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La Izquierda, la Violencia y Carabineros de Chile

El 11 de diciembre recién pasado, la Defensora de la Niñez, Patricia Muños, escribió en Twitter: “Otro niño, de 16 años, entrando en la posta central por lesión con lacrimógenas …debo reconocer que me gustaría ver al gabinete completo, con las caras de pena que estoy viendo ahora (por la sanción política al ex Ministro Chadwick), pero por los niños víctimas  de la brutalidad policial”.

El reciente discurso de la Sra Muñoz, funcionaria estatal chilena, apunta a persuadir a los lectores que primero, la persona afectada por un herida en la cara era un niño, en circunstancias que una parte importante de los políticos quieren darles derecho a voto, es decir a concederles juicio y capacidad de discriminación; segundo; que fue herido por una bomba lacrimógena, es decir, en una acción “represiva”; tercero fue víctima de “brutalidad policíaca” y cuarto, por una “acción violenta desproporcionada”.

Se puede apreciar con claridad el esquema ideológico de una izquierda que sigue firmemente anclada en el conflicto iniciado por la Unidad Popular y sus movimientos revolucionarios en 1970, que se prolonga hasta hoy, sin resolverse. Escuchar los discursos y leer los planteamientos de los revolucionarios actuales es transportarse a la década de los ´80.

Mas tarde retwitteó “Información inicialmente recibida desde el lugar no se condice con lo que niño, afortunadamente, fue capaz de relatar a los médicos porque está consciente y referiría una pedrada y no una lacrimógena, por lo tanto no se trataría de una agresión de Carabineros de Chile”

En esta retórica es perfectamente distinguible que, en la cabeza de la señora Muñoz, está firmemente establecida la confrontación “democracia vs autoritarismo”; “gobierno militar vs gobierno civil”; “lucha por la  libertad vs opresión”, “pueblo vs dictadura” y que, naturalmente la corrección, la decencia y la moderación reside en el pueblo que se manifiesta y la brutalidad en los Carabineros que “reprimen”. Olvidando que el “tirano” actual, el “dictador” que oprime, fue elegido por los chilenos por amplia mayoría hace solo dos años.

En este contexto no es dificil comprender la dificultad de los políticos de izquierda para situar el rol de Carabineros de Chile en el rol de la preservación del orden y la seguridad democrática de Chile en el año 2019, ni el trauma del Presidente Piñera, de raigambre democristiana, abominador del Gobierno Militar y crítico de los “cómplices pasivos”. Desde esta perspectiva su desconfianza, temor y antagonismo hacia la función de seguridad interna – y hacia Carabineros de Chile, su instrumento por antonomasia- está asociada a la épica juvenil y formación ideológica temprana de su generación, de la cual él fue mas bien un observador pasivo.

Un caso paradigmático de como algunos ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, es lo señalado a El Líbero por “el economista y ex presidente de CodelcoÓscar Landerretche (PS), que sostuvo sobre el proceso de reforma a Carabineros que «es evidente que Carabineros de Chile quedó determinado por la experiencia de la dictadura en Chile. Y no entiendo qué en el proceso de transición no se haya considerado reformar a las policías»”, transición administrada por 27 años de gobiernos de izquierda durante los cuales al menos en dos oportunidades tuvieron la mayoría en ambas cámaras.

Que un conjunto de autoridades con estas características pretenda “modernizar” a Carabineros de Chile, parece ser una empresa que supera la imprescindible necesidad de compromiso con la democracia, conocimiento de la labor policial y comprensión de la realidad histórica, social, educacional y económica del Chile actual y de esta Institución.

DDHH al estilo Piñera.

Esta columna es políticamente incorrecta; recuerda verdades desagradables que se han escamoteado de la vista del público; revisa prejuicios y odios que unen a marxistas y cristianos contra los militares chilenos y recuerda las traiciones entre los partidos políticos conjurados, en fin esto es algo que no debería ser escrito sino mantenido en los recovecos de la desmemoria selectiva de la clase política de Chile.

