El Partido Comunista se deshace y tiembla

Es sabido que el miedo es cosa viva y se mueve.

La debilidad y la mala conciencia son una combinación destructiva para la tranquilidad de los ladrones y los homicidas.

Años de calumnias, intrigas y mentiras, tanto contra sus socios como contra sus enemigos políticos; de robos y malversaciones como en la Arcis; de inconsecuencias como el capitalismo inmobiliario que practican con los ingentes recursos acumulados a punta de indemnizaciones, dietas y pitutos; del abuso de los recursos de todos los chilenos y otras artimañas propias de su mala catadura; de victimización lacrimógena, de apoyo a dictaduras militares como la de Maduro y Ortega y sobre representación parlamentaria obtenida con maniobras y extorsiones, se encuentran en fase terminal y tocan a su fin.

Esto se acaba, el Frente Amplio se los come desde la izquierda y la clase media ya no se traga sus cuentos absurdos de prosperidad socialista; el ejemplo de Venezuela ha sido el último y definitivo clavo en el ataúd de esa secta siniestra.

Que Maduro dure por siempre, es el ejemplo vivo de la incompetencia y la corruptela socialista.

La Democracia Cristiana sabe que ni aliándose con el PC  podrá recuperar el poder que alguna vez tuvo. Difícilmente volverá a meterse a la cama con ellos. Ni los demócrata cristianos son tan torpes.

Los militares retirados, tardíamente, pero con fuerza y constancia incansable seguiremos organizándonos y actuando hasta eliminar al PC del mapa político y social de Chile. No podrán callar nuestras voces, ni con insultos ni con descalificaciones, ni con mentiras ni infamias. Menos con la cooperación del Poder Judicial que ya ve, con horror, como en el horizonte se delinea la ola de la Justicia y la Verdad. Ni perdón ni olvido. Pagarán.

 Ahora el ¿juez? Jaime Arancibia Pinto, en su histeria por ensuciar a la Armada de Chile -lleva en Valparaíso un tercio de todas las causas de DD.HH. investigadas en el país- presentó en noviembre una querella ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso en contra del máximo jefe de la Armada, Almirante Julio Leiva, que en su parte medular dice:

“El Almirante, utilizando caudales públicos asignados como gastos reservados, financia, de manera clandestina, la defensa judicial como la obstrucción de los procesos penales de gran parte de los imputados en causas por violaciones de derechos humanos en donde se encuentran involucrados altos mandos de la Armada”  

En oscuro y siniestro contubernio, con una abogada archicomunista Mónica Araya, hija de terroristas marxistas y madre de Juan Henrique Araya, también terrorista, miembro del Frente Manuel Rodríguez muerto en el marco de la fracasada estrategia PC/FMR  de Levantamiento Popular de Masas, pergeñado en Moscú y La Habana.

Acusan: “El Almirante, utilizando caudales públicos asignados como gastos reservados, financia, de manera clandestina, la defensa judicial como la obstrucción de los procesos penales de gran parte de los imputados en causas por violaciones de derechos humanos en donde se encuentran involucrados altos mandos de la Armada”.

Entérense bandidos, los que apoyan y ayudan a nuestros presos políticos somos nosotros, las diversas organizaciones de militares retirados, varios centenares de miles de ciudadanos indignados, ofendidos, atropellados y furiosos.

El PC, que desde siempre intenta enlodar a la Armada de Chile, una vez mas atacan lo que envidian y temen: la calidad humana, la decencia, el profesionalismo y el honor los enfurece, los enloquece de odio. Son atributos por completo inalcanzables para sus mentes menguadas y sus almas mezquinas.

Es en vano, la Armada de Chile prevalecerá y cuando los políticos actuales sean solo un mal recuerdo en la historia de Chile, ella seguirá existiendo y protegiendo a Chile y a sus ciudadanos. Su espíritu, sus valores y principios prevalecerán porque están del lado de la verdad, la justicia la patria y la nación.

En su panfleto difamatorio, la dupla marxista alega con razón: “Al resurgimiento del pinochetismo en algunos jóvenes parlamentarios que defienden el legado del modelo económico y social del Gobierno Militar, ha sumado el surgimiento de jóvenes abogados que innovando en sus argumentaciones no toleran más la politización y abuso del empleo en sede judicial de los Derechos Humanos. Un ejemplo de ello es la tenaz defensa del abogado Javier Gómez en favor del capitán de navío en retiro don Patricio Villalobos, al dejar en evidencia al prevaricador e inhumano juez don Jaime Arancibia Pinto de la Corte de Apelaciones de Valparaíso”.

El funcionario judicial acusa al Comandante en Jefe de la Armada, entre otras creaciones imaginarias, de orquestar las denuncias que se hacen contra él en las redes sociales y reclama, esta vez  sin razón: “El hostigamiento al ministro consistiría, además, en insultos directos vía correos electrónicos y acusaciones de prevaricación; es decir, lo que significa fallar arbitrariamente a sabiendas que sus resoluciones son injustas y contrarias a la ley”.

Aquí mienten, ya que saben que quienes los acusan y seguirán poniendo en evidencia en los medios somos nosotros, militares en retiro, que nunca nos cansaremos de desenmascararlos.

– Y termina acusando que : “Estamos en lo que se denomina fase preparatoria de los montajes comunicacionales en contra de un juez que investiga violaciones de derechos humanos. Para ello, la Dirección de Inteligencia financia a periodistas de medios de comunicación con el objeto de publicar notas o artículos de desinformación destinados a cuestionar la honorabilidad, imparcialidad e independencia del magistrado Sr. Arancibia Pinto”.

De nuevo, no se equivoquen, quienes los acusamos de prevaricación somos los militares retirados a través de nuestros abogados, socios y miembros y sepan también que no limitarán nuestra libertad de expresión.

