Un libro blanco, informe blanco o white paper  en gestión y planificación de defensa es un documento o guía con autoridad, con el objetivo de ayudar a los lectores a comprender un tema, resolver o afrontar un problema (por ejemplo diseñando una política gubernamental a largo plazo), o tomar una decisión.

Los hay de diferentes profundidades y nivel de explicitación.

El de Australia, por ejemplo, establece un plan a largo plazo, incluyendo el detalle de las fuerzas a desarrollar; el programa financiero correspondiente; su costo validado por agentes externos al gobierno y la planificación financiera nacional a mediano plazo.

El de Francia, por su parte, define un nuevo concepto de seguridad nacional y nuevos órganos para integrar la defensa y la seguridad nacional: actualiza la visión estratégica francesa; se incorpora a una corriente europea donde Holanda, el Reino Unido y Alemania comparten un concepto integrador de seguridad nacional. Si nos atenemos a su propia denominación el Libro Blanco ha pasado de ser de defensa, a secas, a ser de defensa y seguridad nacional. Contiene también el detalle de las fuerzas y la estrategia para su empleo.

El Libro del Reino Unido se limita a contener la estrategia de seguridad nacional, que incluye las políticas sectoriales de defensa, interior, exteriores y economía.

En Chile, los sucesivos decretos, (Nº 53 de 1997; Nº 21 de 2003 y Nº 53 de 2010), que han aprobado los “Libros” correspondientes, declaran que se trata de un “documento que recoge los aspectos esenciales de la Política de Defensa y la Política Militar”.

Esa declaración lleva a pensar que el total de esas políticas, incluyendo sus aspectos reservados, financieros o de detalles existe en algún lugar y que se han recogido solo los aspectos esenciales que serán de dominio público para ser incorporados al Libro de la Defensa correspondiente manteniendo el resto en reserva. Pero no es así. Tales Políticas o no existen o no se conocen.

Nada se dice respecto a la Estrategia Nacional (sectores de defensa, interior, exteriores y economía), que también deberían existir en alguna parte. El gobierno anterior envió una que debe estar en el Congreso.

En breve, por lógica, en la defensa y la seguridad no todo puede ser público, por lo que ambas políticas de defensa y militar así como la Estrategia Nacional y Militar tienen aspecto reservados que no son ni serán expuestos a la opinión pública. Los Libros de la Defensa o Libros Blancos de la Defensa no contienen el total de las políticas de seguridad, de defensa, militar sino aquellos aspectos mas generales que cada gobierno estima conveniente dar a conocer.

Podemos concluir que en Chile la situación no es para nada clara, que las responsabilidades están mal definidas, peor asumidas y que quedan muchos espacios vacíos y preguntas sin respuesta.

El Contralor de la República, por su parte, objeta el decreto Nº 53 del año 2010 por cuanto el Libro no se incluye en el cuerpo del Decreto, sino que se lo presenta como un adjunto, lo que le quita legitimidad, pues es el texto del decreto el que tiene poder vinculante. No un anexo a él.

En nuestro país, la idea de libro de la defensa cumplió un importante rol como instrumento de gobernabilidad en una encrucijada de profundas diferencias entre el sector político que ejercía el gobierno y las FFAA, que dejaban el mismo. Fue un instrumento importante de la transición.

Parece evidente que este rol ha sido sobrepasado por la evolución política y social del país; que ya agotó su potencial de utilidad y que se ha transformado en un medio insuficiente para cubrir las necesidades de la conducción de la defensa, más aun cuando desde febrero del año 2010 existe la ley 20424 “Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa Nacional”, que asigna tareas concretas a organismos ministeriales específicos. No se trata ya de reunir un grupo numeroso de interesados en el tema, sin representación política explícita y vinculante, para hablar sobre algo para lo cual existe una institucionalidad organizada y supuestamente bien pensada para ello.

El mecanismo empleado para llevar a cabo el proceso de desarrollo del Libro, presenta problemas significativos: Son el Ministro de Defensa y el Subsecretario de Defensa quienes deben tratar con los representantes de la Oposición, ambos escuchar a los expertos y académicos que les perezca necesario y luego llegar a acuerdos que sean verdaderas Políticas de Estado. Esto, en el lugar de las negociaciones políticas: el Congreso.

