Cuerpo de Protección y Control Civil // Dirección de Inteligencia de
Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior
La reciente reunión del Consejo de Seguridad Nacional, cuyo texto fue publicado por el gobierno, fue un fraude. En efecto, la ciudadanía creyó que en él se trataría de la seguridad que les importa a ellos y así los dejó creer el gobierno. Pero no, el tema era darle más vueltas al manido tema de la “protección de la infraestructura” por parte de las FFAA.
Del texto quedó claro que el asunto de fondo era constatar que tanto las FFAA como el Gobierno no querían que, durante la existencia de un Estado de Excepción Constitucional específico, éstas se involucraran en la protección de la ciudadanía que vive en áreas urbanas.
Llevamos años dando vuelta al tema de la participación de las FFAA en la seguridad interna. El asunto es simple y claro: el responsable y encargado de proveer a los ciudadanos de un entorno seguro en el cual llevar a cabo su vida y actividades es el Gobierno. Todas las Constituciones de Chile así lo han establecido. Es el eje del contrato social mediante el cual los ciudadanos entregan parte de su libertad y su dinero al estado, a cambio de la protección de sus vidas y sus bienes. En Chile, la Constitución entrega esta tarea al presidente de la República y éste lo lleva a cabo mediante un conjunto de instituciones que la misma Constitución establece.
Para enfrentar situaciones extraordinarias, la Constitución considera la existencia de Estados de Excepción Constitucional que a su vez requieren su confirmación por parte del Congreso. Estos Estados de Excepción otorgan al presidente la facultad de determinar la forma y oportunidad del empleo de las FFAA en tareas de orden y seguridad.
En breve, la responsabilidad de la conservación del orden y la seguridad es, en tiempos normales, exclusivamente del presidente y en tiempos extraordinarios, refrendado por el Congreso.
Mirado desde otro ángulo, la Constitución excluye a las FFAA de las tareas de resguardo del orden y la seguridad pública, pero reconoce que puede haber situaciones “excepcionales” que serán definidas y juzgadas así por el Poder Político; es decir deja claro que existen situaciones fuera de la normalidad y que se requiere el empleo de medios y recursos de fuerza excepcionales.
En este caso, la misma Constitución establece que esas fuerzas son las FFAA, que tienen características de equipamiento, empleo y objetivos específicos derivados también de la misma Constitución: son fuerzas de combate para la defensa armada y exterior de la República.
Esto nos permite apreciar que si se vive una situación de tal magnitud que el Gobierno declara un Estado de Excepción que lo autoriza a emplear a las FFAA y que éstas son, sin duda, fuerzas de combate, las consecuencias de su empleo son de su exclusiva responsabilidad, ya que el Congreso lo autorizó a emplear los recursos de fuerzas existentes tal y como son. Si quiere otro tipo de capacidades deberá fundar otras instituciones o modificar profundamente las existentes.
De la misma manera, deberá asumir que el empleo de las fuerzas tendrá consigo un determinado nivel de eficacia y un probable alto nivel de bajas civiles. De esta cruda realidad es de donde surge el poder disuasivo del Ejecutivo -a través de sus FFAA- hacia los causantes del caos, que podría llevarlos a desistir de sus empeños violentos o a enfrentar conscientemente los efectos de su decisión.
Es absurdo emplear una fuerza de combate con prohibición de usar sus armas. Los oponentes, conocedores de esa situación actuarán aún más violentamente. En este sentido es preciso tener presente que la derrota de las FFAA es la derrota del Estado y el comienzo de una guerra civil.
A contrario sensu, su aparición en la escena, con los revoltosos estando conscientes que las FFAA se empeñarán en combate en cualquier momento, se produce un efecto efectivamente disuasivo y las probabilidades de que haya un encuentro mayor, decrecerán fuertemente.
No hay estados intermedios, las FFAA combaten o no lo hacen. No se puede fingir que combaten, sin realmente hacerlo.
Para un gobierno tomar decisiones a medias es mucho más peligroso de lo que parece y no debería declarar un Estado de Emergencia que implique la participación de las FFAA en una situación que no es tal y que no valida el empleo de fuerzas militares tal y como ellas están conformadas. Tratar de modificar sobre la marcha la naturaleza de una fuerza de combate es correr riesgos imposibles de cuantificar.
El asunto a dilucidar parece entonces ser: ¿en qué condiciones las FFAA, según su conformación y adoctrinamiento natural, pueden actuar con eficiencia en la protección del orden y seguridad pública? Considerando que una situación crítica de orden y seguridad pública es una condición muy volátil y eminentemente política, ¿quién asume las responsabilidades políticas y operativas de las decisiones con que se irá materializando su empleo?
Seguridad ciudadana. La “seguridad ciudadana” es el resultado de las acciones y previsiones del Estado para proteger a los ciudadanos y asegurar su calidad de vida. Este es un punto clave a establecer: la prioridad ¿es la seguridad de la ciudadanía o la imposición de la autoridad del estado?
En Chile, en su actual estado de desarrollo político y social parece claro que lo más relevante es la seguridad de la ciudadanía y más aún, la “percepción” de la ciudadanía respecto a su seguridad y calidad de vida.
En 2023 la percepción de inseguridad en Chile alcanzó el 90,6%, la más alta en 10 años y muestra un incremento del 23% respecto a 2022 en que fue de 70,6%. Por su parte, el índice de percepción ciudadana sobre la situación de la seguridad pública señala que el miedo de la población chilena a ser atacado alcanzó su máximo registro histórico llegando al 30,5%.
Durante 2012 el 24%; de los hogares chilenos fue víctima de algún delito como robo con violencia o intimidación, robo por sorpresa, robo de vehículos y hurtos; en 2013 el 21%; durante el año 2019 fue 23,6%; en 2021 fue de 21%.
Es decir, en términos reales, la criminalidad ha variado relativamente poco. Sin embargo, hay consenso general que hoy día Chile sufre una aguda crisis de seguridad.