Seguiremos reclamando contra la ilegalidad, contra la prevaricación y mala fe del Poder Judicial; de sus juzgadores y de sus jefes y controladores políticos. No se hagan ilusiones, nada ni nadie nos callará. Menos gente como la que integra el Poder Judicial, el PC y los políticos profesionales, hermanados en su odio a las FFAA.

Entérense, la fase preparatoria ya terminó, ahora avanzamos hacia la fase ejecutiva.

PROSTITUCIÓN DE LA JUSTICIA

Prostitución significa envilecimiento, degradación, generalmente por interés. Prostituir puede ser también considerado como “deshonrar o degradar algo o a alguien abusando con bajeza de ellos para obtener un beneficio. Otra acepción del término prostitución puede referirse al hecho de una persona prestarse a cosas moralmente censurables o vituperables (no necesariamente relacionadas con el aspecto sexual) por el simple hecho de obtener algún beneficio o prebenda.

Creo que el llamado “caso Frei” es la confirmación de la prostitución de la justicia en Chile. Hemos llegado al punto en que personas declaradas culpables de un homicidio tienen que exigir la posibilidad de demostrar su inocencia. ¡El funcionario judicial que las condenó no pudo demostrar su culpabilidad y los condenados igual tienen que reclamar la posibilidad de demostrar su inocencia!.

Planteo mi convicción de que nuestro país ha llegado a una situación en que todos podemos ser declarados culpables de lo que se nos acuse, hasta que demostremos nuestra inocencia. Comenzó con los militares y ahora alcanzó a miembros de la clase política.

Eduardo Frei Montalva (FM) murió en 1983 debido a una infección pos operatoria en que fue atendido por médicos elegidos por su familia de entre personas de su confianza personal y política.

En esos día el PDC comenzaba flaquear. FM había tenido una actitud dubitativa, oportunista y cambiante primero frente a la Unidad Popular y luego frente al Gobierno Militar. Su autoridad y liderazgo se naufragaba al punto de amenazar arrastrar al PDC en la competencia con sus socios de la Concertación.

En 1999 la elección presidencial fue entre Lagos y Lavín. Fue muy disputada, con segunda vuelta, y la izquierda tuvo que recurrir a medidas duras: una campaña odiosa y acciones legislativas in extremis para conseguir el voto popular.

El PDC, por su parte, seguía en picada cada vez mas aguda: el pre candidato de la DC , Andrés Zaldívar, fue derrotado ampliamente por Lagos. La DC cada vez marcaba menos y entraba en creciente decadencia.

En estas circunstancias -a 16 años de su muerte- Cristián Gazmuri, autor de una biografía de FM, dejó caer la duda de que el ex Presidente podría haber sido asesinado.

Su hija Carmen se lanzó a promover esta especie urbi et orbi –literalmente-  contra la opinión de connotados DC e incluso de miembros de su familia y junto a otros DC se aplicó a tratar de dar verosimilitud a esta especulación.

Era la oportunidad para transformar a FM en mártir democrático, disimular su conducta histórica, intentar potenciar las credenciales políticas del partido y legitimar su derecho a gobernar a la cabeza de la coalición de izquierda.

A partir de 1999 y durante los 20 años siguientes el funcionario judicial a cargo del caso se fue transformando en personaje estelar: declaraciones respecto a las declaraciones, especulaciones, suposiciones, interpretaciones, reiteradas exhumaciones de restos del occiso, cada una de ellas con renovadas imputaciones a troche y moche y un activismo mediático como solo lo puede hacer la izquierda.

Políticos de las mas variadas layas produjeron sus hipótesis que siempre se concentraron en culpar a militares, ex militares y personas cercanas o no tanto al Gobierno Militar, sin aportar ninguna prueba, ningún antecedente. Apareció una presunta autopsia en manos de un alto dirigente DC, se presentaron exámenes bacteriológicos y toxicológicos de las mas variadas procedencias, alguna hilarantes. Parientes que fueron testigos presenciales y actores de diversas etapas claves del tratamiento que llevó a FM a la muerte, negaron las afirmaciones de la Sra. Frei o no pudieron aportar nada.  Hasta que el funcionario judicial ya no pudo sostener mas la ficción y debió concluir en algo que pareciera un fallo. En este sentido al menos tuvo el pudor de escribir algo, -aunque fuera pueril-,  a diferencia de Juanito Guzmán que dejó abandonada la ¿investigación? que  hizo respecto al general Pinochet y salió arrancando sin hacer un fallo o siquiera un remedo de ello.

El informe final del funcionario judicial a cargo suscitó una nueva tormenta de imputaciones, calumnias e infundios; la mayoría de personajes irrelevantes, pero también hubo análisis serios como el caso de algunos juristas y periodistas que pidieron consistencia al actuar del juzgador.

También hubo otros casos decepcionantes, como el del ex Presidente Lagos del que muchos esperábamos algo mas o el de Piñera, actual presidente de Chile, que se precipitó a respaldar un fallo de primera instancia, por lo menos discutible, dentro de su afán obsesivo de atraer al partido de sus amores, el PDC.

No quiero entrar en análisis jurídicos, no es lo mío, y ya se han hecho y publicado muchos y algunos muy buenos. Si tuviera 40 años menos talvez diría que espero a que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie y que confío será lo correcto, desgraciadamente eso ya no es posible, se -y lo he comprobado reiteradamente- que la justicia en Chile está prostituida, a la venta, en arriendo, disponible al uso y abuso de cualquier político, funcionario o empresario que pueda y sepa apretar las teclas apropiadas.

Lo dramático de esto es que cada nuevo show político, cada nueva andanada de especulaciones, cada nueva temporada de mentiras implica otro golpe de picota a la confianza de la sociedad en las instituciones, otra decepción, otro fraude, por lo demás, hecho con tal vulgaridad y ordinariez que resulta insultante.

Avanzamos a paso de carga hacia la destrucción total de la fe pública. Los promotores de esta acción, ¿qué buscan?, ¿qué pretenden?, ¿a que designios obedecen?.

