ANÁLISIS INICIAL DEL CONFLICTO PLANTEADO POR BOLIVIA

Una mirada al conjunto de hechos que han conformado el presente contencioso con Bolivia en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) muestra una serie elementos de la realidad -nacional, internacional; política y diplomática- que Chile debe considerar y resolver para enfrentar el futuro de las relaciones con ese país.
Una aproximación crítica a la situación actual comienza con la consideración de los profundos cambios que han habido en la ubicación de Chile en el ranking de poder en la región y de su correspondiente política exterior, desde la Guerra del Pacífico hasta ahora. Nuestro país ha transitado por períodos de poder y asertividad; por decaimiento económico, crisis social y política; por esfuerzos de contención frente a políticas expansionistas de otros países; por fractura de los acuerdos sociales internos y debilitamiento de su presencia en la ruedo internacional, hasta llegar a la actual recuperación del poder nacional y de incremento de su participación internacional.

La crisis iniciada en los años 30 dio comienzo a una política exterior de contención de los avances de otros países, de protección defensiva y de reducción de las posibles pérdidas, refugio político en las organizaciones internacionales y judicialización de las relaciones exteriores, en breve, en el comportamiento tradicional de los países en situación de debilidad.

La recuperación del poder nacional, de la vitalidad empresarial, política, militar y diplomática y del consenso social y político cambiaron nuestro ámbito de influencia y las capacidades potenciales nacionales, pero sin modificar adecuadamente las conductas anteriormente asumidas y adoptadas como “doctrinas” que, como se dijo, respondían a otro contexto.

Un ejemplo paradigmático es la firma del Pacto de Bogotá que entregó el control de parte significativa de la política exterior de Chile a la CIJ y por esa vía, a la Organización de las Naciones Unidas. No cabe duda que las relaciones internacionales de todos los países están afectadas por la influencia de esas y otras organizaciones, pero la gran diferencia es con que grado de intensidad ello sucede en cada caso.

Los cambios habidos demandan una revisión de nuestra macro política exterior, de nuestra estrategia de seguridad nacional, de nuestro rol y posicionamiento internacional regional y mundial. También exigen tomar conciencia y dotarnos de los mecanismos, instituciones y procesos para manejar integrada y positivamente nuestro poder nacional actual y futuro. Incorporar integralmente en nuestra política exterior las características y oportunidades del mundo que se está construyendo en torno a la globalización, las comunicaciones, el libre comercio mundial y la tecnología.

Es también notorio el descuido en la formulación de nuestra política hacia Bolivia. Los avatares de los cambios en el ranking de poder regional llevaron a un manejo rutinario y también legalista y jurídico de la relación con ese país, enviando señales que fueron gravemente mal interpretadas. El aceptar la relación normal, en muchos aspectos, con ese país sin exigir relaciones diplomáticas regulares, llevó a una primera degradación de la misma. Los insultos reiterados de sus autoridades, los desplantes como la celebración –en territorio nacional- de cumbres paralelas a las oficiales que permitieron a altas autoridades bolivianas concurrentes a expedirse sobre asuntos internos de Chile y peor, de hacer propaganda a sus aspiraciones, contando con el apoyo de algunos partidos políticos nacionales, proyectaron una imagen de debilidad y permisividad nefasta.
Atropellos como la inconsulta visita inspectiva del canciller boliviano a territorio nacional también contribuyeron a la degradación del respeto y la debida formalidad del gobierno boliviano hacia Chile. A contrario sensu, posiciones firmes como aquellas que castigaron la intrusión de militares y policías bolivianos en nuestro país, contribuyeron a potenciar ese respeto.

Otra señal de alarma que no fue asumida en toda su gravedad fue el contenido del Artículo 267 de la Constitución de Bolivia que establece que: “I. El Estado boliviano declara su derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le dé acceso al océano Pacífico y su espacio marítimo. II. La solución efectiva al diferendo marítimo a través de medios pacíficos y el ejercicio pleno de la soberanía sobre dicho territorio constituyen objetivos permanentes e irrenunciables del Estado boliviano”.

