El 15 de febrero de 2011 me desempeñaba como asesor de un diputado y en esa condición fue consultada mi opinión respecto a un gran incremento de personal para Carabineros; el Gobierno[1] presentaba una ley que aumentaba la dotación de Carabineros en 10.000 personas más al año 2014. El ministro del Interior y Seguridad Pública, señaló que “nuestro Gobierno está cumpliendo con aquello con que se comprometió en la campaña presidencial y en estos 11 meses de Gobierno”,

Primera pregunta: ¿Por qué 10.000 y no 8.000 o 12.000? Nadie pudo dar una respuesta concreta. ¿Costo del proyecto?, solo se sabía el costo de las remuneraciones para los nuevos Carabineros. Se desconocía el financiamiento de aspectos tan evidentes y cuantiosos como: alimentación, vestuario, equipamiento policial, equipamiento de seguridad, transporte, combustibles y vehículos, telecomunicaciones, educación, previsión a largo plazo, salud –considerando que Carabineros no tiene ley de salud-, bienestar, traslados y viáticos, infra-estructura policial y familiar y un largo etc.

El día de la sesión de la comisión de la Cámara de Diputados que aprobó el proyecto, el Director General mostró un breve power-point. Las preguntas de los miembros de la comisión fueron poquísimas, superficiales e insubstanciales y en medio de congratulaciones mutuas todos se fueron felices.

Lo relevante para los diputados, el Gobierno y Carabineros, era no aparecer interfiriendo con el incremento del número de policías. La situación política y electoral lo hacía desaconsejable y la gran mayoría de los diputados no entendían nada y les interesaba aún menos.

El 8 de Octubre de 2014, con la presencia del Ministro del Interior [2]y Seguridad Pública, la Sala del Senado aprobó en general por 26 votos a favor, el proyecto de ley que aumentaba la dotación de Carabineros de Chile en 6 mil funcionarios más entre esa fecha y el final del año 2017 es decir 6.000 más sobre los 10.000 ya autorizados el 2011.

Esta vez, además de las remuneraciones, se consideraba el costo operativo directo (vestimenta básica, consumos básicos y equipamiento operativo básico)”, es decir, la nada misma. Tampoco se aclaró si el aumento de 10.000 carabineros iniciado por el gobierno anterior había sido o no completado.

El General Director de Carabineros hizo un curioso juego de cifras que no fue cuestionado por nadie: “Al año 2010 la planta estaba conformada por 45.748 funcionarios y al año 2014 aumentó a 53.522 efectivos (+7.774). Recalcó que esa cifra correspondía a la planta legal que no es lo mismo que la dotación efectiva porque existen vacantes que se van produciendo, ya que el escalafón tiene movilidad permanentemente, y es así como a la fecha, la dotación efectiva era de 49.808 carabineros (es decir en 4 años  -2010 / 2014- hubo un incremento real de solo 4.060 carabineros, habiéndose autorizado el año 2011 un aumento de 10.000).  Esto, mientras se discutía un nuevo aumento de 6.000 nuevas plazas más.

El epílogo de esta frivolidad político / policial fue el robo de  parte de los $ 26.000.000.000 “empozados” para pagar los sueldos a Carabineros que no existían y que el Congreso aumentó dos veces, en 16.000 personas, en forma completamente irresponsable. Un sistema inventado, sin duda, por Gonzalo Fernández de Córdoba, El Gran Capitán, y administrado bajo la supervisión del Ministerio del Interior.

Los prejuicios no son un buen punto de partida para un análisis. Tratemos de ser tan objetivos como sea posible. La Institución de Carabineros de Chile ha estado varios años en el ojo del huracán, por errores propios y ajenos, por deficiencias suyas y de los gobiernos, por cálculos políticos y por ideologías.

Comencemos por el principio: Carabineros no es una institución propiamente militar, es una institución con origen y formas militares y cuyas funciones principales se materializan en el ámbito civil y ciudadano. Proveen Seguridad y Orden Público.

Seguridad Pública: Los objetivos principales de la seguridad son proteger a las personas, sus bienes y su tranquilidad contra los daños y amenazas que puedan provenir de otras personas.

Van desde dirigir el tránsito a disuadir y atrapar a los delincuentes comunes. Dar seguridad, a los bienes y las instituciones; combatir el crimen organizado, la gran delincuencia. También contener temporalmente emergencias civiles graves o urgentes, masivas o individuales.

El concepto de Orden Público no es definido por la Constitución ni la ley, y la doctrina coincide en que es un concepto difuso, amplio e impreciso. Cierta tendencia doctrinal mayoritaria sostiene que el concepto de orden público está vinculado a una función de protección, permitiendo limitar la autonomía de la voluntad individual en interés de la comunidad.

La función de mantención e imposición del orden público se refiere a la previsión, contención y control de expresiones violentas, ilegales, destructivas o peligrosas para sus perpetradores u otras personas, efectuadas por grupos humanos fuera de control o controladas por personas con propósitos y comportamientos inciviles.

En ambas funciones el rango de tareas de Orden y Seguridad, en Chile y en todas partes, es amplio y cambiante.

Esta variedad de funciones lleva a que en muchos países existan dos componentes organizacionales: la componente de Seguridad apuntada al trato personal, cooperativo, educador y protector de la ciudadanía y la componente de Orden equipadas y entrenadas para tareas más bruscas o complejas, ambos componentes reunidos en una sola organización o en dos o tres organizaciones independientes.

Así, en EEUU, los Estados disponen de policías Civiles Estatales de carácter más o menos civil para tareas de Seguridad, y unidades militares de la Guardia Nacional para las funciones de Orden, más una amplia variedad de “Agencias” federales, que cubren acciones antisecuestros violentos, antiterroristas y otras.