Esto es Historia, Historia verdadera, Historia duradera.

El Sargento de Carabineros Sr. Leonidas Bustos murió de neumonía no tratada, a los 87 años de edad, prisionero en Punta Peuco, lugar al que fue arrastrado por la Justicia Chilena, desde la modesta casita en que vivía, gravemente enfermo, al cuidado de sus hijos, para ser encarcelado y muerto.

¿Por qué este odio?.

Es por una sucesión de hechos políticos desencadenados por los partidos políticos de la izquierda y de derecha que involucraron a los militares chilenos a partir de 1970, contra su voluntad y haciendo uso de todo tipo presiones. Y que resolvieron en negociaciones entre ellos una vez que pudieron hacerse de nuevo del poder.

Brevemente: la izquierda – Allende- ganó la presidencia por un modesto tercio de los votos y pretendió hacer una revolución como la de Chávez. Llevaron al país a la ruina económica y el caos político. Cuando el desastre fue evidente trataron de hacer un golpe de estado con trabajadores ingenuos al mando de políticos irresponsables del PS (Altamirano, Garretón y otros). El gobierno de Allende aterrorizado obligó a los Altos Mandos de las FFAA a asumir los ministerios mas críticos para que salvaran su gobierno. La DC y la derecha aplaudieron.

El PS precipitó la crisis con el provocativo discurso de Carlos Altamirano del 9 de septiembre de 1973 declarando la guerra a las FFAA y a Chile.

Llegó la crisis. Todos arrancaron, los socialistas principales responsables, mas rápido que nadie; Allende se suicidó, Altamirano arrancó a perderse, el PC abandonado por el PS debió arreglárselas solo. Los trabajadores que se habían creído el cuento de la revolución buscaron las armas y no las encontraron, a los jefes tampoco.

Los exilios fueron por clases (mal que mal los marxistas son expertos en lucha de clases) los mas elegantes a Italia y Francia; los mas modestos a Yugoslavia y otros países del Europa del Este. Los comunistas fueron a Alemania Oriental, donde fueron divididos –de nuevo- según clases, los mas altos a universidades y centros de estudios, los mas modestos a fábricas de pernos y tuercas.

Se inició “la resistencia”. Según la pluma de un autor comunista: “tanto en el plano interno como externo, el PCCh durante los primeros años de la dictadura, emitió constantes declaraciones y manifiestos llamando a la ‘unidad antifascista’, es decir, la unión de todas las agrupaciones democráticas en contra la dictadura. Especialmente se buscaba lograr un actuar conjunto con la Democracia Cristiana”.

La habitual tibieza de los demócrata cristianos dejó esta propuesta sin respuesta, por lo demás aun esperaban que la Junta Militar les entregara el gobierno a ellos, a Frei en concreto.

El 3 de septiembre de 1980, a través de un discurso transmitido por Radio Moscú, Luis Corvalán anunció a Chile y al mundo, que el PCCh iniciaba la guerra contra el Gobierno Militar.

Un prócer comunista escribe:

“Se debe partir afirmando que el FPMR fue una estructura paramilitar del Partido Comunista chileno. En tanto como iniciativa política y fuerza práctica, fue uno de los elementos que constituyeron la Política de Rebelión Popular de Masas (PRPM), impulsada por los comunistas, que se había iniciado con el reingreso de dirigentes desde el exterior encabezados por Gladys Marín desde febrero de 1978”.

“Así, el  contexto social y político de las protestas, permitirá el desarrollo, masificación y legitimación de diversas formas de luchas, incluida la lucha armada y las expresiones de violencia política popular, incorporando de esta forma, nuevas prácticas y concepciones de lucha a los tradicionales repertorios del movimiento popular”.

“En este escenario, las acciones armadas en contra de la dictadura como ataques a cuarteles militares y policiales, los sabotajes, voladuras de torres y líneas férreas, ajusticiamientos a miembros de los cuerpos de seguridad, secuestros, recuperaciones (robo) de dinero, armas y comida; los copamientos territoriales, las emboscadas y las propagandas armadas, así como las actividades milicianas relacionadas con la autodefensa de masas, se incrementaron e intensificaron notablemente, por lo menos hasta fines de la dictadura”.

