Comisión Rettig de Verdad y Probidad Política

Suavemente al comienzo, pero con fuerza desde comienzos del mes de mayo, tanto la Prensa  como la Oposición y la Nueva Mayoría declaraban que el 21 de mayo recién pasado era la última oportunidad para que la Presidente tomara las riendas de la crisis y recuperara el control de la agenda y la capacidad de gobernar.

El Gobierno prefirió una Mensaje con medidas sociales poco significativas para la mayoría y omitir, no digamos solo el enfrentamiento de la crisis política y moral que vive el país, sino cualquier referencia al respecto. Su Mensaje fue claro: En Chile no pasa nada anormal y funciona como siempre lo ha hecho. No por ignorar un problema éste desaparece.

Pocas horas después del Mensaje, el destituido Director del Servicio de Impuestos Internos sacó del ropero de la Nueva Mayoría un cadáver en descomposición: existieron presiones del Ministerio del Interior y de “los políticos” para que retardara o trabara la investigación de lo que, ya era claro, se trataba de una organización para obtener recursos en forma fraudulenta para financiar la precampaña de la candidatura de la actual presidente.

Estamos ante dos problemas en extremo difíciles: primero, la Jefe de Estado no pudo, no supo o no quiso enfrentar la crisis y profirió soslayarla sacrificando a algunos de sus acompañantes. El problema crítico es que es imposible que la opinión pública acepte el mensaje de la presidente de que ella no estaba informada de todo esta maquinaria delictiva, que para colmo incluía no solo a empresarios que podríamos calificar como algunos de “los poderosos de siempre”, sino conspicuamente, el ex yerno del general Pinochet, beneficiario emblemático de la privatización de industrias estatizadas por la Unidad Popular y segundo, que el problema al no ser enfrentado, terminó de liquidar la escasa credibilidad que aun conservaba Bachelet y la entrega por capítulos de esta fea telenovela no le permitirá dejarla atrás y seguir ejerciendo el mando de la República. Estamos en el peor de los mundos, sin liderazgo creíble y con una gotera de escándalos que caen en su cercanía, con el riesgo de que en cualquier momento alguno la toque directa e irremediablemente y con instituciones vitales para la República sometidas a un desgaste que podría llevarlas a su debilitamiento y destrucción. Hoy día el riesgo de un escándalo que impacte directo a Bachelet es significativo, y las consecuencias de eso pueden llevarla a la misma posición de Richard Nixon: jurando por TV que era inocente sin que nadie le creyera y que a esas alturas era irrelevante que fuera o no cierto ya que a nadie le importaba y todos querían que se fuera.

La pregunta que todos los chilenos nos hacemos ya no es si existieron -y existen- o no máquinas armadas para hacer cohecho en gran escala, defraudar al fisco para obtener y traficar poder, sino cómo y cuándo el Poder Ejecutivo estará en condiciones morales, éticas y mentales para hacer el trabajo para el cual fue elegido y dotado de recursos y atribuciones: Gobernar el país de acuerdo a la Constitución y las leyes.

Un elemento que agudiza esta crisis es que el desastre y la pérdida de credibilidad afecta también al Poder Legislativo que venía en un tobogán de desprestigio que ya lo tenía en el piso. La ciudadanía no quiere, respeta ni valora para nada a los senadores y diputados. Abomina de “los políticos” en general y quiere no verlos mas. Justo es reconocer que muchos miembros de ambas corporaciones han hecho todo lo que han podido para ponerse en esa posición, desde bailar con vedettes en plena sede porteña hasta todo tipo de abusos y excesos en sus gastos, honorarios y procedimientos.

El tercer Poder del Estado, el Judicial tiene una rama, las Fiscalías, que aun conservan algo de credibilidad pero debilitadas por su recurrente y ya antiguo abuso de poder mediante la “filtración” de antecedentes y declaraciones reservadas y partes del secreto del sumario, que a los pocos minutos de obtenerse, salen a la publicidad a través de “medios amigos”, con grave desmedro de la reputación y los derechos de los afectados, todo en beneficio de las carreras de los custodios de dichos documentos. Por un lado es cierto que los fiscales no pueden hacer carrera funcionaria y en los escasos años de su ejercicio deben de hacer todo lo que puedan para cimentar su futuro en otra parte, pero suelen poner demasiado empeño en detrimento de los acusados de turno.

En breve, el Ejecutivo está paralizado y ha mostrado persistente incapacidad y voluntad de enfrentar el desastre político y moral que lo llevó y lo mantiene en el poder. El Legislativo es parte del problema. No tiene la legitimidad para enfrentar un proceso de limpieza y regeneración política y el Poder Judicial y aun conserva la capacidad de seguir ventilando la corruptela pero carece de la legitimidad política y moral para jugar un rol de liderazgo. La opinión pública no confia en ninguno de ellos y prefiere a Carabineros y las FFAA por decenas de puntos en cada encuesta que haya en el país, pero ellas están excluidas del problema y para todos es mejor que eso siga así.

¿Qué hacer?, ¿Cómo salir de esta encrucijada?.

Lo que no hay que hacer es terminar de demoler la institucionalidad que aun existe.

Tenemos un Congreso que está golpeado, desprestigiado y que alberga a demasiadas personas que reiteradamente han mostrado falta de honradez y pudor, pero su renovación mediante una forma arbitraria o por fuera de los márgenes constitucionales agravaría la situación. Esto indica que la renovación de esa instancia solo puede ser gradual y a lo largo de un lapso de algunos años.

Tenemos un Poder Judicial que está prestando servicios útiles. Hay pues que potenciarlo, rodearlo de respeto y consideración y exigirle en forma inclemente que cumpla sus deberes. Ese es un rol que debe cumplir la prensa y la opinión pública.

Y tenemos un Poder Ejecutivo. Paralizado, extraviado y hasta asustado. No viene al caso seguir devaluándolo, por el contrario es preciso apuntalarlo con buena fe y criticarlo con lealtad y espíritu de cuerpo. Es el gobierno de Chile.

No hay que terminar de destruir las instituciones sino que debemos rescatarlas de las manos de quienes abusaron de ellas; restaurarlas, reforzarlas y recuperarles su majestad y honor.

Pero falta algo, creo que lo mas importante: falta el motor que dinamice esta renovación. Falta la instancia que identifique y permita la eliminación de la minoría dominante que se apoderó de la política en Chile.

