REGLAS DEL USO DE LA FUERZA o el Arte de Mentirse a si Mismos

La Constitución vigente, copia casi al pie de la letra normas válidas hace siglos pero actualmente obsoletas y las copia porque le permiten a las autoridades políticas de hoy eludir la responsabilidad de sus decisiones. En efecto es evidente que durante el siglo XIX y XX, las fuerzas enviadas a imponer el orden en una Oficina Salitrera en Iquique no podían ser controladas por el Presidente desde Santiago pero ya no es así. Convendremos que en el siglo XXI, el Presidente puede ver, incluso con mas detalles que militar al mando, lo que está sucediendo en el lugar de  los hechos e intervenir con sus juicios, análisis, comentarios y críticas al militar en la escena y que el enjuiciamiento y desautorización de lo obrado, a conveniencia del político, también es de rutina.

Una fuerza militar, particularmente las de infantería, es un conjunto de hombres y armas que tiene por objeto producir el mayor daño posible sobre el enemigo mediante el uso de armas crecientemente precisas, letales y livianas. El enemigo está estructurado y armado en forma completamente opuesta, su objetivo es producir efectos políticos vía impacto mediático. Ambos bandos pretenden conseguir un objetivo táctico, propio y diferente para cada cual. Al costo que sea necesario.

La medida de efectividad militar es el complimiento de su tarea; el número de bajas, propias y del enemigo, es lamentable pero ellos no constituyen factores decisorios, de la misma manera, la destrucción material. En otras palabras, en el combate, la destrucción y la muerte son elementos componentes pero no determinantes. Uno de los muchos errores fatales de R. Mc.Namara en la Guerra de Vietnam fue tratar de medir el éxito militar en términos de muertos y material militar destruido. Era un “ingeniero” muy inteligente pero un líder militar incapaz.

El insurgente, por su parte, combate para producir imágenes, efectúa una actuación para las cámaras de los medios de comunicación social, la violencia tiene un rol “artístico” y las imágenes de los muertos, los heridos y la destrucción material son todo.

En las operaciones de seguridad interior, la Policía y las FFAA tienen dos situaciones radicalmente diferentes: para los primeros la limitación de las bajas y la destrucción son fundamentales, su función es altamente política; para los militares son accesorias y la medición de la efectividad de sus acciones son los resultados. Esta es la razón de la existencia de uno y otro tipo de fuerzas del Estado.

Las fuerzas militares en el combate urbano están conformadas por un número reducido de soldados, armados y equipados para obtener una gran capacidad letal y de destrucción física. Los amotinados, por el contrario, son muy numerosos en cuanto a la cantidad de personas y equipados con pocas armas efectivas y vestuario muy vistoso.

Es una lucha muy desigual. Los militares, al emplear sus armas, producirán muchas bajas y si no las emplean serán sobrepasados por la multitud y abrumados moral y mediáticamente. Los amotinados se organizan y crean tácticas para evitar que los militares puedan usar su superioridad militar. Dicho de otra manera, las organizaciones mediáticas y las acciones que inhiben a las tropas militares a emplear sus armas son parte sustantiva de la táctica del enemigo. Los militares por su parte, están organizados, equipados y entrenados para hacerlo con la mayor letalidad posible y cuando lo hacen, su letalidad derrota y hace huir a los vándalos.

Es por eso que los Gobiernos deben considerar cuidadosamente su determinación de emplear fuerzas militares en la seguridad interior. Un fusil militar está diseñado para arrancar un brazo, una pierna o hacer un agujero de 30 centímetros de diámetro en un estómago. Una fuerza militar vence cuando quiebra la voluntad de su oponente mediante la violencia. Le quiebra la voluntad o el físico. Un tanque en la calle solo puede hacer dos cosas: Disparar su cañón y destruir una casa o despanzurrar a una persona con sus orugas. Nada más (y nada menos), y ambos bandos lo saben. Es famosa la foto de un hombre desarmado parado frente a una columna de tanques -deteniéndolos- en la Plaza de Tiananmen, en China.

