Hace años, la entonces presidente Bachelet, manifestaba pública y festivamente: “Cuando la izquierda sale a la calle, la derecha tiembla”. No causó escándalo alguno. Menos la aseveración del ex presidente Lagos cuando, después de una intensa jornada de piedrazos y bombas incendiarias con la destrucción del mobiliario urbano y diversos bienes públicos, aseguraba “hay que dejar que los cabros se expresen”. La actual izquierda política y la violencia callejera son compañeras de ruta. Argumentan que esa es la respuesta del pueblo a la violencia institucional y armada de la oligarquía. Resta credibilidad a esta defensa el que la usen igual estando en el gobierno y teniendo no solo el uso legítimo de la violencia bajo su control, sino estando a cargo de la seguridad pública y la protección de los derechos de toda la ciudadanía. No se puede ignorar que la violencia callejera ha sido parte sustantiva del arsenal de la argumentación política e ideológica de los liderazgos de la izquierda, que usan y han abusado de ella, para torcer la voluntad de las mayorías y se ha agotado.

En 2013 escribía en este blog: “Desde hace años la derecha política, carente de líderes con peso intelectual y carismático, se debe resignar a seguir a caudillos antropófagos que no respetan a quienes votan por ellos. La derecha económica sigue soñando que tiene poder porque tiene dinero, cuando la verdad es exactamente al revés: tiene dinero porque el Gobierno Militar los proveyó de un ambiente en el cual pudieron enriquecerse, y que cuando heredaron un poder político que no merecían, no lo supieron emplear para el bien de los chilenos y no han sido capaces de conservarlo. Más temprano que tarde el fin de la libertad matará sus negocios”. Ese momento llegó y nada ni nadie podrá evitar que el ambiente actual en que la derecha económica y la derecha política se potencian mutuamente, cambie en forma sustancial.

Paralelamente a esa realidad de base, en la izquierda se desarrolló un duro conflicto entre los que se incorporaron -decentemente o a través de la corrupción- al sistema liberal y los que siguieron tratando de imponer -por idealismo o irrealidad- el régimen revolucionario.

Ninguno de los dos grandes actores políticos e ideológicos -izquierda y derecha-  pudo resolver sus contradicciones internas, las que  se potenciaron con la creciente incomunicación entre la gente común y la elite política institucional, cuya insensibilidad social y ceguera política las mantuvo ensimismadas en su prosperidad económica personal, vanidad, superficialidad e incompetenecia técnica, frecuentemente acompañadas de corrupción transversal.

Lo que había pasado era claro y -ahora lo vemos- evidente: los cambios económicos, políticos y sociales de fines del siglo XX, que dieron origen al sistema de elites y partidos políticos actuales y determinaron sus comportamientos, quedaron obsoletos por los cambios aún más profundos y radicales, que la sociedad chilena está viviendo en el siglo XXI, particularmente la difusión del conocimiento y del acceso a la información, en que las “masas” devinieron en “opinión pública”. La diferenciación social e intelectual entre quienes ejercen el poder y los que no lo tienen, se redujo radicalmente por efecto de la mayor educación general, la difusión del conocimiento político, económico y de gestión, debilitando las bases de la autoridad y la legitimidad de las elites.

El conjunto minoritario de individuos o grupos que aún ocupan las posiciones de autoridad perdieron su influencia y su legitimidad al no poder acreditar características de excelencia moral y técnica que validaran su presunta superioridad ante el pueblo, peor aun, en Chile parecen haber quedado bajo el promedio general de la sociedad. La cohesión interna, capacidad de organización y sistemas de reclutamiento de las elites se desprestigió por su opacidad y exclusión, derivando en la existencia de minorías dominantes que funcionan para la conservación de su poder personal y familiar y para hacer avanzar sus propios intereses.

El esquema de elites pos Gobierno Militar se resolvió en los años 80s y 90s y dio origen a una oligarquía que se apoderó de los partidos políticos y de la representación popular, imponiendo los candidatos, repartiendo los fondos para financiar las campañas, ubicando a sus parientes, amigos y asociados en los cargos claves de la administración pública y coludiéndose con empresarios que financiaron todo el sistema a cambio de acceso a su apoyo para proteger sus intereses y sobre todo, para asegurarse que el control que los políticos debería ejercer sobre sus actividades (subsidiariedad del Estado) para garantizar la salvaguardia del interés nacional y del pueblo, no fuera ejercido. La alta productividad generada por el sistema económico instalado por el Gobierno Militar permitió que la ineficiencia política sobreviviera por un lapso mas allá de lo que merecía, pero llegó a su fin y sus déficits quedaron expuestos.