Y aquí ya tenemos una experiencia que en su momento fue útil.

Me refiero a la Comisión Rettig.

El Decreto Nº 355 del 25 de abril de 1990 creó una Comisión de Verdad Y Reconciliación que en sus considerandos adaptados a las presentes circunstancias diría:

1º.- Que la conciencia moral de la Nación requiere el esclarecimiento de la verdad sobre las graves violaciones a la probidad y a la ética política cometidas en el país entre 1990 y 2015:

2º.- Que sólo sobre la base de la verdad será posible satisfacer las exigencias elementales de la justicia y crear las condiciones indispensables para alcanzar una efectiva confianza pública e instituciones sólidas.

3º.- Que sólo el conocimiento de la verdad rehabilitará en el concepto público la dignidad de la política y de la función pública y permitirá reparar en alguna medida el daño causado;

4º.- Que el juzgamiento de cada caso particular, para establecer los delitos que puedan haberse cometido, individualizar a los culpables y aplicar las sanciones que correspondan, es atribución exclusiva de los Tribunales de Justicia.

5º.- Que el ejercicio de las acciones judiciales para dichos efectos, no permite esperar que el país pueda lograr una apreciación global sobre lo ocurrido en un plazo más o menos breve;

6º.- Que la demora en la formación de un serio concepto colectivo al respecto es un factor de perturbación de la convivencia nacional y conspira contra el anhelo de disponer de un estado probo y eficaz.

7º.- Que sin perjuicio de las atribuciones que corresponden a los Tribunales de Justicia, es deber del Presidente de la República, en cuanto encargado del gobierno y la administración del Estado y responsable de promover el bien común de la sociedad, hacer todo lo que su autoridad le permita para contribuir al más pronto y efectivo esclarecimiento de esa verdad;

8º.- Que el informe en conciencia de personas de reconocido prestigio y autoridad moral en el país, que reciban, recojan y analicen todos los antecedentes que se les proporcionen o puedan obtener sobre las más graves violaciones a la probidad y la honradez, permitirá a la opinión nacional formarse un concepto racional y fundado sobre lo ocurrido y proporcionará a los Poderes del Estado elementos que les permitan o faciliten la adopción de las decisiones que a cada cual correspondan;

9º.- Que para satisfacer sus objetivos, la tarea de esas personas ha de cumplirse en un lapso relativamente breve, lo que exige limitarla a casos de asociaciones ilícitas, trafico de influencias, elusión de impuestos y falsificaciones ideológicas para la justificación de transacciones financieras.

Me parece que una instancia así podría ayudar a restablecer el control de la situación y aliviar al Ejecutivo de una carga paralizante; liberar al Congreso para que legisle y advertirlo que viene cambios radicales en la permanencia y comportamiento de sus miembros, y satisfacer los anhelos de Justicia y claridad de la opinión pública.

Podría identificar y sancionar moralmente a los corruptos -o al menos a algunos de ellos- y detendría el deterioro de las instituciones sin las cuales la democracia y la República sufrirán un daño quizás irreparable.

Obviamente nada puede comenzar sin un “Nunca Mas” corporativo del Congreso, Diputados y Senadores; de los Partidos Políticos, y sin un un reconocimiento explícito del Gobierno de sus manejos financieros pre y pos electorales.

El problema es grave y requiere actuar ahora mismo, no queda tiempo para seguir debatiéndonos en el patético deporte de demoler la República.

Algunos políticos se comportan como niños peleando por el asiento, en un tren que corre velozmente hacia el descarrilamiento.

Evo Morales, el peor enemigo de Bolivia

La actual rabieta boliviana contra Chile se inició el año 2002 con la llamada Guerra del Gas.
A mediados de 1990 se descubrió gas en el departamento de Tarija. Como es habitual, al comienzo se habló de yacimientos gigantescos y riqueza instantánea para el país. Los apetitos de la oligarquía boliviana se despertaron, y en el otro extremo los chavistas vieron la posibilidad de emular la revolución que se iniciaba en Venezuela.

El conflicto se inició, como también es habitual, protestando contra Chile que no había dicho nada ni intervenido en forma alguna. Las protestas ya se habían iniciado en tiempos de Pinochet y Banzer, obligando a este último a recular y abandonar las negociaciones por el corredor de Charaña planteado por el entonces gobierno de Chile, que evidentemente favorecían a Bolivia. Recrudecieron cuando Jorge Quiroga, elegido tras la muerte del presidente Banzer, decidió exportar el gas por el puerto chileno de Mejillones hacia los mercados de EEUU y México. Los gritones se opusieron a todo. Al final no se concretó nada y el gas siguió bajo tierra.

Quiroga fue sucedido por Gonzalo Sánchez de Lozada. El empresario minero boliviano insistió en el negocio y en el puerto de Mejillones. Sánchez, junto a la Pacific LNG, British Petroleum, Repsol YPF y Petrobras (desde detrás de las bambalinas), insistieron en dar avante con el negocio. Evo Morales y Felipe Quispe, dirigentes chavistas de los coqueros y de los campesinos, respectivamente, movilizaron a la opinión pública y detuvieron el negocio -¿negociado?-.

Sea lo que fuere, Chile no tenía nada que ver en la transacción ni en nada se beneficiaba, pero igual fue uno de los malos. A la animadversión tradicional se unía el odio político, mal que mal Chile personificaba al pérfido país cuasi blanco y neoliberal

Tras un sainete político – folclórico cayó Sánchez de Lozada quien huyó raudamente a los EEUU asumiendo la presidencia Carlos Meza –el actual insultador y promotor mediático de la estrategia boliviana contra Chile en La Haya-. Tras un nuevo período de anarquía y caos promovido por Morales y Quispe, el gobierno cayó en manos de Eduardo Rodríguez Veltzé -coludido con ambos conspiradores- que llamó a elecciones anticipadas el 4 de septiembre de 2005. El 18 de diciembre de 2005 Evo Morales ganó las elecciones nacionales y desde entonces no suelta el poder haciendo toda suerte de contorsiones pseudo constitucionales para agarrarse al sillón.

El problema de fondo en Bolivia era el destino de las entradas por la venta del gas y la lucha por el poder entre la elite blanca de tradicional y las fuerzas políticas emergentes mestizas y aborígenes.

