El gobierno de Michelle Bachelet ofreció aportar “ímpetu” al sector defensa en sus aspecto de desarrollo institucional y por el contrario, solo sabemos de divagaciones silenciosas, secretas y estériles de un Subsecretario enamorado de sus prejuicios pacifistas que se hunde en espiral rumbo a ninguna parte.

En el ámbito de las políticas públicas de relaciones exteriores y militares comúnmente se emplean dos documentos directrices que dan la partida a la planificación estratégica nacional: la Política de Seguridad y Defensa, analizada en mi columna anterior y la Política Militar que es el conjunto de objetivos y estrategias que dirigirán el esfuerzo de organización, gestión del personal, del material, de la infraestructura y el desarrollo de las doctrinas de todo tipo que materialicen y orienten la estructura militar en el marco de la Política de Seguridad y Defensa. Es la Política del gobierno hacia las FFAA.

En esta columna me referiré a la Política Militar del actual gobierno de Chile. Los documentos mas relevantes al respecto son las declaraciones de los personeros del gobierno y mas que todo, de sus acciones reales. También son elocuentes sus escritos y declaraciones antes de asumir sus cargos.

El Programa de la Nueva Mayoría considera que “A partir del 2010, año que entró en vigencia la Ley N° 20.424, Estatuto Orgánico de la Defensa Nacional, algunas reformas continuaron, pero la mayor parte de éstas se estancaron y, en algunos aspectos, hubo retrocesos como resultado de la gestión de la autoridad política realizada entre el 2010 y el 2013”. Hechas las críticas de rigor al gobierno anterior, entra a proponer las acciones a tomar a partir del año 2014 para «retomar con ímpetu las reformas institucionales para el desarrollo de una Defensa Nacional”.

Durante el año 2014 no se hizo nada, pero la Presidente, en su Inauguración del Año Académico Militar 2015, al comienzo de su segundo año de gobierno reiteró y detalló el Programa que se desarrollaría durante los -ahora- solo tres años restantes de su mandato:

“Y quiero especificar a qué me refiero, en cada caso … .

Primero, sobre la Ley de Financiamiento de la Defensa, quiero decir que el Ministerio ha preparado una indicación sustitutiva para mejorar el proyecto de ley que establece un nuevo mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas de la Defensa. Este proyecto fue aprobado en su primer trámite por la Cámara de Diputados y se encuentra ahora en el Senado. Y el proyecto de indicación sustitutiva será enviado durante el primer semestre del 2015.

Segundo enviaremos al Congreso un proyecto de ley para modificar el Código de Justicia Militar, que también esperamos enviar durante el primer semestre de este año. Lo que buscamos es que el Código garantice el debido proceso y otorgue credibilidad y transparencia jurídica, con las mismas garantías que rigen en la justicia ordinaria.

Tercero, en el caso de la institucionalidad conjunta, elaboraremos un proyecto para perfeccionar y fortalecer la organización y atribuciones del Estado Mayor Conjunto y de su jefatura. Esto incluye sus atribuciones en materia del mando de medios en tiempos de paz. También estableceremos una agenda sectorial para promover, perfeccionar y desarrollar la institucionalidad de lo conjunto en todos sus planos. Nos parece fundamental dotar a la Defensa del más alto estándar internacional de conducción de operaciones militares. Si queremos mejorar aún más nuestra respuesta ante las emergencias, la respuesta, desde el punto de vista del empleo de los medios militares, debe ser de naturaleza conjunta. Esto es lo que se juega, así de crucial es este aspecto.

Cuarto, en materia de industrias militares, enviaremos el proyecto de ley que moderniza las empresas estatales de Defensa, FAMAE, ASMAR y ENAER. Además de reafirmar el carácter público de la industria militar y potenciar el cumplimiento de sus funciones, aumentaremos su transparencia, disminuiremos las asimetrías de información y modernizaremos y profesionalizaremos su gestión administrativa. Tenemos que equiparar su gestión con los estándares OECD de gobierno corporativo en empresas públicas.

Y quinto, la agenda de inclusión y no discriminación que incluye, por cierto, la equidad de género. Es central para la democracia, la construcción de una comunidad que se funde en el respeto a la diferencia y el trato igualitario entre las personas. Por ello hemos iniciado la elaboración de una nueva política sectorial –aquí está la ministra del Ministerio de la Mujer-, a diez años de la publicación del documento anterior para la integración armónica de la mujer en las Fuerzas Armadas y su desarrollo profesional en cada institución.

De todo esto, salvo los asuntos de «Genero e Inclusión», que interesan personalmente a la Presidente, hasta ahora no hay resultados concretos, ningún resultado concreto. La forma secreta y  antidemocrática -compartimentado y escondido de la observación pública-  en que trabaja Robledo  no contribuye en nada a legitimar y facilitar el trámite de los proyectos y darle le necesaria solidez jurídica y formal para facilitar su aprobación:

La Agenda Legislativa para “el segundo tiempo del Gobierno” – ahora solo dos años restantes de su administración-, según lo informado en la prensa y no desmentido ni corregido, considera:

7 Proyectos en trámite para ser despachados antes del 21 de Mayo de 201

8 proyectos para ingresar y despachar el año legislativo 2016

17 proyectos que quedará ingresados a tramitación el año 2016

26 proyectos para despachar antes del 31 de enero del año 2017

De todos estos proyectos de ley NI UNO SOLO corresponde al Ministerio de Defensa. Esto contradice la declaración de gobierno de que “nuestro objetivo fundamental sea retomar con ímpetu las reformas institucionales para el desarrollo de una Defensa Nacional”.