La Declaración de Derechos del Hombre (1789) señala que “La libertad consiste en poder hacer todo lo que no sea perjudicial al otro. Así, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene otro límite que aquellos que aseguren a los otros miembros de la sociedad el disfrute de estos mismos derechos; estos límites sólo pueden estar determinados por la ley”. El concepto de “orden público” establece garantía y límite a la libertad.
Este concepto de “orden público” ha evolucionado hacia el de “seguridad ciudadana” mucho más amplio, que incorpora los valores del Estado Social y Democrático; llevando al concepto más allá de forzar a los ciudadanos a la “obediencia a la norma” llegando a garantizar la “calidad de vida” de los mismos. Este cambio es crítico ya permite percibir con claridad que, frente a las demandas de seguridad, la democracia está afectada por los sentimientos de peligro, miedo y urgencia.
Se trata, entonces, de dejar de lado el paradigma del orden, para ubicarnos en el de la seguridad ciudadana, entendiendo que la seguridad de las personas supera a la sola seguridad del Estado.
Si la inseguridad y el miedo han aumento considerablemente y la criminalidad ha variado relativamente poco es porque debe haber otros factores concomitantes que no estamos valorando.
En efecto, la primera amenaza existencial a los chilenos vino del alzamiento pre-revolucionario de octubre 2019 que puso en duda la continuidad democrática de Chile y su condición de Nación. Luego surgió la inmigración ilegal, que cambió por completo a barrios y pueblos e introdujo un elemento de tensión social integral; después y conexo con lo señalado apareció la práctica de delitos atroces, desconocidos para los chilenos y detalladamente difundidos por la televisión: el descuartizamiento de las víctimas, los secuestros extorsivos, el sicariato profesional, las “encerronas” y “portonazos”, el pandillerismo como forma de vida, la guerra entre bandas delictuales, el abandono de las víctimas en lugar públicos y concurridos, la depreciación intensa del respeto a la ley, la higiene y las conductas ciudadanas civilizadas.
Si le sumamos la seguidilla de eventos electorales constitucionales; la crisis económica; la expresión y práctica de un partido político de extrema izquierda y de varios grupos anarquistas validando el empleo de la violencia con fines políticos anti democráticos, podemos apreciar que mirado en forma realista y amplia, el temor y la incertidumbre de la ciudadanía decente de Chile respecto a su seguridad actual y futura, en su casa y fuera de ella, en su transporte público o privado en los barrios comerciales y residenciales y prácticamente en todo su hábitat, son completamente naturales y fundados.
A lo señalado se suma la evidente incompetencia y deshonestidad de muchos órganos de gobierno, legislativos, policiales y judiciales.
Volviendo al tema que nos interesa, si lo que buscamos es la “seguridad ciudadana” y no “la seguridad del estado”, es en el funcionamiento de este sistema el lugar en donde debemos buscar la causa y no hacerlo solo en las Policías, las que, por cierto, están sujetas a crítica como todos los demás órganos del estado de Chile. Sin establecer el para que refundar, dentro de una propuesta estratégica comprehensiva, parece evidente que la sola refundación de Carabineros de Chile será un aporte menor y de baja prioridad para el bienestar y seguridad de los ciudadanos.
En este contexto, la necesidad social de seguridad de personas y bienes justifica, per se, la existencia de la policía. De esta manera, los ciudadanos son los primeros interesados en colaborar con la actuación policial, de tal suerte que se evite el recurso a la fuerza. Para concluir, podríamos decir que el modelo originalmente anglosajón de policía comunitaria o “policía de contacto” tiene su última justificación en creación y conservación de la “sensación de seguridad de las personas”.
Chile y Carabineros de Chile en particular han dado pasos firmes pero insuficientes hacia la conformación de una policía “comunitaria”, “educadora” y “correctiva” que le ha hecho ganar la estima de la ciudadanía y le ha permitido avanzar un largo trecho para adaptarse al Chile del siglo XXI con tanto éxito como lo ha hecho hasta hoy.
El Plan Cuadrante de Carabineros de Chile para la Seguridad Preventiva (PCSP) es un Sistema de vigilancia por sectores (cuadrantes) iniciado el año 2.000, donde se desarrollan acciones preventivas y procedimientos, en un área cuya vigilancia corresponde a una Unidad específica de Carabineros con el propósito de obtener más eficiencia en el accionar policial y acentuar la relación de trabajo directa con los habitantes y organizaciones sociales de cada cuadrante.
Apunta directamente al corazón del problema: aumentar la sensación de seguridad de los ciudadanos.
La seguridad ciudadana es el resultado de la acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía y otras organizaciones de interés público, destinada a asegurar su convivencia y desarrollo pacífico; la erradicación de la violencia; la utilización pacífica y ordenada de vías y de espacios públicos y en general evitar la comisión de delitos y faltas contra las personas y sus bienes. Este es también el primer y vital órgano de obtención de las informaciones que alimentan al Organismo de Inteligencia del Ministerio del Interior, que constituye la base de la prevención y la respuesta rápida y efectiva.
La seguridad ciudadana, es un concepto amplio que incorpora los valores del Estado social y democrático; yendo más allá de forzar a los ciudadanos a la obediencia de la norma, sino que a garantizar la calidad de vida de los mismos.
Al colocar en el mismo plano los conceptos de democracia y seguridad, podemos apreciar que la democracia aparece asociada a los sentimientos de peligro, miedo y urgencia. Como se dijo anteriormente, “se trata entonces, de dejar de lado el “paradigma del orden”, para ubicarnos en el “paradigma de la seguridad ciudadana”, con base en la seguridad de las personas y no sólo ni principalmente en la seguridad del Estado.
El Plan Cuadrante de Carabineros de Chile (PCSP) es un cambio radical de foco y forma de abordar su misión; este es el aspecto crítico que define y delinea el carácter de la interacción entre la policía y los ciudadanos.
Hace énfasis en el carácter preventivo y de colaboración de la ciudadanía con las actuaciones del Estado y no solo una actividad reactiva ante la comisión del delito.
