LA CLASE POLÍTICA Y LA DEMOCRACIA

Chile se encuentra dando una dura batalla contra una pandemia que -en todo el mundo- causa alarma y produce efectos económicos devastadores a corto y mediano plazo. La vida social se ve empobrecida y reducida a su mínima expresión. Los sistemas de comunicaciones se ven exigidos al máximo, mientras otras actividades simplemente se detienen por completo. La cadena de abastecimientos y distribución de elementos básicos para la vida está amenazada y cada día la sentimos más vulnerable. El gobierno debe tomar y está tomando medidas de todo orden para reducir los daños a la salud de las personas, a su situación económica, a la educación y a la prevención y contención de la expansión del virus. La Clase Política por su parte, en medio de esta crisis, pone su mayor esfuerzo e interés en el proceso para un eventual cambio o modificación de la Constitución, la recalendarización de procesos electorales de diversos niveles incluso de Gobernadores que eventualmente podrían ser eliminados y en la negociación de cuotas de poder. Está inmersa en los asuntos y materias relacionados con la distribución del poder político entre los diversos partidos y coaliciones y enfrenta el despacho de leyes sociales propuestas por el Ejecutivo con un ojo puesto en el posicionamiento de los partidos y parlamentarios en la pugna constitucional y en las futuras elecciones de todo tipo. Este comportamiento, habitual en Chile desde hace ya algunos años, se ha magnificado hasta la caricatura y esta deformación es puesta de relieve por la cruda divergencia entre los intereses reales de las personas y los de la Clase Política. Se dice que la soberanía recae en el Pueblo que diseña, propone, aprueba y controla al Estado y sus instituciones. Se dice que el Estado y la burocracia estatal están al servicio de la gente y que son responsables ante ella. También que el Estado y sus funcionarios le deben respeto al Pueblo. Se asegura que los representantes del Pueblo (los diputados y senadores) a través de los cuales delega el funcionamiento de su soberanía, está sometida a control ciudadano y que de esta forma son la gente, las familias y sus organizaciones, las que deciden sobre sus instituciones, su funcionamiento y su relación con la ciudadanía. Es evidente que esta no es la democracia que tenemos en Chile. En nuestro país los aspirantes a “representar” los intereses del Pueblo, a controlar al Estado y a asegurar la supremacía de la soberanía popular, son designados por los Partidos Políticos tras delicadas, complejas y oscuras negociaciones en que la participación popular está completamente ausente. La participación de los representados se limita a elegir entre un número de personas designadas por los Partidos, muchas de las cuales son completamente desconocidas por la ciudadanía e incluso desconocedoras del lugar y las personas a representar. La capacidad de supervisión, la recepción de información de su gestión y la consulta a la ciudadanía ante situaciones y problemas que emergen de la vida diaria de la gente, es completamente inexistente. Hemos llegado a que los representantes son “autoridades”, ante las cuales el Pueblo debe respeto, reverencia y aquiescencia. De hecho, la relación entre los “representantes” y sus “representados” es el de una autoridad poseedora de poder y una ciudadanía que obedece, sigue y acata. El pueblo es una figura retórica de hecho excluida en favor de un Estado materializado en instituciones, representaciones, burocracias y grupos que se alimentan recíprocamente y de las cuales el Pueblo está completamente excluido. La pregunta que cabe es: ¿Qué es lo que no funciona?, ¿es que la Constitución no provee un diseño institucional que disponga y exija la distribución y uso del poder bajo el control de la soberanía popular?, o es que disponiéndola, los usos y formas en que el Estado desarrolla su gestión ha sido desvirtuándolas en beneficio de una “Clase Política” autonomizada y alejada de sus mandantes. En Chile podemos ver un Estado disfuncional en el que sus tres componentes fundamentales, el Poder Ejecutivo y su estructura de servicios, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, han sido capturados por grupos de diversa naturaleza con alianzas y complicidades cruzadas que usan y abusan del poder que administran y consideran de su propiedad. La forma en que actúa la Clase Política en los momentos actual gráfica en forma muy clara y concreta como los intereses relacionados con la captura y apropiación de cuotas de poder político, de la promoción de sus ideologías, de la continuidad y avance de las “carreras políticas” de sus miembros, es privilegiado en beneficio de los intereses personales y corporativos y que su comportamiento frente a la aprobación de leyes fundamentales para la vida del Pueblo son pospuestos o empleados como arma para la lucha por el poder. Parece evidente que para tener una mejor democracia, el problema de nuestro país no reside en la Constitución sino de la conformación, funcionamiento y calidad del Estado.