Esta situación no es una crisis pasajera, es el fin de un sistema de organización social y política que dejó de interpretar la realidad. El escrutinio, la crítica, el cuestionamiento, la participación y sobre todo, la capacidad y voluntad de tener puntos de vista propios, posibles gracias a la combinación de educación, acceso a la información y discusión en redes de miles de personas de diferentes orígenes, intereses y experiencias, algunas calificadas y otras no, sobrepasan largamente la capacidad de los que algunas vez fueron sus “representantes” políticos. La función de intermediación de los políticos entre el pueblo y el gobierno dejó de ser real.

La opinión pública exige nuevos estándares de probidad, calidad, compromiso y transparencia -apoyándose en los nuevos sistemas de información- no puede ser satisfecha por el sistema político oligárquico y de aficionados existente actualmente. La información y los análisis disponibles para el público son más imparciales, realistas y honestos que los que produce y maneja el sistema político.

La guinda de la torta es, sin duda, la colusión obscena entre los políticos y los empresarios, en perjuicio del público. Esta colusión es en realidad una cooptación; una compra o arriendo de lealtades políticas por parte de los intereses económicos. La realidad nos señala que no estamos ante una falla parcial del sistema político, sino ante su obsolescencia, pérdida de legitimidad, comprobada incapacidad técnica y carencia de los valores morales imprescindibles. La esperanza de conseguir que sean ellos mismos –los políticos en ejercicio- quienes modifiquen las características del régimen político -dicten una Nueva Constitución- se reformen y cambien, es solo una ilusión sin fundamento. El cambio será profundo y radical y provendrá desde fuera del sistema.

Mire a su alrededor, lea el diario, escuche la radio y verá que la crisis es real y profunda. El sistema se agotó, necesitamos algo diferente. Es duro decirlo pero no habrá paz ni estabilidad mientras no hagamos una renovación completa y profunda del aparato estatal, del poder legislativo y del poder judicial. Todos ellos obsoletos y carentes de legitimidad y representatividad.

No tiene sentido cambiar la Constitución sin disponer de una Institucionalidad política efectiva. Deberíamos comenzar por su transformación dentro de la actual Constitución e ir haciendo los cambios constitucionales que sean necesarios cuando asi se determine.  

Esta transformación, para que sea real y efectiva debe, creo, ser un proceso, no la sola solución a una crisis. Podemos hacerlo

El año 2009 el Centro de Estudios Públicos publicó un conjunto de ensayos bajo el título “El Chile que Viene. De dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos” en el cual un grupo amplio y diverso de intelectuales de prestigio analizó los elementos que configuraban las distintas respuestas. Su relectura en estos días de crisis lleva a preguntarse ¿cómo fue que no tomamos conciencia ni hicimos nada?. El descrédito de las instituciones republicanas; el desprestigio de la política y los políticos; la desigualdad económica y social; la anomía con la vergüenza de la evasión en el Transantiago; la banalidad y turbiedad de la justicia; la codicia y la colusión entre empresarios y la corrupción de los funcionarios; la falta de un “relato” que uniera a los chilenos en un proyecto común mas allá de ir de vacaciones al Caribe o cambiar el auto; la mala calidad de la educación y la salud para parte importante de la población y el egoísmo llevado a la condición de virtud personal y social.

Me parece que la veloz marcha de la economía cubría todo, el crecimiento adormecía y hacía creer que todos los problemas se resolverían poniéndoles dinero encima, propio o de préstamos. Luego vino el período de los “bonos” que “resolvían” los cuellos de botella estacionales mientras aumentaba el gasto fiscal. No fue suficiente, el endeudamiento llegó al límite, los bajos sueldos ya no pudieron pagar las deudas. Luego las soluciones demagógicas y las mentiras, la frivolidad del Congreso y los políticos, la impudicia de las “dietas” parlamentarias y el broche de oro, el Ejército y Carabinero, dos de las instituciones mas queridas y respetadas cayeron también en horribles delitos de probidad; un Ejecutivo irresoluto y carente de sensibilidad política y social pusieron la lápida. La Iglesia Católica vino a dar la paletada final con sus escándalos de pedofilia y homosexualidad.

