Por una vez digamos la verdad.  (3)

El Plan Cuadrante de Carabineros de Chile para la Seguridad Preventiva (PCSP) es un Sistema de vigilancia por sectores (cuadrantes) iniciado el año 2.000, donde se desarrollan acciones preventivas y procedimientos, en un área cuya vigilancia corresponde a una Unidad específica de Carabineros con el propósito de obtener más eficiencia en el accionar policial y acentuar la relación de trabajo directa con los habitantes y organizaciones sociales de cada cuadrante

Apunta directamente al corazón del problema: aumentar la sensación de seguridad de los ciudadanos.

La seguridad ciudadana es la acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía y otras organizaciones de interés público, destinada a asegurar su convivencia y desarrollo pacífico; la erradicación de la violencia; la utilización pacífica y ordenada de vías y de espacios públicos y en general evitar la comisión de delitos y faltas contra las personas y sus bienes. Este es también el primer y vital órgano de obtención de informaciones que alimenta al Organismo de Inteligencia del Ministerio del Interior.

La seguridad ciudadana, es un  concepto amplio que incorpora los valores del Estado social y democrático; yendo más allá de forzar a los ciudadanos a la obediencia de la norma, sino que a garantizar la calidad de vida de los mismos.

Al colocar en el mismo plano los conceptos de democracia y seguridad, podemos apreciar que la democracia aparece asociada a los sentimientos de peligro, miedo y urgencia.

Se trata, entonces, de dejar de lado el “paradigma del orden”, para ubicarnos en el de la “seguridad ciudadana”, con base en la seguridad de las personas y no solo ni principalmente en la seguridad del Estado. En este sentido, el Plan Cuadrante de Carabineros de Chile (PCSP) es un cambio radical de foco y forma de abordar su misión; este es un aspecto crítico que define y delinea el carácter de la interacción entre la policía y los ciudadanos

Hace énfasis en el carácter preventivo y de colaboración de la ciudadanía con las actuaciones del Estado y no solo una actividad reactiva ante la comisión del delito.

En este ámbito, Carabineros de Chile posee un capital invaluable: el cariño, respeto, confianza y apoyo ciudadano. Contra lo que aseguran “expertos” de izquierda, esto no es el resultado de campañas publicitarias efectivas[1] sino su presencia constante, solidaria y eficaz desde el parto al funeral, desde el niño al anciano, desde la mujer golpeada hasta el aprendiz de delincuente. Desde el incendio a la inundación, pasando por el terremoto y el accidente en la cordillera.

Este capital ha resistido feroces campañas de desprestigio de la extrema izquierda e incluso desde miembros del Gobierno, el Congreso y la Judicatura, saliendo siempre airoso. El aprecio ciudadano a Carabineros y la PDI superan amplia y contantemente a todos demás los organismos del estado. Esta es una valiosa cualidad que debe ser conservada.

Sin perjuicio de lo señalado, la policía debe asegurar la estabilidad, la supervivencia y la seguridad del Estado cuyo debilitamiento afecta directamente de la sensación de seguridad de los ciudadanos.

Se puede apreciar entonces que el concepto de “sensación de seguridad / inseguridad” de los ciudadanos es el punto de confluencia de ambas áreas de acción -seguridad ciudadana y seguridad del estado- y que ellas existen simultáneamente. Ambos tipos de seguridad son percibidas por la ciudadanía forma diferida, pero inexorablemente ligadas una a la otra.

La combinación, tamaño y grado de actividad relativo en una u otra área de la “sensación de seguridad” es variable, de un país a otro y en diferentes momentos políticos, económicos y sociales dentro cada país. Un problema difícil de resolver es como disponer de capacidades  medios, recursos y doctrinas para cumplir tareas tan diferentes con las mismas fuerzas y evitar que las acciones de esas fuerzas no debiliten sus condiciones para cumplir alguno de sus dos roles[2].

Esto nos lleva a tener que manejar eficientemente, dentro de una misma institución, tareas muy diferentes: 1.- la necesidad de la conservación y protección de la relación de confianza, respeto y aprecio desde la ciudadanía hacia las organizaciones policiales a cargo de la seguridad ciudadana, que descansa en la confianza mutua ciudadano – policía 2.- La capacidad de las fuerzas, -distintas a la ya mencionadas- que actúan en el combate al crimen organizado y violencia cometida por turbas fuera de control, en las que la capacidad de producción de “disuasión” es la cualidad central que implica superioridad policial en los enfrentamientos que sus actividades requieren y 3.- la producción de inteligencia que relacione , en el nivel directivo la relación funcional entre ambas actividades antisociales y permita combatirlas adecuadamente, de acuerdo a sus características intrínsecas.

En Chile aún no se han consolidado eficientemente las conexiones estratégicas dentro de los últimos niveles delictuales señalados en 2.- y 3.- pero su conexión y funcionamiento se materializará inexorablemente.

Diseño de una Estrategia de seguridad efectiva. Hoy, en Chile, no es posible diseñar ni actualizar estrategias de seguridad efectivas sin la previa identificación de los Objetivos Estratégicos y la consiguiente acción simultánea y coordinada de los tres elementos señalados.

• Carabineros en su organización actual cubre la seguridad de las personas con cierta eficacia, el Plan Cuadrante es un buen intento que debe ampliarse, fortalecerse y expandirse a todo Chile. Ciudades y zonas rurales.
• No tiene suficientes capacidades enfocadas a controlar sistemáticamente las actividades contra la seguridad del Estado
• Ningun cuerpo policial apoya efectiva, integrada y sistemáticamente el esfuerzo de Inteligencia del Gobierno, pese a estar en contacto cercano con la delincuencia común, que es el terminal del crimen organizado.

En breve, los objetivos de la estrategia de seguridad pública de Chile se dan en tres ámbitos.

1.- la que se ocupa del fenómeno delincuencial, entendido como amenaza a los individuos, sus bienes y su estabilidad social y emocional; 

2.- la que se ocupa de las amenazas al Estado y al cumplimiento de su obligación de controlar el crimen organizado y las turbas violentas devenidas en amenazas a la ciudadanía.

3.- La que provee al Estado el conocimiento anticipado de la probables acciones delictuales contra la ciudadanía y contra el Estado[3].

En Chile, a la sombra y asociadas a partidos políticos como el PC[4], que declaran y practican el uso de la violencia para conquistar el poder, orbitan grupos anarquistas violentos, pandillas asociadas al tráfico de drogas, grupos violentos que saquean supermercados y farmacias sistemáticamente y a pedido, mano de obra especializada al servicio de lotes políticos que recurren ocasionalmente a la violencia, barras bravas que operan en conjunto con actividades “deportivas” y asociadas al tráfico de drogas y la destrucción sistemática de Pymes, se ha establecido, por la práctica constante del abuso e irrespeto a la leyes, una subcultura de violencia que se intersecta con la delincuencia común, las drogas, las pandillas internacionales que han introducido en Chile nuevos delitos y prácticas criminales atroces, y la política.

El motor de esta actividad es la campaña sistemática de la izquierda para debilitar, desprestigiar y destruir la moral de las policías y las FFAA. El caso más evidente fue el motín de Octubre de 2018  en que se demolió el sistema de transporte urbano, se incendiaron monumentos y edificios icónicos y concluyeron con reconocimientos y premios gubernamentales a los criminales, sin que el estado haya tenido la voluntad para identificar a los delincuentes ni a sus líderes.

Un factor clave a dilucidar al definir los objetivos estratégicos de seguridad es identificar a los adversarios y establecer sus características y comportamiento.  

Este análisis nos lleva a tres problemas a resolver: la estructura, conformación y capacidades de las fuerzas policiales; la elección del tipo de disuasión a aplicar a los delincuentes para inducirlos a abandonar sus actividades antisociales y la definición y la estructura del mando político en la conducción de las operaciones.

           Fernando Thauby García

Melosilla, sábado 2 de Febrero de 2024

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[1] Dammert, Lucía. Ex integrante del 2° Piso, con actual concurrencia como profesora a la U. de Chile.

[2] En el pasado el Cuerpo de Carabinero conformó unas “Fuerzas Espaciales” que cumplieron ese rol, pero con baja eficiencia ya que su frecuencia de empleo fue muy reducida. Posteriormente, se creó El Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) de Carabineros orientado mas bien hacia el rescate de personas y control de actos terroristas.