Crisis en Chile: ANÁLISIS DE ACTORES Y UNA EVENTUAL SALIDA

En las últimas semanas han salido varios análisis de lo acontecido en Chile. Se podría decir que en general todos manejan los mismos datos y lo que varía es la solidez, profundidad y amplitud del análisis. Uno de los mejores que he leído es “Pensar el Malestar” de Carlos Peña. Creo que es un aporte muy valioso y oportuno, no es para todo público y sabemos que los interesados en profundizar en este tipo de análisis constituye un auditorio mas bien reducido.

Sin pretender competir con tan afamados analistas, les propondré una aproximación mas simple, directa, esquemática y operativa que, creo, puede ayudarlos a armar un cuadro para el seguimiento de los eventos actuales y futuros.

Los actores y sus relaciones entre si, son relativamente fáciles de identificar; sus motivaciones e intenciones es mas difícil. El actor mas difícil es, sin duda, la izquierda, que incluye grupos y personas muy diversas y complejas. Hay actores sobrevalorados en cuanto a su importancia y también algunos enigmáticos o desconocidos.

A mi juicio, hay grupos que llevan la iniciativa estratégica -imponen los objetivos por los que se lucha y tratan de manejar la forma y lugar en que esa lucha se desarrolla-En este ámbito hay cuatro actores cuya actividad, objetivos y protagonismo ha ido cambiado durante el proceso.

  • El primero es un grupo de ex actores políticos y sociales en el Gobierno de la Unidad Popular, que nunca se resignaron a la derrota política que les impuso el Gobierno Militar y no abandonaron las ilusiones de revertir el resultado de esa primera batalla. Su argumentación se centró en poner de relieve las deficiencias del Modelo. Dado que éste fue indiscutiblemente exitoso, sus criticas se situaron en aquellas áreas con mucha carga emotiva y en aspiraciones de alta subjetividad e imposibles de satisfacer por completo.

La parte política e ideológica de esta campaña fue alrededor de aspectos que, teniendo una base de realidad, eran el resultado de la propia gestión de los gobiernos de la Concertación, que apoyaban, de los cuales tuvieron que separar camas sin abandonar sus posiciones y beneficios de todo orden. Me refiero a los “autoflagelantes”.

Nunca excluyeron por completo “el empleo de todas las formas de lucha”. Y su ideología podría condensarse en “ni perdón ni olvido” y “mejor pobres e iguales que ricos y con distribución desigual de la riqueza”. No creen en la democracia; si en el Estado protagonista y líder.

  • El segundo fueron los sinceramente “renovados” que siendo los intelectualmente mas hábiles, capturaron los puestos de poder en el Estado -Poder Judicial, Poder Ejecutivo (gobernaron 30 de 35 años) y Poder Legislativo (a veces con mayoría en el Congreso)-. Establecieron mecanismos para crear grupos clientelares muy extendidos y sólidos – en empresas del estado, en los servicios estatales, en organismos autónomos financiados por el estado, en ONGs, centros semi académicos y cargos inamovibles y bien remunerados en todos los ministerios (los operadores). Los directivos de este nivel organizaron un flujo y reflujo de personas entre la empresa privada y los cargos gubernamentales y parlamentarios.

Este sector se alejó completamente de la ciudadanía, conservando firmemente su clientela electoral lo que le permitió asegurar el control político. Este nivel se sumergió en la corrupción y en el cohecho promovido por el gran empresariado nacional formando una asociación de beneficios mutuos que nadie (ninguno de los Poderes del Estado) quiso ni pudo investigar y sancionar.

Este fenómeno, uno de los culpables de la desmoralización de la sociedad, se aceleró durante el Gobierno de Bachelet que concluyó debilitando el crecimiento económico y poniendo en evidencia la desigualdad entre los tipos de ciudadanos existentes en Chile.

