La Constitución vigente, copia casi al pie de la letra normas válidas hace siglos pero actualmente obsoletas y las copia porque le permiten a las autoridades políticas de hoy eludir la responsabilidad de sus decisiones. En efecto es evidente que durante el siglo XIX y XX, las fuerzas enviadas a imponer el orden en una Oficina Salitrera en Iquique no podían ser controladas por el Presidente desde Santiago pero ya no es así. Convendremos que en el siglo XXI, el Presidente puede ver, incluso con mas detalles que militar al mando, lo que está sucediendo en el lugar de  los hechos e intervenir con sus juicios, análisis, comentarios y críticas al militar en la escena y que el enjuiciamiento y desautorización de lo obrado, a conveniencia del político, también es de rutina.

Una fuerza militar, particularmente las de infantería, es un conjunto de hombres y armas que tiene por objeto producir el mayor daño posible sobre el enemigo mediante el uso de armas crecientemente precisas, letales y livianas. El enemigo está estructurado y armado en forma completamente opuesta, su objetivo es producir efectos políticos vía impacto mediático. Ambos bandos pretenden conseguir un objetivo táctico, propio y diferente para cada cual. Al costo que sea necesario.

La medida de efectividad militar es el complimiento de su tarea; el número de bajas, propias y del enemigo, es lamentable pero ellos no constituyen factores decisorios, de la misma manera, la destrucción material. En otras palabras, en el combate, la destrucción y la muerte son elementos componentes pero no determinantes. Uno de los muchos errores fatales de R. Mc.Namara en la Guerra de Vietnam fue tratar de medir el éxito militar en términos de muertos y material militar destruido. Era un “ingeniero” muy inteligente pero un líder militar incapaz.

El insurgente, por su parte, combate para producir imágenes, efectúa una actuación para las cámaras de los medios de comunicación social, la violencia tiene un rol “artístico” y las imágenes de los muertos, los heridos y la destrucción material son todo.

En las operaciones de seguridad interior, la Policía y las FFAA tienen dos situaciones radicalmente diferentes: para los primeros la limitación de las bajas y la destrucción son fundamentales, su función es altamente política; para los militares son accesorias y la medición de la efectividad de sus acciones son los resultados. Esta es la razón de la existencia de uno y otro tipo de fuerzas del Estado.

Las fuerzas militares en el combate urbano están conformadas por un número reducido de soldados, armados y equipados para obtener una gran capacidad letal y de destrucción física. Los amotinados, por el contrario, son muy numerosos en cuanto a la cantidad de personas y equipados con pocas armas efectivas y vestuario muy vistoso.

Es una lucha muy desigual. Los militares, al emplear sus armas, producirán muchas bajas y si no las emplean serán sobrepasados por la multitud y abrumados moral y mediáticamente. Los amotinados se organizan y crean tácticas para evitar que los militares puedan usar su superioridad militar. Dicho de otra manera, las organizaciones mediáticas y las acciones que inhiben a las tropas militares a emplear sus armas son parte sustantiva de la táctica del enemigo. Los militares por su parte, están organizados, equipados y entrenados para hacerlo con la mayor letalidad posible y cuando lo hacen, su letalidad derrota y hace huir a los vándalos.

Es por eso que los Gobiernos deben considerar cuidadosamente su determinación de emplear fuerzas militares en la seguridad interior. Un fusil militar está diseñado para arrancar un brazo, una pierna o hacer un agujero de 30 centímetros de diámetro en un estómago. Una fuerza militar vence cuando quiebra la voluntad de su oponente mediante la violencia. Le quiebra la voluntad o el físico. Un tanque en la calle solo puede hacer dos cosas: Disparar su cañón y destruir una casa o despanzurrar a una persona con sus orugas. Nada más (y nada menos), y ambos bandos lo saben. Es famosa la foto de un hombre desarmado parado frente a una columna de tanques -deteniéndolos- en la Plaza de Tiananmen, en China.

Si el Gobierno y la ciudadanía quieren pensar otra cosa y actuar como si la situación fuera diferente, están auto engañándose miserablemente.

Así las cosas, los ocho “principios” que sustentan a las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), son inaplicables:

-Principio de legalidad: “Usar la fuerza en conformidad al ordenamiento jurídico. Y atendiendo a un objetivo legítimo”. Esto es tarea y responsabilidad del Gobierno al disponer el empleo de fuerzas militares. Las fuerzas está “en uso” cuando se dispone su empleo y el objetivo también lo determina él.

-Principio de necesidad: “Usar las Fuerzas solo cuando sea estrictamente necesario”. Es responsabilidad y decisión del Gobierno.