Pareciera ser una acción concertada de demolición, aunque puede no serlo, ya que la estupidez de nuestra auto proclamada elite es tan retorcida, brutal y escandalosa como el río Loa en estos días.

La hipocresía y la estulticia de la justicia chilena

Me gusta definir los adjetivos que empleo: La hipocresía es la falsedad que demuestra una persona en sus acciones o en sus palabras, fingiendo o pretendiendo cualidades o sentimientos que, en realidad no tiene, proyectando una imagen falsa o irreal de ellos mismos, la hipocresía es engañar a los demás; es una de las tantas formas que adquiere la mentira. Es aparentar bondad o ejemplaridad, y aunque se esfuercen por parecer mejores personas de las que son, finalmente todo aquello no son más que apariencias basadas en la mentira.

La estulticia es la tontería que, por necedad o por ignorancia, caracteriza a una persona. Se refiere a aquellos que en sus actos, palabras, acciones u omisiones, demuestran falta de conocimiento, tacto o discreción en relación con determinados asunto y que, debido a ello, se comportan haciendo gala de su necedad, idiotez y falta de respeto ante determinadas cosas. Estulticia es la del ignorante incorregible.

Sinónimos de estulticia son necedad, estupidez, sandez, tontería, bobería, disparate, imbecilidad o idiotez.

La Justicia chilena, por lo menos la que se aplica a los militares, se caracteriza por su estulticia e hipocresía. Lo digo con pleno conocimiento de lo que afirmo.

Lo que sigue se basa, en lo principal, en una entrevista concedida por Guillermo Teillier, el  autor intelectual del asesinato de cinco escoltas del Presidente Pinochet; el contrabando de armas de Carrizal Bajo; la muerte de decenas de personas y lo mas grave, el engaño a muchos de sus jóvenes correligionarios que lo siguieron en su aventura criminal y absurda, en connivencia con el Dictador Militar de Cuba Fidel Castro Ruz, engaño del cual hasta ahora no se arrepiente.

“En 1985 el comité central del Partido Comunista aprobó la Tesis de la Sublevación Nacional, ampliación de la política de Rebelión Popular de Masas (PRPM) definida en 1980 por la dirección interior del PC y ratificada por su secretario general Luis Corvalán, exiliado en Moscú.

En 1980 Corvalán pronunció un discurso transmitido por Radio Moscú anunciando el giro en la línea de su partido: “El pueblo no tendrá otro camino que recurrir a todos los medios a su alcance, a todas las formas de combate que lo ayude, incluso de violencia aguda (terrorismo armado). Sus palabras eran la confirmación de la apuesta del PC para derrocar a Pinochet por medio de grandes movilizaciones populares usando todas las formas de lucha (armada) y la antesala del nacimiento oficial del FPMR, su brazo armado, en 1983. Ese año y el siguiente y  la llegada al país de oficiales de la organización preparados en Cuba y con experiencia en combate en Nicaragua, presentaban un cuadro auspicioso para agudizar el enfrentamiento contra el Gobierno de Chile.

Por eso, definida la tesis insurreccional en enero de 1985, la dirección interior del PC encabezada por Gladys Marín y Guillermo Teillier, junto a Luis Corvalán, dieron luz verde a la internación de armas de Carrizal Bajo, la operación de mayor envergadura de la historia de la colectividad; y decretaron 1986 como el “Año Decisivo” para tumbar a Pinochet.

Podemos apreciar que el Partido Comunista declaró e hizo la guerra al gobierno de Chile a partir de 1980 y la ratificó, amplió y agudizó en 1985, poniéndose como plazo para su culminación en 1986, el “año decisivo”.

Pregunta: Con la estrategia de la rebelión popular de masas (1985) ¿hubo un cambio en la línea política del Partido Comunista de Chile trazada en sus diferentes congresos?

Respuesta: No hubo precisamente un cambio en la línea política, sino la incorporación de una nueva táctica, del uso de todas las formas de lucha, pacíficas o violentas, e incluso el empleo de las armas para echar abajo la dictadura. A la dictadura no se le podía poner fin mediante nuevas declaraciones y protestas. En el curso del mes de abril de 1981 se realizaron apagones a lo largo del país, voladuras de puentes y de líneas de trenes de Santiago al sur, de Valparaíso a Santiago y San Felipe a Los Andes. Fue asaltada la Armería Morandé y capturadas sus armas. En el mes de mayo de 1981 se tomaron las agencias periodísticas Asociated Press y ANSA, transmitiéndose a través de ellas proclamas en contra de Pinochet, fue asaltada la Armería Italiana con la consiguiente captura de armas. En julio hubo un nuevo apagón que abarcó a gran parte del país. En agosto se realizó un asalto y captura de armas en las Armerías Ricci, Italiana y Real. En septiembre se produjo un nuevo apagón nacional y toma y quema de trenes de la línea Santiago-Valparaíso.

A la lucha contra la dictadura se incorporaron de más en más, con sus propias formas y sus propios métodos todos los partidos de la Unidad Popular, la Democracia Cristiana, los radicales y gente sin militancia política. 1986 fue el año de las grandes protestas, el año del Atentado a Pinochet en el Cajón del Maipo y del desembarco de las armas del Frente Manuel Rodríguez en Carrizal.

Existía alguna persecución por “Pensar distinto”. No, el Partido Comunista delegado por la Unión Soviética, apoyado por Fidel Castro, por el dictador de la República de Alemania Comunista y otros delincuentes internacionales se coludieron para “Hacer algo”: intentar el asalto armado al Gobierno Militar e imponer el mismo gobierno marxista, incapaz, corrupto y desquiciado que las FFAA de Chile habían sacado de sus posiciones de poder en 1973.

La banda de frenéticos que en 1973 se habían apoderado del poder político, económico y social de Chile  -creando una situación similar a la de Maduro en la Venezuela de hoy día- intentaba en 1986 volver a nuestro país con ayuda extranjera.

