Este fin de año en la Armada se produjo un grave caso de violación de los derechos humanos de un grupo de 6 mujeres tripulantes de un buque de guerra, que fueron víctimas de la instalación, -por parte de un marino de 22 años de edad-, de un sistema de televisión artesanal para fisgonear su dormitorio, grabar y distribuir a un grupo de amigos sus imágenes en actividades privadas. El delito –materializado por la grabación de 8 videos de 8 segundos- fue descubierto e investigado con prontitud y acuciosidad y se destacó que los delitos ameritarían penas desde 61 días de hasta 5 años de cárcel.

El hecho suscitó un repudio generalizado; la propia Presidente de la República alzó su voz para condenar severamente este abuso a los DDHH de las víctimas y exigir castigo ejemplar; políticos de todas las tiendas y sectores también manifestaron su indignación y exigieron un castigo implacable para el hechor y sus cómplices.

El Comandante en Jefe de la Armada fue citado al Congreso donde calificó esto como un delito, explicó detalladamente lo acontecido, ratificó el repudio institucional y aseguró justicia para las afectadas. Hasta el Ministro de Defensa, habitualmente prescindente en los asuntos relativos a su cartera, condenó como “inaceptable que en nuestra sociedad ocurran episodios … que lesionan la privacidad de las víctimas”.

Todos los demócratas concordaron en el diagnóstico y en la forma de enfrentar el problema. Tienen una misma comprensión de los Derechos Humanos.

En esos mismos días concluía una proceso de apelación elevado por Víctor Donoso, ex – Oficial de la Armada, prisionero en el penal de Punta Peuco por el presunto secuestro permanente del mirista Rudi Cárcamo, miembro del Grupo de Amigos Personales (GAP) de Allende, que se encuentra encarcelado en forma ilegal y arbitraria por decisión del Ministerio de Justicia.

Donoso fue encarcelado el día 20 de Julio de 2012 debiendo completar su pena el día 17 de Julio de 2017. La Comisión de Rebaja de Condenas le redujo 10 meses de dicha pena, debiendo entonces quedar en libertad el día 18 de septiembre de 2016.

El Ministerio de Justicia del Gobierno de la Nueva Mayoría, por si y ante si resolvió no dar cumplimiento a la resolución y lo mantuvo en prisión hasta el día de hoy, 1º de enero de 2017.

Ante tal desacato, en un fallo unánime, la Quinta Sala del tribunal de alzada capitalino declaró que la pena debía concluir el día hoy y estableció que “es un hecho no rebatido que el condenado empezó a cumplir la pena con fecha 20 de julio de 2012, culminando con fecha 17 de julio de 2017. En estas circunstancias, la Comisión de Rebaja de Condena le ha reducido al amparado un total de 10 meses de dicha pena (…). Por consiguiente, al 18 de septiembre de 2016, el amparado tiene la pena corporal cumplida”.

La resolución, además, declaró arbitrario el actuar del Ministerio de Justicia, entidad que se había negado a ordenar la libertad de Donoso. Por esto, los jueces estimaron que en el actuar de la secretaría de Estado “queda de manifiesto que se ha excedido de sus facultades legales”. Además, le pide al ministerio el envío de un informe para que “regularice cuanto antes la situación jurídica”.

De lo anterior queda establecido que el Gobierno, a través de su Ministerio de Justicia, ha atropellado los Derechos Humanos de Víctor Donoso, ha excedido sus facultades legales y ha incumplido un fallo judicial expreso y explícito.

Queda también claro que el Gobierno valora y hace respetar los derechos humanos de las personas teniendo en consideración  sus preferencias ideológicas y sus conveniencias políticas y que el Ministerio de Justicia cumple una función política y no de justicia.

Es evidente también que no todo el gobierno está en esta tesitura. Los autores de este tipo de atropellos son, a mi juicio, las viudas de una concepción política derrotada irremediablemente: La autonomía de los ciudadanos ya NO está sujeta a la discrecionalidad de los administradores del Estado. Esta concepción de la política, inmanente en la ideología representada en Chile por el Partido Comunista y materializada por sus representantes en el aparato estatal, está en extinción, pero aun causa daño.

