La prensa del fin de semana trae una columna que provoca sorpresa e incredulidad. Siendo la gobernabilidad el atributo positivo que mas enorgullece a los adherentes a la Concertación, no se explica que el Senador Ricardo Lagos súbitamente abjure por completo de lo obrado por cuatro gobiernos consecutivos de su sector, en una misma área de la gestión gubernamental: la defensa. En efecto, si bien Aylwin mostró un sólido desafecto hacia las FFAA, -comparable a su declarada animadversión a los Malls-, y que su ministro de defensa solo se interiorizó en los aspectos comerciales de la misma, los otros tres gobiernos de la Concertación, le dedicaron importantes cuotas de atención, tiempo y recursos financieros.
El Presidente Lagos, de reconocida presencia política, potenció e hizo valer la fortaleza de Chile para que fuera respetado en el concierto de las naciones. La capacidad militar es parte de esa fortaleza. La Sra. Bachelet por su parte, comenzó su carrera como experta militar en un curso vespertino de un año que hizo en la Anepe y luego otro de la misma duración como becada de la Escuela de Defensa Nacional en los EEUU. Posteriormente se desempeñó como asesora ministerial, luego como ministro de defensa y después como presidente de la República. ¿Es creíble que no haya tomado nota de estas situaciones tan anormales que denuncia el senador y no haya hecho nada al respecto?. Habrá que ver que dice si regresa al país como candidata presidencial.
Resulta increíble que de forma tan abrupta alguien tome conciencia de que todo estaba mal, más aun cuando otros miembros de la coalición e incluso de su propio partido continúan reivindicando esa política como uno de los éxitos de la Concertación. La Ley Reservada del Cobre no es un producto de “la dictadura” como dice Lagos, es mucho más antigua, viene desde la década del 30 del siglo pasado, aunque es efectivo que durante el Gobierno Militar se le hicieron cambios, tal como también se le hicieron en el Gobierno de Bachelet donde se redefinió la forma de asignar los recursos. Por lo demás, siendo una ley de quórum simple, pudo haber sido derogada por la Concertación en cualquiera de los momentos en que tuvo mayoría en ambas cámaras a lo largo de esos 20 largos años.
Las críticas del senador apuntan a cuatro aspectos: “Primero, a que el gasto en ningún caso sea menor que el 70% de los gastos incurridos entre 2006 y 2010. Así, el gasto para capacidades estratégicas en ningún caso sería menor al 70% de los gastos incurridos entre 2006 y 2010. Casualmente, sucede que en ese período se registraron precios récord del cobre, lo que en el marco de la ley reservada implicó niveles también récord de recursos para Defensa. En otras palabras, el Ejecutivo no podría haber elegido una referencia más generosa para las Fuerzas Armadas”.
Sería un descuido inexcusable de los gobiernos de la Concertación que no hubieran previsto que cuando compraron equipos militares, el proceso no concluyó con el pago de su costo inicial sino que adquirieron un compromiso financiero de largo plazo para afrontar los gastos que demandará la mantención y empleo de dicho equipo a lo largo de su vida útil. El hecho de que la toma de conciencia de las consecuencias económicas de las decisiones políticas ocurra en forma súbita y tardía – como parece ser en este caso- confirma la prudencia de la previsión propuesta por el gobierno. No es bueno dejar la defensa nacional abierta a apresuramientos electorales. Ya en 1878 sufrimos eso cuando se estuvo a punto de vender los Blindados que luego serian vitales para ganar la Guerra del Pacifico. Los politicos que los ofrecieron a Rusia deben de haber razonado igual que el Sr Lagos.
Segundo, “el proyecto propone un fondo de contingencia especial para compras de material bélico, que se constituiría con el saldo de la ley reservada que suma en torno a US$ 2.500 millones”. «Que además debe ser repuesto cuando se hagan gastos». En realidad, lo que se está estableciendo es una medida de previsión, algo poco frecuente en nuestra cultura, pero de gran utilidad cuándo los problemas se hacen presentes. Sin perjuicio de lo anterior, el senador sabe que todos los recursos son del estado y que los maneja el gobierno de turno, así es que no son recursos de “libre disponibilidad” de las FFAA. Eso no es cierto, ya que las FFAA no pueden comprometer recursos sin el visado previo del Ministerio de Defensa. Por lo demás, si Chile es golpeado súbitamente por una crisis económica mayor –tan profunda que demande hasta el último peso disponible-, modificar esta parte de la ley no tomaría más de un par de días, casi lo mismo que tomó legislar para corregir el olvido del encargado de inscribir a los candidatos de un partido político que estaba distraído.
Tercero. “El proyecto establece que el presupuesto de Defensa tenga carácter cuatrienal. Se entiende que ello se plantee para darle estabilidad a la planificación financiera del sector. Pero, ¿no requieren Obras Públicas y el resto de los sectores que ejecutan inversión pública una planificación similar? Si vamos a discutir sobre marcos presupuestarios de largo plazo, abramos entonces la discusión para toda la inversión pública, pero no les demos un privilegio adicional a las Fuerzas Armadas”. Perfecto, ábrala!, pero, ¿es que recién se dio cuenta que los presupuestos plurianuales son una forma de gestión usada en muchos países y que se hace por razones de eficiencia financiera?. Pero sin duda la parte más sorprendente es el fallo en la lógica de la crítica. Si los presupuestos plurianuales son una muy buena forma de gestión, ¿por qué en vez de privar a la defensa de esa herramienta no se la da también a los demás ministerios?
El senador plantea: “habría que preguntarle a la ciudadanía si no preferiría proteger el gasto social o la inversión pública antes que el de Defensa”. No parece necesario hacer un plebiscito para contestar algo tan obvio: siempre es conveniente proteger todos los gastos e inversiones para que no queden proyectos a medio hacer o para que un iluminado decida dejar abandonado algo que un gobierno anterior comenzó. El sindrome de que si la obra no es del color politico del gobierno de turno queda abandonada suele ser una maldición recurrente en América Latina. Es de toda lógica precaverse de las personas que, como el senador Lagos, quieren desentenderse de lo hecho en administraciones anteriores en beneficio de la popularidad circunstancial.
Pero hablemos en castellano, los presupuesto plurianuales no son populares entre los políticos precisamente porque reducen la discrecionalidad para el empleo caprichoso y populista de los recursos. Si hubiera habido presupuestos plurianuales, no habría habido un Transantiago sacado de la manga, “por tincada”, ni un proyecto ridículo como el tren a Puerto Montt, entre muchos otros desvaríos financieros. Defensa no es un buen espacio donde hacer demagogia. Por lo menos eso decía su papá.