Si el Gobierno y la ciudadanía quieren pensar otra cosa y actuar como si la situación fuera diferente, están auto engañándose miserablemente.

Así las cosas, los ocho “principios” que sustentan a las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), son inaplicables:

-Principio de legalidad: “Usar la fuerza en conformidad al ordenamiento jurídico. Y atendiendo a un objetivo legítimo”. Esto es tarea y responsabilidad del Gobierno al disponer el empleo de fuerzas militares. Las fuerzas está “en uso” cuando se dispone su empleo y el objetivo también lo determina él.

-Principio de necesidad: “Usar las Fuerzas solo cuando sea estrictamente necesario”. Es responsabilidad y decisión del Gobierno.

-Principio de proporcionalidad: “Usar las fuerzas solo cuando sea estrictamente necesario para cumplir el objetivo de la consigna”. La consigna la determina el Gobierno y los militares deben determinar y alcanzar el objetivo que la materializa. No pueden cambiarlo ni incumplirlo. Es también tarea y responsabilidad del Gobierno. Debido a la diferente naturaleza de sus formas de lucha, el desequilibrio está implícito cuando el Gobierno dispone el empleo de fuerzas militares para imponer su autoridad.

-Principio de gradualidad: Si el empleo de las fuerzas militares ocurre cuando las fuerzas policiales fueron sobrepasadas, parece evidente que “la comunicación, persuasión, negociación y empleo de armas disuasivas” ya perdieron su validez, por lo demás, hacerse cargo de una situación en que las fuerzas propias (en este caso los Carabineros) fueron derrotadas, se requerirá un gran empuje y violencia para recuperar la iniciativa e imponerse a una turba enardecida por su primera victoria. Una segunda y sucesiva derrota de las fuerzas del Gobierno derivarán en un aumento exponencial de la violencia y agresividad de las turbas.

-Principio de responsabilidad: “El uso de la fuerza, fuera de los parámetros permitido por la ley, no solo conlleva las responsabilidades individuales por las acciones u omisiones incurridas, sino, cuando corresponda, también las demás establecidas en el ordenamiento jurídico”. Parece evidente que el responsable final es el presidente de la república desde que determina la participación de las fuerzas militares y establece su consigna, es decir cual es la situación que deberán establecer, determinando así el uso de la fuerza.

– Los principios de “Deber de advertencia”; “Deber de evitar el daño colateral” y “Legítima defensa”, parecen agregados convenientes para cuando se inicien las investigaciones después de un evento con bajas, destrucción y escándalo, es decir son de utilidad -ex post- para que las autoridades afectadas puedan basar argumentaciones jurídicas según sea necesario y conveniente para deshacerse de su responsabilidad.

El Artículo 3ª del Decreto entra en las reglas concretas.

Dispone 9 reglas, todas de sentido común, excepto las reglas Nº 8 y 9.

La Regla Nº 8 dispone usar las armas de fuego en legítima defensa, de acuerdo a lo establecido en el Código Penal y el de Justicia Militar. Parece evidente que si el Gobierno desea que las fuerzas militares actúen solo en defensa propia, sin tomar acción positiva para restablecer el orden y contener la violencia y destrucción, la decisión obvia habría sido no llevarlas al lugar de la confrontación.

La Regla Nº 9.- “Usar las armas de fuego como último recurso, cuando las medidas anteriormente señaladas resultaren insuficientes … y sólo en el caso de enfrentamiento con personas que utilicen o se apresten a utilizar armas de fuego u otras armas letales … las reglas anteriormente señaladas no obstan a la aplicación del Código Penal y del Código de Justicia Militar, entendiéndose que forman parte de la normativa aplicable”, son solo retórica auto exculpatoria inútil.