[3] Informaciones para la producción de Inteligencia y Estadisticas de diversos tipos.

[4] Diputado PC Luis Cuello -29 de Febrero de 2024: “Una menor intensidad de la movilización ha incidido en no poder avanzar con más celeridad en las reformas». La violencia callejera es la forma efectiva de “hacer política”.

Por una vez digamos la verdad.[1]  (2)

La “seguridad ciudadana” es el producto de las acciones y previsiones del Estado para proteger a los ciudadanos y asegurar su calidad de vida.

La percepción de inseguridad en 2023 Chile alcanzó el 90,6%, la más alta en 10 años y muestra un incremento del 23% respecto a 2022 fue 70,6%

Por su parte, el índice de percepción ciudadana sobre la situación de la seguridad pública señala que el miedo de la población chilena a ser atacado alcanzó su máximo registro histórico llegando al 30,5%.

Durante 2012 el 24%; de los hogares chilenos fue víctima de algún delito como robo con violencia o intimidación, robo por sorpresa, robo de vehículos y hurtos; 2013 el 21%; durante el año 2019 fue 23,6%; en 2021 fue de 21%.

Es decir, en términos reales, la criminalidad ha variado relativamente poco.

Sin embargo, hay consenso general que hoy día Chile sufre una aguda crisis de seguridad.

La Declaración de Derechos del Hombre (1789) señala que “La libertad consiste en poder hacer todo lo que no sea perjudicial al otro. Así, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene otro límite que aquellos que aseguren a los otros miembros de la sociedad el disfrute de estos mismos derechos; estos límites sólo pueden estar determinados por la ley”. El concepto de “orden público” establece garantía y límite a la libertad.

Este concepto evolucionó hacia el de “seguridad ciudadana” mucho más amplio, que incorpora los valores del Estado Social y Democrático; llevando al concepto más allá de forzar a los ciudadanos a la “obediencia a la norma” sino a garantizar la “calidad de vida” de los mismos. Este cambio es crítico ya permite percibir con claridad que frente a las demandas de seguridad, la democracia aparece asociada a sentimientos de peligro, miedo y urgencia.

Se trata, entonces, de dejar de lado el paradigma del orden, para ubicarnos en el de la seguridad urbana, entendiendo seguridad de las personas y no seguridad del Estado. Si la inseguridad y el miedo han aumento considerablemente y la criminalidad ha variado relativamente poco es porque debe haber otros factores concomitantes que no estamos valorando.

En efecto, la primera amenaza existencial a los chilenos vino del alzamiento pre-revolucionario de octubre 2019 que puso en duda la continuidad democrática de Chile y su condición de Nación. Luego surgió la inmigración ilegal, que cambió por completo a barrios y pueblos e introdujo un elemento de tensión social integral; después y conexo con lo señalado apareció la práctica de delitos atroces, desconocidos para los chilenos y detalladamente difundidos por la televisión: el descuartizamiento de las víctimas, los secuestros extorsivos, el sicariato profesional, las “encerronas” y “portonazos”, el pandillerismo como forma de vida, la guerra entre bandas delictuales, el abandono de las víctimas en lugar públicos y concurridos, la depreciación intensa del respeto a la ley, la higiene y las conductas ciudadanas civilizadas.

Si sumamos la seguidilla de eventos electorales constitucionales; la crisis económica; la expresión y práctica de un partido político de extrema izquierda y de varios grupos anarquistas validando el empleo de la violencia con fines políticos anti democráticos, podemos apreciar que mirado en forma realista y amplia, el temor y la incertidumbre de la ciudadanía decente de Chile respecto a su seguridad actual y futura, en su casa y fuera de ella, en su transporte público o privado en los barrios comerciales y residenciales y prácticamente en todo su hábitat es completamente naturales y fundados. A lo señalado se suma la evidente incompetencia y deshonestidad de muchos órganos de gobierno, legislativos y judiciales.

Volviendo al tema que nos interesa, si los que buscamos es la “seguridad ciudadana” y no “la seguridad del estado”, es en el funcionamiento de éste el lugar en donde debemos buscar la causa y no solo hacerlo en las Policías, las que, por cierto, están sujetas a crítica como todos los demás órganos del estado de Chile. Parece evidente que la refundación de Carabineros de Chile será un aporte menor y de baja prioridad para el bienestar y seguridad de los ciudadanos.

En este marco, la necesidad social de seguridad de personas y bienes justifica, per se, la existencia de la policía. De esta manera, los ciudadanos son los primeros interesados en colaborar con la actuación policial, de tal suerte que se evite el recurso a la fuerza. Para concluir, podríamos decir que el modelo de policía comunitaria tiene su última justificación en el mantenimiento de la seguridad de las personas.

Chile y Carabineros de Chile en particular han dado pasos firmes hacia la conformación una policía “comunitaria”, “educadora” y “correctiva” que le ha hecho ganar la estima de la ciudadanía y le ha permitido avanzar un largo trecho para adaptarse al Chile del siglo XXI con tanto éxito como lo ha hecho hasta hoy.

En una próxima oportunidad, veremos el concepto de Plan  Cuadrante y la necesidad de otra organización policial integrada a Carabineros pero operada directamente por el Ministerios del Interior (o de Seguridad Pública), para manejar temas complicados, con fuerte carga política, que conflictúan con la existencia de una policía “comunitaria” realmente eficaz; me refiero al control de disturbios, multitudes agresivas y descontroladas, de grupos políticos violentos y de terroristas, delitos de ocurrencia ocasional pero de alta peligrosidad e intensamente potenciadoras de la inseguridad ciudadana.

      Fernando Thauby García

Melosilla 20 de febrero de 2024

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[1] Este paper forma parte de un conjunto de varios documentos que, bajo un mismo título seguido de un número correlativo conforma una propuesta estratégica de seguridad ciudadana.

Por una vez, digamos verdades

La reciente reunión del Consejo de Seguridad Nacional, cuyo texto fue publicado por el gobierno, fue un fraude. En efecto, la ciudadanía creyó que se trataría de la seguridad que les importa a ellos y así lo dejó creer el gobierno. Pero no, el tema era darle más vueltas al manido tema de la “protección de la infraestructura” de servicios por parte de las FFAA.

Del texto quedó claro que el asunto de fondo era constatar que tanto las FFAA como el Gobierno no querían que, durante la existencia de un Estado de Excepción Constitucional específico, éstas se involucraran en la protección de la ciudadanía que vive en áreas urbanas.

Llevamos años dando vuelta al tema de las FFAA en la seguridad interna. El asunto es simple y claro: El responsable y encargado de proveer a los ciudadanos de un entorno seguro en el cual llevar a cabo su vida y actividades es el Gobierno. Todas las Constituciones habidas y por haber así lo establecen. Es el eje del contrato social mediante el cual los ciudadanos entregan parte de su libertad y su dinero al estado, a cambio de la protección de su vida y sus bienes. En Chile, la Constitución entrega esta tarea al Presidente de la República y éste lo lleva a cabo mediante un conjunto de instituciones que la misma Constitución establece.

Para enfrentar situaciones extraordinarias, la Constitución considera la existencia de Estados de Excepción Constitucional que a su vez requieren su confirmación por parte del Congreso. Este Estado de Excepción otorga al Presidente la facultad de determinar la forma y oportunidad del empleo de las FFAA en tareas de orden y seguridad.

En breve, la responsabilidad de la conservación del orden y la seguridad es responsabilidad del Presidente en tiempos normales, refrendado por el Congreso en tiempos extraordinarios.

Si el poder político (ejecutivo y congreso) quieren eliminar un Estado de Excepción, o modificarlo, es asunto suyo, en el cual los militares no tienen opinión. Es una elección política.

Desde otra perspectiva, la Constitución excluye a las FFAA de las tareas de resguardo del orden y la seguridad pública, pero reconoce que puede haber situaciones “excepcionales” que serán definidas y juzgadas así por el Poder Político; es decir tiene claro que existen situaciones fuera de la normalidad y que se requiere el empleo de medios y recursos de fuerza excepcionales. En este caso, La misma Constitución establece que esas fuerzas son las FFAA, que tienen características de equipamiento, empleo y objetivos específicos derivados también de la misma Constitución. Son fuerzas de combate para la defensa armada y exterior de la República.

