En su serie “Chile y Perú en La Haya”, José Rodríguez Elizondo, uno de los mejores conocedores de las relaciones entre ambos países, hace un recuento de las acciones con que Alan García  inició el proceso que nos llevó a La Haya, que resumo más o menos así: El año 2006, García reconoció que se encontraba en un brete. En su accidentado y nada memorable primer mandato había abierto un frente de conflicto con Chile que no lo beneficiaba en su nuevo intento presidencial. Concluyó que su mejor opción era “encapsular” el diferendo y dejarlo en el limbo, sin abjurar de su judicialización y a la vez sin avanzar en la crisis. En palabras de Rodríguez: “Si Bachelet aceptaba el desafío, podría crearse un contexto “win-win”. Ni ella apostaría la soberanía chilena a un fallo judicial, de pronóstico incierto por definición, ni él se expondría a un fallo que lo aislara y/o acogiera la fuerte posición jurídica de Chile. ¿Y si Bachelet no cotizaba su oferta?… Elemental: diría que la arrogancia chilena justificaba la demanda, arremetería con todo su peso –que ahora no era poco- y quedaría absuelto ante la Historia”..

García tenía un problema de tiempo. Debía amarrarlo todo antes instalarse. Se agendó una cumbre informal con Chile, recién electo vino a Santiago, pero Bachelet no recogió el guante y García regresó a Lima decidido a llevar a Chile a La Haya. “En definitiva, Bachelet se mantendría en la línea de Lagos, mientras García retomaba, en lo fundamental, la política agresiva de Toledo”. Hasta aquí Rodríguez.

García comenzó con una serie de declaraciones hostiles desafiando a Chile a una competencia económica dura. En medio de esta ofensiva, la Cancillería chilena intervino innecesariamente señalando al Hito 1, ya cuestionado por Perú, como el primer referente geográfico que delimitaría la nueva región de Arica – Parinacota. García aprovechó el desacierto y presionó a Bachelet para que retirara la indicación, ya que “en caso contrario, él se vería obligado a demandar (a Chile) ipso facto, acosado como estaba por los nacionalistas”. Chile echó pié atrás afirmándose en que el Tribunal Constitucional, “dictaminó que la indicación era nula por motivos de forma”. García remachó su triunfo haciendo trascender que aquello “no lo dejaba satisfecho”.

Hasta ahí estaba claro que la iniciativa la llevaba García y que Chile estaba siguiendo su juego, con nuestra Cancillería “atajando los penales” a medida que él los pateaba.

Y el proceso continuó: Emprendió una campaña contra la imagen internacional de nuestro país: Chile un mal vecino. En este contexto se sitúa su fantasiosa propuesta de un “pacto de no agresión” entre los dos países, tratando de mostrar a Chile como un país agresor. El gobierno peruano, consciente de la buena imagen de Chile emprendió una campaña comunicacional global para minar esa reputación. Para ello, -nos informa El Mostrador-, contrataron a la Agencia de Comunicaciones Interimage Latinoamericana, S.A., con sede en Miami, de propiedad del guatemalteco Julio Ligorría, reconocido lobbista internacional, por un pago anual de US$ 200 mil más gastos y otros ítems reservados. Como se puede ver, una cifra bastante modesta dentro de la importancia del tema. Ligorría en persona asesoró al gobierno limeño. Acudió en varias oportunidades al Palacio de Miraflores y a Torre Tagle para presentar el plan, la estrategia e incluso los contenidos, los que, una vez construidos, eran difundidos tanto por Perú como por Interimage actuando en nombre del Perú. García perseveró en su plan.

Trató a Chile de “envidioso”, “republiqueta” y otros epítetos provocadores. La presidente Bachelet conservó la calma y no lo siguió en ese camino.

