Cuando un problema no encuentra solución evidente es prudente revisar las teorías que tratan de explicar el fenómeno para lograr una mejor comprensión del mismo. Nuestra elite política está en crisis y ese es un fenómeno bien estudiado. Una parte mayoritaria de los hombres elegidos para regular los destinos de nuestra sociedad carecen de la eficiencia, honestidad, cultura y capacidad necesaria para regular los destinos de la sociedad independientemente de los regímenes políticos o tipos de gobierno que se vayan sucediendo.

Vilfredo Pareto, Gaetano Mosca y Robert Michels proponen una respuesta que parece ajustarse muy bien a nuestro problema: “cuando los hombres elegidos para dirigir y gobernar a las masas carecen de las virtudes y capacidades necesarias para ello, deben dejar el paso a otros mas capaces”.

En las democracias los pueblos se manifiestan y hacen valer sus intereses mediante la organización del sistema electoral que constituye su arma principal en la constante pugna entre ellos y la minoría dominante que llega al poder tratando de autonomizarse para manejar las cosas a su antojo. Para ello, esa minoría crea estructuras, desarrolla cualidades de manipulación y control de las fuerzas sociales además de conexiones y parentescos. Su éxito y su poder radican en que constituyen una minoría organizada en contraposición con una mayoría desorganizada.

En Chile esta pugna se resolvió hace años en beneficio de una oligarquía que se apoderó de los partidos políticos y de la representación popular, imponiendo los candidatos, repartiendo los fondos para financiar las campañas, ubicando a sus parientes, amigos y asociados en los cargos claves de la administración pública y coludiéndose con empresarios que financiaron todo el sistema, a cambio de acceso a su apoyo para proteger sus intereses y sobre todo, para asegurarse que el control que los políticos debería ejercer sobre sus actividades para garantizar la salvaguardia del interés nacional y del pueblo, no fuera ejercido.

La elite política actúa con base en la razón y el conocimiento, mientras que la no elite es impulsada primordialmente por los sentimientos. Para promover sus intereses y buscar apoyo la elite apela al elemento sensible de las masas. Así pudimos ver como una figura “maternal” supo conquistar al pueblo y conseguir su apoyo mayoritario. Las elites manipulan a las clases inferiores rindiendo un homenaje puramente verbal a sus sentimientos, recurriendo a la demagogia con el fin de tomar o conservar el poder.

En este sentido es notable el planteamiento de un ex – senador: “¿Qué quieren, que se vayan los políticos y vuelvan los militares?”. Doble falacia: lo que la gente exige no es que “se vayan los políticos”, sino que “se vayan estos políticos” y dejen el espacio para lleguen otros. Nadie ha propuesto que “vuelvan los militares”, pero es una amenaza que pone a las personas desprevenidas en posición mental de preferir a “los políticos que están” en el poder, aunque no sirvan. Si hubiera preguntado si quieren que vengan otros políticos, habría recibido un aplauso atronador, pero jamás haría esa pregunta ya que sus conexiones personales, familiares y de negocios con esos posibles nuevos políticos no existen –al menos por ahora-.

La sociedad avanza cada vez que la minoría gobernante mejora o es reemplazada por otra de superior calidad: por el contrario, si la clase dominante se hunde en la decadencia sin que ninguna otra minoría proponga una solución más adecuada para los problemas de la época, el resultado será el estancamiento o la lenta desintegración.

Ese es nuestro problema.

Para encontrar soluciones primero hay que reconocer algunos hechos:

Toda persona o grupo que tiene poder, de una u otra manera abusará de él. Inicialmente en forma recatada y discreta, luego en forma desvergonzada. Por eso es imprescindible que toda persona o grupo con poder esté sometida a un control y a un mecanismo de equilibrio. Es lo que los anglosajones llaman “controles y equilibrios”. Elementos que fueron jibarizados paulatinamente en nuestro ordenamiento político hasta hacerlos inoperantes o eliminarlos. Un caso notable es el “lucro en la educación”. La ley promulgada por el Gobierno Militar decía que los sostenedores debían ser organizaciones sin fines de lucro. Esto fue “olvidado” por mas de 40 años, mientras muchos políticos, sus amigos, familiares y partidos, lucraban con universidades, colegios, CFTs y hasta jardines infantiles. Y nadie, nunca, preguntó o exigió que se cumpliera la ley.

Los empresarios no son los principales culpables de la corrupción, son los políticos. Ellos fueron o enviaron a algún representante a pedir dinero y los empresarios solicitados se lo dieron. Pero el delito es de los políticos. Es como si alguien que viola la ley del tránsito ofrece dinero al carabinero para que no le curse la infracción: si el carabinero acepta, es culpable; si no la acepta y no denuncia al transgresor por intento de cohecho, también es culpable. El chofer podrá ser también sancionado, pero la iniciativa y el control de la transacción siempre está en las manos de la autoridad contralora. De los políticos.

