La responsabilidad de las autoridades

Las palabras del Comandante en Jefe de la Armada en su discurso del 21 de mayo recién pasado, constituyeron una noticia de primera magnitud. Su declaración de asunción de responsabilidades produjo un impacto social significativo, y no podía ser de otra manera en un país en que las autoridades de todo tipo hacen las contorsiones más increíbles para eludir cualquier asomo de responsabilidad que pudiera afectarlas.

No podía dejar de ser un notición que alguien voluntariamente y sin ser requerido por nadie se hiciera cargo de lo suyo.

Lo más curioso es que el Almirante no dijo nada nuevo ni sorprendente. A solo tres días del maremoto, cuando todas las autoridades gubernamentales se daban de codazos para arrancar y buscaban por cielo y tierra como sacar las castañas del fuego con la mano de cualquier gato, el Almirante fue el primero que planteó la eventual responsabilidad de un organismo de la Armada, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, debido a la prestación de una asesoría dubitativa a la Onemi, organismo nacional encargado de las alertas, alarmas y control ante catástrofes.

La interpretación de lo dicho por el Almirante es también muy decidora de la impericia lectora de los chilenos, incluyendo a los abogados señores Raúl Meza y Alfredo Morgado y al Honorable Senador señor Jorge Pizarro, y de la escasa capacidad analítica de la prensa nacional.

Dijo textualmente: “Como Comandante en Jefe de la Armada, he tomado las decisiones que a mi saber y entender eran las mejores para recuperar al Personal Naval, a nuestro material, apoyar a la ciudadanía, reconstruir la infraestructura dañada y recuperar el aprecio y respeto de quienes nos juzgaron antes de escucharnos. Toda la responsabilidad es mía y me siento en paz. He dado mi batalla y he luchado sin descanso ni mezquindades por lo que he creído correcto y necesario”.

Con todo respeto, pero me parece que lo dicho lo podría entender hasta un lector de PSU de 100 puntos. ¿Cómo el Almirante podría hacer un “mea culpa” –arrepentirse- de haber tomado las mejores decisiones para recuperar al personal, el material y la infraestructura dañada?. ¿Qué querían?, ¿qué trabajara a media fuerza?, ¿Qué tomara las peores decisiones posibles?, ¿que no asumiera la responsabilidad de recuperar a la Armada?. Dos presidentes confiaron en él y avalaron su desempeño en la conducción de la Armada: recuerden que lo designó Bachelet y lo confirmó Piñera.

Parece haber algo fundamentalmente erróneo en la interacción de nuestra dupla prensa – lectores.

Muchos periodistas leen mal, escriben peor y su lógica parece ser la de determinar qué es lo que acarrea más agua para el molino ideológico de la preferencia del medio o suya, para luego reconfigurar los dichos y los hechos de las personas para apoyar las conveniencias electoreras de su candidato, candidata o lote preferido.

Cuando se nombra a una persona para desempeñar un cargo de gobierno, directivo o administrativo se espera que trate de optimizar el rendimiento de los recursos que se le asignan; que planifique el funcionamiento de la organización a su cargo; que nombre personas idóneas en los puestos de mando intermedio; que identifique las deficiencias y anomalías funcionales de la organización, y que se haga cargo de las consecuencias que las omisiones, obras, expresiones y sentimientos de la organización a su cargo generan en las personas, el entorno, la vida de los demás y los recursos asignados al cargo conferido.

La responsabilidad es un valor que está en la conciencia de la persona, que le permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos, siempre en el plano de lo moral. Una vez que se pasa a la puesta en práctica, entramos al plano ético y jurídico donde las responsabilidades son individuales y específicas y están dadas por leyes y reglamentos.

¿Qué tiene entonces de raro que a tres días del maremoto el Almirante haya planteado que la Armada, la institución a su cargo, y que él como su Comandante en Jefe, tenían una responsabilidad MORAL, general, por cualquier error u omisión en el cumplimiento de los cometidos de todos y cada uno de los integrantes de la Armada, los cuales, en su debido tiempo y lugar podrían también tener que asumir responsabilidades personales, particulares, en los planos éticos y jurídicos?.

Todo esto no es tan difícil de entender, cualquier columnista, de cualquier periódico, de cualquier país civilizado del mundo, lo entendería completamente y así se lo plantearía a sus lectores. Excepto en nuestro pobre país.

Mirémoslo desde la otra punta. Desde la de las autoridades.

El 12 de marzo del 2002 mediante el Decreto N°156, firmado por Ricardo Lagos Escobar como Presidente de la República; José Miguel Insulza como Ministro del Interior y Michelle Bachelet como Ministro de Defensa, fue aprobado el Plan Nacional de Protección del Ministerio del Interior. El primer artículo del Decreto dispone taxativamente que todos los organismos “dependientes o relacionados con el Estado y las empresas del Estado, conformarán su acción a las directrices indicativas que se imparten en el plan aprobado y darán estricto cumplimiento a las tareas que a ellos se les asignan”, con lo cual todas las acciones quedan supeditadas a la disposición o autorización desde el puesto de mando central: la Onemi.