-Principio de proporcionalidad: “Usar las fuerzas solo cuando sea estrictamente necesario para cumplir el objetivo de la consigna”. La consigna la determina el Gobierno y los militares deben determinar y alcanzar el objetivo que la materializa. No pueden cambiarlo ni incumplirlo. Es también tarea y responsabilidad del Gobierno. Debido a la diferente naturaleza de sus formas de lucha, el desequilibrio está implícito cuando el Gobierno dispone el empleo de fuerzas militares para imponer su autoridad.

-Principio de gradualidad: Si el empleo de las fuerzas militares ocurre cuando las fuerzas policiales fueron sobrepasadas, parece evidente que “la comunicación, persuasión, negociación y empleo de armas disuasivas” ya perdieron su validez, por lo demás, hacerse cargo de una situación en que las fuerzas propias (en este caso los Carabineros) fueron derrotadas, se requerirá un gran empuje y violencia para recuperar la iniciativa e imponerse a una turba enardecida por su primera victoria. Una segunda y sucesiva derrota de las fuerzas del Gobierno derivarán en un aumento exponencial de la violencia y agresividad de las turbas.

-Principio de responsabilidad: “El uso de la fuerza, fuera de los parámetros permitido por la ley, no solo conlleva las responsabilidades individuales por las acciones u omisiones incurridas, sino, cuando corresponda, también las demás establecidas en el ordenamiento jurídico”. Parece evidente que el responsable final es el presidente de la república desde que determina la participación de las fuerzas militares y establece su consigna, es decir cual es la situación que deberán establecer, determinando así el uso de la fuerza.

– Los principios de “Deber de advertencia”; “Deber de evitar el daño colateral” y “Legítima defensa”, parecen agregados convenientes para cuando se inicien las investigaciones después de un evento con bajas, destrucción y escándalo, es decir son de utilidad -ex post- para que las autoridades afectadas puedan basar argumentaciones jurídicas según sea necesario y conveniente para deshacerse de su responsabilidad.

El Artículo 3ª del Decreto entra en las reglas concretas.

Dispone 9 reglas, todas de sentido común, excepto las reglas Nº 8 y 9.

La Regla Nº 8 dispone usar las armas de fuego en legítima defensa, de acuerdo a lo establecido en el Código Penal y el de Justicia Militar. Parece evidente que si el Gobierno desea que las fuerzas militares actúen solo en defensa propia, sin tomar acción positiva para restablecer el orden y contener la violencia y destrucción, la decisión obvia habría sido no llevarlas al lugar de la confrontación.

La Regla Nº 9.- “Usar las armas de fuego como último recurso, cuando las medidas anteriormente señaladas resultaren insuficientes … y sólo en el caso de enfrentamiento con personas que utilicen o se apresten a utilizar armas de fuego u otras armas letales … las reglas anteriormente señaladas no obstan a la aplicación del Código Penal y del Código de Justicia Militar, entendiéndose que forman parte de la normativa aplicable”, son solo retórica auto exculpatoria inútil.

No tengo razones para pensar que lo que considero deficiencias de este Decreto sean aceptables para todas las personas, también estoy consciente que en materias así de sensibles puede haber y hay muchas y diversas opiniones pero sostengo que la experiencia muestra que existen algunas tendencias, en quienes dictan las leyes sobre materias delicadas, a hacerlas de manera idealista, en una perspectiva teórica, con puertas traseras y laterales que les permitan derivar las culpabilidades y responsabilidades hacia escalones mas bajos en la jerarquía ejecutiva y una esperanzo oculta pero perceptible, que ellos mismos no se verán necesitados de aplicar las reglas que inventaron sino para apretar y culpar a otros cuando lo hagan.

Creo que el mejor empleo de las fuerzas militares en seguridad interior es no emplearlas, pero si fuera imprescindible, comienzan por haber educado a la ciudadanía, en la teoría y en la práctica, en la convicción de que es mucho mas conveniente para todos, obedecer lo que las Fuerzas Militares desplegadas les ordenen, no intentar doblegarlas por la violencia y cumplir estrictamente las leyes, por cuanto ese comportamiento racional permitirá a la ciudadanía regresar a una manifestación sin violencia física, sin destrucción y sin daños a terceros inocentes. En breve les permitirá hacer una demostración de sus quejas y exigencias y no un levantamiento violento contra el estado.

Las medidas para controlar militarmente un comportamiento civil cuyos actores intentan que sea violento, maligno y opuesto al estado, no solo es ineficaz sino contraproducente. La disuasión antes de los hechos y la acción violenta y decidida cuando los hechos están fuera de control es la única respuesta racional, y la gran mayoría de los ciudadanos así lo entienden y aprecian. Años de prédica desde algunas tendencias políticas que emplean la violencia como forma de acción política, no han impedido que un altísimo porcentaje de la ciudadanía siga teniendo fe, confianza, respeto y cariño por las FFAA, Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones. Todas las encuestas así lo muestran, reiteradamente.

