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LA ESTRATEGIA DE EVO MORALES Próximos Pasos

El año 2013, con Lula, Maduro, Cristina Kirchner, Correa y Dilma Rousseff en la cresta de la ola y asociados en sus fantasías revolucionarias, Evo Morales desahució las conversaciones con el gobierno de Bachelet -estimulado por el aventurero judicial español Remiro Bretons-, se lanzó al desafío de “arrastrar a Chile” a la Corte Internacional de Justicia, apoyado por el movimiento antiimperialista que los reunía.

En pocos años, cuatro para ser preciso, la situación de la Bolivia chavista es otra muy diferente: su mas fiel exponente, Nicolás Maduro, está en franca decadencia, su permanencia en el poder es cuestionada. Lula haciendo fila para ir a la cárcel y los demás en merecido retiro, la reelección permanente que intenta Morales –por las buenas o haciendo trampa- ya no encuentra la benevolencia regional ni mundial.
La mutación política regional lo está dejando prácticamente solo. Económicamente se acabó la fiesta. Pero sigue haciéndo daño, mas por nuestra parsimonia que por su poder.

La estrategia boliviana parece haber sido dinamizada por su confianza en el triunfo de la revolución chavista y ese contexto Morales se lanzó a una aventura cuyo objetivo final podemos visualizar entre dos alternativas: una “maximalista”, forzar a Chile a cederle un corredor y un acceso soberano al Pacífico y otra “realista”, avanzar en mejorar su posición negociadora frente a Chile.

El primer round, referido a la competencia de la Corte Internacional de Justicia, (CIJ) fue una victoria pírrica para Bolivia. Junto con declararse competente, la Corte dejó en claro que no tenía como obligar a Chile a cederle territorio ni a imponerle una negociación con resultado favorable garantizado.
El desafortunado espaldarazo de Bergoglio con su pedida de “dialogar, dialogar, dialogar” lo llevó a imaginar una negociación, con final asegurado con el Papa como “garante” del proceso. Chile no aceptó.
Ahí debió quedarle claro que aun cuando el resultado del fallo fuera favorable a Bolivia , el proceso pasaría, irremediablemente, por una negociación con Chile.
Lo confirma la absurda oferta de su Vicepresidente García Linera quien propuso una negociación “en vez de La Haya” o “simultáneamente” con ella, ambas con resultado asegurado de darle una salida soberana al mar. Una propuesta absurda típicamente boliviana. Nuestro gobierno la rechazó sin apelación.

El análisis boliviano en esa coyuntura fue: “Sin mayor ruido, (en el mundo) se ha aceptado la idea de llevar a Chile a la mesa de diálogo para proponer un corredor soberano a lo largo de su frontera con el Perú que termine en un puerto útil y soberano para Bolivia. Ganemos o perdamos en La Haya, estos logros son fundamentales para avanzar la causa boliviana en el futuro. … Hay que reconocer que la mayoría de los chilenos no quiere ningún diálogo que resuelva el reclamo boliviano. Por otra parte, en Chile no hay políticos con visión de estado, coraje y liderazgo que intenten cambiar esa opinión. … A esto se añade el escaso apoyo a nuestra causa en el Perú, cuyo acuerdo se requiere si Chile acepta ceder a Bolivia un corredor sobre territorio antes peruano.
La lección para más allá de este primer fallo de La Haya es que mientras no aprendamos a conquistar a la opinión pública en Chile y el Perú el éxito de nuestra actual demanda y de otras que podamos plantear no hará más que alejarnos del mar …termine cuando termine el proceso en La Haya, la tarea inmediata (será) abrir negociaciones políticas y diplomáticas con Chile, apuntadas a encontrar soluciones de mutua conveniencia. Pero se puede y se debe ir más allá. El espacio mediático es el más adecuado para demostrar que la línea dura chilena no cuenta con la aprobación unánime de la comunidad internacional. … el desafío central de Bolivia seguirá siendo desarticular la línea dura chilena sin ofender a una opinión pública mayoritaria, capturada hace mucho tiempo por los que se oponen a todo verdadero diálogo con Bolivia”.

En junio de 2016, Evo Morales nombró a Eduardo Rodríguez Veltzé como agente boliviano ante la CIJ y embajador ante los Países Bajos, quien tomó el control del contencioso. Ha sido claro en cuanto a que el pleito “permitió consolidar el reconocimiento de una disputa internacional susceptible de ser juzgada y resuelta conforme al derecho internacional aplicable” y que si se diera un fallo “salomónico” es decir “un fallo en justicia” (no “en derecho”) que resuelva efectivamente una disputa, este favorecería a Bolivia. Es decidor también su comentario de que “Comparto el optimismo de tener un resultado favorable en nuestra demanda, con él se pueden abrir nuevos escenarios y condiciones para retornar al Pacífico”.
Evo Morales continuó insultando a Chile hasta que pudo ser convencido por su grupo y poco a poco fue cambiando el tono, transitando hacia el “hermaneo” y similares, con ocasionales espasmos populistas para la galería. “El trabajo de los ex cancilleres Javier Murillo y Gustavo Fernández ha sido fundamental para reforzar los esfuerzos que desde el año pasado realizan el agente de Bolivia ante La Haya, Eduardo Rodríguez Veltzé, y el abogado español Antonio Ramiro Bretóns, para convencer al Presidente Evo Morales de que no siga insultando a Chile y su gobierno”.

Rodríguez también toca la cuerda de la “hermandad”: “Una vez se conozca el fallo la diplomacia complementará el trabajo orientado a “contribuir a reencontrar a dos pueblos vecinos y hermanos”. “Bolivia ha pedido a la Corte que se establezca que existe una obligación de negociar y que Chile cumpla esa obligación de negociar sobre el tema del acceso soberano al mar. Lo que no ha dicho es cómo debe ser ese acceso, eso es obvio, pues el mecanismo debe ser el resultado de la negociación”.

Según la prensa boliviana, “los abogados extranjeros encabezados por Bretóns, el agente Rodríguez Veltzé y algunos ex cancilleres, como Fernández, son partidarios de retomar el diálogo con Chile a partir de propuestas pragmáticas, graduales, de mutua conveniencia para ambos países, alejadas de las posiciones maximalistas que ha planteado el gobierno de Morales de exigir soberanía a Chile”.

Las propuestas bolivianas mas realistas apuntan a una zona territorial delimitada, que incluya a Arica, de soberanía compartida trinacional, de libre comercio. Otros mas básicos –como Javier Zabaleta, el Ministro de Defensa- se felicitan por “haber sentado a la diplomacia chilena ante un tribunal. Ya hemos captado la atención internacional, en todo el mundo se habla de Bolivia mediterránea, y eso ya es un gran avance, la diplomacia chilena está en jaque desde que empezó este proceso”.
El fallo de la CIJ. Si falla en derecho, no habrá espacio para la petición boliviana y se abrirá un período de presiones políticas y morales, en que el liderazgo del apoyo a Morales será asumido por Bergoglio, Maduro y Alba. Si lo hace en forma “salomónica” dirá que Chile debe negociar con Bolivia, no podrá especificar mucho mas y el resultado de la negociación quedará abierto. Se iniciará otro capítulo -de duración indeterminada- de las malas relaciones entre ambos países.
En ambas alternativas la estrategia negociadora boliviana apuntará a:
– No dejar que Chile de por cerradas la negociaciones. Intentará retenerlo en la mesa a cualquier precio. Prolongándolas eternamente.
– Potenciar su campaña mediática a nivel regional y global para mantener interés y respaldo internacional.
– Que Chile sea quien proponga salidas y arreglos, que Bolivia rechazará dejando siempre una puerta abierta. Bolivia no pueden proponer nada concreto ya que dentro del país no hay acuerdo respecto a que pedir y menos a que ofrecer en compensación.
– Tratará de introducir sus demás reclamaciones –Silala, Lauca- como posibles “compensaciones”.
– Si la negociación que incluya soberanía se ve imposible, optará por obtener algún tipo de presencia estatal boliviana en territorio chileno. En cualquier caso, de ampliar sustantivamente sus beneficios de tránsito y presencia en territorio chileno. De transformar los beneficios concedidos por Chile, en “reconocimiento” de los abusos y culpas chilenas.

Parece claro que el gobierno chileno cuenta con un sólido respaldo político interno para poner atajo a las peticiones bolivianas. El adversario está política y económicamente debilitado, enfrenta plazos perentorios y difíciles en su campaña para la reelección y está aislado en el ámbito político internacional.
Desde una perspectiva de mediano y largo plazo, para Chile es imposible negociar con un gobierno autoritario y carente de legitimidad frente a su propia ciudadanía, ¿qué valor se puede dar a acuerdos alcanzados con un gobierno como el de Morales?, ¿hasta dónde representa a la ciudadanía de Bolivia?.
Bolivia nunca asume sus compromisos en forma duradera ni definitiva, el próximo gobierno se sentirá, al igual que Morales, en condiciones de desconocer todo lo negociado y acordado, entonces, ¿qué sentido tiene hacerlo?.
Su mentalidad cultural determina sucesivos re inicios de los procesos, como un amanecer sucede a la noche anterior. Mientras no haya instituciones estables y lógicas comprensibles para nosotros, no hay nada que acordar con Bolivia si solo va a durar lo que la permanencia en el cargo de quien lo firmó.

DEFENSA: ¿Seriedad o mas de lo mismo?

