Un libro blanco, informe blanco o white paper  en gestión y planificación de defensa es un documento o guía con autoridad, con el objetivo de ayudar a los lectores a comprender un tema, resolver o afrontar un problema (por ejemplo diseñando una política gubernamental a largo plazo), o tomar una decisión.

Los hay de diferentes profundidades y nivel de explicitación.

El de Australia, por ejemplo, establece un plan a largo plazo, incluyendo el detalle de las fuerzas a desarrollar; el programa financiero correspondiente; su costo validado por agentes externos al gobierno y la planificación financiera nacional a mediano plazo.

El de Francia, por su parte, define un nuevo concepto de seguridad nacional y nuevos órganos para integrar la defensa y la seguridad nacional: actualiza la visión estratégica francesa; se incorpora a una corriente europea donde Holanda, el Reino Unido y Alemania comparten un concepto integrador de seguridad nacional. Si nos atenemos a su propia denominación el Libro Blanco ha pasado de ser de defensa, a secas, a ser de defensa y seguridad nacional. Contiene también el detalle de las fuerzas y la estrategia para su empleo.

El Libro del Reino Unido se limita a contener la estrategia de seguridad nacional, que incluye las políticas sectoriales de defensa, interior, exteriores y economía.

En Chile, los sucesivos decretos, (Nº 53 de 1997; Nº 21 de 2003 y Nº 53 de 2010), que han aprobado los “Libros” correspondientes, declaran que se trata de un “documento que recoge los aspectos esenciales de la Política de Defensa y la Política Militar”.

Esa declaración lleva a pensar que el total de esas políticas, incluyendo sus aspectos reservados, financieros o de detalles existe en algún lugar y que se han recogido solo los aspectos esenciales que serán de dominio público para ser incorporados al Libro de la Defensa correspondiente manteniendo el resto en reserva. Pero no es así. Tales Políticas o no existen o no se conocen.

Nada se dice respecto a la Estrategia Nacional (sectores de defensa, interior, exteriores y economía), que también deberían existir en alguna parte. El gobierno anterior envió una que debe estar en el Congreso.

En breve, por lógica, en la defensa y la seguridad no todo puede ser público, por lo que ambas políticas de defensa y militar así como la Estrategia Nacional y Militar tienen aspecto reservados que no son ni serán expuestos a la opinión pública. Los Libros de la Defensa o Libros Blancos de la Defensa no contienen el total de las políticas de seguridad, de defensa, militar sino aquellos aspectos mas generales que cada gobierno estima conveniente dar a conocer.

Podemos concluir que en Chile la situación no es para nada clara, que las responsabilidades están mal definidas, peor asumidas y que quedan muchos espacios vacíos y preguntas sin respuesta.

El Contralor de la República, por su parte, objeta el decreto Nº 53 del año 2010 por cuanto el Libro no se incluye en el cuerpo del Decreto, sino que se lo presenta como un adjunto, lo que le quita legitimidad, pues es el texto del decreto el que tiene poder vinculante. No un anexo a él.

En nuestro país, la idea de libro de la defensa cumplió un importante rol como instrumento de gobernabilidad en una encrucijada de profundas diferencias entre el sector político que ejercía el gobierno y las FFAA, que dejaban el mismo. Fue un instrumento importante de la transición.

Parece evidente que este rol ha sido sobrepasado por la evolución política y social del país; que ya agotó su potencial de utilidad y que se ha transformado en un medio insuficiente para cubrir las necesidades de la conducción de la defensa, más aun cuando desde febrero del año 2010 existe la ley 20424 “Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa Nacional”, que asigna tareas concretas a organismos ministeriales específicos. No se trata ya de reunir un grupo numeroso de interesados en el tema, sin representación política explícita y vinculante, para hablar sobre algo para lo cual existe una institucionalidad organizada y supuestamente bien pensada para ello.

El mecanismo empleado para llevar a cabo el proceso de desarrollo del Libro, presenta problemas significativos: Son el Ministro de Defensa y el Subsecretario de Defensa quienes deben tratar con los representantes de la Oposición, ambos escuchar a los expertos y académicos que les perezca necesario y luego llegar a acuerdos que sean verdaderas Políticas de Estado. Esto, en el lugar de las negociaciones políticas: el Congreso.

Esta es una actividad política de la mayor importancia, no un “ejercicio de democracia” ni menos una actividad “académica”. Un taller formado por una asamblea numerosa y sin representatividad política no es un debate verdadero ni útil.