La pretensión de inefable Sr. Rettig de establecer que en Chile no hubo guerra es solo una expresión mas del uso impúdico del lenguaje jurídico -que choca de frente con la confesión de los comunistas-  para hacer política sin decencia.

En abril de 1979 se hizo oficial el quiebre del Partido Socialista en dos corrientes, una encabezada por Carlos Altamirano (los después llamados ‘renovados’) y la otra por Clodomiro Almeyda. Ganaron los socialistas renovados y otros tránsfugas que, asociados con la Democracia Cristiana, optaron por una salida consensuada y negociada con el Gobierno Militar, dejando a los Comunistas fuera del futuro gobierno, luchando solos. Una vez mas el PC fue vencido por los organismos de seguridad de Chile, se rindieron y plegaron sus banderas en completa derrota.

Aquí comienza la maniobra de la Democracia Cristiana que encabezó el movimiento político para hacerse del poder, engañar a los militares, emboscarlos y traicionarlos.

La idea la explica Edgardo Boeninguer, cerebro de la estratagema: “hubo acuerdo en estimar que el mero hecho de asumir la presidencia .. generaría una situación que nueva y distinta por si misma constituiría un cambio de la estructura de poder y desencadenaría un proceso acumulativo que produciría sucesivas alteraciones en la correlación de fuerzas políticas a favor de la coalición gobernante”.

“La primera tarea de la transición era lograr el completo y total retorno de las FFAA a sus cuarteles”.

“El objetivo primario se logró con mayor facilidad y prontitud de lo esperado. Se impuso (entre los militares) la tradición de dependencia y el respeto por la figura del presidente de la República, el constitucionalismo militar y su estricto apego a las jerarquías”.

La investigación y condena de los delitos contra los Derechos Humanos se apoyó “en la viga maestra  – creación personal del Presidente Aylwin” – que se concretaría en las Leyes Cumplido que dejaron a las FFAA privadas de las garantía procesales comunes para los chilenos y sujetos a procedimientos ad – hoc y “por último, la Comisión Rettig fue complementada por una intensa presión política y de los juristas del mundo de la Concertación  que hizo suya el Presidente, en el sentido que la Ley de Amnistía no impedía la investigación de los delito”. … y la puñalada final de Aylwin: “Una carta formal del Presidente a la Corte Suprema invocando esta tesis jurídica dio lugar a que fuera conocida como la doctrina Aylwin, la que con el tiempo, ejerció considerable influencia sobre los tribunales, … En los años siguientes el criterio judicial sobre la materia fue oscilando, en alguna medida en función de las sensibilidades políticas al respecto”.

En breve, el apego a valores que los militares consideran virtudes ciudadanas como el respeto al Presidente, a la Constitución y a las Jerarquías fue la debilidad que abrió paso a abusos crecientes que concluyeron en su humillación, encarcelamiento y discriminación.

Los políticos vencieron a los militares, los envolvieron en su palabrería y leguleyadas y abusaron de su buena fe. Un caso patético es el del general Cheyre.

La primera esperanza de justicia por parte de los militares la constituyó el Gobierno de Sebastián Piñera, que desconociendo promesas exigidas por escrito – su credibilidad ya era escuálida- cerró el Penal Cordillera en medio de un despliegue periodístico-publicitario, inventó la categoría de los “cómplices pasivos” para ganar la superioridad moral sobre sus socios de la UDI e incumplió por completo sus compromisos de honor, y luego la segunda presidencia de la misma persona, en que los militares en retiro y sus relaciones votaron por él luego de tenerlo en vilo hasta la segunda vuelta electoral, solo para ser traicionados nuevamente.

Este es el escenario en que el Sargento de Carabineros Sr. Leonidas Bustos tuvo que actuar, en que fue juzgado, condenado y escarnecido.