Nunca se debe olvidar que la derrota de las Fuerzas Armadas por parte de las turbas, significa el fin del Estado y el comienzo de la Guerra Civil.

La primera lección de liderazgo que recibí fue muy simple y me quedó grabada a fuego: Mis dos tareas básicas como oficial subalterno de Infantería de Marina eran: “Cumplir la misión y Cuidar a mis soldados. Siempre y en ese orden”. Simple y claro. Sin excusas ni atenuantes.

La segunda lección fue leyendo a Clausewitz. Refiriéndose al Comandante en combate señala: “Cuando surgen las dificultades y las cosas ya no funcionan como una máquina bien aceitada, el jefe debe actuar con gran fuerza de voluntad. … El Comandante debe luchar dentro de si mismo, con la impresión general de disolución de todas las fuerzas físicas y morales y el espectáculo angustioso del sacrificio sangriento; y luego con todos los que lo rodean que directa e indirectamente le trasmiten sus impresiones, sus sentimientos, sus ansiedades y esfuerzos. A medida que los individuos van agotando sus fuerzas, uno tras otro, y cuando la voluntad propia de cada cual ya no basta para alentarlos y mantenerlos, la inercia de toda la masa comienza a descargar su peso sobre los hombros del Comandante … estas son las cargas que debe soportar un jefe que desee realizar grandes proezas”.

Cuando el paisaje se oscurece, las informaciones son alarmantes y contradictorias, cuando el desánimo se hace presente, todas las caras se vuelven hacia el Comandante y él, nadie mas que él, debe dar las órdenes y cargar con todas las responsabilidades.

Es lo que Sebastián Piñera, Presidente de Chile, no hizo.

Desde hace ya años, sucesivos gobiernos de izquierda -muchos de cuyos líderes y simpatizantes se manifestaron en las calles contra el Gobierno Militar-, han mostrado sus simpatías por los que hacen los disturbios, y su desapego hacia los agentes del orden que, de alguna manera, en sus mentes seguían representando al “enemigo”.

La frecuencia, intensidad y violencia de este tipo de manifestaciones sufrieron un aumento constante a partir del año 2011, en que muchos próceres de izquierda abandonaron “la Transición”, tiraron por la borda sus propias historias de vida de los últimos veinte años y entregaron el testimonio revolucionario e inconformista a jóvenes estudiantes adornados de la “frescura” de la novedad de sus caras, aunque repitieran discursos añejos y gastados. Se agudizaron las contradicciones entre las manifestaciones pacíficas y por tanto legítimas y la violencia desatada cuya expresión chocó frontalmente contra las propias autoridades “renovadas”, que no pudieron superar la contradicción de ser, simultáneamente, los responsables del orden y la seguridad pública y simpatizar con los violentos.

No voy a incursionar en la cara oscura de la situación materializada por la promiscuidad, la corrupción, las complicidades personales y otras asociaciones espurias entre altos mandos policiales elegidos con extraños criterios y los funcionarios gubernamentales, agotados, con mucho poder y pocos escrúpulos, en medio de una prensa siempre favorable a los transgresores y un Poder Judicial permisivo, cuando no cómplice, del odio a todo lo que oliera a Gobierno Militar.

Carabineros de Chile quedó en medio.

Luego vino la larga saga del Instituto Nacional, a pocas cuadras de La Moneda que, impertérrita, presenció su destrucción. Como se señaló, el movimiento político – estudiantil iniciado en 2011, con las simpatías de los partidos de izquierda, por entonces en el gobierno, se inició con una fuerte campaña en los colegios fiscales de Santiago, con la complicidad benevolente de la Intendente Metropolitana que culminó su mandato con  siete establecimiento “tomados” y en proceso de demolición por parte de las bandas que los capturaron. El Alcalde entrante, logró estabilizar el control municipal sobre las tomas, pero no lo consiguió en el Instituto Nacional.

El año 2019 la situación se tornó imposible. La violencia se agudizó y se hizo inmanejable, Carabineros fue más y más constreñido en el uso de la fuerza legítima y las acusaciones sistemáticas contra Carabineros de Chile, -apoyadas por los medios de comunicaciones, los partidos de gobierno y parte del Centro de Padres del Instituto- con acusaciones de violación de DDHH a los estudiantes, hicieron imposible su accionar.

Redujeron su trabajo a mirar y tratar de contener la expansión de la destrucción y lanzamiento de bombas incendiarias.

La situación quedó fuera de control, ante la resignada ausencia del Gobierno de Piñera. La falta de reacción policial llevó a los estudiantes a trasladar la violencia fuera del Instituto, inaugurándose las acciones de “Evasión”, en que comenzaron a saltar los torniquetes de ingreso a las estaciones del Ferrocarril Metropolitano a vista y paciencia de todo tipo de autoridades, esto se consolidó y recibió el apoyo de terroristas jubilados del FMR que incluso hicieron instrucción de combate callejero en las aulas mismas del Instituto.