Esta declaración de voluntad política nos pone ante una decisión -formal y oficial- de revisionismo del estatus quo por parte de Bolivia ya que el territorio aludido no puede ser otro que el del norte de Chile y nos señala que esos son objetivos permanentes de Bolivia.
Los llamados al empleo de medios pacíficos no alcanzan a cubrir la desnudez del desafío a Chile. Todos los agresores siempre invocan intenciones pacíficas.
Nunca, ni Perú ni Argentina, en las crisis mas profundas y serias planteó con esta brutalidad sus intenciones de revisar, en perjuicio de Chile, la estructura de límites en vigor desde hace mas de un siglo.
En solo dos artículos nos informa su voluntad política de despojarnos de parte de nuestro territorio, de sojuzgar o expulsar a los ciudadanos chilenos que la habitan y que ello constituye un objetivo permanente e irrenunciable del estado boliviano. Para Bolivia el conflicto no termina en una negociación, comienza con nuestra capitulación y rendición.
Y lo dejamos pasar.

Nuestra concurrencia –forzada- a la Corte Internacional de Justicia pone de relieve la pérdida de soberanía a que hemos llegado –voluntariamente-. En algún momento nuestra participación en el Pacto de Bogotá pudo parecer un reaseguro conveniente para controlar amenazas mayores. El completo y brutal desconocimiento por parte de Argentina de que Chile pudiera concurrir unilateralmente a dicha Corte así como su declaración de “nulo de nulidad insanable” del fallo dictado por miembros de esa Corte y enunciado por la Reina de Gran Bretaña, no dejaron duda de lo feble de la estructura que creíamos que nos protegía.
Así y todo aceptamos ir a ella en el conflicto con Perú. Ese juicio fue esclarecedor. Sin haber sido ilustrados por la Corte, llegamos a ella a litigar un juicio en términos jurídicos y nos encontramos con que ahora fallaba en términos de equidad. O fuimos muy descuidados o muy inocentes, pero que fracasamos, lo hicimos. Así y todo cabe preguntarse, ¿tiene derecho una Corte a cambiar tan radicalmente sus criterios sin invalidar la adhesión de quienes la habían aceptado cuando funcionaba en otros términos, muy distintos?. Contra Perú, ganamos jurídicamente y perdimos prácticamente y ya que a la Corte no se va a una justa académica sino a luchar por los intereses nacionales, podemos sentirnos, legítimamente, estafados. Pero luego cuando Bolivia, tardío e interesado adherente del Pacto de Bogotá, nos “arrastra” a ella, aceptamos alegre y confiadamente.
Pareciera que hay que retirarse del Pacto de Bogotá, ahora!.

Otro aspecto a revisar es la relación entre el Gobierno, el Estado y la Nación respecto a la gestión de los límites y territorios nacionales. Este es un tema complejo que solo dejaré indicado.
Es evidente que las relaciones internacionales deben ser manejadas por el gobierno y en nuestro caso, por el Presidente de la República. Una razón práctica y de realismo parece aconsejarlo así. También sería deseable que ese manejo se sujetara a una Política de Estado, ya que le daría continuidad y perspectiva de largo plazo a la defensa y promoción de los intereses nacionales, sin embargo es una realidad que la forma de entender esos intereses varía de un gobierno a otro, especialmente cuando alguno de ellos profesa una ideología inmediatista o militante. Ese tipo de gobiernos, ¿representan fielmente a la Nación en cada caso concreto?.
Cuando se trata de negociar el territorio, base de sustentación de la Nación y del Estado, parece conveniente la inclusión de todo o parte del Congreso e incluso de la Nación toda en la forma de un plebiscito.

Parece haber muchos y complejos aspectos a revisar, pero lo señalado parece suficiente para comenzar a conversar.
Quienes siguen haciendo lo mismo, no pueden pretender obtener resultados diferentes.

LA ESTRATEGIA DE EVO MORALES Próximos Pasos

El año 2013, con Lula, Maduro, Cristina Kirchner, Correa y Dilma Rousseff en la cresta de la ola y asociados en sus fantasías revolucionarias, Evo Morales desahució las conversaciones con el gobierno de Bachelet -estimulado por el aventurero judicial español Remiro Bretons-, se lanzó al desafío de “arrastrar a Chile” a la Corte Internacional de Justicia, apoyado por el movimiento antiimperialista que los reunía.