Chile lleva demasiados años con una defensa sin dirección ni liderazgo político, mas allá de asegurar su control gubernamental mediante la restricción o generosidad presupuestaria.
La ausencia de política de defensa es una de sus manifestaciones mas tristes y dañinas.
Para que haya una política pública debe haber una decisión o conjunto de decisiones sobre el tema correspondiente, determinadas por la autoridad competente.
Esa decisión o conjunto de decisiones deben seguir un proceso formal, es decir, debe haber un procedimiento institucional que lleve a que ciertas iniciativas se transformen en una política pública.
La política pública de defensa es un conjunto de decisiones políticas, estratégicas y técnicas que avanzan en forma integrada y descendente desde la Presidencia hasta el Ministerio de Defensa, pasando por el Congreso, en una aproximación técnico – racional. Finalmente, es un proceso político con diversos actores interesados en su desarrollo y concreción, lo que demanda negociación y acuerdo entre las partes.
Una política de defensa, como todas las políticas públicas, es un “proceso y un resultado”, es una dinámica.
En Chile esto nos lleva a dos asuntos claves que aun no se resuelven y siguen trabando su modernización, a saber: la baja capacidad de los gobiernos para establecer políticas públicas y controlar su ejecución y resultados, y la carencia de un Ministerio de Defensa eficiente y realmente democrático.
Actualmente la necesidad de una política pública de defensa (o una Política de Defensa) se hace urgente por cuatro razones fundamentales:
 Porque existen carencias objetivas de probidad y eficiencia en la administración de los recursos asignados al sector;
 Porque no hay dirección ni control explícito de la defensa a nivel Presidencial.
 Porque existe evidencia objetiva de falta de autoridad, voluntad política y capacidad de la Gestión Ministerial, y
 Porque los actores con poder califican esta situación cómo problema público.
Es decir, se requiere una Política de Pública de Defensa porque diversos grupos políticos, sociales y militares consideran que la situación actual no es aceptable y que es necesaria una intervención de política pública para remediarla.
La solución de este problema comienza por resolver las dos carencias fundamentales ya enunciadas; a nivel Presidencial y Ministerial. En este sentido, muchas de las deficiencias sectoriales observadas por la opinión pública en la conducción de la defensa, como sueldos, pensiones, carreras, remuneraciones, eficiencia en la gestión de recursos, adquisiciones, dimensiones de las fuerzas, nivel de gastos, eliminación de la Ley Reservada del Cobre, probidad y otras son el resultado del potenciamiento mutuo de las carencias señaladas.
Un Ministerio de Defensa tiene dos funciones básicas; generar una política de defensa y dirigir la ejecución de la misma. Un Libro de la Defensa no es una política, es una forma de comunicar o socializar un conjunto de ideas, es una declaración de intenciones más o menos amplias. La Administración de la defensa, tampoco es una política, es una estructura de la misma.
Dada la complejidad de la realidad del tema que cubre, en la práctica se trata de un conjunto de políticas sectoriales o parciales que afectan a diferentes aspectos interrelacionados del sistema.

Para materializarla, el primer problema surge del hecho de que no todas las políticas pueden hacerse al mismo tiempo, es decir, hay que elegir cuales aspectos de la realidad van a ser modificados y determinar cuáles serán efectuadas simultáneamente y cuáles en forma secuencial. Luego, para cada una de ellas, hay que definir objetivos, indicadores que muestren el avance, estrategias para avanzar, reconocer las limitaciones impuestas por el medio y por las condiciones políticas, económicas y otras, identificar a los interesados y afectados y varios otros elementos comunes a la aplicación de cualquier política pública.
Los aspectos que deben interesar a un Ministerio de Defensa se encuentran en dos ámbitos: preparación de las fuerzas y el empleo de las mismas. La “preparación” a su vez se refiere a la gestión de activos como armas, infraestructura y personal y el “empleo” se relaciona con entrenamiento, despliegue y operaciones.
Lo indicado señala que el Ministerio de Defensa debe poder definir y llevar a cabo políticas en todos esos ámbitos. El mando militar, operativo y administrativo de las fuerzas militares en tiempo de paz debe ser ejercido por el Ministro de Defensa, apoyado por la Junta de Comandantes en Jefe y el Estado Mayor Conjunto.

Para “dirigir la ejecución” de las mismas, debe ser capaz de establecer una previsión sobre la aplicación y resultados de cada política en particular y del conjunto en general. Debe establecer objetivos claros y medibles, controles y sistemas de evaluación independiente de los ejecutores.
Respecto al “empleo” de las fuerzas, debe ser capaz de proveer las orientaciones, la conducción y la supervisión de las operaciones militares en la preparación de las fuerzas y en el cumplimiento de las funciones que le asigna la Constitución en los Estados de excepción que se dispongan.
En una situación de paz y baja conflictividad internacional como la que disfruta nuestro país, la primera prioridad la tiene la preparación de las fuerzas y es en este ámbito en que la Ley Orgánica del Ministerio de Defensa muestra debilidades insanables al no incluir, precisar ni formalizar instancias con las atribuciones y competencias necesarias en los ámbitos de material, personal, infraestructura, servicios comunes y funciones compartidas y la capacidad de evaluación de los resultados de las mismas brilla por su ausencia.
La función de empleo de las fuerzas, particularmente en paz, es un enredo mayúsculo en el cual se han combinado en forma perversa, la falta de liderazgo; la aversión al riesgo y a la responsabilidad de los Ministros de Defensa y los intentos ideológicos de desmantelar los mandos institucionales y transferir el mando a un comando conjunto que viene asegurar la invulnerabilidad del Ministro y excluirlo de toda responsabilidad y toma de decisiones, transformándolo en un espectador del actuar de las FFAA.

LA FILTRACIÓN DE INFORMACIÓN JUDICIAL RESERVADA. UN ABUSO HABITUAL.

El Octubre 5 de 2013 en este blog se publicó esta columna. Mientras se tratara de basurear a las FFAA, los abusos del sistema de ¿Justicia? Nacional no le importaron a nadie. Después vinieron los políticos, luego los empresarios y ahora tocamos fondo.
La columna decía:

“Dentro de lo que la prensa bautizó como “Caso Fragatas”, -la investigación llevada a cabo por el Fiscal de la Zona Oriente Carlos Gajardo, para esclarecer los posibles delitos ocurridos en el proceso de modificación de las estructuras de las fragatas adquiridas por Chile al gobierno de Holanda-, se dispuso la incautación de la información contenida en el computador de uno de los investigados, el empresario Guillermo Ibieta.
Este “disco duro” fue incautado por la policía civil y entregado a la Fiscalía Oriente para, se supone, su custodia y análisis para los fines de la investigación. Muy poco después, un periódico electrónico nacional dio a conocer que había tenido acceso a los 100.000 archivos de información referida a “transacciones bancarias, informes de ex marinos chilenos, recomendaciones de lobby para distintos proyectos y un contrato secreto de Asmar”. Y precisa aun más: “Se trata de sólo una muestra de lo que contiene el disco duro de este “intermediario” de cuyos 43 gigabytes (el diario electrónico citado) obtuvo una copia íntegra. La misma que está en manos del fiscal de la zona oriente Carlos Gajardo”.
Esta información fue el puntapié inicial para varias semanas de nuevas acusaciones periodísticas a todas las personas y organismos que tuvieron la desgracia de estar mencionados en los documentos de Ibieta que, por lo demás, nadie podía asegurar que dijeran la verdad o mintieran.
Los afectados fueron severamente vulnerados en sus derechos. Los antecedentes obtenidos por la policía se transformaron en instrumentos para juzgarlos y condenarlos frente a la opinión pública; fueron declarados culpables aunque la justicia los declarara inocentes, como en efecto ocurrió.

El procedimiento parece ilegal e inmoral, sin embargo lo más grave es que no se aclaró la fuga de información secreta desde la Fiscalía Oriente, desde la Policía o desde otra fuente, hacia el medio electrónico.
Pero es peor, esta situación, en si misma seria y preocupante, no terminó ahí. El fenómeno volvió a repetirse.

Dentro de la misma investigación, el Ministro de Fuero Manuel Antonio Valderrama Rebolledo y el Fiscal Metropolitano Oriente Carlos Gajardo, solicitaron al Ministro de Defensa amplia información respecto al proceso de adquisición de los buques y materiales conexos, la que fue entregada por el Comandante en Jefe de la Armada al Ministro de Defensa Nacional mediante el Oficio Secreto N° 4561/3079 del 25 de Junio de 2012, – junto a una carpeta con información clasificada como Secreto, respecto al cual se solicitó tener presente lo señalado en el Código de Justicia Militar, el Código de Procedimiento Penal y el Código Procesal Penal en cuanto a “evitar la divulgación de la información durante la investigación y substanciación del eventual proceso y que al término de éste, los antecedentes sean devueltos a la Armada”.

Pues bien, muy poco después, el mismo medio digital los dio a conocer, in extenso y completamente, en su publicación electrónica. De acuerdo a la ley, dentro de las 24 horas de haberse producido la publicación de estos documentos, y mediante ella, de haberse producido un eventual delito, las autoridades afectadas debieron haber interpuestos las denuncias correspondientes. En efecto, sea el Fiscal de la Zona Oriente o el Ministro de Defensa, Allamand, debieron haber procedido en la forma señalada. Nadie lo hizo.
Caben muchas preguntas, pero sin duda la primera y principal es saber la causa del aparente incumplimiento de la obligación funcionaria de diversas autoridades del Ejecutivo y también del Poder Judicial de denunciar posibles delitos que podrían involucrarlos a ellos mismos y llevar a cabo las investigaciones necesarias para identificar a los culpables, los responsables, sus cómplices y determinar las razones de la repetición de hechos similares que configuran graves violaciones a la seguridad de la defensa nacional, delito que en todo el mundo es sancionado con severidad.

Y sigue. En otra investigación posterior, referente a las responsabilidades de la forma caótica en que se manejó el terremoto y maremoto del 27 de febrero del año 2010, la fiscal Solange Huerta encargó a un equipo de la Policía de Investigaciones una completa indagatoria al respecto.
Esta vez, de nuevo, el primer informe, un voluminoso documento, fue “filtrado” a la prensa, es decir, los encargados de su custodia en la Fiscalía, el Juzgado, en la Policía o en otro lugar, nuevamente no cumplieron sus obligaciones y dieron la oportunidad a que comentaristas periodísticos inescrupulosos festinaran su contenido atribuyendo culpas, acusaciones e imputaciones de todo tipo a militares y ciudadanos que, otra vez, quedaron a merced, -indefensos e impotentes-, de este poder fáctico conformado por los administradores periodísticos de la información judicial reservada.
No es conducente cuestionar la libertad de prensa. Tampoco debilitar lo avanzado respecto a transparencia de los actos de las autoridades o funcionarios, pero es imprescindible el cumplimiento por parte de las autoridades Judiciales, Ministeriales, de la Policía y otros, de las normas legales que los obligan a denunciar, investigar y sancionar las conductas ilegales, abusivas y prepotentes de las autoridades en perjuicio de los ciudadanos de a pié, es algo que no puede ser tolerado. Menos la conformación de asociaciones ilícitas entre periodistas carentes de ética y traficantes de información reservada.
Mañana el afectado puede ser usted».