Asi llegamos a la debacle del 18 de Obtubre.

Con la autoridad política, municipal, judicial y policial completamente depreciada. Insultar y golpear a Carabineros se convirtió en una rutina “normal”, casi una entretención o un juego. Se extendieron los rayados con insultos soeces, las acusaciones por violaciónes a los DDHH de los manifestantes se legitimaron automáticamente, nunca, ningún tribunal encontró que ninguno de ellos fuera excesivo, infundado y directamente falso, que eran la gran mayoría de ellos. Jamás apareció un Fiscal.

Desde el comienzo de la violencia desatada, el Gobierno, a través de su Ministro del Interior y luego desde la boca del mismísimo Presidente adquirió una clara parcialidad en favor de los presuntamente afectados y nunca emitió reclamos por la violencia contra Carabineros ni menos contra la vejación de la autoridad, incluso la propia.

El Gobierno con el Presidente a la cabeza desapareció, se escondió, calló, se acobardó, abandonó su puesto de mando. Su simpatía por los delincuentes presuntamente agredidos aumentó y el respaldo a Carabineros, si fuera posible, disminuyó.

La protección de la reputación internacional del Presidente, particularmente ante los organismo internacionales y tribunales de DDHH, fue considerada merecedora de cualquier sacrificio de la sociedad chilena. Piñera se arrodilló ante Bachelet y fue escupido.

La campaña mediática de la izquierda se puso en marcha a toda velocidad. Un caso emblemático fue la campaña para inculpar a Carabineros de uso excesivo de la fuerza al emplear escopetas de perdigones. No era nada nuevo, son armas en uso desde hace años y las municiones fueron adquirida en el gobierno de Bachelet, pero ahora se descubrió que los perdigones eran dañinos e iban directamente a los ojos de los manifestantes y a veces de a parejas, uno para cada ojo. El inefable INDH acusó que 352 personas sufrieron lesiones oculares que 21 que sufrieron el estallido o pérdida del globo ocular. La misma organización días mas tarde corrigió su información: 5 de ellos sufrieron la pérdida de un ojo, 73 quedaron con lesiones oculares por agua a presión, gas lacrimógeno y golpe entre otros. Todo después de 5 semanas de batallas campales con violencia extrema de las turbas. Violencia que no mereció la atención de la Justicia.

El diario norteamericano The New York Times, asociado con un medio de televisión chileno particularmente odioso contra la policía, publicó un video y un artículo extremadamente tendencioso. Fue solo uno, aparentemente pronto se dio cuenta de la exageración y engaño, pero el daño ya estaba hecho e incrementado el pánico de la autoridades nacionales.

Este ha sido un caso de texto de una falla grave de liderazgo Presidencial y del Gobierno, antes y durante la crisis, un caso de abandono de deberes de primera magnitud y actualmente tenemos lo peor: los culpables de este desastre, el Presidente Piñera y su Ministro del Interior Gonzalo Blumel, designan y ponen en marcha un proceso para “reestructurar por completo a Carabineros de Chile”. 

Con candor explican: “Como parte de los compromisos que tomamos después del informe de Human Rights Watch (HRW), vamos a convocar a un consejo para la reforma a Carabineros», dijo el Secretario de Estado en conversación con CNN Chile.

Según Blumel «necesitamos una policía del Siglo XXI» y adelantó que la instancia que se realizará esta semana en La Moneda «se va a enfocar en revisar todo lo que veníamos haciendo en la modernización de Carabineros para ver si están a la altura de lo que se requiere; en segundo lugar, para abordar el tema de orden público; y, tercero, tenemos que ver cómo estas actuaciones en materia de orden público se consolidan bien con la protección absoluta de los Derechos Humanos». «No sólo debemos dejar que las instituciones funcionen (…) sino que hacer que funcionen”.

Si eso es lo que desean, es una gran decisión, pero el orden de las tareas está invertido, es imprescindible “reestructurar y refundar” al Estado en pleno: el Ejecutivo, poniendo a personas capaces y competentes; segundo al Legislativo, reduciendo sus absurdas dimensiones y exigiendo competencia técnica y idoneidad moral y tercero al Poder Judicial despolitizándolo y enfocándolo a las funciones que la Constitución les asigna, apartándolo de otras áreas que han ocupado ante el abandono y cobardía de los otros dos poderes del Estado, y eliminando la corrupción y otros vicios de que adolece.

Un Estado con grandes facultades, con una dotación inmensa y cara, de mala calidad, incompetente y sin control ni supervisión eficaz, es la peor maldición para Chile y resolver eso es prioritario.

El problema no es la Constitución ni Carabineros, es la gestión del Gobierno y la falta de liderazgo Presidencial.

11 de diciembre de 2019