El problema a dilucidar es que visión tiene la hegemonía en el Gobierno de la Nueva Mayoría: la de las viudas del marxismo leninismo representada por el PC y los jóvenes revolucionarios o la socialdemocracia de los izquierdistas democráticos.

Cabe preguntarse por qué de la misma forma que la izquierda reclama a la derecha su inacción ante las violaciones de Derechos Humanos en el Gobierno Militar, hoy actúan en la misma forma cuando en su Gobierno simple y sencillamente decide no cumplir los fallos judiciales.

La última vez que pasó eso, las consecuencias no fueron amables, duran hasta el día de hoy y nos acompañarán por muchos años.

El 21 de mayo de 2007 se anunció la construcción de un museo de la memoria. Según Wikipedia, “la primera piedra del Museo de la Memoria fue puesta por la presidenta Bachelet -quien también fuera víctima de tortura en la dictadura de Pinochet- a su inauguración asistieron unas 3000 personas entre representantes de organizaciones de derechos humanos, políticos, víctimas de la dictadura y sus familiares”.

Partimos mal. La prisión y tortura de Bachelet es una de las muchas áreas oscuras de su vida. Nunca quedó claro si fue o no torturada; al llegar a Australia en su primera declaración en libertad, dijo que no; después ha dicho que si; después, que un poco, o ha guardado pudoroso silencio. Su relación familiar con el mundo militar parece haberle merecido un “tratamiento especial”.

Su solicitud de prescripción del delito de ejercicio ilegal de la profesión médica presentada al 34 Juzgado del Crimen por el fiscal José Morales Opazo, al haber transcurrido 10 años desde haberse cometido el delito, es algo que contradice su pretensión de ser médico. Nunca se aclaró si fue médico o mintió.

Respecto a la concurrencia a la inauguración, su carácter masivo es cuestionable. Con todo respeto, pero hasta un partido de fútbol de barrio concita mayor concurrencia.

Podemos concluir que la veracidad y solidez ética de la autora y promotora  y la capacidad de convocatoria del proyecto es discutible.

Sigamos con una verdad; la misión del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos fue establecida como: “Dar a conocer las violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte del Estado de Chile entre los años 1973-1990, para que a través de la reflexión ética sobre la memoria, la solidaridad y la importancia de los derechos humanos, se fortalezca la voluntad nacional para que Nunca Más se repitan hechos que afecten la dignidad del ser humano”.

Impecable. Solo que incluye mentiras. No se juzga al “Estado de Chile” como la entidad permanente que es, sino solo en su personificación durante el Gobierno Militar, teniendo como protagonistas y culpables solamente a las FFAA y Carabineros.

Es entendible que la izquierda no quiera que el lapso de cobertura del Museo comience en 1965. Los obligaría a tener que enfrentar sus traiciones, miserias y renuncias, pero, ¿por qué no continuarlo hasta el presente?.

Tendríamos la oportunidad de probar la honestidad de Bachelet y su gobierno: investigaciones llevadas a cabo por miembros del Poder Legislativo y también del Ejecutivo, dan cuenta de la muerte, en un lapso de solo 11 años (2005 – 2016) de 1336 personas, mayormente menores de edad y la violación de los Derechos Humanos -incluyendo violencia física, violaciones y tortura- de varios miles mas de niños, niñas, ancianos y personas enfermas y desvalidas entregadas al cuidado del Estado de Chile. Todas estas personas estaban a cargo del Servicio Nacional de Menores (SENAME), un organismo gubernamental bajo control de Ejecutivo, administrado por personas asignadas a los diferentes cargos mediante cuoteo entre los miembros de los partidos de gobierno. Siempre bajo la supervisión y responsabilidad del Estado de Chile.

Ningún estado moderno ha cometido atropellos a los Derechos Humanos de ese nivel de maldad.