El año 2011 “la revolución de los pinguinos”, un período de desórdenes basados en deficiencias reales, estimulados por los políticos de oposición y mal enfrentados por el gobierno, llevaron a un serio descrédito de la autoridad y a la profesionalización de la violencia impune por parte de los menores. En el fondo de la crisis de los pingüinos y luego del Instituto Nacional estaba el rechazo a la excelencia; a la meritocracia; a la valorización del esfuerzo personal; de la selección y la competencia, en beneficio de un igualitarismo demagógico; el ideologismo de muchos de sus profesores y directivos y la existencia creciente de grandes grupos de profesionales egresados de malas universidades que no recibían la retribución económica y social que esperaban de la gran inversión de dinero y sacrificio hechos por sus padres.

Este conflicto recrudeció en el Instituto Nacional y otros colegios públicos tradicionales con tomas, enfrentamientos, con empleo de bombas incendiarias por parte de los alumnos y un despliegue de violencia y de duración no vista en años. Su desarrollo continuó hasta llegar a la instrucción -en las aulas- de terrorismo e insurgencia urbana por parte de terroristas de extrema izquierda, veteranos de la UP y su continuación durante y después del Gobierno Militar. Su larga duración permitió la formación y consolidación de grupos pequeños pero profesionales de jóvenes violentistas que pronto recibieron el aporte de anarquista y terroristas jubilados. Asi comenzó la campaña “evade” para no pagar el uso del Metro que se prolongó por meses en forma crecientemente eficiente y organizada, ante la serena impavidez del gobierno que solo tuvo respuestas parciales e ineficaces.

Asi llegamos al 18 de octubre con el asalto en masa a las estaciones del Metro -cuyos detalles no analizaremos- y que concluyó con el ataque organizado y sistemático extremadamente violento y destructivo a casi todas sus estaciones el Metro y su ampliación en los días siguientes a una amplia variedad de establecimientos comerciales, monumentos, edificios públicos y privados, transporte público incluyendo practicamente todo tipo de objetivos, sin descriminación de ninguna especie, en una orgía de violencia y destrucción dificil de describir.

Esta primera parte de la violencia estuvo protagonizada por grupos diversos, como pandillas narcotraficantes, anarquistas, “barras bravas” pre existentes, estudiantes organizados en otros contextos pero entrenados en el uso de la violencia y de un numeroso lumpen siempre dispuesto a aprovechar cualquier situación de desorden para robar, incendiar y destruir, siempre en completa impunidad.

Entre el 18 y el 25 de octubre, en barrios típicos de clase media, la presencia de personas de esas clases fue incrementándose. Se organizaron principalmente por vecindarios y en forma mas o menos pacífica, de todas maneras muy lejos de los violencia brutal de los vándalos y saqueadores que aun manenían el control total del movimiento, pero sin lograr darle cuerpo ni consistencia.

Este vandalismo inorgánico se prolongó hasta el 25 de octubre, hasta esa fecha se apreció la presencia de líderes espontáneos en la escena, pero no de dirigentes de nivel estratégico o político, que existieron, pero se mantuvieron actuando activamente en la dirección a distancia -wasap, twiter, teléfono-. Como se señaló, tampoco hubo presencia masiva de ciudadanos de clase media.

La marcha multitudinaria del día 25, convocada en varias ciudades del país, fue cualitativamente muy diferente a lo acontecido hasta ese momento: grupos familiares, pacíficos, de clase media, con peticiones concretas y razonables, sin distintivos partidarios de ninguna clase y con comportamento ciudadano. Hubo intentos de radicalizar la situación y aparecieron algunos (muy pocos) personajes de la política, fueron rechazados y marginados a veces en forma enérgica. Los manifestantes se retiraron ordenada y pacificamente.

Se puede decir que esta fue la expresión ciudadana más nítida y clara del disgusto y frustración de un inmenso grupo de personas que quería cambios y correcciones a lo existente pero que no intentaba hacer una revolución, destruir al Estado ni derribar al Gobierno. Todo esto transcurría ante la parálisis del gobierno y la ausencia de los parlamentarios que no atinaban a nada que no fuera ocultarse.