Esta es una actividad política de la mayor importancia, no un “ejercicio de democracia” ni menos una actividad “académica”. Un taller formado por una asamblea numerosa y sin representatividad política no es un debate verdadero ni útil.

Participantes seleccionados por los organizadores no tienen la representatividad política ni académica necesaria para fundamentar su pretensión de constituir una “política de estado”.

Por otra parte, el presentar el Libro al término de un período de gobierno, (fines del año 2016) y después de un proceso semi secreto, donde parecen existir vetos a los representantes de la oposición, conlleva la pretensión de dejar comprometido al gobierno siguiente con definiciones y objetivos que no tiene por que compartir.

En este sentido, los objetivos enunciados en el Programa de la Nueva Mayoría (1) en muchos aspectos tales como la integración regional bajo el signo chavista; los compromisos de seguridad regional acordados en el marco ideológico de Unasur; la participación de las FFAA en la “defensa” de los recursos económicos del país y de la región , la transferencia de autoridad de los Comandantes en Jefe al Jefe de Estado Mayor de la Defensa, por vía administrativa y otros, no son necesariamente compartidos por un futuro gobierno. No todos los chilenos comparten la creencia que las FFAA son organizaciones “para la paz” y no “para el combate” y que sus capacidades estratégicas deben ser diseñadas en esa tesitura, menos aun que los intereses de la Patria Grande tienen alguna prioridad respecto a los intereses de Chile.

Sin embargo, el mayor problema es que el proceso no es democrático. En efecto, según el Mensaje Presidencial de este año “se efectuarán los debates y análisis previstos en el proceso de elaboración del Libro de la Defensa Nacional 2017 por medio de un programa de catorce talleres de análisis y discusión sobre diversas temáticas de la Defensa, cumpliendo el calendario de trabajo previsto para 2016. Posteriormente, se iniciará la fase de revisión y sistematización de los contenidos obtenidos”.

Debemos recordar que el meollo del proceso son 14 talleres en los cuales exponen un número de expertos de alto nivel. En el de Política Vecinal, por ejemplo, exponen el Subsecretario de Defensa, el Presidente del Consejo Chileno para las Relaciones Internacionales y el Agente de Chile ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, que en 150 minutos exponen sus ponencias. Esto es seguido por 30 minutos de “ronda de preguntas”.

Bajo ninguna perspectiva esta actividad puede ser considerada un “debate”, menos aun cuando no llega a conclusiones, acuerdos ni discrepancias de ninguna especie y cuya “revisión y sistematización” ocurre en una fase posterior, sin la presencia ni participación de los miembros del taller. Queda la duda del real valor de las “preguntas” hechas por los concurrentes y cual es el control de los revisadores y sistematizadores de estos talleres. Recuerda demasiado a los Cabildos para la Constitución.

Puedo concluir que este proceso fue sobrepasado por los cambios habidos en Chile y que se ha transformado en un ritual que pretende constituir el documento matriz de la defensa de Chile, cuya mas clara expresión es el “olvido” de la existencia de la Ley Orgánica del Ministerio de Defensa.

El modesto Decreto Nº 53 del Ministerio de Defensa del 29 de enero del año 2010, -en las postrimerías del primer gobierno Bachelet- que trata de hacer pasar al Libro de la Defensa como el documento que establece la Política de Defensa y la Política Militar del Chile, no basta para crear una veloz Liebre, sigue siendo sólo un humilde Gato y es que parece creerse que el objetivo, mas que producir una verdadera política de defensa, es solo satisfacer el requisito administrativo de hacer como que hay una…una mera ficción, como tantas otras en nuestro país en el presente.

El proceso tiene un aroma de soberbia y sectarismo que parecía sobrepasado en las relaciones político – militares.

(1) https://fernandothauby.com/2016/04/02/politica-de-seguridad-y-defensa-fracaso-integral/ 

A fines del año 2011, el Ministerio Público inició un proceso contra cinco oficiales de la Armada (inicialmente doce) , acusándolos del delito de “divulgación de información reservada”.