No tengo razones para pensar que lo que considero deficiencias de este Decreto sean aceptables para todas las personas, también estoy consciente que en materias así de sensibles puede haber y hay muchas y diversas opiniones pero sostengo que la experiencia muestra que existen algunas tendencias, en quienes dictan las leyes sobre materias delicadas, a hacerlas de manera idealista, en una perspectiva teórica, con puertas traseras y laterales que les permitan derivar las culpabilidades y responsabilidades hacia escalones mas bajos en la jerarquía ejecutiva y una esperanzo oculta pero perceptible, que ellos mismos no se verán necesitados de aplicar las reglas que inventaron sino para apretar y culpar a otros cuando lo hagan.

Creo que el mejor empleo de las fuerzas militares en seguridad interior es no emplearlas, pero si fuera imprescindible, comienzan por haber educado a la ciudadanía, en la teoría y en la práctica, en la convicción de que es mucho mas conveniente para todos, obedecer lo que las Fuerzas Militares desplegadas les ordenen, no intentar doblegarlas por la violencia y cumplir estrictamente las leyes, por cuanto ese comportamiento racional permitirá a la ciudadanía regresar a una manifestación sin violencia física, sin destrucción y sin daños a terceros inocentes. En breve les permitirá hacer una demostración de sus quejas y exigencias y no un levantamiento violento contra el estado.

Las medidas para controlar militarmente un comportamiento civil cuyos actores intentan que sea violento, maligno y opuesto al estado, no solo es ineficaz sino contraproducente. La disuasión antes de los hechos y la acción violenta y decidida cuando los hechos están fuera de control es la única respuesta racional, y la gran mayoría de los ciudadanos así lo entienden y aprecian. Años de prédica desde algunas tendencias políticas que emplean la violencia como forma de acción política, no han impedido que un altísimo porcentaje de la ciudadanía siga teniendo fe, confianza, respeto y cariño por las FFAA, Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones. Todas las encuestas así lo muestran, reiteradamente.

Nunca se debe olvidar que la derrota de las Fuerzas Armadas por parte de las turbas, significa el fin del Estado y el comienzo de la Guerra Civil.


TENEMOS PROBLEMAS, TENEMOS OPORTUNIDADES

Estamos en una crisis, tenemos problemas que abren muchas oportunidades ¿sabremos aprovecharlas?.

Soy de la generación de chilenos que nació y se crió en un país pobre, muy pobre. Con niños descalzos y desnudos, con una parte sustantiva de su gente desnutrida, con personas que, al atardecer, pasaban descalzos por las casas, vestidos con andrajos y con un tarro en sus manos, pidiendo las sobras de la comida.

Fue el Chile de la pos crisis de 1929 / 30 y 31 que casi nos destruyó y que llevó al Gobierno de Ibañez a establecer una política económica cerrada, de sustitución de importaciones ya que no vendíamos nada que pudiera sustentar las importaciones. Se suponía que sería breve, no lo fue, derivó en una política económica oligopólica, ineficiente, protegida y corrupta. La pobrezó llegó y se instaló. El socialismo se ofreció como una solución y fue peor el remedio que la enfermedad.

Vino la revolución militar y luego el gobierno de la izquierda renovada: se reabrió la economía al comercio mundial, se estimuló la libre competencia y se liberó el emprendimiento. Creímos que ya todo correría sobre rieles, automáticamente. Creímos que para el año 2010 seríamos desarrollados, con un PIB de varios miles de dólares por encima del de fines del siglo XX, que el crecimiento llevaría a una mejor distribución del ingreso y que el mercado solucionaría los problemas automáticamente. No lo hizo, la descomposición populista del Estado, la incompetencia del Congreso y sus políticos, del Poder Judicial, y la corrupción de los empresarios coludidos para aprovecharse de los consumidores mostró que no era así.