La gran diferencia respecto a Venezuela fue que las FFAA de Chile tomaron el bando del pueblo y con su apoyo, impidieron esa regresión totalitaria.

En este contexto de guerra armada financiada por potencias extranjeras y  apuntando a la derrota militar de las FFAA y de Seguridad de Chile, se produjo un enfrentamiento entre terroristas y fuerzas de seguridad.

Según lo investigó una funcionaria del Poder Judicial de apellido Cifuentes los hechos fueron los siguientes:

Cita Textual

 Que el día 10 de diciembre de 1985, alrededor de las 01:30 horas, Patricio Leonel González González, acompañado de dos sujetos no identificados, todos militantes del Frente Manuel Rodríguez, conducía el automóvil marca Datsun, modelo Sunny, patente EE 9769, por calle Arturo Prat de la comuna de Puente Alto, en dirección al oriente, llevando en el portamaletas dos subametralladoras calibre 9 mm, una escopeta de caza calibre 12, un revólver calibre .32, una pistola calibre 9 mm, 75 cartuchos calibre 9 mm, 10 cartuchos de caza calibre 12/65, dos granadas de mano y dos paquetes de explosivos sin elemento iniciador.

 Que el citado vehículo había sido sustraído a su dueño, Guillermo Eduardo Gotschlich Reyes, mediante intimidación, el día anterior, alrededor de las 21:00 horas, en calle Ricardo Matte Pérez de la comuna de Providencia.

 Que, al llegar a la intersección con avenida Concha y Toro, frente al Regimiento de Ingenieros N° 2 de Puente Alto, el referido automóvil fue interceptado por cuatro sujetos vestidos de civil, Iván de Jesús Belmar Fuentes -actualmente fallecido-, Juan Orlando Muñoz Orellana, Nelson Mario Pérez Cabezas y Ramón Antonio Venegas Arenas, todos funcionarios de Carabineros de Chile, quienes tras seguir al vehículo, lo anticiparon (lo adelantaron), se parapetaron en el lugar y, luego, se abalanzaron sobre él, disparando en contra de sus ocupantes, con las subametralladoras UZI, calibre 9 mm, que portaban.

 Que, ante lo ocurrido, descendieron del vehículo el copiloto y la persona que ocupaba el asiento posterior, quienes se dieron a la fuga por avenida Concha y Toro en dirección al sur.

5° Que el conductor Patricio González González resultó herido y permaneció al interior del móvil, el que se desplazó por la citada avenida en dirección sur oriente, colisionando en contra de una caseta del regimiento antes aludido.

6° Que González González recibió seis impactos balísticos: tres de ellos en el tórax, uno de los cuales lesionó el hígado, transfixió el esófago y desgarró casi totalmente la aorta torácica; uno en el muslo izquierdo y dos en la cabeza, uno de los cuales penetró a la cavidad craneana, lacerando el lóbulo frontal derecho, lesiones que le causaron la muerte.

La ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes Alarcon, condenó a tres suboficiales en retiro de Carabineros, en calidad de autores del delito consumado de homicidio calificado de Patricio Leonel González González. Ilícito perpetrado el 17 de diciembre de 1985, en la comuna de Puente Alto.

En el fallo (causa rol 1-2011), la ministra en visita condenó al Sargento 1° Ramón Antonio Venegas Arenas, al ex cabo segundo Nelson Mario Pérez Cabezas y al ex suboficial Juan Orlando Muñoz Orellana a 10 años y un día de presidio efectivo y las sanciones accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras duren las condena; más el pago de las costas del proceso.

En el aspecto civil, el fallo condena al Estado de Chile a pagar una indemnización de $250.000.000 (doscientos cincuenta millones de pesos), desglosados en $100.000.000 para la madre de la víctima y $50.000.000 para cada uno de sus tres hermanos.

Fin de la Cita Textual

En la situación de guerra planteada a Chile por el Partido Comunista ¿cuál sería la forma en que las fuerzas del orden representadas por esos carabineros debían actuar?. ¿Tal vez pasándoles un parte por exceso de velocidad? ¿invitándolos a deponer su actitud?.

La funcionaria Judicial es una fiel representante del Poder Judicial Chileno: Hipócrita y dominada por la Estulticia.

La hipocresía y la estulticia de la justicia chilena

LMe gusta definir los adjetivos que empleo: La hipocresía es la falsedad que demuestra una persona en sus acciones o en sus palabras, fingiendo o pretendiendo cualidades o sentimientos que, en realidad no tiene, proyectando una imagen falsa o irreal de ellos mismos, la hipocresía es engañar a los demás; es una de las tantas formas que adquiere la mentira. Es aparentar bondad o ejemplaridad, y aunque se esfuercen por parecer mejores personas de las que son, finalmente todo aquello no son más que apariencias basadas en la mentira.

La estulticia es la tontería que, por necedad o por ignorancia, caracteriza a una persona. Se refiere a aquellos que en sus actos, palabras, acciones u omisiones, demuestran falta de conocimiento, tacto o discreción en relación con determinados asunto y que, debido a ello, se comportan haciendo gala de su necedad, idiotez y falta de respeto ante determinadas cosas. Estulticia es la del ignorante incorregible.

Sinónimos de estulticia son necedad, estupidez, sandez, tontería, bobería, disparate, imbecilidad o idiotez.

La Justicia chilena, por lo menos la que se aplica a los militares, se caracteriza por su estulticia e hipocresía. Lo digo con pleno conocimiento de lo que afirmo.

Lo que sigue se basa, en lo principal, en una entrevista concedida por Guillermo Teillier, el  autor intelectual del asesinato de cinco escoltas del Presidente Pinochet; el contrabando de armas de Carrizal Bajo; la muerte de decenas de personas y lo mas grave, el engaño a muchos de sus jóvenes correligionarios que lo siguieron en su aventura criminal y absurda, en connivencia con el Dictador Militar de Cuba Fidel Castro Ruz, engaño del cual hasta ahora no se arrepiente.