Morales “quebró el vidrio” y sacó el fantasmón de Chile para agitarlo frente a las turbas. Una vez mas, Chile fue utilizado para “agudizar las contradicciones” internas y al final, declarado “culpable” de casi todo, sin perjuicio de lo cual, ciudadanos y autoridades bolivianas siguieron contrabandeando televisores y autos robados en Chile.

Y llegó Evo Morales.

En Chile, desde hacía años, había venido formándose una corriente de buena voluntad hacia las aspiraciones bolivianas. Entre los años 2007 y 2009 el gobierno de Bachelet trabajó una idea que experimentó variaciones, pero que mantuvo una línea central: la oferta de un “enclave, no soberano”, en la región de Tarapacá y en general próxima a Iquique. Un ex Ministro del primer gobierno de Bachelet explica: “Se exploró la concesión de un territorio costero sin soberanía, (incluyendo) su ubicación, su extensión y las normas bolivianas que podrían regir en ese enclave para las empresas y trabajadores bolivianos en industria, servicios, comercio y turismo”. Lo que hoy se llama supremacía territorial.

El año 2010, el senador PS Jaime Gazmuri escribía: “Ciento treinta años después (de la guerra), la cuestión de resolver la demanda boliviana de una salida soberana al Pacífico está en el centro de la agenda bilateral y, como siempre, vinculada a las mutuas relaciones con el Perú. La reciente proposición del senador UDI Longueira de someter a plebiscito una eventual solución añade nuevas voces a quienes pensamos que ha llegado el tiempo histórico de resolver esta cuestión”, “durante más de un siglo, la posición chilena ha tenido dos elementos comunes. El primero ha sido su negativa a ceder soberanía en el antiguo litoral boliviano, adquirido por Chile en el Tratado de Paz de 1904, con el argumento de que no es posible romper la continuidad territorial. El segundo ha sido la disposición a ceder soberanía de territorios al sur de la línea de la Concordia y al norte de Arica: un corredor boliviano desde la frontera”. “Las recientes declaraciones del canciller de ese país de que el Perú no será un obstáculo para el tema abren esa posibilidad. En las negociaciones anteriores han estado sobre la mesa un conjunto de otras materias, muchas de las cuales seguramente volverán a discutirse: eventuales compensaciones, cesión de enclaves sin soberanía”.

El año 2012 las relaciones bilaterales con Bolivia ya se encontraban deterioradas, particularmente por la insistente presión por la demanda marítima de ese país que fuera incluida en su Constitución del año 2008 que contiene una disposición transitoria, que da plazo hasta el 06 de Diciembre del 2013 para denunciar y renegociar el Tratado de Paz y amistad del año 1904. El clavo en el ataúd fue la decisión boliviana de recurrir a la Corte Internacional de Justicia, el 23 de marzo del 2012.

¿Por qué Morales tomó ese camino?. Porque era el pegamento imprescindible para mantener a su nación unida tras su mandato renovable sin término. Además, si a Perú le había funcionado, ¿por qué a ellos no?

El Canciller David Choquehuaca, algo mas educado, pero sobre todo mucho mas sagaz que Evo, percibía que el camino era erróneo y el mismo día que anunciaba la decisión de su gobierno de recurrir a la Corte Internacional de Justicia dejaba la caída para reanudar las conversaciones con Chile. Una petición absurda.

Nuestro gobierno, por boca de su ministro de RREE insistió en su posición:

“Chile no tiene una deuda con Bolivia”. No obstante, existe la disposición a “darle facilidades a Bolivia de otra naturaleza”. “Aquí lo que hay es una discusión y un planteamiento en Bolivia que pone como una exigencia una salida soberana al mar, cosa que Chile no está en condiciones de hacer. Esa solución hoy no es posible”, sostuvo.

La conciencia de estar destruyendo lo avanzado en tantos años era claramente perceptible para algunos bolivianos: la columna de Ramiro Prudencio Lizón aparecido en el periódico La Razón el 6 de Junio de 2012 así lo confirma:

“La actual política intransigente del gobierno del presidente Piñera respecto al tema marítimo ha agudizado la creencia generalizada en Bolivia de que Chile tiene como política básica el rechazo a todo entendimiento sobre la materia. Pero, felizmente, la realidad es diferente. Al contrario de lo que piensan muchos bolivianos, la política tradicional chilena, salvo cuando las relaciones están muy frías como ahora, ha sido buscar una solución al problema marítimo boliviano.

En el transcurso del siglo XX, y luego de haberse suscrito el Tratado de Paz de 1904, hubo diversas negociaciones entre los dos países sobre el tema. Basta recordar lo sucedido en los últimos años, desde la ruptura de relaciones diplomáticas de 1962, a raíz del conflicto del río Lauca, cuando Chile decidió nunca más tratar el asunto marítimo. Pero poco tiempo después, el gobierno del presidente Eduardo Frei reanudó conversaciones reservadas sobre la cuestión marítima.  Estas continuaron con el gobierno de Salvador Allende, oportunidad en la que se concibió una posible solución con base en la entrega de un corredor al norte de Arica, tal como se había estudiado en 1950.

A la caída de Allende, el régimen militar que tomó el poder, encabezado por el general Augusto Pinochet, buscó un arreglo directo con Bolivia. De este modo, se llegó a la negociación iniciada en Charaña, que fue la más importante del siglo XX. En esa oportunidad, Chile ofreció ceder un corredor al norte de Arica, con continuidad territorial desde Bolivia hasta el mar. Como compensación exigió un canje de territorios. Lo increíble es que en Bolivia surgió una oposición irracional al trueque de territorios, al extremo de que el general Banzer se sintiera obligado a suspender relaciones diplomáticas con Chile y dar fin con ello a tan trascendental negociación.

Pese a esta abrupta ruptura de relaciones, Chile aceptó ingresar a una nueva negociación, la del  “Enfoque fresco”, la cual se concretó en la reunión de cancilleres de Montevideo, de 1987.  Pero declaraciones anteladas de nuestro gobierno de que Bolivia nunca aceptaría el canje de territorios frustró este nuevo emprendimiento.

Cuando surgieron en Chile los gobiernos democráticos, ya no hubo negociaciones formales sobre la materia. El temor a la compensación territorial paralizó la obra de los gobiernos nacionales hasta la llegada del nuevo siglo. Al despuntar éste, se suscribió la Declaración de Algarve, Portugal, donde se estipulaba que los dos gobiernos tratarían todos los temas de la agenda bilateral sin ninguna exclusión.  

