La hipocresía y la estulticia de la justicia chilena

Me gusta definir los adjetivos que empleo: La hipocresía es la falsedad que demuestra una persona en sus acciones o en sus palabras, fingiendo o pretendiendo cualidades o sentimientos que, en realidad no tiene, proyectando una imagen falsa o irreal de ellos mismos, la hipocresía es engañar a los demás; es una de las tantas formas que adquiere la mentira. Es aparentar bondad o ejemplaridad, y aunque se esfuercen por parecer mejores personas de las que son, finalmente todo aquello no son más que apariencias basadas en la mentira.

La estulticia es la tontería que, por necedad o por ignorancia, caracteriza a una persona. Se refiere a aquellos que en sus actos, palabras, acciones u omisiones, demuestran falta de conocimiento, tacto o discreción en relación con determinados asunto y que, debido a ello, se comportan haciendo gala de su necedad, idiotez y falta de respeto ante determinadas cosas. Estulticia es la del ignorante incorregible.

Sinónimos de estulticia son necedad, estupidez, sandez, tontería, bobería, disparate, imbecilidad o idiotez.

La Justicia chilena, por lo menos la que se aplica a los militares, se caracteriza por su estulticia e hipocresía. Lo digo con pleno conocimiento de lo que afirmo.

Lo que sigue se basa, en lo principal, en una entrevista concedida por Guillermo Teillier, el  autor intelectual del asesinato de cinco escoltas del Presidente Pinochet; el contrabando de armas de Carrizal Bajo; la muerte de decenas de personas y lo mas grave, el engaño a muchos de sus jóvenes correligionarios que lo siguieron en su aventura criminal y absurda, en connivencia con el Dictador Militar de Cuba Fidel Castro Ruz, engaño del cual hasta ahora no se arrepiente.

“En 1985 el comité central del Partido Comunista aprobó la Tesis de la Sublevación Nacional, ampliación de la política de Rebelión Popular de Masas (PRPM) definida en 1980 por la dirección interior del PC y ratificada por su secretario general Luis Corvalán, exiliado en Moscú.

En 1980 Corvalán pronunció un discurso transmitido por Radio Moscú anunciando el giro en la línea de su partido: “El pueblo no tendrá otro camino que recurrir a todos los medios a su alcance, a todas las formas de combate que lo ayude, incluso de violencia aguda (terrorismo armado). Sus palabras eran la confirmación de la apuesta del PC para derrocar a Pinochet por medio de grandes movilizaciones populares usando todas las formas de lucha (armada) y la antesala del nacimiento oficial del FPMR, su brazo armado, en 1983. Ese año y el siguiente y  la llegada al país de oficiales de la organización preparados en Cuba y con experiencia en combate en Nicaragua, presentaban un cuadro auspicioso para agudizar el enfrentamiento contra el Gobierno de Chile.

Por eso, definida la tesis insurreccional en enero de 1985, la dirección interior del PC encabezada por Gladys Marín y Guillermo Teillier, junto a Luis Corvalán, dieron luz verde a la internación de armas de Carrizal Bajo, la operación de mayor envergadura de la historia de la colectividad; y decretaron 1986 como el “Año Decisivo” para tumbar a Pinochet.

Podemos apreciar que el Partido Comunista declaró e hizo la guerra al gobierno de Chile a partir de 1980 y la ratificó, amplió y agudizó en 1985, poniéndose como plazo para su culminación en 1986, el “año decisivo”.

Pregunta: Con la estrategia de la rebelión popular de masas (1985) ¿hubo un cambio en la línea política del Partido Comunista de Chile trazada en sus diferentes congresos?

Respuesta: No hubo precisamente un cambio en la línea política, sino la incorporación de una nueva táctica, del uso de todas las formas de lucha, pacíficas o violentas, e incluso el empleo de las armas para echar abajo la dictadura. A la dictadura no se le podía poner fin mediante nuevas declaraciones y protestas. En el curso del mes de abril de 1981 se realizaron apagones a lo largo del país, voladuras de puentes y de líneas de trenes de Santiago al sur, de Valparaíso a Santiago y San Felipe a Los Andes. Fue asaltada la Armería Morandé y capturadas sus armas. En el mes de mayo de 1981 se tomaron las agencias periodísticas Asociated Press y ANSA, transmitiéndose a través de ellas proclamas en contra de Pinochet, fue asaltada la Armería Italiana con la consiguiente captura de armas. En julio hubo un nuevo apagón que abarcó a gran parte del país. En agosto se realizó un asalto y captura de armas en las Armerías Ricci, Italiana y Real. En septiembre se produjo un nuevo apagón nacional y toma y quema de trenes de la línea Santiago-Valparaíso.

A la lucha contra la dictadura se incorporaron de más en más, con sus propias formas y sus propios métodos todos los partidos de la Unidad Popular, la Democracia Cristiana, los radicales y gente sin militancia política. 1986 fue el año de las grandes protestas, el año del Atentado a Pinochet en el Cajón del Maipo y del desembarco de las armas del Frente Manuel Rodríguez en Carrizal.

Existía alguna persecución por “Pensar distinto”. No, el Partido Comunista delegado por la Unión Soviética, apoyado por Fidel Castro, por el dictador de la República de Alemania Comunista y otros delincuentes internacionales se coludieron para “Hacer algo”: intentar el asalto armado al Gobierno Militar e imponer el mismo gobierno marxista, incapaz, corrupto y desquiciado que las FFAA de Chile habían sacado de sus posiciones de poder en 1973.

La banda de frenéticos que en 1973 se habían apoderado del poder político, económico y social de Chile  -creando una situación similar a la de Maduro en la Venezuela de hoy día- intentaba en 1986 volver a nuestro país con ayuda extranjera.

La gran diferencia respecto a Venezuela fue que las FFAA de Chile tomaron el bando del pueblo y con su apoyo, impidieron esa regresión totalitaria.

