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LA CLASE POLÍTICA Y LA DEMOCRACIA

Chile se encuentra dando una dura batalla contra una pandemia que -en todo el mundo- causa alarma y produce efectos económicos devastadores a corto y mediano plazo. La vida social se ve empobrecida y reducida a su mínima expresión. Los sistemas de comunicaciones se ven exigidos al máximo, mientras otras actividades simplemente se detienen por completo. La cadena de abastecimientos y distribución de elementos básicos para la vida está amenazada y cada día la sentimos más vulnerable. El gobierno debe tomar y está tomando medidas de todo orden para reducir los daños a la salud de las personas, a su situación económica, a la educación y a la prevención y contención de la expansión del virus. La Clase Política por su parte, en medio de esta crisis, pone su mayor esfuerzo e interés en el proceso para un eventual cambio o modificación de la Constitución, la recalendarización de procesos electorales de diversos niveles incluso de Gobernadores que eventualmente podrían ser eliminados y en la negociación de cuotas de poder. Está inmersa en los asuntos y materias relacionados con la distribución del poder político entre los diversos partidos y coaliciones y enfrenta el despacho de leyes sociales propuestas por el Ejecutivo con un ojo puesto en el posicionamiento de los partidos y parlamentarios en la pugna constitucional y en las futuras elecciones de todo tipo. Este comportamiento, habitual en Chile desde hace ya algunos años, se ha magnificado hasta la caricatura y esta deformación es puesta de relieve por la cruda divergencia entre los intereses reales de las personas y los de la Clase Política. Se dice que la soberanía recae en el Pueblo que diseña, propone, aprueba y controla al Estado y sus instituciones. Se dice que el Estado y la burocracia estatal están al servicio de la gente y que son responsables ante ella. También que el Estado y sus funcionarios le deben respeto al Pueblo. Se asegura que los representantes del Pueblo (los diputados y senadores) a través de los cuales delega el funcionamiento de su soberanía, está sometida a control ciudadano y que de esta forma son la gente, las familias y sus organizaciones, las que deciden sobre sus instituciones, su funcionamiento y su relación con la ciudadanía. Es evidente que esta no es la democracia que tenemos en Chile. En nuestro país los aspirantes a “representar” los intereses del Pueblo, a controlar al Estado y a asegurar la supremacía de la soberanía popular, son designados por los Partidos Políticos tras delicadas, complejas y oscuras negociaciones en que la participación popular está completamente ausente. La participación de los representados se limita a elegir entre un número de personas designadas por los Partidos, muchas de las cuales son completamente desconocidas por la ciudadanía e incluso desconocedoras del lugar y las personas a representar. La capacidad de supervisión, la recepción de información de su gestión y la consulta a la ciudadanía ante situaciones y problemas que emergen de la vida diaria de la gente, es completamente inexistente. Hemos llegado a que los representantes son “autoridades”, ante las cuales el Pueblo debe respeto, reverencia y aquiescencia. De hecho, la relación entre los “representantes” y sus “representados” es el de una autoridad poseedora de poder y una ciudadanía que obedece, sigue y acata. El pueblo es una figura retórica de hecho excluida en favor de un Estado materializado en instituciones, representaciones, burocracias y grupos que se alimentan recíprocamente y de las cuales el Pueblo está completamente excluido. La pregunta que cabe es: ¿Qué es lo que no funciona?, ¿es que la Constitución no provee un diseño institucional que disponga y exija la distribución y uso del poder bajo el control de la soberanía popular?, o es que disponiéndola, los usos y formas en que el Estado desarrolla su gestión ha sido desvirtuándolas en beneficio de una “Clase Política” autonomizada y alejada de sus mandantes. En Chile podemos ver un Estado disfuncional en el que sus tres componentes fundamentales, el Poder Ejecutivo y su estructura de servicios, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, han sido capturados por grupos de diversa naturaleza con alianzas y complicidades cruzadas que usan y abusan del poder que administran y consideran de su propiedad. La forma en que actúa la Clase Política en los momentos actual gráfica en forma muy clara y concreta como los intereses relacionados con la captura y apropiación de cuotas de poder político, de la promoción de sus ideologías, de la continuidad y avance de las “carreras políticas” de sus miembros, es privilegiado en beneficio de los intereses personales y corporativos y que su comportamiento frente a la aprobación de leyes fundamentales para la vida del Pueblo son pospuestos o empleados como arma para la lucha por el poder. Parece evidente que para tener una mejor democracia, el problema de nuestro país no reside en la Constitución sino de la conformación, funcionamiento y calidad del Estado.