La inoportuna explosión de un caso de espionaje vino a empeorar la situación y el broche de oro lo puso García abusando de la buena fe de Bachelet cuando se comunicaron por teléfono para tratar el caso del desatinado general Donayre. García decidió dar explicaciones por los exabruptos alcohólicos del militar antes de que el gobierno chileno se enterara. Con Bachelet al teléfono le aseguró que Donayre no seguiría en funciones y ella dio por superado el incidente. Incluso declaró a los medios que entre ambos habían desactivado un tema explosivo. Bachelet ignoraba que el diálogo había sido compartido con todo el gabinete peruano y que el general no se iba por sanción, sino porque ya había iniciado su expediente de jubilación. Cuando se enteró de la burla, llegó el fin de la amistad que quedaba y el asunto se tornó personal.

El 16 de enero de 2008 Allan Wagner –designado agente del Perú- presentó la demanda en La Haya. Entretanto Chile se encontraba en un proceso de negociaciones con Bolivia con una “agenda sin exclusiones” de 13 puntos, acordada en julio de 2006. En realidad Chile se interesaba en los 12 puntos referidos a diversos temas de cooperación, drogas, confianza mutua y negocios y Bolivia en uno solo: como obtener una salida soberana al mar. En el lapso comprendido entre 2007 y 2009, es decir simultáneamente a los hechos entre Perú y Chile señalados anteriormente, dos comisiones de los gobiernos de Evo Morales y de Bachelet se reunieron casi en secreto para buscar alternativas de solución a la aspiración marítima boliviana. Se habría considerado un enclave en Tarapacá, en una zona ubicada al sur de la Quebrada de Camarones y al norte de Iquique. La fórmula «sin soberanía» que se debatió sorteaba las obligaciones del Tratado de 1929, que dispone que Chile deba consultar a Perú antes de ceder parte de ese territorio nacional, sin perjuicio de lo cual el lado boliviano, desde un comienzo, dejó claro que la propuesta tenía que contemplar “el terreno para construir una ciudad, un aeropuerto, carreteras y una playa” y que constituía “un primer paso que debía culminar en la cesión de la soberanía del enclave”. El enclave ofrecido el año 2007, que tuvo variaciones entre ese año y el 2009, se lo menciona ubicado “al Norte de Iquique”; en “Mejillones del Norte” cercano a Pisagua; “en un punto al Sur de la Quebrada de Camarones” y en “Tiliviche”. En Chile no se supo nada de esto, por lo que hay que referirse a la información boliviana: el Vice Canciller de ese país Hugo Fernández explica que “El primer semestre del año 2009 una delegación de tres técnicos del gobierno de Bolivia viajó en forma reservada a la provincia de Tarapacá donde se reunieron con funcionarios de la Cancillería y de la Dirección de Fronteras y Límites (de Chile). Los técnicos viajaron en un transporte regular, vestidos como personas corrientes, los esperaron en Iquique y después fueron en helicóptero al lugar del enclave”. “El viaje duró tres días y la comitiva boliviana se respaldó con mapas y documentos topográficos para inspeccionar las características del terreno y las potencialidades de tal enclave”. “Hay un documento en el que se menciona la visita conjunta sobre la cual se hizo un estudio específico para luego ser elevado como acta de una posible solución”. Según algunos medios periodísticos bolivianos habría habido un segundo viaje. Esta oferta de Chile a Bolivia constituía un fuerte golpe al Perú, -que sin duda se enteró de inmediato y en detalle de la movida-, sin embargo García no recogió el guante y sin darse por aludido siguió sin cambios su maniobra en la Haya. Aquí podemos identificar dos momentos. Primero entre 1977, fecha de inicio de las conversaciones con Bolivia y el 16 de enero del 2008, fecha de la presentación de la demanda peruana. Aquí se puede entender la oferta chilena de un enclave a Bolivia como una forma de presionar a Perú para no llevar a Chile a una demanda en La Haya y segundo, entre esa fecha y los viajes de la comisión boliviana a Tarapacá para visitar el posible enclave, en que ya no había efecto disuasivo posible por cuanto la demanda estaba presentada y solo conseguía agudizar el conflicto con Perú … salvo que se jugara con la idea de “patear el tablero” y meter a Bolivia en la disputa con Perú a cambio de un enclave temporalmente sin soberanía pero con la intención de cambiar esa condición a futuro para crear una nueva situación geopolítica. Era un juego rudo, pero válido.