En este contexto de guerra armada financiada por potencias extranjeras y  apuntando a la derrota militar de las FFAA y de Seguridad de Chile, se produjo un enfrentamiento entre terroristas y fuerzas de seguridad.

Según lo investigó una funcionaria del Poder Judicial de apellido Cifuentes los hechos fueron los siguientes:

Cita Textual

 Que el día 10 de diciembre de 1985, alrededor de las 01:30 horas, Patricio Leonel González González, acompañado de dos sujetos no identificados, todos militantes del Frente Manuel Rodríguez, conducía el automóvil marca Datsun, modelo Sunny, patente EE 9769, por calle Arturo Prat de la comuna de Puente Alto, en dirección al oriente, llevando en el portamaletas dos subametralladoras calibre 9 mm, una escopeta de caza calibre 12, un revólver calibre .32, una pistola calibre 9 mm, 75 cartuchos calibre 9 mm, 10 cartuchos de caza calibre 12/65, dos granadas de mano y dos paquetes de explosivos sin elemento iniciador.

 Que el citado vehículo había sido sustraído a su dueño, Guillermo Eduardo Gotschlich Reyes, mediante intimidación, el día anterior, alrededor de las 21:00 horas, en calle Ricardo Matte Pérez de la comuna de Providencia.

 Que, al llegar a la intersección con avenida Concha y Toro, frente al Regimiento de Ingenieros N° 2 de Puente Alto, el referido automóvil fue interceptado por cuatro sujetos vestidos de civil, Iván de Jesús Belmar Fuentes -actualmente fallecido-, Juan Orlando Muñoz Orellana, Nelson Mario Pérez Cabezas y Ramón Antonio Venegas Arenas, todos funcionarios de Carabineros de Chile, quienes tras seguir al vehículo, lo anticiparon (lo adelantaron), se parapetaron en el lugar y, luego, se abalanzaron sobre él, disparando en contra de sus ocupantes, con las subametralladoras UZI, calibre 9 mm, que portaban.

 Que, ante lo ocurrido, descendieron del vehículo el copiloto y la persona que ocupaba el asiento posterior, quienes se dieron a la fuga por avenida Concha y Toro en dirección al sur.

5° Que el conductor Patricio González González resultó herido y permaneció al interior del móvil, el que se desplazó por la citada avenida en dirección sur oriente, colisionando en contra de una caseta del regimiento antes aludido.

6° Que González González recibió seis impactos balísticos: tres de ellos en el tórax, uno de los cuales lesionó el hígado, transfixió el esófago y desgarró casi totalmente la aorta torácica; uno en el muslo izquierdo y dos en la cabeza, uno de los cuales penetró a la cavidad craneana, lacerando el lóbulo frontal derecho, lesiones que le causaron la muerte.

La ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes Alarcon, condenó a tres suboficiales en retiro de Carabineros, en calidad de autores del delito consumado de homicidio calificado de Patricio Leonel González González. Ilícito perpetrado el 17 de diciembre de 1985, en la comuna de Puente Alto.

En el fallo (causa rol 1-2011), la ministra en visita condenó al Sargento 1° Ramón Antonio Venegas Arenas, al ex cabo segundo Nelson Mario Pérez Cabezas y al ex suboficial Juan Orlando Muñoz Orellana a 10 años y un día de presidio efectivo y las sanciones accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras duren las condena; más el pago de las costas del proceso.

En el aspecto civil, el fallo condena al Estado de Chile a pagar una indemnización de $250.000.000 (doscientos cincuenta millones de pesos), desglosados en $100.000.000 para la madre de la víctima y $50.000.000 para cada uno de sus tres hermanos.

Fin de la Cita Textual

En la situación de guerra planteada a Chile por el Partido Comunista ¿cuál sería la forma en que las fuerzas del orden representadas por esos carabineros debían actuar?. ¿Tal vez pasándoles un parte por exceso de velocidad? ¿invitándolos a deponer su actitud?.

La funcionaria Judicial es una fiel representante del Poder Judicial Chileno: Hipócrita y dominada por la Estulticia.

La hipocresía y la estulticia de la justicia chilena

LMe gusta definir los adjetivos que empleo: La hipocresía es la falsedad que demuestra una persona en sus acciones o en sus palabras, fingiendo o pretendiendo cualidades o sentimientos que, en realidad no tiene, proyectando una imagen falsa o irreal de ellos mismos, la hipocresía es engañar a los demás; es una de las tantas formas que adquiere la mentira. Es aparentar bondad o ejemplaridad, y aunque se esfuercen por parecer mejores personas de las que son, finalmente todo aquello no son más que apariencias basadas en la mentira.

La estulticia es la tontería que, por necedad o por ignorancia, caracteriza a una persona. Se refiere a aquellos que en sus actos, palabras, acciones u omisiones, demuestran falta de conocimiento, tacto o discreción en relación con determinados asunto y que, debido a ello, se comportan haciendo gala de su necedad, idiotez y falta de respeto ante determinadas cosas. Estulticia es la del ignorante incorregible.

Sinónimos de estulticia son necedad, estupidez, sandez, tontería, bobería, disparate, imbecilidad o idiotez.

La Justicia chilena, por lo menos la que se aplica a los militares, se caracteriza por su estulticia e hipocresía. Lo digo con pleno conocimiento de lo que afirmo.

Lo que sigue se basa, en lo principal, en una entrevista concedida por Guillermo Teillier, el  autor intelectual del asesinato de cinco escoltas del Presidente Pinochet; el contrabando de armas de Carrizal Bajo; la muerte de decenas de personas y lo mas grave, el engaño a muchos de sus jóvenes correligionarios que lo siguieron en su aventura criminal y absurda, en connivencia con el Dictador Militar de Cuba Fidel Castro Ruz, engaño del cual hasta ahora no se arrepiente.

