MINISTERIO DE DEFENSA – ¿DIRECCIÓN Y LIDERAZGO?

Durante la campaña presidencial, el comando de Piñera publicó un documento que contenía el “Programa de Gobierno 2018 -2022 – Construyendo tiempos mejores para un Chile seguro y en paz para progresar y vivir tranquilos”. En las páginas 159 y 160 desarrolla su proyecto político para la defensa delineando sus ideas generales del rol y las característica de las FFAA en su gobierno y concluye con la enumeración de los 10 principales Objetivos para materializar esas ideas.

El Ministro de Defensa en su exposición del 2 de abril de 2018 en la inauguración del Año Académico Militar, reduce esos 10 objetivos a 3 prioridades:
1.- Desarrollar la Política de Defensa y la Política Militar, con un sustancial avance en ciberdefensa.
2.- Reemplazar la Ley Reservada del Cobre por un mecanismo de financiamiento estable y plurianual.
3.- Modernizar la carrera militar, aprovechando la formación del personal activo, considerando que pasa a retiro personal altamente calificado y con capacidades.

Por último, el Presidente Piñera, en su alocución con motivo de la Cuenta Pública el 1º de Junio de 2018, señaló como prioridades de la defensa:

1.- Desarrollar una “política militar y de defensa que les asegure (a las FFAA) una adecuada capacidad de disuasión para proteger nuestros intereses y soberanía”.
2.- Fuerzas Armadas multivalentes, “que integren mejor sus tres ramas, aumentando así su eficiencia, eficacia y aporte al país en tiempos de paz”.
3.- “Cambio en la forma de financiamiento de las adquisiciones y mantenimiento de nuestro potencial bélico, reemplazando la actual Ley Reservada del Cobre por un sistema plurianual y con un fondo especial para enfrentar eventualidades.
4.- “Modernizar y extender la carrera militar, de forma de utilizar con mayor eficiencia su valioso recurso humano, hacerlo más coherente con las necesidades de la defensa nacional y contener el costo previsional”.
Podemos considerar que lo mas cercano a un compromiso político es lo expresado por Piñera. Pero es un compromiso limitado y políticamente modesto.

En efecto, la primera prioridad es la constatación de una necesidad tan amplia e indeterminada que en realidad no significa nada. Es como decir que habría que desarrollar una política de salud que permita que los chilenos estén saludables.
La segunda, lo de las “Fuerzas Armadas multivalentes” es una repetición deslavada de la política de la Concertación y la Nueva Mayoría de “democratizar” a las FFAA, antes de haber explicado que es exactamente lo que quieren; demostrado que se trata de una política eficaz y conveniente para Chile y que apunta a objetivos concretos y cuantificables.
En este sentido es la insistencia en el modelo de “modernización” de las FFAA de España -del Pacto del Escorial y la negociación de Cheyre-, primero proponer una solución que resuelva el problema político e ideológico de sus proponentes y luego estudiar en serio el problema a resolver.
La tercera es la reiteración de una necesidad que viene repitiéndose desde el término del Gobierno Militar y respecto a la cual ya existe un proyecto en el Congreso cuya materialización no es ni tan segura ni tan eficaz mientras el Gobierno no tenga mayoría en ambas cámaras. Este compromiso tiene otra dificultad de la cual ni el Gobierno ni la Oposición han tomado nota: hacer este cambio implica haber desarrollado previamente una Política de Defensa y una Política Militar “de Estado” que suscite el apoyo del gobierno y de la oposición y, tan importante como lo anterior, disponer de una estructura ministerial con la organización y capital humano capaz de manejar eficaz y racionalmente los recursos que se le asignen. Hoy estamos muy lejos de ello y este déficit no está siendo enfrentado como una necesidad crítica.
La cuarta es el mundo al revés, no se diseña una carrera profesional para aprovechar “al valioso capital humano que pasa a retiro al completar su carrera”, sino para proveer y mantener en las FFAA al mejor recurso humano posible.
Ello obliga a incluir una serie de reformas de gestión de personal -en uso desde largo tiempo en las FFAA de los países desarrollados- que incluye flexibilidad en el reclutamiento y egreso; reclutamiento de profesionales con formación civil; reconocimiento de realidades como la voluntad de las personas de manejar sus vidas, carreras y previsión con mas libertad; creciente valoración de la movilidad laboral y la decadencia del prestigio y utilidad de las prestaciones que tradicionalmente han compensado los bajos sueldos: medicina, bienestar, previsión. Hoy, mas aun mañana, la carrera militar es una carrera de media vida para mas y mas militares.

Podemos concluir que hasta el momento no es posible distinguir una agenda de defensa y que el ministro de Defensa no ha marcado ningún centro de gravedad de su política.

El acuerdo con la Contraloría para mejorar el control interno de las finanzas de las FFAA no es obra del ministro sino que ya estaba en operación desde antes de su llegada y fue armado entre los CC en JJ y el Contralor, arreglo que, por lo demás, deja al Ministro de Defensa, otra vez, al margen de las responsabilidades. Otra actividad fue un ceremonia de firma de un convenio destinado a educar para evitar el abuso contra las mujeres en las FFAA y a defender sus derechos. ¿Hay algún antecedente de abuso contra las mujeres en las FFAA mas allá de algún desatino de unos pocos muchachos?, ¿por qué no aplicárselo a los profesores y empleados públicos, donde si hay quejas?. En realidad es una ofensa gratuita y un abuso de autoridad. El resto han sido viajes, visitas y conocimiento de unidades, todas muy interesantes y útiles, pero que claramente no configuran agenda ministerial.

La “relación civil militar” sigue deteriorándose ante la ausencia de dirección y liderazgo político del Gobierno, ya sabemos que “sembrar vientos cosecha tempestades”. Sigue habiendo una zona gris entre las atribuciones presidenciales y los estados de excepción constitucional –como la citación de Bachelet a los Directores de Inteligencia de las FFAA para disponerles la investigación de la promoción de incendios forestales mediante las redes sociales-; no hay cambios en la pasividad del ministerio en la conducción de la Defensa y el exceso de escalones de mando que diluyen las responsabilidades y generan interminables y paralizantes luchas burocráticas. En esta línea, hay que definir con claridad si este gobierno continuará el intento de las administraciones de izquierda en cuanto a ir creando un Jefe de Estado Mayor Conjunto que suplante a los CC en JJ y formalice la irresponsabilidad del Ministro. En esta línea, la ley del Ministerio de Defensa sigue dejando al Ministro fuera de la cadena de mando y proporcionándole una posición muy cómoda y vistosa pero sin ninguna responsabilidad ni poder real. Un adorno.