Tras estas protestas, diversas figuras del gobierno manifestaron por redes sociales su apoyo a los manifestantes, incluyendo al presidente que se refirieron a la multitudinaria marcha como «transversal» y «sin colores políticos. Pero no tuvieron la visión ni la habilidad para asumir el liderazgo de la situación.

En los días siguientes la participación de esta categoría de ciudadanos fue decreciendo, yo diría que principalmente por la tensión que fue generándose entre su interés por los cambios en las políticas en aplicación por parte del gobierno y su necesidad de proteger sus casas, negocios y barrios del ataque y destrucción por parte de los vándalos. Asi, desaparecieron de la escena y el protagonismo volvió a los vándalos ahora con el aplauso de los parlamentarios ya resucitados de su miedo y la simpatía subrepticia de los que apuestan a jugar a ambos opciones a la vez -la democracia y el golpe de estado-. Los intereses concretos de mejoras a las políticas de salud, pensiones, transporte, sueldos, corrupción y abuso del parlamente, desaparecieron y apareció un interés tipicamente político: Cambio de la Constitución. El gobierno por su parte lanzó una Agenda Social desabrida, sin alma y sin energía, por cumplir se podría decir.

De aquí en más, la protesta quedó en manos de pandillas de vándalos más o menos coordinadas entre si, apoyados por el Partido Comunista, elementos del Frente Amplio, anarquistas, feministas, grupos homosexuales, odiosos de la religión y lumpen político diverso, que fue decreciendo en número, incrementándose en violencia y girando su objetivo hacia el derrocamiento del gobierno y el reemplazo de la Constitución, objetivos ambos muy alejados de la masa que se manifestó el día 25 de octubre y siguientes y muy representativos de los intereses de los partidos políticos de izquierda y sus representantes en el Congreso, que adquirieron gran protagonismo mediático.

En esa situación estamos. El Congreso y todo el aparataje político partidista concentrado en cambiar la Constitución para adquirir poder en desmedro del Ejecutivo y “correr la cerca hacia el socialismo”, el Ejecutivo tratando de pasar desapercibido y el Poder Judicial obstruyendo el castigo a los delincuentes y facilitando el vandalismo. El juego politiquero se ha restablecido, los problemas reales avanzan a paso de funeral en busca de soluciones que solo postergan las demandas de la clase media, sin solucionar nada.

En abril será el plebiscito para decidir si habrá o no nueva constitución, será la última oportunidad para que la clase media se haga escuchar y meta al Estado en cintura -a los tres Poderes- de nos ser así iniciaremos un desastroso peregrinar de dos años de destrucción de la economía, de “agudización de las contradicciones” y demolición de lo logrado en 46 años de esfuerzo y sacrificio.

Las FFAA se mantiene al margen, como deben hacerlo los guardadores de la última esperanza de la Patria.

Así como la actual Constitución fue descalificada por la izquierda como la Constitución “de Pinochet”, ahora estamos frente al intento de imponer a la carrera una Constitución para “La Pobreza Socialista” que, seguramente, será más divisiva y rechazada que la primera.

A partir del 18 de Octubre nos hemos enfrentado a un monstruo que ha ido mutando según han ido interactuando el golpismo comunista con la incompetencia presidencial.

La estrategia subversiva es conocida y ha sido aplicada al pie de la letra en Chile por el Partido Comunista (PC), pero no es éste el momento para analizarla. Por ahora veamos sólo su accionar político.

Fase I.- Inicialmente la estrategia, establecida en la planificación política del PC para enfrentar a este gobierno, aspiraba a derrocar al presidente Piñera y a partir de esa crisis, maniobrar para revertir la derrota que la derecha le propinó en las elecciones presidenciales de 2017. El PC y la extrema izquierda enfrentaban una situación terminal, en que toda su ideología y sus principales lideres regionales entraban en una fase de derrota permanente y final, de la mano del socialismo del siglo XXI y del Grupo de Sao Paulo.