La situación era muy difícil para la Armada, a la sazón los medios de comunicación social festinaban una causa judicial que afectaba al Ejército, era el llamado caso “Leopard”, y la nueva acusación del Ministerio Público permitiría relacionar ambas causas y armar un gran caso que permitiera seguir incrementando la publicidad personal de los Fiscales involucrados y agudizar la difamación de las FFAA.

La acusación se basaba en interceptaciones telefónicas realizadas por orden del fiscal que investigaba al Ejército, que le permitieron grabar conversaciones entre el comerciante y proveedor de armamento y municiones Guillermo Ibieta y cinco oficiales de la Armada que trabajaban en diversos procesos de adquisiciones de material de guerra para su Institución. Esas interceptaciones les permitieron acceder a un gran número de correos almacenados en el computador de Ibieta entre él y los marinos, referidos a las dichas adquisiciones.

Las interceptaciones detectaron también conversaciones que se referían a solicitudes y entrega de información realizadas por los marinos y las respuestas y ofertas dadas por Guillermo Ibieta, incluyendo precios y formas de entrega y pago.

Los archivos de Ibieta, miles de correos extraídos de su computador, fueron “filtrados” por el sistema judicial a la prensa amarilla nacional que actuaba en tándem con ellos. La información “reservada”, que los marinos “habrían entregado ilegalmente” que originaba el escándalo, y muchísima otras informaciones mas, fueron expuestas al dominio público nacional e internacional con pelos y señales. Esto confirma que la reserva de la información y el interés nacional no era, de ninguna manera, de interés para los fiscales y que la de los fiscales era en si misma una infidencia de mucho mayor magnitud y perjuicio que la que investigaban.

El sentido común mas elemental señala que si un comprador desea adquirir municiones y armamentos, deberá indicar al proveedor (y solo al proveedor) que es lo que quiere. No es viable un enlace telepático entre ambas partes ni un proceso de ensayo y error en que el proveedor vaya ofreciendo, por adivinación, diversos productos sucesivamente hasta acertar en lo que el cliente quiere –si es que algunas vez acierta-.

Debe decírsele con claridad y precisión que es lo que se requiere y así lo hicieron.

Varios medios sensacionalista se lanzaron sobre la Armada y sobre esos cinco oficiales con la saña que nace de la envidia y el resentimiento que la gente mediocre siente hacia aquellos de mayor calidad humana y profesional.

No hubo insulto, suposición de intenciones, especulación malintencionada ni descalificación que no emplearan contra los marinos ni contra la Armada. Fue un festín de basura.

Luego fue bautizado, sin ninguna lógica comprensible, mas allá del afán de enlodar a la Armada de Chile, como “Caso Fragatas” y recogido por los políticos enemigos de la Armada y de todo lo que ella representa.

Por esos días Andrés Allamand se recibía de Ministro de Defensa y no perdió un minuto en utilizar la situación para realzar su “liderazgo”, “mano firme con los militares” y “limpiador de la basura”.

El Comandante Fernando Niemann, el acusado de mas alto rango, fue arrinconado y puesto en una situación que no le permitió otra acción que retirarse de la Armada, ¡sin aun habérsele probado nada!.

Durante cuatro años se prolongó la agonía: acusaciones falsas, infamias, calumnias, mentiras, deformaciones, malos tratos en los interrogatorios, humillación en los traslados llevándolos esposados.

Pena y tristeza para sus esposas e hijos, vergüenza para sus padres, ruina económica para las familias al tener que pagar abogados que los defendieran, pérdida de sus profesiones y pérdida de los empleos que sustituyeron a la que les había sido arrebatada y con los cuales intentaban sobrevivir y mantener a sus familias.

Durante este proceso inicuo, la fiscalía requirió de la Armada un gran volumen de información secreta que también fue “filtrada” y publicada in extenso por un periódico sensacionalista próximo al fiscal.

La Armada pidió a la Corte Suprema una investigación de este grave delito. Huelga decir que no pasó nada, absolutamente nada. Todos quedaron impunes, ni siquiera se investigó.