En breve. No hay política de defensa y definitivamente la gestión administrativa, siendo importante, no satisface lo básico: establecer para qué están las FFAA de Chile al comienzo del siglo XXI; qué es lo que el Gobierno quiere hacer con ellas; cuales son las capacidades requeridas; reconciliar deseos con realidades económicas … y sobre todo, hacer al Ministro de Defensa responsable integral de su Ministerio.
Las tareas por cumplir son tan obvias y han sido tan reiteradamente enunciadas que es imposible seguir postergándolas sin hacer “algo” al respecto.
Dada la estructura del ministerio y la baja calidad de muchos de sus ejecutivos es una tarea difícil, pero que no puede seguir postergándose.

Se requiere dirección y liderazgo.

ISRAEL – EEUU: La brutal amistad

A finales del siglo XIX surgió el movimiento sionista que defendía el establecimiento de los judíos en Israel. Algunos judíos emigraron a palestina después de la Primera Guerra Mundial. Al término de la Segunda Guerra Mundial esta migración aumentó en forma significativa.
Con el estímulo de la conmoción causada por el Holocausto, la comunidad internacional a través de las Naciones Unidas, aprobó la partición en mitades del territorio de lo que había sido el mandato británico en Palestina: una parte judía y una parte árabe.
Con esto el mundo resolvió su problema de conciencia por la pasividad ante el histórico antisemitismo europeo. Los británicos también se alegraron de deshacerse del feroz terrorismo judío en palestina capitaneado Menahem Begin, que mas tarde sería Primer Ministro de Israel.
Los palestinos obviamente no lo aceptaron y en 1948 trataron de resistirse a la partición; fueron derrotados por los israelíes que expulsaron a un gran número de ellos hacia Jordania, Siria, Líbano, Egipto, Gaza y hacia diversas partes del mundo, en una diáspora violenta y forzosa.
Francia y Gran Bretaña fueron expulsados de Medio Oriente por las nuevas potencias globales, EEUU y la Unión Soviética, después de su fallida toma del Canal de Suez en 1956.

A partir de entonces EEUU apadrinó a Israel para representar sus intereses en la región y la Unión Soviética hizo lo mismo con Egipto y Siria. Hay que recordar que ambos países mas Irak conformaban la República Árabe Unida, que constituyó el primer ensayo de gobierno moderno, laico y democrático en Medio Oriente. Así, los árabes fueron empujados a los brazos de los soviéticos y pasaron a constituir el principal escenario de la Guerra Fría.

Israel por su parte recolectó miles de personas educadas en el mundo occidental y conformó un estado moderno, estable y -con la irrestricta ayuda norteamericana- militarmente fuerte.

Los palestinos que permanecieron, desperdigados en campos de concentración en la misma Palestina, en Líbano, Jordania y Gaza, carentes de tradición y cultura política al estilo occidental, fueron condenados a la anarquía, la miseria y la humillación continua, refugiándose en líderes terroristas -venales e incapaces- que solo aportaron mas sufrimiento a su gente y dieron pie a la descalificación política, moral y comunicacional del pueblo palestino frente a la opinión pública mundial, que llegó a igualar palestino y terrorista.
Durante 70 años siguientes, apoyados en el desprestigio y la caricatura, Palestina se enfrentó a Israel siendo siempre el socio menor de coaliciones con otros estados que perseguían sus propios intereses –la Unión Soviética, Egipto, Arabia Saudita y otros- siendo vencida una y otra vez y pagando la parte mas onerosa del precio de cada derrota.

Desde esos años, hasta hoy día, EEUU continuó apoyando sucesivamente las guerras llevadas a cabo para la destrucción política y económica de Egipto, Irak, Siria y actualmente Irán, en una constante expansión para acercar a Israel a sus aspiraciones presuntamente bíblicas: establecer un estado judío desde el río Nilo hasta el Eufrates, representado en su bandera con las dos franjas celestes.

El reciente ataque a Siria, en represalia a un presunto ataque químico que hasta el día de hoy no se confirmó, tan falso como las inexistentes armas de destrucción masiva usadas como excusa para atacar a Irak, destruir al gobierno de Sadam Hussein y reemplazarlo por la anarquía y la miseria, es sin duda un precalentamiento para el futuro ataque preventivo a Irán, que ya se discute en los círculos militares y políticos en Israel.

La alianza política y estratégica entre Israel y los EEUU se ha mantenido con períodos de mayores y menores exigencias políticas y morales, pero no han cesado en ningún momento.

La actual coincidencia de personajes como el presidente de los EEUU Donald Trump y Benjamin Netanyahu, Primer Ministro de Israel, conforma la mas brutal amistad internacional desde Hitler y Stalin y es la peor culminación posible del autoritarismo, racismo y desprecio a la comunidad internacional y sin duda, la mas insolente, abusiva e innecesaria bofetada al pueblo palestino.

El intercambio de tuits entre ambos mandatarios muestra el nivel en que funciona esta alianza: “Presidente Trump, al reconocer la historia, ha hecho historia. Israel no puede tener mejor amigo en el mundo”, proclamó este lunes Netanyahu. “¡Gran día para Israel. Enhorabuena!”, tuiteó Trump.

60 muertos, 1.200 heridos por armas de fuego, francotiradores asesinando selectiva y personalmente a “blancos” elegidos al arbitrio de un francotirador militar judío, entre los manifestantes civiles palestinos, muestra el fondo del estanque de la decencia. Siendo joven vi una película que mostraba a un oficial nazi acodado a un ventana que disparaba y aterrorizaba a prisioneros judíos en un campo de concentración matándolos selectivamente bajo criterios que solo él conocía, en forma implacable y mortal. Me dio un asco inolvidable, pero ahora vemos a un descendiente de esas víctimas practicando el mismo juego sádico.

¿Cómo es que la ciudadanía israelí no se sorprende?, ¿es que su sentido de la justicia está embotado a tal punto?.
Pero Israel no es el único verdugo de los Palestinos, los árabes también los han abandonado. Preocupados por sus propias peleas prefieren ignorar la masacre de los palestinos y no ver el genocidio norteamericano – israelí, a la espera beneficiarse de los restos del festín.