“En 1985 el comité central del Partido Comunista aprobó la Tesis de la Sublevación Nacional, ampliación de la política de Rebelión Popular de Masas (PRPM) definida en 1980 por la dirección interior del PC y ratificada por su secretario general Luis Corvalán, exiliado en Moscú.

En 1980 Corvalán pronunció un discurso transmitido por Radio Moscú anunciando el giro en la línea de su partido: “El pueblo no tendrá otro camino que recurrir a todos los medios a su alcance, a todas las formas de combate que lo ayude, incluso de violencia aguda (terrorismo armado). Sus palabras eran la confirmación de la apuesta del PC para derrocar a Pinochet por medio de grandes movilizaciones populares usando todas las formas de lucha (armada) y la antesala del nacimiento oficial del FPMR, su brazo armado, en 1983. Ese año y el siguiente y  la llegada al país de oficiales de la organización preparados en Cuba y con experiencia en combate en Nicaragua, presentaban un cuadro auspicioso para agudizar el enfrentamiento contra el Gobierno de Chile.

Por eso, definida la tesis insurreccional en enero de 1985, la dirección interior del PC encabezada por Gladys Marín y Guillermo Teillier, junto a Luis Corvalán, dieron luz verde a la internación de armas de Carrizal Bajo, la operación de mayor envergadura de la historia de la colectividad; y decretaron 1986 como el “Año Decisivo” para tumbar a Pinochet.

Podemos apreciar que el Partido Comunista declaró e hizo la guerra al gobierno de Chile a partir de 1980 y la ratificó, amplió y agudizó en 1985, poniéndose como plazo para su culminación en 1986, el “año decisivo”.

Pregunta: Con la estrategia de la rebelión popular de masas (1985) ¿hubo un cambio en la línea política del Partido Comunista de Chile trazada en sus diferentes congresos?

Respuesta: No hubo precisamente un cambio en la línea política, sino la incorporación de una nueva táctica, del uso de todas las formas de lucha, pacíficas o violentas, e incluso el empleo de las armas para echar abajo la dictadura. A la dictadura no se le podía poner fin mediante nuevas declaraciones y protestas. En el curso del mes de abril de 1981 se realizaron apagones a lo largo del país, voladuras de puentes y de líneas de trenes de Santiago al sur, de Valparaíso a Santiago y San Felipe a Los Andes. Fue asaltada la Armería Morandé y capturadas sus armas. En el mes de mayo de 1981 se tomaron las agencias periodísticas Asociated Press y ANSA, transmitiéndose a través de ellas proclamas en contra de Pinochet, fue asaltada la Armería Italiana con la consiguiente captura de armas. En julio hubo un nuevo apagón que abarcó a gran parte del país. En agosto se realizó un asalto y captura de armas en las Armerías Ricci, Italiana y Real. En septiembre se produjo un nuevo apagón nacional y toma y quema de trenes de la línea Santiago-Valparaíso.

A la lucha contra la dictadura se incorporaron de más en más, con sus propias formas y sus propios métodos todos los partidos de la Unidad Popular, la Democracia Cristiana, los radicales y gente sin militancia política. 1986 fue el año de las grandes protestas, el año del Atentado a Pinochet en el Cajón del Maipo y del desembarco de las armas del Frente Manuel Rodríguez en Carrizal Bajo.

Existía alguna persecución por “Pensar distinto”. No, el Partido Comunista delegado por la Unión Soviética, apoyado por Fidel Castro, por el dictador de la República de Alemania Comunista y otros delincuentes internacionales se coludieron para “Hacer algo”: intentar el asalto armado al Gobierno Militar e imponer el mismo gobierno marxista, incapaz, corrupto y desquiciado que las FFAA de Chile habían sacado de sus posiciones de poder en 1973.

La banda de frenéticos que en 1973 se habían apoderado del poder político, económico y social de Chile  -creando una situación similar a la de Maduro en la Venezuela de hoy día- intentaba en 1986 volver a nuestro país con ayuda extranjera.

La gran diferencia respecto a Venezuela fue que las FFAA de Chile tomaron el bando del pueblo y con su apoyo, impidieron esa regresión totalitaria.

En este contexto de guerra armada financiada por potencias extranjeras y  apuntando a la derrota militar de las FFAA y de Seguridad de Chile, se produjo un enfrentamiento entre terroristas y fuerzas de seguridad.

Según lo investigó una funcionaria del Poder Judicial de apellido Cifuentes los hechos fueron los siguientes:

Cita Textual

 Que el día 10 de diciembre de 1985, alrededor de las 01:30 horas, Patricio Leonel González González, acompañado de dos sujetos no identificados, todos militantes del Frente Manuel Rodríguez, conducía el automóvil marca Datsun, modelo Sunny, patente EE 9769, por calle Arturo Prat de la comuna de Puente Alto, en dirección al oriente, llevando en el portamaletas dos subametralladoras calibre 9 mm, una escopeta de caza calibre 12, un revólver calibre .32, una pistola calibre 9 mm, 75 cartuchos calibre 9 mm, 10 cartuchos de caza calibre 12/65, dos granadas de mano y dos paquetes de explosivos sin elemento iniciador.

 Que el citado vehículo había sido sustraído a su dueño, Guillermo Eduardo Gotschlich Reyes, mediante intimidación, el día anterior, alrededor de las 21:00 horas, en calle Ricardo Matte Pérez de la comuna de Providencia.

 Que, al llegar a la intersección con avenida Concha y Toro, frente al Regimiento de Ingenieros N° 2 de Puente Alto, el referido automóvil fue interceptado por cuatro sujetos vestidos de civil, Iván de Jesús Belmar Fuentes -actualmente fallecido-, Juan Orlando Muñoz Orellana, Nelson Mario Pérez Cabezas y Ramón Antonio Venegas Arenas, todos funcionarios de Carabineros de Chile, quienes tras seguir al vehículo, lo anticiparon (lo adelantaron), se parapetaron en el lugar y, luego, se abalanzaron sobre él, disparando en contra de sus ocupantes, con las subametralladoras UZI, calibre 9 mm, que portaban.

