentan solo con su imagen y “rostro”. Con poca experiencia, ansiosos por lograr o mantener su popularidad (y su reelección o paso a una instancia de poder más alta) que, tratando de evadir el maltrato via rrss, acceden o más bien los siguen dócilmente en sus exigencias  .

Esta práctica que se inició en los espacios públicos ciudadanos ha sido llevada al Congreso mismo, tanto por parte de sus miembros como por bandas llevada ex profeso por ellos mismos para llevar a cabo una práctica de amendrentamiento social y mediático, la funa, de incuestionable origen y práctica totalitaria.

Definitivamente, los miembros del Congreso no son mediadores entre la ciudadanía y el Estado, en el mejor de los casos son conectores entre las oligarquías partidistas y el Gobierno.

En efecto, los grupos controladores y administradores de los partidos tienen su futuro y la continuidad en sus cargos, amarrados a su permanencia en ellos. Así, los intereses del país y el bien común pasan primero por el tamiz de sus intereses personales que se materializa fundamentalmente mediante su habilidad para proveer candidatos llamativos y notorios que tengan posibilidades mas o menos seguras de ser reconocidos y seguidos por las audiencias sociales y públicas.     Si las elecciones son en realidad torneos de popularidad, parece evidente que contrariar los gustos y preferencias de una ciudadanía presa de un determinado estado de ánimo o directamente manipulada por las redes sociales, es un actividad de alto riesgo político.

Desde otra prespectiva, para un profesional de alto nivel, el costo alternativo entre iniciar o continuar una carrera política y hacerse a un lado, es muy alto. En una competencia de popularidad o fama circunstancial en competencia con actores famosos, mujeres atractivas, deportistas retirados, personajes de la farándula o payasos sociales, es demasiado alto, lo que lleva y ha llevado a un marcado descenso de la calidad humana y profesional de los políticos chilenos. Un profesional conocido y respetado no se expondrá en una competencia de popularidad con un conjunto de estrellas populares, ante un jurado emocional, masivo y muy manipulable.

Resolver este problema es dificil y requiere muchas medidas que cambien hábitos, estructuras de poder, costumbres y redes de activismo firmemente establecidas que suscitarán gran resistencia. Hay muchos intereses personales y corporativos involucrados, pero se puede, al menos yo creo que se puede.

Melosilla, 17 de Julio de 2020

Fernando Thauby García

UN PARTIDO PROGRAMÁTICO / UN FRENTE DE DERECHA

Es un lugar común decir que la derecha es antropófaga, y es cierto. Los odios más enconados y las descalificaciones más hipócritas se expresan en las puñaladas entre los líderes y caudillos que se dicen de derecha o peor, los que siendo de derecha se disfrazan de “centristas” para favorecer a la izquierda, como nuestro Presidente.

Si vamos al fondo de las diferencias entre los ciudadanos que se identifican con los valores de derecha, encontramos que, habiendo una similitud profunda entre todos ellos, las diferencias son las menos y es precisamente por eso mismo que, para diferenciarse, se las busca con ahínco, se las identifican y magnifican; se las ventilan, vocean y tiran por la cabeza, hasta parecer que son grupos que no tiene nada en común entre ellos y que ideológicamente están en las antípodas.

Por otro lado, su diferenciación respecto a la izquierda, que es muy profunda -insalvable digamos- es tan evidente, que todos destacan las escuálidas coincidencias cuando las encuentran y se felicitan, se regocijan y así los vemos hacer esfuerzos ridículos para distorsionar y camuflar sus diferencias de fondo, con tal de parecer dialogantes, flexibles, modernos, democráticos y ser protagonista en solitario, aunque sean protagonistas de una rendición o de una estupidez.

La historia de Chile es capaz de trazar hasta los comienzos mismos de la República las dos almas de derecha, los conservadores y los liberales. Sus diferencias si bien también eran formales, entroncaban con diferencias en sus formas sociales, de práctica religiosa, de modernidad y más o menos apertura al cambio social y cultural. Mientras la competencia fue solo entre ellas dos, la pugna más parecía a una diferenciación social y familiar, cuando el Partido Radical, laico y masón, se incorporó a la competencia política, este sistema bipolar se hizo triangular y más fluido.

Hasta ahí la competencia discurría dentro de la práctica de una cultura nacional, tradicional, democrática y más o menos respetuosa.

Todo cambió con la incorporación de los partidos ideológicos, el Partido Comunista y su hijo díscolo el Socialista y mas tarde la Democracia Cristiana, todos ellos igualmente iluminados, totalitarios, divisivos y excluyentes. Las derechas (ambas, liberal y conservadora) quedaron fuera del juego, divididas e incapaces de trabajar juntos, y así debieron resignarse a un papel desmedrado y subalterno, refugiándose en la resistencia y en defensa de los intereses económicos de sus miembros.

La Democracia Cristiana (DC) nacida para combatir al Comunismo en su propio terreno fue derrotada, cuando no cooptada o subvertida. En esta lucha las derechas se resignaron al “mal menor”, apoyar a la DC incondicionalmente y sin derecho a voz ni voto y, pese a todo, durante los Mil Días desastrosos de Allende y su gente, contribuyó notablemente a la derrota del marxismo.