La reacción socialista fue caer en el error de pensar que el crecimiento no era tan importante, porque lo que importante era la distribución y comenzaron los bonos, las subvenciones, las dádivas y mas corrupción y mas crecimiento del Estado. Bajó el crecimiento económico, se frenó la movilidad social y decayó el nivel de vida, bajó el empleo y la llegada de más de un millón de inmigrantes empeoró todo. La esperanza puesta en la ampliación del acceso a la educación tuvo un éxito limitado: no llevó a los nuevos profesionales al nivel que tenían los que los precedieron en su ingreso al mercado. Terminaron cesantes y endeudados, con profesiones de baja calidad y empleabilidad y con una tremenda frustración personal, con amargura.

¿Qué falló?

El problema de base fue la descomposición del Estado y de la moral pública. Creo que la institucionalidad estatal está enferma de muerte. Nació en una época ya pretérita y no ha incorporado los cambios sociales, económicos, políticos, tecnológicos, geopolíticos ocurridos en el último medio siglo. Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y  Judicial han conformado una oligarquía anticuada, autoreferente y anquilosada, con formas, rituales, intereses de grupo, personales, familiares y corporativos, procedimientos y fines que satisfacen las necesidades y preferencia de sus miembros, pero que ignoran por completo a la ciudadanía.

Un ejemplo viviente en estos días es el debate para hacer una Nueva Constitución. El reclamo de la ciudadanía ante deficiencias graves en temas como las pensiones, los sueldos, el endeudamiento de las personas, la salud, la educación, el cambio climático, el transporte público y otras demandas concretas se resuelven en el ámbito legislativo y podrían ser enfrentadas desde ahora mismo, sin embargo, han terminado transformadas en un debate prolongado, innecesario e idológico que retardará hasta en dos años el comienzo de la satisfacción las necesidades reales de los ciudadanos. Todas las materias que interesan a los chilenos, pueden y deben ser enfrentadas ahora,  resolviendo en el proceso aquellos aspecto en que las disposiciones Constitucionales entorpezcan su diseño o tramitación, mediante modificaciones puntuales.  Los caprichos de las oligarquías políticas que administran deficientemente el Ejecutivo y el Poder Legislativo no pueden ser más importantes que las realidades de la vida de las personas.

El Poder Judicial, por su parte, ha derivado en una casta que se auto genera, en medio de luchas internas alejadas por completo de la aplicación y perfeccionamiento de la justicia, con asociaciones y relaciones ilícitas con actores políticos y comerciales y con la adscripción de algunos de sus miembros a idelogías políticas y filosóficas pretéritas a las que siguen fieles. La prevaricación y el abuso de los DDHH de los Militares y Policías, aplicados en sede judicial, no son tolerables. La falta de imparcialidad no puede continuar. La incompetencia de las Fiscalías impide que haya justicia.

Parece evidente que la disyuntiva entre un régimen socialista estatista o una alternativa liberal egoísta, individualista y dominada por minorías opresivas, no es lo que nos interpreta como sociedad. Nos alejamos de la libertad y abandonamos la justicia y la solidaridad.

Medidas fundamentales para salir adelante

Paz y Convivencia social. Este es un problema prioritario, complejo y pluricausal, que debe abordarse en forma urgente por parte del gobierno y debe enfrentarse desde tres lados:

– Dar a todas las persona los medios, la oportunidad y las vías para integrarse a la sociedad para su búsqueda de los fines sociales y personales establecidos como aceptables. Esto implica especial atención a los profesionales frustrados, el apoyo para la complementación o reconversión de sus habilidades, su reinserción laboral para alcanzar niveles de vida dignos y comparables a su esfuerzo.

– La sociedad no puede existir si los Deberes y Derechos no son establecidos, cumplidos y respetados, simultáneamente y sin excepción, por todos los miembros de la sociedad.Exigir, a todos, siempre, en todo lugar y circunstancia el cumplimiento de las reglas de comportamiento legal, personal y social.