El 15 de junio de 2016, la Corte Suprema en última instancia, sin recoger los denodados esfuerzos del fiscal por encerrar a los marinos a como diera lugar, reconoció por 6 votos contra 0 la inocencia completa y total de los cinco oficiales.

La Corte Suprema tras un análisis sorprendente agudo concluye que los Oficiales de Marina pueden conversar de armamento, que la materia que tratan con un proveedor no es reservada, que para comprar tienen que informar al proveedor que material es el que quieren y que por consiguiente eso no constituye ningún delito.

Cuatro años tardaron en llegar a esta conclusión que cualquier persona intelectualmente normal podría haber deducido en cinco minutos. Salvo que esté buscando encerrar a los marinos por razones desconocidas e inconfesables.

¿Una súbita epifanía la del Poder Judicial?, nada de eso, es la cruda percepción del cambio de marea.

Los mismos que adularon servilmente a los miembros del Gobierno Militar y que luego se arrimaron en forma perruna a los Gobiernos de la Concertación, hoy perciben que sus iniquidades y prevaricaciones no quedarán impunes y que la hora del castigo se aproxima inexorablemente.

La Presidente de la República en su alocución para la inauguración del Año Académico Militar 2015 destacó que “Ha habido una progresiva mejora de la gobernabilidad democrática, y los principales hitos son conocidos por todos ustedes. Me refiero a la reforma de las instituciones políticas de la Defensa: las reformas constitucionales del año 2005; las reformas legales en el nivel del Ministerio, la más importante de las cuales, la reforma del Ministerio de Defensa Nacional, en enero del 2010. Esta ley institucionalizó la conducción civil del sector, y es la reforma más importante desde la creación del Ministerio, en 1932” y debía “fortalecer la autoridad presidencial y la autoridad ministerial en la gestión de los procesos de gobierno … actualizando “la normativa orgánica y fija(ndo) una estructura que (sea) capaz de llevar a cabo el ciclo completo de políticas públicas del sector, comenzando con la emisión de una “Política Estratégica Nacional como objetivo general de carácter político del Estado (Gobierno) frente al actuar de la Defensa”.

Han transcurrido 26 años y los avances habidos son marginales. Seguimos sin una Estrategia de Seguridad y Defensa formal y el Ministro de Defensa es un espectador de la gestión de su cargo. En realidad es una curiosa mezcla de “tío dadivoso/caprichoso” y de “delegado del gobierno ante las FFAA/político con agenda propia”.

¿Qué decir de la Política Militar?. ¿De la ley de financiamiento cuatrienal de la defensa, del financiamiento de los programas y proyectos de inversión y los gastos de operación y mantenimiento de equipamiento y de la información oportuna y real al Congreso de la marcha de la gestión de defensa?. Nada, no ha pasado nada.

En la Función Defensa tenemos tres grandes actividades de gestión: Gestión de Desarrollo, que requiere conocimiento y experiencia empresarial de alto nivel; Gestión Militar que apunta a emplear las fuerzas militares en la acción de combate y prepararlas para ello mediante el entrenamiento y Gestión del Apoyo Logístico, que consiste en la generación de recursos y la prestación de servicios para sostener a las fuerzas en combate.

Vistas así las cosas, no deja de llamar la atención que en Chile los Ministros  y Subsecretarios suelan ser médicos, abogados, periodistas y rara vez administradores expertos. Y mas sorprendente aun es la conformación del Ministerio de Defensa: no tiene ningún departamento sólido dedicado a la gestión del material ni del personal; asume solo una tenue “coordinación” de la gestión del desarrollo del material y la infraestructura; no existe ni una mención a control de gestión y no existe ningún organismo de nivel nacional que se responsabilice de organizar y ejecutar el apoyo logístico a las fuerzas en combate.