Gaza, con la mayor densidad poblacional del mundo, 5.000 habitantes por kilómetro cuadrado, sin desagües, con agua contaminada, sin alimentos, sin trabajo, sin esperanzas, sitiados en un ciudad en ruinas, sin futuro y sin compasión del género humano.

Vergüenza para Israel, para los EEUU, para los europeos, para los árabes, los iranios, los asiáticos y los sudamericanos, vergüenza para el género humano.

Los Palestinos no tienen derechos humanos, ¿será que no son humanos?
Da asco y pena.

SISTEMA DE INTELIGENCIA NACIONAL Orientación y Control

Hace años, un empleado público de apellido Osorio, con larga trayectoria en el Ministerio de Obras Públicas y ya cercano a jubilar, se embarcó en la Comisión Antártica que la Armada efectúa cada verano. Allí, en los largos días de navegación, expuso la quintaesencia de su exitosa experiencia burocrática: las “Leyes de Osorio”. Su enunciado breve, conciso y claro impactaron en su audiencia, fueron incorporadas a la experiencia colectiva y siguieron siendo citadas, en diversas situaciones, por muchos años:
– No opines de lo que no sabes
– No te metas en el trabajo de los otros
– No ordenes lo que no se puede hacer.
Creo que el problema de la reestructuración del Sistema de Inteligencia Nacional amerita la adopción de las Leyes de Osorio como guía básica de comportamiento, particularmente la Primera y la Tercera Ley.
Este breve recuento del proceso de direccionamiento y control de la inteligencia, aspira a apoyar el cumplimiento de la primera Ley de Osorio.

– ¿De qué se trata la inteligencia?: Se refiere al futuro. El pasado y el presente no son de su competencia, salvo como referencia o antecedente de conducta. Trata de determinar situaciones futuras posibles y de identificar aquellos elementos que preanuncian el avance hacia la concreción de alguna de ellas.
Debe ser un conocimiento útil para la toma decisiones por parte de una Autoridad en un ámbito específico, de manera que ellas sean las mejores posibles para modelar ese futuro en forma conveniente a sus propósitos.
Como es imposible conocerlo todo, la Autoridad debe ser precisa, concreta y selectiva en sus demandas de información. Exceso de interrogantes diluirá el esfuerzo, la falta de precisión llevará a búsquedas inútiles, impedirá la determinación de prioridades en la búsqueda y demandará un gasto excesivo.

– ¿Quién es el usuario de la inteligencia?: Es la Autoridad a la que pertenece el servicio respectivo. Autoridades de diferentes rangos y de diferentes ámbitos de acción requieren informaciones de diferente tipo y nivel. Hay organizaciones para la producción de inteligencia política, estratégica, operativa y táctica. Obviamente es difícil trazar una divisoria estanca ya que hay espacios de superposición, lo que nos lleva a que los diversos niveles de inteligencia deben cooperar entre ellos y apoyarse mutuamente, sin perder de vista sus propias prioridades, establecidas por sus respectivas Autoridades.

– ¿Cómo hace la Autoridad para orientar a su servicio de inteligencia?: Primero debe estudiar sus propios objetivos y analizar las opciones que tiene para alcanzarlos. Como dice Sun Tzu, lo primero es conocerse a si mismo, determinar sus fortalezas y debilidades, esto es clave, pero no es inteligencia. También le quedará claro que necesita esa misma información respecto al enemigo y al ambiente físico en que interactuarán. Esto si es inteligencia.
Pero las interrogantes son muchas y evolutivas, deberá entonces tomar su primera decisión crítica: determinar los “elementos esenciales de información· que requiere para poder tomar decisiones eficaces. Aquí la calve es la palabra “esenciales”, es decir imprescindibles, ineludibles, críticas o como se las llame.

Si pregunta mucho, si pregunta algo innecesario, si no pregunta lo imprescindible, si no prioriza, lo mas probable es que llegue al momento de tomar decisiones disponiendo de información interesante pero no la “esencial” para tomas sus decisiones. El ideal absoluto sería que hiciera una sola pregunta, de tal naturaleza que su respuesta le permitiera decidir acertadamente. Asi, para cada una de las diversas decisiones críticas que La Autoridad prevea que deberá tomar, debería tener un conjunto mas o menos reducido de los “elementos esenciales de información” (EEI) que necesitaría para tomar la mejor decisión.

– Aquí entra a funcionar el primer control. Debe haber una organización externa al gobierno y políticamente independiente, formada por “hombres buenos”, de parlamentarios, ex autoridades políticas o lo que sea, que revise esos elementos, antes de ser asignados al Sistema de Inteligencia y no permitan que el Jefe disponga la búsqueda de informaciones que vulneren la ley y la ética o tengan como destino promover sus intereses personales o partidistas . Este grupo de “veedores”, dispondrá la modificación, eliminación o replanteamiento de los EEI propuestos por la Autoridad.

El proceso continúa con la recepción de los EEI -por parte del Director Nacional de Inteligencia (DNA)- y su determinación de los elementos o indicios específicos que permitirían determinar la paulatina materialización de acciones o inacciones parte de los oponentes y su distribución entre sus propios medios de búsqueda y asignación a otras agencias que perteneciendo a otras autoridades de menor rango, cooperan en su tarea de acuerdo a sus capacidades y disponibilidad, quienes la incorporan como EEI propios.

– Aquí comienza la segunda función de control por parte de la organización externa al gobierno; debe fiscalizar las formas y procedimientos que las agencia de todo tipo y nivel empleen para obtener esas informaciones. Dado que la búsqueda de informaciones evoluciona sin detenerse, esta tarea de supervisión es también permanente.

– La tercera función de control es la evaluación, por parte de la organización externa, de los resultados obtenidos por todas y cada una de las organizaciones de inteligencia en todos sus niveles, en términos de ética, legalidad, resultados, costos, certeza y oportunidad y utilidad para el cumplimiento de sus cometidos.

– Hay dos formas generales de organización nacional: jerarquizada y cooperativa. En la forma jerarquizada el Directos Nacional de Inteligencia es la autoridad suprema de esta actividad y manda a todas las agencias de menor rango. Se le objetan dos debilidades: si la cabeza es corrompida o falla, todo el sistema fracasa y segundo, las autoridades de menor rango que la Autoridad nacional, en la práctica pierden a sus agencias ya que estas comienzan a trabajar con mas dedicación lo que requiere el nivel mas alto o a competir entre si por ser “mas útiles” al poder mas alto. Otra alternativa es la organización cooperativa en que el DNI es un mando coordinador, es decir asigna tareas y recoge resultados, pero el mando operativo se mantiene en cada agencia de menor rango. Se le critica que cuando falla la cooperación y los intereses de cada agencia priman sin contrapeso, el sistema deja de ser útil para la DNI.

