La reciente incursión del Ministro de Justicia que -siguiendo las aguas del Presidente de la Corte Suprema- manifiesta un interés tardío, condicionado y minúsculo respecto a la suerte de los militares presos políticos en Punta Peuco, es una manifestación concreta de un problema de fondo:

Cuál es la real naturaleza del Poder Judicial en Chile?:

1.- El Poder Judicial es una organización formada por personas selectas, de sólida formación jurídica; moral; imparcial, consecuente y capaz de auto controlarse o

2.- Es una organización burocrática que actúa como instrumento al servicio de los intereses de sus miembros; del gobierno de turno, de algunos grupos de poder existentes en el país y que requiere control democrático externo.

Debemos considerar que lo mas probables es que su naturaleza real esté situada en un punto entre ambos extremos en cuyo caso cada cual deberá determinar respecto a cual ellos lo encuentra mas próximo.

Un distinguido oficial de marina retirado, abogado, de inusual valor moral y probado hombre de bien, ha destinado años de arduo trabajo y esfuerzo mostrar al Poder Judicial y a los varios miles de profesionales del derecho en Chile las barbaridades jurídicas que el Poder Judicial ha cometido en perjuicio de centenares o miles de militares. Su profundo y detallado análisis señala errores, prevaricaciones y piruetas leguleyas que nadie se ha atrevido a desmentir, ni menos discutir abiertamente.

“Cometen delitos judiciales de lesa humanidad los jueces que fallan contra las leyes expresas y vigentes; que procesan y condenan en forma injusta, inconstitucional, ilegal y arbitraria a militares y carabineros; y que no respetan principios esenciales del derecho penal universal. Son cómplices de tales delitos las autoridades ejecutivas y legislativas del Estado por cohonestar la torcida aplicación de la ley y la prevaricación judicial, y por no efectuar las modificaciones legales necesarias para que dichos servidores de la patria les sea aplicado el mismo sistema procesal penal que le es aplicado a los demás chilenos.

A los militares y carabineros imputados por presuntos delitos ocurridos hace mas de cuatro décadas no les son respetados principios tales como el de legalidad y el de igualdad ante la ley, la prescripción de la acción penal, la presunción de inocencia y las normas del debido proceso, porque a ellos se les aplica en antiguo sistema de procedimiento penal; un sistema que vulnera los derechos fundamentales y que es incompatible con el derecho internacional de defensa de los DDHH”.

Toda la estructura jurídica nacional ha recibido esta crítica en absoluto silencio, ese silencio cobarde tan propio de la élite de los comunicadores y formadores de opinión pública de nuestro pobre país, domesticados por los grupos políticos y empresariales , dominados por sus mezquinas conveniencias personales, las timideces propias de personas de poca valía y merecimientos y paralizados por el temor a la máquina de difamar del Partido Comunista, guardan silencio cómplice.

La versión de la realidad que esgrimió la izquierda contra el Gobierno Militar fue que el Poder Judicial negó recursos de amparo a personas perseguidas por presuntos delitos, que mostró obsecuencia hacia el Poder Ejecutivo y que abandonaron gravemente sus deberes.

Ahora, bajo la dirección de ese mismo sector político y durante los últimos cuarenta años, sin inmutarse, han juzgado y condenado a militares ex miembros del aparato de seguridad de ese gobierno, aplicando leyes inexistentes, delitos ficticios, desconociendo la amnistía y lo peor, aplicando procedimientos judiciales no vistos desde la Alemania nazi o desde los juicios soviéticos contra sus disidentes.

El Poder Judicial que la izquierda condenó por servil hacia el Gobierno Militar y que habitualmente fue descalificado en forma soez, con un solo restallar del látigo del poder político esgrimido por P. Aylwin, fue puesto en cintura y llevado a cambiar su comportamiento hacia una dedicada incondicionalidad creativa en beneficio de los nuevos mandamases políticos, en una intensidad nunca vista en Chile.