Posteriormente, el presidente Ricardo Lagos manifestó al mandatario Carlos Mesa su intención de ceder a Bolivia el corredor al norte de Arica. Pero, lamentablemente, pronto provino una desinteligencia entre dichos jefes de Estado en la Cumbre de Monterrey, que frustró ese ofrecimiento. Por último, apenas el mandatario Morales asumió al poder (invitó al) presidente Lagos viniese a Bolivia para tratar el asunto del gas y, naturalmente, el marítimo. Aquí Lagos le informó sobre su disposición de ceder el corredor en forma soberana y, además, de adquirir nuestro gas a un precio doble del que pagaban Brasil y Argentina.

Pero poco después, absurdamente, el Gobierno volvió a suscribir un acuerdo de venta de gas a Argentina con la cláusula de la “molécula de gas”. Es decir que Argentina se comprometiera a no vender gas boliviano a Chile. Desde ese momento, el gobierno de Bachelet reculó en lo referente al mar, lo mismo que su sucesor, el presidente Piñera, quienes mencionaron que sólo concederían una zona sin soberanía”.

Recientemente se han completado las presentaciones para la vista de la objeción de competencia de la CIJ, presentada por Chile. El esfuerzo actual de Morales y su grupo es tratar de alargar el pleito todo lo que sea posible, mantener viva la controversia para poder usarla en sus maniobras políticas para agarrarse del poder a cualquier costo, aun sabiendo que con cada acto hostil y provocador hacia Chile, Bolivia aleja mas y mas la posibilidad de obtener un mejor trato.

Siempre en clave críptica, el ex presidente y agente de Bolivia en La Haya asegura: “No estamos  demandando el Tratado de 1904, ni estamos intentando  anularlo, evadirlo o modificarlo, voy a reiterar lo que Bolivia plantea ante esta Corte: es que  a la luz de una serie de  promesas,  actos unilaterales  o bilaterales, Chile sostuvo  y admitió encontrar una salida efectiva para el enclaustramiento de Bolivia”.

Promesas no hubo, ofertas de negociar, si, con y sin soberanía y con y sin compensaciones. No se negoció por decisión boliviana. ¿Qué significa salida al enclaustramiento boliviano?, nadie lo sabe y ninguna autoridad boliviana se atrevería a decirlo, por la simple razón de que no hay consenso boliviano al respecto.

Pero el Vicepresidente Álvaro García Linera nos da alguna luces:

“Los bolivianos “vamos a tener mar”, pero uno de los cinco requisitos para conseguir ese objetivo es que el “presidente Evo (Morales) siempre nos acompañe, siempre nos conduzca”. “Con la demanda interpuesta contra Chile, Bolivia busca que el alto tribunal obligue al vecino país, mediante una resolución, a negociar de buena fe con el Estado boliviano una salida marítima con soberanía.
No existen  fechas establecidas para el desarrollo de este contencioso, pero si la CIJ se declara competente y conoce la demanda, puede dictar una resolución después de al menos cinco años”.

Las claves:

  • Que Evo nos conduzca siempre: Reelección eterna. Chavista
  • Una salida marítima con soberanía: Es decir con cambios en el tratado de 1904.
  • Este proceso va a durar mas de cinco años:  Morales debe permanecer el mando por un lapso mayor que eso.

Para no perder su incoherencia habitual, el gobierno boliviano, en La Haya, por boca de su abogado estrella, el iraní Payam Akhnavan declara que “a Bolivia le puede servir tanto un corredor, como un enclave o incluso una zona especial”, sea lo que sea que “una zona especial” signifique”.

  1. Hemos completado el círculo y Bolivia aparece pidiendo lo que se les ofreció y rechazaron. Todo un perfil siquiátrico de Evo.
  2. El tema está claro. El asunto con Chile es directamente funcional a la necesidad de asegurar la prolongación del gobierno de Morales. A mayor abundamiento, la prensa boliviano consigna una declaración suya: Evo quiere que el proceso de cambio dure “como en China”: “Si nos unimos de verdad, nuestro proceso puede ser como en China, gobernar para toda la vida, pero sirviendo al pueblo boliviano”, afirmó Morales.

Para un caudillo bárbaro como Morales, ignorante de la historia, centrado en su pobre humanidad, todo comienza y termina con el mismo.

Todo el capital de buena voluntad que se había acumulado en Chile fue dilapidado en medio de insultos, provocaciones y comentarios estúpidos. No queda nada. Actualmente la inmensa mayoría de los chilenos es partidario de no conceder nada a Bolivia, ni hoy ni nunca.

En mucho tiempo ningún Presidente se arriesgará a acercarse a Bolivia para tratar este tema. Peor aun, los cambios habidos en la sociedad chilena hacen que sea muy probable que nunca mas ningún presidente de Chile pueda alterar el estatus quo territorial de la República sin la autorización directa del pueblo, con un plebiscito. Los chilenos ya no conceden carta blanca a nadie para que proceda según su parecer o su ideología frente a algo que pertenece a toda la nación y que fue ganada con su sangre.

De la misma manera, las reiteradas marchas y contramarchas bolivianas, las eternas pillerías, vueltas y revueltas, mentiras y distorsiones ofensivas en su puerilidad, han liquidado toda su credibilidad. Bolivia tendrá que hacer un plebiscito que asegure a los chilenos que su gobierno realmente representa la voluntad de su nación.

Y eso, lo sabemos, es imposible: en Bolivia no hay dos personas que quieran lo mismo respecto a las relaciones con Chile.

El ministro Gómez y su lucha por la justicia y contra las drogas

El 1º de mayo a las 06:00, no se sabe si en celebración del Día del Trabajo o uniéndose a la celebración del Mes del Mar, el Director Nacional de Gendarmería, Coronel Juan Letelier Araneda, subordinado directo del hasta ayer Ministro de Justicia y actual Ministro de Defensa José Antonio Gómez, al mando de un grupo de 100 gendarmes cuasi Swat: uniformes de combate negros, botas y cascos negros, con armas disuasivas y de fuego, acompañados de 16 perros, se aprestaban a asaltar el penal de Punta Peuco. Los combatientes presentaban un aspecto marcial y combativo y el Comandante Táctico Letelier, lucía decidido a vencer: patria o muerte, venceremos.