– Una última consideración. Este esquema no incluye las operaciones ofensivas, de larga duración que requieren la inclusión de agentes o la acción positiva para influir sobre las decisiones del oponente o de los adversarios, para lo cual se suele requerir la existencia de un servicio secreto, que la experiencia señala que debe ser tan reducido como se posible, unificado bajo un solo mando (el DNI) y operar en estrecha coordinación con la autoridad de relaciones exteriores a nivel nacional y en la escena.

Dada la imprescindible necesidad de la prescindencia política de las agencias y autoridades de inteligencia, sus miembros y autoridades no deberían tener ciclos de renovación de personal coincidente con los cambios de gobierno y la Comisión de Inteligencia del Congreso debería tener supervisión cercana de su funcionamiento.
También es vital el control sobre ministerios políticos como Interior, instituciones militares, policiales, financieras, aduaneras y de seguridad la creación y existencias de unidades de inteligencia clandestina o disfrazada de otras funciones.
Las funciones de direccionamiento y control de la producción de inteligencia dentro de los diversos niveles del estado es una función imprescindible que requiere un control democrático estricto y seguimiento constante de sus actividades, así como un gran profesionalismo y neutralidad política e ideológica, para que sea verdaderamente contribuyente a los intereses de la sociedad.

ANÁLISIS INICIAL DEL CONFLICTO PLANTEADO POR BOLIVIA

Una mirada al conjunto de hechos que han conformado el presente contencioso con Bolivia en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) muestra una serie elementos de la realidad -nacional, internacional; política y diplomática- que Chile debe considerar y resolver para enfrentar el futuro de las relaciones con ese país.
Una aproximación crítica a la situación actual comienza con la consideración de los profundos cambios que han habido en la ubicación de Chile en el ranking de poder en la región y de su correspondiente política exterior, desde la Guerra del Pacífico hasta ahora. Nuestro país ha transitado por períodos de poder y asertividad; por decaimiento económico, crisis social y política; por esfuerzos de contención frente a políticas expansionistas de otros países; por fractura de los acuerdos sociales internos y debilitamiento de su presencia en la ruedo internacional, hasta llegar a la actual recuperación del poder nacional y de incremento de su participación internacional.

La crisis iniciada en los años 30 dio comienzo a una política exterior de contención de los avances de otros países, de protección defensiva y de reducción de las posibles pérdidas, refugio político en las organizaciones internacionales y judicialización de las relaciones exteriores, en breve, en el comportamiento tradicional de los países en situación de debilidad.

La recuperación del poder nacional, de la vitalidad empresarial, política, militar y diplomática y del consenso social y político cambiaron nuestro ámbito de influencia y las capacidades potenciales nacionales, pero sin modificar adecuadamente las conductas anteriormente asumidas y adoptadas como “doctrinas” que, como se dijo, respondían a otro contexto.

Un ejemplo paradigmático es la firma del Pacto de Bogotá que entregó el control de parte significativa de la política exterior de Chile a la CIJ y por esa vía, a la Organización de las Naciones Unidas. No cabe duda que las relaciones internacionales de todos los países están afectadas por la influencia de esas y otras organizaciones, pero la gran diferencia es con que grado de intensidad ello sucede en cada caso.

Los cambios habidos demandan una revisión de nuestra macro política exterior, de nuestra estrategia de seguridad nacional, de nuestro rol y posicionamiento internacional regional y mundial. También exigen tomar conciencia y dotarnos de los mecanismos, instituciones y procesos para manejar integrada y positivamente nuestro poder nacional actual y futuro. Incorporar integralmente en nuestra política exterior las características y oportunidades del mundo que se está construyendo en torno a la globalización, las comunicaciones, el libre comercio mundial y la tecnología.

Es también notorio el descuido en la formulación de nuestra política hacia Bolivia. Los avatares de los cambios en el ranking de poder regional llevaron a un manejo rutinario y también legalista y jurídico de la relación con ese país, enviando señales que fueron gravemente mal interpretadas. El aceptar la relación normal, en muchos aspectos, con ese país sin exigir relaciones diplomáticas regulares, llevó a una primera degradación de la misma. Los insultos reiterados de sus autoridades, los desplantes como la celebración –en territorio nacional- de cumbres paralelas a las oficiales que permitieron a altas autoridades bolivianas concurrentes a expedirse sobre asuntos internos de Chile y peor, de hacer propaganda a sus aspiraciones, contando con el apoyo de algunos partidos políticos nacionales, proyectaron una imagen de debilidad y permisividad nefasta.
Atropellos como la inconsulta visita inspectiva del canciller boliviano a territorio nacional también contribuyeron a la degradación del respeto y la debida formalidad del gobierno boliviano hacia Chile. A contrario sensu, posiciones firmes como aquellas que castigaron la intrusión de militares y policías bolivianos en nuestro país, contribuyeron a potenciar ese respeto.

Otra señal de alarma que no fue asumida en toda su gravedad fue el contenido del Artículo 267 de la Constitución de Bolivia que establece que: “I. El Estado boliviano declara su derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le dé acceso al océano Pacífico y su espacio marítimo. II. La solución efectiva al diferendo marítimo a través de medios pacíficos y el ejercicio pleno de la soberanía sobre dicho territorio constituyen objetivos permanentes e irrenunciables del Estado boliviano”.

Esta declaración de voluntad política nos pone ante una decisión -formal y oficial- de revisionismo del estatus quo por parte de Bolivia ya que el territorio aludido no puede ser otro que el del norte de Chile y nos señala que esos son objetivos permanentes de Bolivia.
Los llamados al empleo de medios pacíficos no alcanzan a cubrir la desnudez del desafío a Chile. Todos los agresores siempre invocan intenciones pacíficas.
Nunca, ni Perú ni Argentina, en las crisis mas profundas y serias planteó con esta brutalidad sus intenciones de revisar, en perjuicio de Chile, la estructura de límites en vigor desde hace mas de un siglo.
En solo dos artículos nos informa su voluntad política de despojarnos de parte de nuestro territorio, de sojuzgar o expulsar a los ciudadanos chilenos que la habitan y que ello constituye un objetivo permanente e irrenunciable del estado boliviano. Para Bolivia el conflicto no termina en una negociación, comienza con nuestra capitulación y rendición.
Y lo dejamos pasar.