Esta nueva “obsecuencia” ha tenido hitos llamativos: la creación de la ficción jurídica de los detenidos desaparecidos, aplicación de leyes con efecto retroactivo, los juicios risibles en su parcialidad y últimamente en la moda de las “filtraciones” que ha permitido a fiscales y jueces transformarse en actores políticos y mediáticos de primera magnitud, twiteros con miles de seguidores y opinólogos de cualquier tema o asunto. Todo esto mientras su capacidad para transformar estos escándalos políticos y mediáticos, creados artificialmente, no podían llegar a materializarse en fallos fundamentados. La evidente parcialidad en el trato benévolo a miembros de la izquierda política contrasta con el rigor aplicado a los opositores.

Estamos en presencia de una conducta reiterada que podemos pensar que forma una cultura, una forma de ser, una identidad.

Se siente venir un cambio de marea y alguna velas judiciales ya comienzan a orientarse a los nuevos vientos. Podría sobrevenir una tercera epifanía judicial en que, en forma súbita, los jueces y fiscales se percataran que la verdad y la justicia se encontraban en el otro bando.

A Pinochet no le bastó derrotar repetidamente a los comunistas mientras vivió, sigue haciéndolo después de muerto. Desde su tumba su sonrisa socarrona se burla de ellos y de su incompetencia.

El Gobierno Militar impidió que Allende y su Unidad Popular capturaran el poder para ejercerlo sine die.

Derrotó la “política de rebelión popular de masas” organizada por el Partido Comunista, la “Coordinadora Guerrillera Internacional” y su “Batallón América”, capturándole las armas en Carrizal Bajo.

Hizo fracasar la Operación Siglo XX – dirigida por Teillier- donde asesinaron a cinco de sus escoltas pero no pudieron matarlo a él, impidiendo de paso que el PC se rehabilitara- ante sus mandantes cubanos y soviéticos- por sus repetidos fiascos.

Pinochet hizo fracasar la estrategia del PC para derrocarlo mediante atentados terroristas y violentas “manifestaciones pacíficas” y al final los obligó a someterse a la estrategia política y “burguesa” de la Concertación.

Impuso una transición pactada que lo mantuvo a él al frente del Ejército durante los primeros años de la “vuelta a la democracia” y dejó como herencia su “modelo”, su Constitución; la economía de mercado, las AFP, las Isapres y las Universidades privadas, el código laboral, todos engendros que los comunistas odian a morir.

Les dio una paliza tras otra.

La Nueva Mayoría (NM) con la participación protagónica del PC -bajo el “liderazgo” de Bachelet-, llegó al poder con mayoría completa y total en ambas cámaras.

Llegó con la pretensión de retro excavarlo todo. Sacar los cimientos del “modelo” de la dictadura y así, hacer de Chile una sociedad próspera, igualitaria, con movilidad social y con derechos sociales garantizados. Lejos de Pinochet y su herencia maldita.

El caballo de batalla de la NM para justificar sus acciones fue la eliminación de lo que consideraba la creciente desigualdad social y económica; la rígida estratificación social, y el desmantelamiento del sistema educativo que constituía una traba para lo anterior. La expresión “desigualdad” fue mencionada 41 veces en el Programa de la NM.

A tres años de gobierno el panorama no puede ser mas desolador. Los presuntos beneficiarios de la revolución no la aprecian en absoluto y la politización de la administración pública –puesta en manos de ineptos- nos muestra a diario un fracaso tras otro. Sin la morigeración de la Democracia Cristiana, la izquierda dura mostró una irremediable incapacidad para gobernar.

La guinda de la torta es el resultado de la CASEN 2015 y de su análisis comparativo a los largo de varios años. El trabajo del Dr. Sapelli, PhD, Doctor en economía de la universidad de Chicago y del Instituto de Economía de la PUC, es lapidario.“Durante las primeras décadas del siglo XX la distribución del ingreso estaba empeorando, en la segunda mitad del siglo hubo una reversión de esa tendencia. En ese proceso de mejoras, comparando la generación nacida en 1960 versus la generación nacida en 1985, la distribución del ingreso mejoró en ocho puntos. Si se compara con la generación de los 90 la mejora es de 20 puntos en el GINI. Hay una mejora de mayor magnitud entre la generación de los 80 y los 90’.