No cabe duda que los hechos ocurridos en el SENAME -bajo los gobiernos de la Concertación- caen en la misión del Museo encargado de “que a través de la reflexión ética sobre la memoria, la solidaridad y la importancia de los derechos humanos, se fortalezca la voluntad nacional para que Nunca Más se repitan hechos que afecten la dignidad del ser humano”.

Es nuestra obligación exigir que su martirio sea recordado mediante su inclusión en el Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos. No hacerlo solo destacaría que lo que se busca no es la protección de las personas y sus derechos sino el establecimiento de ventajas políticas y venganza contra las FFAA.

Si bien la Misión del Museo fue establecida específicamente para su objetivo de agredir a las FFAA, es evidente que “las violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte del Estado de Chile entre los años 1973-1990” tuvieron motivación, causas y actores mas allá de ellas. La desgracia de explicitar el contexto es que arruinaría el objeto político del Museo.

El conflicto base que dio origen al enfrentamiento interno de ese período fue el suscitado por la pugna entre el Gobierno Militar y el  Partido Comunista y su intento armado, -con abundante apoyo internacional- para revertir la derrota militar de 1973 y evitar someterse al proceso democrático establecido por el Gobierno Militar.

Así las cosas parece evidente que el Museo debe incluir la participación de los gobiernos extranjeros como Cuba, EEUU, la Unión Soviética, Alemania Oriental y la participación de las organizaciones guerrilleras sudamericanas que operaron coordinadamente en territorio chileno y que participaron como víctimas, cómplices y como violadores de los Derechos Humanos en Chile y en ese lapso . Caen exactamente en la Misión y en el lapso de tiempo materia del Museo.

Para finalizar, debemos considerar que en este período se han cometido las mas grotescas violaciones a los Derechos Humanos de los militares mediante la aplicación de procedimientos judiciales que fallan contra leyes expresas y vigentes, que procesan y condenan en forma injusta, inconstitucional, ilegal y arbitraria a militares y carabineros. No se ha respetado el principio de legalidad, el de igualdad ante la ley, la presunción de inocencia, de prescripción de la acción penal ni las normas del debido proceso.

Es evidente que esas causas serán revisadas y es muy probable que configuren un baldón imborrable para el Poder Judicial Chileno.

Los efectos de esos abusos serán corregidos y compensados, los culpables debidamente castigados y los antecedentes incluidos en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. No debe haber duda al respecto. Se hará justicia.

Si para mantener la privacidad de su actual Museo el gobierno prefiere crear nuevos museos para las víctimas del SENAME y para la “Memoria de los Crímenes Judiciales”, no se opondría a que la Multigremial de las FFAA en retiro, u otra organización ad-hoc, tenga un archivo igualmente privado de “La Venganza Judicial contra las FFAA de Chile”, financiado también por el Estado.

La reciente incursión del Ministro de Justicia que -siguiendo las aguas del Presidente de la Corte Suprema- manifiesta un interés tardío, condicionado y minúsculo respecto a la suerte de los militares presos políticos en Punta Peuco, es una manifestación concreta de un problema de fondo:

Cuál es la real naturaleza del Poder Judicial en Chile?:

1.- El Poder Judicial es una organización formada por personas selectas, de sólida formación jurídica; moral; imparcial, consecuente y capaz de auto controlarse o

2.- Es una organización burocrática que actúa como instrumento al servicio de los intereses de sus miembros; del gobierno de turno, de algunos grupos de poder existentes en el país y que requiere control democrático externo.

Debemos considerar que lo mas probables es que su naturaleza real esté situada en un punto entre ambos extremos en cuyo caso cada cual deberá determinar respecto a cual ellos lo encuentra mas próximo.

Un distinguido oficial de marina retirado, abogado, de inusual valor moral y probado hombre de bien, ha destinado años de arduo trabajo y esfuerzo mostrar al Poder Judicial y a los varios miles de profesionales del derecho en Chile las barbaridades jurídicas que el Poder Judicial ha cometido en perjuicio de centenares o miles de militares. Su profundo y detallado análisis señala errores, prevaricaciones y piruetas leguleyas que nadie se ha atrevido a desmentir, ni menos discutir abiertamente.