En este ámbito, Carabineros de Chile posee un capital invaluable: el cariño, respeto, confianza y apoyo ciudadano. Contra lo que aseguran “expertos” de izquierda, esto no es el resultado de campañas publicitarias efectivas[1] sino su presencia constante, solidaria y eficaz desde el parto al funeral, desde el niño al anciano, desde la mujer golpeada hasta el aprendiz de delincuente. Desde el incendio a la inundación, pasando por el terremoto y el accidente en la cordillera.
Este capital ha resistido feroces campañas de desprestigio de la extrema izquierda e incluso desde miembros del Gobierno, el Congreso y la Judicatura, saliendo siempre airoso. El aprecio ciudadano a Carabineros y la PDI superan amplia y contantemente a todos demás los organismos del estado. Esta es una valiosa cualidad que debe ser conservada y aprovechada.
Sin perjuicio de lo señalado, la policía debe asegurar la estabilidad, la supervivencia, la seguridad del Estado y su capacidad para imponer la ley, cuyo debilitamiento afecta directamente de la sensación de seguridad de los ciudadanos.
Se puede apreciar entonces que el concepto de “sensación de seguridad / inseguridad” de los ciudadanos es el punto de confluencia de ambas áreas de acción -seguridad ciudadana y seguridad del estado- y que ellas existen simultáneamente. Ambos tipos de seguridad son percibidas por la ciudadanía en forma diferida, pero inexorablemente ligadas una a la otra.
La combinación, tamaño y grado de actividad relativo en una u otra área de la “sensación de seguridad” es variable, de un país a otro y en diferentes momentos políticos, económicos y sociales dentro cada país. Un problema difícil de resolver es como disponer de capacidades medios, recursos y doctrinas para cumplir tareas tan diferentes con las mismas fuerzas y evitar que sus acciones a veces de fuerza, debiliten sus condiciones para cumplir alguno de sus dos roles[2].
Esto nos lleva a tener que manejar eficientemente, dentro de una misma institución, tres tareas muy diferentes: 1.- el establecimiento, conservación y protección de la relación de confianza, respeto y aprecio desde la ciudadanía hacia las organizaciones policiales a cargo de la seguridad ciudadana, que descansa en la confianza mutua ciudadano – policía, 2.- La capacidad de las fuerzas, -distintas a las ya mencionadas- que actúan en el combate al crimen organizado y la violencia cometida por turbas fuera de control, en las que la capacidad de producción de “disuasión” efectiva es la cualidad central y que implica superioridad policial en los enfrentamientos violentos que sus actividades requieren y 3.- la producción de insumos de inteligencia que relacione en el nivel directivo la relación funcional entre ambas actividades antisociales, asegure la adecuación constante y anticipada de las tácticas y medios que permitan combatirlas adecuadamente, de acuerdo a sus variables características intrínsecas.
En Chile aún no se han consolidado eficientemente las conexiones estratégicas dentro de los últimos niveles delictuales señalados en 2.- y 3.- pero su conexión y funcionamiento se materializará inexorablemente.
Diseño de una Estrategia de seguridad efectiva. Hoy, en Chile, no es posible diseñar ni actualizar estrategias de seguridad efectivas sin la previa identificación de los Objetivos Estratégicos y la consiguiente acción simultánea y coordinada de los tres elementos señalados.
- Carabineros en su organización actual cubre la seguridad de las personas con cierta eficacia. El Plan Cuadrante es un buen intento que debe ampliarse, fortalecerse y expandirse a todo Chile. Ciudades y zonas rurales. Esta misión requiere más personal dado que la interacción policía – ciudadanía es intensiva en ese recurso.
- No tiene suficientes capacidades enfocadas a controlar sistemáticamente las actividades violentas contra la seguridad del Estado
- Ningún cuerpo policial apoya efectiva, integrada y sistemáticamente el esfuerzo de Inteligencia del Gobierno, pese a estar en contacto cercano con la delincuencia común, que es el punto terminal del crimen organizado.
En breve, los objetivos de la estrategia de seguridad pública de Chile se dan en tres ámbitos.
1.- la que se ocupa de la interacción delictual y social, entendida como amenaza a los individuos, sus bienes y su estabilidad social y emocional;
2.- la que se ocupa de las amenazas al Estado y al cumplimiento de su obligación de controlar el crimen organizado y las turbas violentas devenidas en amenazas a la ciudadanía.
3.- La que provee al Estado los insumos necesarios para el conocimiento anticipado de la probables acciones delictuales contra la ciudadanía y contra el Estado[3].
En Chile, a la sombra y asociadas a partidos políticos como el PC[4], que declaran y practican el uso de la violencia para conquistar el poder, orbitan grupos anarquistas violentos, pandillas asociadas al tráfico de drogas, grupos violentos que saquean supermercados y farmacias, sistemáticamente y a pedido; mano de obra especializada al servicio de lotes políticos que recurren ocasionalmente a la violencia; barras bravas que operan en conjunto con actividades “deportivas” y asociadas al tráfico de drogas, y la destrucción sistemática de Pymes, se ha establecido, por la práctica constante del abuso e irrespeto a la leyes, una subcultura de violencia que se cruza con la delincuencia común, las drogas, las pandillas internacionales que han introducido en Chile nuevos delitos y prácticas criminales atroces, y la política.
El motor de esta actividad es la campaña sistemática de la izquierda para debilitar, desprestigiar y destruir la moral de las policías y las FFAA. El caso más evidente fue el motín de Octubre de 2019 en que se demolió el sistema de transporte urbano, se incendiaron monumentos y edificios icónicos y concluyeron con reconocimientos y premios gubernamentales a los criminales, sin que el Estado haya tenido la voluntad para identificar a los delincuentes ni a sus líderes.
Un factor clave a dilucidar al definir los objetivos estratégicos de seguridad es identificar a los adversarios y establecer sus características, capacidades y comportamiento.
Este análisis nos lleva a tres problemas a resolver: la estructura, conformación y capacidades de las fuerzas policiales; la elección del tipo de disuasión a aplicar a los delincuentes para inducirlos a abandonar sus actividades antisociales y la definición y la estructura del mando político en la conducción de las operaciones.