En estos días tenemos una grave crisis en la gestión del desarrollo de las fuerzas, en la cual se encuentra implicado el ex – Comandante en Jefe del Ejército General Miguel Fuente-Alba. La simple lectura de su currículo muestra a un militar mas habituado a moverse en los corredores del poder que entre los soldados en campaña; fue seleccionado para el cargo por Francisco Vidal, Ministro de Defensa que salía ese fin de año, el 2010, luego de una pasada relámpago de solo 12 meses como  Ministro. Ambos se conocían bien, ex compañeros de colegio y como cadetes en la Escuela Militar ¿cómo pudo entonces Vidal proponer para ese cargo a un general que mostraba tan intensa dedicación a sus negocios e intereses personales?.

Al dejar su cargo en Marzo del 2010, Vidal recibió agasajos y condecoraciones por parte de ex – subalterno y amigo Fuente-Alba y prontamente reclutado como profesor en la Academia de Guerra, en la ANEPE y en tareas de asesoría (remunerada) al Comandante en Jefe. Su participación como “comandante de carro” de un cañón autopropulsado en la Parada Militar de ese mismo año mostró una proximidad poco común con el general Fuente-Alba y una concepción de su dignidad ministerial desusada hasta ese entonces.

Pero lo peor vino con la puesta en marcha del “Nuevo Ministerio” a partir de 2010.

La principal razón de ineficiencia fue que desde la misma asunción de Aylwin se desató una aguda lucha entre los partidos de la Concertación para que sus militantes ocuparan los cargos que los militares dejaron vacantes en la estructura ministerial. Se resolvió por “cuoteo” y mediante la contratación, en cada cambio de gobierno, de un número cada vez mayor de personas.

Cuando se dictó la Ley de Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa se tomaron los resguardos para asegurar los cargos de esas personas -mediante el “Artículo Transitorio 6 c.- que dispuso, que la implementación de esta nueva estructura :“No podrá significar pérdida del empleo, disminución de remuneraciones, modificación de los derechos estatutarios y previsionales del personal traspasado o encasillado. …”.

De esta manera y aunque se presumía que habría nuevas y mas complejas funciones, esta norma impidió a los sucesivos Ministros y Subsecretarios reclutar a nuevas personas técnicamente idóneas. El personal incompetente fue “complementado” contratando a un número también creciente de personas a Contrata y a Honorarios, todo por estricto cuoteo.

Tenemos entonces que la incompetencia se instaló en buena parte de la dotación de personal técnico del Ministerio. Esta curiosa forma de “gestión de personal” derivó en una desmotivación y abulia intensa de los funcionarios; no hay incentivos de ninguna especie y su trabajo se reduce a empujar papeles de una oficina a otra. Lo poco y nada que se produce, lo hacen grupos cerrados, “de personas de confianza del subsecretario”, que trabajando en forma compartimentada y secreta, preparan proyectos irrelevantes que no se materializan o que dedican su tiempo y energía a incursionar en temas de género, de inclusión y en relaciones exteriores, materias importantes pero periféricas al núcleo de la función defensa.

La parte mas penosa se produjo después de la promulgación de la ley Ley N° 20.424, “Estatuto Orgánico de la Defensa Nacional”, el año 2010, bajo el gobierno de Piñera. La última esperanza de hacer eficiente un organismo que no estaba funcionando era el Reglamento de dicha Ley. Se esperaba que este fuera capaz de definir con cierta precisión las tareas de cada cual, sus relaciones funcionales y los organismo intermedios de coordinación y trabajo integrado y de incorporar una técnica de gestión específica. No pasó. El Reglamento promulgado por la administración de Piñera es una copia abreviada de la Ley, de una pobreza sorprendente que deja en evidencia el desconocimiento, por parte de sus autores, de las funciones que se suponía debían abordar. Por ejemplo, en Occidente la mayoría de los países desarrollados funciona sobre el Sistema PPBs, del que muy probablemente el Subsecretario Alfonso Vargas de la administración Piñera, que elaboró el Reglamento, nunca  escuchó hablar.

Mientras tanto, los sucesivos Ministros se comportan como “espectadores interesados” de lo que pasa en su sector. Por el cargo han desfilado médicos, muchos abogados y un profesor de historia, en general personas con ambiciones políticas pero sin experiencia comprobable para gestionar una organización de varias decenas de miles de profesionales y técnicos y manejar un presupuesto de varios miles de millones de dólares anuales. Las excepciones fueron las menos.