Juzgue usted hasta donde puede ser responsable o culpable. Le pido que considere como es posible que los líderes que crearon el conflicto, lo alimentaron, se beneficiaron de él y lo resolvieron negociando entre ellos no paguen nada y se sitúen como observadores, jueces y verdugos.

Ni perdón ni olvido.

Escrita el año 2018, se re-publica a pedido de algunos lectores.

Las deudas del PS con el PC

El 9 de septiembre de 1973, siendo presidente Salvador Allende y José Tohá Ministro de Defensa, el senador socialista Carlos Altamirano, ante una multitud anunció: “A nuestro juicio, compañeros, el golpe reaccionario se ataja golpeando al golpe. No se ataja conciliando con los sediciosos. El golpe no se combate con diálogos. El golpe se aplasta con la fuerza de los trabajadores, con la fuerza del pueblo, con la organización de la clase obrera, con los comandos comunales, con los cordones industriales, con los consejos campesinos. Hemos oído aquí gritos de «crear, crear, poder popular», porque el pueblo así lo ha comprendido. La guerra civil en que se encuentra empeñada la reacción, estimulada, apoyada, financiada y sustentada por el imperialismo norteamericano, se ataja sólo creando un verdadero poder popular. El compañero Allende no traicionará, compañeros, dará su vida si es necesario en la defensa de este proceso”.

Este discurso fue la culminación del enfrentamiento político -teórico y práctico- entre el Partido Comunista (PC) y el Partido Socialista (PS), teniendo a Allende como fiel de la balanza o como violinista en el tejado.
El PC, fiel seguidor de las directivas de Moscú, intentaba una revolución a partir de la conquista política del poder; sin alterar el proceso de la “distensión” a nivel de la Guerra Fría y sin unirse a la vía violenta del castrismo; el PS por su lado, estaba obnubilado por la “gesta” de Fidel Castro y sus barbudos, soñaba con la conquista violenta del poder, y Allende por su parte quería conjugar lo imposible: la vía pacifica de Moscú, sin ceder el puesto de líder revolucionario continental a Fidel Castro.

La incesante “agudización de las contradicciones” por parte del PS estaba arrinconando al PC, el ambiente de odio en la sociedad chilena era insoportable. La crisis económica y el conflicto social llevaron al PS a la convicción de que “la vía institucional” era inviable. El PS decía tener todo listo, los “cordones industriales” pertrechados y organizados, las FFAA adecuadamente “infiltradas” por sus agentes y simpatizantes, el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) aseguraba controlar amplias extensiones territoriales populares.
El 11 de septiembre se desató la guerra, los líderes de izquierda huyeron a perderse, algunos despistados buscaron las armas y no las encontraron, los dirigentes no dieron la cara. Allende se suicidó. Altamirano huyó.

Los militares habían comprado el cuento de la lucha armada y se habían preparado concienzudamente, fueron a la guerra con todo, a ganar. La debilidad de la resistencia fue una sorpresa grata pero difícil de creer de buenas a primeras. La parte mas difícil fue tomar el control del Estado que había sido copado por individuos y organizaciones mas o menos anárquicas y autónomas. Miles de activistas fanáticos controlaban todo, en todas partes.
El PS corrió a asilarse a las embajadas y el PC recibió la parte mas fuerte del impacto. Sus militantes quedaron abandonados, algunos resistieron, la mayoría fue capturada y encerrada, clasificada, en parte liberada y en parte enviada a detención.
En el caos reinante era imposible saber quien era quien y que papel jugaba cada cual en el régimen de la Unidad Popular. En realidad ni el Gobierno de Allende sabía que pasaba en Chile.

Este feroz fracaso, es el primero de los varios golpes que el PC recibió por culpa de la irresponsabilidad de los líderes del PS, que impusieron a Allende una lucha armada que dijeron ser capaces de ganar y en la cual fueron derrotados sin siquiera combatir.