Anteriormente se concluía señalando que un factor clave a dilucidar al definir los objetivos estratégicos de seguridad es la identificación de los adversarios y establecer sus características y comportamiento.
Si continuamos teniendo como Objetivo Político poner el centro de gravedad en la Seguridad Ciudadana, sin abandonar la Seguridad del Estado, nuestro Primer Objetivo estratégico seguirá siendo contribuir, mediante la prevención, educación, presencia y confianza mutua con la ciudadanía , a la mayor calidad de vida posible lo que se buscaría primariamente a través de la ampliación, expansión y optimización del Plan Cuadrante, que ha resultado particularmente eficaz, aunque por si mismo aun no cumpla el total de los objetivos respecto a la ciudadanía.
Un Segundo Objetivo estratégico es el control y supresión de la delincuencia del primer nivel de amenaza directa a la ciudadanía en sus barrios: las pandillas, los grupos, personas o familias de comportamiento antisocial o violento, consumo de alcohol en lugares ilegales, el microtráfico y consumo de drogas, los robos a personas, a domicilios y pymes, la violencia intrafamiliar o vecinal, la evasión del pago del transporte público, la destrucción o rayado de bienes de uso público, el matonaje, la posesión de armas no autorizadas, la participación en barras bravas y grupos disponibles para concurrir a actividades de violencia civil grupal o de turbas y en general, el comportamiento incivil.
Estas acciones conforman la base para el cumplimiento del Tercer Objetivo estratégico: la contribución a la inteligencia de Seguridad Interior. La identificación continua, actualizada y permanente de la información sobre pandillas, individuos, familias o personas del, o externas, al cuadrante, relacionadas con comportamiento violento, antisocial, incivil o directamente delictual, es la base del esfuerzo de inteligencia eficaz para la seguridad interior. Este tercer Objetivo estratégico contribuye directamente al mejoramiento sustantivo de la eficiencia de la Seguridad del Estado e incide en la sensación de Seguridad Ciudadana.
El cuarto Objetivo Estratégico son las amenazas a la seguridad del Estado, que inevitablemente inciden en la sensación de seguridad ciudadana.
En la actualidad nacional, las amenazas a la Seguridad del Estado provienen fundamentalmente del Crimen Organizado, que actualmente funciona como “empresas delictuales”, como agencias de corrupción y de amenaza sicológica permanente, también de las barras bravas, turbas de diferentes características y grupos anárquicos que promueven sus objetivos políticos empleando la violencia contra las personas y las cosas.
Todas estas actividades antisociales, de la magnitud que sean, al final se concretan en lugares geográficos específicos y son llevados a cabos por personas, pandillas u organizaciones que convergen y conviven en el Cuadrante, aunque su acción se materialice fuera de él.
Muchas de estas amenazas se cruzan con los grupos políticos y económicos que, desde la legalidad, hacen uso de la violencia con fines políticos, en alianzas flexibles con toda clase de marginales y malvivientes.
En este nivel encontramos un primer conflicto entre los objetivos estratégicos.
Las amenazas a la seguridad del Estado se pueden conformar y así lo hacen en diferentes oportunidades, niveles de violencia, tumulto y vandalismo, de la misma manera, su capacidad de generar violencia aguda es imposible de determinar con certeza, por adelantado. Esta condición semi clandestina, semi ilegal y semi pública se potencia con el apoyo de partidos y movimientos políticos legales que a su vez disponen de capacidades de comunicaciones y propaganda considerables.
El control de estas amenazas conlleva la seria posibilidad de manifestarse desde pequeñas acciones violentas hasta turbas incendiarias numerosas y destructivas, armadas o dotadas de elementos de combate urbano sofisticado y numeroso. Su capacidad de dinamizar a los medios sociales los expone como adversarios muy peligrosos, cuyo control y supresión podrán requerir de esfuerzos policiales y militares de gran magnitud. Este tema lo veremos de nuevo, en mayor detalle, más adelante.
Hemos visto que la prevención y control de los hechos en el Primer y Segundo Objetivos Estratégico y parte del Tercero, se materializan mediante la función policial básica y fundamentalmente por las policías en la línea de contacto (policías de proximidad) con la ciudadanía y, en nuestro país, se la está enfrentando con el Plan Cuadrante.
“El debate académico internacional parece llevar a la siguiente conclusión: aunque la policía de proximidad ha guiado sin duda las reflexiones y la evolución de los modos de gobernanza de la seguridad urbana, los condicionantes institucionales y culturales locales parecen prevalecer sobre los conceptos teóricos. Por ello, sus críticos señalan que esta transposición no ha sido especialmente exitosa, y que cada país requiere un enfoque propio adaptado a su situación”.
En este orden de cosas, Carabineros de Chile parece particularmente bien dotado para adoptar esta aproximación, si es que a la conexión Carabineros, Municipalidades, Organizaciones Sociales locales se la potencia y apoya decididamente.
La Disuasión y Control de las Amenazas a la Seguridad del Estado, implica el control de grupos vandálicos o delictuales que pueden ser violentos y particularmente destructivos. Vimos también que su control transita por el resbaloso concepto de la Disuación, es decir la capacidad -obvia, demostrada, evidente y segura- de que las fuerzas del Estado, administran capacidades de combate más potentes que las de los revoltosos, saqueadores y vándalos y que es el Gobierno quien decide e impone el fin de la escalada violentista, demostrando que son los que ponen el límite a la violencia civil en el momento y circunstancia que el gobierno disponga.
La Producción de Inteligencia a partir del procesamiento de las informaciones obtenidas por medios humanos y tecnológicos, así como su integración en registros; evaluaciones; apreciaciones e informes, corresponden al nivel de seguridad más alto, el Ministerio del Interior.