García jugaba al límite: según la prensa peruana habría manifestado que “no había que hacer enojar a Chile porque se iban a llevar sus inversiones (en Perú) y devolvernos a los compatriotas que viven allá”. Lo de las inversiones es más amplio: que el gobierno de Bachelet se llevara “las inversiones chilenas en Perú” era un problema, sin duda, pero más problema para él era que en Chile se apretara a los inversionistas peruanos para obligarlos a “irse”, lo que le crearía una crisis política interna con los grandes empresarios de su país. Desde otro punto de vista, García estaba identificando las dos vulnerabilidades que Chile podía explotar para disuadirlo de continuar con su intento de llevarlo a La Haya -las inversiones y los migrantes-. Las siguientes acciones del gobierno chileno, con las informaciones disponibles, resultan incomprensibles. García predicaba en pro de “las cuerdas separadas”, es decir la tramitación de la demanda en La Haya por un lado y las relaciones bilaterales por otra y el gobierno de Chile se oponía alegando que las relaciones entre los dos países eran integrales y únicas, es decir no se podían separar los temas. Sorprendentemente, el Gobierno de Bachelet por voluntad propia separó la demanda en La Haya de los dos problemas que atemorizaban a García y que constituían el capital de nuestro gobierno para intentar disuadirlo de seguir adelante: primero con la firma del Tratado de Libre Comercio del 2007 y luego con la Reforma Migratoria del 2008, con lo que puso a cubierto los dos flancos expuestos de Perú.

Así las cosas se inició el gobierno de Piñera y concluyó el de García. El proceso de La Haya estaba en marcha y ya era indetenible. Continuar las negociaciones -por el enclave- con Bolivia no aportaban nada y suponían hipotecar irremediablemente la futura relación con Perú, aun cuando el fallo de La Haya fuera positivo para Chile.

Piñera estableció su propia estrategia: Jugaría al establecimiento de un futuro compartido con Perú, cualquiera que fuera el fallo en La Haya. Puso en marcha tres líneas de acción: No negociaría soberanía ni enclave con Bolivia. La segunda, pese a la asimetría estructural del contencioso, Chile cumpliría cualquier fallo y la tercera, que frente a Perú actuaría en “cuerdas separadas” mientras se ventilaba el pleito. Lo demás es sabido.

De esta saga puedo extraer seis conclusiones significativas: la primera, es que en Chile carecemos de un sistema de planificación y conducción estratégica integrada acorde a la velocidad y complejidad de las relaciones internacionales en el siglo XXI; segundo, que la propuesta del futuro gobierno de Bachelet respecto a que “Una concepción moderna e incluyente de nuestra acción internacional requiere de un Sistema Integrado de Política Exterior”, que provea un diseño y visión estratégica a la Política Exterior, constituye una aproximación correcta y oportuna para comenzar a solucionar ese déficit. Tercero, que la conducción de la política exterior no es un problema jurídico sino político. Sin duda contiene y debe considerar los elementos jurídicos, pero en función de la acción política, de poder; cuarto, que los críticos de la política exterior del gobierno de Piñera deben comenzar por explicar sus propias acciones frente a Perú, Bolivia y su sorprendente debilidad ante Argentina, algunas de las cuales resultan incomprensibles con la información disponible y que el conjunto de ellas constituyen un fracaso integral. Cinco, el problema con Perú y Bolivia no puede seguir siendo postergado y requiere que sea enfrentado con honestidad y decisión. Chile no puede, en su actual condición de poder nacional aceptar ser ignorado, insultado, presionado y burlado impunemente. El primer paso es poner fin a nuestro compromiso con el Pacto de Bogotá y recuperar el control sobre nuestra política exterior. Un país que no se hace respetar no merece respeto, y sexto, el parámetro central de la política exterior de Chile es su interés nacional permanente, no las preferencias ideológicas de sus administradores transitorios y en eso la opinión pública debe estar vigilante, porque Chile es de todos los chilenos y no del Gobierno de turno.