Es más que claro que el proceso de reducción de la desigualdad es mucho más fuerte de lo que se había detectado antes”.

Las políticas económicas del Gobierno Militar sentaron las bases para un veloz crecimiento económico. En esas condiciones, lo mas frecuente es que todos crezcan pero que los mejor educados lo hagan mas rápido y se produzca un deterioro de la igualdad y una crecimiento del índice GINI, pero en Chile no sucedió así, el GINI no disminuyó mucho, pero no creció.

A partir de 1985 la desigualdad comenzó a reducirse a medida que las nuevas generaciones, mejor educadas y con mayor acceso a la educación universitaria y técnica, fueron reemplazando a las generaciones mas viejas con menos educación y menores ingresos y el índice GINI comenzó a reducirse hasta bajar de 50 en la última CASEN.

Sin embargo, las políticas que afecten al crecimiento o al acceso o a la calidad de la educación, aumentarán la desigualdad y las políticas de la NM han sido muy efectivas en deteriorar ambos aspectos, lo que reducirá las posibilidades de seguir disminuyendo la desigualdad.

Una de las causas del movimiento de los “pingüinos” es un efecto colateral al que no estábamos acostumbrados: Así como los pobres pueden salir de la pobreza, otros pueden caer en ella y eso aumenta la incertidumbre. Por otro lado, al comienzo de la llegada de nuevas cohortes de profesionales graduados recientemente los primeros en llegar recibieron salarios muy buenos, que al seguir llegando profesionales, fueron disminuyendo ya que el mismo beneficio se distribuyó entre mas personas.

En palabras del Dr. Sapelli: “En buena parte la dinámica que se generó (en el movimiento “pingüino) tiene que ver con la creación de premios salariales para los que tenían  mayor educación por el alto crecimiento económico de Chile, en un contexto de escasez de profesionales. La gente vio esos premios y se sintió motivada para estudiar, pero este  mismo proceso de generar más profesionales afectó los premios salariales. Por eso la población se sintió estafada de alguna manera. Este proceso de que haya más profesionales es bueno porque antes había importantes premios salariales a los que accedían pocas personas, y después hay premios más chicos pero tienen acceso más personas”.

Conclusiones

1- Ha habido una mejora muy importante en la reducción de la desigualdad, pero la izquierda no la quiere ver.

2.- La realidad en temas de desigualdad en Chile es «para celebrar» y los datos son «inapelables».

3.- La tendencia del índice GINI a seguir disminuyendo no está garantizada. Sólo «en el mejor de los casos» las reformas del actual Gobierno no tendrán impacto en esta trayectoria, es mas probable que resulten contraproducentes. La izquierda “autoflagelante” es incompetente para gobernar, mucho menos de crear y distribuir riquezas.

4.- Las políticas económicas del Gobierno Militar fueron exitosas e hicieron crecer la economía en niveles nunca vistos en Chile. Este crecimiento fue para todos, pero las personas con mayor educación inicialmente crecieron mas.

5.- La política de educación del Gobierno Militar fue exitosa y se está reflejando en un acortamiento de la desigualdad, -derivado del crecimiento de la clase media y de sus mayores ingresos debidos su mejor educación-, ha medida que van reemplazando a las generaciones mas viejas y con menos educación.

6.- La sociedad chilena está transitando de una sociedad de proletarios de clase trabajadora a una de propietarios de clase media. La Nueva Mayoría sepultó una forma de entender y hacer política. Este es el resultado de las políticas del Gobierno Militar, y la mayor amenaza para su continuidad son las “reformas” de la Nueva Mayoría. Este cambio social significa la muerte del comunismo. La muy cacareada “mayoría sociológica” no existe.

La adopción por parte de Ricardo Lagos de su expresión “los señores políticos” debe haber regocijado a Pinochet y el espectáculo de Bachelet mostrando la desnudez intelectual y de gestión de la izquierda dura lo debe hacer sonreír con malicia

Hoy día, el único “triunfo” del comunismo es la continuación de la prisión de los militares en Punta Peuco, la exacción de ingentes cantidades de dinero en compensación por la muerte de sus deudos y la reversión de la dirección del “Ni perdón Ni olvido” que terminará reventándoles en la cara. En todo lo demás Pinochet los derrotó inapelable y reiteradamente.