¿Qué es el Ministerio de defensa actualmente?. Es una organización que “reparte recursos”. En efecto, dispone de una cantidad anual de recursos determinada por ley, que distribuye con criterios que simulan ser racionales pero que solo representan la capacidad de lobby de los interesados y las preferencias –por los motivos que sean- de las autoridades ministeriales. Esta curiosa lógica de gestión es del todo absurda pero políticamente de alta conveniencia, es, además una ancha puerta por donde puede entrar -y por donde entra-, la corrupción. Para mayor agrado, dispone de recursos acumulados a los cuales se recurre para fines ajenos a la defensa, según la discreción del gobierno de turno.

Hoy tenemos un escándalo, otro mas, y si no se hacen cambios radicales, comenzando por la designación de personas idóneas en los mas altos cargos; si no se modifica radicalmente la planta de personal; no se toma en serio esta importante política pública, y no cesa esta peculiar cooptación de “déjame con mis asuntos y yo te dejo hacer” (PERO SI ALGO FALLA, TU PONES LA CARA), se seguirán repitiendo.

A propósito ¿alguien sabe que es de José Antonio Gómez

El gobierno de Michelle Bachelet ofreció aportar “ímpetu” al sector defensa en sus aspecto de desarrollo institucional y por el contrario, solo sabemos de divagaciones silenciosas, secretas y estériles de un Subsecretario enamorado de sus prejuicios pacifistas que se hunde en espiral rumbo a ninguna parte.

En el ámbito de las políticas públicas de relaciones exteriores y militares comúnmente se emplean dos documentos directrices que dan la partida a la planificación estratégica nacional: la Política de Seguridad y Defensa, analizada en mi columna anterior y la Política Militar que es el conjunto de objetivos y estrategias que dirigirán el esfuerzo de organización, gestión del personal, del material, de la infraestructura y el desarrollo de las doctrinas de todo tipo que materialicen y orienten la estructura militar en el marco de la Política de Seguridad y Defensa. Es la Política del gobierno hacia las FFAA.

En esta columna me referiré a la Política Militar del actual gobierno de Chile. Los documentos mas relevantes al respecto son las declaraciones de los personeros del gobierno y mas que todo, de sus acciones reales. También son elocuentes sus escritos y declaraciones antes de asumir sus cargos.

El Programa de la Nueva Mayoría considera que “A partir del 2010, año que entró en vigencia la Ley N° 20.424, Estatuto Orgánico de la Defensa Nacional, algunas reformas continuaron, pero la mayor parte de éstas se estancaron y, en algunos aspectos, hubo retrocesos como resultado de la gestión de la autoridad política realizada entre el 2010 y el 2013”. Hechas las críticas de rigor al gobierno anterior, entra a proponer las acciones a tomar a partir del año 2014 para «retomar con ímpetu las reformas institucionales para el desarrollo de una Defensa Nacional”.

Durante el año 2014 no se hizo nada, pero la Presidente, en su Inauguración del Año Académico Militar 2015, al comienzo de su segundo año de gobierno reiteró y detalló el Programa que se desarrollaría durante los -ahora- solo tres años restantes de su mandato:

“Y quiero especificar a qué me refiero, en cada caso … .

Primero, sobre la Ley de Financiamiento de la Defensa, quiero decir que el Ministerio ha preparado una indicación sustitutiva para mejorar el proyecto de ley que establece un nuevo mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas de la Defensa. Este proyecto fue aprobado en su primer trámite por la Cámara de Diputados y se encuentra ahora en el Senado. Y el proyecto de indicación sustitutiva será enviado durante el primer semestre del 2015.

Segundo enviaremos al Congreso un proyecto de ley para modificar el Código de Justicia Militar, que también esperamos enviar durante el primer semestre de este año. Lo que buscamos es que el Código garantice el debido proceso y otorgue credibilidad y transparencia jurídica, con las mismas garantías que rigen en la justicia ordinaria.

