El proceso de término del Gobierno Militar se puso en marcha con un plebiscito en el cual para la Clase Política “lo fundamental era la transferencia del gobierno (ya que) el mero hecho de asumirlo ejerciendo la Presidencia de la República … constituiría un cambio en la estructura de poder que desencadenaría un proceso acumulativo que produciría sucesivas alteraciones en la correlación de fuerzas políticas en favor de la … Concertación gobernante”.[1]
“En el marco de la estrategia de gobierno, una primera decisión fue no intentar la derogación de la Ley de Amnistía de 1978 … y aceptar que no habría castigo por condena penal respecto…” de los militares, lo que constituía un severo golpe a las aspiraciones de la Concertación y de las organizaciones de Derechos Humanos” la mayoría conformadas por el Partido Comunista[2].
Por falta de fuerza política, el primer paso fueron las “leyes Cumplido” que según su autor -Aylwin- apuntaban a “que se esclarezca la Verdad, se haga justicia en la medida de lo posible y después venga la hora del perdón” para la cual se conformó una Comisión de Verdad y Reconciliación cuyo límite de jurisdicción excluía expresamente “funciones judiciales y enjuiciar el régimen pasado y a las FFAA”. Como encontrara que la legislación vigente era muy vaga y draconiana, envió al Congreso un paquete de leyes (las leyes Cumplido”) para que configuraran una “legislación racional y equitativa, y que los casos pendientes se trataran de acuerdo con esa nueva legislación”.
La Comisión Rettig fue complementada por “una intensa presión política y de los juristas de la Concertación, que hizo suya el presidente, en el sentido que la Ley de Amnistía no derogaba, ni impedía investigar los hechos hasta llegar a la identificación de los culpables”.
Hasta aquí tenemos el dibujo de una maniobra político-judicial contra las FFAA, que inocentemente seguían creyendo en la buena fe de sus contrapartes y que nunca se organizaron para dar esta lucha política, creyendo que al entregar el gobierno quedaban ubicadas fuera de ese ámbito; mientras tanto Aylwin avanzaba enviando una carta al Presidente de la Corte Suprema invocando esta tesis jurídica, que fue acogida y “que con el tiempo ejerció considerable influencia sobre los tribunales[3]”.
Con gracia, Boeninger explica que “el criterio judicial sobre la materia fue oscilando , en alguna medida, en función de la evolución de las sensibilidades políticas al respecto”.
Las FFAA resintieron estos cambios, pero como no las afectaban directamente “nunca estuvieron en condiciones de oponerse porque Pinochet no se atrevió a dictar una segunda ley de amnistía que abarcara el período 1978 – 1989… de modo que las FFAA debieron someterse a las reglas del juego. Por ello, cuando se sintieron amenazadas por las políticas de gobierno, su reacción se redujo a intentos de presión, “sin salirse del marco legal” [4] que seguía siendo alterado, en su perjuicio, por parte del Gobierno de Aylwin y sus socios.
Los esfuerzos del General Pinochet por su parte se enfocaron cada vez más en proteger su imagen histórica, su familia y sus intereses y preocupaciones personales, desapareciendo toda coordinación política, mando centralizado y coordinación de los esfuerzos en las FFAA
Otro aspecto clave de esta período fue la publicación del Informe Rettig en base al cual Aylwin declara, primero, que “ningún criterio sobre el particular borra el hecho de que se cometieron las violaciones a los derechos humanos que describe el Informe” y segundo, que se considera establecida “la verdad histórica y global sobre lo ocurrido”, “que rechaza categóricamente la noción de que Chile hubiese vivido una guerra interna”
Con esto Aylwin dictó la versión oficial de lo sucedido en Chile y como suele ser, los en ese momento vencedores, la impusieron y con ello sancionaron la absolución del terrorismo político y sus acciones militares conducentes al establecimiento de una campaña militar en regla contra Chile, como lo confirma la internación de miles de “combatientes entrenados” en el extranjero, las armas ingresadas ilegalmente al país, como se comprobó en Carrizal Bajo y el intento de asesinato del general Pinochet que daría comienzo al enfrentamiento armado.
Este informe desconoce realidades como la existencia y actividad terrorista del MIR desde antes del 11 de septiembre de 1973 y la adopción por parte del PC de la “estrategia de rebelión de masas para derrocar al régimen militar por las armas” que derivó en la creación de las Milicias Rodriguistas y del Frente Manuel Rodríguez, “conformando un proceso de masas, político, ideológico moral y cultural, organizativo militar y paramilitar, que se engrana con toda la actividad del pueblo”, Lagos dixit.