Crisis en Chile: ANÁLISIS DE ACTORES Y UNA EVENTUAL SALIDA

En las últimas semanas han salido varios análisis de lo acontecido en Chile. Se podría decir que en general todos manejan los mismos datos y lo que varía es la solidez, profundidad y amplitud del análisis. Uno de los mejores que he leído es “Pensar el Malestar” de Carlos Peña. Creo que es un aporte muy valioso y oportuno, no es para todo público y sabemos que los interesados en profundizar en este tipo de análisis constituye un auditorio mas bien reducido.

Sin pretender competir con tan afamados analistas, les propondré una aproximación mas simple, directa, esquemática y operativa que, creo, puede ayudarlos a armar un cuadro para el seguimiento de los eventos actuales y futuros.

Los actores y sus relaciones entre si, son relativamente fáciles de identificar; sus motivaciones e intenciones es mas difícil. El actor mas difícil es, sin duda, la izquierda, que incluye grupos y personas muy diversas y complejas. Hay actores sobrevalorados en cuanto a su importancia y también algunos enigmáticos o desconocidos.

A mi juicio, hay grupos que llevan la iniciativa estratégica -imponen los objetivos por los que se lucha y tratan de manejar la forma y lugar en que esa lucha se desarrolla-En este ámbito hay cuatro actores cuya actividad, objetivos y protagonismo ha ido cambiado durante el proceso.

  • El primero es un grupo de ex actores políticos y sociales en el Gobierno de la Unidad Popular, que nunca se resignaron a la derrota política que les impuso el Gobierno Militar y no abandonaron las ilusiones de revertir el resultado de esa primera batalla. Su argumentación se centró en poner de relieve las deficiencias del Modelo. Dado que éste fue indiscutiblemente exitoso, sus criticas se situaron en aquellas áreas con mucha carga emotiva y en aspiraciones de alta subjetividad e imposibles de satisfacer por completo.

La parte política e ideológica de esta campaña fue alrededor de aspectos que, teniendo una base de realidad, eran el resultado de la propia gestión de los gobiernos de la Concertación, que apoyaban, de los cuales tuvieron que separar camas sin abandonar sus posiciones y beneficios de todo orden. Me refiero a los “autoflagelantes”.

Nunca excluyeron por completo “el empleo de todas las formas de lucha”. Y su ideología podría condensarse en “ni perdón ni olvido” y “mejor pobres e iguales que ricos y con distribución desigual de la riqueza”. No creen en la democracia; si en el Estado protagonista y líder.

  • El segundo fueron los sinceramente “renovados” que siendo los intelectualmente mas hábiles, capturaron los puestos de poder en el Estado -Poder Judicial, Poder Ejecutivo (gobernaron 30 de 35 años) y Poder Legislativo (a veces con mayoría en el Congreso)-. Establecieron mecanismos para crear grupos clientelares muy extendidos y sólidos – en empresas del estado, en los servicios estatales, en organismos autónomos financiados por el estado, en ONGs, centros semi académicos y cargos inamovibles y bien remunerados en todos los ministerios (los operadores). Los directivos de este nivel organizaron un flujo y reflujo de personas entre la empresa privada y los cargos gubernamentales y parlamentarios.

Este sector se alejó completamente de la ciudadanía, conservando firmemente su clientela electoral lo que le permitió asegurar el control político. Este nivel se sumergió en la corrupción y en el cohecho promovido por el gran empresariado nacional formando una asociación de beneficios mutuos que nadie (ninguno de los Poderes del Estado) quiso ni pudo investigar y sancionar.

Este fenómeno, uno de los culpables de la desmoralización de la sociedad, se aceleró durante el Gobierno de Bachelet que concluyó debilitando el crecimiento económico y poniendo en evidencia la desigualdad entre los tipos de ciudadanos existentes en Chile.

  • El tercer Grupo es la derecha en sus dos vertientes firmemente entrelazadas: la derecha política y la derecha económica. Con el asesinato de Jaime Guzmán la UDI murió política e intelectualmente, RN no despegó nunca. Abandonaron las poblaciones y la actividad política, se aislaron del pueblo, se encerraron en sus negocios particulares y en proveer un buen servicio a los empresarios que financiaron sus candidaturas.

