Las deudas del PS con el PC

El 9 de septiembre de 1973, siendo presidente Salvador Allende y José Tohá Ministro de Defensa, el senador socialista Carlos Altamirano, ante una multitud anunció: “A nuestro juicio, compañeros, el golpe reaccionario se ataja golpeando al golpe. No se ataja conciliando con los sediciosos. El golpe no se combate con diálogos. El golpe se aplasta con la fuerza de los trabajadores, con la fuerza del pueblo, con la organización de la clase obrera, con los comandos comunales, con los cordones industriales, con los consejos campesinos. Hemos oído aquí gritos de “crear, crear, poder popular”, porque el pueblo así lo ha comprendido. La guerra civil en que se encuentra empeñada la reacción, estimulada, apoyada, financiada y sustentada por el imperialismo norteamericano, se ataja sólo creando un verdadero poder popular. El compañero Allende no traicionará, compañeros, dará su vida si es necesario en la defensa de este proceso”.

Este discurso fue la culminación del enfrentamiento político -teórico y práctico- entre el Partido Comunista (PC) y el Partido Socialista (PS), teniendo a Allende como fiel de la balanza o como violinista en el tejado.
El PC, fiel seguidor de las directivas de Moscú, intentaba una revolución a partir de la conquista política del poder; sin alterar el proceso de la “distensión” a nivel de la Guerra Fría y sin unirse a la vía violenta del castrismo; el PS por su lado, estaba obnubilado por la “gesta” de Fidel Castro y sus barbudos, soñaba con la conquista violenta del poder, y Allende por su parte quería conjugar lo imposible: la vía pacifica de Moscú, sin ceder el puesto de líder revolucionario continental a Fidel Castro.

La incesante “agudización de las contradicciones” por parte del PS estaba arrinconando al PC, el ambiente de odio en la sociedad chilena era insoportable. La crisis económica y el conflicto social llevaron al PS a la convicción de que “la vía institucional” era inviable. El PS decía tener todo listo, los “cordones industriales” pertrechados y organizados, las FFAA adecuadamente “infiltradas” por sus agentes y simpatizantes, el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) aseguraba controlar amplias extensiones territoriales populares.
El 11 de septiembre se desató la guerra, los líderes de izquierda huyeron a perderse, algunos despistados buscaron las armas y no las encontraron, los dirigentes no dieron la cara. Allende se suicidó. Altamirano huyó.

Los militares habían comprado el cuento de la lucha armada y se habían preparado concienzudamente, fueron a la guerra con todo, a ganar. La debilidad de la resistencia fue una sorpresa grata pero difícil de creer de buenas a primeras. La parte mas difícil fue tomar el control del Estado que había sido copado por individuos y organizaciones mas o menos anárquicas y autónomas. Miles de activistas fanáticos controlaban todo, en todas partes.
El PS corrió a asilarse a las embajadas y el PC recibió la parte mas fuerte del impacto. Sus militantes quedaron abandonados, algunos resistieron, la mayoría fue capturada y encerrada, clasificada, en parte liberada y en parte enviada a detención.
En el caos reinante era imposible saber quien era quien y que papel jugaba cada cual en el régimen de la Unidad Popular. En realidad ni el Gobierno de Allende sabía que pasaba en Chile.

Este feroz fracaso, es el primero de los varios golpes que el PC recibió por culpa de la irresponsabilidad de los líderes del PS, que impusieron a Allende una lucha armada que dijeron ser capaces de ganar y en la cual fueron derrotados sin siquiera combatir.