 Que, ante lo ocurrido, descendieron del vehículo el copiloto y la persona que ocupaba el asiento posterior, quienes se dieron a la fuga por avenida Concha y Toro en dirección al sur.

5° Que el conductor Patricio González González resultó herido y permaneció al interior del móvil, el que se desplazó por la citada avenida en dirección sur oriente, colisionando en contra de una caseta del regimiento antes aludido.

6° Que González González recibió seis impactos balísticos: tres de ellos en el tórax, uno de los cuales lesionó el hígado, transfixió el esófago y desgarró casi totalmente la aorta torácica; uno en el muslo izquierdo y dos en la cabeza, uno de los cuales penetró a la cavidad craneana, lacerando el lóbulo frontal derecho, lesiones que le causaron la muerte.

La ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes Alarcon, condenó a tres suboficiales en retiro de Carabineros, en calidad de autores del delito consumado de homicidio calificado de Patricio Leonel González González. Ilícito perpetrado el 17 de diciembre de 1985, en la comuna de Puente Alto.

En el fallo (causa rol 1-2011), la ministra en visita condenó al Sargento 1° Ramón Antonio Venegas Arenas, al ex cabo segundo Nelson Mario Pérez Cabezas y al ex suboficial Juan Orlando Muñoz Orellana a 10 años y un día de presidio efectivo y las sanciones accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras duren las condena; más el pago de las costas del proceso.

En el aspecto civil, el fallo condena al Estado de Chile a pagar una indemnización de $250.000.000 (doscientos cincuenta millones de pesos), desglosados en $100.000.000 para la madre de la víctima y $50.000.000 para cada uno de sus tres hermanos.

Fin de la Cita Textual

En la situación de guerra planteada a Chile por el Partido Comunista ¿cuál sería la forma en que las fuerzas del orden representadas por esos carabineros debían actuar?. ¿Tal vez pasándoles un parte por exceso de velocidad? ¿invitándolos a deponer su actitud?.

La funcionaria Judicial es una fiel representante del Poder Judicial Chileno: Hipócrita y dominada por la Estulticia.

Inmigrantes Haitianos La conspiración de Bachelet

La migración es un fenómeno antiguo cuyas características y masividad han variado y se han acentuado en los últimos años. Hay que distinguir entre emigrar e inmigrar, el primero es un derecho humano universal, nadie puede ser impedido de dejar su país si así lo desea; inmigrar no es un derecho humano, es decir, una persona no tiene derecho a exigir ser admitida en otro país a su elección. El potencial receptor podrá conceder o no ese privilegio de acuerdo a sus leyes y políticas.

Un problema muy complejo en que la moral y la necesidad pueden chocar, es la calificación legal de quienes son y quienes no son elegibles para inmigrar a un país determinado. Por ejemplo, parece razonable que un país no acepte delincuentes y personas que no quieran ajustarse a sus leyes; sin embargo cuando se incorporan asuntos como la raza (color) y la religión, surgen complejidades difíciles de resolver.

Si un país no tiene minorías étnicas o religiosas y no quiere introducir en su sociedad a un grupo que conflictuaría con el resto de la sociedad, ¿tendría la obligación de aceptarlos?; pero ¿podría rechazarlos sin ofender a la moral y la compasión?. ¿Es factible y aceptable recibir personas por un lapso y luego expulsarlas?. Otro aspecto complejo es el que la legislación no sea la aplicación oculta -“legal” pero no menos cierta- de prejuicios o racismo.

Al analizar nuestra reciente y actual experiencia nacional encontramos que estos aspectos pueden estar presente en nuestras expresiones y acciones, personales y sociales. En esta columna no las consideraré pero dejo en claro que ellas existen, son reales y debemos incorporarlas al análisis del problema.

Dicho lo anterior, parece evidente que los Estados deben tener un marco legal claro que regule la entrada y permanencia de extranjeros, turistas, trabajadores temporales, inmigrantes etc., explícito y que se cumpla sin excepciones, única forma de satisfacer las necesidades de justicia tanto hacia los extranjeros como hacia los nacionales.

En nuestro caso, esta necesidad inicial e ineludible de tener y hacer cumplir la legalidad vigente, -en particular en el caso de los inmigrantes haitianos- ha sido vulnerada por el Estado y por el Gobierno y lo peor, esto ha sido ocultado y escondido por quienes debían sacarlo a la luz: el Gobierno, la Justicia y la Prensa.

La considero una “conspiración”, porque se ajusta al significado de esa palabra: Conspirar significa «unirse en secreto acuerdo con el fin de efectuar un acto ilícito o impropio o para usar tal medio para llevar a cabo un fin ilícito» y considero que la autora es Bachelet porque ella tuvo conocimiento del delito, lo ocultó, incumplió su obligación legal de dar cuenta a la justicia y ordenar su investigación y que hay razones para considerar que lo hizo para su beneficio personal.

El día 16 de diciembre de 2018, en el capítulo 34 del programa Mesa Central del Canal 13 de televisión[1], Heraldo Muñoz, Ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Bachelet, informó que:

  • Tanto él como Bachelet y su gobierno tuvieron conocimiento de un “negocio” con sede en Haití para el traslado ilegal de ciudadanos de ese país a Chile. Si ellos fueron informados, es evidente que la PDI es el origen natural y evidente también de la información y que tanto los funcionarios del Ministerio del Interior como de Relaciones Exteriores también tomaron conocimiento de los hechos.
  • Los administradores del negocio invitaban a ciudadanos haitianos a vender sus casas y propiedades, pagar 3.000 dólares a los organizadores del viaje y adquirir un pasaje hasta Chile en la Aerolínea Law
  • A cambio de los 3.000 dólares recibirían un contrato de trabajo en Chile, reservas en un hotel y dinero en efectivo para acreditar de condición de turistas y luego poder permanecer en Chile como inmigrantes.
  • Serían recibidos en el aeropuerto en Chile para facilitar los trámites de ingreso y su instalación inicial.
  • El gobierno (cancillería) informó varias veces de esta estafa a las autoridades haitianas las que “no hicieron nada”, y que este negocio siguió funcionando con grave detrimento de sus víctimas.
  • El gobierno de Chile nunca informó al Ministerio Público ni puso denuncia alguna ante nadie. El Gobierno de Bachelet nunca tomó medida alguna para detener o impedir la continuidad de la comisión evidente del delito.