A esta altura parece evidente que no pueden existir unidades fuera de un sistema de inteligencia de seguridad interior único y centralizado -aunque dentro de si maneje diferentes y variadas “áreas de interés”-, que, en su cúspide, integre al total de los recursos humanos y técnicos de obtención y procesamiento de informaciones y sea capaz de llegar en forma expedita y rápida a todos los usuarios, con la información en lo que les compete y es útil y necesario a los diferentes niveles de acción.
Nuestro análisis nos ha traído a tres desafíos: la elección del tipo de disuasión a aplicar a los delincuentes para inducirlos a abandonar sus actividades antisociales; la estructura, conformación y capacidades de las fuerzas policiales; y la definición y la estructura del mando político en la conducción de las operaciones.
Disuasión: ¿Qué es más eficiente? ¿Disuadir a un delincuente antes que cometa un delito o encerrarlo en una cárcel por un plazo dado, después que lo haya cometido? En ambos casos, los dos sistemas disuasivos podrían fallar y el delincuente podría seguir en sus afanes. De auto corregirse, la primera alternativa, para la sociedad, resultaría mucho más económica que el encierro. La debilidad de esta pregunta es que en ambas alternativas estamos intentando una disuasión que, por definición, es de muy difícil de asegurar en cuanto a sus resultados.
Existen argumentos que señalan que los delincuentes, en especial los habituales, hacen un cálculo económico y social que los lleva a pensar que, desde su perspectiva personal, cometer un delito es rentable. También ocurre que hay delincuentes, en especial los ocasionales, que creen que a ellos les faltó una oportunidad para tomar una vida honrada y fructífera para haber evitado la delincuencia, por lo que eventualmente serían más proclives a los efectos de una oferta disuasiva.
Es necesario considerar que los beneficios a obtener por parte de los delincuentes no son simétricos con los de la sociedad – de igual importancia y valor para ambos -, ni son necesariamente polares – es decir opuestos. Los parámetros para evaluar la cuestión son diferentes.
Una alternativa podría ser hacer de la cárcel un lugar duro, disciplinario, que respete los DDHH pero que exija deberes claros y precisos, que demanden a los reos un esfuerzo personal, intenso e intransable. Que impida el establecimiento y ejercicio de niveles de mando y autoridad entre los reos, que suprima toda comunicación, de cualquier tipo, desde el interior al exterior y viceversa, que imponga una forma de vida única, igualitaria, austera y autosustentable con su propio trabajo, obligatorio. Que impongan un muy alto precio personal a pagar por parte del delincuente, de manera de “subir el precio” en términos de calidad de vida, de mantenerlo alejado de sus contactos, familias y socios en el delito y expuesto a perder su poder.
Las penas podrían ser reducidas al comienzo y ser prolongadas en forma apreciable con cada reincidencia, así como por mala conducta o desobediencia. La segregación debería ser sobre la base de la duración de las penas que cada reo esté sirviendo y la ubicación de los penales, en lugares más inhóspitos y lejanos para los que cumplen penas más prolongadas.
La disuasión se basa en la creación ,- en la mente del aspirante a delincuente -, de un efecto psicológico que funciona en dos tiempos: el cálculo, es decir la evaluación de sus posibilidades de tener éxito, que surge de la comparación de sus capacidades contra las de la sociedad, y el temor a los riesgos del delito, que emerge de una combinación del cálculo anterior con otros elementos intangibles, tales como el prestigio policial, la determinación del Poder Judicial y los costos de oportunidad ocultos ante la alternativa de continuar por el camino delictual o abandonarlo.
Sin perjuicio de lo anterior, es fundamental tener claro que la disuasión no permite – por sí misma – eliminar la delincuencia. Sólo proporciona las condiciones para que ésta sea obtenida mediante interacciones sociales como educación, ámbito laboral, deportivo y otros campos de acción, diferentes al policial. En otras palabras, la disuasión solo ayuda a crear un marco de relación en el cual podamos alcanzar nuestros objetivos nacionales a través del acuerdo y la negociación social.
El cuarto Objetivo Estratégico, las amenazas a la Seguridad del Estado, hace necesario enfrentar un problema que, en Chile, no ha sido bien resuelto hasta ahora e inevitablemente incide en la Seguridad Ciudadana.
En la actualidad nacional, las amenazas a la Seguridad del Estado provienen fundamentalmente del crimen organizado, que actualmente funciona como “empresas delictuales” que operan por contratos, franquicias, alianzas o refuerzos a una amplia variedad de crímenes contra las personas (sicariato, asesinatos políticos o “de negocios”, secuestros, extorsiones, “cobros de deudas” y otros); el tráfico de drogas nacional e internacional; las barras bravas; los saqueos a supermercados y pymes por turbas de diferentes característica (con motivaciones políticas, económicas, laborales, estudiantiles y la destrucción sistemática y reiterada de bienes de uso público relacionados con la seguridad (iluminación, semáforos, barricadas, incendios localizados, grifos de incendio, medios de transporte público, carros de bomberos).
Todas estas actividades antisociales, de la magnitud que sean, al final se concretan en lugares geográficos específicos de alta visibilidad, generalmente en lugares céntricos o de alta concurrencia en las ciudades más grandes pero que son llevados a cabo por personas, pandillas u organizaciones que conviven en sus Cuadrantes, aunque materialicen sus delitos fuera de él.
Es por eso por lo que la Seguridad del Estado comienza con la labor de Inteligencia en el Plan Cuadrante y transita por un sistema Nacional de Inteligencia de Seguridad Interior a nivel Ministerio del Interior. Una vez detectado el intento, las medidas para su control deben tomarse en forma rápida, decisiva y sobre todo, bajo un claro y potente control y dirección política del Gobierno más aún si se esperan acciones coordinadas con las regiones.
En Chile, el esquema tradicional para controlar la seguridad interior se basa en la declaración de Estados de Emergencia Constitucional que otorgan al Ejecutivo poderes especiales según el tipo de situaciones.
En lo concerniente a control de disturbios que impliquen la presencia de turbas descontroladas y eventualmente muy numerosas, la velocidad de acción de los amotinados, gracias a los medios de comunicación social actuales es, actualmente, mucho más rápida que el proceso parlamentario para activar un estado de excepción, lo que hace imprescindible que el Estado cuente con una fuerza de reacción rápida, contundente y resolutiva.