Esto nos permite apreciar que si se vive una situación de tal magnitud que el Gobierno declara un Estado de Excepción que lo autoriza a emplear a las FFAA y que éstas son, sin duda, fuerzas de combate, las consecuencias de su empleo son de su exclusiva responsabilidad, ya que el Congreso lo autorizó a emplear los recursos de fuerzas existentes tal y como son. Si quiere otro tipo de capacidades deberá fundar otras instituciones o modificar profundamente las existentes, renunciando a disponer de fuerzas de combate.

Si no era eso lo que quería, debería levantar el Estado de Excepción.

De la misma manera, deberá asumirá que el empleo de las fuerzas tendrá consigo un determinado nivel de eficacia y un probable nivel de bajas. De esta realidad es de donde surge el poder disuasivo del Ejecutivo-a través de sus FFAA- hacia los causantes del caos, que los llevará a desistir de sus empeños violentos o a enfrentar conscientemente los efectos de su elección. Es absurdo enviar una fuerza de combate con prohibición de emplear sus medios de combate. Los oponentes, conocedores de esa situación actuarán aún más violentamente. A contrario sensu, su aparición en la escena, estando conscientes que se empeñarán en combate en cualquier momento es, efectivamente disuasivo y las probabilidades que haya un encuentro mayor, decrecen fuertemente.

La derrota de las FFAA es el primer paso de la derrota del Estado.

Por ahora, creo que está establecido, uno, que para un gobierno tomar decisiones a medias es mucho más peligroso de lo que parece y segundo que no debería declarar Estado de Emergencia en una situación que no es tal y que no valida el empleo de fuerzas militares. Tratar de modificar sobre la marcha la naturaleza de una fuerza de combate es tentar al destino y correr riesgos imposibles de cuantificar.

¿En qué condiciones las FFAA pueden actuar con eficiencia en la protección del orden y seguridad pública? ¿Quién asume las responsabilidades políticas y operativas? ¿Quién manda que?

En una próxima oportunidad revisaremos estos y otros aspectos críticos de este problema.

      Fernando Thauby García

 Melosilla, 17 de febrero de 2024

TODOS MANDAN, NADIE MANDA.

En situaciones de crisis, la siempre confusa organización del estado de Chile ha sido superada, generalmente, por la asunción directa del mando del Presidente de la República (estilo Pinochet o Piñera) o por la concentración del mando ejecutivo en un jefe civil o militar.

Como todo tiene que cambiar, en el gobierno actual se organizó algo especial, con perspectiva de género, completamente creativa y cuoteada.

DELEGADO PRESIDENCIAL REGIONAL DE CHILE

Por la reforma constitucional del año 2017, se establece la figura del Delegado Presidencial Regional  (DPR) en reemplazo del Intendente Regional, que asumen sus cargos el 14 de Julio de 2021.

El DPR ejerce el gobierno interior de cada región. Es el representante natural e inmediato del Presidente de la República en el territorio de su jurisdicción. Es nombrado por el jefe del Estado y del Gobierno y se mantendrá en sus funciones mientras cuente con su confianza.

El DPR es quien ejerce las funciones y atribuciones del presidente de la República en cada una de las 16 regiones de Chile. Además le corresponde la coordinación, supervigilancia o fiscalización de los servicios públicos que operen en la región que dependan o se relacionen con un ministerio, ejerce sus respectivas funciones de acuerdo a las órdenes e instrucciones del presidente de la República.

Algunas de labores que debe cumplir:

-La coordinación, supervigilancia o fiscalización de los servicios públicos, que dependan o se relacionen con el presidente de la República a través de un Ministerio (como las Secretarías regionales ministeriales, Seremi’s o delegaciones presidenciales provinciales),.

-Velar porque en el territorio de su jurisdicción se respete la tranquilidad, orden público y resguardo de las personas y bienes y podrá requerir el auxilio de la fuerza pública (Carabineros o FFAA) en el territorio de su jurisdicción, en conformidad a la ley.

-Los delegados presidenciales regionales deberán poner en conocimiento de la Contraloría General de la República y del tribunal competente, aquellos hechos que, con fundamento plausible, puedan originar responsabilidad administrativa, civil o penal en contra de algún funcionario de las instituciones sujetas a su fiscalización o supervigilancia.

-No preside el Consejo Regional ni es el órgano ejecutivo en cada región, tareas que corresponden al Gobernador Regional.

GOBERNADOR REGIONAL (GORE)

EL Gobernador Regional es electo por votación popular, preside el Consejo Regional y es el órgano ejecutivo en cada región.

Las normas aclarativas de este cargo me resultan incomprensibles, tarea que dejo a los lectores: “GOBERNADOR REGIONAL

“Los gobiernos regionales (GORE) son los órganos públicos encargados de la administración superior de cada una de las regiones de Chile, y que tienen por objeto el desarrollo social, cultural y patrimonio propio. Tienen su sede en la ciudad capital de la respectiva región, sin perjuicio de que puedan ejercer sus funciones transitoriamente en otras localidades de la región.

Los gobiernos regionales están constituidos por dos órganos: por el gobernador regional respectivo, el cual es elegido por votación popular y dura cuatro años en su cargo pudiendo ser reelegido una vez, y por el consejo regional, compuesto de consejeros elegidos por sufragio universal, en votación directa, por periodos de cuatro años, y que pueden ser reelegidos.

El consejo regional fue creado mediante una reforma constitucional efectuada el año 1991 e implementada con la Ley 19175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, de 1992. Los primeros gobiernos regionales se instalaron en 1993.

Son funciones generales del gobierno regional:

-Diseñar, elaborar, aprobar y aplicar las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo de la región en el ámbito de sus competencias, los que deberán ajustarse al presupuesto de la Nación; a la estrategia regional de desarrollo y a los instrumentos de planificación comunal.

-Orientar el desarrollo territorial de la región en coordinación con los servicios públicos y municipalidades, localizados en ella.

-Administrar fondos y programas de aplicación regional.

-Resolver la inversión de los recursos que a la región correspondan en la distribución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y de aquéllos que procedan.

-Adoptar las medidas necesarias para enfrentar situaciones de emergencia o catástrofe, en conformidad a la ley, y desarrollar programas de prevención y protección ante situaciones de desastre, sin perjuicio de las atribuciones de las autoridades nacionales competentes.

DELEGADO MILITAR POR LA ZONA DE CATÁSTROFE

El presidente o presidenta de la República debe designar a un Jefe de la Defensa Nacional, que asume la dirección y supervigilancia de su jurisdicción con las atribuciones y deberes que la ley señala. Las facultades presidenciales pueden ser delegadas total o parcialmente en los jefes de la Defensa Nacional designados y tendrán los siguientes deberes y atribuciones:

-Asumir el mando de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública que se encuentren en la zona, para los efectos de velar por el orden público y de reparar o precaver el daño o peligro para la seguridad nacional que haya dado origen a dicho estado.

-Ordenar el acopio, almacenamiento o formación de reservas de alimentos, artículos y mercancías que se precisen para la atención y subsistencia de la población en la zona y controlar la entrada y salida de tales bienes.

-Impartir directamente instrucciones a todos los funcionarios del Estado, de sus empresas o de las municipalidades que se encuentren en la zona, con el exclusivo propósito de subsanar los efectos de la calamidad pública.

-Difundir por los medios de comunicación social las informaciones necesarias para dar tranquilidad a la población.

Como esta organización era incompatible con una gestión mas o menos razonable, Boric le hizo un agregado que muy probablemente no contribuirá a aumentar la eficiencia.

DELEGADA PRESIDENCIAL AD-HOC (CAMILA VALLEJO)

Designada personalmente por Boric, ante quien responde: “Tras dar el anuncio, Boric señaló que la ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob) “va a tener una visión global de todos los problemas”, ya que se trata de “una persona de mi total confianza”.

Su función será decirle al presidente “dónde hay puntos flojos” que deben “ajustar”, además, “ella va a estar revisando permanentemente todo el territorio y va a estar también ayudando a la coordinación entre las diversas autoridades porque sabemos que tenemos que mejorar la coordinación entre autoridades regionales, municipales y nacionales”.

Por eso la ministra Vallejo queda como el enlace del gobierno en el territorio”, acotó el Mandatario

Dado que la Municipalidad de Viña del Mar no cuenta con plan de emergencia y evacuación válido, ya que el existente es un plagio inválido, la primera tarea debería ser esa, oportunidad en que se pondrá a prueba esta confusa organización.