Un ilícito penal es un acto que atenta contra el ordenamiento jurídico del Estado y los funcionarios públicos como sus servidores y representantes deben velar por el respeto a tal ordenamiento.

El Código Procesal Penal en su artículo 175 dispone quienes y cuando deben denunciar obligatoriamente los delitos que conozcan o se enteren:

“Los funcionarios públicos pueden ser testigos o tomar conocimiento de hechos que pudieran revestir el carácter de ilícito penal y la denuncia debe efectuarla en el término de 24 horas desde que tomó conocimiento del hecho”.

“La obligación acarrea sanciones al funcionario público cuando ha tomado conocimiento del ilícito en ejercicio de sus funciones. En el evento que el funcionario público no haga la denuncia respectiva puede ser objeto de dos tipos de sanciones: a) de orden penal, que se traduce en una falta que es sancionada con una multa y; b) de orden administrativo, que se traduce en la aplicación de alguna de las medidas disciplinarias que la ley indica”.

Estarán obligados a denunciar:

“a) Los miembros de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones de Chile y de Gendarmería, todos los delitos que presenciaren o llegaren a su noticia. Los miembros de las Fuerzas Armadas estarán también obligados a denunciar todos los delitos de que tomaren conocimiento en el ejercicio de sus funciones;

b) Los fiscales y los demás empleados públicos, los delitos de que tomaren conocimiento en el ejercicio de sus funciones y, especialmente, en su caso, los que notaren en la conducta ministerial de sus subalternos;

c) Los jefes de puertos, aeropuertos, estaciones de trenes o buses o de otros medios de locomoción o de carga, los capitanes de naves o de aeronaves comerciales que naveguen en el mar territorial o en el espacio territorial, respectivamente, y los conductores de los trenes, buses u otros medios de transporte o carga, los delitos que se cometieren durante el viaje, en el recinto de una estación, puerto o aeropuerto o a bordo del buque o aeronave;

d) Los jefes de establecimientos hospitalarios o de clínicas particulares y, en general, los profesionales en medicina, odontología, química, farmacia y de otras ramas relacionadas con la conservación o el restablecimiento de la salud, y los que ejercieren prestaciones auxiliares de ellas, que notaren en una persona o en un cadáver señales de envenenamiento o de otro delito, y

e) Los directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, los delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el establecimiento.

La denuncia realizada por alguno de los obligados en este artículo eximirá al resto.”

El problema es que nadie, absolutamente nadie denunció un posible delito que todos los chilenos estábamos viendo a diario y en todo el país.

El incesante desfile de “turistas” haitianos que llegaban en vuelos de Law, en horas de la noche y la madrugada, con sus sobres amarillos con el dinero y los contratos y reservas hoteleras falsas era evidente e inocultable, sin embargo, la prensa nunca se dio por enterada ni investigó con seriedad una anomalía inocultable, peor aun, después de la declaración pública del ex Canciller Muñoz, tampoco hubo comentarios ni preguntas.

Estos silencios y complicidades configuran una conspiración organizada y dirigida por una voluntad decidida a mantener oculto el delito.

Coetáneamente, la ex presidente Bachelet postulaba al cargo de Alto Comisionado de las NNUU para los DDHH, y el problema de la migración y su transformación en derecho humano universal y exigible estaba en debate global. No es aventurado considerar que permitir la entrada de un grupo de inmigrantes de alta visibilidad e impacto noticioso contribuyó a fortalecer sus méritos para el cargo.

Nos encontramos ante la necesidad de exigir el cumplimento de la ley y de sancionar a quienes la infligieron abiertamente. No es posible, por el prestigio de nuestro país y de la institución Presidencial, continuar simulando que nada ha pasado y que Chile (su Gobierno) no se hace cargo de la vulneración deliberada y reiterada de las leyes de inmigración chilena y de graves daños y perjuicios a las victimas de la estafa, por parte de sus mas altas autoridades.


[1] Ver Video:

http://www.t13.cl/videos/programas/mesa-central-tv/video-mesa-central-capitulo-34-domingo-16-diciembre. Segundo 55:45 al 56:22

El Che Guevara, héroe de la izquierda chilena

 Con sorpresa y alegría he sabido que los diputados de la UDI, Osvaldo Urrutia, Gastón von Mühlenbrock, Sergio Bobadilla y Juan Antonio Coloma, en el contexto del “negacionismo” en Chile, han pedido “que el Ejecutivo disponga que “los textos escolares de historia consignen de manera fidedigna los asesinatos cometidos por este personaje oscuro, para que nuestros niños y jóvenes no sean embaucados con falsas figuras heroicas, que no son valorados en su real dimensión, que, en este caso corresponde a la de un criminal de la izquierda latinoamericana”.

Esta viril actitud de los diputados, que se aparta de la cobardía tradicional de los políticos de derecha, viene a reivindicar una verdad imprescindible de mostrar a la juventud chilena.

1.- Su primer homicidio fue un “ajusticiamiento revolucionario”.