Los empresarios, asociados con parlamentarios de ambas tendencias políticas, se dedicaron a ganar dinero en forma legítima e ilegítima, armaron carteles, se coludieron para robar a los consumidores, abusaron de información privilegiada y de su influencia a través de sus parlamentarios/empleados. Ninguno, nunca, fue a la cárcel. Todos zafaron fácilmente.

Constituyó una potente contribución a la desmoralización nacional y una burla a la meritocracia, la honradez y el esfuerzo personal

  • El cuarto Grupo, constituido por la clase media tradicional y la emergente, alejada de la Clase Política. Mayormente “privatizados”, -sea como Pimes o como empleados de empresas privadas-, políticamente desorganizados y carentes de experiencia de lucha callejera.

Este grupo se manifestó una sola vez, el 25 de Octubre, en forma masiva -casi un millón de personas-, pacífica, apolítica, familiar, respetuosa y democrática, rechazaron la presencia y protagonismo de políticos de todas las layas y no exhibieron pancartas ni banderas, otras que la bandera nacional.

Mostraron su tremendo número y enviaron un mensaje muy potente, pero el Gobierno fue incapaz de recibirlo; la Clase Política no quiso competidores en su feudo y los ignoró; los Autoflagelantes, la izquierda revolucionaria, no tenía nada que decirles. Para las turbas violentas, eran despreciables en todo orden de cosas.

Simultáneamente, en una segunda línea, se cocinaba a fuego lento una fuerza variopinta de desadaptados diversos que agruparé bajo “el nombre de Turba Violenta (TV): anarquistas que en Valparaíso promovían “a tomarse las fábricas”!, como si en Valparaíso hubiera alguna, mas allá de algún modesto taller de cuchuflíes, y rayaban las murallas con mensajes estúpidos y obsoletos que denunciaban su bajo intelecto. Traficantes de drogas al menudeo, con sus proveedores santiaguinos y su clientela de milennials de “finde”, convenientemente apoyados por miembros de la Clase Política. Barras bravas en connivencia con los dueños de los equipos profesionales. Niños escolares, abandonados por sus padres y políticamente abusados por sus profesores y mentores políticos, y una amplia diversidad de pornógrafos, desviados sexuales y minorías varias, promotoras conductas y causas contra la razón.

Estas personas tuvieron el motor para su expresión política en el área menos pensada: los asistentes al Instituto Nacional (IN) (me da vergüenza llamarlos estudiantes).

Ninguno de ellos tenía la tracción necesaria para movilizar una masa significativa de personas; este protagonismo fue asumido por los violentos del IN que en forma crecientemente violenta, impune y ante la pasividad abyecta de todo tipo de autoridades enfrentó y derrotó reiteradamente a las autoridades metropolitanas, a la policía y al gobierno, llegan incluso a organizar, en sus aulas, cursillos de combate urbano impartidos por miembros jubilados del FPMR (Partido Comunista). De ahí pasaron al “Evade”, que practicaron con creciente violencia, durante varias semanas, hasta lanzarse al ataque vandálico masivo del 18 de Octubre, ante la completa pasividad e impotencia del Ejecutivo.

La dinámica que adquirió la estructura e interacción de estos grupos es muy ilustrativa:

1.- Los niños del IN atacaron y destruyeron 7 estaciones de Metro con algún refuerzo de elementos de las TV.

2.- Coordinados mediante las redes sociales y apoyo externo, las TV se apoderaron del movimiento. Multiplicó exponencialmente la violencia y generalizó el asalto a las estaciones del Metro. Desplazó por completo a los niños del IN y asumió el control táctico de los ataques.

3.- El Partido Comunista (PC) y elementos de Frente Amplio (FA) intentaron tomar el control de la TV, sin éxito. Pero lograron instalar un Objetivo Político -el derrocamiento de Piñera- , que siendo solo de ellos y no de la TV, lo impusieron mediáticamente.

4.- La TV se hizo funcional al PC y FA y a las aspiraciones de los políticos autoflagelantes, pero conservando un amplio espacio de libertad de acción.

5.- Desatada la crisis que el gobierno no supo, no pudo o no quiso controlar, el Segundo y Tercer grupo, integrado por los dueños de los Partidos Políticos  los Parlamentarios de ambos sectores -la Clase Política – cuyo interés principal y único, era la conservación del poder que parecía escaparse de sus manos llegó a un acuerdo relámpago en que el Gobierno entregó la Constitución (por la cual Piñera, democristiano, nunca tuvo ningún aprecio, mas allá de la política económica) a cambio de que la izquierda estableciera el fin de la violencia  -La Paz-.