Después vino la derrota del MIR que, sin hacerse cargo de su propia incapacidad, lanzó una heroica proclama: “El MIR no se asila”. Muy pronto, Enríquez y los miembros de la dirección del MIR comprobaron que carecían de la preparación y de los elementos necesarios para emprender una resistencia armada. Tampoco sabían que de sus propias filas saldrían hombres y mujeres que los delatarían. Tras algunos enfrentamientos, los combatientes revolucionarios también huyeron. Con el tiempo terminaron transformados en píos mártires perseguidos por sus ideas y sus perseguidores militares convertidos en delincuentes y asesinos malvados.
Desde fines de los años ´60 el PC había iniciado la formación de varios cientos de oficiales militares profesionales en la URRS, Bulgaria, Rumania, Cuba y Alemania Oriental que se desempeñaron en diferentes cargos en esos países mas Nicaragua y El Salvador (Brigada Internacional Simón Bolívar). En 1977, comprobada la derrota política y militar en Chile, el PC llevó a cabo un giro estratégico radical: se aproximó a Fidel Castro, adoptó la lucha armada como instrumento para el derrocamiento del Gobierno Militar y la implantación de la Revolución en Chile. Comenzó reuniendo a sus militares y a sumar a los egresados de las nuevas promociones, proceso que culminó el 3 de septiembre de 1980, en que Luis Corvalán a través de un discurso transmitido por Radio Moscú, anunció a Chile y al mundo, que el PCCh adoptaba una estrategia de Rebelión Popular de Masas para iniciar la “sublevación nacional” como vía al “establecimiento del socialismo”. La guerra contra el gobierno de Chile.
No está claro quienes ni como impusieron este cambio de estrategia pero el PC comenzó a aplicarlo enérgicamente en Chile mediante el “trabajo militar de masas” (TMM), consistente en entrenamiento paramilitar orientado a atentados menores, tales como bombas en postes de alumbrado y de teléfonos, bombas de ruido en dependencias públicas, boicots, sabotajes, propaganda armada, disturbios callejeros, barricadas y subversión en las FFAA, incluyendo la venta subsidiada de drogas a la salida de los cuarteles. Un paso crítico fue la creación del ala militar del PC, el Frente Manuel Rodríguez.
En el intertanto, y desde fines de los ´70 venía haciéndose claro que el apoyo de Fidel a los revolucionarios latinoamericanos no era desinteresado, en realidad, en el ambiente político que se vivía entre la URRS y EEUU, las guerrillas en Sudamérica ayudaban a Fidel a pasar desapercibido y desviaban la atención mundial, desde su isla y su revolución fracasada, hacia otros objetivos.
El PC chileno, se cambió al carro militarista justo cuando la vía violenta dejaba de ser viable. En este contexto, los socialista exiliados en Europa comenzaban su conversión hacia la “vía institucional”, conocida en nuestro país como la “renovación socialista”. Y … los Comunistas volvieron a ser abandonados por el PS que comenzaron solos la lucha contra el Gobierno Militar.
En 1984 las fuerzas de seguridad del Gobierno Militar golpearon duramente al PC, primero con la captura del cargamento de armas en Carrizal Bajo y luego haciendo fracasar el atentado contra el Presidente Pinochet. La reacción del gobierno fue drástica. Los comunistas quedaron aislados y en cuestión de semanas decidieron un brusco giro estratégico, optando por desmantelar al FPMR antes del término de ese año. Esta parte de la batalla resultó con abundantes bajas entre las fuerzas del PC, provocando fuertes crisis en el MIR (división y posterior atomización) y en el Partido Comunista (desgajamientos y debilitamiento).
Y la puñalada final en palabras de un prócer PC: “La llamada estrategia de “concertación” fue plenamente exitosa: consiguió que la dictadura concentrara su represión sobre el ala revolucionaria de la oposición democrática (el PC) y aceptara negociar con el ala concertacionista. Logró dividir a la izquierda y atraer a la “renovación socialista” al proceso negociador, concitar las esperanzas democráticas y el respaldo pasivo de una amplia masa ciudadana, negociar con los militares y la derecha el proceso de transición a un régimen civil que bajo la formalidad de procedimientos democráticos (elecciones, división de poderes, partidos políticos) asegurara la continuidad de la misma economía neoliberal al servicio de los grandes empresarios, la coadministración entre la Alianza y la Concertación de la institucionalidad política (candados constitucionales, binominal), el control monopólico de los medios de comunicación y reproducción cultural, el papel de las FFAA como garantes de la gobernabilidad institucional, y la impunidad y olvido de la responsabilidad dictatorial”.