Hoy día, con la hipocresía nacional características de nuestra sociedad, desde la Presidente para abajo, todos lloran por la demolición del prestigio y credibilidad del Sistema Judicial Nacional. Tarde.

CHILE – BOLIVIA: UN FALLO QUE NO CAMBIARÁ NADA

En toda situación de conflicto internacional es fundamental identificar con claridad la causa basal del enfrentamiento y cual es la situación final que cada parte quiere que quede establecida al término del mismo.

En el caso de Chile y Bolivia la causa es el choque entre dos objetivos políticos antagónicos y mutuamente excluyentes:
– Bolivia pretende que Chile le ceda una parte de su territorio para disponer de un acceso soberano y “útil” al mar. Un tramo de tierra que conecte a Bolivia con un puerto soberano en la costa del Océano Pacífico.
– Chile por su parte, pretende establecer una relación de convivencia mutuamente conveniente con Bolivia dentro de limites territoriales definidos, respetados y no cuestionados, en conformidad a los tratados vigentes.

La contradicción es evidente e insoluble ya que Bolivia no se contenta con nada menos que lo señalado y Chile no cederá nada de su territorio.

Bolivia inició su demanda con la reclamación de unos “derechos espectaticios” derivados de lo que consideró ofertas chilenas efectuadas en diversos momentos en el pasado.
Esta aproximación fue posteriormente superada y reemplazada por lo que estimaron una “obligación chilena de negociar con Bolivia una salida al mar”. Cuando se produjo el fallo la Corte Internacional de Justicia (CIJ) respecto a la objeción chilena a su competencia para intervenir en el caso -en que esta señaló que no podía disponer una negociación con un resultado asegurado- volvió a ser reemplazada planteándose un nuevo argumento en que torciendo los artículos 32 y 33 del fallo de la Corte, Chile tendría la obligación de dar un acceso soberano al Océano Pacífico a Bolivia, quedando por establecer -mediante negociaciones directas-, las eventuales compensaciones bolivianas.

En breve, actualmente Bolivia alega que Chile tiene la obligación de dar una salida soberana al mar para Bolivia y que solo falta negociar las condiciones en que ello se efectuará.

Tal y como se han dado los fallos de la Corte Internacional de Justicia ésta no producirá un fallo “en derecho” sino uno con una gran componente de “equidad” o “justicia”, según el criterio que los jueces consideren aplicar.
Tenemos que comprender que la Corte entiende el derecho no como una norma pre existente que se aplica a una situación particular sino como un concepto que se va “construyendo” en la praxis … y ellos lo hacen a través de sus fallos.

Esto significa que es probable que la CIJ falle señalando que Chile debe negociar con Bolivia un acceso al Océano Pacífico, de buena fe y dentro de un plazo razonable y dado que la Corte ya señaló que no está entre sus competencias disponer un “resultado” de la negociación, este debería surgir de la negociación misma.

Como las posiciones de ambas partes son completamente incompatibles, el fallo dará inicio a una nueva seguidilla de disputas respecto a que se entiende por “buena fe” y quién y cómo dictaminará que esa condición es respetada y cumplida por las partes; respecto a qué es un plazo razonable y a cómo salir de una situación en que Bolivia exige cesión territorial y Chile no cederá soberanía de ningún tipo. Nunca habrá acuerdo, inaugurando una nueva temporada de insultos bolivianos y negativas chilenas con sucesivos recursos contra Chile ante la CIJ, invocando el Pacto de Bogotá, tratando de retener la iniciativa y poner a Chile a la defensiva y sin posibilidad de actuar libremente.

Esta situación es reconocida por los políticos mas sensatos en Bolivia, según el ex Presidente boliviano Jaime Paz Zamora, “la negociación será larga, muy larga” y “dado que la Corte Internacional de Justicia no da mar porque no lo tiene, es Chile quien deberá hacerlo y eso requerirá su aquiescencia”; por su parte Carlos Mesa ex Presidente y miembro del equipo comunicacional de la actual administración boliviana, envía por la prensa el mensaje de que “él no ve a Chile abandonando una negociación”, es decir, intenta asegurarse que Chile no ponga fin al “diálogo de sordos” que se iniciará. Como se puede apreciar, ambos políticos bolivianos reconocen que el fallo no dará término a nada y abrirá una nueva, larga y estéril disputa que permitirá al actual y futuros gobiernos bolivianos disponer de un elemento de entretención y distracción político social y un instrumento de cohesión nacional durante muchos años. El Pacto de Bogotá se reforzará como arma a emplear contra Chile y las amenazas y acusaciones podrán multiplicarse.

Para Chile entonces el problema parece ser imponer y mantener su negativa a toda cesión territorial, permanentemente, en el corto, mediano y largo plazo apoyándose fundamentalmente en su estrategia tradicional: intangibilidad de los tratados y capacidad de disuasión creíble, sin cejar en los esfuerzos por mostrarle a los gobiernos y al pueblo boliviano que un acuerdo de amistad y cooperación es una alternativa siempre abierta y definitivamente mas conveniente para ambas partes.

Una estrategia de este tipo exigen la demostración continua y sin vacilaciones de una firme voluntad política de proteger nuestros intereses nacionales y una voluntad estratégica de no aceptar insultos, amenazas, provocaciones ni agresiones sin la correspondiente respuesta que haga difícil la vida de los agresores.
Es también fundamental que los chilenos comprendan claramente que aceptar las exigencias bolivianas significa modificar la geopolítica de las fronteras norte y noreste de nuestro país, añadiendo elementos de inestabilidad imprevisibles.

Desgraciadamente, dadas las características de la política boliviana, sea cual sea el resultado o fallo de la CIJ, sus consecuencias solo mostrarían pequeñas diferencias. En este sentido, el resultado del fallo no es trascendente.

El fallo desatará una violenta reacción boliviana tratando de transformar el fallo en un triunfo y de tratando de forzar a Chile a mantenerse dentro de las “negociaciones”. En realidad, su continuidad es la única posibilidad de Bolivia de mantener vigente el conflicto que busca. No importa que diga la Corte, mas allá de todas las consideraciones anteriores, Evo dirá que es una “victoria” que “obliga a Chile a ceder mar”.

No es descartable el inicio de un conflicto violento, de baja intensidad, materializado mediante fuerzas paramilitares o “cívicas” con movimientos sociales jugando el rol central. Este tipo de conflictos perfectamente manejable para fuerzas militares con las capacidades de las nuestras debe ser dirigido y administrado por un liderazgo político decidido, creativo y audaz. Sin duda nuestro servicio diplomático será sometido a exigencias poco habituales y en las cuales ha mostrado pocas destreza. Pero sobre todo, el instrumento mas potente y eficaz será la decisión de poner en acción todo nuestro poder político,diplomático, económico y administrativo.
Un último factor crítico es tomar y mantener la iniciativa, accionar no reaccionar, imponer nuestro juego y asegurar a Bolivia que toda agresión contra Chile tendrá un precio, inexorablemente.

Nuestro “estado político intermedio” o de transición será, por muchos años,
vivir con un problema controlado y controlable, mientras no lleguemos a una condición de buena voluntad y cooperación con Bolivia.
Si consideramos que el objetivo final y último de nuestra estrategia es “establecer una relación de convivencia mutuamente conveniente con Bolivia dentro de limites territoriales definidos, respetados y no cuestionados, en conformidad a los tratados vigentes” nunca debemos perder de vista que no habremos triunfado mientras no hayamos alcanzado esa condición de convivencia amistosa y mutuamente ventajosa. Que las elites y la ciudadanía boliviana acepten que no les conviene desafiar a Chile y que, por el contrario, nuestro país puede ser un apoyo estable, macizo y confiable para su desarrollo .

Sintetizando los elementos mas relevantes para difundir y socializar una estrategia como la descrita, pareciera que algunos puntos significativos a proponer a nuestra ciudadanía podrían ser:

– Buscamos una relación de cooperación y amistad con Bolivia. De desarrollo y prosperidad en asociación. De largo plazo y mutuamente beneficiosa a sus respectivos intereses.
– Chile no entregará soberanía, de ningún tipo y de ninguna forma y toda conversación bilateral comenzará y concluirá respetando esta decisión.
– Los tratados vigentes no serán cambiados ni irrespetados. Chile no hará proposiciones, Bolivia deberá plantear lo que le parezca conveniente y Chile aceptará o rechazará.
– Chile no acepta mediadores, acompañantes ni facilitadores de ningún tipo. El problema es y será manejado en forma exclusivamente bilateral.
– Chile se reserva el derecho a defenderse activamente de todo tipo de acciones en su contra: a defender su honor y buen nombre, a defenderse de ataques regulares o asimétricos, informales, abiertos y encubiertos, políticos y económicos, llevados a cabo por organizaciones del Estado Boliviano o de organizaciones de cualquier tipo que actúen desde territorio Boliviano.
– El ingreso a territorio nacional o la acción a distancia de fuerzas militares, paramilitares o civiles armadas desde Bolivia a territorio nacional será considerado casus – belli.
– Chile se marginará del Pacto de Bogotá, decidiendo libremente y caso a caso, si es que en el futuro opta por someter algún pleito a la Corte Internacional de Justicia.

DESAHUCIAR EL PACTO DE BOGOTÁ, AHORA

El día 5 de enero de este año 2018, un periódico gobiernista boliviano informó que “el canciller Fernando Huanacuni revela que el Gobierno y la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima (Diremar) analizan opciones para hacer respetar los derechos que Bolivia tiene sobre el río Lauca, desviado por Chile.
Tras 52 años, Bolivia recopiló antecedentes de las afectaciones en distintos ámbitos y ahora analiza las futuras acciones”.
A Huanacuni se le pidió que informara si “corresponde y diga si el país presentará una demanda por el desvío arbitrario, unilateral y abusivo de las aguas del río Lauca”; en su respuesta “deja entrever que uno de los fundamentos de la demanda estaría relacionado al hecho de que el agua es un derecho humano y que al tratarse de un río internacional, su uso debe ser equitativo; algo así como lo que argumenta Chile en su demanda por el Silala”.
Así, entre la ideología de los derechos humanos y el Pacto de Bogotá avanzamos hacia una nueva demanda boliviana contra Chile en la Corte de Internacional de Justicia.