  • El tercer Grupo es la derecha en sus dos vertientes firmemente entrelazadas: la derecha política y la derecha económica. Con el asesinato de Jaime Guzmán la UDI murió política e intelectualmente, RN no despegó nunca. Abandonaron las poblaciones y la actividad política, se aislaron del pueblo, se encerraron en sus negocios particulares y en proveer un buen servicio a los empresarios que financiaron sus candidaturas.

Los empresarios, asociados con parlamentarios de ambas tendencias políticas, se dedicaron a ganar dinero en forma legítima e ilegítima, armaron carteles, se coludieron para robar a los consumidores, abusaron de información privilegiada y de su influencia a través de sus parlamentarios/empleados. Ninguno, nunca, fue a la cárcel. Todos zafaron fácilmente.

Constituyó una potente contribución a la desmoralización nacional y una burla a la meritocracia, la honradez y el esfuerzo personal

  • El cuarto Grupo, constituido por la clase media tradicional y la emergente, alejada de la Clase Política. Mayormente “privatizados”, -sea como Pimes o como empleados de empresas privadas-, políticamente desorganizados y carentes de experiencia de lucha callejera.

Este grupo se manifestó una sola vez, el 25 de Octubre, en forma masiva -casi un millón de personas-, pacífica, apolítica, familiar, respetuosa y democrática, rechazaron la presencia y protagonismo de políticos de todas las layas y no exhibieron pancartas ni banderas, otras que la bandera nacional.

Mostraron su tremendo número y enviaron un mensaje muy potente, pero el Gobierno fue incapaz de recibirlo; la Clase Política no quiso competidores en su feudo y los ignoró; los Autoflagelantes, la izquierda revolucionaria, no tenía nada que decirles. Para las turbas violentas, eran despreciables en todo orden de cosas.

Simultáneamente, en una segunda línea, se cocinaba a fuego lento una fuerza variopinta de desadaptados diversos que agruparé bajo “el nombre de Turba Violenta (TV): anarquistas que en Valparaíso promovían “a tomarse las fábricas”!, como si en Valparaíso hubiera alguna, mas allá de algún modesto taller de cuchuflíes, y rayaban las murallas con mensajes estúpidos y obsoletos que denunciaban su bajo intelecto. Traficantes de drogas al menudeo, con sus proveedores santiaguinos y su clientela de milennials de “finde”, convenientemente apoyados por miembros de la Clase Política. Barras bravas en connivencia con los dueños de los equipos profesionales. Niños escolares, abandonados por sus padres y políticamente abusados por sus profesores y mentores políticos, y una amplia diversidad de pornógrafos, desviados sexuales y minorías varias, promotoras conductas y causas contra la razón.

Estas personas tuvieron el motor para su expresión política en el área menos pensada: los asistentes al Instituto Nacional (IN) (me da vergüenza llamarlos estudiantes).

Ninguno de ellos tenía la tracción necesaria para movilizar una masa significativa de personas; este protagonismo fue asumido por los violentos del IN que en forma crecientemente violenta, impune y ante la pasividad abyecta de todo tipo de autoridades enfrentó y derrotó reiteradamente a las autoridades metropolitanas, a la policía y al gobierno, llegan incluso a organizar, en sus aulas, cursillos de combate urbano impartidos por miembros jubilados del FPMR (Partido Comunista). De ahí pasaron al “Evade”, que practicaron con creciente violencia, durante varias semanas, hasta lanzarse al ataque vandálico masivo del 18 de Octubre, ante la completa pasividad e impotencia del Ejecutivo.

La dinámica que adquirió la estructura e interacción de estos grupos es muy ilustrativa:

1.- Los niños del IN atacaron y destruyeron 7 estaciones de Metro con algún refuerzo de elementos de las TV.

2.- Coordinados mediante las redes sociales y apoyo externo, las TV se apoderaron del movimiento. Multiplicó exponencialmente la violencia y generalizó el asalto a las estaciones del Metro. Desplazó por completo a los niños del IN y asumió el control táctico de los ataques.

3.- El Partido Comunista (PC) y elementos de Frente Amplio (FA) intentaron tomar el control de la TV, sin éxito. Pero lograron instalar un Objetivo Político -el derrocamiento de Piñera- , que siendo solo de ellos y no de la TV, lo impusieron mediáticamente.

4.- La TV se hizo funcional al PC y FA y a las aspiraciones de los políticos autoflagelantes, pero conservando un amplio espacio de libertad de acción.