         Fernando Thauby García

            10 de febrero de 2024

BORIC, EXTRAVIADO, DA PALOS DE CIEGO.

Los Fiscales, encabezados por Ximena Chong pidieron una sala especial, de mayor capacidad, disponible durante la semana que durará la formalización de los generales de Carabineros, Ricardo Yáñez, Mario Rozas y Diego Olate. Ahí concentrarán un amplio número de personas relacionadas con los 450 presuntos afectados por violaciones a sus derechos humanos, por parte del Alto Mando de Carabineros.

Desde ahí, por prensa y televisión se resucitará la acusación de la “violación masiva” de los derechos humanos de los “manifestantes” en los muchos días del intento de golpe de estado iniciado el 19 de octubre de 2019.

El delito sería por “omisión” es decir, sabiendo lo que estaba pasando en cada punto en que se expresaba la violencia de la crisis, esas autoridades policiales no tomaron acciones para contener los delitos que sus fuerzas estarían cometiendo en ellos. El problema es que esos generales no tenían esa información, en todo caso, tenían la misma información que el Ministro de Interior y de Piñera mismo.

En el caso del general Yáñez destaca el fallecimiento de Cristián Valdebenito, muerto por el impacto de un objeto contundente que los que lo rodeaban aseguran se trataba de una bomba lacrimógena. De ser cierto, la prohibición de emplear bombas lacrimógenas por parte del general Yáñez, habría constituido desacato de su parte a las órdenes de Piñera, de contener el vandalismo y los desmanes.

Ahí va la máquina político judicial dejando afuera a Piñera y culpando al general Yáñez.

Con este trasfondo, el presidente cita al Consejo de Seguridad Nacional para tratar algo que aún no ha dicho para qué. Si es para escuchar alternativas para incrementar la exigencia de cumplimiento de la ley a las turbas que apoyan al mismo Boric, es una idea carente de lógica. Boric sabe sus pros y contras perfectamente, no necesita asesoría. Se agrega a lo anterior el agudo contraste entre el trato que los Poderes Ejecutivo y Judicial dan a los militares y policías, en comparación a los premios y pensiones de gracias que dan a los delincuentes, presuntas víctimas de las fuerzas policiales al mando del general Yáñez.

Otras voces recomiendan “militarizar” la crisis de seguridad. Esta idea, además de impracticable, es una atribución exclusiva del Ejecutivo, y dado el largo debate habido al respecto, no ha lugar escuchar al COSENA, cuyos miembros han expresado muchas veces sus pareceres respecto a la materia, se trataría exclusivamente de una elección política y basta con que Boric se decida a hacerlo o no. El resto es show.

Hemos llegado a una situación muy clara: todos sabemos que es lo que se puede hacer, cuáles son los poderes del Ejecutivo, que dice la Constitución y las leyes al respecto.

Ya no queda espacio para sacarle el poto a la jeringa, lo que queda es una decisión política de responsabilidad exclusiva de Boric, él deberá tomarla y asumir las consecuencias de ella, cualquiera que sea.

Fernando Thauby García

3 de febrero de 2024

ESTATEGIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

“No hay buen viento para un buque que no tiene puerto”; si no sabemos para dónde vamos ¿cómo podríamos emprender un viaje?

El 30 de junio de 2022, Boric presentó en Arica un Plan Nacional de Seguridad Pública donde “propone más de 33 medidas específicas para el fortalecimiento institucional y la gobernanza en materia de seguridad pública, la prevención del delito, mejorar la información disponible, proteger y acompañar a las víctimas de delitos, persecución del crimen organizado, control de armas y recuperación de espacios públicos”.

Por definición, una estrategia muestra la visión de la condición final a obtener. Lo que Boric presentó no es una estrategia; no señala el estado o situación final a la que se desea llegar ni la combinación de acciones de diversos elementos del Estado y privado, existentes o por crearse, para materializarla en un determinado nivel de eficiencia y costo. Se limita a identificar acciones descoordinadas y autónomas de organismos independientes.

Sin metas es imposible saber si se está trabajando bien o no, si estamos teniendo éxito o estamos empleando mal los recursos. Una estrategia puede expresarse a través de uno o varios Planes, coordinados entre si, que disponen las acciones concretas a las organizaciones de menor nivel; los planes son elementos ejecutivos y de coordinación, de duración variable, que se comportan como medios de dirección, control, coordinación y supervisión del Mando superior, elemento imprescindible de coordinación, control y responsabilidad.

La estrategia tiene que ver fundamentalmente con opciones; manifiesta una preferencia por un estado o condición futura, y establece la forma de llegar a ella. Une el vacío entre la realidad de hoy y el futuro deseado y señala la manera concreta de cómo hacerlo. La estrategia debe poner énfasis en la eficacia, en los resultados.

Un experto norteamericano en visita a Chile señaló que “como base un plan estratégico de seguridad ciudadana necesita  4 pilares:  (1) investigar las organizaciones criminales y su relación con otras bandas en cada ciudad, (2) recopilar datos de infraestructura para entender la distribución de la zona donde operan estos grupos, (3) analizar datos anuales sobre el comportamiento de estas “pandillas”y (4) colaborar con el Estado y oficinas gubernamentales en experimentos sociales enfocados en las nuevas generaciones.

Esta no es una estrategia de seguridad ciudadana integral, son medidas coordinadas, pero en solo un nivel delictual, como si cada tipo delito fuera aislado e independiente. En un compartimento estanco.

La seguridad ciudadana que nos interesa abarca una problemática mucho más amplia y compleja. Los ataques a la seguridad provienen solo muy parcialmente de bandas y pandillas, sino que están insertos en una estructura nacional e internacional delictual en la cual Chile se encuentra situado, en un medio político en el cual el recurso al uso de la violencia es aceptado y practicado de hecho y en un sistema judicial permisivo y con frecuencia politizado y corrupto, que neutraliza muchas medidas para el control social.

En Chile, mayoritariamente, los ciudadanos sienten temor y culpan principalmente al Gobierno y al Sistema Judicial, no a las Policías. Es un problema complejo de entender y abordar.

Carabineros de Chile, durante los últimos 10 meses, tuvieron una aprobación de entre 75% y 83%. Los partidos políticos de oposición también fueron evaluados. En la última encuesta Cadem el Partido de la Gente tuvo la mayor aprobación con 32%. Le siguió RN 31%, la UDI 29% y el Partido Republicano 28%. Los partidos de Gobierno, en el otro extremo, se ubicaron el PRSD (con 8%, el Partido Liberal con18% y el PC con 15%) partido cuya desaprobación alcanzó el 76%.

La estructura delictual es diferente en los distintos países y está materializada por muchos elementos simultáneos y cambiantes en intensidad y modus operandi: situación económica nacional, corrupción gubernamental, ingreso de delincuentes extranjeros, bandas transnacionales, agitación política violenta; elementos violentistas (barras bravas, espectáculos masivos).

A.-Una estrategia nacional de seguridad pública comienza con caracterizar el estado y nivel de seguridad que se busca y definir prioridades. En el caso nacional, el objetivo inicial fundamental podría ser “crear una condición que haga sentir a la ciudadanía un estado de control y seguridad. De supremacía estatal sobre la delincuencia. De imperio de la ley y control sobre la delincuencia que la afecta en las formas más directas y sensibles”.

B.- En segundo lugar, establecer la prioridad y secuencia del establecimiento de la supremacía estatal en forma clara y visible:

1.- Identificación, control y combate al crimen local, barrial y de pandillas. Control y reducción sobre los delincuentes extranjeros (inmigrantes ilegales); identificación y control sobre las pandillas (en los barrios, barras bravas, micro traficantes de drogas, ladrones y asaltantes en tiendas y supermercados); robo y reducción de automóviles. Abusadores de poder grupal sobre la ciudadanía (tomas de caminos, terrenos particulares urbanos y agrícolas, espacios públicos, acceso a los territorios declarados fuera del control del estado).  Ingreso forzado a espectáculos, grandes establecimientos comerciales; espacios y actividades privadas o públicas; asaltantes y criminales que agreden a personas, particularmente mujeres y niños, en sus casas y en espacios públicos.

Estas tareas corresponden principalmente a ambas policías: Carabineros de Chile y la PDI y la efectúan inmersos en la ciudadanía, en una actitud general educativa y ciudadana, pero inflexible y sin excepciones.