6.- El acuerdo de paz que la izquierda debía producir, imponiéndose de la TV nunca se produjo ya que desde el principio fue una estafa; la izquierda vendió lo que no tenía: su control sobre la TV.

7.- Se inició un lento descenso de la violencia a la espera de un “Marzo” que prometía ser de horror.

8.- Y llegó Marzo. Regresó la violencia, ahora protagonizada por turbas de niños caprichosos y violentos manipulados por diversos lotes, desde la Clase Política hasta el PC y el FA, actúan simultáneamente, aunque sin coordinación directa, con el TV.

Mientras tanto, la Clase Política insiste majaderamente a la ciudadanía con la imposición de una Nueva Constitución que nadie sabe para que se haría, ni que se cambiaría a la actual carta.

Parece evidente que lo que la opción Rechazo quiere es que siga la Constitución actual. Pero ¿sabe alguien que quieren los que promueven la opción Apruebo?. Dicen saben lo que no quieren de la actual, pero no tienen ni la menor idea ni propuesta respecto al contenido de una nueva.

Parece que una vez mas los chilenos no pensamos correctamente. Todos estamos de acuerdo -menos la Clase Política, obviamente- que el problema de fondo que tenemos es un grave déficit de calidad en la gestión del Estado, es decir necesitamos su profunda restructuración: del Gobierno y todas sus innumerables agencias de servicios y productivos: Codelco, salud, sociales (Sename), técnicos, de vivienda, de pensiones, ministerios, subsecretarías, entes reguladores y muchos mas). Reorganización de Poder Judicial y de todo el sistema de leyes que ha demostrado ser ineficaz, eliminar la politización y la corrupción, los procedimientos investigativos etc. y del Poder Legislativo, cuya inoperancia, falta de representatividad y legitimidad, corrupción, incompetencia y alto costo es acreedor al repudio generalizado de la ciudadanía.

Si esto es así, parece evidente que la forma correcta de hacer este cambio -que en la propuesta actual demoraría mas de dos años en concluir- sería primero elegir, el año 2022 un Presidente que de garantías de liderazgo para conducir un proceso complejo; luego elección de un Congreso en la perspectiva de discutir la necesidad de cambiar o no la Constitución, y si lo fuera, de discutir, negociar y proponer una alternativa y luego, el año 2023 hacer un plebiscito de salida.

Parece una alternativa demasiado cuerda como para que encuentre acogida entre los políticos chilenos.

TENEMOS PROBLEMAS, TENEMOS OPORTUNIDADES

Estamos en una crisis, tenemos problemas que abren muchas oportunidades ¿sabremos aprovecharlas?.

Soy de la generación de chilenos que nació y se crió en un país pobre, muy pobre. Con niños descalzos y desnudos, con una parte sustantiva de su gente desnutrida, con personas que, al atardecer, pasaban descalzos por las casas, vestidos con andrajos y con un tarro en sus manos, pidiendo las sobras de la comida.

Fue el Chile de la pos crisis de 1929 / 30 y 31 que casi nos destruyó y que llevó al Gobierno de Ibañez a establecer una política económica cerrada, de sustitución de importaciones ya que no vendíamos nada que pudiera sustentar las importaciones. Se suponía que sería breve, no lo fue, derivó en una política económica oligopólica, ineficiente, protegida y corrupta. La pobrezó llegó y se instaló. El socialismo se ofreció como una solución y fue peor el remedio que la enfermedad.

Vino la revolución militar y luego el gobierno de la izquierda renovada: se reabrió la economía al comercio mundial, se estimuló la libre competencia y se liberó el emprendimiento. Creímos que ya todo correría sobre rieles, automáticamente. Creímos que para el año 2010 seríamos desarrollados, con un PIB de varios miles de dólares por encima del de fines del siglo XX, que el crecimiento llevaría a una mejor distribución del ingreso y que el mercado solucionaría los problemas automáticamente. No lo hizo, la descomposición populista del Estado, la incompetencia del Congreso y sus políticos, del Poder Judicial, y la corrupción de los empresarios coludidos para aprovecharse de los consumidores mostró que no era así.

