Chile se encuentra dando una dura batalla contra una pandemia que -en todo el mundo- causa alarma y produce efectos económicos devastadores a corto y mediano plazo. La vida social se ve empobrecida y reducida a su mínima expresión. Los sistemas de comunicaciones se ven exigidos al máximo, mientras otras actividades simplemente se detienen por completo. La cadena de abastecimientos y distribución de elementos básicos para la vida está amenazada y cada día la sentimos más vulnerable. El gobierno debe tomar y está tomando medidas de todo orden para reducir los daños a la salud de las personas, a su situación económica, a la educación y a la prevención y contención de la expansión del virus. La Clase Política por su parte, en medio de esta crisis, pone su mayor esfuerzo e interés en el proceso para un eventual cambio o modificación de la Constitución, la recalendarización de procesos electorales de diversos niveles incluso de Gobernadores que eventualmente podrían ser eliminados y en la negociación de cuotas de poder. Está inmersa en los asuntos y materias relacionados con la distribución del poder político entre los diversos partidos y coaliciones y enfrenta el despacho de leyes sociales propuestas por el Ejecutivo con un ojo puesto en el posicionamiento de los partidos y parlamentarios en la pugna constitucional y en las futuras elecciones de todo tipo. Este comportamiento, habitual en Chile desde hace ya algunos años, se ha magnificado hasta la caricatura y esta deformación es puesta de relieve por la cruda divergencia entre los intereses reales de las personas y los de la Clase Política. Se dice que la soberanía recae en el Pueblo que diseña, propone, aprueba y controla al Estado y sus instituciones. Se dice que el Estado y la burocracia estatal están al servicio de la gente y que son responsables ante ella. También que el Estado y sus funcionarios le deben respeto al Pueblo. Se asegura que los representantes del Pueblo (los diputados y senadores) a través de los cuales delega el funcionamiento de su soberanía, está sometida a control ciudadano y que de esta forma son la gente, las familias y sus organizaciones, las que deciden sobre sus instituciones, su funcionamiento y su relación con la ciudadanía. Es evidente que esta no es la democracia que tenemos en Chile. En nuestro país los aspirantes a “representar” los intereses del Pueblo, a controlar al Estado y a asegurar la supremacía de la soberanía popular, son designados por los Partidos Políticos tras delicadas, complejas y oscuras negociaciones en que la participación popular está completamente ausente. La participación de los representados se limita a elegir entre un número de personas designadas por los Partidos, muchas de las cuales son completamente desconocidas por la ciudadanía e incluso desconocedoras del lugar y las personas a representar. La capacidad de supervisión, la recepción de información de su gestión y la consulta a la ciudadanía ante situaciones y problemas que emergen de la vida diaria de la gente, es completamente inexistente. Hemos llegado a que los representantes son “autoridades”, ante las cuales el Pueblo debe respeto, reverencia y aquiescencia. De hecho, la relación entre los “representantes” y sus “representados” es el de una autoridad poseedora de poder y una ciudadanía que obedece, sigue y acata. El pueblo es una figura retórica de hecho excluida en favor de un Estado materializado en instituciones, representaciones, burocracias y grupos que se alimentan recíprocamente y de las cuales el Pueblo está completamente excluido. La pregunta que cabe es: ¿Qué es lo que no funciona?, ¿es que la Constitución no provee un diseño institucional que disponga y exija la distribución y uso del poder bajo el control de la soberanía popular?, o es que disponiéndola, los usos y formas en que el Estado desarrolla su gestión ha sido desvirtuándolas en beneficio de una “Clase Política” autonomizada y alejada de sus mandantes. En Chile podemos ver un Estado disfuncional en el que sus tres componentes fundamentales, el Poder Ejecutivo y su estructura de servicios, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, han sido capturados por grupos de diversa naturaleza con alianzas y complicidades cruzadas que usan y abusan del poder que administran y consideran de su propiedad. La forma en que actúa la Clase Política en los momentos actual gráfica en forma muy clara y concreta como los intereses relacionados con la captura y apropiación de cuotas de poder político, de la promoción de sus ideologías, de la continuidad y avance de las “carreras políticas” de sus miembros, es privilegiado en beneficio de los intereses personales y corporativos y que su comportamiento frente a la aprobación de leyes fundamentales para la vida del Pueblo son pospuestos o empleados como arma para la lucha por el poder. Parece evidente que para tener una mejor democracia, el problema de nuestro país no reside en la Constitución sino de la conformación, funcionamiento y calidad del Estado.