Recuperar la soberanía ciudadana. Chile ha llegado al final de un camino en que las oligarquías políticas, asociadas con algunos detentadores del poder económico, han monopolizado la soberanía ciudadana y en ciertas materias y circunstancias, usan y abusan de su poder, en desmedro de la clase media. Es urgente restablecer -y si es necesario imponer- la solidaridad, la responsabilidad social y ejercer supervisión -correspondiente al principio de subsidiaridad del Estado-  sobre la forma en que ambos grupos realizan sus actividades.

Gestión Económica Chile necesita muchos empresarios, necesita su iniciativa, creatividad, laboriosidad y audacia y creemos que han hecho, y deben seguir haciendo, un aporte fundamental al crecimiento económico nacional.

– Los grandes empresarios han sido beneficiarios de la subsidiariedad y tenido un apoyo sustantivo a sus actividades, por parte del Estado y de la sociedad en su conjunto. Ha llegado la hora de exigirles, en retribución y solidaridad, un aporte económico mayor y que el Estado, como contrapartida a la subsidiariedad que les proporciona, exija su solidaridad, lealtad y compromiso con la pequeñas y medianas empresas, con sus trabajadores y con la ciudadanía y contribuir a la acción mancomunda de todos los emprendedores de Chile.

– El Estado no puede renunciar a ejercer un rol indicativo, y excepcionalmente ejecutivo, de la dirección, estímulo e intensidad del avance en el desarrollo de la infraestructura, los sectores tecnológicos y productivos mas relevantes para la sociedad y la economía, y de exigir la correcta materialización de esas actividades mediante la supervisión y evaluación constante, pública, completa y efectiva de los ciudadanos, empresas e instituciones.

Institucionalidad Política– Durante los últimos decenios, las instituciones políticas, particularmente los partidos políticos y sus representantes en el Congreso, han conformado una oligarquía que ha dejado de representar a los ciudadanos y se ha autonomizado para la satisfacción de sus propios intereses. Ya no es mas aceptable.

– Las condiciones tecnológicas de manejo de la información, de mayor educación de la ciudadanía y de supervisión y control, posiblitan un cambio culitativo de la organización y gestión de las instituciones del estado que devuelva la soberanía a los ciudadanos, que restituya a los representantes políticos a su condición de mandatarios de los primeros y los sustraiga del control de la oligarquías partidarias y de las influencias económicas de particulares.

– Las condiciones salariales, laborales, de privilegios, de prebendas, asignaciones y la incompetencia técnica y deficiente nivel cultural de los parlamentarios se han vuelto intolerables y el sistema parlamentario debe ser sometido a una revisión y cambio profundo.

Seguridad y cumplimiento de la ley. La sociedad chilena es presa de una creciente anomia. En nombre de la democracia y la autonomía personal se está produciendo una creciente desviación de la ciudadanía hacia conductas negativas como el crimen; la delincuencia juvenil; el tráfico de drogas y la drogadicción; la violencia doméstica; la violencia política y social; la ruptura familiar; el suicidio; los desórdenes mentales y el alcoholismo que en definitiva potencian el colapso de la gobernabilidad e impiden una vida social sana, respetuosa y segura.Este es un problema complejo y pluricausal, que nuestro juicio, como se señaló, debe enfrentarse desde tres lados:

– Generar las condiciones y estimular la integración de todas las personas a la vida en sociedad, respetando los márgenes de su libertad y preferencia personales, ejercidos en el marco de las leyes.

– Exigir el cumplimiento de las leyes. En este sentido, en Chile se aplica mas rigor en los pequeños crímenes que en los mayores. En efecto, los delitos económicos, de corrupción, de abuso de poder, de abuso de acceso a información privilegiada, de prácticas monopólicas o de concertación dolosa dañan a mas personas y mas gravemente que otros como robos y hurtos menores. Sin mencionar el grave daño a la cohesión social. La pena de cárcel debe incorporar el castigo según la gravedad social del delito.