 2.- Identificación, control y combate al Crimen Organizado. El Crimen organizado no es un delito en sí mismo, es una denominación genérica que se da a los delitos en que actúan grupos de personas en forma organizada y regular. Entre 2018 y 2022, pasaron de 23,7% del total anual de casos criminales a 41,6% lo preocupante de esa cifra es que es una señal de la instalación y crecimiento del crimen organizado en Chile y muestra la profesionalización criminal.

En general, las redes delictuales organizadas operan en diferentes tipos de actividades internacionalmente. El crimen organizado es un complejo altamente centralizado, creado con el fin de realizar actividades ilegales. Tales organizaciones cometen delitos como de crimen organizado como el robo de cargas, fraude, secuestro por rescate y exigencia de pagos de «protección», también incluyen, tráfico de drogas, mercancías ilícitas y armas, trata de personas, robo a mano armada, falsificaciones y blanqueo de capitales.

Se puede apreciar que muchas de las actividades criminales organizadas se materializan hacia “los clientes”, mediante redes criminales locales, pandillas de barrios, grupos violentos y similares, que sin ser parte integral de la organización criminal internacional, siguen sus órdenes, les prestan servicio, los financia y los encubren.

El combate al crimen organizado es fundamentalmente un trabajo de inteligencia Ministerial de Seguridad, cuya información proviene de los Ministerios Públicos extranjeros, Servicio Nacional de Aduanas, Servicio de Impuestos Internos, Bancos, Contraloría General y Bancos, entre otras. Desde el otro extremo, las policías territoriales,  Carabineros y PDI , en contacto con los niveles inferiores de la criminalidad, están en condiciones de beneficiarse de la inteligencia Ministerial y también de apoyarla proveyendo información de las actividades delictuales en sus ámbitos de acción.

En Chile, la criminalidad organizada es tarea de la Fiscalía Nacional, teniendo como objetivo fundamental una eficiente persecución penal, sobre delitos ya ocurridos. Se aprecia que el foco es distinto, la inteligencia se adelanta a las acciones, identifica actores y tendencias y establece relaciones para identificar qué, dónde y quienes, van a actuar criminalmente.

Para una mejor investigación de estos delitos, la Fiscalía se coordina con diversas instituciones públicas y privadas, entre ellas los Ministerios Públicos extranjeros, Servicio Nacional de Aduanas, Servicio de Impuestos Internos, Bancos, entre otras.

Podemos ver que sin una estrategia clara, los esfuerzos nunca se potenciarán entre si y los resultados serán mediocres y frustrantes.

Si la próxima reunión del COSENA se limita a proponer acciones desarticuladas sin un objetivo específico, mensurable, otra vez estaremos perdiendo el tiempo y confundiendo show con acciones reales.

Fernando Thauby García

     2 de febrero de 2024

A petición del Primer Ministro británico, a finales de 1995 se constituyó un Comité de Expertos para proponer unas Normas de Conducta en la Vida Pública, ésta referida a la actividad parlamentaria y administrativa. Dicho Comité emitió, en mayo de 1995, un informe del que se reproducen las recomendaciones que se refieren a los principios que deben inspirar la actuación de políticos y funcionarios públicos.

Los siete principios de la vida pública

• Capacidad de asumir el interés público

El personal de la Administración Pública deberá adoptar sus decisiones únicamente en aras del interés público.

Nunca actuará a fin de obtener beneficios económicos o cualesquiera otros beneficios materiales para sí, su familia o sus amigos.

Integridad

El personal de la Administración Pública no debería ponerse en situación de contraer obligaciones financieras ni ninguna otra con individuos u organizaciones que puedan influir en el desarrollo de sus actuaciones públicas

• Objetividad

En el desempeño de actividades públicas, incluyendo los nombramientos de cargos públicos, la firma de contratos, o la recomendación de individuos para premios y beneficios, el personal de la Administración Pública basará todas sus elecciones en el principio de mérito.

• Responsabilidad

El personal de la Administración Pública es responsable de las decisiones y actos que afecten a la sociedad y debe someterse a cualquier tipo de control que se considere necesario.

• Transparencia

El personal de la Administración Pública deberá ser tan transparente como sea posible respecto a las decisiones y actos que adopte. Deberá motivar sus actos y sólo restringirá la información cuando claramente lo exija el interés público.

• Honestidad

El personal de la Administración Pública tiene el deber de declarar cualquier interés privado que pueda guardar relación con sus actividades públicas y adoptar cuantas medidas sean necesarias para resolver cualquier conflicto que pudiera surgir de modo que quede salvaguardado el interés público.

• Capacidad de decisión (Liderazgo)

El personal de la Administración Pública deberá promover y respetar estos principios como modelo en la toma de decisiones.

Estos principios se deben aplicar en todos los ámbitos de la vida pública. El comité los ha expuesto aquí para el provecho de todos los que sirven al interés público de alguna manera.

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La reproducción de este Mensaje a los actuales Políticos y Funcionarios de la Administración Pública de Chile es una muestra palpable de la inocencia e ingenuidad del suscrito. Mi esperanza es que algún ciudadano decente que quiera participar en la política nacional, lea e incorpore a su conducta algo de lo aquí indicado. Chile lo merece.

Atentamente

                   Fernando Thauby García

                        2 de Febrero de 2024

Fernando Thauby

Melosilla, 5 de enero de 2024.

Durante la segunda mitad del siglo XX, en Europa Central y Oriental los nacionalismos étnicos fueron fortaleciéndose y activándose y, como ha sido frecuente, en algunos países tomó un carácter antisemita que potenció el naciente sionismo, un movimiento anterior a la segunda guerra mundial, que promovía la instalación de los judíos étnicos en Palestina.

Estas ideas y acciones encontraron un abono potente en el recuerdo alimentado incesantemente por los judíos respecto a lo sufrido en el Holocausto a manos del nacismo alemán y francés y en los compromisos y promesas hechos por las potencias occidentales, particularmente Gran Bretaña, durante dicha guerra.

El abandono de Palestina, a escape, de las fuerzas militares británicas, dejó el campo abierto a los sionistas para ocupar el vacío de poder que se produjo, lo que mediante el apoyo más o menos encubierto de Francia y los EEUU, les permitió emprender una ofensiva que barrió con la resistencia de palestinos, jordanos, sirios y egipcios y hacerse de un espacio de territorio bajo su control.

La violencia internacional vivida durante la Segunda Guerra Mundial, su continuación en el proceso de descolonización en Medio Oriente, Africa y Lejano Oriente, el proceso de reducción del poder militar y político de las potencias europeas y su relevo por los vencedores en ella, los norteamericanos y soviéticos, creó un ambiente internacional adecuado para que se validara moral, política y militarmente el uso de la agresión y la violencia.

La falta de realismo de los líderes árabes hizo el resto, y así, nació Israel y los palestinos fueron expulsados de su país, hacia Jordania, Egipto y Gaza.

La definición «racial» del pueblo judío era muy común entre los primeros dirigentes y militantes sionistas, tanto de derecha como socialistas. Esta definición fue puesta en duda por los que sostenían que siendo el judaísmo una religión, alegar la existencia de una “raza judía” era tan probable como la existencia de una “raza musulmana” o “católica”. Desde la perspectiva científica, no se sabe de comprobaciones de esta propuesta.

  A falta de la base racial, surgió el proyecto “nacionalista étnico” que encuentra su pegamento en la base religiosa, rabínica. Israel se construye como una sociedad confesional en que judíos ateos y religiosos aceptan convivir bajo las reglas religiosas en que las demás minorías y los extranjeros no judíos, pasan a ser ciudadanos de segunda clase.

Este estado étnico y religioso no deja espacio vivible para los palestinos que quedaron atrapados o insistieron en permanecer en sus territorios ancestrales. La alianza política entre la extrema derecha y la jerarquía rabínica adquirió y mantiene un control incontestable por otras tendencias políticas, en Israel. El eterno gobierno de Benjamín Netanyahu (desde 1996 a 1999, desde 2009 a 2021 y de 2022 hasta el presente) y su tendencia insaciable a tratar de controlarlo todo, así lo confirma.

El proyecto étnico de un estado nacionalista judío se ha demostrado incapaz de sobrevivir sin el uso constante y indiscriminado de la violencia armada contra la población palestina, en y próxima, al territorio ocupado por Israel.