Esta estrategia se encaramó sobre la incapacidad del Gobierno para detener y controlar los disturbios violentos, recurrentes y sistemáticos principalmente en el Instituto Nacional, donde se conformó un núcleo duro de terroristas encuadrado por apoyo externo del partido y por anarquistas. Ese punto de partida, reforzado por expertos, fue la base del ataque organizado al Metro de Santiago. Desde ahí en más, vino la seguidilla de errores del Gobierno.

El éxito del PC en esta fase de la batalla los llevó a ampliar su objetivo al máximo deseable: la caída del gobierno y el cambio de la Constitución y eventualmente la captura del poder a mediano plazo, siempre con la simpatía disimulada de la izquierda institucional.

No ha habido estallido social ni manifestación pacífica de demandas, ha habido violencia urbana organizada y diversificada llevada al extremo. El PC actuó con maestría y fue enfrentada con incompetencia y temor hasta ganar el control de los espacios públicos. Se engañó a la derecha y a la ciudadanía haciéndola creer que Chile se manifestaba contra un modo de vida social.

Fase II.- La mezcla de cuadros comunistas nacionales y apoyos extranjeros; narcotraficantes; anarquistas; delincuentes comunes, lumpen y barras bravas, fue muy eficaz en la primera fase de la batalla, pero el abandono de la participación por parte de la clase media “emergente” fue degradando el terrorismo, hasta llegar a ser objeto del rechazo de la población, sin haber logrado la caída de Piñera. La “izquierda institucional”, presa del pánico, está siendo arrastrada a una condición de irrelevancia e ilegitimidad que, a mediano plazo, amenaza su propia existencia. No hubo intervención militar, no hubo incorporación de la clase media emergente a la revolución. La derecha y el gobierno sobrevivieron a la paliza inicial y comienzan a levantar cabeza de la mano de la opinión pública. Debilitada, con muchos tránsfugas que apostaron mal sus fichas y con oportunistas a la espera de determinar a cuál bando aproximarse. Nada nuevo en tiempos de crisis.

Fase III.- Ahora se lucha la batalla final: la Constitución y la última oportunidad de la izquierda institucional para salir con dignidad del embrollo en que se metió, y del PC y sus terroristas para imponer su dictadura chavista revolucionaria o al menos zafar con éxito y sobrevivir.

En este momento la lucha se está dando entre la “izquierda terrorista” que trata de continuar la via violenta y la “izquierda institucional” tratando de llevar la negociación de la crisis al Congreso y situarla en torno al cambio de la Constitución para imponer sus políticas socialistas. La parte más tibia de la derecha política sigue tratando de negociar, contra la voluntad de las organizaciones ciudadanas furiosas y en crecimiento. El Gobierno sigue como espectador.

Un escenario de esta batalla es el Estado, es decir, el Congreso, el Poder Judicial y el Gobierno. Otro son los medios de comunicaciones, con centro de gravedad en la televisión y las redes sociales. Existe un tercer elemento que ya parece más o menos resuelto: la eventual renuncia o destitución de Piñera.  La crisis económica que se aproxima será intensa y aguda a partir de estas fechas y por lo menos hasta fines del año 2020. Esta situación sería desastrosa para la izquierda institucional si se encontrara en el Gobierno. Tan conscientes están de ello que su estrategia se ha desplazado hacia el apoyo al gobierno para establecer el control del terrorismo callejero y social. A la derecha tampoco le conviene la caída de Piñera, menos a la ciudadanía. Podemos pensar que este escenario es poco probable, pese a los esfuerzos del Presidente y su entorno.

1.- Los medios de comunicaciones están siendo peleados activamente. La derecha le ha perdido la distancia a las redes sociales y ha incrementado su presencia y actividad. Gracias a su mayor educación y recursos intelectuales ha establecido una presencia sólida. La televisión, principalmente sus “rostros” están comenzado a marchar en reversa y a prepararse para los inevitables cambios que vendrán. Su rol ha sido funcional a la embestida del PC y sus dueños y controladores parecen haberse equivocado de caballo al iniciarse la carrera.

2- El Estado es el factor crítico. Como se sabe, el campo de batalla se ha instalado en el Congreso, con lo que el PC ha quedado excluido. En esta instancia los congresales de izquierda buscan alcanzar dos objetivos, mantener al Congreso como instancia útil y válida -para mantener su poder e ingresos- e imponer una Constitución que recoja sus preferencias socialistas. Los de derecha, buscan darle vida a la institución y tratar de debilitar la ofensiva socialista. Los intereses, preferencia y deseos de la ciudadanía no son actores ni son factores significativos que afecten al problema. No interesan a ninguno de los dos bandos partidistas.