A 06:00 horas en punto, las fuerzas iniciaron el asalto al recinto donde dormían 80 ex militares y carabineros con una edad promedio de … 76 años. Ellos también estaban con vestuario apropiado: pijamas, gorros de dormir los calvos, sin dientes postizos los mas ancianos, pantuflas al alcance de la mano.

Los atacantes entraron decididamente, y con gran arrojo penetraron en las celdas desde donde sacaron a empellones y gritos a sus ocupantes, sus fieles perros, adiestrados para esos efectos, gruñían a las órdenes y señales de sus amos, amenazando a los prisioneros. Los reos fueron formados en el patio de la Prisión donde esperaron semivestidos o semidesnudos a esas horas de la mañana a que los ágiles guardias efectuaran un completo rastreo y emporcamiento de sus celdas en busca de drogas.

Las informaciones del servicio de inteligencia de Gendarmería había detectado la presencia y consumo de una amplia variedad de drogas que se consumían y incluso se inyectaban los prisioneros.

La búsqueda fue fructífera. Se encontró Enalapril, Valatran; Concor; Valdine, Eutirox, Glafornil y otras drogas potentes para vicios como la diabetes, infartos, cáncer, úlceras gástricas y otros aún peores y la infaltable Famotidina, para evitar los efectos de esas drogas dañinas, en los estómagos de los viciosos.

Gendarmería, fiel a su Misión, de “Contribuir a una sociedad más segura, garantizando el cumplimiento eficaz de la detención preventiva y de las condenas que los Tribunales determinen, proporcionando a los afectados un trato digno, acorde a su calidad de persona humana y desarrollando programas de reinserción social que tiendan a disminuir las probabilidades de reincidencia delictual” se ha esforzado en todo momento por ajustarse a las políticas penitenciarias justas y equitativas que se aplican a los prisioneros militares: nada de beneficios de salidas para trabajo como se aplican a los mapuches, nada de salidas dominicales como sucede con los presos civiles, nada de indultos ni remisiones de las penas como a los terroristas de izquierda. Nada de perdón y olvido como se aplicó a los asesinos de militares y carabineros.

Implacables en su apego a su “objetivo estratégico” institucional de “Garantizar el cumplimiento eficaz de la detención preventiva y de las condenas que los Tribunales determinen, previniendo conductas y situaciones que pongan en riesgo el cumplimiento de este objetivo” se superan a si mismos como en el caso del Comandante Infante de Marina Raúl Cáceres Gonzáles. Con cinco hernias en la columna, fue operado en el Hospital Naval; al día siguiente una partida de combatientes de gendarmería lo sacó y lo traslado a una enfermería que llaman hospital institucional, de ahí hubo que sacarlo a los pocos días con una infección mayor y enviarlo al Hospital de la FACH, donde se encuentra grave.

Tampoco se alejan un milímetro de su segundo “objetivo estratégico” “Proporcionar una atención y un trato digno a la población puesta bajo la custodia del Servicio, reconociendo y respetando los derechos inalienables de las personas, entregando un conjunto de condiciones básicas de vida que faciliten el ejercicio de los derechos no restringidos por la reclusión” un caso en que esta atención se lleva al extremo es en el caso del Suboficial Infante de Marina Bernardo Daza Navarro, un soldado de excepción, que está aquejado de cáncer terminal con cuatro meses de expectativas de vida que no puede salir a ver a su familia y que morirá encerrado mientras traficantes, delincuentes y terroristas salen en libertad bajo indulto presidencial, y otro caso, el de un oficial que se niega a servir de “mocito” para sacar la basura de las habitaciones de los gendarmes y es “apretado” sin asco.

Tampoco aflojan en su tercer “objetivo” “Fomentar conductas, habilidades, destrezas y capacidades que incrementen las probabilidades de reinserción social de la población penal, involucrando en este proceso a sus familias, instituciones, empresas y comunidad en general”. Esto se aplica con particular esmero a ancianos de bastante mas de 80 años a los que no dejan ver a sus familias y los mantienen encerrados sin ningún tipo de beneficio para poder involucrar a sus familias, empresas y comunidad. Suena raro considerar como meta preparar a la “población penal” de esa edad para su “reinserción social”.

Pero no culpemos solo a Letelier, el aspira a agradar a sus jefes y continuar en su cargo, no mucho más. La “mano que aprieta” está mas lejos, está en el Ministerio del Interior y en el Ministerio de Defensa, curiosamente ambos ahora en manos de “amigos de los militares”: Burgos y Gómez.

Hay amores que matan.

Uno de ellos es el de la presidente de la República. El 18 de marzo de este año en su sorpresiva e inesperada alocución en la ceremonia de iniciación del año académico de las FFAA, sin presiones de ninguna especie, voluntaria y emocionadamente declaraba: “Hace exactamente trece años, en marzo del 2002, me correspondió, como ministra de Defensa, en el Gobierno del Presidente Ricardo Lagos, dictar la Clase Magistral que abría el año lectivo de las Academias de la Defensa Nacional.

Era una de mis primeras actividades al frente del Ministerio –un Ministerio en el que ya me había desempeñado como asesora-. Era la primera vez que una mujer ocupaba el cargo de ministro de Defensa. Era, en muchos sentidos, un momento inaugural para esta mujer, hoy Presidenta de la República, que como ustedes saben proviene y se siente parte de eso que llamamos “la familia militar”. Era un momento de reencuentro, de reconocimiento mutuo y de inicio de un trabajo conjunto que ha dado frutos en muchas áreas”.

Un trato justo a los jóvenes de ayer y ancianos de hoy, que se encuentran prisioneros no es uno de esos frutos.

En Punta Peuco hay culpables, hay inocentes y hay personas cuyas penas han sido magnificadas para “dar una lección” a los futuros jefes militares, pero todos ellos son personas, chilenos acreedores al mismo trato que reciben otros chilenos en las mismas condiciones.

Hoy por hoy, en que los líderes políticos y sociales muestran sus fracturas y fallas, deberían, con un poco de autocrítica, revisar sus conciencias respecto a sus responsabilidades en la tragedia de 1973 y actuar en justicia.

Bolivia ¿a quién beneficia el acceso “soberano” al mar?

El sentido común sugiere que para entender lo que una persona o grupo quiere, debemos comenzar por entender las palabras con que lo definen. Bolivia aspira a obtener “un acceso soberano al mar”.