“Cometen delitos judiciales de lesa humanidad los jueces que fallan contra las leyes expresas y vigentes; que procesan y condenan en forma injusta, inconstitucional, ilegal y arbitraria a militares y carabineros; y que no respetan principios esenciales del derecho penal universal. Son cómplices de tales delitos las autoridades ejecutivas y legislativas del Estado por cohonestar la torcida aplicación de la ley y la prevaricación judicial, y por no efectuar las modificaciones legales necesarias para que dichos servidores de la patria les sea aplicado el mismo sistema procesal penal que le es aplicado a los demás chilenos.

A los militares y carabineros imputados por presuntos delitos ocurridos hace mas de cuatro décadas no les son respetados principios tales como el de legalidad y el de igualdad ante la ley, la prescripción de la acción penal, la presunción de inocencia y las normas del debido proceso, porque a ellos se les aplica en antiguo sistema de procedimiento penal; un sistema que vulnera los derechos fundamentales y que es incompatible con el derecho internacional de defensa de los DDHH”.

Toda la estructura jurídica nacional ha recibido esta crítica en absoluto silencio, ese silencio cobarde tan propio de la élite de los comunicadores y formadores de opinión pública de nuestro pobre país, domesticados por los grupos políticos y empresariales , dominados por sus mezquinas conveniencias personales, las timideces propias de personas de poca valía y merecimientos y paralizados por el temor a la máquina de difamar del Partido Comunista, guardan silencio cómplice.

La versión de la realidad que esgrimió la izquierda contra el Gobierno Militar fue que el Poder Judicial negó recursos de amparo a personas perseguidas por presuntos delitos, que mostró obsecuencia hacia el Poder Ejecutivo y que abandonaron gravemente sus deberes.

Ahora, bajo la dirección de ese mismo sector político y durante los últimos cuarenta años, sin inmutarse, han juzgado y condenado a militares ex miembros del aparato de seguridad de ese gobierno, aplicando leyes inexistentes, delitos ficticios, desconociendo la amnistía y lo peor, aplicando procedimientos judiciales no vistos desde la Alemania nazi o desde los juicios soviéticos contra sus disidentes.

El Poder Judicial que la izquierda condenó por servil hacia el Gobierno Militar y que habitualmente fue descalificado en forma soez, con un solo restallar del látigo del poder político esgrimido por P. Aylwin, fue puesto en cintura y llevado a cambiar su comportamiento hacia una dedicada incondicionalidad creativa en beneficio de los nuevos mandamases políticos, en una intensidad nunca vista en Chile.

Esta nueva “obsecuencia” ha tenido hitos llamativos: la creación de la ficción jurídica de los detenidos desaparecidos, aplicación de leyes con efecto retroactivo, los juicios risibles en su parcialidad y últimamente en la moda de las “filtraciones” que ha permitido a fiscales y jueces transformarse en actores políticos y mediáticos de primera magnitud, twiteros con miles de seguidores y opinólogos de cualquier tema o asunto. Todo esto mientras su capacidad para transformar estos escándalos políticos y mediáticos, creados artificialmente, no podían llegar a materializarse en fallos fundamentados. La evidente parcialidad en el trato benévolo a miembros de la izquierda política contrasta con el rigor aplicado a los opositores.

Estamos en presencia de una conducta reiterada que podemos pensar que forma una cultura, una forma de ser, una identidad.

Se siente venir un cambio de marea y alguna velas judiciales ya comienzan a orientarse a los nuevos vientos. Podría sobrevenir una tercera epifanía judicial en que, en forma súbita, los jueces y fiscales se percataran que la verdad y la justicia se encontraban en el otro bando.

A Pinochet no le bastó derrotar repetidamente a los comunistas mientras vivió, sigue haciéndolo después de muerto. Desde su tumba su sonrisa socarrona se burla de ellos y de su incompetencia.

El Gobierno Militar impidió que Allende y su Unidad Popular capturaran el poder para ejercerlo sine die.