En su alocución ya señalada, la Presidente también señaló: “Los diferentes gobiernos hemos llevado adelante procesos de reforma, con el objetivo de institucionalizar la gobernabilidad democrática del sector, y como parte de una agenda de construcción de una democracia de calidad. Así, ha habido una progresiva mejora de la gobernabilidad democrática, y los principales hitos son conocidos por todos ustedes”.

Al respecto es útil destacar lo que entiende el Subsecretario Robledo, -a cargo de estas reformas-, por “gobernabilidad democrática” y para eso, lo mejor es referirse a Ángel Flisfisch y Marcos Robledo, “Gobernabilidad Democrática de la Defensa en Chile. Un índice para el periodo 1990-2010”. El documento mencionado es un ejemplo de la metodología de investigación sociológica norteamericana, que trata de encontrar y tabular hechos que le permitiría inferir relaciones de causa efecto entre ellos.

En este caso, se trata de llegar a un índice de gobernabilidad de defensa que sería igual a la suma de los eventos positivos para esa gobernabilidad divididos por la sumatoria de los eventos positivos + el total de los eventos negativos. Considera cuatro variables: Control civil (instituciones e instancias de control político); Eficacia (existencia y calidad de políticas y estrategias); Eficiencia (Gestión de los planes y recursos) y Conducta (subordinación o contestación de los militares). Cada una de estas variables es desglosada en indicadores (20 en total).

Se considera que el progreso de la situación estaría conformado por unas FFAA constituidas en “agentes” de instituciones políticas que constituyen sus “principales”, en que las acciones de los segundos son siempre acertadas y funcionales tanto al fin perseguido -la gobernabilidad- a la conformación, la conservación de una institucionalidad democrática y a la puesta en práctica de políticas y estrategia eficaces para proteger los intereses nacionales.

Según este criterio, las FFAA Revolucionarias de Cuba y las Bolivarianas de Venezuela serían el modelo perfecto de gobernabilidad en defensa. Nunca “contestan”, son parte del “sistema”, en realidad instrumentos del gobierno para la imposición y sostenimiento de su programa político y de difusión de su ideología. El compromiso del Ejército Argentino de Milani con el proyecto político “nacional y popular” del Cristinismo habría sido también un exitoso ejercicio de gobernabilidad democrática.

Desde otro punto de vista, en la guerra de Viet Nam, la pasividad y complicidad del establecimiento militar norteamericano llevó a su obediencia ciega a los caprichos y dislates estratégicos de su “principal” Robert Mc Namara, a la derrota y la pérdida inútil de 60.000 soldados, en medio de una potente crítica ciudadana.

Parece evidente que el concepto de “contestación” de Robledo requiere de mucha más elaboración, hasta aquí parece una clasificación demasiado subjetiva que prioriza la obsecuencia militar por sobre la lealtad que implica representar de buena fe los errores apreciados en las decisiones de los “principales”. Lo único que importaría a su lógica sería que los militares se limiten a aceptar pasivamente las ordenes “civiles” aunque sean erróneas o dañinas. Cómodo para los “principales”, sin duda, pero inmoral y abusivo.

La base ideológica de este modelo parece evidente al considerar los valores asignados a las variables del modelo: Control civil: 25%; Eficacia: 12,5%; Eficiencia: 12,5% y Conducta Militar: 50%

Se puede apreciar que las variables referidas a la sumisión militar acumulan el 75% de la ponderación y las referidas a la calidad del liderazgo civil, a un modesto 25%. Este desbalance en la valoración muestra una incomprensión básica de los elementos que conforman el liderazgo y la legitimidad del mando. En efecto, la legitimidad para ejercerlo tiene una relación directa con la preparación técnico – profesional del líder; con la calidad moral de sus decisiones, y con su capacidad para producir resultados beneficiosos para la organización por parte de los “principales”.

Una de las fuentes de fricción más frecuentes entre los “principales” y los “agentes”, surge, justamente, de cuando los que mandan no saben, no quieren o no pueden hacer su trabajo

La gestión de la defensa en Chile requiere un mínimo de nuevas leyes y una gran cantidad de directivas y acciones administrativas. Por ejemplo, los cambios en la Política de Seguridad y Defensa considerados por este gobierno, implicaban la obsolescencia de un conjunto de capacidades estratégicas disuasivas y de combate y su reemplazo por otras de cooperación intrarregional y doctrinas operacionales antimperialistas y de paz y debieron haber significado una importante modificación de los Programas y de los Proyectos respectivos. Nada de eso se hizo. En realidad Robledo y el conjunto de asesores de su confianza desconocen la realidades de la logística y de la gestión de la defensa, no les interesa y esto confirma que para ellos es indiferente  que los “principales” sean profesionalmente incompetentes.

Así, es un hecho histórico probado que la mayoría de los motines militares surgen de la ineficacia e ineficiencia de los “principales”. Acá parece que no importa que el líder civil no sepa hacer su trabajo, lo único que interesa es que los militares obedezcan en silencio lo que salga del Ministerio de Defensa aunque sean políticas y directivas incoherentes.

Para concluir y considerando que en los dos próximos años el Ministerio de Defensa solo tendrá trabajo de rutina administrativa me permito recomendarles a sus «principales» que dediquen el tiempo libre al estudio de la gestión moderna de la defensa, ámbito que han eludido durante muchos años y en el que han demostrado una sólida ignorancia.