Durante un lapso significativo de tiempo Carabineros contó con un “Grupo Móvil” antimotines para materializar esta reacción, pero su tamaño siempre fue inferior al requerido y su baja tasa de empleo hacía muy poco eficiente el incremento significativo de su dotación permanente. Esto señala que el diseño de su ámbito de capacidades fue demasiado restringido, la variedad de tareas que podía abordar fue muy limitada.
El meollo del este problema es que las fuerzas de carabineros “normales”, diseñadas, entrenadas y equipadas para labores policiales anti-delincuencia[5] de cercanía, requieren ser numerosas y su demanda por parte de la ciudadanía y municipalidades es siempre creciente y de alta intensidad política y electoral.
Una alternativa es la concurrencia -previo proceso de declaración de estado de Emergencia Constitucional- de fuerzas militares.
Estas son fuerzas preparadas, adoctrinadas y entrenadas para el combate con fuerzas militares regulares y semi militares irregulares, pero armadas y entrenadas para el combate.
Su empleo contra turbas de civiles, agresivas y violentas, siempre parecerá desproporcionado y su presencia desde la impotencia, las hará no solo perder el respeto de sus oponentes sino dar oportunidad a sus detractores para atacarlas y desprestigiarlas.
En breve, la potencia de combate de carabineros es insuficiente y la de las fuerzas militares es considerada excesiva.
Esta disyuntiva ha sido enfrentada en España con las Unidades de Intervención Policial (más conocidas por sus siglas UIP), en Alemania con la Policía Federal y en Francia con las Compagnies Républicaines de Sécurité.
España: Las UIPs son órganos móviles de seguridad pública dependientes de la Policía Nacional de España. Su principal objetivo es la actuación en episodios graves de alteración de la seguridad ciudadana debido a concentraciones, manifestaciones y otros eventos públicos, como espectáculos masivos, deportivos, accidentes y catástrofes. Protección de personalidades, lanzamientos y recuperación de “tomas”, notificaciones a grupos peligrosos y otras actuaciones judiciales.
Las Unidades de Intervención Policial cuentan, con una dotación cercana a los 3.000 agentes. Cada una de las Unidades está compuesta por dos o más Grupos Operativos (la I UIP Madrid dispone de 12). Cada uno de los Grupos Operativos está integrado por unos 50 agentes y está mandado por un inspector jefe o un inspector.
Las UIP disponen de equipamiento muy variado debido a la disparidad de misiones asignadas, desde armamento catalogado como no-letal empleado en manifestaciones, hasta fusiles de precisión utilizado por francotiradores. Algunas UIP desplegadas en zonas consideradas como más conflictivas disponen de material lanza agua, gases y vehículos blindados.
En Madrid existe un puesto de mando central fijo, de carácter permanente, la “Jefatura de Unidades de Intervención”, que dispone de una «Unidad Central de Intervención» (UCI) que puede desplegarse y operar en toda España si así se requiere y que depende directamente de la Jefatura de la UIP
Alemania. La Policía Federal (BPOL): En este caso hay que recordar que Alemania es un estado federal en que los estados tienen una fuerte identidad y autonomía.
La oficina central de la Bundespolizei está en Potsdam. Una dirección especial en Coblenza (BPOL-Direktion) es responsable de la producción y análisis de inteligencia, el desarrollo de doctrinas, la coordinación de operaciones BPOL y la cooperación internacional.
La escuela central (Federal) para la formación profesional y avanzada se localiza en Lübeck y cada Estado tiene su propia escuela de entrenamiento básico.
El Ministerio del Interior Alemán supervisa la instrucción, entrenamiento, equipamiento y empleo del BPOL a nivel federal.
La BPOL tiene las siguientes tareas: Protección de edificios federales y embajadas extranjeras en Berlín, la protección de los dos tribunales alemanes más altos: el Tribunal Constitucional Federal de Alemania y la Corte Suprema Federal de Alemania. Proveer de fuerza de respuesta móvil al gobierno federal ante acontecimientos de seguridad internos.
La Bundespolizei también puede ser usada para reforzar las policías estatales de ser solicitada por el gobierno de un estado (Land).
El BPOL mantiene fuerzas de reserva para tratar con demostraciones masivas, desmanes o emergencias y para complementar las capacidades de las Unidades Estatales de Apoyo Operacional.
Varias unidades muy entrenadas están disponibles para situaciones de crisis que requieren vehículos blindados, cañones lanza agua y otro equipo especial.
Proporciona seguridad al transporte en aeropuertos internacionales y en los ferrocarriles alemanes; proporciona fuerzas contraterroristas (GSG 9) al Gobierno Federal y provee de seguridad a las embajadas alemanas en varios países. La Bundespolizei consiste en un personal de alrededor de 40.000 efectivos: 30.000 son policías totalmente entrenados. 21.000 proporcionan seguridad en fronteras, ferrocarriles y aviación, 6.000 sirven en la Policía en Alerta (Antimotines). 3.000 sirven en unidades especiales como la Central para Comunicaciones e Información (Inteligencia), el GSG9 (Antiterrorismo) y el Ala de Aviación.
Francia. Las Compañías Republicanas de Seguridad (CRS); son una de las fuerzas de seguridad de la Policía Nacional francesa, utilizadas para misiones de seguridad general, con especial dedicación al control de disturbios y manifestaciones.
El conjunto de las CRS dependen de la Dirección Central de las CRS, una dirección de la Policía Nacional, encargada de su mando y organización.
Los CRS tiene como función principal la vigilancia y control de las manifestaciones, recurriendo a la fuerza.
Los CRS se encargan también de varias misiones de protección civil: operaciones de prevención y seguridad de tráfico; vigilancia de las playas; rescates en zonas de montañas (CRS Montagne).
Existe una compañía, la CRS n.º 1, exclusivamente dedicada a los viajes oficiales tanto de personalidades extranjeras en viaje oficial a Francia como de personalidades francesas de viaje oficial en el extranjero.
