Izquierda Chilena, otra vez el mismo error

Varios miembros del grupo dirigente de la izquierda, han manifestado que el eventual triunfo del rechazo a la redacción de una nueva constitución para Chile “no traerá la paz que todos anhelamos”. Traducido del cripto idioma de la izquierda chilena, indica que si en el plebiscito de abril de 2020 no gana su preferencia -el SI-, la violencia callejera continuará hasta imponerse.

Entre ellos destacan Heraldo Muñoz, pre candidato a la presidencia de la república y un antiguo y conocido senador, presuntamente “renovado”. En el nivel político e intelectual más basto, estas mismas aseveraciones -amenazas- se repiten con un lenguaje mas crudo y amenazador. Si la izquierda pierde el plebiscito, la violencia continuará, probablemente en forma intensa, hasta que el cambio que quieren, se produzca. De otra manera, la paz sería “artificial, (tiene que ser) sobre el fundamento de una nueva Constitución» Muñoz dixit.

Esto conlleva dos elementos: primero, que el proceso constitucional seguirá siendo empujado por la violencia de la izquierda y segundo, que el Gobierno no tendrá la voluntad o la capacidad para impedir dicha violencia.

Respecto a la voluntad gubernamental de imponer la paz, es una decisión política que deberá tomar quien presida la República en su momento. No entraré en esta materia. Si el gobierno se rinde a la extorsión extremista es una decisión política cuyas causas y efectos no abordaré aquí.

Lo que si analizaré es el planteamiento de que el gobierno carecería de la capacidad para imponer y mantener la paz, aun queriéndolo.

En efecto, el primer conjunto de razones gira alrededor de la eventual falta de voluntad de los mandos militares para tomar la decisión de dar y ganar esa batalla. Se señala que las excelentes condiciones económicas de que gozan en sus cargos actuales y en sus próximas condiciones de retiro, desalentarían su participación en una acción que las pongan en riesgo. Dado que quién decide la designación, permanencia y la remoción de los Comandantes en Jefe es el Presidente, esta suposición carece de sustento.

Otra razón sería la completa desmoralización de las FFAA, en particular del Ejército. Si bien esto es mas bien especulativo, habría que considerar que la motivación actual de los militares para combatir contra el extremismo sería triple: la primera por disciplina, formación y tradición y la segunda porque una acción de ese tipo iría en la línea de sus más profundas creencias políticas que en el caso que analizamos estarían en peligro mortal y tercero, que hay que recordar que la victoria del Gobierno Militar (GM) frente al primer intento de asalto al poder, en 1970 por parte de la izquierda revolucionaria, fue de tal magnitud y eficacia que a medio siglo de su inicio, aun se discute si cambiar o no la Constitución con que el GM estableció el régimen que nos gobierna. Y esa realidad pesa; es un camino ya recorrido que dejó experiencias valiosas.

Se alega también de que carecerían de “capacidad operativa”, aun cuando no entiendo claramente a que se refieren quienes señalan eso, cualquier persona más o menos interiorizada de las condiciones operativas de las FFAA de Chile discreparía completamente. En la actualidad las FFAA se integran y participan en ejercicios de guerra y en operaciones de paz junto a FFAA de países desarrollados y lo hacen obteniendo su aprobación e incluso su integración a sus operaciones al mismo nivel de las fuerzas de sus aliados mas cercanos.

Respecto a operaciones de seguridad interior, es posible que en esta versión de empleo, tengan mejor rendimiento de combate en operaciones con altos niveles de violencia, que cuando operan con restricciones en su empleo. Desde otra perspectiva, las fuerzas militares nacionales han tenido muy buen desempeño en operaciones imposición de la paz con diversa intensidad de violencia. Desde la perspectiva de las operaciones de conservación de la paz, la integración operativa entre las FFAA y la Fuerzas Policiales es muy fluida y de mucha confianza mutua, particularmente en la base.

En cuanto a inteligencia, el rendimiento y eficiencia de las organizaciones de inteligencia militar durante el gobierno militar, es también obvio que superaron ampliamente a sus oponentes apoyados por las potencias comunistas. Es indudable que la prohibición, durante varios años, de participar en inteligencia interna debe haber reducido esa capacidad, pero podemos imaginar que no sólo podrán recuperarla con rapidez, sino que la superarán ampliamente en corto plazo, particularmente en los ámbitos de la inteligencia electrónica, informática y ciberinteligencia.

Un capítulo central de la argumentación de quienes confían en que las FFAA carecen de capacidad de combate para cumplir las tareas que disponga el gobierno -el presidente de la república- para cumplir su mandato constitucional de imponer y mantener la paz y la seguridad interna y externa, se apoya en algunos cálculos aritméticos originados en los círculos anarquistas, comunistas, “intelectuales” chavistas y un conjunto variopinto de representantes del izquierdismo terrorista o militarizado, que dice mas o menos así:

A partir de 1985, el Gobierno Militar dispuso de hasta 50.000 soldados para mantener el control de la ciudad de Santiago que en esos años contaba con 5 millones de habitantes y no lo logró, y que hoy dispondría de sólo 10.000 para controlar una ciudad de mas de 7 millones de habitantes.

El cálculo no explica qué fue lo que habría cambiado entre antes y después de 1985. Las cifras de efectivos están lejos de la realidad y por otra parte, el control interno establecido por el Gobierno Militar fue el requerido para llevar a las fuerzas de la oposición a la negociación, en los términos que fueron necesarios para mantener las principales políticas establecidas por él. No más, no menos.

Los cálculos militares puramente numéricos suelen ser engañosos cuando no directamente falsos. Por ejemplo, la rama local del Partido Comunista dispone de un número muy exiguo de militantes y parlamentarios, estos últimos conseguidos mediante maniobras y manejos que les permitieron conseguir un número desproporcionado de representantes. Ese reducido número, dirigido con disciplina, mano dura y exigencia constante, ha conseguido desplegar una actividad mediática, política, sindical, social y de violencia, desproporcionada a su número, logrando simultáneamente, penetrar y destruir a un partido político de fuerte raigambre democrática como el PDC y simultáneamente contemporizar con violentistas populistas del Frente Amplio, un conjunto heterogéneo unido mas que nada por su irrealidad, similitud etaria y de discurso violento y demagógico. El PC siendo muy menor, doblegó a dos contendores de muy diversas características y mucho mayores en números.