Mientras tanto, en Chile, inmediatamente después de la elección del Presidente Piñera comenzaron los aprontes. Un distinguido analista señaló que “ya hay especulaciones en algunos medios sobre quien tendrá a su cargo la ejecución de nuestra política exterior, que el reelegido Presidente determinará; más quienes serán los Agentes, Coagentes, Asesores y demás involucrados en los dos pleitos, se mantengan los actuales, o se reemplacen o refuercen con nuevos aportes”. Ya que “Si bien todo aconseja una apropiada continuidad, no son cargos vitalicios, y cada administración tiene plena libertad decisoria”. Parece un tema técnico relevante, mas que nada, para los aspirantes a los cargos respectivos. Mas relevante para Chile es el diagnóstico, que muchos diplomáticos y abogados comparten: “En lo jurídico, habrá que evaluar con nuevos ojos el derecho internacional y sus rápidos cambios, evidenciados en las más recientes sentencias de la Corte, donde han predominado las soluciones equitativas, por sobre la acostumbrada rigidez clásica, como prueba irrefutable de su adecuación a nuevos tiempos. Más permeable a otros factores que ahora también se consideran, y donde el mayor valor de la justicia, se equipara en vigor, al estricto derecho que a cada parte pudiere corresponderle. De ahí que esta tendencia haya sido apreciada como una politización de la Corte, o dictación de sentencias salomónicas. No consideran, tal vez, que el derecho actual evoluciona y procura reevaluarlo, cuando la juridicidad haya derivado en una situación, que estando dentro de la legalidad, a lo mejor, podría llegar a un resultado injusto”, y concluye con una recomendación: “Dentro de este ámbito, es de esperar que no se insista en contrarrestarlo mediante la simplificación de continuar o denunciar el tan mencionado Pacto de Bogotá. Sólo nos da una de las competencias procesales para acudir a la Corte. En nada influye en los pleitos pendientes, ni en la jurisdicción del Tribunal que tantos otros acuerdos contemplan. Además, podría interpretarse como una debilidad de nuestra parte, o muestra de molestia o desconfianza, que la Corte no pasaría por alto, y eventualmente, reflejar en sus fallos”.

Entre todos estos considerandos pasa suavemente el hecho de nos asociamos a una corte que fallaba “en derecho” que ahora se ha transformado en otra que lo hace “en justicia”. Lo que sea que los jueces interpreten por tal cosa.

La Corte ha cambiado la doctrina que fundamenta sus fallos, por si y ante si, sin consultar a los afectados que voluntariamente se someten a su jurisdicción. Peor aun, aplica de facto su nueva doctrina sin ni siquiera advertir a sus usuarios respecto a este cambio. Por otra parte ¿es acaso agraviante el que Chile manifieste su molestia o desconfianza a una Corte que ha procedido con esta arbitrariedad?, y aun si fuera percibido como agraviante, ¿podemos posponer los intereses de Chile en beneficio de una prudencia pusilánime?.

¿Por qué estamos en la Haya?. Existen varias maneras de enfrentar y resolver las disputas internacionales y Chile al suscribir el Pacto de Bogotá se limitó voluntariamente y en forma exclusiva a una sola de ellas: el arreglo judicial internacional basado en la Corte Internacional de Justicia (La Haya). Esta fue una elección política y no un mandato divino. Así como ingresamos podemos salirnos.

Las razones para hacernos partes del Pacto de Bogotá fueron básicamente dos: primero una presunta doctrina legalista y americanista que pretendía erradicar las relaciones de poder entre los estados de la región y reemplazarlas por un sistema de arbitraje judicial internacional obligatorio y segundo, por esas vía buscar una forma de sustraerse a las presiones militares y políticas a que los gobiernos argentinos nos sometían periódicamente para dar satisfacción a su política bioceánica, es decir de salir soberanamente al Pacífico por territorio chileno.

El conflicto del Beagle puso a prueba esta ilusión y resultó un fracaso: El 18 de febrero de 1977 un tribunal formado por miembros de la Corte Internacional de Justicia y leído por la Reina de Gran Bretaña, la misma corte que ahora juzga el pleito con Bolivia, aclaró que las chilenas “las Islas Picton, Nueva y Lennox y los islotes y rocas dependientes de ellas” en un fallo inapelable y de cumplimiento obligatorio para las partes, y el 25 de enero de 1978 Argentina declaró “insanablemente nulo” el Laudo y que debía “ser considerado inadmisible e inválido en si mismo”. Chile señaló su intención de ir unilateralmente -al igual que Perú lo hizo contra nuestro país – a la Corte Internacional de Justicia (La Haya) y Argentina declaró que eso constituiría casus belli, es decir causa inmediata de guerra.

Y no pasó nada. Nadie dijo nada. Nadie hizo nada. Las grandes potencias guardaron silencio, los hermanos latinoamericanos miraron en diversas direcciones y Chile debió enfrentar la crisis solo con sus recursos de poder. En breve, cuando lo necesitamos el Pacto de Bogotá no nos sirvió.
En el caso del conflicto por el Canal Beagle con Argentina luego del desconocimiento del fallo pasamos por las Negociaciones Directas y terminamos con una Mediación llevada a cabo por el Papa Juan Pablo II. Y si no hubo guerra no fue gracias al sistema jurídico internacional sino al poder y la voluntad de lucha mostrada por el Gobierno y el Pueblo de Chile.

Ese mismo Pacto es el que permitió a Perú llevarnos a un juicio en forma unilateral y a un fallo increíble, en la cual la Corte Internacional de Justicia validó todas nuestras razones jurídicas e igual nos despojó de un amplio espacio oceánico incuestionablemente chileno.
Ahora Bolivia lo está usando para intentar obtener ventajas a nuestra costa. Tanto Perú como Bolivia tienen en el Pacto de Bogotá una herramienta que les permite plantear pedidos sin arriesgar nada.
En breve, el Pacto de Bogotá no nos protege de las presiones argentinas y nos abre a una condición de vulnerabilidad ante las peticiones de Perú y Bolivia. Por otra parte, durante los años 1966 y 1967, cuando el gobierno de Perú presidido por el general Juan Velasco Alvarado se sintió fuerte, intentó agredirnos, lo que lo hizo desistir no fue la Corte Internacional de Justicia sino que nuevamente, el poder y la voluntad de lucha mostrada por el Gobierno y el Pueblo de Chile.
¿Por qué entonces renunciar a todas las demás formas de negociación de conflictos y quedarnos con una que no nos sirve frente a ninguno de los tres vecinos?

Cuando las relaciones entre países se dan en términos políticos, el poder militar constituye uno de los elementos del poder nacional y cuando las resolución de las disputas entre estados se entrega a un tribunal internacional, se renuncia al empleo de esos poderes y se confía tanto en la justicia y neutralidad del tribunal como en que la contraparte cumplirá el fallo. En este segundo caso, al menos en teoría, la fuerza no sería necesaria.
La realidad muestra que con alarmante frecuencia los estados más fuertes, que se creen más fuertes o se mueven con más audacia en el ámbito de las relaciones exteriores no respetan los fallos sea porque rechazan los mecanismos judiciales acordados o porque rechazan los fallos cuando éstos no los favorecen. Nuestra historia pasada y reciente muestra que al final Chile cuenta solo con sus propios recursos de poder para defender su integridad y honor.
Recientemente un periodista nacional experto en relaciones internacionales proclamó la inutilidad de las fuerzas militares chilenas porque su existencia no había sido capaz de disuadir a tres gobiernos de Perú de llevarnos unilateralmente a La Haya. El experto olvida o desconoce dos elementos fundamentales del problema. 1.- Chile, al suscribir el Pacto de Bogotá, renuncio a la auto defensa de sus intereses y entregó esta tarea a un Tribunal Internacional y 2.- La disuasión exige dos elementos que actúan juntos: le existencia de fuerzas militares capaces y creíbles, y la voluntad del liderazgo político, que en el caso que analizamos brilló por su total ausencia.
En 1975 y 76 con Perú y en 1978 con Argentina, Chile tenía fuerzas militares muy débiles y un liderazgo político fuerte, decidido y valiente, en el caso Boliviano hemos tenido FFAA fuertes y un liderazgo político vacilante, en estado mental de negación.
Chile es un país serio, que cumple sus compromisos y respeta su palabra, para no volver a vernos entrampados ante maniobras de otros estados menos escrupulosos, debemos comenzar por recuperar el manejo de nuestras relaciones exteriores, mejorar los procesos de políticas públicas de seguridad y defensa, abandonar las ilusiones ideológicas y ajustarnos más a las realidades del mundo como es y no como nos gustaría que fuera.

FRENTE AMPLIO, la novedad del año.

El Frente Amplio (FA), de reciente ingreso al mundo de los movimientos políticos significativos en Chile, es una coalición de varias agrupaciones de contornos poco claros, hegemonizada por dos partidos políticos: Revolución Democrática y el Movimiento Autonomista, este último con un sector mas o menos escindido – Izquierda Autónoma -, luego de una disputa entre sus dos líderes principales.

Su nacimiento está determinado por su apreciación de que tanto el comunismo como la socialdemocracia europea fracasaron y que la alternativa de derecha que ellos denominan “neoliberal” debe ser destruida por cuanto no es capaz de dar respuestas al nuevo Chile. Para ellos, el éxito de la “agenda transformadora” de Bachelet estaría confirmando esta hipótesis.