Buen motivo para sonreír.

Las FFAA de Chile han sido sometidas a un escrutinio extremadamente severo en cuanto al irrespeto a los Derechos Humanos de personas durante el Gobierno Militar. Los investigadores y persecutores han provenido de iglesias; la masonería; el Poder Ejecutivo a través de organismos creados ad-hoc para ello; del Poder Legislativo que ha creado leyes, procedimientos y disposiciones también ad-hoc; el Poder Judicial que abiertamente ha hecho suya y ha tomado partido a favor de la causa de los afectados; organizaciones sociales de diversos tipos y ONGs de los mas diversos orígenes y propósitos.

El punto y los métodos mediante los que ha sido llevada esta inquisición es discutible y, legítimamente, hay posiciones diversas.

La implacable aplicación de la política de “Ni Perdón ni Olvido” aplicada por el Partido Comunista y sus simpatizantes ha significado la creación de situaciones humanitarias que han merecido el reparo de miembros del Poder Legislativo y de la Iglesia Católica, además, obviamente de los simpatizantes del Gobierno Militar y de personas que respetan y apoyan a las FFAA.

El núcleo de esta situación es la existencia de 1210 personas consideradas detenidos desaparecidos en Chile tras el golpe militar del 11 de septiembre de 1973. De éstas, 60 eran extranjeros y 54 eran menores de edad.

El conflicto base que dio origen al enfrentamiento interno fue el suscitado por la pugna entre la Oposición y el Gobierno de  Allende y su Unidad Popular-, que intentaron apoderarse del total del poder político, económico y social para imponer un gobierno revolucionario y posteriormente entre el Gobierno Militar y el  Partido Comunista y su intento armado, -con abundante apoyo internacional- para revertir la derrota.

No cabe duda que la desaparición -hace ya casi medio siglo- de estas personas, en un lapso de 17 años de lucha armada en que ambos sectores sufrieron bajas -donde obviamente los derrotados las tuvieron en mayor número- constituye una desgracia muy difícil de sobrellevar por los deudos y un daño irreparable para los que sufrieron la pérdida de su vida y muchas veces malos tratos crueles e innecesarios.

Hoy enfrentamos una situación parecida y, si es posible, aun mas atroz.

Investigaciones llevadas a cabo por miembros del Poder Legislativo y también del Ejecutivo, dan cuenta de la muerte, en un lapso de solo 11 años (2005 – 2016) de 1336 personas, mayormente menores de edad (243 en residencias de protección, 406 en organismos colaboradores, 206 en centros de protección ambulatorios y 33 por justicia juvenil) y algunos mayores de 18 años (215 en residencias, 21 en ambulatorios y 212 por justicia juvenil).

A estas muertes se suman serias sospechas de que muchas de ellas fueron víctimas de violaciones, adopciones ilegales y ventas de órganos. Todas estas personas estaban a cargo del Servicio Nacional de Menores (SENAME), un organismo gubernamental bajo control de Ejecutivo, administrado por personas asignadas a los diferentes cargos mediante cuoteo entre los miembros de los partidos de gobierno. Siempre bajo la supervisión y responsabilidad del Ejecutivo.

Ninguno de los niños del SENAME tuvo jamás un arma en sus manos ni la mas leve intención de matar u oprimir a nadie. No tuvieron ninguna oportunidad de escapar ni evitar su martirio. Eran verdaderamente inocentes.

El diputado independiente René Saffirio calificó el informe (presentado por Solange Huerta que actualmente encabeza el SENAME) como demoledor: Es una violación sistemática de los derechos humanos de niños y adolescentes, declaró que “quien pudo ocultar 1.336 muertes durante 10 años, perfectamente pudo ocultar donaciones de órganos sin respetar los protocolos y venta de niños al extranjero bajo la forma de una adopción internacional”

El diputado Ramón Farías (PPD) calificó la cifra de fallecidos en el SENAME como “escalofriante” y como una muestra de que “el sistema se está cayendo a pedazos”. A continuación extendió una capa de bálsamo: “Si hallamos responsabilidad penal en la comisión investigadora la vamos a tener que poner en conocimiento del Ministerio Público”. Nada muy drástico para tamaña brutalidad.

