El fracaso de los 4 últimos gobiernos. Dos de Bachelet y dos de Piñera, fue acompañados de una metódica demolición de las bases de la convivencia.

En efecto, la prédica y práctica del antagonismo odioso, de la política entendida como una relación suma cero, en que lo que ganaba un bando consistía en lo que perdía el otro, que abusó del vocabulario hostil y descalificador y de la mentira como arma de uso habitual. La política se transformó en guerra y se acabó la paz.

La duda, la sospecha constante y la presunción de malignidad y perversión en el actuar de las instituciones que constituyen los instrumentos del Estado para la imposición de la ley -Carabineros, PDI y FFAA- fueron en constante y sistemático aumento. Los propios gobiernos fueron quedando paralizados por la propaganda en su contra y paso a paso les fueron quitando respaldo y lealtad, apoyo y dignidad. Se levantaron campañas  para magnificar y falsear cada posible incidente en una evidente actitud hacia su degradación y destrucción. La prensa adoptó una actitud funcional a su destrucción y desprestigio apoyando a los agresores de las fuerzas del orden

Así fue como la violencia social y la delincuencia común se envalentonó y ocupó todos los espacios que las fuerzas del orden fueron abandonando fico, los robos y ataques creciente sin controlen su retirada. Los asaltos, el narcotráfico, los robos y ataques crecieron sin control. La justicia, desde su independencia, aplicó políticas ineficaces que llevaron a la ciudadanía a la sensación de impotencia y a la desmoralización. La falta de seguridad se hizo intolerable para la sociedad.

El uso de la violencia como forma de expresión política fue aceptado y promovido por grupos políticos identificables. La glorificación de los terroristas del pasado se hizo frecuente, el apoyo y respaldo a los grupos terroristas urbanos y rurales se hizo público y real. La ambigüedad respecto a los asaltos a instalaciones policiales y militares y de agresiones a sus integrantes, se hicieron frecuentes e impunes y se llegó a la justificación de asaltos y saqueos como formas lícitas de expresión y protesta pública. La democracia entró en fase terminal.

Éste el cuadro con que finalizamos este penoso período de la deconstrucción de la paz, la seguridad y la democracia de Chile.

Para deshacer este triste e insoportable condición, debemos tomar medidas reales, eficaces y sobre todo compartidas y apoyadas por todos los ciudadanos de bien de Chile. Parece evidente que lo primero es restablecer -mejorando- las condiciones que nos permitieron vivir mejor.

La Primera y fundamental acción es restablecer, mejorada, la calidad del Estado, inicialmente en su función básica, la seguridad física de los chilenos:

La Constitución dispone que la autoridad del presidente «se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden es decir, no le encarga la «mera ejecución pasiva y de cumplimiento literal de aquello que está previsto en el ordenamiento vigente, sino que, sin salirse del marco que le impone, deberá entender que actúa conforme a la Constitución, tanto cuando usa las atribuciones especiales que ésta y las leyes señalan, como cuando extiende su autoridad a todo lo que mire a la conservación del orden público interno y a la seguridad externa, aunque no esté previsto explícitamente en la letra de las reglas de derecho positivo en vigor y siempre que no atropelle la órbita propia del legislador o la de los demás órganos constitucionales».

En esta línea, parece imprescindible que la Constitución -nueva, antigua o actual modificada- considere los mecanismos -acusación constitucional, referéndum revocatorio de su mandato u otra- para hacer efectiva la responsabilidad del Presidente y su Gabinete respecto a esta materia fundamental.

Una segunda medida es la exclusión explícita, clara y completa de la vida política de los partidos políticos, grupos y asociaciones sociales que acepten, apoyen, aprueben el uso de la violencia como forma de hacer política o de promover sus postulados e intereses. De la misma manera, la asociación con grupos y partidos extranjeros reconocidos como delictuales, violentistas o terroristas.

Un tercer elemento es la exigencia real y completa de protección a la integridad física, moral y a la dignidad de los integrantes de las Fuerzas Policiales y de las FFAA cuando participen en tareas de seguridad interna. Esta protección tiene como contrapartida la investigación rápida, profunda, imparcial y pública de las acusaciones de ilícitos hechos mediante acusaciones formales de que sean objeto.

Y por último, corregir los procesos de investigación judicial asignando tareas concretas y eficaces a los Fiscales y Jueces para la investigación de los eventuales delitos contra la seguridad en los tres ámbitos mencionados.

Sin autoridad eficaz, no puede haber seguridad ni menos justicia. Tampoco progreso ni prosperidad.

Fernando Thauby García

Melosilla 22 de agosto de 2022