Según Fernando Atria (PS), también gurú del FA la izquierda hoy tiene “la responsabilidad de cerrarle la llave al modelo neoliberal impuesto en dictadura”. “Chile le mostró al mundo el camino de entrada al neoliberalismo; a Chile le va a tocar ahora mostrar el camino de salida. La izquierda chilena debe elaborar una visión que sirva como guía en el proceso de salida que lleve a una forma de socialismo pos neoliberal”. Para ello, plantean “la necesidad de construir una izquierda secular y moderna, “que esté a la altura de los desafíos del siglo XXI y que pueda apropiarse de sus condiciones materiales para realizar transformaciones radicales”. Es decir esa construcción ahora sería posible solo gracias al éxito obtenido por las Políticas neoliberales y del Estado subsidiario.
Este es el primer aspecto que llama la atención: que las políticas “neoliberales”, administradas por los partidos de izquierda que llevaron al país a una creciente prosperidad hayan quedado completamente obsoletas y deban ser descartadas a mitad de camino.
Por otra parte, Nicolás Grau, economista estrella del FA, en entrevista en «El Mostrador» plantea las cosas de otra forma: “Al hablar con él y leer sus posturas, uno fácilmente podría catalogarlas como cercanas a una socialdemocracia europea. Reconoce que no le gusta el mercado, pero admite que la izquierda no ha encontrado una alternativa viable al capitalismo. Señala que el modelo productivo que tienen en mente para Chile no es radical ni tampoco muy original”. “Lo que estamos proponiendo no es muy creativo, es un popurrí de cosas que se aplican en otras partes”. Aunque hay que reconocer que Grau aclara en la entrevista que lo que está haciendo es tratar de calmar a los inversionistas.

Para el Frente Amplio, “el enemigo es el neoliberalismo y el Estado subsidiario”, el régimen que propondrían para su reemplazo se podría deducir de sus programas políticos, pero los de ambos partidos son confusos.
Por otra parte, la heterogeneidad de las ideologías que mueven a los demás grupos que lo integran no son consistentes entre si ni con las de los dos partidos hegemónicos.

Por ahora, durante su campaña, los diagnósticos y propuestas pasan por algunos elementos centrales: el sistema de pensiones, la necesidad de una nueva Constitución, el fin del CAE, la reforma a los derechos de aguas, el fin de la AFP y otros similares, en que no se distingue una postura revolucionaria como la que señalan sus respectivos programas.

El grupo ideológicamente mas consistente del Frente Amplio parece ser la Izquierda Autónoma (o Autonomía Marxista. Deriva de las lecturas del revolucionario marxista italiano Antonio Gramsci y dice tener como misión “la creación y fortalecimiento de la autonomía política de las clases subalternas frente a la hegemonía de las clases dominantes” y que “no sólo se constituya a partir de la adscripción y adopción de un conjunto de ideas, valores e iconografías de izquierda, (sino) que se haga realmente cargo de la construcción de una estrategia transformadora para el presente”.

Los autonomistas se constituyen en oposición al concepto tradicional de vanguardia y, en su lugar, abogan por un concepto pre-figurativo de política, “en el cual la praxis política de las clases subalternas deben ir construyendo la sociedad que desean alcanzar, al mismo tiempo que luchan por llegar al poder”.

Se reconoce marxista en origen y “declara ser parte de una tradición de pensamiento emancipador que, en el siglo XX, se encarnó en torno a las ideas socialistas, libertarias y comunistas y que encontró en el marxismo, en sus diversas lecturas, su principal cuerpo doctrinal”. “Adscribimos a la perspectiva marxista de análisis de la realidad considerando que nuestra sociedad hoy se produce y reproduce a sí misma a partir de la existencia de clases en pugna constituidas a partir de la contradicción capital trabajo”. Esta declaración no parece considerar las características del mundo actual y su acelerada digitalización, el incremento de la clase media y la creciente mayor frecuencia de emprendimientos individuales o de pequeños grupos que casi no requieren capital.
La aseveración de que “Comprendemos que esta es una de las herramientas que apuntan a la superación de la explotación del ser humano por el ser humano y de la conformación de estructuras sociales que representan los intereses de la clase explotadora”, parece situada mas bien en el siglo XIX que en el siglo XXI.

Revolución Democrática por su parte, se define como “una fuerza política parte del Foro de Sao Paulo y que quiere contribuir a la construcción de un nuevo ciclo para la izquierda en Chile y América Latina que traiga más democracia, más igualdad, más justicia y un mejor futuro para nuestros pueblos”.
“En Revolución Democrática aspiramos a la democratización de la riqueza y del poder político, entendiendo esto como la superación del capitalismo en su versión neoliberal actual. Entendemos el neoliberalismo como una ideología que pretende mercantilizar todas las relaciones sociales en función de la acumulación de capital en unos pocos, y es por tanto la mayor amenaza de nuestro tiempo para la realización plena de la democracia”.
“En el contexto de globalización del siglo XXI, en Revolución Democrática nos sentimos parte de la identidad de la izquierda latinoamericana”.
“Buscamos promover una igualdad plena en donde todas las personas puedan desarrollarse integralmente desde su diversidad, con un enfoque inclusivo y promoviendo el respeto por la dignidad de las personas (igualdad de resultados). Por lo anterior, rechazamos la falsa promesa neoliberal de autodeterminación meramente individual pues ésta es sólo un privilegio de quienes pueden pagarla. Es decir, vemos la igualdad de oportunidades como insuficiente”.

La igualdad de resultados es una propuesta deontológica (Bentham) que pone el foco en la comprobación de los derechos de los ciudadanos en el resultado y no en la potencialidad de la igualdad formal. La igualdad formal no garantiza el cumplimiento de los derechos humanos como tampoco lo hace la igualdad de oportunidades”. No aclara como pretende igualar los resultados, especialmente en el ámbito profesional y económico, aunque el método mas mencionado en los teóricos de esta alternativa es la capacidad de redistribución de los impuestos.

La lectura de los documentos ideológicos de ambos grupos -mas notorio en el caso de Revolución Democrática – permite apreciar la influencia del movimiento New Age, cuyos principios han servido para buscar la unidad del saber perdida en el proceso de diversificación de las ciencias, pero sobre todo para propiciar la apertura de las ciencias naturales a lo trascendente, a lo divino, a una visión de totalidad.

A partir de estos presupuestos se habla de una “nueva ciencia”, más humana, más ecológica, cuyos principios fundamentales se sintetiza en dos propuestas: La “holonomía” que aprecia que todo es el mismo ser, la misma imagen, interconectada y unida al cosmos y la calidad dinámica de la realidad, en que todo es un permanente cambio, todo está regido por un movimiento inmanente de evolución.
La forma para dinamizar el cambio sería el ataque a la cultura hegemónica actuando en los márgenes del mercado y de las formas de acción de masas.
La contracultura viene siendo la construcción de todos los proyectos u aspiraciones de una determinada agrupación social, es todo aquel movimiento comunitario y cultural que se caracteriza por estar en contra de los valores culturales.

Para finalizar, su declaración de suscribir los valores, ideología y políticas del Foro de Sao Paulo, de aplaudir el autoritarismo de Evo Morales, de ilustrase con las ideas de García Linera; de apoyar a gobernantes corruptos como Lula da Silva y Néstor y Cristina Kirchner y al militarismo antidemocrático y corrupto de Nicolás Maduro, pone en duda su propia declaración de transparencia, democracia, solidaridad y respeto a los Derechos Humanos.

Esta breve y muy incompleta síntesis apunta a proveer una idea de la identidad e ideología de un grupo nuevo que necesariamente habrá de ir adecuando sus propuestas a las realidades de nuestro país.
Habrá que esperar a que el devenir de la acción política y social vaya esclareciendo su ideología y actuar definitivo.

LA JUSTICIA CHILENA. PREVARICACIÓN QUE ASESINA

El Coronel de la Fuerza Aérea de Chile en retiro, Alberto Rey, se quitó la vida el día 18 de Octubre y, con serenidad admirable expuso sus razones:
……

“He tomado esta decisión, pues no creo en el poder Judicial existente en nuestro país, porque todo lo que un uniformado diga no tiene valor, pues los fiscales, abogados de DDHH se preocupan de llevar testigos falsos después de 40 años, fabrican peritajes de acuerdo a su conveniencia, etc., con la complicidad de la mayoría de los Jueces que sólo desean ascender como sea”.
…..

“¿Significa mi decisión que no amo la vida? No, esta vida con final es lo mas hermoso. … pero siendo para mí la familia lo más importante, no puedo someterlos a un calvario que durará hasta que me muera, con una calidad de vida inestable emocional y económicamente. Además y no menos importante que el punto anterior, no puedo hacerles el juego a los Poderes Políticos y Judicial corruptos de Chile, aceptando un juicio como justo, cuando sé por la experiencia de muchos que es un fraude”.
……

“Chile volverá, en unos dos o tres gobiernos más a tener un nuevo enfrentamiento entre dos facciones, sólo que esta vez será más brutal pues la izquierda estará ayudada por el narcotráfico igual que en Venezuela”.

……

¿Cuál es la naturaleza real del Poder Judicial en Chile?:
1.- El Poder Judicial es una organización formada por personas selectas, de sólida formación jurídica; moral; imparcial, consecuente y capaz de auto controlarse o
2.- Es una organización burocrática que actúa como instrumento al servicio de los intereses de sus miembros; del gobierno de turno, de algunos grupos de poder existentes en el país y que requiere control democrático externo.

Un distinguido oficial de marina retirado (1), abogado, de inusual valor moral y probado hombre de bien, ha destinado años de arduo trabajo y esfuerzo a mostrar al Poder Judicial y a los varios miles de profesionales del derecho en Chile las barbaridades jurídicas que el Poder Judicial ha cometido en perjuicio de miles de militares. Su profundo y detallado análisis señala errores, prevaricaciones y piruetas leguleyas que nadie se ha atrevido a desmentir, ni menos discutir abiertamente.

“Cometen delitos judiciales de lesa humanidad los jueces que fallan contra las leyes expresas y vigentes; que procesan y condenan en forma injusta, inconstitucional, ilegal y arbitraria a militares y carabineros; y que no respetan principios esenciales del derecho penal universal. Son cómplices de tales delitos las autoridades ejecutivas y legislativas del Estado por cohonestar la torcida aplicación de la ley y la prevaricación judicial, y por no efectuar las modificaciones legales necesarias para que a dichos servidores de la patria les sea aplicado el mismo sistema procesal penal que le es aplicado a los demás chilenos. A los militares y carabineros imputados por presuntos delitos ocurridos hace mas de cuatro décadas no les son respetados principios tales como el de legalidad y el de igualdad ante la ley, la prescripción de la acción penal, la presunción de inocencia y las normas del debido proceso, porque a ellos se les aplica el antiguo sistema de procedimiento penal; un sistema que vulnera los derechos fundamentales y que es incompatible con el derecho internacional de defensa de los DDHH”.