5.- Desatada la crisis que el gobierno no supo, no pudo o no quiso controlar, el Segundo y Tercer grupo, integrado por los dueños de los Partidos Políticos  los Parlamentarios de ambos sectores -la Clase Política – cuyo interés principal y único, era la conservación del poder que parecía escaparse de sus manos llegó a un acuerdo relámpago en que el Gobierno entregó la Constitución (por la cual Piñera, democristiano, nunca tuvo ningún aprecio, mas allá de la política económica) a cambio de que la izquierda estableciera el fin de la violencia  -La Paz-.

6.- El acuerdo de paz que la izquierda debía producir, imponiéndose de la TV nunca se produjo ya que desde el principio fue una estafa; la izquierda vendió lo que no tenía: su control sobre la TV.

7.- Se inició un lento descenso de la violencia a la espera de un “Marzo” que prometía ser de horror.

8.- Y llegó Marzo. Regresó la violencia, ahora protagonizada por turbas de niños caprichosos y violentos manipulados por diversos lotes, desde la Clase Política hasta el PC y el FA, actúan simultáneamente, aunque sin coordinación directa, con el TV.

Mientras tanto, la Clase Política insiste majaderamente a la ciudadanía con la imposición de una Nueva Constitución que nadie sabe para que se haría, ni que se cambiaría a la actual carta.

Parece evidente que lo que la opción Rechazo quiere es que siga la Constitución actual. Pero ¿sabe alguien que quieren los que promueven la opción Apruebo?. Dicen saben lo que no quieren de la actual, pero no tienen ni la menor idea ni propuesta respecto al contenido de una nueva.

Parece que una vez mas los chilenos no pensamos correctamente. Todos estamos de acuerdo -menos la Clase Política, obviamente- que el problema de fondo que tenemos es un grave déficit de calidad en la gestión del Estado, es decir necesitamos su profunda restructuración: del Gobierno y todas sus innumerables agencias de servicios y productivos: Codelco, salud, sociales (Sename), técnicos, de vivienda, de pensiones, ministerios, subsecretarías, entes reguladores y muchos mas). Reorganización de Poder Judicial y de todo el sistema de leyes que ha demostrado ser ineficaz, eliminar la politización y la corrupción, los procedimientos investigativos etc. y del Poder Legislativo, cuya inoperancia, falta de representatividad y legitimidad, corrupción, incompetencia y alto costo es acreedor al repudio generalizado de la ciudadanía.

Si esto es así, parece evidente que la forma correcta de hacer este cambio -que en la propuesta actual demoraría mas de dos años en concluir- sería primero elegir, el año 2022 un Presidente que de garantías de liderazgo para conducir un proceso complejo; luego elección de un Congreso en la perspectiva de discutir la necesidad de cambiar o no la Constitución, y si lo fuera, de discutir, negociar y proponer una alternativa y luego, el año 2023 hacer un plebiscito de salida.

Parece una alternativa demasiado cuerda como para que encuentre acogida entre los políticos chilenos.

REGLAS DEL USO DE LA FUERZA o el Arte de Mentirse a si Mismos

La Constitución vigente, copia casi al pie de la letra normas válidas hace siglos pero actualmente obsoletas y las copia porque le permiten a las autoridades políticas de hoy eludir la responsabilidad de sus decisiones. En efecto es evidente que durante el siglo XIX y XX, las fuerzas enviadas a imponer el orden en una Oficina Salitrera en Iquique no podían ser controladas por el Presidente desde Santiago pero ya no es así. Convendremos que en el siglo XXI, el Presidente puede ver, incluso con mas detalles que militar al mando, lo que está sucediendo en el lugar de  los hechos e intervenir con sus juicios, análisis, comentarios y críticas al militar en la escena y que el enjuiciamiento y desautorización de lo obrado, a conveniencia del político, también es de rutina.

Una fuerza militar, particularmente las de infantería, es un conjunto de hombres y armas que tiene por objeto producir el mayor daño posible sobre el enemigo mediante el uso de armas crecientemente precisas, letales y livianas. El enemigo está estructurado y armado en forma completamente opuesta, su objetivo es producir efectos políticos vía impacto mediático. Ambos bandos pretenden conseguir un objetivo táctico, propio y diferente para cada cual. Al costo que sea necesario.