En este sentido, la finura legal del Informe Rettig sumada a la evidente malquerencia de sus fuentes de información hacia las FFAA viene a engranar con las conveniencia políticas declaradas de Aylwin y su Concertación, en perjuicio de las Instituciones de la Defensa que por constituir un bocado demasiado grande de masticar, se concentró en el castigo a individuos, autónomos, independientes, sin defensa y sin apoyo, tratando de sobrevivir al embate de las organizaciones de Derechos Humanos, de la Clase Política y del Gobierno de sus adversarios políticos y sin el apoyo de las instituciones militares y del Estado que los enviaron, apoyaron, patrocinaron y protegieron en las acciones requeridas para imponer la paz y el control gubernamental.
A esta altura parece inevitable recordar a Tomás Moulian[5] respecto a la naturaleza del gobierno de Allende: “El principio cardinal del cambio era la lucha de clases. Los discursos de Allende no eran más que variaciones de ese artículo de fe: para construir un orden más justo, en el que el pueblo viviera mejor, había que derrotar a la burguesía, por medios legales si era posible, o por otros medios, si era necesario. El programa de la UP era la aplicación del breviario marxista a las condiciones de Chile.
Allende no tuvo conciencia del proceso que desató. Ignorándolo todo o casi todo sobre el funcionamiento de la economía real, no vio los devastadores efectos sociales que traería el fundamentalismo anticapitalista. Además, lo que se suponía que era su capital –el conocimiento de las dinámicas políticas-, se demostró que era un supuesto falso. Creyó que el futuro dependía de derrotar “completamente” a la derecha, y parece haber imaginado que esta no se defendería. La UP dio la impresión de querer ganarse el mayor número posible de enemigos, y lo consiguió”.
“Está probada la intervención norteamericana en Chile en aquellos años. Lo que se empieza a conocer recién ahora es lo que podríamos llamar “la intromisión consentida” de Fidel Castro en nuestros asuntos. En los hechos, Allende le abrió la puerta.
Entre los secretos compartidos por Allende y Castro, estaban el entrenamiento militar de muchos chilenos en Cuba, el papel de Beatriz Allende y el grupo castrista del PS, la formación de la guardia personal de Allende, las platas para el MIR, etc.”
Respecto a la inexistencia de guerra civil en Chile en el período 1970 -1990 es conveniente considerar la opinión de Moulian[6]: El MIR, “que nunca participó en la Unidad Popular porque tenía otra postura estratégica, fue diezmado entre 1973 y 1980”, período en que intentó el re nucleamiento de sus cuadros pero fue alcanzada en el plexo dos veces por los organismos de inteligencia de la dictadura”. Entre 1973 y 1980 perdió por acción de los organismos represivos, más de 250 militantes[7], mientras miles fueron presos o torturados” estos combates se dieron en el marco de una guerra irregular que ganó el Gobierno Militar.
La aproximación legalista obsoleta del concepto de guerra, aplicado por la Comisión Rettig hace imposible su comprensión, ya que no se trata de una guerra clásica decimonónica entre estados que se comportan según un ritual pre establecido e internacionalmente aceptado, sino que conforma una combinación de actos políticos, propagandísticos, militares, terroristas, económicos, sociales y otros, en una acción con fines últimos compartidos pero con ejecución descentralizada y con gran autonomía. Este tipo de enfrentamiento solo puede ser reducido mediante un tipo de defensa equivalente, que fue la estrategia del Gobierno Militar.
Indudablemente esto no implica la suspensión de los Derechos Humanos, pero tampoco desconoce la condición de ser una guerra, en que ambos bandos incluyen el uso de las armas y de la violencia armada que como sabemos comenzó antes del 11 de septiembre de 1973.
El fin del Gobierno Militar determinó el fin de las operaciones militares contra la izquierda revolucionaria, sus miembros ahora eran parte del gobierno o muy cercanos a él, como sucedió con el Partido Comunista. No todos se acomodaron a la situación de paz y los gobiernos debieron crear organizaciones clandestinas e ilegales para combatirlos[8], la más célebre, sin duda, la Oficina.