Toda la estructura jurídica nacional ha recibido esta crítica en absoluto silencio, ese silencio cobarde tan propio de la élite de los comunicadores y formadores de opinión pública de nuestro pobre país, domesticados por los grupos políticos y empresariales, dominados por sus mezquinas conveniencias personales, por las timideces propias de personas de poca valía y merecimientos y paralizados por el temor a la máquina de difamar del Partido Comunista, guardan silencio cómplice.

El Poder Judicial que la izquierda condenó por servil hacia el Gobierno Militar y que habitualmente fue descalificado en forma soez, con un solo restallar del látigo del poder político esgrimido por el nefasto Patricio Aylwin, fue puesto en cintura y llevado a cambiar su comportamiento hacia una dedicada incondicionalidad creativa en beneficio de los nuevos mandamases políticos, con una vileza nunca vista en Chile.

Estamos en presencia de una conducta reiterada que podemos pensar que forma una cultura, una forma de ser, una identidad: prevaricadores.

Si alguien piensa que esta inmundicia va a quedar impune, se equivoca gruesamente, y los políticos que llaman al “voto útil” siguen sin entender, los militares son de una especie diferente a ellos, creen en valores como el honor, la solidaridad, la consecuencia y el afecto por sobre la utilidad.

Carta del Coronel Rey : http://www.24horas.cl/nacional/revelan-carta-que-dejo-ex-fach-que-se-suicido-antes-de-su-detencion-por-un-caso-de-ddhh-2541164#

(1) Adolfo Paul Latorre: «Prevaricariato, Análisis critico de procesos judiciales contra militares que dedieron afrontar la violencia revolucionaria»

Bachelet y el nuevo fracaso de los revolucionarios

La II Guerra Mundial marcó una época de enriquecimiento para Cuba, que concluyó con el comienzo de la dictadura de Fulgencio Batista asociado con la mafia norteamericana. El 2 de Diciembre de 1956 desembarcan en Cuba los revolucionarios de Fidel Castro. Luego de varias mini batallas y encuentros, pequeños pero muy publicitados, derrotan al ejército de opereta de Batista.
El dictador huyó el 1ª se Enero de 1959. Castro se auto nombra Comandante en Jefe del Ejército y designa un gobierno civil para llevar a cabo “elecciones democráticas” en Abril de 1960. El gobierno civil es prontamente eliminado y Castro se apodera del total del poder. Declara su voluntad de hacer una revolución marxista y da comienzo a otra dictadura, esta vez bajo su control y apoyado en la brutalidad de las FFAA revolucionarias que imponen la justicia del “paredón” fusilando a miles de opositores.
Durante 1959, Castro lleva a cabo la completa estatización de la economía cubana mediante expropiaciones y nacionalizaciones hasta eliminar completamente la propiedad privada. Se decreta la reforma agraria que expropia el total de la tierra agrícola y se inicia el éxodo de miles de cubanos hacia Miami.
Esta revolución dejó atónitos a todos los partidos de izquierda de Latinoamérica, particularmente a los Partidos Comunistas pro soviéticos cuyas burocracias fueron arrinconadas por grupos mas jóvenes dispuestos a seguir la vía armada de Fidel y ser revolucionarios de verdad.
En noviembre de 1967, en Chillán, el Partido Socialista acordó que “esta generación debe conseguir apoderarse del poder para instaurar un estado revolucionario”; que “la violencia revolucionaria es inevitable y legítima” y que es imprescindible destruir “el aparato burocrático y militar del estado burgués” y “Las formas pacíficas o luchas legales no conducen por si mismas al poder”.
En breve, declaró la guerra al Estado de Chile y notificó a las FFAA que la revolución inevitable pasaría por su derrota y destrucción.
Primera inconsecuencia: Durante el gobierno de Frei Montalva comienzan las acciones criminales causando 3 muertos y 22 heridos, sin embargo, el Partido Socialista (PS) no actuó en consecuencia con su propia declaración política; sus preparativos para la guerra civil fueron ineficaces y su directiva mostró evidente impotencia y frivolidad. El Partido Comunista (PC) por su parte, si bien retóricamente siempre validó el uso de la guerra civil para imponer su control político sobre las naciones, se paralizó debido a su incondicionalidad con la Unión Soviética, en el marco de la Guerra Fría.
La izquierda revolucionaria latinoamericana, bajo el liderazgo de Salvador Allende, en ese entonces Presidente del Senado, organizó, en 1967, la Primera Conferencia de la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS) para articular los partidos y movimientos de la izquierda continental en torno a la materialización de la guerra revolucionaria que deseaban. Esta organización equivalente al actual Foro de Sao Paulo y a la inter gubernamental “Operación Cóndor” de los años ´70, fue el primer esfuerzo sistemático de ambos contendores –Estados y Revolucionarios- para armar sus respectivos entramados de alianzas estratégicas y coordinar los esfuerzos políticos, militares, financieros, operativos y de inteligencia para enfrentar la guerra declarada por los émulos de Castro.

La Conferencia fue iniciativa de su máximo líder, Salvador Allende, entonces Presidente del Senado de Chile, lo que asombra dado el carácter de OLAS que consideraba que la lucha armada era la única vía para tomar el poder, construir el socialismo y lograr la «segunda independencia» del continente.
Según Allende, la opresión y la miseria en el continente «determinan y exigen que se desate y desarrolle la violencia revolucionaria en respuesta a la violencia reaccionaria», y «hace de la guerrilla la fundamental expresión de la lucha armada, la escuela más formidable de revolucionarios y su vanguardia indiscutible», «la lucha revolucionaria armada constituye la línea fundamental de la Revolución en América Latina», y » todas las demás formas de lucha deben servir y no retrasar el desarrollo de la línea fundamental que es la lucha armada».
La derrota de la guerrilla del “Che” Guevara a manos del ejército boliviano, poco después de la reunión de OLAS, hizo necesaria la participación protagónica de Allende para ayudar a escapar a sus últimos sobrevivientes, dando un lamentable espectáculo mundial.

Aquí se hace presente otra inconsecuencia vital de los “revolucionarios” chilenos: declarar que harán la revolución por las armas, sin prepararse adecuadamente y simultáneamente seguir intentando la vía electoral, tanto así que pocos años después Allende sería elegido por una menguada mayoría, pero válida de acuerdo a las pautas constitucionales chilenas.
Allende es el demagogo perfecto: “Una persona que predica una doctrina que sabe que es falsa a personas que no saben que son idiotas”: el cinismo del doble estándar de Allende legitima «todas» las formas de lucha, aprovecha la democracia representativa y simultáneamente condena las dictaduras de derecha pero justifica las dictaduras comunistas.

Allende intentó seguir los pasos de Castro en forma algo menos radical: economía centralmente planificada, reforma agraria “profunda” con expropiaciones y estatización, industria estatal, distribución de los alimentos por parte de organizaciones políticas estatales, educación marxista mediante la Escuela Nacional Unificada y el resto del repertorio castrista completo.

Respecto a las FFAA, es evidente que la notificación del PS en 1967 fue tomada con toda seriedad y su continuidad, los pasos políticos y declaraciones siguientes de la Unidad Popular (UP) confirmaron la dirección, el itinerario y el epílogo previsto de la batalla.

Otra inconsecuencia mas. Allende intentó atraer a las FFAA cooptando a sus Comandantes en Jefe -que el mismo designó- para que se plegaran -muy al estilo chavista- a su revolución, mientras simultáneamente apoyaba su división y subversión interna a través de los “revolucionarios”.
Por su parte, la palabrería ideológica no fue suficiente para cubrir la escases de comida, las bandas de maleantes politizados que pululaban por las ciudades, la parálisis económica y política, la división y el cultivo sistemático del odio.

Llegó la crisis y el gobierno de Allende fue derrocado.

Y vino la “resistencia”. Todos los líderes de la UP huyeron en estampida, la organización militar resultó ser una broma de mal gusto, la responsabilidad y el liderazgo de los cabecillas fue un globo de aire. Solo el Movimiento de Izquierda Revolucionario intentó luchar, pero un grupo de fantasiosos aficionados solo podría vencer a un ejército como el de Batista en Cuba, en Chile fueron barridos. El grupito “revolucionario” asaltó algunas sucursales de bancos, asesinó a Carabineros de punto fijo en alguna esquina y tuvo un par de golpes de suerte que le permitieron asesinar a algunos militares que no afectaron en nada la capacidad de combate de las FFAA de Chile.