El artículo tercero establece que “El Ministerio del Interior adoptará las medidas tendientes a obtener la integral y oportuna aplicación del Plan Nacional de Protección Civil, mediante la coordinación que, conforme a su Ley Orgánica, corresponde ejecutar a la Oficina Nacional de Emergencia”. Clarito.

Por su parte, el dictamen de la Contraloría Nº 42.822, emitido el año 2008, prohibió taxativamente a las FFAA intervenir en todo asunto que involucrara a civiles, sin orden previa del gobierno.

Como si fuera poco, mediante el Decreto Exento N° 369 del 25 de Febrero del 2010, bajo las firmas de los Ministros Vidal y Pérez Yoma, se acordó “un sistema” para la colaboración de las FFAA en caso de desastres, verdaderamente increíble por lo absurdo y estúpido: “Ocurrido un evento, su validación deberá ser verificada por los Directores Regionales de la Onemi en coordinación con los estamentos técnicos definidos para estos efectos en el Plan Nacional de Protección Civil. Efectuado el respectivo análisis y la determinación de requerimientos en terreno por las autoridades pertinentes, previa aprobación de la Dirección Nacional de la Onemi se efectuarán los requerimientos necesarios al Estado Mayor de la Defensa Nacional para que éste organismo coordine su traslado”. Con esto se dejaba fuera del “sistema” a los Comandantes en Jefe Institucionales y a las instituciones como sistema orgánico y se les impedía actuar. ¿Con que cara los políticos de oposición reclaman por la falta de participación de la Armada en las primeras hora de la catástrofe si su propio gobierno la había marginado expresamente?.

Se puede apreciar entonces que los Ministros de Estado de Interior y Defensa, de la exclusiva confianza de la entonces Presidente República, como encargados de materializar con sus acciones las políticas de gobierno, hicieron un muy mal plan -un plan absurdo- para el control de catástrofes y centralizaron las decisiones, los recursos y la información en un ente, la ONEMI, a la cual no proveyeron de la infraestructura, medios, autoridad ni personal de mando de la calidad requerida.

Las FFAA, para hacer cualquier cosa requerían la previa evaluación, coordinación y aprobación de la jefatura de la Onemi que la noche del maremoto la Onemi, a la cabeza de la cual se encontraba la Presidente acompañada del Ministro del Interior y de Defensa, vagaba en las nubes de la indecisión; desconectados del planeta, a la “espera del piloto”; sin leer sus propias instrucciones escritas en la muralla de la Onemi: “con terremoto sobre grado 7 hay que decretar alerta y alarma general” y como dijo Bitar, tratando de evitar a cualquier precio “entregar el gobierno con las FFAA en las calles”.

Es evidente que la cúpula de gobierno falló lamentablemente en el cumplimiento de sus funciones específicas y sus integrantes no solo tienen responsabilidad moral -que nadie en su sano juicio podría desconocer- sino que tienen responsabilidad ética y jurídica, ya que se trata de tareas específicas de sus cargos y propias de ellos y de nadie más, y deben asumirlas.

Pero ninguno (a) se hace cargo de ello, ni siquiera de su obvia responsabilidad moral que no hay por donde dejar de reconocer. Mientras simultáneamente y sin ni una sola crítica del periodismo profesional, ellos y sus adláteres, se escandalizan e intentan echar barro al Almirante, por ser el único que lo ha hecho. El mundo al revés.

¡Qué decir del increíble “olvido” mediático de las responsabilidades de la ex presidente Michelle Bachelet, al no disponer el empleo de las fuerza militar para controlar los saqueos y desmanes de turbas descontroladas que asolaban la zona damnificada. ¿No es eso denegación de auxilio a la ciudadanía, una responsabilidad directa y personal de esa autoridad?. ¿Por qué esta omisión no extraña a nadie?, ¿En dónde está el periodismo imparcial e independiente?, ¿Qué pasa en Chile?¿Es que la libertad de prensa es solo una fachada para permitir que los medios y profesionales correspondientes distorsionen, mientan, oculten y manipulen la verdad?

Pero esto no es nuevo, es una práctica nacional consolidada.

En el desastre de Antuco: en cualquier parte del mundo hubiera sido el Ministro de Defensa quien hubiera estado ahí, frente a la opinión pública dando la cara. El de Chile no estuvo, desapareció. El responsable gubernamental de la dirección de la defensa: escondido.

El 27 de Febrero del 2010, el Ministro de Defensa, parado entre los críticos de las instituciones de la defensa. Francisco Vidal, el líder político de la defensa, el encargado y responsable de gobierno del funcionamiento de la misma, mediante una pirueta impúdica intenta quedar parado entre los jueces y castigadores.

En este esquema mental es poco probable que la actitud del Almirante sea comprendida ya que esta es la confirmación de dos Chiles que coexisten: uno con valores concretos y otro relativista y adaptativo.