Carlos Peña en una columna bajo este mismo titulo, publicada el día 24 de noviembre, hace una dura crítica a los Comandantes en Jefe de las tres instituciones armadas, que hicieron pública una respuesta al informe de Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos en el control de los actos incendiarios, de terror y destrucción perpetrados este mes en la cual esa organización denuncia una violación generalizada de dichos derechos por parte de las FFAA y de Carabineros de Chile.

Peña parece analizar toda esta situación desde una óptica ideal, normal y rutinaria. La realidad vivida por todos los chilenos nos muestra una situación completamente alejada de ello.

Tenemos un Ejecutivo que ha demostrado un lamentable retraso e impresición en la toma de decisiones y una conducta dificil de entender al invitar a una organización claramente antagónica con sus ideas y responsabilidades políticas para evaluar el comportamiento de las FFAA y Carabineros en esta lamentable coyuntura.

Amnistía Internacional, por su parte, en un momento de descanso de sus importantes tareas, permite que sus funcionarios jueguen a que cada impacto que alguno de ellos da a la bola de papel con la que se divierten, lleva consigo la muerte de un “fascista”. Esta conducta aberrante confirma su falta de idoneidad e impacialidad.

No voy a analizar una a una las aseveraciones de Amnistía Internacional ni la interpretación que Peña hace de ellas, lamentablemente, en el ambiente emocional en que los chilenos nos desenvolvemos, sería inconducente.

Me limitaré a comentar, brevemente, la aseveración de Peña, sic: “Las Fuerzas Armadas (además de revelar una mala comprensión de lo que

los derechos humanos significan en un Estado democrático y constitucional) viene a confirmar un aspecto de su cultura que se ha venido manifestando hace ya bastante tiempo: el corporativismo, la idea, extendida poco a poco entre sus miembros, que ellos conforman un cuerpo con intereses propios distintos a los del resto del Estado, intereses que ellos serían los mejor capacitados para juzgar. Esa cultura resulta incompatible con la subordinación que deben al poder civil que es, mal que les pese, el único autorizado para deliberar si acaso el comportamiento que han tenido durante todo este tiempo es o no correcto, si se ajusta o no a lo que el mismo poder civil dispuso”. Fin de la cita.

Las afirmaciones de Peña son intepretativos de una situación y creencias presuntamente existentes en las FFAA que él supone o imagina, o mejor, que reflejan sus prejuicios arraigados en situaciones históricas mucho más complejas y antiguas.

Como es también de público conocimiento las instrucciones y directivas del Gobierno -de éste y de todos los anteriores-  son, normalmente, confusas, indefinidas y pobres. Tanto es así que en 30 años de democracia, ningún gobierno ha sido capaz de producir una Política de Defensa que dé directivas de la forma en que las FFAA deben cumplir sus misiones. La función adivinatoria e intuitiva de las FFAA ha sido puesta a prueba diariamente 10.950 veces en este lapso. El que las FFAA deban actuar en “subsidio” (palabra maldita) de la incompetencia de sucesivos gobiernos democráticos y constitucionales es una realidad, le “guste a Peña o nó” como dice al referirse a las FFAA. Eso explica esa anomia que Peña califica de “corporativismo”.

Respecto a derechos humanos me limitaré a pedirle a Peña que en una próxima columna despeje un problema que hoy inquieta a los militares, el tema de los causantes de las violaciones de derechos humanos, y a través de ello, la cuestión de la naturaleza misma de estos derechos. ¿Los derechos humanos, por su concepto intrínseco, son vinculados exclusivamente a la acción de los Estados? ¿O son, al contrario, algo que está amenazado por distintos actores sociales, ante todo por los grupos alzados en armas o terroristas?

Atentamente

Carta enviada a El Mercurio de Santiago el día 23 de Noviembre.