La falsedad de la leyenda construida por los “revolucionarios” decepcionó intensamente a Castro, su oferta de enviar unidades regulares de combate se estrelló con una realidad dura: no había tal “resistencia”. Para seguir contando con el apoyo y financiamiento internacional, los tránsfugas que representaban a la ex – UP en Europa tenían la urgente necesidad de mostrar alguna actividad militar en Chile.
Primero el MIR intentó el retorno. La mayoría de los «combatientes” que partieron de Europa nunca llegaron a Chile, desertaron o se escondieron a mitad de camino, otros “se perdieron”. Los que llegaron, sin contactos, sin entrenamiento adecuado y sin apoyo popular, fueron capturados, muertos o volvieron a escapar.
Luego vino al hora del PC, con su levantamiento popular de masas. La internación de armas por Carrizal Bajo, descubierta y capturada por las fuerzas de seguridad de Chile y el fracaso del intento de asesinato del Presidente Pinochet marcaron su inicio y su fin. Sus integrantes, poco motivados, mal entrenados y peor dirigidos fueron también capturados, muertos o escaparon.
Y otra inconsecuencia mas. Para asegurar el flujo de recursos financieros y políticos, los «líderes» asilados en Europa enviaron a sus “combatientes” a una misión suicida sabiendo que no podrían cumplirla. Todo para mantener sus posiciones políticas y económica.
La derrota los obligó a aceptar la vía de la negociación ofrecida por el Gobierno Militar, someterse a su cronograma, asociarse con sus enemigos de la Democracia Cristiana y tragarse su prédica violentista.
La virulencia de su ataque propagandístico contra las FFAA y de seguridad tiene una relación directa con sus esfuerzos para “olvidar”, ocultar y no asumir las consecuencias de su fatal y frívola política de lucha armada contra el Gobierno Militar. Nunca reconocerán su culpabilidad por sus propios muertos consecuencia de la miseria moral de sus líderes.
Ser forzados a incorporarse al esquema de transición establecido por el Gobierno Militar implicó tener que tragarse un sapo inmenso: la enemistad histórica existente entre la Democracia Cristiana y la izquierda “revolucionaria”.
Parece evidente que la renuencia de la izquierda a enfrentar el pasado se debió a preocupaciones estratégicas que podrían haber significado la muerte a la Concertación. Patricio Aylwin, primer presidente de la Concertación estuvo a favor del golpe de estado; Frei Montalva promovió el golpe de estado; Frei Ruiz Tagle fue a entregar sus joyas, hizo una donación en los primeros días del golpe de estado, junto con su mujer. A todos solo les quedó vivir en la mentira, la calumnia y la fantasía, transfiriendo su culpa a los militares.
Y otra mas. Llegaron al poder aliados con los partidos e individuos que lucharon y conspiraron para derrocarlos durante la UP y lo hicieron para administrar el modelo político y económica instalado por el Gobierno Militar. Después de un largo período de gobierno de la Concertación bajo la hegemonía de los socialdemócratas y de la economía capitalista, pudieron mostrar cifras y resultados económicos y sociales espectaculares que marcaron un hito en Sudamérica. Gobernaron bien, pero con las políticas que detestaban y en compañía de sus enemigos.
El PC no se cansó de insistir en esta inconsecuencia hasta que logró avivar las brasas revolucionaros que aun existían bajo las cenizas del éxito económico y llegó la hora de Bachelet y sus amigos y con ellos el fracaso económico, el estancamiento y el rechazo popular.
Ahora viene el epílogo. Los socialdemócratas con Lagos a la cabeza han sido descalificados pese a su éxito y los «revolucionarios» siguen sosteniendo la antorcha de Castro pese al estrepitoso fracaso, de Castro y de ellos mismos.
En efecto, la crisis económica que Bachelet deja detrás suyo: endeudamiento; corrupción; una seguidilla de leyes mal hechas, fallidas y objeto de infinitas enmiendas; la división política del país y el enojo de los chilenos que ya no puede ser disimulada.
El abuso de poder para magnificar y explotar la crisis de 1973 para mantener el lucro permanente de decenas de abogados, familiares de las victimas, jueces y fiscales, organismos públicos y ONGs de fachada ya cansó a los chilenos.
El fin se aproxima y el “sin perdón ni olvido” amenaza volverse en contra de los abusadores de la liviandad mental de los chilenos, en medio de su pánico y sálvese quien pueda.

EL ESTORBO MILITAR

Desde hace ya semanas el comando presidencial de Piñera comenzó a inquietarse con la candidatura de José Antonio Kast. El tema llevó rápidamente a sus miembros a empantanarse con un grupo molesto e incomprensible -un verdadero estorbo- los militares, que excitan las mas agudas, subconscientes y turbias memorias y perspectivas de los políticos de derecha e izquierda.

En efecto, se encontraron con un elemento duro, organizado, al que no conocen y que preferirían que no existiera. Lo recordaban como un lote ingenuo y fácilmente manejable que había cambiado y ahora se encontraban con que era algo muy diferente. Había sido capaz de organizarse y plantear una estrategia política y gremial de largo plazo y en este momento constituía el eje de la campaña de Kast

Surgieron “espontáneos”, enviados “oficiosos” y algunos mensajeros “oficiales”, desenterraron a viejos generales de los buenos tiempos de Cheyre, a civiles “bien conectados” cuyos contactos estaban obsoletos desde hacía ya diez años y obviamente, a los “amigos” militares con quienes comparten social, empresarial y comercialmente. Se enviaron mensajes, se cursaron amenazas y se cantaron viejas coplas patrióticas de esas que los políticos creen que entusiasman y seducen a los militares.

Fracaso tras fracaso. No pasó nada, no hubo interlocutores adecuados y cuando existieron, no se doblegaron a sus exigencias como lo esperaban. El interlocutor mas representativo, la Multigremial de las FFAA y Policías planteó, de entrada, tres condiciones para comenzar a hablar: Libertad para los presos políticos militares; respeto al Estado de Derecho y la consideración de un conjunto de demandas gremiales, la principal relacionada con dictación de una Ley de Salud para Carabineros y PDI,

Las estrategias piñeristas variaron: primero como se dijo, fue “la guapeada”; fracasó.
Luego vino la ilusión del triunfo en primera vuelta. Esta aspiración pasaba por sustraer los votos de Kast y acarrearlos hacia Piñera. Se apeló al “voto útil”, Gonzalo Blumel, el coordinador programático, sentenció a La Tercera que “hay que conseguir los votos de Kast”. Días antes, el senador e integrante del comité ejecutivo del comando, Alberto Espina (RN), pidió directamente a los votantes de Kast “reflexionar” sobre su opción y respaldar al ex mandatario. No pasó nada.

Y Kast seguía remontando en las encuestas, lenta pero constantemente.

La “filtración” de un chat privado del ex presidente de la UDI dejó al desnudo su angustia y sobre todo expuso la profunda fractura interna de la UDI; el senador Larraín termina el mensaje con un llamado a los militantes. “El seudopurismo de JAK (sic) puede significarnos más gobiernos como el actual y eso no es bueno para Chile ni para nuestros principios”, “Respeto a quienes ven con buenos ojos a JAK (sic), (pero) deben hacerse responsables de lo que puede significar impulsar opciones que no tienen destino político y que pueden dañar a otras que sí lo tienen”. La intervención de Blumel, por su parte, fue un compendio de confusiones: no distinguía a los militares en retiro de los en servicio, desconocía las motivaciones de cada grupo, ignoraba sus respectivos intereses e imaginaba una curiosa relación de mando y autoridad entre los diversos grupos de militares retirados.

El tiempo seguía corriendo y no se llegaba a nada. Las cosas con los militares en servicio activo tampoco avanzaban. Se invitó a un comité para diseñar la parte de Defensa del “Programa de Gobierno”, concurrió un amplio grupo: internacionalistas, ex ministros, ex – senadores, ex subsecretarios y políticos de diferentes niveles y se les pidió una propuesta. Pasó poco. Se designó a un experto “con experiencia real” en el Ministerio, tampoco pasó mucho.
A todo esto, la UDI ya convencida de que no habría triunfo en primera vuelta prefirió cerrar el tema Kast y dejarlo para que “se resolviera solo” cuando Piñera y Guillier pasaran a segunda vuelta.
La UDI, consciente de que, para sus militantes, el entusiasmo por Piñera es solo instrumental para obtener el gobierno, sabe que Kast cuenta con muchas mas simpatías internas de lo que se dice y este si es un problema grave.

Todo el asunto Kast – Militar era un embrollo y no quedó mas que la intervención directa del candidato.

Afortunadamente venía “el debate”, oportunidad en que Piñera lanzó dos temas al ruedo: «Creo que, por razones humanitarias, todas las personas que están en la parte final de sus vidas, con enfermedades terminales, alzhéimer, que no saben dónde están, o con cánceres terminales, debiéramos conmutar la prisión en un cárcel por arresto domiciliario total para que mueran en paz y con dignidad junto a sus seres queridos”. “Eso no es solamente para los presos de Punta Peuco, es para todos los presos chilenos que están al borde la muerte, que mueran con dignidad».

Segundo, reconoció que los “cómplices pasivos” estaban en mas sitios que en la UDI y las FFAA, que estaban también en los medios de comunicación social, en los partidos políticos, en el Poder Judicial y lamentó también, que el Gobierno militar tardara 17 años en entregar el gobierno -después de reconstruir la economía, desbandar a los grupos terroristas internos y derrotar la agresión internacional del Partido Comunista apoyado por Cuba Alemania Oriental y Rusia, que pretendían impedir el establecimiento de un régimen democrático en Chile-.

Gonzalo Cordero, en entrevista que dio a La Tercera, interpreta así la nueva posición de Piñera: Durante el debate se reflotó el tema de los “cómplices pasivos”. ¿Qué le pareció la respuesta del ex mandatario? Fue una muy buena respuesta. Me pareció que puso su expresión en un contexto amplio, que me parece que resulta interesante, descriptivo, analítico.
Usted, incluso, a través de Twitter calificó como “brillante” la respuesta de Piñera. ¿Por qué?
Porque equilibró muy bien los distintos factores que incidieron en el quiebre de nuestra democracia, los distintos tipos de responsabilidad que hay en lo que pasó en nuestro periodo de la historia y, al mismo tiempo, cerró con una proyección hacia adelante, que es de aprendizaje.
¿Eso es para no contrariar al denominado mundo militar?
No. Creo que representa una manera madura de alguien que ya ha gobernado el país y que tiene una visión de estadista.

Bien por Cordero, logró dar un barniz de liderazgo y de estadista al candidato. De ser cierto, el de Piñera parece un cambio pequeño pero promisorio, lo lamentable es que le tomó 46 años comenzar a entender el problema de fondo.

De cualquier manera, su oferta es mezquina: mantiene la falsificación sistemática de la verdad histórica; no pone fin a las calumnias contra las FFAA; no cesa la prevaricación judicial; continúa la campaña de construcción -por parte del Partido Comunista- de una “verdad oficial” mediante los Museos de la Memoria, de propiedad privada pero financiados millonariamente por el estado.
Es decir, no pone fin, ni siquiera inicia un proceso, para terminar el cultivo sistemático del odio hacia las FFAA por parte de la izquierda.

Y aquí estamos.

Nadie sabe si las ofertas de Piñera se cumplirán. También se ignora que intentará hacer en el sector defensa. La experiencia anterior con ministros como Ravinet, Allamand y Hinzpeter fue lamentable. Es evidente que no le interesan las FFAA.
En este ambiente, las características del nuevo Ministro son mas relevantes que los lirismos que se escriban en el programa y no hay razones para ser optimista.

La verdadera crisis política vendrá cuando quede claro que, aunque no le guste a Vargas Llosa, variedades de conservadores existen transversalmente en toda nuestra sociedad, que no son pocos y que están cansados de ser maltratados. Que la tiranía de la máquina de la izquierda para difamar y construir realidades ha abusado demasiado.
Veremos conflictos serios en la UDI y entre la UDI y RN. La izquierda por su parte entrará en guerra civil; y los militares chilenos continuarán existiendo, cada día mas cansados del impune bulling comunista.