3- El Congreso es parte del problema no de su solución: sobredotado en número; sobre pagado; técnicamente incompetente; corrupto; con miembros de baja calidad moral e intelectual; muchos de ellos envueltos en diversos negociados, corruptelas y máquinas de poder que han explotado al país por muchos años en forma obscena. Sufren de un desprestigio profundo que se refleja en su muy baja aprobación ciudadana, no representan a sus electores, los desconocen y nunca se han aproximado a ellos desde su elección.  Muchos de ellos -algunos muy locuaces y de alta exposición pública- han llegados a sus cargos con votaciones irrisorias y despreciables.

¿Podría un Congreso de esta calaña producir una Constitución válida, legítima, aceptable, eficaz?. No parece posible. Peor, la mala noticia para la izquierda revolucionaria del PC es que esto se manejará como una “cocina” que ya está funcionando y en la cual ellos no estarán presentes y “los independientes” no serán tales sino que miembros de la misma trenza de los políticos institucionales del Congreso.

Parece evidente que una reforma profunda del Congreso es imprescindible antes de comenzar a tratar el asunto Constitucional: reducir sustancialmente el número de sus miembros; eliminar sus prebendas; exigir calidad técnica mínima; una calidad moral comprobada -por lo menos que no hayan delincuentes- y que efectivamente representen el sentir de sus electores, y en este momento histórico, principalmente frente al cambio Constitucional que se propone, ninguno de ellos representa nada.

No tiene nigún sentido continuar con los afanes negociadores en un lugar, una institución, sin legitimidad, prestigio ni autoridad. Son parte del problema.

El Ejecutivo y el Poder Judicial El Gobierno tampoco representa a nadie. Elegido para llevar a cabo un programa, está haciendo lo opuesto, su incompetencia ya nadie la discute, mejor que administre al pais lo mejor que pueda mientras se renueva el Congreso y el Poder Judicial, respecto al cual no es mucho lo que hay que decir para demostrar que no vale nada. Nunca ni un solo Fiscal se ha hecho presente en los miles de robos, asaltos, pillajes, ataques con bombas, incendios y toda suerte de crímenes, para intentar determinar la identidad de sus hechores, una Poder Judicial que a un mes del inicio de los atentados y crímenes terroristas un no investiga nada que ayude a detener la criminalidad rampante que asola al país. La dupla Congreso – Poder Judicial han hecho de la justicia un mal chiste, una broma pesada, en que los inocentes son olvidados y a veces castigados y los culpables circulan impunemente por las calles y pasillo de instituciones “respetables”.

El estado Chileno, en pleno, es incapaz de proponer a la ciudadanía una Constitución aceptable, eficaz y duradera. No es capaz de producir un documento legítimo, representativo ni creíble. Lo único aceptable es que no interfiera en su renovación completa y total a la brevedad y despeje el camino para que personas intelectual y moralmente idóneas se hagan cargo de un proceso constitucional serio y digno de un pais como Chile, que culmine con su aprobación bajo otro Presidente de la República.

El actual Estado de Chile solo podría proponer una“CONSTITUCIÓN PARA LA POBREZA SOCIALISTA”.

29 de Noviembre de 2019

Carlos Peña en una columna bajo este mismo titulo, publicada el día 24 de noviembre, hace una dura crítica a los Comandantes en Jefe de las tres instituciones armadas, que hicieron pública una respuesta al informe de Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos en el control de los actos incendiarios, de terror y destrucción perpetrados este mes en la cual esa organización denuncia una violación generalizada de dichos derechos por parte de las FFAA y de Carabineros de Chile.

Peña parece analizar toda esta situación desde una óptica ideal, normal y rutinaria. La realidad vivida por todos los chilenos nos muestra una situación completamente alejada de ello.

Tenemos un Ejecutivo que ha demostrado un lamentable retraso e impresición en la toma de decisiones y una conducta dificil de entender al invitar a una organización claramente antagónica con sus ideas y responsabilidades políticas para evaluar el comportamiento de las FFAA y Carabineros en esta lamentable coyuntura.