En efecto, es mucho lo que se puede decir de este siniestro individuo pero veamos solo algunos casos que muestran al personaje en cuestión en toda su maldad, perversión, incompetencia y crueldad y que han sido mantenidas ocultas por sus cómplices de la izquierda internacional. Guevara llegó a ser un “fusilador” compulsivo e indiscriminado; su carrera la inició el 18 de febrero de 1957 matando a sangre fría a Eutimio Guerra un guía campesino acusado de pasar información al enemigo. En palabras del mismo Che: “la situación no estaba muy alegre en esos días; la columna, sin el espíritu forjado en la lucha … no acababa de consolidarse”. 

Según Jaime Costa, comandante del Ejército Rebelde, presente en el lugar en que “se juzga” a Guerra, “no había seguridad concreta … entonces se forma el tribunal y acordamos que no había seguridad de que él haya sido un delator y por tanto no podía quitársele la vida. En entonces el Che dice, ´bueno, si no se la quitan ustedes se la quito yo´, entonces todo el mundo le dice, `¿por qué tu le vas a matar?. Si tu no eres cubano y no ha confesado que es delator. Y Ramiro que era el de mayor rango y presidente del tribunal dice no se puede fusilar. Y el Che sacó la pistola y lo mató ahí”. En palabras de Guevara, “…acabé el problema dándole en la sien derecha un tiro de pistola [calibre] 32, con orificio de salida en el temporal derecho. Boqueó un rato y quedó muerto”.

Seguidamente el Che procedió a apropiarse de las pertenencias de la víctima. Según el propio Guevara, le interesaba sobremanera el reloj. “Al proceder a requisarle las pertenencias no podía sacarle el reloj amarrado con una cadena al cinturón, entonces él me dijo con una voz sin temblar muy lejos del miedo: ‘Arráncala, chico, total…’ Eso hice y sus pertenencias pasaron a mi poder.” 

Mas adelante y tratando de justificar el homicidio, el Che manifiesta públicamente: “Para enviar hombres al pelotón de fusilamiento, la prueba judicial es innecesaria. Estos procedimientos son un detalle burgués arcaico. ¡Esta es una revolución! Y un revolucionario debe convertirse en una fría máquina de matar motivado por odio puro.”

Posteriormente el Che escribe en su Diario:“…ejecutar a un ser humano es algo feo, pero ejemplarizante. De ahora en adelante aquí nadie me volverá a decir el saca muelas de la guerrilla”. En una carta a su padre refiriéndose a esta ejecución escribe: “Tengo que confesarte, papá, que en ese momento descubrí que realmente me gusta matar.”

2.- Asesinatos ejecutados personalmente por el Che Guevara.

Cometidos entre 1957 y 1959 no fueron parte de enfrentamientos armados sino ejecuciones a sangre fría, la mayoría sin investigación de las acusaciones y sin juicio.

En Sierra Maestra asesinó personalmente a 14 guerrilleros y civiles sospechosos de espionaje, traición, incumplimiento de deberes militares e intento de deserción. Asesinó a 175 personas en el campo de concentración de La Cabaña lugar en que se inició la eliminación sistemática de los opositores. Según le manifestó el mismo Guevara al agente Félix Rodríguez después de rendirse al ejército boliviano, los fusilados y ejecutados de diversas maneras no directamente por él sino por sus subordinados y por órdenes suyas, serían del orden de 1.500 opositores.

El 11 de diciembre de 1964, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y siendo Ministro de Industrias, Guevara confesó: “Fusilamientos, si, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando”.

He dejando para el final el episodio que mejor expone su falsedad, carencia de moral y bajeza: La Traición de Santa Clara.

Los líderes del Segundo Frente Nacional del Escambray, una fuerza rebelde, no castrista, habían negociado la rendición de los soldados de Batista de guarnición en la provincia de Santa Clara, los que llegarían en tren a esa ciudad y ahí entregarían sus armas y se rendirían. Ante esto, Guevara, cuyas fuerzas operaban en la misma zona hizo una mejor oferta: les ofreció dinero a cambio de la rendición. Entre rendirse gratis y recibir dinero a cambio, los soldados de Batista optaron por la oferta del Che.

Lo que siguió es guevariano: Lázaro Ascencio, comandante del Ejército Rebelde señala que: “el tren blindado fue una acción de traición del Che Guevara … el famoso tren blindado estaba dispuesto a entregarse al Segundo Frente Nacional del Escambray, las condiciones eran muy sencillas: los soldados del tren blindado iban a entrar por la zona del acueducto de Santa Clara y allí nos iban a entregar las armas con el compromiso que ellos se quedaban ahí sin pelear… pero por filtraciones que sucedieron, el Che se entera de esa posibilidad y entonces, ¿qué hacen ellos?, atacan al tren blindado antes de que se entreguen a nosotros. Guevara y sus guerrilleros asaltan al tren y asesinan a diestra y siniestra a los soldados que esperaban la llegada de los miembros del Segundo Frente Nacional para entregarles su armas”.

La ciudad de Santa Clara, sin protección alguna es ocupada por Guevara y sus tropas, según Jaime Costa, compañero de armas de Fidel Castro desde las primeras acciones subversivas, “El primero que entra en Santa Clara ciudad es el Che y Félix Torres, un comunista de Las Villas, le dice ´Che, tienen a todos los chivatos (adherentes) de Batista y el Che, sin mas ni menos, los va matando sin interrogar; en esto el segundo que entra en la ciudad es (Camilo) Cienfuegos y el tiene una expresión: ´pero coño, aquí se han bañado en vez de agua, con sangre, porque donde quiera hay un muerto tirado en la esquina, han acabado con este pueblo!”

Ernesto Guevara, alias El Che, en Santa Clara asesinó por su propia mano a 23 personas.

Esta breve muestra de la calidad moral, la humanidad y el honor  de Guevara señalan lo profundo y grave del daño que la izquierda chilena ha hecho a nuestra juventud exaltando como modelo ciudadano, militar y humano, a través de la educación y la propaganda mentirosa, a este asesino brutal y repugnante.

Nota: A  diferencia del “Informe Rettig”, cada víctima de Ernesto Guevara (alias “Che), está documentada con nombre y apellido, fecha, lugar, circunstancias y testigos.