Desde otra perspectiva, los análisis numéricos de la extrema izquierda muestra una severa obsolescencia analítica militar. Hoy existen multiplicadores de fuerzas mucho más relevantes; comunicaciones, inteligencia, movilidad, poder de fuego, artillería móvil, blindados, coordinación de fuegos y control de la maniobra, control del espacio aéreo, y muchos más.

Mirado desde el punto de vista político, si el gobierno, para su maniobra, logra convocar una cantidad significativa de apoyo político ciudadano, el tamaño de las FFAA y su potencial de apoyo se multiplicará considerablemente. Si no fuera así y el gobierno apreciara mal su fortaleza política, el espacio de poder faltante deberá llenarlo con un empleo mas intenso de las FFAA, que tienen sobrada capacidad para hacerlo.

Clausewitz sostiene que la guerra es “una extraña trinidad” en cuanto a las tendencias que predominan en ella: el odio y la violencia primitiva, de naturaleza emocional; el azar y las probabilidades que corresponden a la gestión del poder militar; y su carácter de instrumento político, de carácter primordialmente racional.

Estos tres elementos se dan en las guerras internacionales y con mucha mayor intensidad en las guerras civiles.

Parecería que los cálculos y suposiciones de la izquierda “revolucionaria” y su cada día más próxima izquierda “democrática”, requieren de más solidez y mesura. Amenazar con la guerra es invocarla y lucharla es un azar por completo impredecible; sabemos cómo comenzará pero ignoramos cómo concluirá.

Lo que si puedo asegurar a mis lectores, es que toda una vida en la profesión naval (Infantería de Marina) me permiten asegurar que las FFAA de Chile lucharán con gran destreza e intensidad. Toda la que se requiera para vencer a las fuerzas del mal, que ahora sí deben ser eliminadas de raíz impidiendo que los políticos de derecha vuelvan a entregar a Chile a sus enemigos, en su afán por promover su codicia personal o de grupo.

7 de enero 2020

¿Cambio de Constitución o Rotación de Elites?

Hace años, la entonces presidente Bachelet, manifestaba pública y festivamente: “Cuando la izquierda sale a la calle, la derecha tiembla”. No causó escándalo alguno. Menos la aseveración del ex presidente Lagos cuando, después de una intensa jornada de piedrazos y bombas incendiarias con la destrucción del mobiliario urbano y diversos bienes públicos, aseguraba “hay que dejar que los cabros se expresen”. La actual izquierda política y la violencia callejera son compañeras de ruta. Argumentan que esa es la respuesta del pueblo a la violencia institucional y armada de la oligarquía. Resta credibilidad a esta defensa el que la usen igual estando en el gobierno y teniendo no solo el uso legítimo de la violencia bajo su control, sino estando a cargo de la seguridad pública y la protección de los derechos de toda la ciudadanía. No se puede ignorar que la violencia callejera ha sido parte sustantiva del arsenal de la argumentación política e ideológica de los liderazgos de la izquierda, que usan y han abusado de ella, para torcer la voluntad de las mayorías y se ha agotado.

En 2013 escribía en este blog: “Desde hace años la derecha política, carente de líderes con peso intelectual y carismático, se debe resignar a seguir a caudillos antropófagos que no respetan a quienes votan por ellos. La derecha económica sigue soñando que tiene poder porque tiene dinero, cuando la verdad es exactamente al revés: tiene dinero porque el Gobierno Militar los proveyó de un ambiente en el cual pudieron enriquecerse, y que cuando heredaron un poder político que no merecían, no lo supieron emplear para el bien de los chilenos y no han sido capaces de conservarlo. Más temprano que tarde el fin de la libertad matará sus negocios”. Ese momento llegó y nada ni nadie podrá evitar que el ambiente actual en que la derecha económica y la derecha política se potencian mutuamente, cambie en forma sustancial.

Paralelamente a esa realidad de base, en la izquierda se desarrolló un duro conflicto entre los que se incorporaron -decentemente o a través de la corrupción- al sistema liberal y los que siguieron tratando de imponer -por idealismo o irrealidad- el régimen revolucionario.

Ninguno de los dos grandes actores políticos e ideológicos -izquierda y derecha-  pudo resolver sus contradicciones internas, las que  se potenciaron con la creciente incomunicación entre la gente común y la elite política institucional, cuya insensibilidad social y ceguera política las mantuvo ensimismadas en su prosperidad económica personal, vanidad, superficialidad e incompetenecia técnica, frecuentemente acompañadas de corrupción transversal.

Lo que había pasado era claro y -ahora lo vemos- evidente: los cambios económicos, políticos y sociales de fines del siglo XX, que dieron origen al sistema de elites y partidos políticos actuales y determinaron sus comportamientos, quedaron obsoletos por los cambios aún más profundos y radicales, que la sociedad chilena está viviendo en el siglo XXI, particularmente la difusión del conocimiento y del acceso a la información, en que las “masas” devinieron en “opinión pública”. La diferenciación social e intelectual entre quienes ejercen el poder y los que no lo tienen, se redujo radicalmente por efecto de la mayor educación general, la difusión del conocimiento político, económico y de gestión, debilitando las bases de la autoridad y la legitimidad de las elites.

El conjunto minoritario de individuos o grupos que aún ocupan las posiciones de autoridad perdieron su influencia y su legitimidad al no poder acreditar características de excelencia moral y técnica que validaran su presunta superioridad ante el pueblo, peor aun, en Chile parecen haber quedado bajo el promedio general de la sociedad. La cohesión interna, capacidad de organización y sistemas de reclutamiento de las elites se desprestigió por su opacidad y exclusión, derivando en la existencia de minorías dominantes que funcionan para la conservación de su poder personal y familiar y para hacer avanzar sus propios intereses.