Las condiciones internacionales creadas y mantenidas por más de medio siglo por la Guerra Fría y la competencia entre EEUU y la Unión Soviética les dio un margen de libertad de acción muy amplio, que les permitió hacer caso omiso de la opinión pública internacional, incluida la norteamericana. Eso llegó a su fin y el valor político y estratégico de Israel va en descenso. Sus límites se confirman con la creciente prisa de Netanyahu y sus extremistas en consolidar su Estado expulsando a los palestinos que aún permanecen en los territorios ocupados. Pero el ambiente internacional es otro, muy distinto. Sin entrar en detalles basta recordar la situación actual de China e Irán.

Pareciera que los excesos de Netanyahu y su gobierno teocrático han cruzado líneas desde las cuales es difícil regresar. Las simpatías automáticas hacia las acciones judías ya encuentran rechazo y disgusto.

Lo más grave es que la ciudadanía israelí, en su justa rabia ante una agresión cruel y despiadada de los terroristas de Hamas, parece haber potenciado su intransigencia y extremismo, justo cuando la única salida razonable era la opuesta: la negociación y el acuerdo.

Para verdades, el tiempo.

El 19 de octubre de 2019, pese a las señales previas de lo que venía y ante la completa incapacidad y descontrol de Piñera y su Gobierno, entramos en un período de locura, en una borrachera violenta que, luego de cuatro años de perder el tiempo, gastar enormes cantidades de dinero y crear un ambiente negativo que nos afectó a todos en todo sentido, pareciera que la votación del 17 de diciembre recién pasado nos hubiera devuelto la serenidad y el buen juicio que nunca debimos abandonar.

Esta nueva situación entonces es el momento para volver a atender nuestras inquietudes e intereses críticos y, a mi juicio, los intentos de la izquierda de demoler (REFUNDAR) a las Policías chilenas, son las más relevantes.

Desde hace años, la izquierda mantiene una ofensiva intensa contra el Cuerpo de Carabineros de Chile. Su degradación, control y politización es uno de sus objetivos prioritarios y permanentes.

Desde el gobierno de Aylwin, con distintas intensidades, el Partido Comunista y sus cómplices han montado una persistente campaña contra esa querida institución, bajo el pretexto de una presunta necesidad de REFUNDARLA, diagnosticada y establecida por si ante si.

Una policía débil y corrupta es la antesala inevitable de un gobierno débil y caótico como el de Boric. Un partido político antidemocrático malvado y siniestro, como el Partido Comunista, es la vía rápida para que se nos imponga un gobierno despótico y liberticida.

Ambos, juntos son mortales.

Es por eso que Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones son los muros de contención que detienen a esa orda maligna.

El Congreso, una institución degradada y desprestigiada, apoyada por pseudo intelectuales autodesignados “Expertos en Seguridad y Defensa” se apoderó de la tarea y están copando todo el espacio mediático y político.

En efecto, esas instituciones políticas y académicas radicalizadas, que se desenvuelven en un ambiente soez e irresponsable, plagada de corrupción y comportamientos reprobables, carente de representatividad y en los últimos lugares de cualquier ranking de apreciación, respeto o calidad que se consulte y que se ha mantenido en esas condiciones por años y años, carecen de la legitimidad para pretender REFUNDAR A CARABINEROS DE CHILE”.

De aquí nace la imperiosa necesidad y urgencia de que quienes tienen la experiencia y los conocimientos aborden la discusión de este tema con seriedad, antecedentes fidedignos, buena fe y sobre todo con la mejor información existente sobre lo que sucede en el ámbito internacional, en estas materias.

El lugar de los aficionados ya está tomado, ahora deben entrar los que saben y se atreven y a ellos hoy los convoco.

La violencia, insolencia, mentiras, soberbia e ignorancia en que nos han tenido algunas elites durante estos años no se van a curar de la noche a la mañana y es previsible que las relaciones entre bandos políticos y entre ellos, el gobierno y la ciudadanía, no fluyan con la facilidad necesaria, y que la audacia unida a la irresponsabilidad y soberbia, agredan otra vez a los defensores de la paz y el orden y que todos nosotros, juntos a Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, volvamos a caer en otra vorágine igual o peor que las que hemos conocido estos años, agravada por el incremento exponencial de nuevos delitos, más feroces y despiadados que los que habíamos experimentado hasta ahora, con luchas entre están bandas delictuales internacionales asociadas con criminales locales y con otros arribados ilegalmente con el apoyo de los gobiernos de Bachelet y Piñera, que están conformando nuevas aristocracias criminales de magnitudes desconocidas para nosotros.

Señoras, señores, nada positivo vendrá de nuestros enemigos, ellos solo nos desean mal. Nadie vendrá a salvarnos. Nos salvamos solos o naufragamos, es por eso por lo que esta noche los invito a dedicar nuestros mejores esfuerzos intelectuales, morales y profesionales a pensar cómo proteger a nuestros carabineros y policías y como aseguramos su supervivencia y calidad en este escenario crecientemente peligroso y dañino.

Los diagnósticos que hacen nuestros enemigos sobre nuestras policías serían risibles, si no fueran insultantes[1].

Un ejemplo es la Sra. Lucía Dammert, instalada en el 2° piso del Gobierno de Boric, luego expulsada por su colusión con traficantes de drogas mexicanos y regresado e instalada nuevamente en

la Universidad de Chile, desde donde pontifica sobre la “REFUNDACIÓN”.

Primero viene el elogio:

“Chile fue un país atípico en los estudios de seguridad ciudadana. Primero, los niveles de violencia no crecían exponencialmente como en el resto de América Latina, especialmente en los delitos violentos. Segundo, a pesar de la aparente tranquilidad delictual, los niveles de temor de la población se ubicaban en niveles similares a países que enfrentaban una verdadera epidemia homicida.

Tercero, las policías eran la institución más confiable del país”

“Desde todos los rincones de la región (sudamericana) se miraba con recelo (y también envidia) este modelo social que había logrado construir una policía eficiente, profesional y querida por la ciudadanía. Que contaba con el aumento permanente de su dotación y presupuesto, así como múltiples señales de apoyo político de todos los presidentes democráticos”

Luego viene la puñalada:

“La mayoría miraba para el costado cuando se reconocía el uso excesivo de la fuerza en las manifestaciones públicas y el evidente maltrato que sufrían las comunidades mapuches en el sur de Chile. Todo ello era visto como excepciones, casos aislados que ocurrían en territorios alejados de la televisión y las redes sociales[2], que se presentaban política y mediáticamente como la “única” forma para combatir el delito, al delincuente, al vándalo también llamado terrorista”.

Finalizando en la mentira:

“Es decir, la legitimidad policial en Chile estaba concentrada en una perspectiva de efectividad que era exaltada por sus eficientes campañas comunicacionales, así como por una estrategia de directa vinculación con la ciudadanía”.

En breve, según Dammert:

1.-Carabineros de Chile es una institución valorada y apreciada a nivel nacional y en el extranjero.

2.- Que hace uso excesivo de la fuerza

3.- Que toda esa eficiencia es una mentira basada en exitosas campañas comunicacionales y una estrategia de vinculación con la ciudadanía”

La valoración que la sociedad chilena ha hecho y sigue haciendo de las Policías se ha mantenido en muy altos niveles durante más de 50 años, sin interrupción alguna. Cualquier empresa de difusión de imagen que logre una eficiencia así sería, sin duda, un récord mundial.

Y respecto a la “vinculación con la ciudadanía. Esa fue, precisamente la estrategia adoptada por Carabineros y la Dammert, autora de la crítica reconoce su éxito.

.. Y cierra con una perla de estupidez:

“La literatura sobre los cambios estructurales necesarios para avanzar hacia la construcción de una policía democrática, además, muchas veces evita revisar los casos considerados exitosos o prometedores (Pliscoff,2008)”. Es decir, según Dammert, si las organizaciones policiales chilenas tuvieron una estrategia de vinculación con la ciudadanía exitosa, para que haya “avance en la construcción de una policía democrática”, hay que ocultarla, desconocerla o esconderla.

Este sinsentido parece solo un error de impresión, pero no lo es. Los enemigos de la democracia necesitan, promueven y exigen el desorden, el caos, la violencia y la delincuencia, por lo menos hasta haber alcanzado el poder y establecido su dictadura.