Después del Gobierno Militar, las derechas se reconstituyeron, cada una por su lado, por unos años pensaron que los “negocios habían vuelto a lo normal”. No era así, el Comunismo en sus infinitos disfraces, volvió y otra vez los encontró divididos y se esforzó en mantenerlos así, con el inestimable apoyo las de estrellas ególatras y débiles mentales que les hicieron el juego.

Esta última crisis, la del intento de golpe de estado de la Izquierda, la del asalto al gobierno por parte de turbas de delincuentes apoyados por políticos, simpatizantes de izquierda y financiados por sus mandantes caribeños, una vez más estuvieron cerca de destruir definitivamente al país.

En estos días vemos a Piñera haciendo una gran labor para agudizar las contradicciones entre las derechas y a éstas, encerradas en sus peleas ridículas y sus competencias por quienes será los protagonistas de la rendición y demolición de Chile.

Basta!. Si no son capaces de colaborar entre ellos, que se vayan, o los ciudadanos los sacamos a empujones. Por todas partes se mueven diferentes propuestas en esa dirección, se proponen separaciones amistosas o divorcios violentos, incluso violencia intrafamiliar y hasta asesinatos pasionales.

Me pregunto ¿por qué no armar un Frente de Derecha o un Partido Programático?, una unión de todos los tipos o clases de derechas y centros existentes, en torno a un conjunto de ideas y acciones: pocas, claras, profundas y eficientes.

Podrían los próceres de ese sector dejar, por un momento, sus rencillas y sus pequeñeces de lado y conformar un grupo que, aunque no satisfaga en todo a todos, por lo menos lo haga en parte a una parte sustancial de la gente.

Si no lo hacen, ha llegado el momento de seguir adelante sin ellos y organizarnos para el combate.

No tenemos por que seguir siendo rehenes de una clase la política mezquina y rastrera que nos atormenta y arruina, hasta llevarnos al suicidio.

Hay otra gente con ideas, inteligentes y decentes; ¿por qué seguir enredados en riñas de viejos cracks tramposos y llenos de mañas?.

Busquemos quién nos lidere; que organice un grupo de gente capaz con los cuales diseñar un programa concreto, razonable y factible. Enseguida a designar y elegir un candidato presidencial que nos gobierne apoyado por una cámara y un senado provistos de la misma manera.

Si los que deberían liderarnos no tienen las condiciones, no quieren o pueden hacerlo, es hora de tomar nuestro destino directamente en nuestras manos.

Somos más y somos mejores.

Fernando Thauby García

Melosilla

8 de Julio de 2020

Hegemonia Cultural de la IzquierdaViolencia e Ilegalidad

Durante muchos años, la izquierda luchó en forma intensa e implacable por la hegemonía cultural en nuestro país y la consiguió.

La izquierda fue derrotada inapelablemente por el Gobierno Militar en el campo de batalla elegido y practicado por ella misma. En efecto, los militares abortaron por la fuerza el intento de la izquierda de capturar el poder político por medio de la violencia terrorista y guerrillera, en vez de lo cual los militares implantaron formas políticas y económicas que llevaron al país a alturas inimaginables para los menguados chilenos de aquel entonces.

El llanto y victimización constante -pos 1973- de los derrotados es risible e inmoral, pero fue eficaz y suficiente para acobardar a la derecha que se entregó sin pelear y que buscó su recompensa en el enriquecimiento ilimitado y el uso del poder por parte de su líderes.

Este proceso fue facilitado grandemente por su cobardía fisica y moral que se resignó a ser arrinconada física y moralmente y abandonó a las FFAA a la venganza de sus enemigos que siguen abusando hasta hoy día.

Esta rendición se reforzó con la codicia despiadada y la soberbia de la derecha económica, parte integral de la misma, y el asesinato -hasta hoy impune- del senador Jaime Guzmán, mayor y quizás único intelectual de fuste disponible en ese sector. La derecha económica sigue soñando que tiene poder porque tiene dinero, cuando la verdad es exactamente al revés: tiene dinero porque el Gobierno Militar los proveyó de un ambiente en el cual pudieron enriquecerse, y que cuando heredaron un poder político que no merecían no lo supieron emplear para el bien de los chilenos y no han sido capaces de conservarlo, ni siquiera para proteger sus propias ganancias

Para lo que aquí nos interesa, parte fundamental de esta campaña por la hegemonía cultural – el uso de la violencia y la distorsión e incumplimiento de las leyes- se basa en los conceptos tratados, entre otros,  por Ernesto Laclau y Chantal Mouffe en “Hacia una radicalización de la democracia”.

En ella se explota la idea de la centralidad atribuída al lenguaje en áreas cada vez más amplias de las relaciones sociales y la existencia de agentes sociales concebidos ahora como sujetos descentralizados que actualmente se presentan casi atomizados.

Asi, la propuesta ideológica más o menos simple del italiano Antonio Gramsci adquirió un método concreto para su aplicación a las operaciones políticas.