La reacción socialista fue caer en el error de pensar que el crecimiento no era tan importante, porque lo que importante era la distribución y comenzaron los bonos, las subvenciones, las dádivas y mas corrupción y mas crecimiento del Estado. Bajó el crecimiento económico, se frenó la movilidad social y decayó el nivel de vida, bajó el empleo y la llegada de más de un millón de inmigrantes empeoró todo. La esperanza puesta en la ampliación del acceso a la educación tuvo un éxito limitado: no llevó a los nuevos profesionales al nivel que tenían los que los precedieron en su ingreso al mercado. Terminaron cesantes y endeudados, con profesiones de baja calidad y empleabilidad y con una tremenda frustración personal, con amargura.

¿Qué falló?

El problema de base fue la descomposición del Estado y de la moral pública. Creo que la institucionalidad estatal está enferma de muerte. Nació en una época ya pretérita y no ha incorporado los cambios sociales, económicos, políticos, tecnológicos, geopolíticos ocurridos en el último medio siglo. Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y  Judicial han conformado una oligarquía anticuada, autoreferente y anquilosada, con formas, rituales, intereses de grupo, personales, familiares y corporativos, procedimientos y fines que satisfacen las necesidades y preferencia de sus miembros, pero que ignoran por completo a la ciudadanía.

Un ejemplo viviente en estos días es el debate para hacer una Nueva Constitución. El reclamo de la ciudadanía ante deficiencias graves en temas como las pensiones, los sueldos, el endeudamiento de las personas, la salud, la educación, el cambio climático, el transporte público y otras demandas concretas se resuelven en el ámbito legislativo y podrían ser enfrentadas desde ahora mismo, sin embargo, han terminado transformadas en un debate prolongado, innecesario e idológico que retardará hasta en dos años el comienzo de la satisfacción las necesidades reales de los ciudadanos. Todas las materias que interesan a los chilenos, pueden y deben ser enfrentadas ahora,  resolviendo en el proceso aquellos aspecto en que las disposiciones Constitucionales entorpezcan su diseño o tramitación, mediante modificaciones puntuales.  Los caprichos de las oligarquías políticas que administran deficientemente el Ejecutivo y el Poder Legislativo no pueden ser más importantes que las realidades de la vida de las personas.

El Poder Judicial, por su parte, ha derivado en una casta que se auto genera, en medio de luchas internas alejadas por completo de la aplicación y perfeccionamiento de la justicia, con asociaciones y relaciones ilícitas con actores políticos y comerciales y con la adscripción de algunos de sus miembros a idelogías políticas y filosóficas pretéritas a las que siguen fieles. La prevaricación y el abuso de los DDHH de los Militares y Policías, aplicados en sede judicial, no son tolerables. La falta de imparcialidad no puede continuar. La incompetencia de las Fiscalías impide que haya justicia.

Parece evidente que la disyuntiva entre un régimen socialista estatista o una alternativa liberal egoísta, individualista y dominada por minorías opresivas, no es lo que nos interpreta como sociedad. Nos alejamos de la libertad y abandonamos la justicia y la solidaridad.

Medidas fundamentales para salir adelante

Paz y Convivencia social. Este es un problema prioritario, complejo y pluricausal, que debe abordarse en forma urgente por parte del gobierno y debe enfrentarse desde tres lados:

– Dar a todas las persona los medios, la oportunidad y las vías para integrarse a la sociedad para su búsqueda de los fines sociales y personales establecidos como aceptables. Esto implica especial atención a los profesionales frustrados, el apoyo para la complementación o reconversión de sus habilidades, su reinserción laboral para alcanzar niveles de vida dignos y comparables a su esfuerzo.

– La sociedad no puede existir si los Deberes y Derechos no son establecidos, cumplidos y respetados, simultáneamente y sin excepción, por todos los miembros de la sociedad.Exigir, a todos, siempre, en todo lugar y circunstancia el cumplimiento de las reglas de comportamiento legal, personal y social.

Recuperar la soberanía ciudadana. Chile ha llegado al final de un camino en que las oligarquías políticas, asociadas con algunos detentadores del poder económico, han monopolizado la soberanía ciudadana y en ciertas materias y circunstancias, usan y abusan de su poder, en desmedro de la clase media. Es urgente restablecer -y si es necesario imponer- la solidaridad, la responsabilidad social y ejercer supervisión -correspondiente al principio de subsidiaridad del Estado-  sobre la forma en que ambos grupos realizan sus actividades.

Gestión Económica Chile necesita muchos empresarios, necesita su iniciativa, creatividad, laboriosidad y audacia y creemos que han hecho, y deben seguir haciendo, un aporte fundamental al crecimiento económico nacional.