La Presidenta Michelle Bachelet, por su parte, expresó su “tristeza y malestar” por las muertes en el SENAME y anticipó que mañana anunciará medidas concretas para abordar la crisis del organismo, aunque sin ofrecer detalles de las acciones que emprenderá el Gobierno.

Volviendo al caso de las violaciones a los DDHH cometidos durante el Gobierno Militar, el Informe Rettig certifica 307 casos de menores de 20 años ejecutados. Por su parte, el Informe Valech sumó un anexo con 102 casos titulado «Menores de edad «detenidos junto a sus padres o nacidos en prisión”.

El balance numérico es desfavorable a los Gobiernos Democráticos; la reacción de la izquierda ante las violaciones a los DDHH de los niños afectados es completamente diferente a cuando afectó a sus combatientes adultos, y la «indignación moral» nacional y mundial es de una devastadora asimetría.

¿Por qué será?.

En la región hay casos dramáticos de FFAA que se constituyeron en factores permanentes de opresión política y abuso de poder sobre sus ciudadanos; otros en que sectores políticos civiles incapaces de conquistar democráticamente el poder y mantenerlo indefinidamente, construyeron FFAA a su imagen y semejanza para que los afirmaran; otros que cooptaron a sus mandos -mediante la corrupción o ventajas económicas y sociales- para que los ayudaran a imponer políticas que la ciudadanía no aceptaba de buen grado. Ha habido también casos en que disputas entre poderes del estado, ejecutivo contra legislativo, se resolvieron mediante la incitación a las FFAA para que actuaran contra uno u otro bando.

En Chile tenemos casos dramáticos: La revolución de 1891, en que el Poder Ejecutivo y el Legislativo no pudieron llegar a acuerdo y se jugaron por dividir a las FFAA tratando cada uno de capturar una parte mayor de ellas para enfrentar violentamente a sus oponentes. Tenemos también el intento –fallido- de Allende de capturar a las FFAA o lograr su división, para inclinar a su favor la correlación de fuerzas para imponer su revolución.

En Chile, la sapiencia política común en estos años, ha tratado de ocultar estas verdades para eludir sus culpas y dar sustento a una “transición” que parece finalmente superada y que señala el momento de comenzar dar la cara y decir verdades. Como sea, tenemos un asunto importante que despejar –como regular el empleo de las FFAA- y dejar de simular que el día 10 de septiembre de 1973 alguien dejó abierta la puerta del zoológico y las fieras escaparon a alterar la paz de la “copia feliz del Edén”.

Las Fuerzas Armadas son una parte esencial del Estado. Son diferentes a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, pero simultáneamente conforman la estructura básica de la función estatal. El Estado está pensado, creado y jurídicamente concebido en una perspectiva de normalidad. Las Fuerzas Armadas, por su parte, están previstas para casos excepcionales de la vida estatal.

Durante el estado de normalidad, las FFAA cumplen su función por medio del desarrollo de la planificación, organización, educación, entrenamiento de las fuerzas y el desarrollo de doctrinas para enfrentar un caso excepcional de características desconocidas y de ocurrencia imprevisible.

La primera función principal de las Fuerzas Armadas es la defensa del país: estado, gobierno, nación y territorio. Es decir se trata de garantizar la integridad territorial de la nación y restablecerla en caso de violación, así como para defender y proteger el orden estatal de su país y a sus ciudadanos de cualquier agresión del exterior.

En el cumplimiento de esta función, la medida fundamental de la integración de las Fuerzas Armadas al orden democrático es respecto a quien decide sobre la paz o la guerra, las Fuerzas Armadas o la dirigencia política del Estado.

Una segunda función principal de las Fuerzas Armadas es el constituir un último elemento de seguridad contra intentos internos de golpe, que pueden amenazar la existencia del Estado.