El esquema de elites pos Gobierno Militar se resolvió en los años 80s y 90s y dio origen a una oligarquía que se apoderó de los partidos políticos y de la representación popular, imponiendo los candidatos, repartiendo los fondos para financiar las campañas, ubicando a sus parientes, amigos y asociados en los cargos claves de la administración pública y coludiéndose con empresarios que financiaron todo el sistema a cambio de acceso a su apoyo para proteger sus intereses y sobre todo, para asegurarse que el control que los políticos debería ejercer sobre sus actividades (subsidiariedad del Estado) para garantizar la salvaguardia del interés nacional y del pueblo, no fuera ejercido. La alta productividad generada por el sistema económico instalado por el Gobierno Militar permitió que la ineficiencia política sobreviviera por un lapso mas allá de lo que merecía, pero llegó a su fin y sus déficits quedaron expuestos.

Esta situación no es una crisis pasajera, es el fin de un sistema de organización social y política que dejó de interpretar la realidad. El escrutinio, la crítica, el cuestionamiento, la participación y sobre todo, la capacidad y voluntad de tener puntos de vista propios, posibles gracias a la combinación de educación, acceso a la información y discusión en redes de miles de personas de diferentes orígenes, intereses y experiencias, algunas calificadas y otras no, sobrepasan largamente la capacidad de los que algunas vez fueron sus “representantes” políticos. La función de intermediación de los políticos entre el pueblo y el gobierno dejó de ser real.

La opinión pública exige nuevos estándares de probidad, calidad, compromiso y transparencia -apoyándose en los nuevos sistemas de información- no puede ser satisfecha por el sistema político oligárquico y de aficionados existente actualmente. La información y los análisis disponibles para el público son más imparciales, realistas y honestos que los que produce y maneja el sistema político.

La guinda de la torta es, sin duda, la colusión obscena entre los políticos y los empresarios, en perjuicio del público. Esta colusión es en realidad una cooptación; una compra o arriendo de lealtades políticas por parte de los intereses económicos. La realidad nos señala que no estamos ante una falla parcial del sistema político, sino ante su obsolescencia, pérdida de legitimidad, comprobada incapacidad técnica y carencia de los valores morales imprescindibles. La esperanza de conseguir que sean ellos mismos –los políticos en ejercicio- quienes modifiquen las características del régimen político -dicten una Nueva Constitución- se reformen y cambien, es solo una ilusión sin fundamento. El cambio será profundo y radical y provendrá desde fuera del sistema.

Mire a su alrededor, lea el diario, escuche la radio y verá que la crisis es real y profunda. El sistema se agotó, necesitamos algo diferente. Es duro decirlo pero no habrá paz ni estabilidad mientras no hagamos una renovación completa y profunda del aparato estatal, del poder legislativo y del poder judicial. Todos ellos obsoletos y carentes de legitimidad y representatividad.

No tiene sentido cambiar la Constitución sin disponer de una Institucionalidad política efectiva. Deberíamos comenzar por su transformación dentro de la actual Constitución e ir haciendo los cambios constitucionales que sean necesarios cuando asi se determine.  

Esta transformación, para que sea real y efectiva debe, creo, ser un proceso, no la sola solución a una crisis. Podemos hacerlo

Violencia en Chile 2019 TRAYECTORIA POLÍTICA

El año 2009 el Centro de Estudios Públicos publicó un conjunto de ensayos bajo el título “El Chile que Viene. De dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos” en el cual un grupo amplio y diverso de intelectuales de prestigio analizó los elementos que configuraban las distintas respuestas. Su relectura en estos días de crisis lleva a preguntarse ¿cómo fue que no tomamos conciencia ni hicimos nada?. El descrédito de las instituciones republicanas; el desprestigio de la política y los políticos; la desigualdad económica y social; la anomía con la vergüenza de la evasión en el Transantiago; la banalidad y turbiedad de la justicia; la codicia y la colusión entre empresarios y la corrupción de los funcionarios; la falta de un “relato” que uniera a los chilenos en un proyecto común mas allá de ir de vacaciones al Caribe o cambiar el auto; la mala calidad de la educación y la salud para parte importante de la población y el egoísmo llevado a la condición de virtud personal y social.

Me parece que la veloz marcha de la economía cubría todo, el crecimiento adormecía y hacía creer que todos los problemas se resolverían poniéndoles dinero encima, propio o de préstamos. Luego vino el período de los “bonos” que “resolvían” los cuellos de botella estacionales mientras aumentaba el gasto fiscal. No fue suficiente, el endeudamiento llegó al límite, los bajos sueldos ya no pudieron pagar las deudas. Luego las soluciones demagógicas y las mentiras, la frivolidad del Congreso y los políticos, la impudicia de las “dietas” parlamentarias y el broche de oro, el Ejército y Carabinero, dos de las instituciones mas queridas y respetadas cayeron también en horribles delitos de probidad; un Ejecutivo irresoluto y carente de sensibilidad política y social pusieron la lápida. La Iglesia Católica vino a dar la paletada final con sus escándalos de pedofilia y homosexualidad.

El año 2011 “la revolución de los pinguinos”, un período de desórdenes basados en deficiencias reales, estimulados por los políticos de oposición y mal enfrentados por el gobierno, llevaron a un serio descrédito de la autoridad y a la profesionalización de la violencia impune por parte de los menores. En el fondo de la crisis de los pingüinos y luego del Instituto Nacional estaba el rechazo a la excelencia; a la meritocracia; a la valorización del esfuerzo personal; de la selección y la competencia, en beneficio de un igualitarismo demagógico; el ideologismo de muchos de sus profesores y directivos y la existencia creciente de grandes grupos de profesionales egresados de malas universidades que no recibían la retribución económica y social que esperaban de la gran inversión de dinero y sacrificio hechos por sus padres.

Este conflicto recrudeció en el Instituto Nacional y otros colegios públicos tradicionales con tomas, enfrentamientos, con empleo de bombas incendiarias por parte de los alumnos y un despliegue de violencia y de duración no vista en años. Su desarrollo continuó hasta llegar a la instrucción -en las aulas- de terrorismo e insurgencia urbana por parte de terroristas de extrema izquierda, veteranos de la UP y su continuación durante y después del Gobierno Militar. Su larga duración permitió la formación y consolidación de grupos pequeños pero profesionales de jóvenes violentistas que pronto recibieron el aporte de anarquista y terroristas jubilados. Asi comenzó la campaña “evade” para no pagar el uso del Metro que se prolongó por meses en forma crecientemente eficiente y organizada, ante la serena impavidez del gobierno que solo tuvo respuestas parciales e ineficaces.