Controles y Equilibrios

La mayoría de los países tienen sistemas de “controles y equilibrios” entre los diversos poderes del Estado de manera de evitar los abusos y las arbitrariedades. En estos días La Moneda dice que con la experiencia con el General Soto “aprendió la lección” y alista reforma para remover en forma directa a jefes de FFAA y Carabineros, eliminando un “equilibrio de poder” cuya necesidad se aprendió duramente.

Según Chadwick “La experiencia de gobernar y la necesidad de ir modernizando las instituciones ha hecho al Presidente llegar a esta conclusión”. El objetivo de La Moneda es terminar con el llamado “decreto fundado”, el mecanismo que contiene el artículo 104 de la Constitución al que debió recurrir el Gobierno luego de la negativa del General Soto de poner su cargo a disposición.

En Chile, se creía que la supremacía sobre las FFAA la tenía la Constitución y tanto los poderes ejecutivo, el legislativo y judicial como las mismas FFAA no reconocían ni ejercían discrecionalidad alguna en su empleo. Menos aun en función de sus intereses políticos personales o de su gobierno.

Esto fue puesto a prueba de la peor manera posible durante el gobierno de Salvador Allende. Desde su triunfo, a fines de 1970, ya se temía lo peor. El 3 de enero de 1971 se aprobó el “Estatuto de Garantías Constitucionales” que el Partido Demócrata Cristiano (PDC) exigió a Allende para ratificar su triunfo electoral en el Congreso. El PDC le exigió que “se respeten las estructuras orgánicas y jerárquicas de las FFAA y el Cuerpo de Carabineros … .

No fue así, había una brecha en el sistema que era la potestad del Presidente de eliminar a los altos mandos militares por si y ante si, sin expresión de causa ni fundamentación alguna a ninguno de los otros poderes del Estado.

En 1970 el General Cesar Ruiz Danyou fue designado Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea. En 1973 el Presidente Salvador Allende lo nombró Ministro de Obras Públicas y Transportes, cargo en el cual permaneció sólo ocho días, tras presentar su renuncia en agosto de 1973.

Según Allende para permanecer en su cargo de Comandante en Jefe debía continuar en el cargo de Ministro de Obras Públicas y Transporte para controlar una huelga general de carácter político que llevaba a cabo ese gremio. El general Ruiz renunció a ambos cargos en medio de una fuerte tensión, en la cual prevaleció la imposición de Allende ya que tenía la potestad para forzarlo a plegarse a su voluntad.

Para evitar la repetición de este abuso, en la nueva Constitución el Gobierno Militar incluyó la participación del Congreso en la eventual destitución de un Comandante en Jefe, la que luego fue desnaturalizada transformándola en el envío de una mera información al Congreso. 

Ahora, Piñera y su Ministro Chadwick consideran la necesidad de eliminar toda participación del Congreso e intentan concentrar en el Presidente el poder absoluto y total sobre el comportamiento de los Comandantes en Jefe. Que el Congreso no se queje de su irrelevancia.

Esto no es aprender, es olvidar.

CARTA A BOLSONARO, MACRI Y PIÑERA. Hora de pensar y actuar en grande

Acaba de terminar la penúltima vuelta de pleitos con Bolivia. Sigue el del Río Silala, luego, solo Dios sabe. La creatividad boliviana para entorpecer el desarrollo y la integración regional es inagotable. La capacidad para hacerse daño también.

El apogeo de Evo coincidió con el del Foro de Sao Paulo y Unasur, articuladores de la intención de conformar la Patria Grande e imponer el socialismo. El Foro integrado por los gobiernos socialistas de Argentina, Brasil, Uruguay, Venezuela, Ecuador, Cuba y el apoyo de Bergoglio de Argentina, lo animaron a creerse sus propias fantasías. En Chile, Bachelet se esforzó por dejar amarrado -en su estilo de tirar la piedra y esconder la mano- la cesión de un enclave territorial en Chile, que el Gobierno de Piñera rechazó sin apelación. Eso terminó. En todos los países de la región, descontando las dictaduras de Cuba, Bolivia y Venezuela, hay gobiernos liberales. Se abren nuevas oportunidades para progresar avanzando con realismo.

La Patria Grande socialista fracasó. Aunque las izquierdas se nieguen a asumirlo.

Se abre una nueva oportunidad: la Integración Liberal para la globalización.

La integración regional tiene un concepto clave: los “corredores bioceánicos” o mejor, los “corredores de comercio”, que no son para transportar carga desde un puerto en el Atlántico hacia otro en el Pacífico sino para transportar productos desde el corazón de Sudamérica indistintamente hacia puertos en uno o ambos océanos, en que su rol central no es alimentar un comercio cerrado intrarregional sino de importación y exportación hacia y desde el exterior de la región, para interactuar con el mundo global.

Desde nuestra perspectiva, el transporte desde Brasil y Argentina hacia el Asia Pacífico son prioritarios, y es ahí donde se juega el desarrollo de la frontera norte del país y en especial del Puerto de Arica.

En el ámbito del transporte terrestre, Bolivia ha jugado un rol obstruccionista destacado. El primer corredor o “eje de conectividad vial intrarregional” se planeó el año 2007 y fue el llamado “Corredor Central” que uniría por vía carretera el puerto de Santos en Brasil con Arica en Chile, pasando por Bolivia.

Durante su recorrido, cruza las ciudades intermedias brasileñas de São PauloCampo GrandeCorumbá y las bolivianas de Puerto SuárezSanta Cruz de la SierraCochabamba y Oruro, para concluir en Arica.

El corredor vial está construido pero inoperante; Evo exige que la carga brasileña que transite por su país, sea transportada exclusivamente por empresas bolivianas lo que obviamente no puede ser aceptado por Brasil.

Esta exigencia liquidó el proyecto y ese corredor no pudo entrar en servicio regular perjudicando a Chile y a Brasil.