Esta función es en el entendido que no deben ser las propias Fuerzas Armadas las que decidan su misión interna como último medio para asegurar la existencia del Estado; esta decisión debe ser tomada por la dirigencia política del Estado.

Las Fuerzas Armadas son un instrumento de la dirigencia estatal, no son actores que actúan independientemente. Y tampoco las Fuerzas Armadas deben considerarse como garantes independientes de la Constitución o del orden estatal en el caso de que el Estado incurra en un conflicto que no represente una amenaza existencial. El problema se hace aun mas complejo cuando ello ocurre, es decir, cuando un conflicto político interno constituye una amenaza existencial -real y concreta- para el estado.

Un tercer ámbito por dilucidar se refiere al uso de las FFAA en tareas diferentes a las dos principales ya identificadas.

A veces parece no sólo atractivo sino también razonable, emplear a las Fuerzas Armadas, como factor único, funcional, con poder y capacidad para resolver problemas internos del Estado, es decir, problemas que no tienen nada que ver con las funciones básicas de las Fuerzas Armadas, como fue, por ejemplo, el empleo de fuerzas de la Armada de Chile durante el incendio de Valparaíso el año 2014.

Este empleo, al menos teóricamente, implica dos aspectos a considerar: el gobierno debe estar consciente de los riesgos en que incurre, ya que en adelante las Fuerzas Armadas -llamadas a funciones que no son de su incumbencia- pueden llegar a considerarse como las únicas capaces de resolver  problemas graves en el país. Eso a su vez intensifica el que las Fuerzas Armadas puedan considerarse también la solución de crisis que no están dentro de sus obligaciones sino que son internas del Estado, aun sin haber sido llamados. En otro orden de cosas, si los otros factores de orden del Estado, en especial la policía, son muy débiles o muy pequeños en número, para resolver problemas como por ejemplo, la prevención del terrorismo, no queda otra alternativa que responder a través de una intensificación del empleo de personal militar, con  equipamiento e instrucción adecuado para poder cumplir esos roles. No obstante, según su naturaleza, las Fuerzas Armadas no son policías de la seguridad interna.

Esto nos conduce a otro aspecto esencial de la integración de las Fuerzas Armadas dentro del Estado: la medida de esta integración depende decisivamente de las reglas especiales y concretas, particulares para cada país, que se establezcan para las Fuerzas Armadas y sus miembros en la vida cotidiana del estado. 

La Constitución. Lo señalado nos lleva a que las misiones -en sus dos ámbitos, interno y externo- que el Ejecutivo pueden asignar a las FFAA, así como las formas, condiciones y oportunidades en que se dispongan, deben estar previstas y claramente establecidas en la Constitución y ser parte de los acuerdos básicos de la sociedad.

En este punto también se hace evidente que esas previsiones deben apuntar tanto a (1) evitar que las FFAA intervengan en el ámbito político como (2) a que el Poder Ejecutivo emplee discrecionalmente a las FFAA para sus fines particulares, por lo que ambas situaciones deben encuadrarse en una casuística estrictamente establecida en la Constitución y que su cumplimiento sea fiscalizado por el Poder Legislativo y por el Poder Judicial, en lo que eso sea pertinente, por medio del ordenamiento legal.

Tenemos un caso nacional que muestra este asunto.

El 3 de enero de 1971 se aprobó el “Estatuto de Garantías Constitucionales” que el Partido Demócrata Cristiano (PDC ) exigió a Allende para ratificar su triunfo electoral en el Congreso. El PDC exigió que “se respeten las estructuras orgánicas y jerárquicas las FFAA y el Cuerpo de Carabineros, los sistemas de selección, requisitos y normas disciplinarias vigentes, se les asegure un equipamiento adecuado y su misión de velar por la seguridad nacional, no se utilicen las tareas de participación que se les asigne en el desarrollo nacional para desviarlas de sus funciones específicas ni comprometer sus presupuestos, ni se creen organizaciones armadas paralelas a las FFAA y Carabineros”.