Asi llegamos al 18 de octubre con el asalto en masa a las estaciones del Metro -cuyos detalles no analizaremos- y que concluyó con el ataque organizado y sistemático extremadamente violento y destructivo a casi todas sus estaciones el Metro y su ampliación en los días siguientes a una amplia variedad de establecimientos comerciales, monumentos, edificios públicos y privados, transporte público incluyendo practicamente todo tipo de objetivos, sin descriminación de ninguna especie, en una orgía de violencia y destrucción dificil de describir.

Esta primera parte de la violencia estuvo protagonizada por grupos diversos, como pandillas narcotraficantes, anarquistas, “barras bravas” pre existentes, estudiantes organizados en otros contextos pero entrenados en el uso de la violencia y de un numeroso lumpen siempre dispuesto a aprovechar cualquier situación de desorden para robar, incendiar y destruir, siempre en completa impunidad.

Entre el 18 y el 25 de octubre, en barrios típicos de clase media, la presencia de personas de esas clases fue incrementándose. Se organizaron principalmente por vecindarios y en forma mas o menos pacífica, de todas maneras muy lejos de los violencia brutal de los vándalos y saqueadores que aun manenían el control total del movimiento, pero sin lograr darle cuerpo ni consistencia.

Este vandalismo inorgánico se prolongó hasta el 25 de octubre, hasta esa fecha se apreció la presencia de líderes espontáneos en la escena, pero no de dirigentes de nivel estratégico o político, que existieron, pero se mantuvieron actuando activamente en la dirección a distancia -wasap, twiter, teléfono-. Como se señaló, tampoco hubo presencia masiva de ciudadanos de clase media.

La marcha multitudinaria del día 25, convocada en varias ciudades del país, fue cualitativamente muy diferente a lo acontecido hasta ese momento: grupos familiares, pacíficos, de clase media, con peticiones concretas y razonables, sin distintivos partidarios de ninguna clase y con comportamento ciudadano. Hubo intentos de radicalizar la situación y aparecieron algunos (muy pocos) personajes de la política, fueron rechazados y marginados a veces en forma enérgica. Los manifestantes se retiraron ordenada y pacificamente.

Se puede decir que esta fue la expresión ciudadana más nítida y clara del disgusto y frustración de un inmenso grupo de personas que quería cambios y correcciones a lo existente pero que no intentaba hacer una revolución, destruir al Estado ni derribar al Gobierno. Todo esto transcurría ante la parálisis del gobierno y la ausencia de los parlamentarios que no atinaban a nada que no fuera ocultarse.

Tras estas protestas, diversas figuras del gobierno manifestaron por redes sociales su apoyo a los manifestantes, incluyendo al presidente que se refirieron a la multitudinaria marcha como «transversal» y «sin colores políticos. Pero no tuvieron la visión ni la habilidad para asumir el liderazgo de la situación.

En los días siguientes la participación de esta categoría de ciudadanos fue decreciendo, yo diría que principalmente por la tensión que fue generándose entre su interés por los cambios en las políticas en aplicación por parte del gobierno y su necesidad de proteger sus casas, negocios y barrios del ataque y destrucción por parte de los vándalos. Asi, desaparecieron de la escena y el protagonismo volvió a los vándalos ahora con el aplauso de los parlamentarios ya resucitados de su miedo y la simpatía subrepticia de los que apuestan a jugar a ambos opciones a la vez -la democracia y el golpe de estado-. Los intereses concretos de mejoras a las políticas de salud, pensiones, transporte, sueldos, corrupción y abuso del parlamente, desaparecieron y apareció un interés tipicamente político: Cambio de la Constitución. El gobierno por su parte lanzó una Agenda Social desabrida, sin alma y sin energía, por cumplir se podría decir.

De aquí en más, la protesta quedó en manos de pandillas de vándalos más o menos coordinadas entre si, apoyados por el Partido Comunista, elementos del Frente Amplio, anarquistas, feministas, grupos homosexuales, odiosos de la religión y lumpen político diverso, que fue decreciendo en número, incrementándose en violencia y girando su objetivo hacia el derrocamiento del gobierno y el reemplazo de la Constitución, objetivos ambos muy alejados de la masa que se manifestó el día 25 de octubre y siguientes y muy representativos de los intereses de los partidos políticos de izquierda y sus representantes en el Congreso, que adquirieron gran protagonismo mediático.

En esa situación estamos. El Congreso y todo el aparataje político partidista concentrado en cambiar la Constitución para adquirir poder en desmedro del Ejecutivo y “correr la cerca hacia el socialismo”, el Ejecutivo tratando de pasar desapercibido y el Poder Judicial obstruyendo el castigo a los delincuentes y facilitando el vandalismo. El juego politiquero se ha restablecido, los problemas reales avanzan a paso de funeral en busca de soluciones que solo postergan las demandas de la clase media, sin solucionar nada.

En abril será el plebiscito para decidir si habrá o no nueva constitución, será la última oportunidad para que la clase media se haga escuchar y meta al Estado en cintura -a los tres Poderes- de nos ser así iniciaremos un desastroso peregrinar de dos años de destrucción de la economía, de “agudización de las contradicciones” y demolición de lo logrado en 46 años de esfuerzo y sacrificio.

Las FFAA se mantiene al margen, como deben hacerlo los guardadores de la última esperanza de la Patria.

La Izquierda, la Violencia y Carabineros de Chile

El 11 de diciembre recién pasado, la Defensora de la Niñez, Patricia Muños, escribió en Twitter: “Otro niño, de 16 años, entrando en la posta central por lesión con lacrimógenas …debo reconocer que me gustaría ver al gabinete completo, con las caras de pena que estoy viendo ahora (por la sanción política al ex Ministro Chadwick), pero por los niños víctimas  de la brutalidad policial”.

El reciente discurso de la Sra Muñoz, funcionaria estatal chilena, apunta a persuadir a los lectores que primero, la persona afectada por un herida en la cara era un niño, en circunstancias que una parte importante de los políticos quieren darles derecho a voto, es decir a concederles juicio y capacidad de discriminación; segundo; que fue herido por una bomba lacrimógena, es decir, en una acción “represiva”; tercero fue víctima de “brutalidad policíaca” y cuarto, por una “acción violenta desproporcionada”.