Legalmente son agentes civiles de la fuerza pública, del mismo nivel que los agentes de policía, pero militarmente organizados.
Las C. R. S. tienen alta movilidad y cumplen misiones diversas que exceden muy ampliamente el mantenimiento del orden en sentido corriente del término, están bajo el mando del Ministerio del Interior y actúan a las órdenes directas de las autoridades civiles competentes, a las cuales están jerárquicamente subordinadas y tienen 15.000 funcionarios aproximadamente.
Los CRS viven en cuarteles cuando están en desplazamiento. En este caso, todos los servicios operacionales, logísticos y administrativos de la compañía se desplazan con ella, asegurándole una completa autonomía y una gran capacidad de reacción en cualquier circunstancias.
CHILE. UNA ALTERNATIVA NACIONAL.
CUERPO DE PROTECCIÓN Y CONTROL DEL MIN INT. (CPC).
Dado que el fenómeno de la permanente sensación de insuficiencia numérica de la “policía de cercanía” para enfrentar grupos violentos activos, que actúan coordinadamente y disponen de tecnologías en constante mejoramiento (rayos láser, luces enceguecedoras, medios para el lanzamiento de balines y piedras, de shock eléctrico, incendiarias y otras); que cuentan con apoyo continuo de medios de comunicación social nacionales y extranjeros que comparten y apoyan sus intereses; de Organismos No Gubernamentales que representan intereses y soluciones que no coinciden exactamente con las políticas de los sucesivos gobiernos nacionales y que su participación en acciones que eventualmente pueden incluir la violencia, conflictúa frontalmente contra la imprescindible necesidad de lograr y mantener un efectiva cercanía y confianza de la “policía de cercanía” de Carabineros de Chile con el público, que se debilita y desgasta con su participación en estas tareas, es que esta propuesta se basa en la creación de una nueva organización policial integrada EN el Cuerpo de Carabineros pero operada directamente por el Ministerio del Interior (o de Seguridad Pública): un CUERPO DE PROTECCIÓN Y CONTROL CIVIL (CPCC) del Ministerio del Interior (o de seguridad Pública)para prevenir y manejar conflictos y situaciones complicadas, con fuerte carga política y social.
Me refiero al control de disturbios; motines carcelarios, multitudes y turbas agresivas o descontroladas; de grupos políticos o semi delictuales violentos o vandálicos; de elementos delictuales armados y de terroristas, de espectáculos públicos de gran convocatoria, accidente y áreas de catástrofe masivas como terremotos, avalanchas, incendios y contaminación. Todos ellos situaciones de ocurrencia ocasional, pero de alta peligrosidad e intensamente potenciadoras de la inseguridad ciudadana.
Dentro de su orgánica debe integrar las organizaciones actualmente existentes en Carabineros de Chile existentes dedicadas a la búsqueda y rescate de personas y grupos en áreas montañosas, de glaciales y costeras; en edificaciones y construcciones peligrosas, contaminadas o de difícil acceso; grupos armados de operaciones especiales para notificaciones judiciales y captura de individuos o grupos delictuales armados, violentos o peligrosos; secuestros y protección de personas e instalaciones críticas bajo amenaza.
El grueso de sus fuerzas dedicará su entrenamiento y actividad operativa al control de los elementos sociales violentos descritos anteriormente y la protección de las personas, lugares y actividades que disponga el Reglamento correspondiente visado y autorizado por el Ministerio del Interior.
Todos los integrantes de este Cuerpo, de todas sus especialidades deben, simultáneamente con el ejercicio ocasional de sus especialidades deben participar en sus grupos de choque orgánicos y regulares cuando sea necesario, para darles la máxima flexibilidad en su empleo táctico.
Se propone que estas fuerzas estén integradas a la orgánica y a la gestión administrativa del Cuerpo de Carabineros, organizada en tres grupos autónomos basado en Santiago, Valparaíso y Concepción con una dotación de fuerzas operativas de 1500, 800 y 800 integrantes respectivamente, que pueden actuar independientemente o reunidos parcial o completamente con uno o ambos grupos restantes.
Dotados de alta movilidad terrestre y aérea, cada uno de ellos logísticamente autónomo y bajo el mando estratégico del Ministerio del Interior, en el cual existirá un Puesto de Mando Central de apoyo directo a la autoridad ministerial a cargo de las operaciones, enlazado con comunicaciones confiables y permanentes con el mando de cada uno de los Puestos de Mando de los Grupos Regionales (CR).
Cada CR debe establecer un Puesto de Mando regional para asesorar a la autoridad política que se designe para tomar y ejercer el mando operativo (Subsecretario de Seguridad, delegado Presidencial Regional, Intendente, Gobernador). Esto es particularmente válido para situaciones de violencia urbana intensa, terrorismo, rehenes, crisis ambientales, grandes accidentes, catástrofes, motines carcelarios
El mando táctico será siempre ejercido por un miembro del CPCC.
El Mando Estratégico del Ministerio del Interior consiste en el control de cuándo, dónde y con qué fuerzas se enfrentará cada crisis en cada región; en la conformación y alistamiento de una fuerza de reserva que permanecerá bajo su mando hasta disponer su empleo cuando así lo considere necesario, proveer la información de inteligencia a los mandos operativos, relacionarse con el mando político a nivel gobierno y con los medios de prensa.
También incluye la supervisión constante y autorización previa del armamento, municiones, vehículos, elementos de protección, disuasivos químicos, eléctricos, lumínicos, sonoros y de cualquier otra especie que se cree, su adquisición, asignación y su autorización de empleo en cada crisis y los procedimientos para su uso, incluyendo vehículos, aeronaves, drones y otros aparatos de observación y registro de imágenes,
Establecer y evaluar constantemente las tácticas, técnicas y procedimientos de acción, terminando cada empleo real del Cuerpo, en un informe final formal, que será evaluado por la máxima autoridad ministerial. Debe autorizar los incrementos y reducción del personal, su distribución y entrenamiento. Su vestuario, insignias y cubrecabezas, su orgánica, disciplina, formas militares y relaciones profesionales con las demás instituciones de Orden y Seguridad y su interoperación con otras fuerzas equivalentes en el país y en los países que se estime necesario.