En Francia la Policía Nacional, de carácter civil, tiene las siguientes tareas: Dar seguridad a las personas, los bienes y las instituciones; controlar los flujos migratorios y luchar contra la inmigración ilegal; combatir el crimen organizado, la gran delincuencia y la droga; proteger el país contra la amenaza exterior y el terrorismo, y mantener el Orden Público.

La Gendarmería Nacional Francesa es una organización militar con misiones fundamentalmente de policía dentro del territorio nacional francés, así como misiones de carácter militar en aquellos países o territorios extranjeros donde sean desplegadas.

Los Gendarmes son responsables de mantener el Orden y la Seguridad Ciudadana en las zonas rurales  y/o periurbanas, mientras que la Policía Nacional es responsable de la mayoría de las zonas urbanas.

La Policía Nacional tiene el mando centralizado de las CRS (Compañías Republicanas de Seguridad) y está encargada de su mando y organización. Conforman un cuerpo militarizado entrenado específicamente en las técnicas antidisturbios y control de manifestaciones en todo el país.

Las CRS asumen las tareas que se desarrollan en niveles mayores de violencia o de peligrosidad cuando se producen disturbios públicos mayores, así como también rescates en el mar y en las montañas.

En Canadá, el modelo de policía montada de tipo militar se inspiró en modelos policiales de Europa. Sin embargo, si bien sus orígenes son de carácter militar a lo largo de los años ha tenido reformas que le acercan más al modelo de policía comunitaria. Uno de los enfoques prioritarios de trabajo de este cuerpo policial es la prevención del delito para lo cual trabajan estrechamente con la comunidad.

De acuerdo con la Ley, este cuerpo policial está encabezado por un Comisionado, quien, bajo la dirección del Ministro de Seguridad Pública y Preparación para Emergencias de Canadá, tiene el control y la administración de la Fuerza y todos los asuntos relacionados con ella.

En Chile, el debate público respecto a la impronta militar o civil de la policía está influido de elementos de emocionalidad y prejuicios que lo reduce a la inutilidad. Por ejemplo en un intercambio epistolar reciente una parte sostiene que la eliminación de la impronta fundacional militar del Cuerpo de Carabineros lo haría perdería sus características de “no deliberante, jerarquizado, disciplinado y profesional”.  La realidad mundial muestra a muchas policías con un origen fundacional de impronta civil que tienen esos atributos en diversos grados y en los que su origen no es realmente relevante. De la misma manera el argumento de que su “estructura y doctrina” les impiden modernizar su organización interna y no permiten controles cruzados”, es falso. Las organizaciones militares son más  aptas para adecuarse a orgánicas flexibles y cambiantes que la mayoría de las instituciones estatales y privadas. Los cambios tecnológicos, operativos, políticos, de los escenarios y de los oponentes, unidos a los frecuentes ejercicios con fuerzas de otras armas y de otros países les permiten observar y comparar en tiempo real la calidad, realismo y eficiencia de sus procedimientos y doctrinas.

La estructuras militares modernas exigen que una misma unidad esté sometida constantemente a controles y directivas de diferentes organismos, de carácter político, estratégico, técnico, financiero, de contraloría fiscal y de derechos humanos, solo por nombrar algunos.

No cabe duda que el problema no va por ahí. Mas aún, muchas policías civiles suelen tener códigos de disciplina estrictos y muchos ejércitos carecen de ellos. Muchos ejércitos se modernizan técnica, social y políticamente en forma constante y muchas policías se quedan estancadas en un pasado que ya se fue.

La diferencia la hacen otros atributos: el espíritu de cuerpo y su compromiso social. La potencia de la tradición, la firmeza de la moral, la profundidad de las convicciones, la lealtad entre los diferentes niveles de mando y entre los diferentes servicios y especialidades y sobre todo, la claridad, competencia y firmeza de carácter de las autoridades superiores, políticas en este caso, y de su compromiso con la eficiencia y la transparencia de todos los organismos del estado, civiles y militares.

Tenemos un Cuerpo de Carabineros excelente, hecho de la mejor madera, con tradición, orgullo y compromiso, querido y respetado por la ciudadanía, admirado por otras policías, ¡que excelente policía sería si tuviera mejores mandos políticos e institucionales!.

La falla no está en la Institución, está en el Estado de Chile y en los Gobiernos que lo administran, comenzando por la más básico: ¿Quién las manda?; ¿Quién dispone sus doctrina y supervigila su comportamiento operativo y táctico? ¿Qué autoridad asume las responsabilidades políticas de las acciones que dispone o autoriza el Gobierno?¿Quién le fija las reglas de uso?, ¿Quién supervigila y controla su gestión, administración y desarrollo?.

El monólogo de Gonzalo Blumel[3], Ministro del Interior de Piñera los años 2010 – 2013, en su obra “La Vuelta Larga”, es muy elocuente respecto a la confusa relación Gobierno y Seguridad Interna.

Saliendo Blumel del Salón Rojo después de una reunión de crisis con Piñera y sus asesores, se cruza con el general Javier Iturriaga y piensa “mientras bajaba a mis oficinas por las escaleras de piedra del Patio de las Camelias, no dejaba de agradecer, mentalmente que ese tema imposible estuviese fuera de mis responsabilidades”.

El problema de seguridad interna que tiene al país al borde de un golpe de estado y al Presidente esperando su deposición violenta, no es su problema, es problema del general Jefe de la Zona en Estado de Emergencia.

Ahí está la base de la crisis.

Melosilla, 18 de diciembre de 2013

Fernando Thauby García

---

[1] Rodrigo Hinzpeter, Ministro del interior

[2] Rodrigo Peñailillo, Ministro del interior

[3], Blumel Gonzalo, La Vuelta Larga, Agosto 2013, pag 142