Amnistía Internacional, por su parte, en un momento de descanso de sus importantes tareas, permite que sus funcionarios jueguen a que cada impacto que alguno de ellos da a la bola de papel con la que se divierten, lleva consigo la muerte de un “fascista”. Esta conducta aberrante confirma su falta de idoneidad e impacialidad.

No voy a analizar una a una las aseveraciones de Amnistía Internacional ni la interpretación que Peña hace de ellas, lamentablemente, en el ambiente emocional en que los chilenos nos desenvolvemos, sería inconducente.

Me limitaré a comentar, brevemente, la aseveración de Peña, sic: “Las Fuerzas Armadas (además de revelar una mala comprensión de lo que

los derechos humanos significan en un Estado democrático y constitucional) viene a confirmar un aspecto de su cultura que se ha venido manifestando hace ya bastante tiempo: el corporativismo, la idea, extendida poco a poco entre sus miembros, que ellos conforman un cuerpo con intereses propios distintos a los del resto del Estado, intereses que ellos serían los mejor capacitados para juzgar. Esa cultura resulta incompatible con la subordinación que deben al poder civil que es, mal que les pese, el único autorizado para deliberar si acaso el comportamiento que han tenido durante todo este tiempo es o no correcto, si se ajusta o no a lo que el mismo poder civil dispuso”. Fin de la cita.

Las afirmaciones de Peña son intepretativos de una situación y creencias presuntamente existentes en las FFAA que él supone o imagina, o mejor, que reflejan sus prejuicios arraigados en situaciones históricas mucho más complejas y antiguas.

Como es también de público conocimiento las instrucciones y directivas del Gobierno -de éste y de todos los anteriores-  son, normalmente, confusas, indefinidas y pobres. Tanto es así que en 30 años de democracia, ningún gobierno ha sido capaz de producir una Política de Defensa que dé directivas de la forma en que las FFAA deben cumplir sus misiones. La función adivinatoria e intuitiva de las FFAA ha sido puesta a prueba diariamente 10.950 veces en este lapso. El que las FFAA deban actuar en “subsidio” (palabra maldita) de la incompetencia de sucesivos gobiernos democráticos y constitucionales es una realidad, le “guste a Peña o nó” como dice al referirse a las FFAA. Eso explica esa anomia que Peña califica de “corporativismo”.

Respecto a derechos humanos me limitaré a pedirle a Peña que en una próxima columna despeje un problema que hoy inquieta a los militares, el tema de los causantes de las violaciones de derechos humanos, y a través de ello, la cuestión de la naturaleza misma de estos derechos. ¿Los derechos humanos, por su concepto intrínseco, son vinculados exclusivamente a la acción de los Estados? ¿O son, al contrario, algo que está amenazado por distintos actores sociales, ante todo por los grupos alzados en armas o terroristas?

Atentamente

Carta enviada a El Mercurio de Santiago el día 23 de Noviembre.

La dramática experiencia chilena en el gobierno de la Unidad Popular con su orgía de estatizaciones y destrucción del sistema productivo nacional, en su intento por construir una economía estatal, dejó una profunda huella y el Gobierno Militar acogió una alternativa radicalmente opuesta, basada en el ”principio de subsidiariedad” que, en su definición más amplia, dispone que “los asuntos deben ser resueltos por la autoridad -normativa, política o económica- más próxima al objeto del problema”, dentro de una política económica de libre comercio, internacionalización y propiedad privada.

Este es uno de los principios sobre los que se sustenta la Unión Europea (Tratado de Maastricht” de 7 de febrero de 1992) y tiene sus raíces teóricas en la doctrina social de la Iglesia Católica, según la cual es el principio en virtud del cual el Estado entra en acción cuando los particulares no realizan adecuadamente una función social fundamental, sea por imposibilidad o cualquier otra razón. Al mismo tiempo, este principio demanda al Estado que se abstenga de intervenir allí donde los grupos o asociaciones más pequeñas pueden bastarse por sí mismas en sus respectivos ámbitos.

Los sectores de izquierda reaccionan fuertemente en contra del Estado-subsidiario que asocian con un Estado prescindente o pasivo, que ha permitido y favorecido un sistema económico neoliberal que -en su opinión- ha significado desigualdad, abusos e injusticia social.