La palabra “acceso” tiene un significado relativo a “acercarse o llegar a algo”; es “tener entrada o paso a algún lugar o persona”; y “soberano”, que ejerce o posee la autoridad suprema e independiente.

Actualmente y como ha quedado demostrado hasta la saciedad, Bolivia tiene acceso al mar y lo tiene en condiciones excepcionalmente amplias y convenientes, como beneficio obtenido en el Tratado de Paz y Amistad con Chile, de 1904. Puede acercarse, llegar y entrar al mar. Tiene acceso.

Lo que busca entonces es soberanía sobre un espacio terrestre para transitar por territorio chileno y un tramo en la costa de Chile apto para construir un puerto bajo su control.

Tener un “corredor de territorio soberano” y un “espacio costero” no significa obtener una ganancia económica ni de eficiencia del transporte de carga y pasajeros, muy probablemente la calidad de los servicios decaiga durante un lapso significativo, antes de igualar a lo que tienen hoy, si es que ello llegara a suceder.

¿A quién beneficia el acceso ”soberano”?.

Los comerciantes y exportadores bolivianos privilegian un “acceso eficiente” -acercarse, llegar y entrar al mar con rapidez, seguridad y a bajo costo-, que ya lo tiene y que muy probablemente no mejorará en manos del gobierno boliviano. Los emigrantes ya circulan por miles entrando y saliendo de Chile sin necesidad de que el acceso sea “soberano”. Los pequeños comerciantes llevan y traen su contrabando hormiga. Los turistas van y viene a su antojo.

El periódico El Día, de Santa Cruz – Bolivia- del martes 5 de mayo, bajo el título de ¿A quién beneficia el mar?, señala: “Hay un juego de política y otro mayor de intereses económico. Morales & Cía. tiene mucho que ganar. El mundo sobrio olvida reclamos territoriales, tal vez justos, en aras de una coyuntura nueva, diferente, globalizada, donde los nacionalismos vienen a ser un énfasis retrógrado. No imaginamos a México pidiendo a Texas”.

“Pareciera que no se pide mucho, un pasadizo soberano para en su extremo, en la costa, levantar barracones y muelles cuyo único destino será, siendo realistas, el de trampolín para el tráfico de cocaína. Ya se intentó en oriente con la vergüenza del Tipnis (carretera que  cruza un parque nacional). Allí se olvidó a la Pachamama, se le quitó la identidad de ser vivo a la Madre Tierra porque los insignes cocaleros deseaban (y lo están haciendo) expandirse para fortificar su imperio. Bien se denominó a ese proyecto “la rodovía de la cocaína”. Lula y otros en Brasil y los conocidos de siempre en este lado apostaban al fantástico negocio con una retórica de progreso y bienestar”. Los traficantes “de solo imaginar un pase libre hasta el Pacífico sin trabas ni control, se marean”. “Nuestro producto estrella de exportación es la droga. No mientan los jerarcas, se necesita el mar para exportar”. “No me importa lo de Chile, allá ellos y su propia perspectiva. Muy pocos (bolivianos) se beneficiarán si un día las olas golpean un territorio llamado “nuestro”. Este es un baile de poderosos y los de abajo no danzan en este ruedo”.

En Chile hay quienes creen que es una aspiración del pueblo boliviano, otros piensan es una necesidad sicológica para tratar de superar su limitaciones históricas, otros que es una herramienta para jugar en la política interna. Para otros –los mas activos en mostrar su apoyo a las maniobras bolivianas- es una parte de su concepción ideológica latinoamericanista, que privilegia los intereses colectivos de una imaginaria comunidad latinoamericana y pospone los intereses nacionales que considera estrechos y clasistas. Al igualar la lucha de clases con la lucha de los países mas pobres contra los mas ricos, toman posición con los primeros en desmedro de los intereses nacionales.

Han terminado los alegatos de esta parte del pleito. Morales hoy nos ha notificado que “su país tiene otros planes “mucho más interesantes” en caso de que no le fuera bien con la demanda que interpuso contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya”. “Si en esta primera demanda no (nos) fuera bien, ni se imaginan ustedes que tenemos planes mucho más interesantes que esta primera etapa de batalla legal en la comunidad internacional”, Agregó que los nueve años que lleva en el Gobierno le han permitido “aprender y entender no solamente los procedimientos internacionales, sino también cómo hacer planes para que Bolivia vuelva al Pacífico con soberanía”. http://www.emol.com/noticias/nacional/2015/05/09/716234/morales-dice-que-bolivia-tiene-otros-planes-si-no-le-va-bien-ante-la-cij.html. Anteriormente ya nos había amenazado con agitar el asunto del río Silala y del Río Lauca y tal vez llevarlos también a la Corte Internacional de Justicia.

Es evidente que las interferencias bolivianas no terminarán con este pleito. Asi las cosas, tendríamos que ser estúpidos para no darnos por enterados y ponernos en acción desde ahora. Lo primero, es tomar nota que hay mucha personas y grupos en Bolivia que son mas sensatos que Morales y sus coqueros. Es tarea nuestra contactarlos, apoyarlos y transformarlos en interlocución válidos y privilegiados. Lo segundo, es que hay que tomar acción para evitar que Morales siga usando la CIJ para sus maniobras y jugarretas y eso comienza con el Pacto de Bogotá. Lo tercero, es que Morales y su gobierno deben sufrir las consecuencias de los insultos y agresiones a Chile, tenemos como y con qué hacerlo, en varios ámbitos, comenzando por una agudización del combate al tráfico de drogas por vía marítima y la identificación pública de los líderes de las redes que las dirigen desde Bolivia.

No es razonables quedar a la espera de que nos demanden o que armen una encerrona contra nuestro país para entonces empezar a preparar una “defensa jurídica” que nos tendrá, otra vez, ocupados perdiendo el tiempo con este individuo y su lote.

Pareciera muy poco inteligente volver a negociar con el actual gobierno boliviano. Solo es fortalecerlo para que nos agreda mas.

Sería toda una experiencia ver a nuestro país tomando la iniciativa y no limitándose a reaccionar cuando ya estamos bajo ataque.

Por último, nuestro gobierno, con estas y anteriores experiencias, debería revisar su posicionamiento ideológico latinoamericanista, pasando por su incomprensible entusiasmo por Unasur y terminando con Tellier y el Partido Comunista gritando en apoyo a los enemigos de Chile y solidarizando con ellos pública y encubiertamente.