“En 1985 el comité central del Partido Comunista aprobó la Tesis de la Sublevación Nacional, ampliación de la política de Rebelión Popular de Masas (PRPM) definida en 1980 por la dirección interior del PC y ratificada por su secretario general Luis Corvalán, exiliado en Moscú.

En 1980 Corvalán pronunció un discurso transmitido por Radio Moscú anunciando el giro en la línea de su partido: “El pueblo no tendrá otro camino que recurrir a todos los medios a su alcance, a todas las formas de combate que lo ayude, incluso de violencia aguda (terrorismo armado). Sus palabras eran la confirmación de la apuesta del PC para derrocar a Pinochet por medio de grandes movilizaciones populares usando todas las formas de lucha (armada) y la antesala del nacimiento oficial del FPMR, su brazo armado, en 1983. Ese año y el siguiente y  la llegada al país de oficiales de la organización preparados en Cuba y con experiencia en combate en Nicaragua, presentaban un cuadro auspicioso para agudizar el enfrentamiento contra el Gobierno de Chile.

Por eso, definida la tesis insurreccional en enero de 1985, la dirección interior del PC encabezada por Gladys Marín y Guillermo Teillier, junto a Luis Corvalán, dieron luz verde a la internación de armas de Carrizal Bajo, la operación de mayor envergadura de la historia de la colectividad; y decretaron 1986 como el “Año Decisivo” para tumbar a Pinochet.

Podemos apreciar que el Partido Comunista declaró e hizo la guerra al gobierno de Chile a partir de 1980 y la ratificó, amplió y agudizó en 1985, poniéndose como plazo para su culminación en 1986, el “año decisivo”.

Pregunta: Con la estrategia de la rebelión popular de masas (1985) ¿hubo un cambio en la línea política del Partido Comunista de Chile trazada en sus diferentes congresos?

Respuesta: No hubo precisamente un cambio en la línea política, sino la incorporación de una nueva táctica, del uso de todas las formas de lucha, pacíficas o violentas, e incluso el empleo de las armas para echar abajo la dictadura. A la dictadura no se le podía poner fin mediante nuevas declaraciones y protestas. En el curso del mes de abril de 1981 se realizaron apagones a lo largo del país, voladuras de puentes y de líneas de trenes de Santiago al sur, de Valparaíso a Santiago y San Felipe a Los Andes. Fue asaltada la Armería Morandé y capturadas sus armas. En el mes de mayo de 1981 se tomaron las agencias periodísticas Asociated Press y ANSA, transmitiéndose a través de ellas proclamas en contra de Pinochet, fue asaltada la Armería Italiana con la consiguiente captura de armas. En julio hubo un nuevo apagón que abarcó a gran parte del país. En agosto se realizó un asalto y captura de armas en las Armerías Ricci, Italiana y Real. En septiembre se produjo un nuevo apagón nacional y toma y quema de trenes de la línea Santiago-Valparaíso.

A la lucha contra la dictadura se incorporaron de más en más, con sus propias formas y sus propios métodos todos los partidos de la Unidad Popular, la Democracia Cristiana, los radicales y gente sin militancia política. 1986 fue el año de las grandes protestas, el año del Atentado a Pinochet en el Cajón del Maipo y del desembarco de las armas del Frente Manuel Rodríguez en Carrizal Bajo.

Existía alguna persecución por “Pensar distinto”. No, el Partido Comunista delegado por la Unión Soviética, apoyado por Fidel Castro, por el dictador de la República de Alemania Comunista y otros delincuentes internacionales se coludieron para “Hacer algo”: intentar el asalto armado al Gobierno Militar e imponer el mismo gobierno marxista, incapaz, corrupto y desquiciado que las FFAA de Chile habían sacado de sus posiciones de poder en 1973.

La banda de frenéticos que en 1973 se habían apoderado del poder político, económico y social de Chile  -creando una situación similar a la de Maduro en la Venezuela de hoy día- intentaba en 1986 volver a nuestro país con ayuda extranjera.

La gran diferencia respecto a Venezuela fue que las FFAA de Chile tomaron el bando del pueblo y con su apoyo, impidieron esa regresión totalitaria.

En este contexto de guerra armada financiada por potencias extranjeras y  apuntando a la derrota militar de las FFAA y de Seguridad de Chile, se produjo un enfrentamiento entre terroristas y fuerzas de seguridad.

Según lo investigó una funcionaria del Poder Judicial de apellido Cifuentes los hechos fueron los siguientes:

Cita Textual

 Que el día 10 de diciembre de 1985, alrededor de las 01:30 horas, Patricio Leonel González González, acompañado de dos sujetos no identificados, todos militantes del Frente Manuel Rodríguez, conducía el automóvil marca Datsun, modelo Sunny, patente EE 9769, por calle Arturo Prat de la comuna de Puente Alto, en dirección al oriente, llevando en el portamaletas dos subametralladoras calibre 9 mm, una escopeta de caza calibre 12, un revólver calibre .32, una pistola calibre 9 mm, 75 cartuchos calibre 9 mm, 10 cartuchos de caza calibre 12/65, dos granadas de mano y dos paquetes de explosivos sin elemento iniciador.

 Que el citado vehículo había sido sustraído a su dueño, Guillermo Eduardo Gotschlich Reyes, mediante intimidación, el día anterior, alrededor de las 21:00 horas, en calle Ricardo Matte Pérez de la comuna de Providencia.

 Que, al llegar a la intersección con avenida Concha y Toro, frente al Regimiento de Ingenieros N° 2 de Puente Alto, el referido automóvil fue interceptado por cuatro sujetos vestidos de civil, Iván de Jesús Belmar Fuentes -actualmente fallecido-, Juan Orlando Muñoz Orellana, Nelson Mario Pérez Cabezas y Ramón Antonio Venegas Arenas, todos funcionarios de Carabineros de Chile, quienes tras seguir al vehículo, lo anticiparon (lo adelantaron), se parapetaron en el lugar y, luego, se abalanzaron sobre él, disparando en contra de sus ocupantes, con las subametralladoras UZI, calibre 9 mm, que portaban.