– Alcanzar un grado aceptable de seguridad y paz basado en leyes universales, eficaces, aceptadas y respetadas, requiere urgentemente un Poder Judicial de mayor calidad de su personal, tecnológicamente actualizado, imparcial, oportuno e independencia que el actual, lo que implica un proceso de largo aliento, cuyas líneas generales deben ser debatidos en forma urgente y aplicados en forma inexorable. También requiere una atención preferencial por parte del estado.

Actividades antidemocráticas. Para asegurar el libre ejercicio de la democracia y controlar a sus enemigos, debe prohibirse la participación política y sindical de los grupos o personas que promuevan o hagan uso de la violencia para la obtención y uso del poder; que promuevan los conflictos sociales, de clase o laborales, para la conquista y el ejercicio del poder; que intenten atemorizar a grupos o personas en vista a doblegar su libertad y participación. Que atenten, interfieran o traten de debilitar la libre práctica de la religión, sus actividades públicas y sus lugares de culto y de significación. Tampoco podrán participar en partidos, grupos, clubes u otras organizaciones políticas o sociales ni difundir públicamente sus postulados e ideologías. Son medidas de autoprotección democrática que han sido descuidadas con grave daño para la sociedad.

Es hora de pensar con creatividad y realismo

¿QUÉ ALTERNATIVAS ESTÁN EN JUEGO EN CHILE?

El fragor de la batalla a la que nos han arrastrado errores y pecados cometidos por las elites política, empresarial y social chilena nos desordena el panorama y entorpece el análisis sereno de la situación. Por eso es conveniente revisar las razones de fondo que originan el conflicto en curso y cuales son los objetivos de cada bando.

Los bandos en pugna en Chile tienen objetivos políticos diferentes que, al ser conseguidos, harán que nuestro país se organice de una forma u otra, lo que determinará nuestro futuro integralmente.

Básicamente las alternativas son cambiar: a un Estado Social; continuar con un Estado Subsidiario o sumergirnos en una Revolución Cultural radical.

El Estado Social es un sistema que apunta a garantizar y potenciar ciertos “derechos” que se consideran imprescindibles para que las personas desarrollen todo su potencial como ciudadanos: Salud; Educación; Trabajo; Vivienda; Jubilación; Cultura; Protección a los desvalidos; Medio ambiente; Asistencia jurídica y varios Derechos Sociales, como integración social, redistribución de renta y compensación de las desigualdades. Todos ellos garantizados en la legislación y exigibles por parte de todas las personas. El Estado Social, al menos en teoría, se ve como un estado intervencionista que regula el capitalismo y garantiza la primacía del bien común y la democracia.

En su aplicación a la realidad surgieron una serie de problemas, que no pudieron ser resueltos y hoy tensionan a Europa: Las demandas de los ciudadanos europeos crecieron sin cesar. Surgieron abusadores del sistema, como personas que hicieron de los seguros de cesantía y las licencias médicas una forma de vida. Los costos de la salud y de la previsión crecieron fuera de control. Los beneficios sociales estimularon la inmigración masiva y así se creó un desbalance entre los derechos establecidos para los ciudadanos y la capacidad de los estados para financiarlos.

En breve, el Estado Social está en crisis por la tendencia humana a trabajar menos y descansar más; a usar todas las oportunidades disponibles para obtener ventajas personales; a la tendencia de las autoridades a aceptar peticiones antes que rechazarlas, aunque sean insostenibles, y a su disposición a extraer recursos de las actividades productivas hasta hacerla no rentables o no competitivas.