Y nada se resolverá mientras los políticos, militares, intelectuales y ciudadanos, bajo el activo liderazgo del Presidente, no enfrenten la verdad de nuestra historia entre 1965 y 1990 y permitan la existencia de un régimen político honesto y veraz.

ODIO, LUCRO O DESPECHO

José Gómez López, periodista argentino, fue el creador del periódico “Puro Chile”, de propiedad y al servicio del Partido Comunista de Chile. Según sus amigos de la prensa argentina “Desde las páginas del diario, José Gómez, atizó ese fuego hasta las últimas consecuencias, seguro de que la apuesta era al todo o nada”.
Sus panegiristas lo declaran “uno de los más aguerridos y odiados en los años en que dirigió Puro Chile. Emblema del gobierno de la Unidad Popular, Puro Chile fue un fiel representante de la prensa de trinchera de esos años. Espejo y catalizador de una hoguera política”.

Fue el mas sucio y odioso de los pasquines de la década del 60 y comienzos del 70.

José Antonio Gómez Urrutia actual Ministro de Defensa de Chile e hijo del segundo matrimonio de Gómez López, fue militante de las Juventudes Comunistas. Su hermanastro, Juan Carlos Gómez Iturra, fue miembro del Comité Central del “Movimiento de Izquierda Revolucionario” (MIR). A partir de 1973 estuvo detenido por mas de un año. Tras ser dejado en libertad en 1976, Juan Carlos Gómez se quedó en Chile y se reintegró al MIR.
Es evidente que nos encontramos ante una familia fuertemente involucrada en la agudización del conflicto político y social durante el gobierno de la Unidad Popular, intensamente ideologizada y comprometida activamente en la lucha armada contra el gobierno militar.

El 4 de Septiembre de 2017 la Ministro Marianela Cifuentes dictó procesamiento por delito de homicidio calificado contra el Carabinero de la 17° Comisaría de Radiopatrullas, Guido Antonio Villa Prieto, por la muerte de Juan Carlos Gómez.

Los hechos según la Ministro Marianela Cifuentes :
1° Que el día 21 de junio de 1979, alrededor de la 08:30 horas, el Sargento 1° Nicomedes Inostroza Molina y el Carabinero Guido Antonio Villa Prieto, ambos de dotación de la 17° Comisaría de Radiopatrullas, realizaban un control vehicular en las inmediaciones de la feria «Lo Valledor», puntualmente en calle Maipú con avenida Carlos Valdovinos.
2° Que, en esos momentos, Juan Carlos Roberto Gómez Iturra -nombre político «Alejandro»- y Carlos Nelson Wevar Delgado -nombre político «Roberto»-, integrantes del Movimiento de Izquierda Revolucionario, M.I.R., transitaban por calle Maipú en una camioneta marca Chevrolet, modelo C 10, patente WG 7, vehículo que el segundo de los mencionados había sustraído días antes.
3° Que, en conocimiento del origen del citado vehículo, al percatarse de la presencia policial, Gómez Iturra y Wevar Delgado realizaron una maniobra evasiva, siendo seguidos por los funcionarios de carabineros en el furgón Z 757.
4° Que, luego, frente al N° 3506 de calle La Rural, Juan Gómez Iturra y Carlos Wevar Delgado abandonaron la camioneta y huyeron a pie, siendo seguidos de la misma forma por el Sargento 1° Inostroza Molina, quien disparó en su contra, ante lo cual Gómez Iturra y Wevar Delgado respondieron con las armas que portaban, una pistola marca Beretta, calibre 9 mm, serie 684456 y un revólver marca Rossi, calibre .38, serie D 299850, respectivamente, resultando herido Inostroza Molina, quien falleció a causa de una herida de bala tóraco pulmonar y aórtica.
5° Que la pistola marca Beretta que portaba Gómez Iturra, tras ser disparada, quedó imposibilitada de seguir funcionando debido a la dilatación de su cañón, lo que trabó el movimiento de retroceso del carro e impidió la expulsión de una vainilla que quedó encasquillada en su interior.
6° Que, en ese instante, el carabinero Villa Prieto, ya en el lugar, haciendo uso excesivo, innecesario e irracional de la fuerza, disparó en contra de Gómez Iturra, cuya arma de fuego, como se dijo, se encontraba inutilizada, causándole una lesión en el tórax, producto del paso de un proyectil balístico que en su recorrido intracorporal comprometió ambos pulmones, el bazo y el hígado y causó un sangrado en la cavidad toráxica y abdominal, que, en definitiva, le provocó la muerte.
7° Que Juan Carlos Roberto Gómez Iturra -aún con vida- y Carlos Wevar Delgado fueron introducidos a un furgón policial, vehículo que permaneció en el lugar de los hechos por más de una hora sin que, entretanto, se proporcionara atención médica a Gómez Iturra.

Comentarios de sentido común:
1.- 08:30 Los dos carabineros desarrollaban labores de seguridad policial preventiva de carácter rutinario y detectaron un vehículo robado que escapó al intentar hacerlo detenerse para control.
2.- El vehículo iba tripulado por dos personas armadas que escaparon y los carabineros los persiguieron. Los carabineros creían perseguir a delincuentes comunes.
3.- 08:40 Los delincuentes abandonaron el vehículo en la calle La Rural y escaparon a pie. La distancia entre ambos puntos es de 1, 1 Km o de 1,5 Km según la ruta que se emplee y el tiempo empleado en recorrerlo es de entre 14 y 19 minutos. Supongamos en este caso de 10 minutos.
4.- Los carabineros los persiguen. Intercambio de disparos. Uno de los delincuentes da muerte al Sargento 1° Nicomedes Inostroza Molina que se movía a pié. El carabinero Guido Antonio Villa Prieto continúa la persecución en el furgón.
5.- A Gomez Iturra se le habría atascado la pistola y al llegar al lugar el carabinero Antonio Villa éste, según la Ministro, “haciendo uso excesivo, innecesario e irracional de la fuerza, disparó en contra de Gómez Iturra, cuya arma de fuego, como se dijo, se encontraba inutilizada”. Las pistolas (especialmente armas de buena calidad como Beretta) normalmente no se atascan después unos pocos tiros y menos quedan “imposibilitada de seguir funcionando debido a la dilatación de su cañón, lo que traba el movimiento de retroceso del carro e impide la expulsión de una vainilla que queda encasquillada en su interior”. Es evidente que el carabinero Antonio Villa no tenía porque suponer que ese raro accidente se habría producido al arma del delincuente menos aun cuando uno de ellos había asesinado –recién- a su compañero.
09:00. El Carabinero Guido Antonio Villa Prieto se encuentra en una situación de tener que controlar simultáneamente a un delincuente ileso; a uno gravemente herido, verificar la condición de su compañero Sargento 1° Nicomedes Inostroza Molina herido –en realidad ya fallecido- y tener que pedir ayuda policial y de atención médica.

Según la inefable Marianela Cifuentes, “después de una hora (de haber encerrado a Gómez en el furgón policial), (Webar Delgado) comenzó a dar gritos y golpes de pie en las puertas del furgón con el fin de que dieran pronto auxilio médico al herido que se estaba desangrando en el vehículo. Sin embargo, uno de los aprehensores, al escucharlo, abrió la puerta del furgón, preguntó que ocurría y, posteriormente, golpeó a Juan Carlos Gómez en sus heridas, provocándole un aumento de la hemorragia. Sólo una hora más tarde fue trasladado al Hospital Barros Luco, donde se constató su fallecimiento”. Es decir, Gómez permaneció dos horas en el vehículo, lo que se contradice con la línea de tiempo que lo da por muerto en el Hospital Barros Luco a las 09:15 horas.
6.- Dado que la distancia entre el lugar en que Gómez Iturra fue herido y el Hospital Barros Luco es de 5,2 o 6,9 Km según la ruta que se tome, y el tiempo de recorrido es de 13 y 15 minutos respectivamente, resulta que, sin contar los tiempos de maniobra para introducir y sacar al herido del furgón policial, son casi iguales. No se perdió un minuto.
Lo que no se dice, es que una persona con las heridas de Gómez Iturra, no tenía posibilidades de sobrevivir.
7.- Los adjetivos “uso excesivo, innecesario e irracional de la fuerza”, son solo manifestación de la parcialidad de la Ministro que sustancia la causa y al igual que su declaración de que “llegó a la convicción de que en la muerte de Juan Carlos Roberto Gómez Iturra tuvo decisiva influencia el hecho de que no se le proporcionó atención médica oportuna y que se le golpeó cuando se encontraba herido”.
Por tal razón, sin haber probado que el delincuente Gómez había sido identificado como terrorista por el carabinero Guido Antonio Villa Prieto lo declaró “víctima de la violencia política”, lo que es un potente aporte para una mejor indemnización pecuniaria para los deudos.

Una amplia gama de organizaciones del estado, no gubernamentales y de diversos tipos comprometidos con la persecución a militares y carabineros y de protección a los terroristas se incorporó activamente a la demanda: la Secretaría Ejecutiva del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior; la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones de Chile; la Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad; la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, AFEP;

Que una persona que es abogado, ex Subsecretario de Justicia, Miembro de la Comisión sobre Prisión Política y Tortura “Comisión Valech”; ex – Senador, ex Ministro de Justicia y actual Ministro de Defensa tarde 32 años en llegar a un procesamiento dictado por un Poder Judicial muy conocido y cercano a su carrera profesional y a sus preferencia políticas suena por lo menos intrigante.
¿Por qué ahora?, ¿por qué esa tardanza?, ¿por qué forzar un caso así de endeble?.
Cuál es el motor de esta maniobra: ¿odio, lucro o despecho ante la realidad de que su mundo ideal nunca se materializará y que han sido derrotados reiteradamente, en los ámbitos políticos, militar e ideológico y que su único consuelo es perseguir judicialmente a militares y carabineros?
Lo siento por Gómez. Sufrirá experiencias nuevas: tendrá que trabajar.

¿Hay alguien en Chile que piense, aunque sea por un minuto, que el carabinero Guido Antonio Villa Prieto ha tenido y tendrá un juicio justo?