En pocos años, cuatro para ser preciso, la situación de la Bolivia chavista es otra muy diferente: su mas fiel exponente, Nicolás Maduro, está en franca decadencia, su permanencia en el poder es cuestionada. Lula haciendo fila para ir a la cárcel y los demás en merecido retiro, la reelección permanente que intenta Morales –por las buenas o haciendo trampa- ya no encuentra la benevolencia regional ni mundial.
La mutación política regional lo está dejando prácticamente solo. Económicamente se acabó la fiesta. Pero sigue haciéndo daño, mas por nuestra parsimonia que por su poder.

La estrategia boliviana parece haber sido dinamizada por su confianza en el triunfo de la revolución chavista y ese contexto Morales se lanzó a una aventura cuyo objetivo final podemos visualizar entre dos alternativas: una “maximalista”, forzar a Chile a cederle un corredor y un acceso soberano al Pacífico y otra “realista”, avanzar en mejorar su posición negociadora frente a Chile.

El primer round, referido a la competencia de la Corte Internacional de Justicia, (CIJ) fue una victoria pírrica para Bolivia. Junto con declararse competente, la Corte dejó en claro que no tenía como obligar a Chile a cederle territorio ni a imponerle una negociación con resultado favorable garantizado.
El desafortunado espaldarazo de Bergoglio con su pedida de “dialogar, dialogar, dialogar” lo llevó a imaginar una negociación, con final asegurado con el Papa como “garante” del proceso. Chile no aceptó.
Ahí debió quedarle claro que aun cuando el resultado del fallo fuera favorable a Bolivia , el proceso pasaría, irremediablemente, por una negociación con Chile.
Lo confirma la absurda oferta de su Vicepresidente García Linera quien propuso una negociación “en vez de La Haya” o “simultáneamente” con ella, ambas con resultado asegurado de darle una salida soberana al mar. Una propuesta absurda típicamente boliviana. Nuestro gobierno la rechazó sin apelación.

El análisis boliviano en esa coyuntura fue: “Sin mayor ruido, (en el mundo) se ha aceptado la idea de llevar a Chile a la mesa de diálogo para proponer un corredor soberano a lo largo de su frontera con el Perú que termine en un puerto útil y soberano para Bolivia. Ganemos o perdamos en La Haya, estos logros son fundamentales para avanzar la causa boliviana en el futuro. … Hay que reconocer que la mayoría de los chilenos no quiere ningún diálogo que resuelva el reclamo boliviano. Por otra parte, en Chile no hay políticos con visión de estado, coraje y liderazgo que intenten cambiar esa opinión. … A esto se añade el escaso apoyo a nuestra causa en el Perú, cuyo acuerdo se requiere si Chile acepta ceder a Bolivia un corredor sobre territorio antes peruano.
La lección para más allá de este primer fallo de La Haya es que mientras no aprendamos a conquistar a la opinión pública en Chile y el Perú el éxito de nuestra actual demanda y de otras que podamos plantear no hará más que alejarnos del mar …termine cuando termine el proceso en La Haya, la tarea inmediata (será) abrir negociaciones políticas y diplomáticas con Chile, apuntadas a encontrar soluciones de mutua conveniencia. Pero se puede y se debe ir más allá. El espacio mediático es el más adecuado para demostrar que la línea dura chilena no cuenta con la aprobación unánime de la comunidad internacional. … el desafío central de Bolivia seguirá siendo desarticular la línea dura chilena sin ofender a una opinión pública mayoritaria, capturada hace mucho tiempo por los que se oponen a todo verdadero diálogo con Bolivia”.

En junio de 2016, Evo Morales nombró a Eduardo Rodríguez Veltzé como agente boliviano ante la CIJ y embajador ante los Países Bajos, quien tomó el control del contencioso. Ha sido claro en cuanto a que el pleito “permitió consolidar el reconocimiento de una disputa internacional susceptible de ser juzgada y resuelta conforme al derecho internacional aplicable” y que si se diera un fallo “salomónico” es decir “un fallo en justicia” (no “en derecho”) que resuelva efectivamente una disputa, este favorecería a Bolivia. Es decidor también su comentario de que “Comparto el optimismo de tener un resultado favorable en nuestra demanda, con él se pueden abrir nuevos escenarios y condiciones para retornar al Pacífico”.
Evo Morales continuó insultando a Chile hasta que pudo ser convencido por su grupo y poco a poco fue cambiando el tono, transitando hacia el “hermaneo” y similares, con ocasionales espasmos populistas para la galería. “El trabajo de los ex cancilleres Javier Murillo y Gustavo Fernández ha sido fundamental para reforzar los esfuerzos que desde el año pasado realizan el agente de Bolivia ante La Haya, Eduardo Rodríguez Veltzé, y el abogado español Antonio Ramiro Bretóns, para convencer al Presidente Evo Morales de que no siga insultando a Chile y su gobierno”.