Se puede apreciar con claridad el esquema ideológico de una izquierda que sigue firmemente anclada en el conflicto iniciado por la Unidad Popular y sus movimientos revolucionarios en 1970, que se prolonga hasta hoy, sin resolverse. Escuchar los discursos y leer los planteamientos de los revolucionarios actuales es transportarse a la década de los ´80.

Mas tarde retwitteó “Información inicialmente recibida desde el lugar no se condice con lo que niño, afortunadamente, fue capaz de relatar a los médicos porque está consciente y referiría una pedrada y no una lacrimógena, por lo tanto no se trataría de una agresión de Carabineros de Chile”

En esta retórica es perfectamente distinguible que, en la cabeza de la señora Muñoz, está firmemente establecida la confrontación “democracia vs autoritarismo”; “gobierno militar vs gobierno civil”; “lucha por la  libertad vs opresión”, “pueblo vs dictadura” y que, naturalmente la corrección, la decencia y la moderación reside en el pueblo que se manifiesta y la brutalidad en los Carabineros que “reprimen”. Olvidando que el “tirano” actual, el “dictador” que oprime, fue elegido por los chilenos por amplia mayoría hace solo dos años.

En este contexto no es dificil comprender la dificultad de los políticos de izquierda para situar el rol de Carabineros de Chile en el rol de la preservación del orden y la seguridad democrática de Chile en el año 2019, ni el trauma del Presidente Piñera, de raigambre democristiana, abominador del Gobierno Militar y crítico de los “cómplices pasivos”. Desde esta perspectiva su desconfianza, temor y antagonismo hacia la función de seguridad interna – y hacia Carabineros de Chile, su instrumento por antonomasia- está asociada a la épica juvenil y formación ideológica temprana de su generación, de la cual él fue mas bien un observador pasivo.

Un caso paradigmático de como algunos ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, es lo señalado a El Líbero por “el economista y ex presidente de CodelcoÓscar Landerretche (PS), que sostuvo sobre el proceso de reforma a Carabineros que «es evidente que Carabineros de Chile quedó determinado por la experiencia de la dictadura en Chile. Y no entiendo qué en el proceso de transición no se haya considerado reformar a las policías»”, transición administrada por 27 años de gobiernos de izquierda durante los cuales al menos en dos oportunidades tuvieron la mayoría en ambas cámaras.

Que un conjunto de autoridades con estas características pretenda “modernizar” a Carabineros de Chile, parece ser una empresa que supera la imprescindible necesidad de compromiso con la democracia, conocimiento de la labor policial y comprensión de la realidad histórica, social, educacional y económica del Chile actual y de esta Institución.

CARABINEROS CARENTES DE LIDERAZGO POLÍTICO

La primera lección de liderazgo que recibí fue muy simple y me quedó grabada a fuego: Mis dos tareas básicas como oficial subalterno de Infantería de Marina eran: “Cumplir la misión y Cuidar a mis soldados. Siempre y en ese orden”. Simple y claro. Sin excusas ni atenuantes.

La segunda lección fue leyendo a Clausewitz. Refiriéndose al Comandante en combate señala: “Cuando surgen las dificultades y las cosas ya no funcionan como una máquina bien aceitada, el jefe debe actuar con gran fuerza de voluntad. … El Comandante debe luchar dentro de si mismo, con la impresión general de disolución de todas las fuerzas físicas y morales y el espectáculo angustioso del sacrificio sangriento; y luego con todos los que lo rodean que directa e indirectamente le trasmiten sus impresiones, sus sentimientos, sus ansiedades y esfuerzos. A medida que los individuos van agotando sus fuerzas, uno tras otro, y cuando la voluntad propia de cada cual ya no basta para alentarlos y mantenerlos, la inercia de toda la masa comienza a descargar su peso sobre los hombros del Comandante … estas son las cargas que debe soportar un jefe que desee realizar grandes proezas”.

Cuando el paisaje se oscurece, las informaciones son alarmantes y contradictorias, cuando el desánimo se hace presente, todas las caras se vuelven hacia el Comandante y él, nadie mas que él, debe dar las órdenes y cargar con todas las responsabilidades.

Es lo que Sebastián Piñera, Presidente de Chile, no hizo.

Desde hace ya años, sucesivos gobiernos de izquierda -muchos de cuyos líderes y simpatizantes se manifestaron en las calles contra el Gobierno Militar-, han mostrado sus simpatías por los que hacen los disturbios, y su desapego hacia los agentes del orden que, de alguna manera, en sus mentes seguían representando al “enemigo”.

La frecuencia, intensidad y violencia de este tipo de manifestaciones sufrieron un aumento constante a partir del año 2011, en que muchos próceres de izquierda abandonaron “la Transición”, tiraron por la borda sus propias historias de vida de los últimos veinte años y entregaron el testimonio revolucionario e inconformista a jóvenes estudiantes adornados de la “frescura” de la novedad de sus caras, aunque repitieran discursos añejos y gastados. Se agudizaron las contradicciones entre las manifestaciones pacíficas y por tanto legítimas y la violencia desatada cuya expresión chocó frontalmente contra las propias autoridades “renovadas”, que no pudieron superar la contradicción de ser, simultáneamente, los responsables del orden y la seguridad pública y simpatizar con los violentos.

No voy a incursionar en la cara oscura de la situación materializada por la promiscuidad, la corrupción, las complicidades personales y otras asociaciones espurias entre altos mandos policiales elegidos con extraños criterios y los funcionarios gubernamentales, agotados, con mucho poder y pocos escrúpulos, en medio de una prensa siempre favorable a los transgresores y un Poder Judicial permisivo, cuando no cómplice, del odio a todo lo que oliera a Gobierno Militar.

Carabineros de Chile quedó en medio.

Luego vino la larga saga del Instituto Nacional, a pocas cuadras de La Moneda que, impertérrita, presenció su destrucción. Como se señaló, el movimiento político – estudiantil iniciado en 2011, con las simpatías de los partidos de izquierda, por entonces en el gobierno, se inició con una fuerte campaña en los colegios fiscales de Santiago, con la complicidad benevolente de la Intendente Metropolitana que culminó su mandato con  siete establecimiento “tomados” y en proceso de demolición por parte de las bandas que los capturaron. El Alcalde entrante, logró estabilizar el control municipal sobre las tomas, pero no lo consiguió en el Instituto Nacional.

