Este fin de año en la Armada se produjo un grave caso de violación de los derechos humanos de un grupo de 6 mujeres tripulantes de un buque de guerra, que fueron víctimas de la instalación, -por parte de un marino de 22 años de edad-, de un sistema de televisión artesanal para fisgonear su dormitorio, grabar y distribuir a un grupo de amigos sus imágenes en actividades privadas. El delito –materializado por la grabación de 8 videos de 8 segundos- fue descubierto e investigado con prontitud y acuciosidad y se destacó que los delitos ameritarían penas desde 61 días de hasta 5 años de cárcel.

El hecho suscitó un repudio generalizado; la propia Presidente de la República alzó su voz para condenar severamente este abuso a los DDHH de las víctimas y exigir castigo ejemplar; políticos de todas las tiendas y sectores también manifestaron su indignación y exigieron un castigo implacable para el hechor y sus cómplices.

El Comandante en Jefe de la Armada fue citado al Congreso donde calificó esto como un delito, explicó detalladamente lo acontecido, ratificó el repudio institucional y aseguró justicia para las afectadas. Hasta el Ministro de Defensa, habitualmente prescindente en los asuntos relativos a su cartera, condenó como “inaceptable que en nuestra sociedad ocurran episodios … que lesionan la privacidad de las víctimas”.

Todos los demócratas concordaron en el diagnóstico y en la forma de enfrentar el problema. Tienen una misma comprensión de los Derechos Humanos.

En esos mismos días concluía una proceso de apelación elevado por Víctor Donoso, ex – Oficial de la Armada, prisionero en el penal de Punta Peuco por el presunto secuestro permanente del mirista Rudi Cárcamo, miembro del Grupo de Amigos Personales (GAP) de Allende, que se encuentra encarcelado en forma ilegal y arbitraria por decisión del Ministerio de Justicia.

Donoso fue encarcelado el día 20 de Julio de 2012 debiendo completar su pena el día 17 de Julio de 2017. La Comisión de Rebaja de Condenas le redujo 10 meses de dicha pena, debiendo entonces quedar en libertad el día 18 de septiembre de 2016.

El Ministerio de Justicia del Gobierno de la Nueva Mayoría, por si y ante si resolvió no dar cumplimiento a la resolución y lo mantuvo en prisión hasta el día de hoy, 1º de enero de 2017.

Ante tal desacato, en un fallo unánime, la Quinta Sala del tribunal de alzada capitalino declaró que la pena debía concluir el día hoy y estableció que “es un hecho no rebatido que el condenado empezó a cumplir la pena con fecha 20 de julio de 2012, culminando con fecha 17 de julio de 2017. En estas circunstancias, la Comisión de Rebaja de Condena le ha reducido al amparado un total de 10 meses de dicha pena (…). Por consiguiente, al 18 de septiembre de 2016, el amparado tiene la pena corporal cumplida”.

La resolución, además, declaró arbitrario el actuar del Ministerio de Justicia, entidad que se había negado a ordenar la libertad de Donoso. Por esto, los jueces estimaron que en el actuar de la secretaría de Estado “queda de manifiesto que se ha excedido de sus facultades legales”. Además, le pide al ministerio el envío de un informe para que “regularice cuanto antes la situación jurídica”.

De lo anterior queda establecido que el Gobierno, a través de su Ministerio de Justicia, ha atropellado los Derechos Humanos de Víctor Donoso, ha excedido sus facultades legales y ha incumplido un fallo judicial expreso y explícito.

Queda también claro que el Gobierno valora y hace respetar los derechos humanos de las personas teniendo en consideración  sus preferencias ideológicas y sus conveniencias políticas y que el Ministerio de Justicia cumple una función política y no de justicia.