Rodríguez también toca la cuerda de la “hermandad”: “Una vez se conozca el fallo la diplomacia complementará el trabajo orientado a “contribuir a reencontrar a dos pueblos vecinos y hermanos”. “Bolivia ha pedido a la Corte que se establezca que existe una obligación de negociar y que Chile cumpla esa obligación de negociar sobre el tema del acceso soberano al mar. Lo que no ha dicho es cómo debe ser ese acceso, eso es obvio, pues el mecanismo debe ser el resultado de la negociación”.

Según la prensa boliviana, “los abogados extranjeros encabezados por Bretóns, el agente Rodríguez Veltzé y algunos ex cancilleres, como Fernández, son partidarios de retomar el diálogo con Chile a partir de propuestas pragmáticas, graduales, de mutua conveniencia para ambos países, alejadas de las posiciones maximalistas que ha planteado el gobierno de Morales de exigir soberanía a Chile”.

Las propuestas bolivianas mas realistas apuntan a una zona territorial delimitada, que incluya a Arica, de soberanía compartida trinacional, de libre comercio. Otros mas básicos –como Javier Zabaleta, el Ministro de Defensa- se felicitan por “haber sentado a la diplomacia chilena ante un tribunal. Ya hemos captado la atención internacional, en todo el mundo se habla de Bolivia mediterránea, y eso ya es un gran avance, la diplomacia chilena está en jaque desde que empezó este proceso”.
El fallo de la CIJ. Si falla en derecho, no habrá espacio para la petición boliviana y se abrirá un período de presiones políticas y morales, en que el liderazgo del apoyo a Morales será asumido por Bergoglio, Maduro y Alba. Si lo hace en forma “salomónica” dirá que Chile debe negociar con Bolivia, no podrá especificar mucho mas y el resultado de la negociación quedará abierto. Se iniciará otro capítulo -de duración indeterminada- de las malas relaciones entre ambos países.
En ambas alternativas la estrategia negociadora boliviana apuntará a:
– No dejar que Chile de por cerradas la negociaciones. Intentará retenerlo en la mesa a cualquier precio. Prolongándolas eternamente.
– Potenciar su campaña mediática a nivel regional y global para mantener interés y respaldo internacional.
– Que Chile sea quien proponga salidas y arreglos, que Bolivia rechazará dejando siempre una puerta abierta. Bolivia no pueden proponer nada concreto ya que dentro del país no hay acuerdo respecto a que pedir y menos a que ofrecer en compensación.
– Tratará de introducir sus demás reclamaciones –Silala, Lauca- como posibles “compensaciones”.
– Si la negociación que incluya soberanía se ve imposible, optará por obtener algún tipo de presencia estatal boliviana en territorio chileno. En cualquier caso, de ampliar sustantivamente sus beneficios de tránsito y presencia en territorio chileno. De transformar los beneficios concedidos por Chile, en “reconocimiento” de los abusos y culpas chilenas.

Parece claro que el gobierno chileno cuenta con un sólido respaldo político interno para poner atajo a las peticiones bolivianas. El adversario está política y económicamente debilitado, enfrenta plazos perentorios y difíciles en su campaña para la reelección y está aislado en el ámbito político internacional.
Desde una perspectiva de mediano y largo plazo, para Chile es imposible negociar con un gobierno autoritario y carente de legitimidad frente a su propia ciudadanía, ¿qué valor se puede dar a acuerdos alcanzados con un gobierno como el de Morales?, ¿hasta dónde representa a la ciudadanía de Bolivia?.
Bolivia nunca asume sus compromisos en forma duradera ni definitiva, el próximo gobierno se sentirá, al igual que Morales, en condiciones de desconocer todo lo negociado y acordado, entonces, ¿qué sentido tiene hacerlo?.
Su mentalidad cultural determina sucesivos re inicios de los procesos, como un amanecer sucede a la noche anterior. Mientras no haya instituciones estables y lógicas comprensibles para nosotros, no hay nada que acordar con Bolivia si solo va a durar lo que la permanencia en el cargo de quien lo firmó.