Tercero, en el caso de la institucionalidad conjunta, elaboraremos un proyecto para perfeccionar y fortalecer la organización y atribuciones del Estado Mayor Conjunto y de su jefatura. Esto incluye sus atribuciones en materia del mando de medios en tiempos de paz. También estableceremos una agenda sectorial para promover, perfeccionar y desarrollar la institucionalidad de lo conjunto en todos sus planos. Nos parece fundamental dotar a la Defensa del más alto estándar internacional de conducción de operaciones militares. Si queremos mejorar aún más nuestra respuesta ante las emergencias, la respuesta, desde el punto de vista del empleo de los medios militares, debe ser de naturaleza conjunta. Esto es lo que se juega, así de crucial es este aspecto.

Cuarto, en materia de industrias militares, enviaremos el proyecto de ley que moderniza las empresas estatales de Defensa, FAMAE, ASMAR y ENAER. Además de reafirmar el carácter público de la industria militar y potenciar el cumplimiento de sus funciones, aumentaremos su transparencia, disminuiremos las asimetrías de información y modernizaremos y profesionalizaremos su gestión administrativa. Tenemos que equiparar su gestión con los estándares OECD de gobierno corporativo en empresas públicas.

Y quinto, la agenda de inclusión y no discriminación que incluye, por cierto, la equidad de género. Es central para la democracia, la construcción de una comunidad que se funde en el respeto a la diferencia y el trato igualitario entre las personas. Por ello hemos iniciado la elaboración de una nueva política sectorial –aquí está la ministra del Ministerio de la Mujer-, a diez años de la publicación del documento anterior para la integración armónica de la mujer en las Fuerzas Armadas y su desarrollo profesional en cada institución.

De todo esto, salvo los asuntos de «Genero e Inclusión», que interesan personalmente a la Presidente, hasta ahora no hay resultados concretos, ningún resultado concreto. La forma secreta y  antidemocrática -compartimentado y escondido de la observación pública-  en que trabaja Robledo  no contribuye en nada a legitimar y facilitar el trámite de los proyectos y darle le necesaria solidez jurídica y formal para facilitar su aprobación:

La Agenda Legislativa para “el segundo tiempo del Gobierno” – ahora solo dos años restantes de su administración-, según lo informado en la prensa y no desmentido ni corregido, considera:

7 Proyectos en trámite para ser despachados antes del 21 de Mayo de 201

8 proyectos para ingresar y despachar el año legislativo 2016

17 proyectos que quedará ingresados a tramitación el año 2016

26 proyectos para despachar antes del 31 de enero del año 2017

De todos estos proyectos de ley NI UNO SOLO corresponde al Ministerio de Defensa. Esto contradice la declaración de gobierno de que “nuestro objetivo fundamental sea retomar con ímpetu las reformas institucionales para el desarrollo de una Defensa Nacional”.

En su alocución ya señalada, la Presidente también señaló: “Los diferentes gobiernos hemos llevado adelante procesos de reforma, con el objetivo de institucionalizar la gobernabilidad democrática del sector, y como parte de una agenda de construcción de una democracia de calidad. Así, ha habido una progresiva mejora de la gobernabilidad democrática, y los principales hitos son conocidos por todos ustedes”.

Al respecto es útil destacar lo que entiende el Subsecretario Robledo, -a cargo de estas reformas-, por “gobernabilidad democrática” y para eso, lo mejor es referirse a Ángel Flisfisch y Marcos Robledo, “Gobernabilidad Democrática de la Defensa en Chile. Un índice para el periodo 1990-2010”. El documento mencionado es un ejemplo de la metodología de investigación sociológica norteamericana, que trata de encontrar y tabular hechos que le permitiría inferir relaciones de causa efecto entre ellos.

En este caso, se trata de llegar a un índice de gobernabilidad de defensa que sería igual a la suma de los eventos positivos para esa gobernabilidad divididos por la sumatoria de los eventos positivos + el total de los eventos negativos. Considera cuatro variables: Control civil (instituciones e instancias de control político); Eficacia (existencia y calidad de políticas y estrategias); Eficiencia (Gestión de los planes y recursos) y Conducta (subordinación o contestación de los militares). Cada una de estas variables es desglosada en indicadores (20 en total).