La medida de efectividad militar es el complimiento de su tarea; el número de bajas, propias y del enemigo, es lamentable pero ellos no constituyen factores decisorios, de la misma manera, la destrucción material. En otras palabras, en el combate, la destrucción y la muerte son elementos componentes pero no determinantes. Uno de los muchos errores fatales de R. Mc.Namara en la Guerra de Vietnam fue tratar de medir el éxito militar en términos de muertos y material militar destruido. Era un “ingeniero” muy inteligente pero un líder militar incapaz.

El insurgente, por su parte, combate para producir imágenes, efectúa una actuación para las cámaras de los medios de comunicación social, la violencia tiene un rol “artístico” y las imágenes de los muertos, los heridos y la destrucción material son todo.

En las operaciones de seguridad interior, la Policía y las FFAA tienen dos situaciones radicalmente diferentes: para los primeros la limitación de las bajas y la destrucción son fundamentales, su función es altamente política; para los militares son accesorias y la medición de la efectividad de sus acciones son los resultados. Esta es la razón de la existencia de uno y otro tipo de fuerzas del Estado.

Las fuerzas militares en el combate urbano están conformadas por un número reducido de soldados, armados y equipados para obtener una gran capacidad letal y de destrucción física. Los amotinados, por el contrario, son muy numerosos en cuanto a la cantidad de personas y equipados con pocas armas efectivas y vestuario muy vistoso.

Es una lucha muy desigual. Los militares, al emplear sus armas, producirán muchas bajas y si no las emplean serán sobrepasados por la multitud y abrumados moral y mediáticamente. Los amotinados se organizan y crean tácticas para evitar que los militares puedan usar su superioridad militar. Dicho de otra manera, las organizaciones mediáticas y las acciones que inhiben a las tropas militares a emplear sus armas son parte sustantiva de la táctica del enemigo. Los militares por su parte, están organizados, equipados y entrenados para hacerlo con la mayor letalidad posible y cuando lo hacen, su letalidad derrota y hace huir a los vándalos.

Es por eso que los Gobiernos deben considerar cuidadosamente su determinación de emplear fuerzas militares en la seguridad interior. Un fusil militar está diseñado para arrancar un brazo, una pierna o hacer un agujero de 30 centímetros de diámetro en un estómago. Una fuerza militar vence cuando quiebra la voluntad de su oponente mediante la violencia. Le quiebra la voluntad o el físico. Un tanque en la calle solo puede hacer dos cosas: Disparar su cañón y destruir una casa o despanzurrar a una persona con sus orugas. Nada más (y nada menos), y ambos bandos lo saben. Es famosa la foto de un hombre desarmado parado frente a una columna de tanques -deteniéndolos- en la Plaza de Tiananmen, en China.

Si el Gobierno y la ciudadanía quieren pensar otra cosa y actuar como si la situación fuera diferente, están auto engañándose miserablemente.

Así las cosas, los ocho “principios” que sustentan a las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), son inaplicables:

-Principio de legalidad: “Usar la fuerza en conformidad al ordenamiento jurídico. Y atendiendo a un objetivo legítimo”. Esto es tarea y responsabilidad del Gobierno al disponer el empleo de fuerzas militares. Las fuerzas está “en uso” cuando se dispone su empleo y el objetivo también lo determina él.

-Principio de necesidad: “Usar las Fuerzas solo cuando sea estrictamente necesario”. Es responsabilidad y decisión del Gobierno.

-Principio de proporcionalidad: “Usar las fuerzas solo cuando sea estrictamente necesario para cumplir el objetivo de la consigna”. La consigna la determina el Gobierno y los militares deben determinar y alcanzar el objetivo que la materializa. No pueden cambiarlo ni incumplirlo. Es también tarea y responsabilidad del Gobierno. Debido a la diferente naturaleza de sus formas de lucha, el desequilibrio está implícito cuando el Gobierno dispone el empleo de fuerzas militares para imponer su autoridad.

-Principio de gradualidad: Si el empleo de las fuerzas militares ocurre cuando las fuerzas policiales fueron sobrepasadas, parece evidente que “la comunicación, persuasión, negociación y empleo de armas disuasivas” ya perdieron su validez, por lo demás, hacerse cargo de una situación en que las fuerzas propias (en este caso los Carabineros) fueron derrotadas, se requerirá un gran empuje y violencia para recuperar la iniciativa e imponerse a una turba enardecida por su primera victoria. Una segunda y sucesiva derrota de las fuerzas del Gobierno derivarán en un aumento exponencial de la violencia y agresividad de las turbas.