 Que, ante lo ocurrido, descendieron del vehículo el copiloto y la persona que ocupaba el asiento posterior, quienes se dieron a la fuga por avenida Concha y Toro en dirección al sur.

5° Que el conductor Patricio González González resultó herido y permaneció al interior del móvil, el que se desplazó por la citada avenida en dirección sur oriente, colisionando en contra de una caseta del regimiento antes aludido.

6° Que González González recibió seis impactos balísticos: tres de ellos en el tórax, uno de los cuales lesionó el hígado, transfixió el esófago y desgarró casi totalmente la aorta torácica; uno en el muslo izquierdo y dos en la cabeza, uno de los cuales penetró a la cavidad craneana, lacerando el lóbulo frontal derecho, lesiones que le causaron la muerte.

La ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes Alarcon, condenó a tres suboficiales en retiro de Carabineros, en calidad de autores del delito consumado de homicidio calificado de Patricio Leonel González González. Ilícito perpetrado el 17 de diciembre de 1985, en la comuna de Puente Alto.

En el fallo (causa rol 1-2011), la ministra en visita condenó al Sargento 1° Ramón Antonio Venegas Arenas, al ex cabo segundo Nelson Mario Pérez Cabezas y al ex suboficial Juan Orlando Muñoz Orellana a 10 años y un día de presidio efectivo y las sanciones accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras duren las condena; más el pago de las costas del proceso.

En el aspecto civil, el fallo condena al Estado de Chile a pagar una indemnización de $250.000.000 (doscientos cincuenta millones de pesos), desglosados en $100.000.000 para la madre de la víctima y $50.000.000 para cada uno de sus tres hermanos.

Fin de la Cita Textual

En la situación de guerra planteada a Chile por el Partido Comunista ¿cuál sería la forma en que las fuerzas del orden representadas por esos carabineros debían actuar?. ¿Tal vez pasándoles un parte por exceso de velocidad? ¿invitándolos a deponer su actitud?.

La funcionaria Judicial es una fiel representante del Poder Judicial Chileno: Hipócrita y dominada por la Estulticia.

Inmigrantes Haitianos La conspiración de Bachelet

La migración es un fenómeno antiguo cuyas características y masividad han variado y se han acentuado en los últimos años. Hay que distinguir entre emigrar e inmigrar, el primero es un derecho humano universal, nadie puede ser impedido de dejar su país si así lo desea; inmigrar no es un derecho humano, es decir, una persona no tiene derecho a exigir ser admitida en otro país a su elección. El potencial receptor podrá conceder o no ese privilegio de acuerdo a sus leyes y políticas.

Un problema muy complejo en que la moral y la necesidad pueden chocar, es la calificación legal de quienes son y quienes no son elegibles para inmigrar a un país determinado. Por ejemplo, parece razonable que un país no acepte delincuentes y personas que no quieran ajustarse a sus leyes; sin embargo cuando se incorporan asuntos como la raza (color) y la religión, surgen complejidades difíciles de resolver.

Si un país no tiene minorías étnicas o religiosas y no quiere introducir en su sociedad a un grupo que conflictuaría con el resto de la sociedad, ¿tendría la obligación de aceptarlos?; pero ¿podría rechazarlos sin ofender a la moral y la compasión?. ¿Es factible y aceptable recibir personas por un lapso y luego expulsarlas?. Otro aspecto complejo es el que la legislación no sea la aplicación oculta -“legal” pero no menos cierta- de prejuicios o racismo.

Al analizar nuestra reciente y actual experiencia nacional encontramos que estos aspectos pueden estar presente en nuestras expresiones y acciones, personales y sociales. En esta columna no las consideraré pero dejo en claro que ellas existen, son reales y debemos incorporarlas al análisis del problema.

Dicho lo anterior, parece evidente que los Estados deben tener un marco legal claro que regule la entrada y permanencia de extranjeros, turistas, trabajadores temporales, inmigrantes etc., explícito y que se cumpla sin excepciones, única forma de satisfacer las necesidades de justicia tanto hacia los extranjeros como hacia los nacionales.

En nuestro caso, esta necesidad inicial e ineludible de tener y hacer cumplir la legalidad vigente, -en particular en el caso de los inmigrantes haitianos- ha sido vulnerada por el Estado y por el Gobierno y lo peor, esto ha sido ocultado y escondido por quienes debían sacarlo a la luz: el Gobierno, la Justicia y la Prensa.

La considero una “conspiración”, porque se ajusta al significado de esa palabra: Conspirar significa «unirse en secreto acuerdo con el fin de efectuar un acto ilícito o impropio o para usar tal medio para llevar a cabo un fin ilícito» y considero que la autora es Bachelet porque ella tuvo conocimiento del delito, lo ocultó, incumplió su obligación legal de dar cuenta a la justicia y ordenar su investigación y que hay razones para considerar que lo hizo para su beneficio personal.

El día 16 de diciembre de 2018, en el capítulo 34 del programa Mesa Central del Canal 13 de televisión[1], Heraldo Muñoz, Ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Bachelet, informó que:

  • Tanto él como Bachelet y su gobierno tuvieron conocimiento de un “negocio” con sede en Haití para el traslado ilegal de ciudadanos de ese país a Chile. Si ellos fueron informados, es evidente que la PDI es el origen natural y evidente también de la información y que tanto los funcionarios del Ministerio del Interior como de Relaciones Exteriores también tomaron conocimiento de los hechos.
  • Los administradores del negocio invitaban a ciudadanos haitianos a vender sus casas y propiedades, pagar 3.000 dólares a los organizadores del viaje y adquirir un pasaje hasta Chile en la Aerolínea Law
  • A cambio de los 3.000 dólares recibirían un contrato de trabajo en Chile, reservas en un hotel y dinero en efectivo para acreditar de condición de turistas y luego poder permanecer en Chile como inmigrantes.
  • Serían recibidos en el aeropuerto en Chile para facilitar los trámites de ingreso y su instalación inicial.
  • El gobierno (cancillería) informó varias veces de esta estafa a las autoridades haitianas las que “no hicieron nada”, y que este negocio siguió funcionando con grave detrimento de sus víctimas.
  • El gobierno de Chile nunca informó al Ministerio Público ni puso denuncia alguna ante nadie. El Gobierno de Bachelet nunca tomó medida alguna para detener o impedir la continuidad de la comisión evidente del delito.