Esta estrategia socialista operó a través de multiples campañas de las cuales me referiré solo a dos -la violencia y la prostitución del derecho- que pueden apreciarse con precisión en el comportamiento de sus líderes:

-La izquierda chilena y la violencia política. Es sabido que el marxismo de los partidos de izquierda de Chile, incluye “todas las formas de lucha”, limitadas solo por su incapacidad e impotencia.

En la década previa a 1973 fuimos notificados que habría revolución socialista, si o si, por la buenas o por las malas, por vía electoral o la violenta. Allende fue explícito con Regís Debray, las elecciones fueron solo una necesidad táctica no una convicción democrática.

Hasta el día de hoy, sus representantes siguen repitiendo impúdicamente lo de la validez de “todas las formas de lucha”.

Ya “en democracia”, como gustan decir los golpistas, Bachelet expresó pública y festivamente: “Cuando la izquierda sale a la calle, la derecha tiembla”. No causó escándalo alguno, era “sabido” y era “normal”.

Los dichos de la ex Presidente significan que para ella y su grupo:

  • La izquierda sabe hacer violencia política y callejera.
  • La derecha chilena teme a la violencia.
  • El uso de la violencia da poder político a la izquierda.

 La actual izquierda política y la violencia callejera son compañeras de ruta. Argumentan que esa es la respuesta del pueblo a la violencia institucional y armada de la oligarquía. Resta credibilidad a esta defensa el que la violencia pre – 1973 y ahora “en democracia” la hayan incorporado igual a su estrategia, aun estando en el gobierno y teniendo bajo su control no solo el uso legítimo de la violencia, sino estando a cargo de la seguridad pública y la protección de los derechos de toda la ciudadanía.

Este comportamiento de sus líderes que usaron, permitieron y avalaron la violencia expresada en funas, destrucción de la ciudad, saqueos, tomas, golpes a sus oponentes, uso de bombas incendiarias contra la policía, campañas mediáticas y muchas otras formas mas -mas allá de toda excusa- es inmoral, antidemocrático e ilegal.

Este es -hoy y siempre- un componente básico de la hegemonía cultural de la izquierda.

Para la Izquierda chilena, la ley y la Constitución son solo herramientas políticas de uso dual, para potenciar su poder cuando no tienen otra alternativa o para pasarles por encima cuando el enemigo esté paralizado o impotente.

En este sentido, la idea “burguesa” de que esos cuerpos legales son la expresión formal de una negociación democrática y la expresión de un acuerdo ciudadano, les es totalmente extraña y desconocida

Durante el segundo gobierno de Bachelet, la izquierda en el poder popularizó este desprecio en un slogan; “Estamos corriendo el cerco”, es decir, los límites sociales acordados y aprobados legal y Constitucionalmente por la ciudadanía eran solo temporales, sujetos a revisión unilateral y despreciables.

La actual campaña por la demolición del Poder Ejecutivo, en beneficio de un Parlamentarsimo irresponsable y demagógico, es regentado hoy día por ellos mismos. Mañana, cuando ya no controlen el Congreso, sus empeños apuntarán en otra dirección y los objetos de sus ataques y sabotaje serán aquellos que potencien su actuar partidista e ideológico.

La ley y la Constitución, como elementos normativos básicos y intangibles, como no sea mediante los procedimientos que ellas mismas establecen, para la izquierda no tienen valor alguno, son solo “condiciones tácticas”.

Todo puede ser cambiado, reinterpretado y distorsionado, solo es cuestión de oportunismo, haber acumulado el poder suficiente o peor, haber sobornado o atemorizado a los representantes de la oposición en el Congreso también es válido.

La falta de compromiso y lealtad con los fundamentos Legales y Constitucionales reducen nuestra convivencia ciudadana a una vulgar transancción entre bandidos repartiéndose el botín después del asalto. Esta impudicia sustenta también la “hegemonía cultural” socialista. Lo peor, esta grave falla moral ha ido siendo incorporada paulatinamente al comportamiento de algunos políticos de derecha.

Nos aproximamos al final del camino. El asalto al poder el 18 de Octubre de 2019 y la adhesión instantánea de sus cuadros dirigentes, mecánica y casi unánime, así lo confirma y muestra su permanente disposición a pasar a la violencia (via armada o asalto de las turbas) y simultáneamente a desconocer e irrespetar toda institucionalidad.

Por un lado, la presunta hegemonia cultural de la izquierda se estrella contra la reiterada demostración de su  incapacidad para producir riquezas y por otro, por el desfonde de su ideología totalitaria y liberticida, la ha llevado a quedar reducida a ser promotores de minorías cada vez mas decadentes, exiguas y vocingleras. Solo les queda el ataque, cada día se corrompen más.

Debemos estar conscientes de que su presencia en los nodos de decisión es groseramente desproporcioanda a su poder real; es el resultado de la manipulación del lenguaje, los discursos demagógicos y las pillerías propias de su bajeza astuta.

No hay tal hegemonía y si la hubo, es momento de eliminarla.

Ya no queda tiempo, es hora de no temblar, aunque la izquierda salga a la calle.

No esperemos nada de la clase política, no a menos de que se renueve íntegra y profundamente

Fernando Thauby García

Melosilla

6 de julio de 2020