Estas fuerzas pueden también emplearse en el control de puntos fronterizos nacionales críticos, pero no en operaciones en que enfrenten a fuerzas militares regulares de otros países.
Dirección de Inteligencia de Seguridad Ciudadana. Anteriormente se señaló que “la Seguridad del Estado comienza con la labor de Inteligencia en el Plan Cuadrante” estas fuerzas, en contacto estrecho, permanente y fluido con la ciudadanía son el mejor y más eficaz medio de obtención de informaciones del tráfico y uso de las drogas ilegales, de las pandillas que se reúnen y coordinan para cometer una amplia variedad de delitos y acciones violentas, las organizaciones de base para la acción de turbas asociadas a diferentes propósitos y controladores.
Es necesario reconocer que no es posible establecer una diferencia clara y tajante entre la Inteligencia relacionada con la participación internacional del estado, con aquella que le compete para el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales Internas, derivadas del pacto social entre el estado y la ciudadanía.
Hay actividades transnacionales como el tráfico de armas, de drogas, terroristas, de guerra hibrida, inmigración ilegal, tráfico de personas y otras en que se superponen ambos espacios, por lo que además de tratar de establecer ambos espacios en la forma más nítida posible, es imprescindible mantener una fluida intercomunicación y apoyo mutuo entre ambos sectores.
La Inteligencia de Seguridad Interior debe proveer el conocimiento anticipado de lo que va a suceder en las diversas manifestaciones delictuales o en perjuicio del estado, con la mayor precisión y certeza posible, reconociéndose que la mejor información cuando se recibe atrasada es inútil y un esfuerzo perdido.
Una vez detectado un probable intento o proceso delictual, las medidas para su control deben tomarse en forma rápida, decisiva y sobre todo, bajo un claro y potente control y dirección política del Gobierno más aún si se esperan acciones coordinadas con otras regiones del país.
Desde esta perspectiva, la inteligencia para seguridad interior debe depender y responder directamente al ministro del Interior y formar parte de su esquema de mando y de sus recursos directos de acción.
CLAVES
El desafío de la seguridad debe comenzar con una elección respecto a quienes hay que proteger y esta propuesta recoge una decisión ya tomada y en aplicación: el establecimiento y conservación de una sensación de seguridad que contribuya a dar a la ciudadanía una alta calidad de vida. La seguridad del estado, particularmente en cuanto a disponer de la capacidad de hacer respetar las leyes y la libertad individual y social acompaña a la seguridad ciudadana pero no la supera.
El sistema judicial no puede funcionar en el vacío, es parte sustantiva y fundamental de la función de seguridad que el estado debe proveer y debe estar estructurado, funcionar en armonía y ser mutuamente complementario con las obligaciones constitucionales del Estado y con el sistema penal.
El sistema penal forma parte fundamental del sistema de seguridad interior, es parte de la vida diaria de la república y como tal merece atención relevante. Debe ser formal, estricto, disciplinado y controlado. No puede alejarse de la estrategia de seguridad, de la estructura jurídica y menos del fiel cumplimento de los DDHH de los internos.
El establecimiento y restablecimiento de la seguridad interna en Chile actualmente enfrenta tres desafíos mayores:
-Uno de Carácter delictual Tradicional perpetrado por criminales que se asocian durante cierto tiempo y actúan concertadamente con el propósito de cometer delitos con miras a obtener, un beneficio económico, político u otro de orden material. En general cae en el ámbito de la “policía de proximidad”, materializada por las fuerzas normales de Carabineros de Chile.
Un segundo desafío representado por el Crimen Organizado y organizaciones criminales, que son dirigidos por personas con los vínculos necesarios para evitar ser perseguidos por los delitos que cometen o evitar la pena o castigo para lo cual operan en un sistema complejo, tipo empresarial, bien estructurado que a través de determinadas acciones violentas persiguen la búsqueda del poder, ya sea político, económico o social. El combate a este desafío es fundamentalmente un trabajo de Inteligencia manejado desde el Ministerio del Interior y combatido con fuerzas policiales especiales de un Cuerpo de Protección Civil integradas en el Cuerpo de Carabineros, dependiente directamente del Ministerio del Interior y con capacidades de combate.
Un tercer desafío son grupos de diferentes tamaños y formas de actuar que derivan en turbas violentas, vandálicas y descontroladas. Pueden formarse con rapidez y crecer aún más rápido, por lo que demandan respuestas inmediatas, decididas y con uso muy regulado de la fuerza. Se propone un Cuerpo de Protección y Control Civil de naturaleza policial. Estas fuerzas que las combatan deben ser respetadas por su eficiencia y respaldo político.
De acuerdo a la Constitución, el empleo de fuerzas militares en la función de seguridad interna es el último recurso del estado para enfrentar una situación de crisis excepcional o impedir una guerra civil.
Melosilla 19 de marzo de 2024
Fernando Thauby García
[1] Dammert, Lucía. Ex integrante del 2° Piso, con actual concurrencia como profesora a la U. de Chile.
[2] En el pasado el Cuerpo de Carabinero conformó unas “Fuerzas Especiales” que cumplieron ese rol pero con baja eficiencia, ya que la frecuencia de empleo de sus medios antimotines y antidisturbios fue muy reducida. Posteriormente, se creó El Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) de Carabineros orientado más bien hacia el rescate de personas y control de actos terroristas.
[3] Informaciones para la producción de Inteligencia y Estadísticas de diversos tipos.
[4] Diputado PC Luis Cuello -29 de Febrero de 2024: “Una menor intensidad de la movilización ha incidido en no poder avanzar con más celeridad en las reformas». La violencia callejera es la forma efectiva de “hacer política”.
[5] Aplicando el concepto de Policía de Proximidad. Plan Cuadrante.
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