Nuestra concurrencia –forzada- a la Corte Internacional de Justicia pone de relieve la pérdida de soberanía a que hemos llegado –voluntariamente-. En algún momento nuestra participación en el Pacto de Bogotá pudo parecer un reaseguro conveniente para controlar amenazas mayores. El completo y brutal desconocimiento por parte de Argentina de que Chile pudiera concurrir unilateralmente a dicha Corte así como su declaración de “nulo de nulidad insanable” del fallo dictado por miembros de esa Corte y enunciado por la Reina de Gran Bretaña, no dejaron duda de lo feble de la estructura que creíamos que nos protegía.
Así y todo aceptamos ir a ella en el conflicto con Perú. Ese juicio fue esclarecedor. Sin haber sido ilustrados por la Corte, llegamos a ella a litigar un juicio en términos jurídicos y nos encontramos con que ahora fallaba en términos de equidad. O fuimos muy descuidados o muy inocentes, pero que fracasamos, lo hicimos. Así y todo cabe preguntarse, ¿tiene derecho una Corte a cambiar tan radicalmente sus criterios sin invalidar la adhesión de quienes la habían aceptado cuando funcionaba en otros términos, muy distintos?. Contra Perú, ganamos jurídicamente y perdimos prácticamente y ya que a la Corte no se va a una justa académica sino a luchar por los intereses nacionales, podemos sentirnos, legítimamente, estafados. Pero luego cuando Bolivia, tardío e interesado adherente del Pacto de Bogotá, nos “arrastra” a ella, aceptamos alegre y confiadamente.
Pareciera que hay que retirarse del Pacto de Bogotá, ahora!.

Otro aspecto a revisar es la relación entre el Gobierno, el Estado y la Nación respecto a la gestión de los límites y territorios nacionales. Este es un tema complejo que solo dejaré indicado.
Es evidente que las relaciones internacionales deben ser manejadas por el gobierno y en nuestro caso, por el Presidente de la República. Una razón práctica y de realismo parece aconsejarlo así. También sería deseable que ese manejo se sujetara a una Política de Estado, ya que le daría continuidad y perspectiva de largo plazo a la defensa y promoción de los intereses nacionales, sin embargo es una realidad que la forma de entender esos intereses varía de un gobierno a otro, especialmente cuando alguno de ellos profesa una ideología inmediatista o militante. Ese tipo de gobiernos, ¿representan fielmente a la Nación en cada caso concreto?.
Cuando se trata de negociar el territorio, base de sustentación de la Nación y del Estado, parece conveniente la inclusión de todo o parte del Congreso e incluso de la Nación toda en la forma de un plebiscito.

Parece haber muchos y complejos aspectos a revisar, pero lo señalado parece suficiente para comenzar a conversar.
Quienes siguen haciendo lo mismo, no pueden pretender obtener resultados diferentes.

LA ESTRATEGIA DE EVO MORALES Próximos Pasos

El año 2013, con Lula, Maduro, Cristina Kirchner, Correa y Dilma Rousseff en la cresta de la ola y asociados en sus fantasías revolucionarias, Evo Morales desahució las conversaciones con el gobierno de Bachelet -estimulado por el aventurero judicial español Remiro Bretons-, se lanzó al desafío de “arrastrar a Chile” a la Corte Internacional de Justicia, apoyado por el movimiento antiimperialista que los reunía.

En pocos años, cuatro para ser preciso, la situación de la Bolivia chavista es otra muy diferente: su mas fiel exponente, Nicolás Maduro, está en franca decadencia, su permanencia en el poder es cuestionada. Lula haciendo fila para ir a la cárcel y los demás en merecido retiro, la reelección permanente que intenta Morales –por las buenas o haciendo trampa- ya no encuentra la benevolencia regional ni mundial.
La mutación política regional lo está dejando prácticamente solo. Económicamente se acabó la fiesta. Pero sigue haciéndo daño, mas por nuestra parsimonia que por su poder.

La estrategia boliviana parece haber sido dinamizada por su confianza en el triunfo de la revolución chavista y ese contexto Morales se lanzó a una aventura cuyo objetivo final podemos visualizar entre dos alternativas: una “maximalista”, forzar a Chile a cederle un corredor y un acceso soberano al Pacífico y otra “realista”, avanzar en mejorar su posición negociadora frente a Chile.

El primer round, referido a la competencia de la Corte Internacional de Justicia, (CIJ) fue una victoria pírrica para Bolivia. Junto con declararse competente, la Corte dejó en claro que no tenía como obligar a Chile a cederle territorio ni a imponerle una negociación con resultado favorable garantizado.
El desafortunado espaldarazo de Bergoglio con su pedida de “dialogar, dialogar, dialogar” lo llevó a imaginar una negociación, con final asegurado con el Papa como “garante” del proceso. Chile no aceptó.
Ahí debió quedarle claro que aun cuando el resultado del fallo fuera favorable a Bolivia , el proceso pasaría, irremediablemente, por una negociación con Chile.
Lo confirma la absurda oferta de su Vicepresidente García Linera quien propuso una negociación “en vez de La Haya” o “simultáneamente” con ella, ambas con resultado asegurado de darle una salida soberana al mar. Una propuesta absurda típicamente boliviana. Nuestro gobierno la rechazó sin apelación.

El análisis boliviano en esa coyuntura fue: “Sin mayor ruido, (en el mundo) se ha aceptado la idea de llevar a Chile a la mesa de diálogo para proponer un corredor soberano a lo largo de su frontera con el Perú que termine en un puerto útil y soberano para Bolivia. Ganemos o perdamos en La Haya, estos logros son fundamentales para avanzar la causa boliviana en el futuro. … Hay que reconocer que la mayoría de los chilenos no quiere ningún diálogo que resuelva el reclamo boliviano. Por otra parte, en Chile no hay políticos con visión de estado, coraje y liderazgo que intenten cambiar esa opinión. … A esto se añade el escaso apoyo a nuestra causa en el Perú, cuyo acuerdo se requiere si Chile acepta ceder a Bolivia un corredor sobre territorio antes peruano.
La lección para más allá de este primer fallo de La Haya es que mientras no aprendamos a conquistar a la opinión pública en Chile y el Perú el éxito de nuestra actual demanda y de otras que podamos plantear no hará más que alejarnos del mar …termine cuando termine el proceso en La Haya, la tarea inmediata (será) abrir negociaciones políticas y diplomáticas con Chile, apuntadas a encontrar soluciones de mutua conveniencia. Pero se puede y se debe ir más allá. El espacio mediático es el más adecuado para demostrar que la línea dura chilena no cuenta con la aprobación unánime de la comunidad internacional. … el desafío central de Bolivia seguirá siendo desarticular la línea dura chilena sin ofender a una opinión pública mayoritaria, capturada hace mucho tiempo por los que se oponen a todo verdadero diálogo con Bolivia”.