Después vino la derrota del MIR que, sin hacerse cargo de su propia incapacidad, lanzó una heroica proclama: “El MIR no se asila”. Muy pronto, Enríquez y los miembros de la dirección del MIR comprobaron que carecían de la preparación y de los elementos necesarios para emprender una resistencia armada. Tampoco sabían que de sus propias filas saldrían hombres y mujeres que los delatarían. Tras algunos enfrentamientos, los combatientes revolucionarios también huyeron. Con el tiempo terminaron transformados en píos mártires perseguidos por sus ideas y sus perseguidores militares convertidos en delincuentes y asesinos malvados.
Desde fines de los años ´60 el PC había iniciado la formación de varios cientos de oficiales militares profesionales en la URRS, Bulgaria, Rumania, Cuba y Alemania Oriental que se desempeñaron en diferentes cargos en esos países mas Nicaragua y El Salvador (Brigada Internacional Simón Bolívar). En 1977, comprobada la derrota política y militar en Chile, el PC llevó a cabo un giro estratégico radical: se aproximó a Fidel Castro, adoptó la lucha armada como instrumento para el derrocamiento del Gobierno Militar y la implantación de la Revolución en Chile. Comenzó reuniendo a sus militares y a sumar a los egresados de las nuevas promociones, proceso que culminó el 3 de septiembre de 1980, en que Luis Corvalán a través de un discurso transmitido por Radio Moscú, anunció a Chile y al mundo, que el PCCh adoptaba una estrategia de Rebelión Popular de Masas para iniciar la “sublevación nacional” como vía al “establecimiento del socialismo”. La guerra contra el gobierno de Chile.
No está claro quienes ni como impusieron este cambio de estrategia pero el PC comenzó a aplicarlo enérgicamente en Chile mediante el “trabajo militar de masas” (TMM), consistente en entrenamiento paramilitar orientado a atentados menores, tales como bombas en postes de alumbrado y de teléfonos, bombas de ruido en dependencias públicas, boicots, sabotajes, propaganda armada, disturbios callejeros, barricadas y subversión en las FFAA, incluyendo la venta subsidiada de drogas a la salida de los cuarteles. Un paso crítico fue la creación del ala militar del PC, el Frente Manuel Rodríguez.
En el intertanto, y desde fines de los ´70 venía haciéndose claro que el apoyo de Fidel a los revolucionarios latinoamericanos no era desinteresado, en realidad, en el ambiente político que se vivía entre la URRS y EEUU, las guerrillas en Sudamérica ayudaban a Fidel a pasar desapercibido y desviaban la atención mundial, desde su isla y su revolución fracasada, hacia otros objetivos.
El PC chileno, se cambió al carro militarista justo cuando la vía violenta dejaba de ser viable. En este contexto, los socialista exiliados en Europa comenzaban su conversión hacia la “vía institucional”, conocida en nuestro país como la “renovación socialista”. Y … los Comunistas volvieron a ser abandonados por el PS que comenzaron solos la lucha contra el Gobierno Militar.
En 1984 las fuerzas de seguridad del Gobierno Militar golpearon duramente al PC, primero con la captura del cargamento de armas en Carrizal Bajo y luego haciendo fracasar el atentado contra el Presidente Pinochet. La reacción del gobierno fue drástica. Los comunistas quedaron aislados y en cuestión de semanas decidieron un brusco giro estratégico, optando por desmantelar al FPMR antes del término de ese año. Esta parte de la batalla resultó con abundantes bajas entre las fuerzas del PC, provocando fuertes crisis en el MIR (división y posterior atomización) y en el Partido Comunista (desgajamientos y debilitamiento).
Y la puñalada final en palabras de un prócer PC: “La llamada estrategia de “concertación” fue plenamente exitosa: consiguió que la dictadura concentrara su represión sobre el ala revolucionaria de la oposición democrática (el PC) y aceptara negociar con el ala concertacionista. Logró dividir a la izquierda y atraer a la “renovación socialista” al proceso negociador, concitar las esperanzas democráticas y el respaldo pasivo de una amplia masa ciudadana, negociar con los militares y la derecha el proceso de transición a un régimen civil que bajo la formalidad de procedimientos democráticos (elecciones, división de poderes, partidos políticos) asegurara la continuidad de la misma economía neoliberal al servicio de los grandes empresarios, la coadministración entre la Alianza y la Concertación de la institucionalidad política (candados constitucionales, binominal), el control monopólico de los medios de comunicación y reproducción cultural, el papel de las FFAA como garantes de la gobernabilidad institucional, y la impunidad y olvido de la responsabilidad dictatorial”.

En breve la derrota total.

Conquistado el gobierno, llegó la hora del pago de la Concertación al PC permitiendo y alentando su venganza contra las FFAA, para lo cual Aylwin armó el entramado de las “Leyes Cumplido” y, en ausencia de acceso del PC al saqueo del estado, dar compensaciones pecuniaria inagotables para sus combatientes y simpatizantes (ahora “mártires” y “gente que pensaba distinto”).

El ex Ministro Edgardo Boeninger, creador de la estrategia de la DC para ganar el plebiscito de 1988, cerebro de la transición, creador la Concertación y ministro de la Secretaría General de la Presidencia de Aylwin describe fría y crudamente esta maniobra que, aprovechando la debilidad militar paralizados por “la tradición de dependencia y de respeto por la figura del Presidente de la República, el constitucionalismo militar y el estricto apego a las jerarquías”, para someterlos, desconocer los acuerdos, crear legislaciones especiales y procedimientos judiciales ad-hoc para arrastrarlos a los tribunales a recibir los castigos impuestos por un Poder Judicial bajo el control de la Concertación.

La pregunta clave, ¿adónde llegará esto?, porque hasta ahora, los gobiernos se limitan a esperar que no se hable del problema político – militar y que ojalá no estalle durante su período, y así va medio siglo.

Este blog continúa con “la Cossa Nostra” – La Izquierda y La Derecha Unidas”.g>

LA FILTRACIÓN DE INFORMACIÓN JUDICIAL RESERVADA. UN ABUSO HABITUAL.