Derrotó la “política de rebelión popular de masas” organizada por el Partido Comunista, la “Coordinadora Guerrillera Internacional” y su “Batallón América”, capturándole las armas en Carrizal Bajo.

Hizo fracasar la Operación Siglo XX – dirigida por Teillier- donde asesinaron a cinco de sus escoltas pero no pudieron matarlo a él, impidiendo de paso que el PC se rehabilitara- ante sus mandantes cubanos y soviéticos- por sus repetidos fiascos.

Pinochet hizo fracasar la estrategia del PC para derrocarlo mediante atentados terroristas y violentas “manifestaciones pacíficas” y al final los obligó a someterse a la estrategia política y “burguesa” de la Concertación.

Impuso una transición pactada que lo mantuvo a él al frente del Ejército durante los primeros años de la “vuelta a la democracia” y dejó como herencia su “modelo”, su Constitución; la economía de mercado, las AFP, las Isapres y las Universidades privadas, el código laboral, todos engendros que los comunistas odian a morir.

Les dio una paliza tras otra.

La Nueva Mayoría (NM) con la participación protagónica del PC -bajo el “liderazgo” de Bachelet-, llegó al poder con mayoría completa y total en ambas cámaras.

Llegó con la pretensión de retro excavarlo todo. Sacar los cimientos del “modelo” de la dictadura y así, hacer de Chile una sociedad próspera, igualitaria, con movilidad social y con derechos sociales garantizados. Lejos de Pinochet y su herencia maldita.

El caballo de batalla de la NM para justificar sus acciones fue la eliminación de lo que consideraba la creciente desigualdad social y económica; la rígida estratificación social, y el desmantelamiento del sistema educativo que constituía una traba para lo anterior. La expresión “desigualdad” fue mencionada 41 veces en el Programa de la NM.

A tres años de gobierno el panorama no puede ser mas desolador. Los presuntos beneficiarios de la revolución no la aprecian en absoluto y la politización de la administración pública –puesta en manos de ineptos- nos muestra a diario un fracaso tras otro. Sin la morigeración de la Democracia Cristiana, la izquierda dura mostró una irremediable incapacidad para gobernar.

La guinda de la torta es el resultado de la CASEN 2015 y de su análisis comparativo a los largo de varios años. El trabajo del Dr. Sapelli, PhD, Doctor en economía de la universidad de Chicago y del Instituto de Economía de la PUC, es lapidario.“Durante las primeras décadas del siglo XX la distribución del ingreso estaba empeorando, en la segunda mitad del siglo hubo una reversión de esa tendencia. En ese proceso de mejoras, comparando la generación nacida en 1960 versus la generación nacida en 1985, la distribución del ingreso mejoró en ocho puntos. Si se compara con la generación de los 90 la mejora es de 20 puntos en el GINI. Hay una mejora de mayor magnitud entre la generación de los 80 y los 90’.

Es más que claro que el proceso de reducción de la desigualdad es mucho más fuerte de lo que se había detectado antes”.

Las políticas económicas del Gobierno Militar sentaron las bases para un veloz crecimiento económico. En esas condiciones, lo mas frecuente es que todos crezcan pero que los mejor educados lo hagan mas rápido y se produzca un deterioro de la igualdad y una crecimiento del índice GINI, pero en Chile no sucedió así, el GINI no disminuyó mucho, pero no creció.

A partir de 1985 la desigualdad comenzó a reducirse a medida que las nuevas generaciones, mejor educadas y con mayor acceso a la educación universitaria y técnica, fueron reemplazando a las generaciones mas viejas con menos educación y menores ingresos y el índice GINI comenzó a reducirse hasta bajar de 50 en la última CASEN.

Sin embargo, las políticas que afecten al crecimiento o al acceso o a la calidad de la educación, aumentarán la desigualdad y las políticas de la NM han sido muy efectivas en deteriorar ambos aspectos, lo que reducirá las posibilidades de seguir disminuyendo la desigualdad.