Existe una ámbito de superposición entre ambas miradas que reconocen en la política económica liberal algo positivo en que ella ha traído criterios de eficiencia, tanto en la operación de empresas privadas como públicas; la apertura a la competencia externa y el uso extensivo de los mercados. Expresado de otro modo, lo que ha surgido es un reconocimiento de que la intervención excesiva, generalizada y con criterios poco claros del Estado en la economia, produce ineficiencias innecesarias y no logra necesariamente, los objetivos que se propone.

Lo que falta, sin embargo, es acordar si es que la acción del Estado es imprescindible para conseguir una distribucion más justa del ingreso y una inversión suficiente para alcanzar un crecimiento económico más elevado.

La izquierda sostiene que la historia económica reciente de Chile ha demostrado de manera fehaciente que esas tareas no las lleva a cabo el mercado. Por el contrario, con un Estado pasivo se agrandan las desigualdades y se frena el crecimiento.

¿Cómo puede actuar las persona que sienten que la calidad, precio y condiciones en que se le presta un determinado servicio fundamental para sus vidas no es adecuada o simplemente las deja afuera?.

Como el responsable principal – el Estado- no puede transferir su responsabilidad al responsable subsidiario -el Privado-, el Ciudadano debería reclamar la intervención del Estado y éste debería tomar acción. Y aqui enfrentamos el primer problema: En la vida real, en diversas ocasiones, el Estado es requerido de subsidiar, hacerse cargo del faltante o directamente tomar a su cargo la prestación del servicio que la ciudadanía percibe como insuficiente o inalcanzable.

Esto es lo que sucede, por ejemplo, con los reclamos de las personas frente al sistema de Pensiones (AFPs); Salud; (Isapre y Fonasa); Delitos de colusión, soborno y cohecho dentro del Estado o entre privados; Medicamentos (Precios y marcas); Transporte Público; Tarifas de servicios (sanitarios, agua, energía electrica, gas, combustibles) que se convierten en problemas políticos en que el Estado es el actor final. ¿Debe intervenir y hacerse cargo?, ¿Cuánto puede postergar la solución del problema?, ¿Puede comenzar el desmantelamiento del Principio de Subsidiariedad?

¿Qué pasó en Chile?. Durante muchas administraciones pos Gobierno Militar, años en que la economía se consolidaba y beneficiaba a mas y mas personas, los sucesivos gobiernos de la Concertación se fueron adaptando a una política económica que rechazaban ideológicamente, pero que practicaban con alegría. Aun así, hubo que corregir problemas como introducir elementos de regulación en el mercado cambiario, fijación de tarifas en los servicios constitutivos de monopolios naturales, regulación parcial de los mercados financieros y otros.

Pero también se hicieron presentes otros problema que no fueron resueltos, desajuste entre los ingresos de los trabajadores y los precios de los servicios (salud, educación, vivienda, pensiones), incapacidad del pais de salir del modelo de exportaciones primarias, y lo mas importante y corrosivo, la creciente corruptela en la asociación político – empresarial.

En efecto, los administradores políticos del estado, partidos políticos, operadores, familiares, miembros de los partidos de gobierno, dirigentes sindicales fueron apoderándose de parcelas mas y mas grandes del Estado, del Poder Judicial y del Poder Legislativo en un lado de la cancha, mientra en el otro se ubicaron grandes empresarios, comerciantes, financistas, bancos, exportadores, en que ambos grupos conformaron una red compacta de prebendas y protecciones, todo esto a la vista e impaciencia de la ciudadanía que veía como el tiempo, energía y recursos de esas instancias se empleaban en la promoción de sus propios intereses y dejaba completamente abandonados sus deberes complementarios entre “El Responsable Principal” y el “Resposable Subsidiario”.

Puedo concluir que mas que borrar la Constitución completa, podemos corregir la parte que no se aplicó (la supervisión de la aplicación de la subsidiaridad) y reemprender la marcha. No falló el principio, falló la acción del estado para exigir, supervisar y hacerse cargo de las limitaciones que no permitían una fluída vida en común.

La subsidiaridad no es compatible con un estado masivo, incompetente, corrupto o pasivo, por el contrario exige agilidad, atención, iniciativa, calidad, rapidez y sobre todo horadez y estricto e invariable cumplimiento de las leyes.

16 de noviembre de 2019