Fernando Thauby García 14 de Mayo de 2022

Pobre Boric, su amor hacia el indigenismo y sus reivindicaciones identitarias, nacionalistas e independentistas se estrelló contra una veloz, potente y descortés respuesta de Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco -CAM- a escasas horas de que lanzara su propuesta para diluir el Estado de Excepción en un aguachento y amorfo “Estado de Emergencia Intermedio”.

Fue sin eufemismos:

“Se viene el Estado Intermedio, que no es otra cosa que un nuevo estado de excepción. Es decir los milicos esbirros nuevamente desplegados por el Wallmapu custodiando los intereses del gran capital. Es la expresión en pleno de la dictadura militar que los mapuche siempre hemos sufrido, dictadura que ahora asume el gobierno lacayo de Boric”.

“A preparar las fuerzas, a organizar la resistencia armada por la autonomía del territorio y autonomía para la nación mapuche”.

¿Alguna duda?

La CAM la organización terrorista mas antigua, prioriza el control territorial, específicamente Temucuicui y es la mas conocida de las siete organizaciones terroristas que operan en la Macrozona Sur. Dispone de capacidad defensiva en cuanto las fuerzas del orden actúen bajo restricciones políticas invalidantes y no aplique fuerza equivalente a la de ellos; y tienen alguna capacidad ofensiva contra objetivos indefensos o muy desprevenidos.

Sus blancos principales son maquinaria forestal, campos y sembradíos, contra propietarios residentes, propietarios “conspicuos” y así.

Las otras son:

La Resistencia Mapuche Malleco (RMM), es la mas profundamente involucrada con el narcotráfico; la Resistencia Mapuche Lafkenche (RML) que opera en la zona costera y es vulnerable a la acción desde el mar.

Las demás organizaciones Weichan Auka Mapu (WAM); Wiñotauiñ Taiñ Malon (WTKM); Lof Resistencia Territorial Kütral Mawuida (LRTKM) y Liberación Nacional Mapuche (LNM) con menos estructura y preparación, se mantienen con el robo de vehículos, de madera, de las cosechas, (extorsión), robo de animales y de armas.

Ninguno de esos grupos acogió el llamado al diálogo que hizo el gobierno de Boric al asumir.

Durante el mes de febrero, el Gobierno entrante comenzó a desarrollar el plan para lo que definieron como “la búsqueda de una solución para el conflicto entre el Estado y el pueblo Mapuche en el centro sur del país”. Los participantes fueron Salvador Millaleo encargado de Asuntos Indígenas en el Ministerio del Interior; Roberto Estay, jefe de gabinete de la ministro; Rubén Sánchez, que acompañó a Siches en su primera visita a Temucuicui; y Gabriela España.

Este grupo produjo un borrador que de inmediato fue “filtrado” hacia los grupos mapuches afectados -Llaitul- a los que no les gustó para nada ya el texto enfatiza el carácter político de los reclamos, radica su ejecución en el ministerio de Interior y plantea la “denuncia y persecución en contra de quienes propugnan el odio en Wallmapu”, en referencia a algunos miembros de la Multigremial de la Araucanía y lo mas grave, margina de los diálogos a los grupos mapuche más radicalizados.

El Plan, denominado ‘Entendimiento y Buenvivir para Wallmapu – Regiones de la Araucanía y Biobío, lleva el concepto de “buenvivir”, contradictorio con la cultura cristiana occidental e incompatible con la estructura jurídica de Chile, promovido por el boliviano García Linera y aclamado por Boric y su grupo.

Algunas partes de este Plan ya fueron puestas en marcha, entre ellas la “purga” de la Unidad Jurídica del Ministerio del interior para reemplazar a sus integrantes:
Para lo cual, dice el plan, se debe “sacar a abogados actuales de la litigación en tribunales relacionada con el conflicto donde existan imputados mapuche. Delitos asociados: robo madera, receptación, robo con violencia, incendio, porte de municiones, porte de armas”.

