Con motivo de la acusación constitucional al Ministro de Educación Harald Beyer, el destacado intelectual Agustín Squella escribió un agudo análisis de un criterio que está siendo empleado en algunas instancias de poder en Chile:

“Se afirma también que ni la persona ni la trayectoria ni la gestión del Ministro Beyer importan en este caso sino establecer un hito en la lucha por terminar con el lucro en la educación universitaria, o sea transpersonalismo puro y duro. Lo que una persona es o haya hecho no cuenta a la hora de juzgarlo. Lo único que vale es la meta a que se quiere llegar sin importar quienes queden en el camino. El transpersonalismo, en su desprecio por la persona y en su venerar del Estado, de la razones de Estado y de las causas colectivas, infesta muchas veces la política y hace prevalecer la ética de los resultados (es bueno para la causa sacrificar a un sujeto) sobre la ética de la convicción (en conciencia no estoy convencido que ese sujeto deba ser sacrificado), por mi parte creo que no pocas veces la primera de tales éticas es solo un mal disfraz que esconde la falta de coraje para ser consecuentes con la segunda”.

Esta explicación del comportamiento arbitrario, inmoral y de discutible legalidad en que incurren algunas autoridades estatales parece tener la capacidad explicativa necesaria para dar una respuesta satisfactoria a comportamientos que sorprenden e indignan.

Luego años de escucha e interceptación de las comunicaciones personales y empresariales del comisionista en armamentos Guillermo Ibieta, el 2 de junio del 2009 la Policía de Investigaciones le incautó el disco duro de su computador, conteniendo 100.000 archivos, en el marco de la investigación del llamado caso Riggs y su “arista”, el caso Leopard.

La investigación, originalmente dirigida a esclarecer la eventual existencia de transferencias de dineros hacia el general Pinochet en la adquisición de un lote de tanques Leopard, tomó ahí una dirección diferente: determinar si constituyeron delito las comisiones pagadas por Ibieta a dos de sus agentes o empleados en el proceso de obtención del contrato para hacer, en astilleros holandeses, modificaciones menores a los buques adquiridos en ese país.

Súbitamente, la información obtenida en los archivos digitales de Ibieta fue transferida ilegalmente a la prensa, la que comienza a fabricar la imagen de una relación dolosa entre miembros de la Armada culpándolos de haber cometido graves delitos contra la “seguridad nacional” al, presuntamente, haber transferido información clasificada a Ibieta, según se deduciría de esos archivos.

La inmoralidad es evidente, la investigación periodística se sustenta en la “filtración” de la información reservada obtenida por la PDI y en custodia de la Fiscalía para los fines de la causa judicial, contra marinos a los que se acusa de haber “filtrado” esa misma información a Ibieta!. Y nadie se escandaliza.

Aquí un periodista juega un rol fundamental: establece la presunta comisión de un delito y comienza la “construcción de un caso” presionando a la Armada a través de artículos de prensa, reclamando la necesidad de iniciar una investigación por la “vulneración de la seguridad nacional” por parte de miembros de la Armada, escondiendo la fuga previa, de la misma información, desde el fiscal hacia si mismo.

Aquí entra otro medio de comunicación, esta vez digital, el cual dando por sentado la culpabilidad de todas las personas que aparecen mencionadas en los archivos de Ibieta, efectúa una campaña destinada a establecer que esas personas han sido declaradas culpables por lo que deben ser castigadas, ya!, aunque no haya habido juicio formal al respecto.

En esta acción, se destruye la carrera de varios oficiales, contra los cuales no ha sido probado ningún delito.

En el intertanto, en su investigación el Ministro de Fuero Manuel Antonio Valderrama y el Fiscal Metropolitano Oriente Carlos Gajardo solicitan  al Ministro de Defensa información detallada sobre el proceso de adquisición de las fragatas, en Holanda, la que fue entregada por la Armada al Ministerio de Defensa Nacional mediante el Oficio Secreto N° 4561/3079 del 25 de Junio de 2012.

Pues bien, muy poco después, el mismo medio digital los dio a conocer, in extenso y completamente, en su publicación electrónica. Repitiendo la inmoral acción anterior con el “disco duro de Ibieta” y ahora si atentando gravemente contra la seguridad nacional.

