Esta semana empezó en forma poco auspiciosa y terminó mal.
El lanzamiento de un libro – Magnicidio-, de la hija de Eduardo Frei Montalva en que trata de justificar, por enésima vez, los alegatos respecto al increíble asesinato de su padre por parte de un médico relacionado con su familia. No vale la pena analizar sus argumentos, están tan alejados de la realidad y de la verdad.

Mas significativa fue la carta de la Presidente Bachelet leída en el lanzamiento de la obra mencionada, que dice: “Comprendo el desconsuelo de una hija frente a la muerte de un padre. Pero también conozco la voluntad inquebrantable y el orgullo de reivindicar su nombre frente a la historia”. … “Porque la batalla que has dado ha sido personal y familiar … para dignificar a uno de los más grandes hombres de nuestra patria”.

Palabras conmovedoras de perdón y olvido respecto de la conducta de Eduardo Frei, que trató desde meses antes del 11 de septiembre, de azuzar a las FFAA para que derrocaran a Allende.
El 6 de julio de 1973 ante una delegación de empresarios que fue a visitarlo para buscar salida a la debacle, el golpista manifestó: “Nada puedo hacer yo, ni el Congreso ni ningún civil. Desgraciadamente, este problema sólo se arregla con fusiles”, de manera que en vez de ir al Congreso debían ir a los regimientos. “Les aconsejó plantear crudamente sus aprensiones, las que comparto plenamente, a los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, ojalá hoy mismo”.

Bachelet estuvo inspirada esta semana. En el lanzamiento de otro libro “Mi 11 de septiembre, 24 periodistas relatan sus vivencias”, explica que la narrativa «nos ayuda a rememorar la manera en que todos sabíamos que el Golpe se acercaba, aunque muchos años después entenderíamos que acabar con la democracia chilena era, quizás, una decisión tomada desde el momento mismo en que el Congreso ratificó la elección de Salvador Allende Gossens».

Esta vez Bachelet no se equivoca ni malinterpreta: miente. Si, derechamente miente, ya que es de su pleno conocimiento que la voluntad de matar la democracia chilena se tomó en el XXII Congreso General Ordinario del Partido Socialista de Chile realizado en Chillán en Noviembre de 1967 en que se acordó lo siguiente: “La toma del poder como objetivo estratégico a cumplir por esta generación para instaurar un estado revolucionario”. “La violencia revolucionaria es inevitable y legítima … Constituye la única vía que conduce a la toma del poder … Solo destruyendo el aparato burocrático y militar del estado burgués puede considerarse la revolución socialista” … “Las formas pacíficas o legales (reivindicaciones, electorales, etc.) no conducen por si mismas al poder … El Partido Socialista las considera como instrumentos limitados de acción, incorporando al proceso político que nos lleve a la lucha armada”.

Que no haya duda que las lágrimas y llantos de los «combatientes» de izquierda, escondidos detrás de las polleras de los curas y de sus mujeres, son lágrimas de cocodrilo que tratan inútilmente de ocultar su irresponsabilidad, frivolidad y cobardía a la hora de honrar sus amenazas y dar batalla.

Esta obra de teatro se da teniendo como trasfondo las amenazas de Bachelet de desconocer el compromiso del gobierno del cual formó parte, respecto a la creación de la Prisión de Punta Peuco para encarcelar a los militares que el Poder Judicial condenara a su gusto y amaño.

Esta nueva traición a un compromiso contraído y este nuevo abuso de poder, que conforma una situación extrema, fue planteado en una carta por 16 ex – Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, que en forma clara, respetuosa y fundamentada expusieron su apreciación de la situación a que hemos llegado empujados por la prepotencia y el odio a los militares por parte de la izquierda y en particular por la doblez de la Presidente Bachelet, carta que en parte dice:

“La apertura de nuevos procesos, ya no solo vinculados con muertes o desapariciones, sino con denuncias de todo tipo -muy difíciles de probar-; la falta de debido proceso que sufren cientos de militares y carabineros; penas cada día más altas a condenados muchas veces solo por presunciones; el ensañamiento para mantener presos a personas ancianas -que incluso han perdido la noción de lo que sucede-; el anunciado cierre del penal Punta Peuco, que en democracia y por acuerdo político, se construyó para el cumplimiento de penas privativas de libertad; la aplicación unilateral del sistema procesal penal antiguo y de normas con efecto retroactivo, marcan, entre otros aspectos, un importante retroceso de la forma como se actuaba para que este sector de chilenos asumiera sus responsabilidades en un marco de justicia y dignidad propias de una transición.
Es por ello que consideramos grave que al único sector que ha asumido sus culpas en el ayer se lo discrimine tan abiertamente. Por el contrario, los otros actores, activos y pasivos, en la tragedia de antaño, disfrutan de un Chile donde para ellos están todos los caminos y espacios abiertos, sin que hayan respondido por sus propias culpas, que en el caso de los ámbitos políticos y judiciales no fueron ni pocas ni menores. Para qué decir de aquellos que optaron por la vía armada y que ganaron la impunidad.
La situación descrita nos duele y nos preocupa. Cada uno de nosotros, en el ámbito de nuestras responsabilidades y en la época que nos correspondió, contribuimos a un actuar que buscó cerrar las heridas existentes, en el convencimiento de que había una voluntad de considerar el contexto del pasado y hacer racionalmente justa la forma de responder por el mismo. Actualmente, se ha trastocado todo aquello.
Hacemos un llamado a las autoridades de hoy y de mañana a reflexionar sobre esta situación, así como a buscar los consensos que aseguren un actuar político y judicial con visión de futuro, con una justicia sin discriminación, con las garantías procesales a que tienen derecho todos los chilenos y donde se aplique la máxima de «dar a cada cual lo suyo, sin más». No pongamos en riesgo los logros con tanto esfuerzo alcanzados, manteniendo artificiosamente las divisiones del pasado. Fortalezcamos en vez de debilitar a instituciones fundamentales de la República”.

Esta carta mereció ¿una respuesta?, ¿un comentario?, ¿un exabrupto?, de José Gómez, el invisible Ministro de Defensa, su declaración no merece comentario ni análisis, así de superficial es, pero creo que es correcto preguntarse si esa reacción es todo lo que el Gobierno puede decir respecto a una situación de la gravedad y trascendencia de lo que estos ex Comandantes en Jefe la plantean al país, al Ministro y a la Presidente.