Un ilícito penal es un acto que atenta contra el ordenamiento jurídico del Estado y los funcionarios públicos como sus servidores y representantes deben velar por el respeto a tal ordenamiento.

El Código Procesal Penal en su artículo 175 dispone quienes y cuando deben denunciar obligatoriamente los delitos que conozcan o se enteren:

“Los funcionarios públicos pueden ser testigos o tomar conocimiento de hechos que pudieran revestir el carácter de ilícito penal y la denuncia debe efectuarla en el término de 24 horas desde que tomó conocimiento del hecho”.

“La obligación acarrea sanciones al funcionario público cuando ha tomado conocimiento del ilícito en ejercicio de sus funciones. En el evento que el funcionario público no haga la denuncia respectiva puede ser objeto de dos tipos de sanciones: a) de orden penal, que se traduce en una falta que es sancionada con una multa y; b) de orden administrativo, que se traduce en la aplicación de alguna de las medidas disciplinarias que la ley indica”.

Estarán obligados a denunciar:

“a) Los miembros de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones de Chile y de Gendarmería, todos los delitos que presenciaren o llegaren a su noticia. Los miembros de las Fuerzas Armadas estarán también obligados a denunciar todos los delitos de que tomaren conocimiento en el ejercicio de sus funciones;

b) Los fiscales y los demás empleados públicos, los delitos de que tomaren conocimiento en el ejercicio de sus funciones y, especialmente, en su caso, los que notaren en la conducta ministerial de sus subalternos;

c) Los jefes de puertos, aeropuertos, estaciones de trenes o buses o de otros medios de locomoción o de carga, los capitanes de naves o de aeronaves comerciales que naveguen en el mar territorial o en el espacio territorial, respectivamente, y los conductores de los trenes, buses u otros medios de transporte o carga, los delitos que se cometieren durante el viaje, en el recinto de una estación, puerto o aeropuerto o a bordo del buque o aeronave;

d) Los jefes de establecimientos hospitalarios o de clínicas particulares y, en general, los profesionales en medicina, odontología, química, farmacia y de otras ramas relacionadas con la conservación o el restablecimiento de la salud, y los que ejercieren prestaciones auxiliares de ellas, que notaren en una persona o en un cadáver señales de envenenamiento o de otro delito, y

e) Los directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, los delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el establecimiento.

La denuncia realizada por alguno de los obligados en este artículo eximirá al resto.”

El problema es que nadie, absolutamente nadie denunció un posible delito que todos los chilenos estábamos viendo a diario y en todo el país.

El incesante desfile de “turistas” haitianos que llegaban en vuelos de Law, en horas de la noche y la madrugada, con sus sobres amarillos con el dinero y los contratos y reservas hoteleras falsas era evidente e inocultable, sin embargo, la prensa nunca se dio por enterada ni investigó con seriedad una anomalía inocultable, peor aun, después de la declaración pública del ex Canciller Muñoz, tampoco hubo comentarios ni preguntas.

Estos silencios y complicidades configuran una conspiración organizada y dirigida por una voluntad decidida a mantener oculto el delito.

Coetáneamente, la ex presidente Bachelet postulaba al cargo de Alto Comisionado de las NNUU para los DDHH, y el problema de la migración y su transformación en derecho humano universal y exigible estaba en debate global. No es aventurado considerar que permitir la entrada de un grupo de inmigrantes de alta visibilidad e impacto noticioso contribuyó a fortalecer sus méritos para el cargo.

Nos encontramos ante la necesidad de exigir el cumplimento de la ley y de sancionar a quienes la infligieron abiertamente. No es posible, por el prestigio de nuestro país y de la institución Presidencial, continuar simulando que nada ha pasado y que Chile (su Gobierno) no se hace cargo de la vulneración deliberada y reiterada de las leyes de inmigración chilena y de graves daños y perjuicios a las victimas de la estafa, por parte de sus mas altas autoridades.


[1] Ver Video:

http://www.t13.cl/videos/programas/mesa-central-tv/video-mesa-central-capitulo-34-domingo-16-diciembre. Segundo 55:45 al 56:22

El Che Guevara, héroe de la izquierda chilena

 Con sorpresa y alegría he sabido que los diputados de la UDI, Osvaldo Urrutia, Gastón von Mühlenbrock, Sergio Bobadilla y Juan Antonio Coloma, en el contexto del “negacionismo” en Chile, han pedido “que el Ejecutivo disponga que “los textos escolares de historia consignen de manera fidedigna los asesinatos cometidos por este personaje oscuro, para que nuestros niños y jóvenes no sean embaucados con falsas figuras heroicas, que no son valorados en su real dimensión, que, en este caso corresponde a la de un criminal de la izquierda latinoamericana”.

Esta viril actitud de los diputados, que se aparta de la cobardía tradicional de los políticos de derecha, viene a reivindicar una verdad imprescindible de mostrar a la juventud chilena.

1.- Su primer homicidio fue un “ajusticiamiento revolucionario”.

En efecto, es mucho lo que se puede decir de este siniestro individuo pero veamos solo algunos casos que muestran al personaje en cuestión en toda su maldad, perversión, incompetencia y crueldad y que han sido mantenidas ocultas por sus cómplices de la izquierda internacional. Guevara llegó a ser un “fusilador” compulsivo e indiscriminado; su carrera la inició el 18 de febrero de 1957 matando a sangre fría a Eutimio Guerra un guía campesino acusado de pasar información al enemigo. En palabras del mismo Che: “la situación no estaba muy alegre en esos días; la columna, sin el espíritu forjado en la lucha … no acababa de consolidarse”. 