El Estado Subsidiario por su parte, tuvo su origen en la Europa Occidental de la pos II Guerra Mundial y fue la reacción social a las experiencias fascistas y marxistas vividas durante ese conflicto. Esas sociedades rechazaron la intervención activa y directa del estado en el ámbito económico – social y reclamaron mayores espacios de libertad individual rebelándose contra los comisarios y gerentes designados por el partido nazi, fascista o comunista. Estas políticas se materializaron mediante el traspaso de empresas y bienes apropiados por el estado hacia los particulares, privatizándose importantes sectores de la actividad estatal, incluyendo los servicios públicos. Sin perjuicio de lo anterior se reconoció explícitamente que el Estado no podía renunciar a su función complementaria, exclusiva o concurrente con la actuación privada, en materia de previsión social, salud, educación, etcétera, cuando estas actividades no fueran cubiertas suficientemente por los particulares.

Así, el “estado subsidiario” quedó definido como: “un Estado que se hace cargo de aquellas funciones o actividades que, por su naturaleza (estrategias y/o bien común y/o monto de recursos requeridos), no pueden afrontar los particulares o no es aconsejable que así sea. La función del Estado se focaliza en el control de las reglas y normas en las cuales desenvolverse”.

Las críticas a este tipo de estado argumentan contra el abandono, por parte del estado, de actividades rentables y su entrega al sector privado, reteniendo las que dejan pérdidas. También se planteó que cuando se transfieren monopolios naturales al sector privado que solo aspira a maximizar el lucro, las necesidades sociales básicas quedan desprotegidas. La irresponsabilidad se extiende también a la protección ambiental y cultural. Se dice que el país necesita un Estado que sea capaz de emprender, sin limitantes, inversiones estratégicas, por ejemplo, en diversificación energética.

Como se puede apreciar, el problema clave gira alrededor de la definición del rol del estado, particularmente en cuanto a su capacidad / eficiencia en el emprendimiento y gestión directa, y la necesidad de que el estado haga una eficaz supervisión, regulación y control de actividades productivas de bienes y servicios por parte de los privados.

En Chile falló por el abuso de las elites políticas, económicas y sociales, la corrupción que causó o permitió, abusos, impunidad y prepotencia.

Cuando los gobiernos de la Concertación arribaron al poder se encontraron con un ordenamiento constitucional, implantado por el Gobierno Militar, que incorporaba la subsidiaridad como un principio rector del modelo de desarrollo económico, social y político, principio que no compartieron nunca. De hecho, cuando sus gobiernos contaron con los recursos necesarios, particularmente durante la segunda parte del gobierno de Lagos y durante todo el gobierno de Bachelet 2, se aplicaron a la construcción paulatina y de facto de un “estado social” paralelo al estado “subsidiario”, en los ámbitos judiciales, previsionales, de salud y otros. El problema grave en Chile estuvo en que esta falta de sintonía entre las preferencias políticas de casi todos los gobiernos y el tipo de modelo de desarrollo que estaban administrando, que sumado a la codicia y la corrupción de muchos actores privados coludidos con partes de aparato estatal y miembros de los Partidos Políticos y del Congreso, llevaron a un grave descuido de las funciones de “supervisión, regulación y control” imprescindibles para el correcto funcionamiento de un estado subsidiario. Esto agravado por la impotencia de la ciudadanía que nunca contó con los recursos de poder necesarios para exigir eficacia y honestidad a sus “representantes”, que en realidad representaban a los partidos políticos y grupos sociales o económicos.

La asociación dolosa de miembros de ambos poderes del Estado con empresarios privados corruptos, permitió la creciente concentración de importantes sectores de la economía; la implantación de prácticas abusivas en el retail; en la energía; en las Isapres; en las telecomunicaciones; en las AFP y la introducción ilegal del lucro en la educación – que estaba expresamente prohibido en la ley de educación que permitió la existencia de universidades privadas – y, emblemáticamente y pese a la “revolución de los pingüinos” el descuido del área educacional que por falta de supervisión y control estatal había generado las graves injusticias, insatisfacciones e ilegalidades que hoy estamos viendo hacer eclosión, causando la actual “indignación” de la gente.