A continuación, haciendo un enlace entre ambas informaciones y configurando “un caso”, el medio digital comienza a hacer campaña para la destitución de los oficiales de la Armada ya seleccionados como objetivos y la revocación de sus nombramientos ya aprobados.

 

La Armada por su parte, con fecha 8 de Junio del 2011, reacciona a esta arremetida e inicia una investigación interna por la presunta fuga de información (solo dentro de la Armada, ya que no tiene competencia para investigar el mismo posible delito cometido en la Fiscalía Civil), designando al Fiscal Naval CF Jt Sr. Cristian Pfeiffer. Mientras esta investigación avanzaba, habiéndose hecho parte el Consejo de Defensa del Estado prácticamente desde sus inicios con plenos poderes y teniendo plena vista a la Investigación, la Corte Suprema ante el requerimiento planteado por ese organismo fiscalizador, designa al Ministro en Visita Sr. Patricio Martínez Sandoval de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, quien a contar del 10 de Septiembre del año pasado, toma el control de la investigación y en tan sólo 20 días somete a procesamiento a 5 Almirantes y 3 Comandantes, quienes estuvieron detenidos hasta por 19 días en el Cuartel de Orden y Seguridad de Viña del Mar.

Este “estudio de los autos” constituye una importante marca de lectura veloz, ya quesegún certifica su propia Secretaría «siendo las 12:15 (del 10 de septiembre)se constituye el Ministro Martínez, (quien recibe los antecedentes de la causa) integrada en 11 tomos en fojas 3352 y más de 26 Cuadernos Separados Secretos (CSS)”. Cada uno de estos CSS con una enorme cantidad de páginas. “Estudió” mas 4.000 páginas a tan alta velocidad que estuvo en condiciones de dictar autos de procesamiento el día 28 del mismo mes (18 días después). Los encarcelados no fueron acusados de nada concreto, nunca supieron de sus eventuales delitos y fueron puestos en libertad tras 19 días de cautiverio infamante, sin explicación. Actualmente la investigación, sigue entrampada en la Corte Marcial. ¿Era necesaria tanta precipitación para encarcelar a 2 Vicealmirantes, 3 Contraalmirantes, 2 Capitanes de Navío y 1 Capitán de Fragata, todas personas, profesionales, con familias y subalternos, que pasaron múltiples cedazos y controles durante sus carreras para llegar a esos grados? ¿Ayudó a la causa de la justicia el espectáculo grotesco montado por la misma prensa que creó un caso que hasta hoy todo indica sin fundamento?.

Sobre la base de tan endebles argumentos, un oficial fue dado de baja, injusticia aplaudida por el entonces Ministro de Defensa Andrés Allamand Zavala, quien en una potente demostración de liderazgo se unió al coro declarando a un medio de prensa: ”Renuncia de un Capitán de la Armada “refuerza” (su) política de probidad”.

Aquí tenemos un caso evidente de “transpersonalismo” en que varias personas han sido vulneradas en sus derechos y en que lo que hicieron o dejaron de hacer ni significó ninguna diferencia, en realidad ni siquiera supieron de qué se los estaba culpando.

La pregunta que hay que hacerse es si las motivaciones de los agentes del Estado actúan en una lógica en que lo único que “vale es la meta a que se quiere llegar sin importar quienes queden en el camino” Y si su ética es la de los resultados en que “el fin perseguido valida todos los atropellos e injusticias” cometidas en el proceso.

También está la otra posibilidad: que no sea ninguna de las dos opciones sino pura y simple falta de ética y la manifestación de la existencia de un poder de facto que promueve sus propios intereses, corporativos y personales.

 

La ausencia de investigación y publicidad por parte de los medios respecto a las serias faltas a la seguridad nacional ocurridas en las “filtraciones” de información desde los tribunales de justicia, y la lentitud y falta de entusiasmo en el Poder Judicial para auto examinar sus propias falencias al respecto, llevan a sospechar de una extraña benevolencia o derechamente de complicidad entre las partes.

 

Lo peor es que este parece ser un sistema empleado en todo tipo de entes que explotan el poder que los ciudadanos les hemos conferido, en beneficio de sus creencia ideológicas o de si mismos.

 

Esto es importante para todos los chilenos. Hoy los afectados son otros, mañana puede ser usted o su familia, que también serán sacrificados sin posibilidad de defensa.