El año 2019 la situación se tornó imposible. La violencia se agudizó y se hizo inmanejable, Carabineros fue más y más constreñido en el uso de la fuerza legítima y las acusaciones sistemáticas contra Carabineros de Chile, -apoyadas por los medios de comunicaciones, los partidos de gobierno y parte del Centro de Padres del Instituto- con acusaciones de violación de DDHH a los estudiantes, hicieron imposible su accionar.

Redujeron su trabajo a mirar y tratar de contener la expansión de la destrucción y lanzamiento de bombas incendiarias.

La situación quedó fuera de control, ante la resignada ausencia del Gobierno de Piñera. La falta de reacción policial llevó a los estudiantes a trasladar la violencia fuera del Instituto, inaugurándose las acciones de “Evasión”, en que comenzaron a saltar los torniquetes de ingreso a las estaciones del Ferrocarril Metropolitano a vista y paciencia de todo tipo de autoridades, esto se consolidó y recibió el apoyo de terroristas jubilados del FMR que incluso hicieron instrucción de combate callejero en las aulas mismas del Instituto.

Asi llegamos a la debacle del 18 de Obtubre.

Con la autoridad política, municipal, judicial y policial completamente depreciada. Insultar y golpear a Carabineros se convirtió en una rutina “normal”, casi una entretención o un juego. Se extendieron los rayados con insultos soeces, las acusaciones por violaciónes a los DDHH de los manifestantes se legitimaron automáticamente, nunca, ningún tribunal encontró que ninguno de ellos fuera excesivo, infundado y directamente falso, que eran la gran mayoría de ellos. Jamás apareció un Fiscal.

Desde el comienzo de la violencia desatada, el Gobierno, a través de su Ministro del Interior y luego desde la boca del mismísimo Presidente adquirió una clara parcialidad en favor de los presuntamente afectados y nunca emitió reclamos por la violencia contra Carabineros ni menos contra la vejación de la autoridad, incluso la propia.

El Gobierno con el Presidente a la cabeza desapareció, se escondió, calló, se acobardó, abandonó su puesto de mando. Su simpatía por los delincuentes presuntamente agredidos aumentó y el respaldo a Carabineros, si fuera posible, disminuyó.

La protección de la reputación internacional del Presidente, particularmente ante los organismo internacionales y tribunales de DDHH, fue considerada merecedora de cualquier sacrificio de la sociedad chilena. Piñera se arrodilló ante Bachelet y fue escupido.

La campaña mediática de la izquierda se puso en marcha a toda velocidad. Un caso emblemático fue la campaña para inculpar a Carabineros de uso excesivo de la fuerza al emplear escopetas de perdigones. No era nada nuevo, son armas en uso desde hace años y las municiones fueron adquirida en el gobierno de Bachelet, pero ahora se descubrió que los perdigones eran dañinos e iban directamente a los ojos de los manifestantes y a veces de a parejas, uno para cada ojo. El inefable INDH acusó que 352 personas sufrieron lesiones oculares que 21 que sufrieron el estallido o pérdida del globo ocular. La misma organización días mas tarde corrigió su información: 5 de ellos sufrieron la pérdida de un ojo, 73 quedaron con lesiones oculares por agua a presión, gas lacrimógeno y golpe entre otros. Todo después de 5 semanas de batallas campales con violencia extrema de las turbas. Violencia que no mereció la atención de la Justicia.

El diario norteamericano The New York Times, asociado con un medio de televisión chileno particularmente odioso contra la policía, publicó un video y un artículo extremadamente tendencioso. Fue solo uno, aparentemente pronto se dio cuenta de la exageración y engaño, pero el daño ya estaba hecho e incrementado el pánico de la autoridades nacionales.

Este ha sido un caso de texto de una falla grave de liderazgo Presidencial y del Gobierno, antes y durante la crisis, un caso de abandono de deberes de primera magnitud y actualmente tenemos lo peor: los culpables de este desastre, el Presidente Piñera y su Ministro del Interior Gonzalo Blumel, designan y ponen en marcha un proceso para “reestructurar por completo a Carabineros de Chile”. 

Con candor explican: “Como parte de los compromisos que tomamos después del informe de Human Rights Watch (HRW), vamos a convocar a un consejo para la reforma a Carabineros”, dijo el Secretario de Estado en conversación con CNN Chile.

Según Blumel “necesitamos una policía del Siglo XXI” y adelantó que la instancia que se realizará esta semana en La Moneda “se va a enfocar en revisar todo lo que veníamos haciendo en la modernización de Carabineros para ver si están a la altura de lo que se requiere; en segundo lugar, para abordar el tema de orden público; y, tercero, tenemos que ver cómo estas actuaciones en materia de orden público se consolidan bien con la protección absoluta de los Derechos Humanos”. “No sólo debemos dejar que las instituciones funcionen (…) sino que hacer que funcionen”.

Si eso es lo que desean, es una gran decisión, pero el orden de las tareas está invertido, es imprescindible “reestructurar y refundar” al Estado en pleno: el Ejecutivo, poniendo a personas capaces y competentes; segundo al Legislativo, reduciendo sus absurdas dimensiones y exigiendo competencia técnica y idoneidad moral y tercero al Poder Judicial despolitizándolo y enfocándolo a las funciones que la Constitución les asigna, apartándolo de otras áreas que han ocupado ante el abandono y cobardía de los otros dos poderes del Estado, y eliminando la corrupción y otros vicios de que adolece.

Un Estado con grandes facultades, con una dotación inmensa y cara, de mala calidad, incompetente y sin control ni supervisión eficaz, es la peor maldición para Chile y resolver eso es prioritario.

El problema no es la Constitución ni Carabineros, es la gestión del Gobierno y la falta de liderazgo Presidencial.

11 de diciembre de 2019

UNA CONSTITUCIÓN PARA LA POBREZA SOCIALISTA

Así como la actual Constitución fue descalificada por la izquierda como la Constitución “de Pinochet”, ahora estamos frente al intento de imponer a la carrera una Constitución para “La Pobreza Socialista” que, seguramente, será más divisiva y rechazada que la primera.