En junio de 2016, Evo Morales nombró a Eduardo Rodríguez Veltzé como agente boliviano ante la CIJ y embajador ante los Países Bajos, quien tomó el control del contencioso. Ha sido claro en cuanto a que el pleito “permitió consolidar el reconocimiento de una disputa internacional susceptible de ser juzgada y resuelta conforme al derecho internacional aplicable” y que si se diera un fallo “salomónico” es decir “un fallo en justicia” (no “en derecho”) que resuelva efectivamente una disputa, este favorecería a Bolivia. Es decidor también su comentario de que “Comparto el optimismo de tener un resultado favorable en nuestra demanda, con él se pueden abrir nuevos escenarios y condiciones para retornar al Pacífico”.
Evo Morales continuó insultando a Chile hasta que pudo ser convencido por su grupo y poco a poco fue cambiando el tono, transitando hacia el “hermaneo” y similares, con ocasionales espasmos populistas para la galería. “El trabajo de los ex cancilleres Javier Murillo y Gustavo Fernández ha sido fundamental para reforzar los esfuerzos que desde el año pasado realizan el agente de Bolivia ante La Haya, Eduardo Rodríguez Veltzé, y el abogado español Antonio Ramiro Bretóns, para convencer al Presidente Evo Morales de que no siga insultando a Chile y su gobierno”.

Rodríguez también toca la cuerda de la “hermandad”: “Una vez se conozca el fallo la diplomacia complementará el trabajo orientado a “contribuir a reencontrar a dos pueblos vecinos y hermanos”. “Bolivia ha pedido a la Corte que se establezca que existe una obligación de negociar y que Chile cumpla esa obligación de negociar sobre el tema del acceso soberano al mar. Lo que no ha dicho es cómo debe ser ese acceso, eso es obvio, pues el mecanismo debe ser el resultado de la negociación”.

Según la prensa boliviana, “los abogados extranjeros encabezados por Bretóns, el agente Rodríguez Veltzé y algunos ex cancilleres, como Fernández, son partidarios de retomar el diálogo con Chile a partir de propuestas pragmáticas, graduales, de mutua conveniencia para ambos países, alejadas de las posiciones maximalistas que ha planteado el gobierno de Morales de exigir soberanía a Chile”.

Las propuestas bolivianas mas realistas apuntan a una zona territorial delimitada, que incluya a Arica, de soberanía compartida trinacional, de libre comercio. Otros mas básicos –como Javier Zabaleta, el Ministro de Defensa- se felicitan por “haber sentado a la diplomacia chilena ante un tribunal. Ya hemos captado la atención internacional, en todo el mundo se habla de Bolivia mediterránea, y eso ya es un gran avance, la diplomacia chilena está en jaque desde que empezó este proceso”.
El fallo de la CIJ. Si falla en derecho, no habrá espacio para la petición boliviana y se abrirá un período de presiones políticas y morales, en que el liderazgo del apoyo a Morales será asumido por Bergoglio, Maduro y Alba. Si lo hace en forma “salomónica” dirá que Chile debe negociar con Bolivia, no podrá especificar mucho mas y el resultado de la negociación quedará abierto. Se iniciará otro capítulo -de duración indeterminada- de las malas relaciones entre ambos países.
En ambas alternativas la estrategia negociadora boliviana apuntará a:
– No dejar que Chile de por cerradas la negociaciones. Intentará retenerlo en la mesa a cualquier precio. Prolongándolas eternamente.
– Potenciar su campaña mediática a nivel regional y global para mantener interés y respaldo internacional.
– Que Chile sea quien proponga salidas y arreglos, que Bolivia rechazará dejando siempre una puerta abierta. Bolivia no pueden proponer nada concreto ya que dentro del país no hay acuerdo respecto a que pedir y menos a que ofrecer en compensación.
– Tratará de introducir sus demás reclamaciones –Silala, Lauca- como posibles “compensaciones”.
– Si la negociación que incluya soberanía se ve imposible, optará por obtener algún tipo de presencia estatal boliviana en territorio chileno. En cualquier caso, de ampliar sustantivamente sus beneficios de tránsito y presencia en territorio chileno. De transformar los beneficios concedidos por Chile, en “reconocimiento” de los abusos y culpas chilenas.

Parece claro que el gobierno chileno cuenta con un sólido respaldo político interno para poner atajo a las peticiones bolivianas. El adversario está política y económicamente debilitado, enfrenta plazos perentorios y difíciles en su campaña para la reelección y está aislado en el ámbito político internacional.
Desde una perspectiva de mediano y largo plazo, para Chile es imposible negociar con un gobierno autoritario y carente de legitimidad frente a su propia ciudadanía, ¿qué valor se puede dar a acuerdos alcanzados con un gobierno como el de Morales?, ¿hasta dónde representa a la ciudadanía de Bolivia?.
Bolivia nunca asume sus compromisos en forma duradera ni definitiva, el próximo gobierno se sentirá, al igual que Morales, en condiciones de desconocer todo lo negociado y acordado, entonces, ¿qué sentido tiene hacerlo?.
Su mentalidad cultural determina sucesivos re inicios de los procesos, como un amanecer sucede a la noche anterior. Mientras no haya instituciones estables y lógicas comprensibles para nosotros, no hay nada que acordar con Bolivia si solo va a durar lo que la permanencia en el cargo de quien lo firmó.

NO HABRÁ SOBERANÍA MARÍTIMA PARA EVO

Cada día es mas claro que el juicio entre Chile y Bolivia en la Corte Internacional de Justicia fue un gusto que se dio Morales, -estimulado por el español Remiro Bretóns – en función de sus ambiciones chavistas de ser el presidente eterno de Bolivia.
No resolverá nada, la Corte ya se pronunció (Párrafos 32 y 33 del fallo) respecto a que cualquiera sea la forma en que falle, no está en condiciones de tratar de obligar a Chile a conceder un acceso soberano al mar a Bolivia.