Participantes seleccionados por los organizadores no tienen la representatividad política ni académica necesaria para fundamentar su pretensión de constituir una “política de estado”.

Por otra parte, el presentar el Libro al término de un período de gobierno, (fines del año 2016) y después de un proceso semi secreto, donde parecen existir vetos a los representantes de la oposición, conlleva la pretensión de dejar comprometido al gobierno siguiente con definiciones y objetivos que no tiene por que compartir.

En este sentido, los objetivos enunciados en el Programa de la Nueva Mayoría (1) en muchos aspectos tales como la integración regional bajo el signo chavista; los compromisos de seguridad regional acordados en el marco ideológico de Unasur; la participación de las FFAA en la “defensa” de los recursos económicos del país y de la región , la transferencia de autoridad de los Comandantes en Jefe al Jefe de Estado Mayor de la Defensa, por vía administrativa y otros, no son necesariamente compartidos por un futuro gobierno. No todos los chilenos comparten la creencia que las FFAA son organizaciones “para la paz” y no “para el combate” y que sus capacidades estratégicas deben ser diseñadas en esa tesitura, menos aun que los intereses de la Patria Grande tienen alguna prioridad respecto a los intereses de Chile.

Sin embargo, el mayor problema es que el proceso no es democrático. En efecto, según el Mensaje Presidencial de este año “se efectuarán los debates y análisis previstos en el proceso de elaboración del Libro de la Defensa Nacional 2017 por medio de un programa de catorce talleres de análisis y discusión sobre diversas temáticas de la Defensa, cumpliendo el calendario de trabajo previsto para 2016. Posteriormente, se iniciará la fase de revisión y sistematización de los contenidos obtenidos”.

Debemos recordar que el meollo del proceso son 14 talleres en los cuales exponen un número de expertos de alto nivel. En el de Política Vecinal, por ejemplo, exponen el Subsecretario de Defensa, el Presidente del Consejo Chileno para las Relaciones Internacionales y el Agente de Chile ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, que en 150 minutos exponen sus ponencias. Esto es seguido por 30 minutos de “ronda de preguntas”.

Bajo ninguna perspectiva esta actividad puede ser considerada un “debate”, menos aun cuando no llega a conclusiones, acuerdos ni discrepancias de ninguna especie y cuya “revisión y sistematización” ocurre en una fase posterior, sin la presencia ni participación de los miembros del taller. Queda la duda del real valor de las “preguntas” hechas por los concurrentes y cual es el control de los revisadores y sistematizadores de estos talleres. Recuerda demasiado a los Cabildos para la Constitución.

Puedo concluir que este proceso fue sobrepasado por los cambios habidos en Chile y que se ha transformado en un ritual que pretende constituir el documento matriz de la defensa de Chile, cuya mas clara expresión es el “olvido” de la existencia de la Ley Orgánica del Ministerio de Defensa.

El modesto Decreto Nº 53 del Ministerio de Defensa del 29 de enero del año 2010, -en las postrimerías del primer gobierno Bachelet- que trata de hacer pasar al Libro de la Defensa como el documento que establece la Política de Defensa y la Política Militar del Chile, no basta para crear una veloz Liebre, sigue siendo sólo un humilde Gato y es que parece creerse que el objetivo, mas que producir una verdadera política de defensa, es solo satisfacer el requisito administrativo de hacer como que hay una…una mera ficción, como tantas otras en nuestro país en el presente.

El proceso tiene un aroma de soberbia y sectarismo que parecía sobrepasado en las relaciones político – militares.

(1) https://fernandothauby.com/2016/04/02/politica-de-seguridad-y-defensa-fracaso-integral/ 

 

A fines del año 2011, el Ministerio Público inició un proceso contra cinco oficiales de la Armada (inicialmente doce) , acusándolos del delito de “divulgación de información reservada”.

La situación era muy difícil para la Armada, a la sazón los medios de comunicación social festinaban una causa judicial que afectaba al Ejército, era el llamado caso “Leopard”, y la nueva acusación del Ministerio Público permitiría relacionar ambas causas y armar un gran caso que permitiera seguir incrementando la publicidad personal de los Fiscales involucrados y agudizar la difamación de las FFAA.

La acusación se basaba en interceptaciones telefónicas realizadas por orden del fiscal que investigaba al Ejército, que le permitieron grabar conversaciones entre el comerciante y proveedor de armamento y municiones Guillermo Ibieta y cinco oficiales de la Armada que trabajaban en diversos procesos de adquisiciones de material de guerra para su Institución. Esas interceptaciones les permitieron acceder a un gran número de correos almacenados en el computador de Ibieta entre él y los marinos, referidos a las dichas adquisiciones.