UNASUR – ¡¡ HAY QUE APURAR EL PROCESO!!

Los mayorcitos se deben acordar del grito de combate de los ultras en las finales del gobierno de la Unidad Popular: ¡Hay que apurar el proceso!. El país se venía abajo; la economía corría hacia la ruina; el desabastecimiento obligaba al pueblo a hacer colas interminables para “conseguir” lo que fuera; la capacidad de conversar se agotaba y los mas radicalizados, ausentes de todo realismo, exigían ¡apurar el proceso!. Pero no eran los primeros ni serán los últimos ideólogos fanatizados, hoy día, los dueños de Unasur siguen sus aguas creyéndose originales. Como dijo un escritor norteamericano: “Cuando los fanáticos pierden el control, aceleran”.

Recordemos que Unasur fue un producto del Foro de Rio, en el cual Chávez y Lula se organizaron para retomar el control de las huestes comunistas regionales desbandadas después de la caída del Muro de Berlín. Ahí se decidió el nacimiento de una organización bajo la tutela ideológica de ambos líderes marxistas que reemplazara a la OEA. Chávez intentó asumir el mando pero fue desplazado por Lula que tiró sobre la mesa el peso y las ambiciones brasileñas de ejercer la supremacía regional. Luego comenzó la creación de una burocracia regional ilimitada, inepta pero frondosa. En estos días en que los socios principales de Unasur, Venezuela, Brasil, Argentina, Ecuador y Bolivia se encuentran en crisis terminales, Dilma y Cristina; Evo y Maduro y sobre todo Correa y Ernesto Samper, aprietan el acelerador a fondo y crean dentro de Unasur una organización tras tras otra y Chile, con entusiasmo, se anota en todas. Los hinchas nacionales de Unasur no son muchos, no son mayoría en ninguna parte, pero son solapados y activos, escriben columnas y “papers” cargados de ideología y “operan” desde cargos de gobierno. No son sólidos para nada, solo están bien ubicados, eso es todo.

El origen ideológico de la política exterior de Chile hacia la región está bien explicada en la columna de Gonzalo Martner, “El socialismo y la década perdida” publicado en la prensa nacional. Se queja del “fracaso” de este gobierno en hacer las “reforma profundas”, dice: “Atrás quedó el intento de una construcción política plural inspirada en una nueva síntesis ideológica que reivindicara la democracia en lo político, el dinamismo y la sustentabilidad en lo económico, la igualdad en lo social, el progresismo en lo cultural y el latinoamericanismo en lo internacional”.

Estas aspiraciones fueron incorporadas íntegramente en el programa del actual gobierno y se está reflejando en su actitud frente a las tropelías de Maduro, posición que ha suscitado el rechazo de toda la comunidad política nacional e internacional, transversalmente. Devoción que, por lo demás, no suscita ningún apoyo a Chile frente a nuestros pleitos vecinales.

En Unasur ya existen doce consejos sectoriales: Energético; de Defensa; de Salud; de Desarrollo Social; de Infraestructura y Planeamiento; del Problema Mundial de las Drogas; de Economía y Finanzas; Electoral; de Educación; de Cultura, de Ciencia, Tecnología e Innovación y el de Seguridad Ciudadana, Justicia y de Coordinación de Acciones contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Si alguien ha sabido de algún aporte positivo de esta frondosa colección de consejos, merece el reconocimiento agradecido de Unasur. Pero vienen muchos mas consejos y grupos. Tantos como sean necesario para dar cabida a los intelectuales y políticos que requieran un bote salvavidas para cuando pierdan el poder en sus países.

El 13 de marzo, Eduardo Montealegre Fiscal General de Colombia desde el año 2012, se reunió en Colombia con el Fiscal General de Ecuador, Galo Chiriboga. Durante ese encuentro, con el aplauso de Ernesto Samper -Secretario General de Unasur desde julio del 2014-, lanzaron los proyectos de creación de una “Comisión de Verdad Regional (CVR)”; de una “Corte Penal de la Unión de Naciones Suramericanas (CP UNASUR) para el juzgamiento de la delincuencia organizada transnacional” y la participación militar través de la Fuerza Cruz del Sur” (Chile – Argentina) para operar en el control de los acuerdos de paz entre Colombia y las FARC bajo la autoridad de Unasur.

Ernesto Samper, ex presidente de Colombia entre los años 1994 y 1998, fue acusado de recibir financiamiento de las FARC en su campaña electoral presidencial. Durante su mandato las FARC se expandieron e incrementaron su poder y actividad terrorista en forma exponencial. Su persona no da ninguna garantía de solvencia moral, transparencia ni probidad. No es pecar de suspicaz pensar que dado el historial de Samper y de quienes lo pusieron en el cargo, las Comisiones Mixtas de Verdad Regional tendrán como protagonistas centrales a los gobiernos actuales de Argentina, Brasil, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Guyana. La mirada “sociológica”, -ajena al derecho- de ese tipo de Comisiones constituirá la base para la exculpación política de los terroristas y la inculpación de los civiles y militares que los combatieron y derrotaron.

Respecto a la participación de la Fuerza de Paz Cruz del Sur, -integrada por fuerzas militares de Chile y Argentina-, Montealegre señala que: “lo más probable es que alguna fuerza internacional acompañe la verificación de los acuerdos. La idea es que Unasur, a través de la Fuerza de Paz Cruz del Sur, canalice las posibilidades de cooperación que pueden resultar útiles”. “Una fuerza de paz binacional puede encargarse de ubicar y proteger a los desmovilizados en unas zonas determinadas. Adicionalmente, dentro de sus funciones se pueden incluir labores relacionadas con asistir, monitorear y facilitar un cese del fuego entre las partes en el conflicto”. No hay en la región otra fuerza de paz “binacional” que Cruz del Sur.

Considerando que tanto las FFAA de Colombia como las FARC son fuerzas aguerridas, con medio siglo de combates en un territorio montañoso y selvático inmenso, en que la operación es de dificultad extrema, habría que preguntarse por qué mejor Unasur no envía una fuerza combinada de Ecuador con Brasil, financiada por ellos mismos.