Esto se hizo efectivo el pasado 31 de marzo, cuando el ministerio del Interior desvinculó al jefe jurídico de Interior, Carlos Flores, quien llevaba 18 años trabajando en el lugar; como también a Sergio Arévalo, abogado que litigaba para la cartera. Ambos habían sido parte de casos relevantes, como Operación Huracán o el asesinato de la pareja Luchsinger-Mackay”.

Otro punto dice relación con la situación de los “presos políticos mapuche”. Sobre esto, el grupo planteó en el texto que se debe “renunciar a la persecución penal en el caso que ya existan condenas. Actualmente el Ministerio del Interior, en contra de lo que establece la Ley respecto de los intervinientes en la etapa de la ejecución de la pena, no se hace parte en los recursos de amparo donde se solicita el acceso a beneficios respecto de condenados mapuche”.

De forma inédita para un gobierno, Interior decidió no asistir a la Comisión de Libertad Condicional para argumentar en contra de los que accedieron a beneficios carcelarios.
Un ejemplo reciente es el de uno de los condenados en el asesinato de los Luchsinger-Mackay, José y Luis Tralcal, un juicio que actualmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está revisando debido a “sus irregularidades en tribunales chilenos”.

Se puede apreciar una clara interacción y complicidad entre los grupos activistas mapuche y el Gobierno.
Sin embargo, también dentro del gobierno existen visiones contrapuestas y hasta conflictivas respecto al problema. Estas diferencias tácticas determinaron conflictos entre la Siches y Millaleo que terminó renunciando y un continuo forcejeo entre los mas extremistas y los que aun quieren mantener aunque sea una apariencia de legalidad.

La diferencia de fondo es que Llaitul y su grupo pretenden separarse de Chile y formar un Estado Mapuche independiente, marxista y revolucionario y mientras en los otros prevalece el lucro ilícito y delictual. El punto de quiebre es que tanto Boric como la Siches comparten el proyecto de Llaitul. Es difícil hasta donde esta asociación es firme y honesta y hasta donde es el resultado de compromisos adquiridos mientras el Frente Amplio aun se dedicaba a prepar la Revolución. Antes de llegar al gobierno.

Sin perjuicio de lo señalado, el gobierno ha apostado por un giro importante, convencidos de que el tema de Wallmapu es principalmente político. Es por ello que en La Moneda apuestan en centralizar la estrategia en la cartera del Interior.

Llama la atención la ausencia y desconsideración hacia los grupos y organizaciones mapuche pacíficas, que actúan en y desde la legalidad, que no suscitan ningún interés en el gobierno.

En gobiernos anteriores, frente al terrorismo mapuche era repartida entre ese ministerio y el de Desarrollo Social. Hoy la misión la tiene Izkia Siches, que al mismo tiempo debería estar velando por la seguridad en el territorio.

El conflicto de fondo y hasta ahora sin resolver, es que en la cúspide del Gobierno aun persiste una pugna respecto a la naturaleza, objetivos y posibles respuestas ante el plan y las exigencias de Llaitul y sus seguidores.

Parece evidente que todo la farándula en torno al Estado de Emergencia v/s el estado de Emergencia Intermedioes solo una excusa para evitar una decisión de fondo: dejar existir la rebelión o impedirla y desarticularla, que suscita fuertes tensiones dentro de las alianzas de gobierno.

La experiencia mundial confirma que medidas defensivas territoriales1 llevan a un gran desgaste de las fuerzas militares sin impedir los atentados y ataques a los objetivos que los revolucionarios libremente elijan, obteniendo en el proceso amplia presencia en la prensa nacional e internacional y debilitando la moral nacional y del gobierno.

Se pretende comprometer a las Fuerzas de Orden y a las FFAA en una campaña sin objetivos, sin apoyo político, bajo la autoridad -ilegal- de políticos incompetentes y con elementos significativos del mismo Poder Ejecutivo, comprometidos en diversos grados con los terroristas.

1 Cuidar las rutas para proteger a los camioneros; luego, cuidar los bosques para que no los incendien; luego, cuidar a los trabajadores madereros para que no los maten; luego, las farmacias para que no las saqueen; luego las librerías para que no quemen los lápices y los cuadernos de los escolares.