Desde otra perspectiva, la política nacional de transporte carretero hacia y desde Chile ha estado marcada por los intereses sectoriales bolivianos, la influencia política y la animadversión de Morales hacia Chile.

Dado que fracasó el acuerdo respecto del régimen de uso del Corredor Central, se hizo necesario diseñar y poner en ejecución un nuevo proyecto (sin la participación de Bolivia) que uniera el centro oeste y el sur de Brasil, Paraguay y Argentina, con los puertos del norte de Chile.

En 2014 se puso en ejecución un proyecto de integración vial que ha tenido un desarrollo importante y exitoso. Esta alternativa transita por Brasil, Paraguay, Argentina y Chile, partiendo de Sao Paulo, atravesando el Mato Groso del Sur, pasando por Paraguay, Paso Hondo en Salta (Argentina), paso de Jama hacia Antofagasta y finalizando en los puertos chilenos de Antofagasta, Mejillones e Iquique y está en sus fases finales de construcción. Las obras y lo mas complicado, el reglamento de operación del corredor, deberían entrar en funciones dentro de los próximos dos años.

El transporte terrestre binacional Arica a La Paz es otra muestra de las inconsistencias y caprichos bolivianos. El tratado de 1904 entre ambos países incluyó cláusulas para facilitar a Bolivia el acceso a puertos chilenos, entre las que destaca la obligación de Chile de construir un ferrocarril entre Arica y La Paz y derechos de libre tránsito hacia puertos en el Pacífico.

El ferrocarril se construyó pero a poco andar Bolivia adoptó como política no mantener operativo su tramo nacional y retener los vagones en su país sin devolverlos a Arica y comenzó a reemplazar el transporte ferroviario por transporte carretero, exigiendo a Chile la construcción y conservación de una vía carretera de altísimo costo, que el pesado tráfico boliviano (500 camiones diarios) destruye rápidamente.

Así, Chile llegó a la absurda situación de tener que mantener un tramo de ferrovía en territorio chileno, que no va a ninguna parte y que es inútil ya que el lado Boliviano se encuentra fuera de servicio, mientras simultáneamente mantiene en servicio, a sus costas, una carretera que sirve solo Bolivia.

Chile tiene dos culpas en esta situación absurda: no cobrar peaje,  lo que tiene todo el derecho, ya que pagar el costo por el uso de la ruta no es limitar el libre tránsito y segundo, porque no tiene la obligación de mantener a su costa dos vías transporte, una carretera y otra ferroviaria. Bolivia debe elegir una u otra.

Fuimos débiles.

Actualmente la prepotencia de los camioneros y autoridades bolivianas impone una serie de externalidades negativas en Arica, que no son debidamente cobradas a ese país. Chile está constantemente haciendo nuevas “ofertas” a Bolivia y ese gobierno se regodea poniendo nuevas y mas absurdas exigencias.

Chile mostró su falta de política respecto a Bolivia cuando abandonó a sus empresarios a su suerte y permitió que los chilenos dueños de ferrocarriles en Bolivia fuera expulsados, perdiendo chile una poderosa carta de negociación.

La Ferroviaria Oriental, que perteneció a Manuel Cruzat (50%) y que en un proceso de quiebra pasó a manos del grupo norteamericano Genesee Wyoming (que no pagó el precio y luego vendió a un tercero venezolano), y Ferroviaria Andina que pertenecía (24%) al Grupo Luksic. En ambos casos, el poder de los empresarios chilenos se esfumó en manos de inversionistas privados en Bolivia, tanto por los favores del gobierno boliviano como por el hecho de que las potentes espaldas financieras de quien las compró corresponderían, según fuentes bolivianas, a dineros públicos venezolanos, contaminados por la corrupción, y por montos sin límites razonables. Tales ferrocarriles ahora son esenciales para concretar el Tren Bioceánico Santos-Arica o Santos Ilo si se materializara.

Aun cuando el costo del corredor Santos-Ilo es tres veces más alto que Santos-Arica, no puede descartarse su concreción por razones geopolíticas y por la permanente enemistad de Bolivia con Chile.

Las inversiones citadas están marcadas además por la presencia del empresario venezolano-paraguayo, Carlos Gill Ramírez, asentado en Bolivia desde el año 2008, hoy día fuertemente vinculado a Evo Morales y al Vicepresidente Álvaro García Linera, y que fuera entronizado en los círculos de poder bolivianos por el embajador venezolano en este país[1].

Gill Ramírez ha exhibido una capacidad financiera poco habitual para inversionistas individuales. Bancos, agroindustria, hidrocarburos y actividades de transporte, lo transformaron en uno de los principales empresarios de Bolivia, con propiedades entre las que se cuentan las dos empresas ferroviarias ya citadas. Sus conexiones políticas y financieras con los gobiernos de Maduro y Morales permiten desconfiar de la transparencia de sus negocios. De cualquier manera, constituyen una clara intervención chavista en contra de los intereses nacionales de Chile y Brasil.

Así estamos, paralizados por nuestra desaprensión, carencia de visión y timidez diplomática y política.

Es hora de juntar fuerzas con los nuevos gobierno de Brasil y Argentina y estructurar y ordenar el transporte terrestre continental para poner en juego los inmensos recursos ubicados en el centro del continente.

La clave es que es imprescindible terminar con el aislacionismo comercial regional implantado por el Mercosur, ALBA y Unasur y el consiguiente atraso y pobreza de los estados.

La región debe de asumir que solo integrándose al mundo podrá disponer de los recursos para ser próspera. De no hacerlo, estaremos condenando a nuestros países a otro siglo de pobreza.

Es hora de acción, de voluntad, de audacia y de firmeza.

Las condiciones están, ¿están listos los líderes nacionales?, ¿lo está Piñera, lo está Macri, lo está Bolsonaro?.


[1] Ver Santiago Escobar; El Mostrador, 2018.