Mas interesante aun es el proyecto de la Corte Penal de la Unión de Naciones Suramericanas (CP UNASUR) para el juzgamiento de la delincuencia organizada transnacional. Esta es una propuesta original de Chiriboga, que se auto define como “comprometido con las luchas sociales, la defensa de los Derechos Humanos y el bienestar colectivo”. Según Chiriboga “se ha planteado que la Corte investigue crímenes transnacionales que sean planeados o cometidos en más de un Estado ,parte de Unasur. La Corte operaría bajo un sistema penal acusatorio y contaría con jueces permanentes, así como con una fiscalía. La investigación y ejecución de sus órdenes se haría por medio de las autoridades locales de los Estados parte”. “La Corte Penal de Unasur tendría jurisdicción penal sobre personas pertenecientes a organizaciones criminales que cometan ciertos delitos y sus sentencias serían de obligatorio cumplimiento para los Estados parte del estatuto”. Cabe preguntarse: ¿son las Farc una organización criminal?; ¿qué hay del tráfico de drogas y de los crímenes asociados?, ¿que pasa con los gobiernos que apoyaron o se asociaron en ese tráfico, como Venezuela y Cuba?. ¿Qué pasara con las autoridades bolivianas envueltas en el tráfico de drogas?. ¿Qué pasa con los gobiernos regionales que financian ilegalmente partidos y movimientos y acciones políticas en otros países de la región?

Nuevamente, sin ser mal pensado parece evidente que este “tribunal” espera hacerse cargo de los delitos de trafico de drogas y todos sus delitos conexos cometidos por las FARC, las FFAA de Venezuela y el Gobierno de Cuba, relacionados con el tráfico de drogas.

Cuando el periodista que lo entrevista manifiesta sus dudas, indignado, replica: “Los ideólogos y formadores de opinión de la extrema derecha colombiana han empezado a difundir la idea falsa de que la Corte Penal de Unasur se está diseñando para juzgar la guerrilla colombiana. Desmiento categóricamente esa afirmación”. Listo!, lo desmintió y se acabó el problema.

Parece evidente que este es un esquema que se creará para dejar el asunto de los crímenes relacionados con el terrorismo y el tráfico de drogas en un ámbito mas “familiar”, con una perspectiva “antiimperialista” y bajo el control de los gobiernos chavistas involucrados con las drogas: Venezuela, Bolivia, Cuba, Ecuador y algunos políticos colombianos como el mismo Samper.

El 2 de mayo, en un diario digital nacional se publicó una larga y detallada columna que informa sobre la creación de una “Escuela Suramericana de Defensa” (ESUDE), también de Unasur. Su propósito sería: “fortalecer el desarrollo de una doctrina y visión compartida de la defensa nacional y regional”. La escuela ya fue inaugurada, el 17 de abril pasado, en el marco del octavo aniversario de Unasur y su primer director será ¡sorpresa! el académico brasileño Antonio Jorge Ramalho. La ESUDE se suma al Centro de Estudios Estratégicos de la Defensa (CEED-CDS) que funciona en Buenos Aires en esta misma tarea de crear “una visión distinta de la defensa”.

Celso Amorin, ministro de Defensa de Brasil, y uno de los principales impulsores de la ESUDE junto a la ex ministra argentina Nilda Garré, dijo que “el proyecto es una manera de crear un pensamiento profundamente suramericano de defensa que, por un lado, respete nuestras necesidades y, por otro, se aleje de antiguos conflictos de la Guerra Fría que no tienen nada que ver con nosotros”.

Según el ministro de Defensa ecuatoriano, Fernando Cordero, la ESUDE constituye un paso más en el proceso de integración del continente” y tiene “el compromiso de construir una doctrina propia (y compartida) velando siempre por la paz”. Tampoco hay que ser muy suspicaz para pensar que detrás de esta palabrería está la intención de intervenir políticamente en los ámbitos superiores de la Seguridad y Defensa de los países a través de procesos de “cooperación, homologación y confianza mutua”.

Es difícil pensar que en una organización ideológica como Unasur, organizada y controlada por sus propios dueños, los intereses nacionales de Chile tengan alguna importancia. Ahora mismo, ¿quién tiene mas simpatías en Unasur, Bolivia o Chile?. Si el pleito por las exigencias marítimas de Bolivia fuera llevado a Unasur, ¿cómo nos iría?, si nos viéramos en la situación de tener que negociar con Bolivia ¿qué países de Unasur nos apoyarían?, ¿sería un aporte a nuestra seguridad y defensa o nos debilitaría?

Se dice que la ESUDE pretende “crear un pensamiento profundamente suramericano de defensa que respete nuestras necesidades”. Suena bien. Pero, “el pensamiento” que los chilenos necesitan en sus FFAA, ¿es el mismo que el que quieren o tienen los gobiernos de Ecuador, Venezuela, Bolivia o Argentina?.

En el acto del 1º de mayo, Evo hizo público el decreto 2348, que liquida la libertad sindical centralizando en el mismo Evo la autorización para la creación de sindicatos y el 3 de mayo se expidió: “Quiero reafirmar que el gobierno es antiimperialista y mientras sea Presidente de nuestro Estado el Gobierno será antiimperialista” y añadió “fueron los norteamericanos los que impusieron la idea de que las FFAA sean “apolíticas” y que los obreros pregonen la independencia sindical”. Es decir, cree y quiere que las FFAA sean políticas y adhieran a un partido ¿adivine cual?: Maduro, Cristina y Correa ya lo hicieron y tienen la respuesta.

Para Evo, los periodistas son espías y la libertad de prensa es una actividad de inteligencia; una curiosa manera de interpretar la libertad de prensa en democracia, similar a los desplantes de Correa en Ecuador. En Argentina, el Ejército se ha hecho cargo de la inteligencia interna, en beneficio del gobierno de Cristina Fernández, sin controles externos de ninguna especie. Maduro “hace sombra” boxeando solo para mantener el poder, acompañado en forma irrestricta por sus FFAA, que no solo lo apoyan, sino que forman parte integral del aparato gubernamental y represivo de la oposición.

Este es el “pensamiento militar” que nuestros socios de Unasur están promoviendo y que nuestro gobierno está suscribiendo, ¿será lo que Chile quiere?

Pese al fervor chavista de algunos funcionarios de gobierno, con Evo, Cristina, Correa y Maduro como condiscípulos no vamos a llegar muy lejos y es muy poco probable que nuestras FFAA aprendan algo de utilidad.