Una de las causas del movimiento de los “pingüinos” es un efecto colateral al que no estábamos acostumbrados: Así como los pobres pueden salir de la pobreza, otros pueden caer en ella y eso aumenta la incertidumbre. Por otro lado, al comienzo de la llegada de nuevas cohortes de profesionales graduados recientemente los primeros en llegar recibieron salarios muy buenos, que al seguir llegando profesionales, fueron disminuyendo ya que el mismo beneficio se distribuyó entre mas personas.

En palabras del Dr. Sapelli: “En buena parte la dinámica que se generó (en el movimiento “pingüino) tiene que ver con la creación de premios salariales para los que tenían  mayor educación por el alto crecimiento económico de Chile, en un contexto de escasez de profesionales. La gente vio esos premios y se sintió motivada para estudiar, pero este  mismo proceso de generar más profesionales afectó los premios salariales. Por eso la población se sintió estafada de alguna manera. Este proceso de que haya más profesionales es bueno porque antes había importantes premios salariales a los que accedían pocas personas, y después hay premios más chicos pero tienen acceso más personas”.

Conclusiones

1- Ha habido una mejora muy importante en la reducción de la desigualdad, pero la izquierda no la quiere ver.

2.- La realidad en temas de desigualdad en Chile es «para celebrar» y los datos son «inapelables».

3.- La tendencia del índice GINI a seguir disminuyendo no está garantizada. Sólo «en el mejor de los casos» las reformas del actual Gobierno no tendrán impacto en esta trayectoria, es mas probable que resulten contraproducentes. La izquierda “autoflagelante” es incompetente para gobernar, mucho menos de crear y distribuir riquezas.

4.- Las políticas económicas del Gobierno Militar fueron exitosas e hicieron crecer la economía en niveles nunca vistos en Chile. Este crecimiento fue para todos, pero las personas con mayor educación inicialmente crecieron mas.

5.- La política de educación del Gobierno Militar fue exitosa y se está reflejando en un acortamiento de la desigualdad, -derivado del crecimiento de la clase media y de sus mayores ingresos debidos su mejor educación-, ha medida que van reemplazando a las generaciones mas viejas y con menos educación.

6.- La sociedad chilena está transitando de una sociedad de proletarios de clase trabajadora a una de propietarios de clase media. La Nueva Mayoría sepultó una forma de entender y hacer política. Este es el resultado de las políticas del Gobierno Militar, y la mayor amenaza para su continuidad son las “reformas” de la Nueva Mayoría. Este cambio social significa la muerte del comunismo. La muy cacareada “mayoría sociológica” no existe.

La adopción por parte de Ricardo Lagos de su expresión “los señores políticos” debe haber regocijado a Pinochet y el espectáculo de Bachelet mostrando la desnudez intelectual y de gestión de la izquierda dura lo debe hacer sonreír con malicia

Hoy día, el único “triunfo” del comunismo es la continuación de la prisión de los militares en Punta Peuco, la exacción de ingentes cantidades de dinero en compensación por la muerte de sus deudos y la reversión de la dirección del “Ni perdón Ni olvido” que terminará reventándoles en la cara. En todo lo demás Pinochet los derrotó inapelable y reiteradamente.

Buen motivo para sonreír.

Las FFAA de Chile han sido sometidas a un escrutinio extremadamente severo en cuanto al irrespeto a los Derechos Humanos de personas durante el Gobierno Militar. Los investigadores y persecutores han provenido de iglesias; la masonería; el Poder Ejecutivo a través de organismos creados ad-hoc para ello; del Poder Legislativo que ha creado leyes, procedimientos y disposiciones también ad-hoc; el Poder Judicial que abiertamente ha hecho suya y ha tomado partido a favor de la causa de los afectados; organizaciones sociales de diversos tipos y ONGs de los mas diversos orígenes y propósitos.

El punto y los métodos mediante los que ha sido llevada esta inquisición es discutible y, legítimamente, hay posiciones diversas.

La implacable aplicación de la política de “Ni Perdón ni Olvido” aplicada por el Partido Comunista y sus simpatizantes ha significado la creación de situaciones humanitarias que han merecido el reparo de miembros del Poder Legislativo y de la Iglesia Católica, además, obviamente de los simpatizantes del Gobierno Militar y de personas que respetan y apoyan a las FFAA.