Textualmente dicen:
32. … “La Corte considera que si bien puede asumirse que el acceso soberano al Océano Pacífico es, al final, el objetivo de Bolivia, debe hacerse una distinción entre ese objetivo y lo que es la disputa misma, relacionada pero separada de ese objetivo, presentada por la Solicitud, esto es, si Chile tiene una obligación de negociar un acceso soberano de Bolivia al mar y, de existir dicha obligación, si Chile la ha incumplido. La Solicitud no pide a la Corte que juzgue y declare que Bolivia tiene un derecho de acceso soberano”.

Este párrafo es claro: Si el fallo eventualmente fuera favorable a las aspiraciones bolivianas, diría que Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia un acceso soberano al Océano Pacífico. No que declare que Bolivia tiene algún derecho a lo que pide.

33. …“En cuanto a la afirmación de Chile de que la Solicitud presenta una construcción artificiosa del asunto objeto de la disputa, porque la pretensión buscada por Bolivia llevaría a negociaciones con un resultado judicialmente predeterminado y a la modificación del Tratado de Paz de 1904, la Corte recuerda que Bolivia no pide a la Corte que declare que tiene derecho a un acceso soberano al mar, ni que se pronuncie sobre el estatus jurídico del Tratado de Paz de 1904. Más aún, si este caso continúa al examen de los méritos, la demanda de Bolivia pondría frente a la Corte las respectivas posiciones de las Partes sobre la existencia, naturaleza y contenido de la supuesta obligación de negociar acceso soberano. Incluso asumiendo arguendo que la Corte decidiera que existe esa obligación, no sería tarea de la Corte predeterminar el resultado de cualquier negociación que tuviese lugar como consecuencia de esa obligación”.

También es claro: El Tratado de 1904 sigue teniendo toda su vigencia y valor y la Corte se abstendrá de indicar algún resultado respecto a las eventuales negociaciones y la Corte no tiene nada que decir respecto al resultado de ellas.

Como Chile a declarado con claridad y reiteradamente que no habrán concesiones de soberanía a Bolivia, territoriales ni de ninguna especie, ahí murió la demanda.

Carlos Mesa periodista y cabeza de la campaña mediática de Bolivia tiene su interpretación de lo anterior:
“La administración de Evo Morales demandó a Chile ante la CIJ con el objetivo de que cumpla sus compromisos hechos a lo largo de la historia de negociar una salida soberana al Pacífico”. “Quiero negociar contigo, me comprometo a negociar contigo. Y el compromiso de negociar contigo lo hago con un objetivo, para otorgarte a ti un acceso soberano al Océano Pacífico. Esos dos elementos nos hacen pensar que tendremos un fallo favorable”.

Si eventualmente el fallo fuera positivo para sus aspiraciones, sigue siendo privativo de Chile el llegar o no a acuerdo, y ya sabemos que la respuesta es no. Mas aun, para Chile y para la Corte, el Tratado de 1904 sigue vigente en su totalidad y Chile nunca renunciará a él.

Eduardo Rodriguez Veltzé agente de Bolivia en su demanda, también plantea su idea:
“Una vez se conozca el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la demanda marítima, la diplomacia complementará el trabajo orientado a “contribuir a reencontrar a dos pueblos vecinos y hermanos”, “Creo que la diplomacia corresponderá y complementará las actuaciones judiciales y sobre todo destacar que en pleno siglo XXI son este tipo de soluciones diplomáticas, judiciales y ante todo pacíficas las que deben contribuir a reencontrar a dos pueblos vecinos y hermanos”. A juego perdido vuelve la tonada de la vecindad y la hermandad que Morales lleva desconociendo por años y a nivel mundial.

Otro diplomático boliviano que no quiso dar su nombre, explicó: “Bolivia ha pedido a la corte que se establezca que existe una obligación de negociar y que Chile cumpla esa obligación de negociar sobre el tema del acceso soberano al mar. Lo que no ha dicho es cómo debe ser ese acceso, eso es obvio, pues el mecanismo debe ser el resultado de la negociación”.
Según el boliviano, el asunto no es SI Chile le dará o no acceso soberano, lo da por hecho, sino CÓMO será ese acceso. Pero no hay tal acceso soberano, Chile no lo dará, es decir, volvemos a lo mismo del último siglo.

– “Según la misma ex autoridad paceña, los énfasis de los alegatos bolivianos estarán puestos en el alcance de la obligación, el tema de la buena fe y en los plazos para que esta negociación se lleve a cabo.
El trabajo de los ex cancilleres Javier Murillo y Gustavo Fernández ha sido fundamental para reforzar los esfuerzos que desde el año pasado realizan el agente de Bolivia ante La Haya, Eduardo Rodríguez Veltzé, y el abogado español Antonio Ramiro Bretón, para convencer al Presidente Evo Morales de que no siga insultando a Chile y su gobierno”.

El español Bretons señala que “Hoy está en manos de los políticos y la diplomacia abrir una oportunidad que permitirá tender puentes y volver a sentarnos, mirarnos y buscar soluciones posibles con afecto, amplitud y generosidad, incluyendo las preocupaciones de todas las partes, incluso las del vecino Perú”.

Es una pretensión fuera de lugar, extemporánea, antojadiza y sobre todo a contrapelo de lo que significó la demanda misma. Recordemos que el ambiente de generosidad y buena voluntad del gobierno de Chile y de buena parte de sus ciudadanos antes de la demanda fue aventado y dilapidado por Evo Morales, en beneficio de su populismo chavista.
Según la prensa boliviana, “los abogados extranjeros encabezados por Bretóns, el agente Rodríguez Veltzé y algunos ex cancilleres, como Fernández, son partidarios de retomar el diálogo con Chile a partir de propuestas pragmáticas, graduales, de mutua conveniencia para ambos países, alejadas de las posiciones maximalistas que ha planteado el gobierno de Morales de exigir soberanía a Chile”.

Esas eran las intenciones de Chile antes del portazo de Evo. Esa oportunidad pasó y quedó atrás. Es hora de pagar el precio de tanto comportamiento ofensivo e incivil.

La inconsecuencia final. Según la misma prensa: “Este es un proceso largo, que va a tomar tiempo, y en el que hay que evitar los reduccionismos que terminen por bloquear las negociaciones”. “No se trata de blancos y negros, hay que buscar aproximar, se pueden encontrar soluciones a medio camino, señalan varios de ellos”.
Dado que las únicas expectativas medianamente cuerdas de lograr sus aspiraciones son buscar la buena voluntad de Chile para que les de lo que piden, el camino recorrido ha sido un fiasco y Bolivia se encuentra mas lejos que nunca del mar, todo gracias a Evo Morales.