El descuido y negligencia política de los que creen en un Estado con un rol subsidiario, provocaron que la gente se sintiera constantemente abusada y hoy corren el riesgo de ser desplazados, junto con su “modelo”.

La Revolución Molecular Disipada. El conflicto político creado por la deficiente gestión del Gobierno y del Estado en general, fue detonado por una insurgencia producto de una funesta combinación de preparación revolucionaria muy prolongada, bajo la mirada cómplice de los gobiernos y partidos de izquierda; por el abandono de la política en beneficio de los negocios, por parte de la derecha y por la trágica incompetencia del Ejecutivo.

Hoy se manifiesta, revolucionariamente y con extrema violencia, mediante “colectivos” y “asambleas”. En esta insurgencia podemos encontrar tres tipos de fuerzas: a) Los movimientos sociales (la horizontalidad es su componente básico); b) Los movimientos populares (introducen un componente de clase, como el FMR, el PC (AP), o los troskos); y c) Las fuerzas anarquistas y movimientos insurreccionales y delictuales y cuasi delictuales como las “barras bravas”.

Este bando aspira a una revolución cultural profunda y radical. Varios filósofos europeos de mediados y fines del siglo XX aportaron a una construcción destinada tanto a superar el “socialismo real” como a definir una “nueva política revolucionaria”, proponiendo la “fundación de otra política”, la cual debe conducir a “pensar y vivir de otra manera”, además de permitir la “recomposición del movimiento socialista”. Esta propuesta se “apropia de la subjetividad de las personas para permitir la “desestructuración del sistema de poder dominante”, lo cual implica conferirle un nuevo sentido a las cosas, para su reintegración como “nuevo poder”.

En términos actuales, Félix Guattari, su promotor original, sostiene que el fenómeno imperialista del sistema de “capitalismo mundial integrado”, debe ser resistido, confrontado, descompuesto y superado mediante una política de poder plasmada en una estrategia de “revolución molecular disipada”. Con este objetivo, las fuerzas revolucionarias proceden al “levantamiento de máquinas revolucionarias políticas, teóricas, (porno -) libidinales y estéticas”, cuyo objeto es el control y dirección del “inconsciente social”, esto es, del sistema cultural. De esta forma, la acción de “revolución molecular disipada” impulsa transformaciones sociales y políticas a gran escala y permite configurar un “nuevo modo de organización social y política”.

Georges Bataille, otro promotor de estas ideas, propone como preparación a “una vehemente y sangrienta revolución” el crear organizaciones cuyo fin fuera el éxtasis y el frenesí, el sacrificio de animales, las torturas parciales y las danzas orgiásticas de las religiones de fuego, sangre y terror. Centrado en el erotismo donde las escenas de sexo debían provocar sensaciones de repugnancia y horror. La exaltación de la crueldad lleva Bataille al límite extremo de la muerte en un “tormento de orgías… el goce de la tortura… (y) la práctica de la alegría frente a la muerte”. Los seguidores de estas ideas nos han llevado a sufrir un intento de revolución molecular (explosiones de violencia extrema, pequeñas, simultáneas, sin líderes visibles). No sabemos con certeza quién articula las acciones, ni cómo lo hace, carecen de jerarquías, vocero ni líder reconocible. Este sistema se inició con los movimientos estudiantiles del 2011(varios de cuyos miembros son actuales miembros del Congreso), se consolidó en los desmanes de larga duración en el Instituto Nacional y culminó el 18 de Octubre de 2019.

Este tipo de ideas son recurrentes entre los profetas que intentan una y otra vez insuflar nueva vida al agónico marxismo. Periódicamente se alza una nueva propuesta cada vez mas alejada de la realidad. Que un grupo de “hombres decididos” pueda derrotar a un ejército es cierto en Cuba, Venezuela, Nicaragua o Rusia, en que los revolucionarios fueron solo hienas que se comieron los cadáveres ya en descomposición del Estado que reemplazaron.