A partir del 18 de Octubre nos hemos enfrentado a un monstruo que ha ido mutando según han ido interactuando el golpismo comunista con la incompetencia presidencial.

La estrategia subversiva es conocida y ha sido aplicada al pie de la letra en Chile por el Partido Comunista (PC), pero no es éste el momento para analizarla. Por ahora veamos sólo su accionar político.

Fase I.- Inicialmente la estrategia, establecida en la planificación política del PC para enfrentar a este gobierno, aspiraba a derrocar al presidente Piñera y a partir de esa crisis, maniobrar para revertir la derrota que la derecha le propinó en las elecciones presidenciales de 2017. El PC y la extrema izquierda enfrentaban una situación terminal, en que toda su ideología y sus principales lideres regionales entraban en una fase de derrota permanente y final, de la mano del socialismo del siglo XXI y del Grupo de Sao Paulo.

Esta estrategia se encaramó sobre la incapacidad del Gobierno para detener y controlar los disturbios violentos, recurrentes y sistemáticos principalmente en el Instituto Nacional, donde se conformó un núcleo duro de terroristas encuadrado por apoyo externo del partido y por anarquistas. Ese punto de partida, reforzado por expertos, fue la base del ataque organizado al Metro de Santiago. Desde ahí en más, vino la seguidilla de errores del Gobierno.

El éxito del PC en esta fase de la batalla los llevó a ampliar su objetivo al máximo deseable: la caída del gobierno y el cambio de la Constitución y eventualmente la captura del poder a mediano plazo, siempre con la simpatía disimulada de la izquierda institucional.

No ha habido estallido social ni manifestación pacífica de demandas, ha habido violencia urbana organizada y diversificada llevada al extremo. El PC actuó con maestría y fue enfrentada con incompetencia y temor hasta ganar el control de los espacios públicos. Se engañó a la derecha y a la ciudadanía haciéndola creer que Chile se manifestaba contra un modo de vida social.

Fase II.- La mezcla de cuadros comunistas nacionales y apoyos extranjeros; narcotraficantes; anarquistas; delincuentes comunes, lumpen y barras bravas, fue muy eficaz en la primera fase de la batalla, pero el abandono de la participación por parte de la clase media “emergente” fue degradando el terrorismo, hasta llegar a ser objeto del rechazo de la población, sin haber logrado la caída de Piñera. La “izquierda institucional”, presa del pánico, está siendo arrastrada a una condición de irrelevancia e ilegitimidad que, a mediano plazo, amenaza su propia existencia. No hubo intervención militar, no hubo incorporación de la clase media emergente a la revolución. La derecha y el gobierno sobrevivieron a la paliza inicial y comienzan a levantar cabeza de la mano de la opinión pública. Debilitada, con muchos tránsfugas que apostaron mal sus fichas y con oportunistas a la espera de determinar a cuál bando aproximarse. Nada nuevo en tiempos de crisis.

Fase III.- Ahora se lucha la batalla final: la Constitución y la última oportunidad de la izquierda institucional para salir con dignidad del embrollo en que se metió, y del PC y sus terroristas para imponer su dictadura chavista revolucionaria o al menos zafar con éxito y sobrevivir.

En este momento la lucha se está dando entre la “izquierda terrorista” que trata de continuar la via violenta y la “izquierda institucional” tratando de llevar la negociación de la crisis al Congreso y situarla en torno al cambio de la Constitución para imponer sus políticas socialistas. La parte más tibia de la derecha política sigue tratando de negociar, contra la voluntad de las organizaciones ciudadanas furiosas y en crecimiento. El Gobierno sigue como espectador.

Un escenario de esta batalla es el Estado, es decir, el Congreso, el Poder Judicial y el Gobierno. Otro son los medios de comunicaciones, con centro de gravedad en la televisión y las redes sociales. Existe un tercer elemento que ya parece más o menos resuelto: la eventual renuncia o destitución de Piñera.  La crisis económica que se aproxima será intensa y aguda a partir de estas fechas y por lo menos hasta fines del año 2020. Esta situación sería desastrosa para la izquierda institucional si se encontrara en el Gobierno. Tan conscientes están de ello que su estrategia se ha desplazado hacia el apoyo al gobierno para establecer el control del terrorismo callejero y social. A la derecha tampoco le conviene la caída de Piñera, menos a la ciudadanía. Podemos pensar que este escenario es poco probable, pese a los esfuerzos del Presidente y su entorno.

1.- Los medios de comunicaciones están siendo peleados activamente. La derecha le ha perdido la distancia a las redes sociales y ha incrementado su presencia y actividad. Gracias a su mayor educación y recursos intelectuales ha establecido una presencia sólida. La televisión, principalmente sus “rostros” están comenzado a marchar en reversa y a prepararse para los inevitables cambios que vendrán. Su rol ha sido funcional a la embestida del PC y sus dueños y controladores parecen haberse equivocado de caballo al iniciarse la carrera.

2- El Estado es el factor crítico. Como se sabe, el campo de batalla se ha instalado en el Congreso, con lo que el PC ha quedado excluido. En esta instancia los congresales de izquierda buscan alcanzar dos objetivos, mantener al Congreso como instancia útil y válida -para mantener su poder e ingresos- e imponer una Constitución que recoja sus preferencias socialistas. Los de derecha, buscan darle vida a la institución y tratar de debilitar la ofensiva socialista. Los intereses, preferencia y deseos de la ciudadanía no son actores ni son factores significativos que afecten al problema. No interesan a ninguno de los dos bandos partidistas.

3- El Congreso es parte del problema no de su solución: sobredotado en número; sobre pagado; técnicamente incompetente; corrupto; con miembros de baja calidad moral e intelectual; muchos de ellos envueltos en diversos negociados, corruptelas y máquinas de poder que han explotado al país por muchos años en forma obscena. Sufren de un desprestigio profundo que se refleja en su muy baja aprobación ciudadana, no representan a sus electores, los desconocen y nunca se han aproximado a ellos desde su elección.  Muchos de ellos -algunos muy locuaces y de alta exposición pública- han llegados a sus cargos con votaciones irrisorias y despreciables.