– Los grandes empresarios han sido beneficiarios de la subsidiariedad y tenido un apoyo sustantivo a sus actividades, por parte del Estado y de la sociedad en su conjunto. Ha llegado la hora de exigirles, en retribución y solidaridad, un aporte económico mayor y que el Estado, como contrapartida a la subsidiariedad que les proporciona, exija su solidaridad, lealtad y compromiso con la pequeñas y medianas empresas, con sus trabajadores y con la ciudadanía y contribuir a la acción mancomunda de todos los emprendedores de Chile.

– El Estado no puede renunciar a ejercer un rol indicativo, y excepcionalmente ejecutivo, de la dirección, estímulo e intensidad del avance en el desarrollo de la infraestructura, los sectores tecnológicos y productivos mas relevantes para la sociedad y la economía, y de exigir la correcta materialización de esas actividades mediante la supervisión y evaluación constante, pública, completa y efectiva de los ciudadanos, empresas e instituciones.

Institucionalidad Política– Durante los últimos decenios, las instituciones políticas, particularmente los partidos políticos y sus representantes en el Congreso, han conformado una oligarquía que ha dejado de representar a los ciudadanos y se ha autonomizado para la satisfacción de sus propios intereses. Ya no es mas aceptable.

– Las condiciones tecnológicas de manejo de la información, de mayor educación de la ciudadanía y de supervisión y control, posiblitan un cambio culitativo de la organización y gestión de las instituciones del estado que devuelva la soberanía a los ciudadanos, que restituya a los representantes políticos a su condición de mandatarios de los primeros y los sustraiga del control de la oligarquías partidarias y de las influencias económicas de particulares.

– Las condiciones salariales, laborales, de privilegios, de prebendas, asignaciones y la incompetencia técnica y deficiente nivel cultural de los parlamentarios se han vuelto intolerables y el sistema parlamentario debe ser sometido a una revisión y cambio profundo.

Seguridad y cumplimiento de la ley. La sociedad chilena es presa de una creciente anomia. En nombre de la democracia y la autonomía personal se está produciendo una creciente desviación de la ciudadanía hacia conductas negativas como el crimen; la delincuencia juvenil; el tráfico de drogas y la drogadicción; la violencia doméstica; la violencia política y social; la ruptura familiar; el suicidio; los desórdenes mentales y el alcoholismo que en definitiva potencian el colapso de la gobernabilidad e impiden una vida social sana, respetuosa y segura.Este es un problema complejo y pluricausal, que nuestro juicio, como se señaló, debe enfrentarse desde tres lados:

– Generar las condiciones y estimular la integración de todas las personas a la vida en sociedad, respetando los márgenes de su libertad y preferencia personales, ejercidos en el marco de las leyes.

– Exigir el cumplimiento de las leyes. En este sentido, en Chile se aplica mas rigor en los pequeños crímenes que en los mayores. En efecto, los delitos económicos, de corrupción, de abuso de poder, de abuso de acceso a información privilegiada, de prácticas monopólicas o de concertación dolosa dañan a mas personas y mas gravemente que otros como robos y hurtos menores. Sin mencionar el grave daño a la cohesión social. La pena de cárcel debe incorporar el castigo según la gravedad social del delito.

– Alcanzar un grado aceptable de seguridad y paz basado en leyes universales, eficaces, aceptadas y respetadas, requiere urgentemente un Poder Judicial de mayor calidad de su personal, tecnológicamente actualizado, imparcial, oportuno e independencia que el actual, lo que implica un proceso de largo aliento, cuyas líneas generales deben ser debatidos en forma urgente y aplicados en forma inexorable. También requiere una atención preferencial por parte del estado.

Actividades antidemocráticas. Para asegurar el libre ejercicio de la democracia y controlar a sus enemigos, debe prohibirse la participación política y sindical de los grupos o personas que promuevan o hagan uso de la violencia para la obtención y uso del poder; que promuevan los conflictos sociales, de clase o laborales, para la conquista y el ejercicio del poder; que intenten atemorizar a grupos o personas en vista a doblegar su libertad y participación. Que atenten, interfieran o traten de debilitar la libre práctica de la religión, sus actividades públicas y sus lugares de culto y de significación. Tampoco podrán participar en partidos, grupos, clubes u otras organizaciones políticas o sociales ni difundir públicamente sus postulados e ideologías. Son medidas de autoprotección democrática que han sido descuidadas con grave daño para la sociedad.

Es hora de pensar con creatividad y realismo