Es decir, aquí no ha pasado nada.

Morales no puede pedir “buena fe”, su comportamiento hacia sus propios ciudadanos, hacia la oposición a su gobierno y hacia Chile; lleno de mentiras, tergiversaciones, volteretas y maniobras antidemocráticas e ilegales, lo sindica como el epítome de la “mala fé”, por lo demás, su ciudadanía ya le negó su pretensión de poder ser re re re elegido.

Ver Clase Magistral del Presidente Piñera a Evo Morales: https://www.youtube.com/watch?v=DrqwNKzqkOE

DEFENSA: ¿Seriedad o mas de lo mismo?

Chile lleva demasiados años con una defensa sin dirección ni liderazgo político, mas allá de asegurar su control gubernamental mediante la restricción o generosidad presupuestaria.
La ausencia de política de defensa es una de sus manifestaciones mas tristes y dañinas.
Para que haya una política pública debe haber una decisión o conjunto de decisiones sobre el tema correspondiente, determinadas por la autoridad competente.
Esa decisión o conjunto de decisiones deben seguir un proceso formal, es decir, debe haber un procedimiento institucional que lleve a que ciertas iniciativas se transformen en una política pública.
La política pública de defensa es un conjunto de decisiones políticas, estratégicas y técnicas que avanzan en forma integrada y descendente desde la Presidencia hasta el Ministerio de Defensa, pasando por el Congreso, en una aproximación técnico – racional. Finalmente, es un proceso político con diversos actores interesados en su desarrollo y concreción, lo que demanda negociación y acuerdo entre las partes.
Una política de defensa, como todas las políticas públicas, es un “proceso y un resultado”, es una dinámica.
En Chile esto nos lleva a dos asuntos claves que aun no se resuelven y siguen trabando su modernización, a saber: la baja capacidad de los gobiernos para establecer políticas públicas y controlar su ejecución y resultados, y la carencia de un Ministerio de Defensa eficiente y realmente democrático.
Actualmente la necesidad de una política pública de defensa (o una Política de Defensa) se hace urgente por cuatro razones fundamentales:
 Porque existen carencias objetivas de probidad y eficiencia en la administración de los recursos asignados al sector;
 Porque no hay dirección ni control explícito de la defensa a nivel Presidencial.
 Porque existe evidencia objetiva de falta de autoridad, voluntad política y capacidad de la Gestión Ministerial, y
 Porque los actores con poder califican esta situación cómo problema público.
Es decir, se requiere una Política de Pública de Defensa porque diversos grupos políticos, sociales y militares consideran que la situación actual no es aceptable y que es necesaria una intervención de política pública para remediarla.
La solución de este problema comienza por resolver las dos carencias fundamentales ya enunciadas; a nivel Presidencial y Ministerial. En este sentido, muchas de las deficiencias sectoriales observadas por la opinión pública en la conducción de la defensa, como sueldos, pensiones, carreras, remuneraciones, eficiencia en la gestión de recursos, adquisiciones, dimensiones de las fuerzas, nivel de gastos, eliminación de la Ley Reservada del Cobre, probidad y otras son el resultado del potenciamiento mutuo de las carencias señaladas.
Un Ministerio de Defensa tiene dos funciones básicas; generar una política de defensa y dirigir la ejecución de la misma. Un Libro de la Defensa no es una política, es una forma de comunicar o socializar un conjunto de ideas, es una declaración de intenciones más o menos amplias. La Administración de la defensa, tampoco es una política, es una estructura de la misma.
Dada la complejidad de la realidad del tema que cubre, en la práctica se trata de un conjunto de políticas sectoriales o parciales que afectan a diferentes aspectos interrelacionados del sistema.

Para materializarla, el primer problema surge del hecho de que no todas las políticas pueden hacerse al mismo tiempo, es decir, hay que elegir cuales aspectos de la realidad van a ser modificados y determinar cuáles serán efectuadas simultáneamente y cuáles en forma secuencial. Luego, para cada una de ellas, hay que definir objetivos, indicadores que muestren el avance, estrategias para avanzar, reconocer las limitaciones impuestas por el medio y por las condiciones políticas, económicas y otras, identificar a los interesados y afectados y varios otros elementos comunes a la aplicación de cualquier política pública.
Los aspectos que deben interesar a un Ministerio de Defensa se encuentran en dos ámbitos: preparación de las fuerzas y el empleo de las mismas. La “preparación” a su vez se refiere a la gestión de activos como armas, infraestructura y personal y el “empleo” se relaciona con entrenamiento, despliegue y operaciones.
Lo indicado señala que el Ministerio de Defensa debe poder definir y llevar a cabo políticas en todos esos ámbitos. El mando militar, operativo y administrativo de las fuerzas militares en tiempo de paz debe ser ejercido por el Ministro de Defensa, apoyado por la Junta de Comandantes en Jefe y el Estado Mayor Conjunto.

Para “dirigir la ejecución” de las mismas, debe ser capaz de establecer una previsión sobre la aplicación y resultados de cada política en particular y del conjunto en general. Debe establecer objetivos claros y medibles, controles y sistemas de evaluación independiente de los ejecutores.
Respecto al “empleo” de las fuerzas, debe ser capaz de proveer las orientaciones, la conducción y la supervisión de las operaciones militares en la preparación de las fuerzas y en el cumplimiento de las funciones que le asigna la Constitución en los Estados de excepción que se dispongan.
En una situación de paz y baja conflictividad internacional como la que disfruta nuestro país, la primera prioridad la tiene la preparación de las fuerzas y es en este ámbito en que la Ley Orgánica del Ministerio de Defensa muestra debilidades insanables al no incluir, precisar ni formalizar instancias con las atribuciones y competencias necesarias en los ámbitos de material, personal, infraestructura, servicios comunes y funciones compartidas y la capacidad de evaluación de los resultados de las mismas brilla por su ausencia.
La función de empleo de las fuerzas, particularmente en paz, es un enredo mayúsculo en el cual se han combinado en forma perversa, la falta de liderazgo; la aversión al riesgo y a la responsabilidad de los Ministros de Defensa y los intentos ideológicos de desmantelar los mandos institucionales y transferir el mando a un comando conjunto que viene asegurar la invulnerabilidad del Ministro y excluirlo de toda responsabilidad y toma de decisiones, transformándolo en un espectador del actuar de las FFAA.