¿Podría un Congreso de esta calaña producir una Constitución válida, legítima, aceptable, eficaz?. No parece posible. Peor, la mala noticia para la izquierda revolucionaria del PC es que esto se manejará como una “cocina” que ya está funcionando y en la cual ellos no estarán presentes y “los independientes” no serán tales sino que miembros de la misma trenza de los políticos institucionales del Congreso.

Parece evidente que una reforma profunda del Congreso es imprescindible antes de comenzar a tratar el asunto Constitucional: reducir sustancialmente el número de sus miembros; eliminar sus prebendas; exigir calidad técnica mínima; una calidad moral comprobada -por lo menos que no hayan delincuentes- y que efectivamente representen el sentir de sus electores, y en este momento histórico, principalmente frente al cambio Constitucional que se propone, ninguno de ellos representa nada.

No tiene nigún sentido continuar con los afanes negociadores en un lugar, una institución, sin legitimidad, prestigio ni autoridad. Son parte del problema.

El Ejecutivo y el Poder Judicial El Gobierno tampoco representa a nadie. Elegido para llevar a cabo un programa, está haciendo lo opuesto, su incompetencia ya nadie la discute, mejor que administre al pais lo mejor que pueda mientras se renueva el Congreso y el Poder Judicial, respecto al cual no es mucho lo que hay que decir para demostrar que no vale nada. Nunca ni un solo Fiscal se ha hecho presente en los miles de robos, asaltos, pillajes, ataques con bombas, incendios y toda suerte de crímenes, para intentar determinar la identidad de sus hechores, una Poder Judicial que a un mes del inicio de los atentados y crímenes terroristas un no investiga nada que ayude a detener la criminalidad rampante que asola al país. La dupla Congreso – Poder Judicial han hecho de la justicia un mal chiste, una broma pesada, en que los inocentes son olvidados y a veces castigados y los culpables circulan impunemente por las calles y pasillo de instituciones “respetables”.

El estado Chileno, en pleno, es incapaz de proponer a la ciudadanía una Constitución aceptable, eficaz y duradera. No es capaz de producir un documento legítimo, representativo ni creíble. Lo único aceptable es que no interfiera en su renovación completa y total a la brevedad y despeje el camino para que personas intelectual y moralmente idóneas se hagan cargo de un proceso constitucional serio y digno de un pais como Chile, que culmine con su aprobación bajo otro Presidente de la República.

El actual Estado de Chile solo podría proponer una“CONSTITUCIÓN PARA LA POBREZA SOCIALISTA”.

29 de Noviembre de 2019

Los derechos humanos en días feroces

Carlos Peña en una columna bajo este mismo titulo, publicada el día 24 de noviembre, hace una dura crítica a los Comandantes en Jefe de las tres instituciones armadas, que hicieron pública una respuesta al informe de Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos en el control de los actos incendiarios, de terror y destrucción perpetrados este mes en la cual esa organización denuncia una violación generalizada de dichos derechos por parte de las FFAA y de Carabineros de Chile.

Peña parece analizar toda esta situación desde una óptica ideal, normal y rutinaria. La realidad vivida por todos los chilenos nos muestra una situación completamente alejada de ello.

Tenemos un Ejecutivo que ha demostrado un lamentable retraso e impresición en la toma de decisiones y una conducta dificil de entender al invitar a una organización claramente antagónica con sus ideas y responsabilidades políticas para evaluar el comportamiento de las FFAA y Carabineros en esta lamentable coyuntura.

Amnistía Internacional, por su parte, en un momento de descanso de sus importantes tareas, permite que sus funcionarios jueguen a que cada impacto que alguno de ellos da a la bola de papel con la que se divierten, lleva consigo la muerte de un “fascista”. Esta conducta aberrante confirma su falta de idoneidad e impacialidad.

No voy a analizar una a una las aseveraciones de Amnistía Internacional ni la interpretación que Peña hace de ellas, lamentablemente, en el ambiente emocional en que los chilenos nos desenvolvemos, sería inconducente.

Me limitaré a comentar, brevemente, la aseveración de Peña, sic: “Las Fuerzas Armadas (además de revelar una mala comprensión de lo que

los derechos humanos significan en un Estado democrático y constitucional) viene a confirmar un aspecto de su cultura que se ha venido manifestando hace ya bastante tiempo: el corporativismo, la idea, extendida poco a poco entre sus miembros, que ellos conforman un cuerpo con intereses propios distintos a los del resto del Estado, intereses que ellos serían los mejor capacitados para juzgar. Esa cultura resulta incompatible con la subordinación que deben al poder civil que es, mal que les pese, el único autorizado para deliberar si acaso el comportamiento que han tenido durante todo este tiempo es o no correcto, si se ajusta o no a lo que el mismo poder civil dispuso”. Fin de la cita.

Las afirmaciones de Peña son intepretativos de una situación y creencias presuntamente existentes en las FFAA que él supone o imagina, o mejor, que reflejan sus prejuicios arraigados en situaciones históricas mucho más complejas y antiguas.

Como es también de público conocimiento las instrucciones y directivas del Gobierno -de éste y de todos los anteriores-  son, normalmente, confusas, indefinidas y pobres. Tanto es así que en 30 años de democracia, ningún gobierno ha sido capaz de producir una Política de Defensa que dé directivas de la forma en que las FFAA deben cumplir sus misiones. La función adivinatoria e intuitiva de las FFAA ha sido puesta a prueba diariamente 10.950 veces en este lapso. El que las FFAA deban actuar en “subsidio” (palabra maldita) de la incompetencia de sucesivos gobiernos democráticos y constitucionales es una realidad, le “guste a Peña o nó” como dice al referirse a las FFAA. Eso explica esa anomia que Peña califica de “corporativismo”.

Respecto a derechos humanos me limitaré a pedirle a Peña que en una próxima columna despeje un problema que hoy inquieta a los militares, el tema de los causantes de las violaciones de derechos humanos, y a través de ello, la cuestión de la naturaleza misma de estos derechos. ¿Los derechos humanos, por su concepto intrínseco, son vinculados exclusivamente a la acción de los Estados? ¿O son, al contrario, algo que está amenazado por distintos actores sociales, ante todo por los grupos alzados en armas o terroristas?

Atentamente

Carta enviada a El Mercurio de Santiago el día 23 de Noviembre.