-Principio de responsabilidad: “El uso de la fuerza, fuera de los parámetros permitido por la ley, no solo conlleva las responsabilidades individuales por las acciones u omisiones incurridas, sino, cuando corresponda, también las demás establecidas en el ordenamiento jurídico”. Parece evidente que el responsable final es el presidente de la república desde que determina la participación de las fuerzas militares y establece su consigna, es decir cual es la situación que deberán establecer, determinando así el uso de la fuerza.

– Los principios de “Deber de advertencia”; “Deber de evitar el daño colateral” y “Legítima defensa”, parecen agregados convenientes para cuando se inicien las investigaciones después de un evento con bajas, destrucción y escándalo, es decir son de utilidad -ex post- para que las autoridades afectadas puedan basar argumentaciones jurídicas según sea necesario y conveniente para deshacerse de su responsabilidad.

El Artículo 3ª del Decreto entra en las reglas concretas.

Dispone 9 reglas, todas de sentido común, excepto las reglas Nº 8 y 9.

La Regla Nº 8 dispone usar las armas de fuego en legítima defensa, de acuerdo a lo establecido en el Código Penal y el de Justicia Militar. Parece evidente que si el Gobierno desea que las fuerzas militares actúen solo en defensa propia, sin tomar acción positiva para restablecer el orden y contener la violencia y destrucción, la decisión obvia habría sido no llevarlas al lugar de la confrontación.

La Regla Nº 9.- “Usar las armas de fuego como último recurso, cuando las medidas anteriormente señaladas resultaren insuficientes … y sólo en el caso de enfrentamiento con personas que utilicen o se apresten a utilizar armas de fuego u otras armas letales … las reglas anteriormente señaladas no obstan a la aplicación del Código Penal y del Código de Justicia Militar, entendiéndose que forman parte de la normativa aplicable”, son solo retórica auto exculpatoria inútil.

No tengo razones para pensar que lo que considero deficiencias de este Decreto sean aceptables para todas las personas, también estoy consciente que en materias así de sensibles puede haber y hay muchas y diversas opiniones pero sostengo que la experiencia muestra que existen algunas tendencias, en quienes dictan las leyes sobre materias delicadas, a hacerlas de manera idealista, en una perspectiva teórica, con puertas traseras y laterales que les permitan derivar las culpabilidades y responsabilidades hacia escalones mas bajos en la jerarquía ejecutiva y una esperanzo oculta pero perceptible, que ellos mismos no se verán necesitados de aplicar las reglas que inventaron sino para apretar y culpar a otros cuando lo hagan.

Creo que el mejor empleo de las fuerzas militares en seguridad interior es no emplearlas, pero si fuera imprescindible, comienzan por haber educado a la ciudadanía, en la teoría y en la práctica, en la convicción de que es mucho mas conveniente para todos, obedecer lo que las Fuerzas Militares desplegadas les ordenen, no intentar doblegarlas por la violencia y cumplir estrictamente las leyes, por cuanto ese comportamiento racional permitirá a la ciudadanía regresar a una manifestación sin violencia física, sin destrucción y sin daños a terceros inocentes. En breve les permitirá hacer una demostración de sus quejas y exigencias y no un levantamiento violento contra el estado.

Las medidas para controlar militarmente un comportamiento civil cuyos actores intentan que sea violento, maligno y opuesto al estado, no solo es ineficaz sino contraproducente. La disuasión antes de los hechos y la acción violenta y decidida cuando los hechos están fuera de control es la única respuesta racional, y la gran mayoría de los ciudadanos así lo entienden y aprecian. Años de prédica desde algunas tendencias políticas que emplean la violencia como forma de acción política, no han impedido que un altísimo porcentaje de la ciudadanía siga teniendo fe, confianza, respeto y cariño por las FFAA, Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones. Todas las encuestas así lo muestran, reiteradamente.

Nunca se debe olvidar que la derrota de las Fuerzas Armadas por parte de las turbas, significa el fin del Estado y el comienzo de la Guerra Civil.