Los políticos, mediante el expediente de solicitar dinero a algunos empresarios se independizaron del control popular, ellos pudieron designar a los candidatos y decidir a quienes financiar las campañas y a quienes no y así adquirir el control total de los partidos y del poder político en el Congreso. En esta situación, teniendo dinero en cantidades significativas, los electores pasaron a ser consumidores, ya no hubo que explicarles que querían hacer en sus cargos ni dar explicaciones de sus ideas, las campañas políticas se transformaron en campañas de publicidad, de marketing, de vender un candidato con las técnicas desarrolladas para promocionar helados o detergentes. De esta manera los “debates” políticos se empobrecieron hasta ser parodias penosas en que cada interlocutor decía lo que quería, ponía limites y reglas a las preguntas y no contestaba lo que se el preguntaba. Fue un show y ni siquiera uno bueno.

Una vez conquistado el poder, los elegidos entraban a la gloria: ellos se auto designaban sus sueldos y gastos; ellos decidían su presupuesto corporativo y como se gastaba –incluyendo cafeterías exclusivas a todo lujo- ; en casos extremos se cubrían unos a otros mediante “comisiones investigadores” ridículas que nunca llegaron a nada. Cometieron delitos que muchas veces quedaron impunes y se aprovecharon sin recato de su influencia.

El error fue que los actores políticos olvidaron que la sociedad estaba en proceso de cambio, rápido y profundo, y que exige castigo a las personas e instituciones que actúan incorrectamente. La elite política quedó detrás de la gente, sobrepasada. Engordaron tanto que no pudieron correr y los pillamos.

Pero la decencia existe y los chilenos pueden reconocerla: los tribunales de justicia parecen estar salvándose del castigo público, mientras que el Poder Judicial es castigado y visto como una institución distinta. Los militares, Carabineros, la Policía de Investigaciones, mantienen sus niveles de confianza, incluso aumentándolos. Las radios cuentan con más de la mitad de los chilenos con confianza en ellas.

¿Cómo salir adelante?

Obviamente en forma democrática. Con la voz de las mayorías dictando los lineamientos que regulen nuestra convivencia en el futuro.

En mi modesta opinión, creo que la clave está en la eliminación de la oligarquía política que se ha apoderado de los partidos y del congreso. Un expediente es limitar drásticamente las reelecciones. Un máximo de dos reelecciones no consecutivas para presidentes de partidos y miembros de la mesa directiva, diputados y alcaldes. Un máximo de una reelección no consecutiva para senadores. Inamovilidad de los cargos obtenidos por el concurso de Alta Dirección Pública. Información abierta y pública de todo tipo de donaciones y aportes privados a la política. Control de gastos electorales, reales y estrictos por parte de un Servicio Electoral autónomo. Democracia interna en los partidos políticos, con elecciones internas obligatorias controladas por el Servicio Electoral.

Me parece imprescindible crear dos puestos elegidos y de control autónomo: Un Contralor del Congreso, que determine los sueldos, dietas y asignaciones a los parlamentarios; que controle al uso de los recursos de todo tipo asignados al Congreso por el fisco y un Defensor del Pueblo, que reciba e investigue las denuncias de los ciudadanos respecto al incumplimiento de la ley o de la ética por parte de los parlamentarios, en su vida privada y pública; la ausencia o ineficacia de la fiscalización parlamentaria a empresas y actividades de privados, que afecten al interés nacional o a la comunidad. Que controle y regule el tránsito entre los cargos políticos y las actividades empresariales privadas de los parlamentarios, así como las relaciones de parentesco entre los postulantes a los diversos cargos, puestos, concesiones, becas y beneficios que entrega el estado, en los cuales parlamentarios y el gobierno deciden o influyen al respecto.

El fondo del problema no es dictar mas reglas ni delimitar mejor las fronteras entre lo público y lo privado, sino que obligarlos a cumplir las normas existentes y las que se creen, reemplazar a los miembros de la actual oligarquía política y someter a sus reemplazantes, desde el comienzo del ejercicio de sus cargos, a controles y equilibrios que los ayuden a mantenerse dentro de la ley y la moral y a asumir que son los servidores del pueblo y no sus amos.

La estructura básica parece ser un sistema con partidos políticos y Congreso abiertos, representativos, democráticos, bajo control; sujetos a fiscalización ciudadana a través de funcionarios de su confianza (elegidos), el resto vendrá por añadidura.