El Octubre 5 de 2013 en este blog se publicó esta columna. Mientras se tratara de basurear a las FFAA, los abusos del sistema de ¿Justicia? Nacional no le importaron a nadie. Después vinieron los políticos, luego los empresarios y ahora tocamos fondo.
La columna decía:

“Dentro de lo que la prensa bautizó como “Caso Fragatas”, -la investigación llevada a cabo por el Fiscal de la Zona Oriente Carlos Gajardo, para esclarecer los posibles delitos ocurridos en el proceso de modificación de las estructuras de las fragatas adquiridas por Chile al gobierno de Holanda-, se dispuso la incautación de la información contenida en el computador de uno de los investigados, el empresario Guillermo Ibieta.
Este “disco duro” fue incautado por la policía civil y entregado a la Fiscalía Oriente para, se supone, su custodia y análisis para los fines de la investigación. Muy poco después, un periódico electrónico nacional dio a conocer que había tenido acceso a los 100.000 archivos de información referida a “transacciones bancarias, informes de ex marinos chilenos, recomendaciones de lobby para distintos proyectos y un contrato secreto de Asmar”. Y precisa aun más: “Se trata de sólo una muestra de lo que contiene el disco duro de este “intermediario” de cuyos 43 gigabytes (el diario electrónico citado) obtuvo una copia íntegra. La misma que está en manos del fiscal de la zona oriente Carlos Gajardo”.
Esta información fue el puntapié inicial para varias semanas de nuevas acusaciones periodísticas a todas las personas y organismos que tuvieron la desgracia de estar mencionados en los documentos de Ibieta que, por lo demás, nadie podía asegurar que dijeran la verdad o mintieran.
Los afectados fueron severamente vulnerados en sus derechos. Los antecedentes obtenidos por la policía se transformaron en instrumentos para juzgarlos y condenarlos frente a la opinión pública; fueron declarados culpables aunque la justicia los declarara inocentes, como en efecto ocurrió.

El procedimiento parece ilegal e inmoral, sin embargo lo más grave es que no se aclaró la fuga de información secreta desde la Fiscalía Oriente, desde la Policía o desde otra fuente, hacia el medio electrónico.
Pero es peor, esta situación, en si misma seria y preocupante, no terminó ahí. El fenómeno volvió a repetirse.

Dentro de la misma investigación, el Ministro de Fuero Manuel Antonio Valderrama Rebolledo y el Fiscal Metropolitano Oriente Carlos Gajardo, solicitaron al Ministro de Defensa amplia información respecto al proceso de adquisición de los buques y materiales conexos, la que fue entregada por el Comandante en Jefe de la Armada al Ministro de Defensa Nacional mediante el Oficio Secreto N° 4561/3079 del 25 de Junio de 2012, – junto a una carpeta con información clasificada como Secreto, respecto al cual se solicitó tener presente lo señalado en el Código de Justicia Militar, el Código de Procedimiento Penal y el Código Procesal Penal en cuanto a “evitar la divulgación de la información durante la investigación y substanciación del eventual proceso y que al término de éste, los antecedentes sean devueltos a la Armada”.

Pues bien, muy poco después, el mismo medio digital los dio a conocer, in extenso y completamente, en su publicación electrónica. De acuerdo a la ley, dentro de las 24 horas de haberse producido la publicación de estos documentos, y mediante ella, de haberse producido un eventual delito, las autoridades afectadas debieron haber interpuestos las denuncias correspondientes. En efecto, sea el Fiscal de la Zona Oriente o el Ministro de Defensa, Allamand, debieron haber procedido en la forma señalada. Nadie lo hizo.
Caben muchas preguntas, pero sin duda la primera y principal es saber la causa del aparente incumplimiento de la obligación funcionaria de diversas autoridades del Ejecutivo y también del Poder Judicial de denunciar posibles delitos que podrían involucrarlos a ellos mismos y llevar a cabo las investigaciones necesarias para identificar a los culpables, los responsables, sus cómplices y determinar las razones de la repetición de hechos similares que configuran graves violaciones a la seguridad de la defensa nacional, delito que en todo el mundo es sancionado con severidad.

Y sigue. En otra investigación posterior, referente a las responsabilidades de la forma caótica en que se manejó el terremoto y maremoto del 27 de febrero del año 2010, la fiscal Solange Huerta encargó a un equipo de la Policía de Investigaciones una completa indagatoria al respecto.
Esta vez, de nuevo, el primer informe, un voluminoso documento, fue “filtrado” a la prensa, es decir, los encargados de su custodia en la Fiscalía, el Juzgado, en la Policía o en otro lugar, nuevamente no cumplieron sus obligaciones y dieron la oportunidad a que comentaristas periodísticos inescrupulosos festinaran su contenido atribuyendo culpas, acusaciones e imputaciones de todo tipo a militares y ciudadanos que, otra vez, quedaron a merced, -indefensos e impotentes-, de este poder fáctico conformado por los administradores periodísticos de la información judicial reservada.
No es conducente cuestionar la libertad de prensa. Tampoco debilitar lo avanzado respecto a transparencia de los actos de las autoridades o funcionarios, pero es imprescindible el cumplimiento por parte de las autoridades Judiciales, Ministeriales, de la Policía y otros, de las normas legales que los obligan a denunciar, investigar y sancionar las conductas ilegales, abusivas y prepotentes de las autoridades en perjuicio de los ciudadanos de a pié, es algo que no puede ser tolerado. Menos la conformación de asociaciones ilícitas entre periodistas carentes de ética y traficantes de información reservada.
Mañana el afectado puede ser usted”.

Hoy día, con la hipocresía nacional características de nuestra sociedad, desde la Presidente para abajo, todos lloran por la demolición del prestigio y credibilidad del Sistema Judicial Nacional. Tarde.