Se considera que el progreso de la situación estaría conformado por unas FFAA constituidas en “agentes” de instituciones políticas que constituyen sus “principales”, en que las acciones de los segundos son siempre acertadas y funcionales tanto al fin perseguido -la gobernabilidad- a la conformación, la conservación de una institucionalidad democrática y a la puesta en práctica de políticas y estrategia eficaces para proteger los intereses nacionales.

Según este criterio, las FFAA Revolucionarias de Cuba y las Bolivarianas de Venezuela serían el modelo perfecto de gobernabilidad en defensa. Nunca “contestan”, son parte del “sistema”, en realidad instrumentos del gobierno para la imposición y sostenimiento de su programa político y de difusión de su ideología. El compromiso del Ejército Argentino de Milani con el proyecto político “nacional y popular” del Cristinismo habría sido también un exitoso ejercicio de gobernabilidad democrática.

Desde otro punto de vista, en la guerra de Viet Nam, la pasividad y complicidad del establecimiento militar norteamericano llevó a su obediencia ciega a los caprichos y dislates estratégicos de su “principal” Robert Mc Namara, a la derrota y la pérdida inútil de 60.000 soldados, en medio de una potente crítica ciudadana.

Parece evidente que el concepto de “contestación” de Robledo requiere de mucha más elaboración, hasta aquí parece una clasificación demasiado subjetiva que prioriza la obsecuencia militar por sobre la lealtad que implica representar de buena fe los errores apreciados en las decisiones de los “principales”. Lo único que importaría a su lógica sería que los militares se limiten a aceptar pasivamente las ordenes “civiles” aunque sean erróneas o dañinas. Cómodo para los “principales”, sin duda, pero inmoral y abusivo.

La base ideológica de este modelo parece evidente al considerar los valores asignados a las variables del modelo: Control civil: 25%; Eficacia: 12,5%; Eficiencia: 12,5% y Conducta Militar: 50%

Se puede apreciar que las variables referidas a la sumisión militar acumulan el 75% de la ponderación y las referidas a la calidad del liderazgo civil, a un modesto 25%. Este desbalance en la valoración muestra una incomprensión básica de los elementos que conforman el liderazgo y la legitimidad del mando. En efecto, la legitimidad para ejercerlo tiene una relación directa con la preparación técnico – profesional del líder; con la calidad moral de sus decisiones, y con su capacidad para producir resultados beneficiosos para la organización por parte de los “principales”.

Una de las fuentes de fricción más frecuentes entre los “principales” y los “agentes”, surge, justamente, de cuando los que mandan no saben, no quieren o no pueden hacer su trabajo

La gestión de la defensa en Chile requiere un mínimo de nuevas leyes y una gran cantidad de directivas y acciones administrativas. Por ejemplo, los cambios en la Política de Seguridad y Defensa considerados por este gobierno, implicaban la obsolescencia de un conjunto de capacidades estratégicas disuasivas y de combate y su reemplazo por otras de cooperación intrarregional y doctrinas operacionales antimperialistas y de paz y debieron haber significado una importante modificación de los Programas y de los Proyectos respectivos. Nada de eso se hizo. En realidad Robledo y el conjunto de asesores de su confianza desconocen la realidades de la logística y de la gestión de la defensa, no les interesa y esto confirma que para ellos es indiferente  que los “principales” sean profesionalmente incompetentes.

Así, es un hecho histórico probado que la mayoría de los motines militares surgen de la ineficacia e ineficiencia de los “principales”. Acá parece que no importa que el líder civil no sepa hacer su trabajo, lo único que interesa es que los militares obedezcan en silencio lo que salga del Ministerio de Defensa aunque sean políticas y directivas incoherentes.

Para concluir y considerando que en los dos próximos años el Ministerio de Defensa solo tendrá trabajo de rutina administrativa me permito recomendarles a sus «principales» que dediquen el tiempo libre al estudio de la gestión moderna de la defensa, ámbito que han eludido durante muchos años y en el que han demostrado una sólida ignorancia.