Este fin de año en la Armada se produjo un grave caso de violación de los derechos humanos de un grupo de 6 mujeres tripulantes de un buque de guerra, que fueron víctimas de la instalación, -por parte de un marino de 22 años de edad-, de un sistema de televisión artesanal para fisgonear su dormitorio, grabar y distribuir a un grupo de amigos sus imágenes en actividades privadas. El delito –materializado por la grabación de 8 videos de 8 segundos- fue descubierto e investigado con prontitud y acuciosidad y se destacó que los delitos ameritarían penas desde 61 días de hasta 5 años de cárcel.

El hecho suscitó un repudio generalizado; la propia Presidente de la República alzó su voz para condenar severamente este abuso a los DDHH de las víctimas y exigir castigo ejemplar; políticos de todas las tiendas y sectores también manifestaron su indignación y exigieron un castigo implacable para el hechor y sus cómplices.

El Comandante en Jefe de la Armada fue citado al Congreso donde calificó esto como un delito, explicó detalladamente lo acontecido, ratificó el repudio institucional y aseguró justicia para las afectadas. Hasta el Ministro de Defensa, habitualmente prescindente en los asuntos relativos a su cartera, condenó como “inaceptable que en nuestra sociedad ocurran episodios … que lesionan la privacidad de las víctimas”.

Todos los demócratas concordaron en el diagnóstico y en la forma de enfrentar el problema. Tienen una misma comprensión de los Derechos Humanos.

En esos mismos días concluía una proceso de apelación elevado por Víctor Donoso, ex – Oficial de la Armada, prisionero en el penal de Punta Peuco por el presunto secuestro permanente del mirista Rudi Cárcamo, miembro del Grupo de Amigos Personales (GAP) de Allende, que se encuentra encarcelado en forma ilegal y arbitraria por decisión del Ministerio de Justicia.

Donoso fue encarcelado el día 20 de Julio de 2012 debiendo completar su pena el día 17 de Julio de 2017. La Comisión de Rebaja de Condenas le redujo 10 meses de dicha pena, debiendo entonces quedar en libertad el día 18 de septiembre de 2016.

El Ministerio de Justicia del Gobierno de la Nueva Mayoría, por si y ante si resolvió no dar cumplimiento a la resolución y lo mantuvo en prisión hasta el día de hoy, 1º de enero de 2017.

Ante tal desacato, en un fallo unánime, la Quinta Sala del tribunal de alzada capitalino declaró que la pena debía concluir el día hoy y estableció que “es un hecho no rebatido que el condenado empezó a cumplir la pena con fecha 20 de julio de 2012, culminando con fecha 17 de julio de 2017. En estas circunstancias, la Comisión de Rebaja de Condena le ha reducido al amparado un total de 10 meses de dicha pena (…). Por consiguiente, al 18 de septiembre de 2016, el amparado tiene la pena corporal cumplida”.

La resolución, además, declaró arbitrario el actuar del Ministerio de Justicia, entidad que se había negado a ordenar la libertad de Donoso. Por esto, los jueces estimaron que en el actuar de la secretaría de Estado “queda de manifiesto que se ha excedido de sus facultades legales”. Además, le pide al ministerio el envío de un informe para que “regularice cuanto antes la situación jurídica”.

De lo anterior queda establecido que el Gobierno, a través de su Ministerio de Justicia, ha atropellado los Derechos Humanos de Víctor Donoso, ha excedido sus facultades legales y ha incumplido un fallo judicial expreso y explícito.

Queda también claro que el Gobierno valora y hace respetar los derechos humanos de las personas teniendo en consideración  sus preferencias ideológicas y sus conveniencias políticas y que el Ministerio de Justicia cumple una función política y no de justicia.

Es evidente también que no todo el gobierno está en esta tesitura. Los autores de este tipo de atropellos son, a mi juicio, las viudas de una concepción política derrotada irremediablemente: La autonomía de los ciudadanos ya NO está sujeta a la discrecionalidad de los administradores del Estado. Esta concepción de la política, inmanente en la ideología representada en Chile por el Partido Comunista y materializada por sus representantes en el aparato estatal, está en extinción, pero aun causa daño.

El problema a dilucidar es que visión tiene la hegemonía en el Gobierno de la Nueva Mayoría: la de las viudas del marxismo leninismo representada por el PC y los jóvenes revolucionarios o la socialdemocracia de los izquierdistas democráticos.

Cabe preguntarse por qué de la misma forma que la izquierda reclama a la derecha su inacción ante las violaciones de Derechos Humanos en el Gobierno Militar, hoy actúan en la misma forma cuando en su Gobierno simple y sencillamente decide no cumplir los fallos judiciales.

La última vez que pasó eso, las consecuencias no fueron amables, duran hasta el día de hoy y nos acompañarán por muchos años.