Según Jaime Costa, comandante del Ejército Rebelde, presente en el lugar en que “se juzga” a Guerra, “no había seguridad concreta … entonces se forma el tribunal y acordamos que no había seguridad de que él haya sido un delator y por tanto no podía quitársele la vida. En entonces el Che dice, ´bueno, si no se la quitan ustedes se la quito yo´, entonces todo el mundo le dice, `¿por qué tu le vas a matar?. Si tu no eres cubano y no ha confesado que es delator. Y Ramiro que era el de mayor rango y presidente del tribunal dice no se puede fusilar. Y el Che sacó la pistola y lo mató ahí”. En palabras de Guevara, “…acabé el problema dándole en la sien derecha un tiro de pistola [calibre] 32, con orificio de salida en el temporal derecho. Boqueó un rato y quedó muerto”.

Seguidamente el Che procedió a apropiarse de las pertenencias de la víctima. Según el propio Guevara, le interesaba sobremanera el reloj. “Al proceder a requisarle las pertenencias no podía sacarle el reloj amarrado con una cadena al cinturón, entonces él me dijo con una voz sin temblar muy lejos del miedo: ‘Arráncala, chico, total…’ Eso hice y sus pertenencias pasaron a mi poder.” 

Mas adelante y tratando de justificar el homicidio, el Che manifiesta públicamente: “Para enviar hombres al pelotón de fusilamiento, la prueba judicial es innecesaria. Estos procedimientos son un detalle burgués arcaico. ¡Esta es una revolución! Y un revolucionario debe convertirse en una fría máquina de matar motivado por odio puro.”

Posteriormente el Che escribe en su Diario:“…ejecutar a un ser humano es algo feo, pero ejemplarizante. De ahora en adelante aquí nadie me volverá a decir el saca muelas de la guerrilla”. En una carta a su padre refiriéndose a esta ejecución escribe: “Tengo que confesarte, papá, que en ese momento descubrí que realmente me gusta matar.”

2.- Asesinatos ejecutados personalmente por el Che Guevara.

Cometidos entre 1957 y 1959 no fueron parte de enfrentamientos armados sino ejecuciones a sangre fría, la mayoría sin investigación de las acusaciones y sin juicio.

En Sierra Maestra asesinó personalmente a 14 guerrilleros y civiles sospechosos de espionaje, traición, incumplimiento de deberes militares e intento de deserción. Asesinó a 175 personas en el campo de concentración de La Cabaña lugar en que se inició la eliminación sistemática de los opositores. Según le manifestó el mismo Guevara al agente Félix Rodríguez después de rendirse al ejército boliviano, los fusilados y ejecutados de diversas maneras no directamente por él sino por sus subordinados y por órdenes suyas, serían del orden de 1.500 opositores.

El 11 de diciembre de 1964, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y siendo Ministro de Industrias, Guevara confesó: “Fusilamientos, si, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando”.

He dejando para el final el episodio que mejor expone su falsedad, carencia de moral y bajeza: La Traición de Santa Clara.

Los líderes del Segundo Frente Nacional del Escambray, una fuerza rebelde, no castrista, habían negociado la rendición de los soldados de Batista de guarnición en la provincia de Santa Clara, los que llegarían en tren a esa ciudad y ahí entregarían sus armas y se rendirían. Ante esto, Guevara, cuyas fuerzas operaban en la misma zona hizo una mejor oferta: les ofreció dinero a cambio de la rendición. Entre rendirse gratis y recibir dinero a cambio, los soldados de Batista optaron por la oferta del Che.

Lo que siguió es guevariano: Lázaro Ascencio, comandante del Ejército Rebelde señala que: “el tren blindado fue una acción de traición del Che Guevara … el famoso tren blindado estaba dispuesto a entregarse al Segundo Frente Nacional del Escambray, las condiciones eran muy sencillas: los soldados del tren blindado iban a entrar por la zona del acueducto de Santa Clara y allí nos iban a entregar las armas con el compromiso que ellos se quedaban ahí sin pelear… pero por filtraciones que sucedieron, el Che se entera de esa posibilidad y entonces, ¿qué hacen ellos?, atacan al tren blindado antes de que se entreguen a nosotros. Guevara y sus guerrilleros asaltan al tren y asesinan a diestra y siniestra a los soldados que esperaban la llegada de los miembros del Segundo Frente Nacional para entregarles su armas”.

La ciudad de Santa Clara, sin protección alguna es ocupada por Guevara y sus tropas, según Jaime Costa, compañero de armas de Fidel Castro desde las primeras acciones subversivas, “El primero que entra en Santa Clara ciudad es el Che y Félix Torres, un comunista de Las Villas, le dice ´Che, tienen a todos los chivatos (adherentes) de Batista y el Che, sin mas ni menos, los va matando sin interrogar; en esto el segundo que entra en la ciudad es (Camilo) Cienfuegos y el tiene una expresión: ´pero coño, aquí se han bañado en vez de agua, con sangre, porque donde quiera hay un muerto tirado en la esquina, han acabado con este pueblo!”

Ernesto Guevara, alias El Che, en Santa Clara asesinó por su propia mano a 23 personas.

Esta breve muestra de la calidad moral, la humanidad y el honor  de Guevara señalan lo profundo y grave del daño que la izquierda chilena ha hecho a nuestra juventud exaltando como modelo ciudadano, militar y humano, a través de la educación y la propaganda mentirosa, a este asesino brutal y repugnante.

Nota: A  diferencia del “Informe Rettig”, cada víctima de Ernesto Guevara (alias “Che), está documentada con nombre y apellido, fecha, lugar, circunstancias y testigos.