En breve la derrota total.

Conquistado el gobierno, llegó la hora del pago de la Concertación al PC permitiendo y alentando su venganza contra las FFAA, para lo cual Aylwin armó el entramado de las “Leyes Cumplido” y, en ausencia de acceso del PC al saqueo del estado, dar compensaciones pecuniaria inagotables para sus combatientes y simpatizantes (ahora “mártires” y “gente que pensaba distinto”).

El ex Ministro Edgardo Boeninger, creador de la estrategia de la DC para ganar el plebiscito de 1988, cerebro de la transición, creador la Concertación y ministro de la Secretaría General de la Presidencia de Aylwin describe fría y crudamente esta maniobra que, aprovechando la debilidad militar paralizados por “la tradición de dependencia y de respeto por la figura del Presidente de la República, el constitucionalismo militar y el estricto apego a las jerarquías”, para someterlos, desconocer los acuerdos, crear legislaciones especiales y procedimientos judiciales ad-hoc para arrastrarlos a los tribunales a recibir los castigos impuestos por un Poder Judicial bajo el control de la Concertación.

La pregunta clave, ¿adónde llegará esto?, porque hasta ahora, los gobiernos se limitan a esperar que no se hable del problema político – militar y que ojalá no estalle durante su período, y así va medio siglo.

Este blog continúa con “la Cossa Nostra» – La Izquierda y La Derecha Unidas».g>

LA FILTRACIÓN DE INFORMACIÓN JUDICIAL RESERVADA. UN ABUSO HABITUAL.

El Octubre 5 de 2013 en este blog se publicó esta columna. Mientras se tratara de basurear a las FFAA, los abusos del sistema de ¿Justicia? Nacional no le importaron a nadie. Después vinieron los políticos, luego los empresarios y ahora tocamos fondo.
La columna decía:

“Dentro de lo que la prensa bautizó como “Caso Fragatas”, -la investigación llevada a cabo por el Fiscal de la Zona Oriente Carlos Gajardo, para esclarecer los posibles delitos ocurridos en el proceso de modificación de las estructuras de las fragatas adquiridas por Chile al gobierno de Holanda-, se dispuso la incautación de la información contenida en el computador de uno de los investigados, el empresario Guillermo Ibieta.
Este “disco duro” fue incautado por la policía civil y entregado a la Fiscalía Oriente para, se supone, su custodia y análisis para los fines de la investigación. Muy poco después, un periódico electrónico nacional dio a conocer que había tenido acceso a los 100.000 archivos de información referida a “transacciones bancarias, informes de ex marinos chilenos, recomendaciones de lobby para distintos proyectos y un contrato secreto de Asmar”. Y precisa aun más: “Se trata de sólo una muestra de lo que contiene el disco duro de este “intermediario” de cuyos 43 gigabytes (el diario electrónico citado) obtuvo una copia íntegra. La misma que está en manos del fiscal de la zona oriente Carlos Gajardo”.
Esta información fue el puntapié inicial para varias semanas de nuevas acusaciones periodísticas a todas las personas y organismos que tuvieron la desgracia de estar mencionados en los documentos de Ibieta que, por lo demás, nadie podía asegurar que dijeran la verdad o mintieran.
Los afectados fueron severamente vulnerados en sus derechos. Los antecedentes obtenidos por la policía se transformaron en instrumentos para juzgarlos y condenarlos frente a la opinión pública; fueron declarados culpables aunque la justicia los declarara inocentes, como en efecto ocurrió.