Las interceptaciones detectaron también conversaciones que se referían a solicitudes y entrega de información realizadas por los marinos y las respuestas y ofertas dadas por Guillermo Ibieta, incluyendo precios y formas de entrega y pago.

Los archivos de Ibieta, miles de correos extraídos de su computador, fueron “filtrados” por el sistema judicial a la prensa amarilla nacional que actuaba en tándem con ellos. La información “reservada”, que los marinos “habrían entregado ilegalmente” que originaba el escándalo, y muchísima otras informaciones mas, fueron expuestas al dominio público nacional e internacional con pelos y señales. Esto confirma que la reserva de la información y el interés nacional no era, de ninguna manera, de interés para los fiscales y que la de los fiscales era en si misma una infidencia de mucho mayor magnitud y perjuicio que la que investigaban.

El sentido común mas elemental señala que si un comprador desea adquirir municiones y armamentos, deberá indicar al proveedor (y solo al proveedor) que es lo que quiere. No es viable un enlace telepático entre ambas partes ni un proceso de ensayo y error en que el proveedor vaya ofreciendo, por adivinación, diversos productos sucesivamente hasta acertar en lo que el cliente quiere –si es que algunas vez acierta-.

Debe decírsele con claridad y precisión que es lo que se requiere y así lo hicieron.

Varios medios sensacionalista se lanzaron sobre la Armada y sobre esos cinco oficiales con la saña que nace de la envidia y el resentimiento que la gente mediocre siente hacia aquellos de mayor calidad humana y profesional.

No hubo insulto, suposición de intenciones, especulación malintencionada ni descalificación que no emplearan contra los marinos ni contra la Armada. Fue un festín de basura.

Luego fue bautizado, sin ninguna lógica comprensible, mas allá del afán de enlodar a la Armada de Chile, como “Caso Fragatas” y recogido por los políticos enemigos de la Armada y de todo lo que ella representa.

Por esos días Andrés Allamand se recibía de Ministro de Defensa y no perdió un minuto en utilizar la situación para realzar su “liderazgo”, “mano firme con los militares” y “limpiador de la basura”.

El Comandante Fernando Niemann, el acusado de mas alto rango, fue arrinconado y puesto en una situación que no le permitió otra acción que retirarse de la Armada, ¡sin aun habérsele probado nada!.

Durante cuatro años se prolongó la agonía: acusaciones falsas, infamias, calumnias, mentiras, deformaciones, malos tratos en los interrogatorios, humillación en los traslados llevándolos esposados.

Pena y tristeza para sus esposas e hijos, vergüenza para sus padres, ruina económica para las familias al tener que pagar abogados que los defendieran, pérdida de sus profesiones y pérdida de los empleos que sustituyeron a la que les había sido arrebatada y con los cuales intentaban sobrevivir y mantener a sus familias.

Durante este proceso inicuo, la fiscalía requirió de la Armada un gran volumen de información secreta que también fue “filtrada” y publicada in extenso por un periódico sensacionalista próximo al fiscal.

La Armada pidió a la Corte Suprema una investigación de este grave delito. Huelga decir que no pasó nada, absolutamente nada. Todos quedaron impunes, ni siquiera se investigó.

El 15 de junio de 2016, la Corte Suprema en última instancia, sin recoger los denodados esfuerzos del fiscal por encerrar a los marinos a como diera lugar, reconoció por 6 votos contra 0 la inocencia completa y total de los cinco oficiales.

La Corte Suprema tras un análisis sorprendente agudo concluye que los Oficiales de Marina pueden conversar de armamento, que la materia que tratan con un proveedor no es reservada, que para comprar tienen que informar al proveedor que material es el que quieren y que por consiguiente eso no constituye ningún delito.

Cuatro años tardaron en llegar a esta conclusión que cualquier persona intelectualmente normal podría haber deducido en cinco minutos. Salvo que esté buscando encerrar a los marinos por razones desconocidas e inconfesables.

¿Una súbita epifanía la del Poder Judicial?, nada de eso, es la cruda percepción del cambio de marea.

Los mismos que adularon servilmente a los miembros del Gobierno Militar y que luego se arrimaron en forma perruna a los Gobiernos de la Concertación, hoy perciben que sus iniquidades y prevaricaciones no quedarán impunes y que la hora del castigo se aproxima inexorablemente.