Veamos el problema en otra perspectiva:

El problema de la seguridad y el orden público se ha vuelto más y más complejo. Sucede en todo el mundo y las causas son variadas, profundas y no hay como evitarlas, se expanden por el planeta y lo

mas que se puede hacer es retardar su llegada y desarrollar técnicas y conductas sociales que limiten sus existencia y efectos.

También hay realidades y conductas y opiniones del Gobierno de Piñera que confirman que, luego de haber sido presidente de la República por casi dos períodos, recién ahora vino a darse cuenta de que el Estado de Chile, su Gobierno y sus Policías tenían profundas carencias en el ámbito de la INTELIGENCIA, y que los prejuicios y la  mala fe de la izquierda impidieron resolver oportunamente.

Lo mismo sucede en tecnologías, armas y vehículos que, cuando existen, están faltos de mantenimiento y existen en números insuficientes.

El entrenamiento en técnicas de control de multitudes es insuficiente y el empleo de las armas con seguridad, precisión y control, requiere empleo de municiones en niveles muy altos que el gobierno no financia.

Las cadenas de mando y de responsabilidades están diseñadas para que las autoridades políticas y administrativas puedan esquivar toda responsabilidad, pero también para que puedan apoderarse del mando, que quieren lucir, pero que no saben ni quieren ejercer.

Es razonable preguntarse cómo es que el Gobierno y en particular Piñera, su presidente, no fueron capaces de caminar una cuadra, hasta el Metro Moneda, para ver personalmente como los vándalos y sus líderes practicaban la toma y destrucción de sus estaciones. Boric se tomó fotos y videos mostrándo como destruir y saltar los torniquetes y los terroristas del Partido Comunista impartieron clases en el Instituto Nacional, a tres o cuatro cuadras del escritorio de Piñera sobre como incendiar y volar estaciones y supermercados.

Y los políticos seguían insistiendo en que las necesidades de Inteligencia, equipamiento y entrenamiento policial no eran necesarios ni urgentes.

¿Dónde estaban los “Expertos” universitarios?

Ni hablemos de Gestión: El 15 de febrero de 2011 se autorizó el incremento de 10.000 carabineros al año 2014 y se asignaron los recursos correspondientes.  El 8 de Octubre de 2014 se autorizó el incremento de otros 6.000  carabineros mas, sobre los 10.000 anteriores. Nunca se reclutaron. Y buena parte de los $ 26.000.000.000 apozados para financiar ese gasto, desaparecieron desde las arcas de la Subsecretaría de Carabineros. De la Subsecretaria nunca se supo nada, todas las burlas, difamación y acusaciones cayeron solo sobre carabineros. ¿Dónde estaba el Ministerio del Interior?, ¿Quién puso la cara?. Todo desapareció en la nada.

La falta de claridad financiera y de los aspectos logísticos de las policías son responsabilidad de sus mandos y esos mando son los gobiernos.

Todo transcurre en nebulosas en que concurren los intereses y asociaciones mas oscuras y nunca se llega al fondo del baúl.

El incumplimiento de estos planes derivó en una carga laboral inhumana para miles de carabineros que debieron soportar jornadas interminables y peligrosas, mal equipados y luchando contra los miembros del mismo gobierno, unidos a los terroristas y sus organizaciones de DDHH. 

Basta ya de improvisaciones, no se trata de más o menos miles de policías, hay que enfrentar el problema en conjunto y en su totalidad, determinar con certeza que es lo que los gobiernos entienden por seguridad ciudadana y combate a la delincuencia, hasta donde están dispuestos a dar la cara y poner el pecho, hasta cuándo van a seguir escondidos detrás de los policías.

¿Cómo se van a enfrentar con seriedad los nuevos delitos que aparecen a diario?. Como se va a legislar para que nunca más un gobierno sea cómplice del ingreso ilegal y clandestino de extranjeros que llegan por miles ilegalmente a Chile. ¿Cómo y cuándo se va a combatir en serio el terrorismo en la Araucanía y en los barrios de Santiago y Valparaíso.?

El gobierno y sus autoridades, desde el Presidente, mandatario constitucional del pueblo de Chile, para abajo, Ministro del Interior, Delegado presidencial regional, intendentes regionales,  subsecretarios y otros, que de una vez asuman las responsabilidades políticas de las órdenes que dan o peor, “que insinúan”, sin hacerse nunca cargo de los “efectos colaterales”.

Que no se diga que no hay recursos, diariamente vemos decenas de “fundaciones” que se roban miles de millones de pesos y vemos a políticos que atropellan y matan a un Carabinero y no le sale ni por curado. Que lo estaba.

No más parches, es la hora de la seriedad y la moral. No más apariencias, no más simulaciones, no más compadrazgos.

Enfrentemos la realidad. Es hora de profesionales, no más payasos.

Tenemos que hablar, tenemos que gritar.

¡ AHORA !

Fernando Thauby García

Melosilla, 29 diciembre 2023

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[1] Dammnert, Lucía. Ex integrante del “2°piso” del Gobierno de Boric y actual profesora en la Universidad de Chile.

[2] La Autora, oriunda de un país subdesarollado, parece ignorar que Internet funciona a muy alta velocidad en todo Chile y tanto la TV como las redes sociales llegan instantáneamente a quien quiera verlas.

El 15 de febrero de 2011 me desempeñaba como asesor de un diputado y en esa condición fue consultada mi opinión respecto a un gran incremento de personal para Carabineros; el Gobierno[1] presentaba una ley que aumentaba la dotación de Carabineros en 10.000 personas más al año 2014. El ministro del Interior y Seguridad Pública, señaló que “nuestro Gobierno está cumpliendo con aquello con que se comprometió en la campaña presidencial y en estos 11 meses de Gobierno”,

Primera pregunta: ¿Por qué 10.000 y no 8.000 o 12.000? Nadie pudo dar una respuesta concreta. ¿Costo del proyecto?, solo se sabía el costo de las remuneraciones para los nuevos Carabineros. Se desconocía el financiamiento de aspectos tan evidentes y cuantiosos como: alimentación, vestuario, equipamiento policial, equipamiento de seguridad, transporte, combustibles y vehículos, telecomunicaciones, educación, previsión a largo plazo, salud –considerando que Carabineros no tiene ley de salud-, bienestar, traslados y viáticos, infra-estructura policial y familiar y un largo etc.

El día de la sesión de la comisión de la Cámara de Diputados que aprobó el proyecto, el Director General mostró un breve power-point. Las preguntas de los miembros de la comisión fueron poquísimas, superficiales e insubstanciales y en medio de congratulaciones mutuas todos se fueron felices.

Lo relevante para los diputados, el Gobierno y Carabineros, era no aparecer interfiriendo con el incremento del número de policías. La situación política y electoral lo hacía desaconsejable y la gran mayoría de los diputados no entendían nada y les interesaba aún menos.

El 8 de Octubre de 2014, con la presencia del Ministro del Interior [2]y Seguridad Pública, la Sala del Senado aprobó en general por 26 votos a favor, el proyecto de ley que aumentaba la dotación de Carabineros de Chile en 6 mil funcionarios más entre esa fecha y el final del año 2017 es decir 6.000 más sobre los 10.000 ya autorizados el 2011.

Esta vez, además de las remuneraciones, se consideraba el costo operativo directo (vestimenta básica, consumos básicos y equipamiento operativo básico)”, es decir, la nada misma. Tampoco se aclaró si el aumento de 10.000 carabineros iniciado por el gobierno anterior había sido o no completado.

El General Director de Carabineros hizo un curioso juego de cifras que no fue cuestionado por nadie: “Al año 2010 la planta estaba conformada por 45.748 funcionarios y al año 2014 aumentó a 53.522 efectivos (+7.774). Recalcó que esa cifra correspondía a la planta legal que no es lo mismo que la dotación efectiva porque existen vacantes que se van produciendo, ya que el escalafón tiene movilidad permanentemente, y es así como a la fecha, la dotación efectiva era de 49.808 carabineros (es decir en 4 años  -2010 / 2014- hubo un incremento real de solo 4.060 carabineros, habiéndose autorizado el año 2011 un aumento de 10.000).  Esto, mientras se discutía un nuevo aumento de 6.000 nuevas plazas más.

