BORIC, EXTRAVIADO, DA PALOS DE CIEGO.

Los Fiscales, encabezados por Ximena Chong pidieron una sala especial, de mayor capacidad, disponible durante la semana que durará la formalización de los generales de Carabineros, Ricardo Yáñez, Mario Rozas y Diego Olate. Ahí concentrarán un amplio número de personas relacionadas con los 450 presuntos afectados por violaciones a sus derechos humanos, por parte del Alto Mando de Carabineros.

Desde ahí, por prensa y televisión se resucitará la acusación de la “violación masiva” de los derechos humanos de los “manifestantes” en los muchos días del intento de golpe de estado iniciado el 19 de octubre de 2019.

El delito sería por “omisión” es decir, sabiendo lo que estaba pasando en cada punto en que se expresaba la violencia de la crisis, esas autoridades policiales no tomaron acciones para contener los delitos que sus fuerzas estarían cometiendo en ellos. El problema es que esos generales no tenían esa información, en todo caso, tenían la misma información que el Ministro de Interior y de Piñera mismo.

En el caso del general Yáñez destaca el fallecimiento de Cristián Valdebenito, muerto por el impacto de un objeto contundente que los que lo rodeaban aseguran se trataba de una bomba lacrimógena. De ser cierto, la prohibición de emplear bombas lacrimógenas por parte del general Yáñez, habría constituido desacato de su parte a las órdenes de Piñera, de contener el vandalismo y los desmanes.

Ahí va la máquina político judicial dejando afuera a Piñera y culpando al general Yáñez.

Con este trasfondo, el presidente cita al Consejo de Seguridad Nacional para tratar algo que aún no ha dicho para qué. Si es para escuchar alternativas para incrementar la exigencia de cumplimiento de la ley a las turbas que apoyan al mismo Boric, es una idea carente de lógica. Boric sabe sus pros y contras perfectamente, no necesita asesoría. Se agrega a lo anterior el agudo contraste entre el trato que los Poderes Ejecutivo y Judicial dan a los militares y policías, en comparación a los premios y pensiones de gracias que dan a los delincuentes, presuntas víctimas de las fuerzas policiales al mando del general Yáñez.

Otras voces recomiendan “militarizar” la crisis de seguridad. Esta idea, además de impracticable, es una atribución exclusiva del Ejecutivo, y dado el largo debate habido al respecto, no ha lugar escuchar al COSENA, cuyos miembros han expresado muchas veces sus pareceres respecto a la materia, se trataría exclusivamente de una elección política y basta con que Boric se decida a hacerlo o no. El resto es show.

Hemos llegado a una situación muy clara: todos sabemos que es lo que se puede hacer, cuáles son los poderes del Ejecutivo, que dice la Constitución y las leyes al respecto.

Ya no queda espacio para sacarle el poto a la jeringa, lo que queda es una decisión política de responsabilidad exclusiva de Boric, él deberá tomarla y asumir las consecuencias de ella, cualquiera que sea.

Fernando Thauby García

3 de febrero de 2024