El procedimiento parece ilegal e inmoral, sin embargo lo más grave es que no se aclaró la fuga de información secreta desde la Fiscalía Oriente, desde la Policía o desde otra fuente, hacia el medio electrónico.
Pero es peor, esta situación, en si misma seria y preocupante, no terminó ahí. El fenómeno volvió a repetirse.

Dentro de la misma investigación, el Ministro de Fuero Manuel Antonio Valderrama Rebolledo y el Fiscal Metropolitano Oriente Carlos Gajardo, solicitaron al Ministro de Defensa amplia información respecto al proceso de adquisición de los buques y materiales conexos, la que fue entregada por el Comandante en Jefe de la Armada al Ministro de Defensa Nacional mediante el Oficio Secreto N° 4561/3079 del 25 de Junio de 2012, – junto a una carpeta con información clasificada como Secreto, respecto al cual se solicitó tener presente lo señalado en el Código de Justicia Militar, el Código de Procedimiento Penal y el Código Procesal Penal en cuanto a “evitar la divulgación de la información durante la investigación y substanciación del eventual proceso y que al término de éste, los antecedentes sean devueltos a la Armada”.

Pues bien, muy poco después, el mismo medio digital los dio a conocer, in extenso y completamente, en su publicación electrónica. De acuerdo a la ley, dentro de las 24 horas de haberse producido la publicación de estos documentos, y mediante ella, de haberse producido un eventual delito, las autoridades afectadas debieron haber interpuestos las denuncias correspondientes. En efecto, sea el Fiscal de la Zona Oriente o el Ministro de Defensa, Allamand, debieron haber procedido en la forma señalada. Nadie lo hizo.
Caben muchas preguntas, pero sin duda la primera y principal es saber la causa del aparente incumplimiento de la obligación funcionaria de diversas autoridades del Ejecutivo y también del Poder Judicial de denunciar posibles delitos que podrían involucrarlos a ellos mismos y llevar a cabo las investigaciones necesarias para identificar a los culpables, los responsables, sus cómplices y determinar las razones de la repetición de hechos similares que configuran graves violaciones a la seguridad de la defensa nacional, delito que en todo el mundo es sancionado con severidad.

Y sigue. En otra investigación posterior, referente a las responsabilidades de la forma caótica en que se manejó el terremoto y maremoto del 27 de febrero del año 2010, la fiscal Solange Huerta encargó a un equipo de la Policía de Investigaciones una completa indagatoria al respecto.
Esta vez, de nuevo, el primer informe, un voluminoso documento, fue “filtrado” a la prensa, es decir, los encargados de su custodia en la Fiscalía, el Juzgado, en la Policía o en otro lugar, nuevamente no cumplieron sus obligaciones y dieron la oportunidad a que comentaristas periodísticos inescrupulosos festinaran su contenido atribuyendo culpas, acusaciones e imputaciones de todo tipo a militares y ciudadanos que, otra vez, quedaron a merced, -indefensos e impotentes-, de este poder fáctico conformado por los administradores periodísticos de la información judicial reservada.
No es conducente cuestionar la libertad de prensa. Tampoco debilitar lo avanzado respecto a transparencia de los actos de las autoridades o funcionarios, pero es imprescindible el cumplimiento por parte de las autoridades Judiciales, Ministeriales, de la Policía y otros, de las normas legales que los obligan a denunciar, investigar y sancionar las conductas ilegales, abusivas y prepotentes de las autoridades en perjuicio de los ciudadanos de a pié, es algo que no puede ser tolerado. Menos la conformación de asociaciones ilícitas entre periodistas carentes de ética y traficantes de información reservada.
Mañana el afectado puede ser usted».

Hoy día, con la hipocresía nacional características de nuestra sociedad, desde la Presidente para abajo, todos lloran por la demolición del prestigio y credibilidad del Sistema Judicial Nacional. Tarde.