El epílogo de esta frivolidad político / policial fue el robo de  parte de los $ 26.000.000.000 “empozados” para pagar los sueldos a Carabineros que no existían y que el Congreso aumentó dos veces, en 16.000 personas, en forma completamente irresponsable. Un sistema inventado, sin duda, por Gonzalo Fernández de Córdoba, El Gran Capitán, y administrado bajo la supervisión del Ministerio del Interior.

Los prejuicios no son un buen punto de partida para un análisis. Tratemos de ser tan objetivos como sea posible. La Institución de Carabineros de Chile ha estado varios años en el ojo del huracán, por errores propios y ajenos, por deficiencias suyas y de los gobiernos, por cálculos políticos y por ideologías.

Comencemos por el principio: Carabineros no es una institución propiamente militar, es una institución con origen y formas militares y cuyas funciones principales se materializan en el ámbito civil y ciudadano. Proveen Seguridad y Orden Público.

Seguridad Pública: Los objetivos principales de la seguridad son proteger a las personas, sus bienes y su tranquilidad contra los daños y amenazas que puedan provenir de otras personas.

Van desde dirigir el tránsito a disuadir y atrapar a los delincuentes comunes. Dar seguridad, a los bienes y las instituciones; combatir el crimen organizado, la gran delincuencia. También contener temporalmente emergencias civiles graves o urgentes, masivas o individuales.

El concepto de Orden Público no es definido por la Constitución ni la ley, y la doctrina coincide en que es un concepto difuso, amplio e impreciso. Cierta tendencia doctrinal mayoritaria sostiene que el concepto de orden público está vinculado a una función de protección, permitiendo limitar la autonomía de la voluntad individual en interés de la comunidad.

La función de mantención e imposición del orden público se refiere a la previsión, contención y control de expresiones violentas, ilegales, destructivas o peligrosas para sus perpetradores u otras personas, efectuadas por grupos humanos fuera de control o controladas por personas con propósitos y comportamientos inciviles.

En ambas funciones el rango de tareas de Orden y Seguridad, en Chile y en todas partes, es amplio y cambiante.

Esta variedad de funciones lleva a que en muchos países existan dos componentes organizacionales: la componente de Seguridad apuntada al trato personal, cooperativo, educador y protector de la ciudadanía y la componente de Orden equipadas y entrenadas para tareas más bruscas o complejas, ambos componentes reunidos en una sola organización o en dos o tres organizaciones independientes.

Así, en EEUU, los Estados disponen de policías Civiles Estatales de carácter más o menos civil para tareas de Seguridad, y unidades militares de la Guardia Nacional para las funciones de Orden, más una amplia variedad de “Agencias” federales, que cubren acciones antisecuestros violentos, antiterroristas y otras.

En Francia la Policía Nacional, de carácter civil, tiene las siguientes tareas: Dar seguridad a las personas, los bienes y las instituciones; controlar los flujos migratorios y luchar contra la inmigración ilegal; combatir el crimen organizado, la gran delincuencia y la droga; proteger el país contra la amenaza exterior y el terrorismo, y mantener el Orden Público.

La Gendarmería Nacional Francesa es una organización militar con misiones fundamentalmente de policía dentro del territorio nacional francés, así como misiones de carácter militar en aquellos países o territorios extranjeros donde sean desplegadas.

Los Gendarmes son responsables de mantener el Orden y la Seguridad Ciudadana en las zonas rurales  y/o periurbanas, mientras que la Policía Nacional es responsable de la mayoría de las zonas urbanas.

La Policía Nacional tiene el mando centralizado de las CRS (Compañías Republicanas de Seguridad) y está encargada de su mando y organización. Conforman un cuerpo militarizado entrenado específicamente en las técnicas antidisturbios y control de manifestaciones en todo el país.

Las CRS asumen las tareas que se desarrollan en niveles mayores de violencia o de peligrosidad cuando se producen disturbios públicos mayores, así como también rescates en el mar y en las montañas.

En Canadá, el modelo de policía montada de tipo militar se inspiró en modelos policiales de Europa. Sin embargo, si bien sus orígenes son de carácter militar a lo largo de los años ha tenido reformas que le acercan más al modelo de policía comunitaria. Uno de los enfoques prioritarios de trabajo de este cuerpo policial es la prevención del delito para lo cual trabajan estrechamente con la comunidad.

De acuerdo con la Ley, este cuerpo policial está encabezado por un Comisionado, quien, bajo la dirección del Ministro de Seguridad Pública y Preparación para Emergencias de Canadá, tiene el control y la administración de la Fuerza y todos los asuntos relacionados con ella.

En Chile, el debate público respecto a la impronta militar o civil de la policía está influido de elementos de emocionalidad y prejuicios que lo reduce a la inutilidad. Por ejemplo en un intercambio epistolar reciente una parte sostiene que la eliminación de la impronta fundacional militar del Cuerpo de Carabineros lo haría perdería sus características de “no deliberante, jerarquizado, disciplinado y profesional”.  La realidad mundial muestra a muchas policías con un origen fundacional de impronta civil que tienen esos atributos en diversos grados y en los que su origen no es realmente relevante. De la misma manera el argumento de que su “estructura y doctrina” les impiden modernizar su organización interna y no permiten controles cruzados”, es falso. Las organizaciones militares son más  aptas para adecuarse a orgánicas flexibles y cambiantes que la mayoría de las instituciones estatales y privadas. Los cambios tecnológicos, operativos, políticos, de los escenarios y de los oponentes, unidos a los frecuentes ejercicios con fuerzas de otras armas y de otros países les permiten observar y comparar en tiempo real la calidad, realismo y eficiencia de sus procedimientos y doctrinas.

La estructuras militares modernas exigen que una misma unidad esté sometida constantemente a controles y directivas de diferentes organismos, de carácter político, estratégico, técnico, financiero, de contraloría fiscal y de derechos humanos, solo por nombrar algunos.

No cabe duda que el problema no va por ahí. Mas aún, muchas policías civiles suelen tener códigos de disciplina estrictos y muchos ejércitos carecen de ellos. Muchos ejércitos se modernizan técnica, social y políticamente en forma constante y muchas policías se quedan estancadas en un pasado que ya se fue.

La diferencia la hacen otros atributos: el espíritu de cuerpo y su compromiso social. La potencia de la tradición, la firmeza de la moral, la profundidad de las convicciones, la lealtad entre los diferentes niveles de mando y entre los diferentes servicios y especialidades y sobre todo, la claridad, competencia y firmeza de carácter de las autoridades superiores, políticas en este caso, y de su compromiso con la eficiencia y la transparencia de todos los organismos del estado, civiles y militares.

Tenemos un Cuerpo de Carabineros excelente, hecho de la mejor madera, con tradición, orgullo y compromiso, querido y respetado por la ciudadanía, admirado por otras policías, ¡que excelente policía sería si tuviera mejores mandos políticos e institucionales!.

La falla no está en la Institución, está en el Estado de Chile y en los Gobiernos que lo administran, comenzando por la más básico: ¿Quién las manda?; ¿Quién dispone sus doctrina y supervigila su comportamiento operativo y táctico? ¿Qué autoridad asume las responsabilidades políticas de las acciones que dispone o autoriza el Gobierno?¿Quién le fija las reglas de uso?, ¿Quién supervigila y controla su gestión, administración y desarrollo?.

El monólogo de Gonzalo Blumel[3], Ministro del Interior de Piñera los años 2010 – 2013, en su obra “La Vuelta Larga”, es muy elocuente respecto a la confusa relación Gobierno y Seguridad Interna.

Saliendo Blumel del Salón Rojo después de una reunión de crisis con Piñera y sus asesores, se cruza con el general Javier Iturriaga y piensa “mientras bajaba a mis oficinas por las escaleras de piedra del Patio de las Camelias, no dejaba de agradecer, mentalmente que ese tema imposible estuviese fuera de mis responsabilidades”.

El problema de seguridad interna que tiene al país al borde de un golpe de estado y al Presidente esperando su deposición violenta, no es su problema, es problema del general Jefe de la Zona en Estado de Emergencia.

Ahí está la base de la crisis.

Melosilla, 18 de diciembre de 2013

Fernando Thauby García

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[1] Rodrigo Hinzpeter, Ministro del interior

[2] Rodrigo Peñailillo, Ministro del interior

[3], Blumel Gonzalo, La Vuelta Larga, Agosto 2013, pag 142