Por su parte los “combatientes” del Gobierno Militar, quedaron huérfanos de apoyo. Dado que ningún gobierno de la Concertación iría contra la regla de oro de Aylwin de no agredir a las Instituciones de las FFAA, la Clase Política adoptó una convención conveniente para ellas, para el gobierno y para los partidos de la oposición política: Los violadores de DDHH actuaban por si y ante si, fuera de la vista de las autoridades del Estado y de sus autoridades militares.
Todos sabemos que esto es falso. Completamente falso.
Sabemos que en el Estado y más aún las Instituciones Militares la responsabilidad de mando no se delega nunca, tampoco se extingue. Si los ejecutores actúan mal, son culpables de mal desempeño, pero la responsabilidad final sigue siendo de sus autoridades naturales[9]. Es decir, del Estado y de las Instituciones Militares. En esto no hay otra interpretación.
Podemos ver que desde el comienzo de esta situación la intención final -y conseguida – por los gobiernos y por la Clase Política fue la señalada por Aylwin desde el comienzo: la normalización de las relaciones con las FFAA, la consolidación del poder político en sus manos y el apaciguamiento del PC y PS. “Para esto contaron con la fuerza del legalismo y la tradición profesional de las FFAA que se tradujo en que la continuidad de un rol político militar ni estuvo nunca entre los objetivos militares, con la quedó descartada la posibilidad de un nuevo golpe de Estado”. Actitud que de meritoria pasó a ser un cuchillo contra ellas mismas.
Cerremos este breve y amargo recuento con un breve análisis de la actuación de los altos mando militares desde la salida de Pinochet del gobierno. No cabe duda que salvo algunas personas instaladas en la burocracia estatal, para todos lo militares este final fue muy satisfactorio. La Misión estaba cumplida, la democracia repuesta en su sitial, la economía reconstruida, la sociedad pacificada, las FFAA seguían contando con alto apoyo ciudadano, se habían manejado con éxito dos graves amenazas de guerra externa y dos crisis económicas globales y desprovisto al Comunismo del potencial para dominar el poder político.
Tal vez los más felices deben haber sido los alto Mandos Militares, que volvían a lo suyo. Pero había una deuda insoluta con los hombres y mujeres que fueron enviados a combatir a los enemigos más odiosos y más determinados. Porque no nos engañemos, en las FFAA y en el Estado los mandos les señalan a cada persona y organización subalterna donde ir y qué hacer, y esa responsabilidad no se delega ni se diluye, si hay malas prácticas o directamente delitos, los ejecutores son culpables pero la responsabilidad sigue siendo indelegable.
De la misma manera, una institución es una continuidad, con lo bueno y lo malo, con lo brillante y lo opaco. No se puede elegir con que parte de la historia quedarse. Nadie podría no asumir los problemas pendientes que vienen con el cargo al momento de recibirlo. Tampoco en el Estado. Es parte del paquete.
Así las cosas, esos presunto huérfanos de casos de DDHH pueden ser culpables, pero la responsabilidad de sus dislates, si así hubiera ocurrido, reside en sus mandos y se heredan, son la historia de una institución.
No podríamos quedarnos con el Sargento Aldea que: “Valiente y leal hasta la muerte, cumplió con su deber”, y dejar a los Sargentos Aldeas del 73 que “Valientes y leales hasta la cárcel, también cumplieron con su deber”
En este sentido, esta responsabilidad, no completamente asumida, puede ser el cáncer que mate a nuestras FFAA cuando de nuevo sean sometidas a la prueba definitiva: dar la vida por cumplir la misión.
Sería el triunfo definitivo de nuestros enemigos.
En estos días, la persona que preside el país, con deformaciones morales serias y escasa capacidad intelectual, vuelve a lanzar al ruedo la suerte de nuestros prisioneros, desconociendo una vez más los compromisos contraídos por la Clase Política con las Instituciones de la Defensa.
Ya lo hicieron Aylwin, Bachelet y Piñera.
Basta.
Fernando Thauby García
5 de Septiembre de 2023.
[1] Boeninger, “Gobernabilidad”. 414
[2] Id 1, 454
[3] Después conocida como “doctrina Aylwin”.
[4] Boeninger Op.Cit.
[5] Tomás Moulian; Chile Actual Anatomía de un Mito. 159
[6] Op Cit 5, 255.
[7] El propio MIR los declaraba “combatientes”.
[8] Los “descolgados”
[9] Esto es completamente aplicable al actual escándalo de los robos multimillonarios mediante Fundaciones que trasiegan ingentes recursos fiscales a organizaciones privadas asociadas a funcionarios estatales y de Gobierno.
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