Cuando esta discusión se inició, esta exigencia mereció una airada respuesta de Allende: “Soy intransigente defensor de las prerrogativas del Jefe el Estado … porque eso es una atribución privativa del Presidente de la República y seré celoso cautelador de sus atribuciones constitucionales … nunca nadie ha cuestionado la calidad de Generalísimo de las FFAA que por mandato constitucional asume el Presidente de la República. Esta condición, consubstancial a nuestro régimen jurídico, no admite intermediario en las relaciones entre los Altos Mandos y el Jefe del Estado”.

Al cabo, el “Estatuto de Garantías Constitucionales” se aprobó, pero cada parte la interpretó a su conveniencia.

De partida, Allende desconoció por completo la validez del Estatuto de Garantías Constitucionales, descalificándolo como una mera “necesidad táctica” para asegurar la toma del poder y luego involucró a los Altos Mandos de las FFAA en la materialización de sus políticas llegando al extremo de plantear al general Ruiz Danyau que asumiría como Comandante en Jefe de la FACH, que el cargo llevaba consigo, obligatoriamente, su ingreso como Ministro a su Gobierno. La oposición, que luego incluyó al PDC, usó por su parte este estatuto para dar luz verde a la destitución de Allende por parte de los militares, pero sin hacerse cargo de los efectos y consecuencias de su acción.

La ausencia de disposiciones claras y precisas en la Constitución dejó un espacio que permitió una discrepancia crítica que no pudo ser resuelta en forma inequívoca, que permitió el incremento de la conflictividad política y la elusión de las responsabilidades de los actores políticos y su transferencia en exclusividad a las FFAA.

Otro aspecto central de la integración de las Fuerzas Armadas en el orden democrático estatal es la seguridad de la primacía del sistema político completo (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) mediante el fraccionamiento del mando de ellas, es decir, que la autoridad sobre las FFAA esté dividida en competencias parciales claramente establecidas en la Constitución.

En breve, la supremacía sobre las FFAA la tiene la Constitución y tanto los poderes ejecutivo, el legislativo y judicial como las mismas FFAA no reconocen ni ejercen discrecionalidad alguna en el empleo de las FFAA.

Mas aun, la posición central en la administración de las FFAA la debe tener el Ministro de Defensa quien en tiempo de paz es su gestor y administrador.

El Jefe de Estado debe tener menos competencias que el Ministro, en relación con el rodaje de las Fuerzas Armadas, precisamente por ser parte interesada en su uso (y abuso), salvo en tiempo de guerra o crisis calificada por la Constitución, en que puede tomar el mando directo de ellas.

El Proyecto Puentes

Los autores de ese proyecto tienen otra visión. Según su representante en los “Talleres” organizados por el Subsecretario de Defensa, “el vínculo entre el Presidente y las FF.AA. en tiempos de paz pasa por el ministro de Defensa. El Presidente de la República asume la jefatura suprema de las FF.AA. solo en caso de guerra, lo que de por sí constituye una anomalía en un sistema democrático. Debiese existir una supremacía civil en todo momento, cuestión que hoy no ocurre”.

Asimilando “civil” a la figura del Presidente de la República, propone un nivel de discrecionalidad en el empleo de las FFAA que solo presagia conflictos. Tal vez no considere que en algún momento, el Presidente de la República puede ser alguien menos democrático que el expositor y emplear la capacidad  de acción política de las FFAA para sus propios fines.

Señala también que el “Presidente de la República solo (puede) determinar nombramientos, ascensos y retiros a propuesta de los Comandantes en Jefe respectivos, lo que limita la autoridad presidencial sobre las instituciones armadas. Como, además, son los comandantes en Jefe quienes proponen la lista de ascensos y retiros, dependerá de ellos –y no de la autoridad civil– definir la línea de mando que va conformándose en las instituciones castrenses”.

Precisamente esa es la idea, que la política, sus modos, preferencias y necesidades no influya en la selección de los oficiales, sino su apego objetivo al cumplimiento de sus obligaciones profesionales y constitucionales, en vista a tener FFAA no politizadas.

La única supremacía realmente democrática es la de la CONSTITUCIÓN, con la división de poderes y la igual libertad de los ciudadanos, a la cual deben someterse todos los chilenos, en todas las circunstancias.