El Consejo ¿de Defensa del Estado?

Dentro de lo que la prensa bautizó como “caso fragatas” ocurrió una grave vulneración a la seguridad nacional al publicarse, por parte de un medio electrónico, la totalidad de un documento clasificado por la Armada como secreto. Estos incluían contratos de adquisición de municiones y modificaciones estructurales para el empleo de helicópteros de combate y su armamento, así como otros delicados elementos. Nos cuesta pensar en algo más reservado para la función primordial de la Armada que las armas de combate de sus buques.

Mediante el Oficio Secreto N° 4561/3079 del 25 de Junio de 2012, el Comandante en Jefe de la Armada respondió una solicitud del Ministro de Fuero Manuel Antonio Valderrama Rebolledo y el Fiscal Metropolitano Oriente Carlos Gajardo, pidiendo  al Ministro de Defensa amplia información del proceso de adquisición de los buques y materiales conexos respecto a la cual la Armada solicitó “tener presente lo señalado en el Código de Justicia Militar, el Código de Procedimiento Penal y el Código Procesal Penal en cuanto a evitar la divulgación de la información durante la investigación y substanciación del eventual proceso y que al término de éste, los antecedentes sean devueltos a la Armada”.

Dicho documento permaneció un tiempo prolongado en la página del periódico electrónico el cual luego la retiró, reponiéndola el martes recién pasado.

El documento se encuentra en http://www.theclinic.cl/2013/06/11/el-fracaso-del-presidente-del-cde-para-reabrir-investigacion-sobre-filtracion-de-documentos-de-la-armada/ y de su lectura queda claro que se trata de información en extremo sensible para la defensa nacional. Llama la atención la aseveración del medio electrónico en cuanto a que “un informe de la PDI descartaba cualquier afectación a la seguridad nacional”, lo que daría pie al abandono de la investigación y cierre del caso. Esta última afirmación, de ser cierta, permite preguntarse cuáles son los criterios que emplea la PDI que difieren en forma tan frontal respecto a lo que asegura la Armada, sobre todo tratándose de material e información más del ámbito de esa institución que del quehacer de la PDI.

La columna del medio electrónico viene acompañada de una foto a color, de buenas dimensiones, mostrando a Sergio Urrejola, Presidente del Comité Penal del Consejo del Estado, no dejando ninguna respecto a quien es el “naif” al que la columna se refiere.

¿Qué es lo que lo hace a Urrejola acreedor a esta descalificación?

El periódico lo explica con meridiana claridad: “El jueves de la semana pasada todos los abogados del Consejo de Defensa del Estado (CDE) que concurrieron a dar cuenta de sus causas al Comité Penal, debieron abandonar la sesión a poco andar. Se iniciaba así una exposición “reservada” en la que un profesional del organismo reveló una instrucción perentoria enviada por el presidente Sergio Urrejola para que se presentara una querella criminal en una causa que lleva la Fiscalía Centro Norte”. “La discusión interna en el Comité Penal donde estuvo el presidente de la instancia Eduardo Urrejola, su colega Daniel Martorell, la procuradora fiscal Irma Soto y la jefa de Defensa Judicial María Teresa Muñoz, no fue sencilla, porque la orden de Urrejola buscaba a toda costa la presentación de un libelo criminal. –para investigar la filtración de la información secreta y determinar los responsables de la misma”-. “Sin embargo, Urrejola perdió: el Comité Penal, resolvió auscultar un poco más los antecedentes, porque hasta ahora no se establecía con claridad cómo podía haberse afectado la seguridad nacional con la publicación”

Al respecto es necesario recordar que de acuerdo a la ley, dentro de las 24 horas de haberse producido la publicación de estos documentos, y mediante ella, de haberse producido un eventual delito, las autoridades afectadas debieron haber interpuestos las denuncias correspondientes. En efecto, sea el Fiscal de la Zona Oriente o el Ministro de Defensa Andrés Allamand debieron haber procedido en la forma señalada. Aparentemente -algunos días después- sólo el Comandante en Jefe de la Armada lo habría hecho. Obviamente las 24 horas han pasado en exceso, pero más vale tarde que nunca.

 

¿Dónde estaba lo naif de la instrucción del Presidente Urrejola?. También el medio es claro: “Hipotéticamente, si el CDE se hubiera querellado en este caso y la fiscalía reabierto la causa, una serie de funcionarios habrían tenido que desfilar por el Ministerio Público Centro Norte, ya que serían sospechosos de la filtración. Los primeros, por cierto serían los fiscales oriente que llevan el caso fragatas Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, porque tuvieron acceso al documento. Le seguirían los intervinientes del CDE, los abogados defensores, los detectives que indagaron el caso, empleados del Ministerio de Defensa, la Marina, los miembros del Comité Penal, entre otros, ya que la copia “1 de 1” del documento quedó publicada en The Clinic Online. Todo lo cual aparentemente al medio le resulta intolerable. Al respecto hay que recordar que los “desfiles” de marinos y policías por los tribunales han llegado a ser de normal ocurrencia y generalmente precedidos de abundante especulación periodística, difamación de los afectados y siempre acompañados de gran publicidad, lo nuevo sería en este caso, que tales medidas alcanzaran a los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena; a los intervinientes del CDE; a los abogados defensores, y a los miembros del Comité Penal del Consejo de Defensa del Estado, que aparentemente se encontrarían en un estatus diferente al del resto de los chilenos, que los pondría fuera del alcance del estado de derecho imperante en nuestro país.

La pretensión de Urrejola no parece nada de naif, por el contrario, muestra a un funcionario que, aunque en forma tardía, pretende hacer que se cumpla la ley e impere el Estado de Derecho sin priorizar la defensa de los intereses corporativos de los demás miembros del Comité Penal.

Los resultados de esta situación mostrarán empíricamente y sin lugar a ambigüedades hasta donde el Consejo de Defensa del Estado es capaz de ejercer sus funciones cuando los dardos llegan hasta las puertas de sus propias oficinas.

Les ruego a los lectores mantener este asunto bajo observación, el Consejo del Defensa del Estado es uno de los últimos refugios de los intereses nacionales y el guardián del estado de derecho, su eventual renuncia a cumplir su deber confirmaría que en Chile “las instituciones” no estarían funcionando y pondrían en evidencia el nivel de indefensión del ciudadano común: usted, yo, su familia y la mía.