El núcleo de esta situación es la existencia de 1210 personas consideradas detenidos desaparecidos en Chile tras el golpe militar del 11 de septiembre de 1973. De éstas, 60 eran extranjeros y 54 eran menores de edad.

El conflicto base que dio origen al enfrentamiento interno fue el suscitado por la pugna entre la Oposición y el Gobierno de  Allende y su Unidad Popular-, que intentaron apoderarse del total del poder político, económico y social para imponer un gobierno revolucionario y posteriormente entre el Gobierno Militar y el  Partido Comunista y su intento armado, -con abundante apoyo internacional- para revertir la derrota.

No cabe duda que la desaparición -hace ya casi medio siglo- de estas personas, en un lapso de 17 años de lucha armada en que ambos sectores sufrieron bajas -donde obviamente los derrotados las tuvieron en mayor número- constituye una desgracia muy difícil de sobrellevar por los deudos y un daño irreparable para los que sufrieron la pérdida de su vida y muchas veces malos tratos crueles e innecesarios.

Hoy enfrentamos una situación parecida y, si es posible, aun mas atroz.

Investigaciones llevadas a cabo por miembros del Poder Legislativo y también del Ejecutivo, dan cuenta de la muerte, en un lapso de solo 11 años (2005 – 2016) de 1336 personas, mayormente menores de edad (243 en residencias de protección, 406 en organismos colaboradores, 206 en centros de protección ambulatorios y 33 por justicia juvenil) y algunos mayores de 18 años (215 en residencias, 21 en ambulatorios y 212 por justicia juvenil).

A estas muertes se suman serias sospechas de que muchas de ellas fueron víctimas de violaciones, adopciones ilegales y ventas de órganos. Todas estas personas estaban a cargo del Servicio Nacional de Menores (SENAME), un organismo gubernamental bajo control de Ejecutivo, administrado por personas asignadas a los diferentes cargos mediante cuoteo entre los miembros de los partidos de gobierno. Siempre bajo la supervisión y responsabilidad del Ejecutivo.

Ninguno de los niños del SENAME tuvo jamás un arma en sus manos ni la mas leve intención de matar u oprimir a nadie. No tuvieron ninguna oportunidad de escapar ni evitar su martirio. Eran verdaderamente inocentes.

El diputado independiente René Saffirio calificó el informe (presentado por Solange Huerta que actualmente encabeza el SENAME) como demoledor: Es una violación sistemática de los derechos humanos de niños y adolescentes, declaró que “quien pudo ocultar 1.336 muertes durante 10 años, perfectamente pudo ocultar donaciones de órganos sin respetar los protocolos y venta de niños al extranjero bajo la forma de una adopción internacional”

El diputado Ramón Farías (PPD) calificó la cifra de fallecidos en el SENAME como “escalofriante” y como una muestra de que “el sistema se está cayendo a pedazos”. A continuación extendió una capa de bálsamo: “Si hallamos responsabilidad penal en la comisión investigadora la vamos a tener que poner en conocimiento del Ministerio Público”. Nada muy drástico para tamaña brutalidad.

La Presidenta Michelle Bachelet, por su parte, expresó su “tristeza y malestar” por las muertes en el SENAME y anticipó que mañana anunciará medidas concretas para abordar la crisis del organismo, aunque sin ofrecer detalles de las acciones que emprenderá el Gobierno.

Volviendo al caso de las violaciones a los DDHH cometidos durante el Gobierno Militar, el Informe Rettig certifica 307 casos de menores de 20 años ejecutados. Por su parte, el Informe Valech sumó un anexo con 102 casos titulado «Menores de edad «detenidos junto a sus padres o nacidos en prisión”.

El balance numérico es desfavorable a los Gobiernos Democráticos; la reacción de la izquierda ante las violaciones a los DDHH de los niños afectados es completamente diferente a cuando afectó a sus combatientes adultos, y la «indignación moral» nacional y mundial es de una devastadora asimetría.

¿Por qué será?.