Es evidente también que no todo el gobierno está en esta tesitura. Los autores de este tipo de atropellos son, a mi juicio, las viudas de una concepción política derrotada irremediablemente: La autonomía de los ciudadanos ya NO está sujeta a la discrecionalidad de los administradores del Estado. Esta concepción de la política, inmanente en la ideología representada en Chile por el Partido Comunista y materializada por sus representantes en el aparato estatal, está en extinción, pero aun causa daño.

El problema a dilucidar es que visión tiene la hegemonía en el Gobierno de la Nueva Mayoría: la de las viudas del marxismo leninismo representada por el PC y los jóvenes revolucionarios o la socialdemocracia de los izquierdistas democráticos.

Cabe preguntarse por qué de la misma forma que la izquierda reclama a la derecha su inacción ante las violaciones de Derechos Humanos en el Gobierno Militar, hoy actúan en la misma forma cuando en su Gobierno simple y sencillamente decide no cumplir los fallos judiciales.

La última vez que pasó eso, las consecuencias no fueron amables, duran hasta el día de hoy y nos acompañarán por muchos años.

El 21 de mayo de 2007 se anunció la construcción de un museo de la memoria. Según Wikipedia, “la primera piedra del Museo de la Memoria fue puesta por la presidenta Bachelet -quien también fuera víctima de tortura en la dictadura de Pinochet- a su inauguración asistieron unas 3000 personas entre representantes de organizaciones de derechos humanos, políticos, víctimas de la dictadura y sus familiares”.

Partimos mal. La prisión y tortura de Bachelet es una de las muchas áreas oscuras de su vida. Nunca quedó claro si fue o no torturada; al llegar a Australia en su primera declaración en libertad, dijo que no; después ha dicho que si; después, que un poco, o ha guardado pudoroso silencio. Su relación familiar con el mundo militar parece haberle merecido un “tratamiento especial”.

Su solicitud de prescripción del delito de ejercicio ilegal de la profesión médica presentada al 34 Juzgado del Crimen por el fiscal José Morales Opazo, al haber transcurrido 10 años desde haberse cometido el delito, es algo que contradice su pretensión de ser médico. Nunca se aclaró si fue médico o mintió.

Respecto a la concurrencia a la inauguración, su carácter masivo es cuestionable. Con todo respeto, pero hasta un partido de fútbol de barrio concita mayor concurrencia.

Podemos concluir que la veracidad y solidez ética de la autora y promotora  y la capacidad de convocatoria del proyecto es discutible.

Sigamos con una verdad; la misión del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos fue establecida como: “Dar a conocer las violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte del Estado de Chile entre los años 1973-1990, para que a través de la reflexión ética sobre la memoria, la solidaridad y la importancia de los derechos humanos, se fortalezca la voluntad nacional para que Nunca Más se repitan hechos que afecten la dignidad del ser humano”.

Impecable. Solo que incluye mentiras. No se juzga al “Estado de Chile” como la entidad permanente que es, sino solo en su personificación durante el Gobierno Militar, teniendo como protagonistas y culpables solamente a las FFAA y Carabineros.

Es entendible que la izquierda no quiera que el lapso de cobertura del Museo comience en 1965. Los obligaría a tener que enfrentar sus traiciones, miserias y renuncias, pero, ¿por qué no continuarlo hasta el presente?.

Tendríamos la oportunidad de probar la honestidad de Bachelet y su gobierno: investigaciones llevadas a cabo por miembros del Poder Legislativo y también del Ejecutivo, dan cuenta de la muerte, en un lapso de solo 11 años (2005 – 2016) de 1336 personas, mayormente menores de edad y la violación de los Derechos Humanos -incluyendo violencia física, violaciones y tortura- de varios miles mas de niños, niñas, ancianos y personas enfermas y desvalidas entregadas al cuidado del Estado de Chile. Todas estas personas estaban a cargo del Servicio Nacional de Menores (SENAME), un organismo gubernamental bajo control de Ejecutivo, administrado por personas asignadas a los diferentes cargos mediante cuoteo entre los miembros de los partidos de gobierno. Siempre bajo la supervisión y responsabilidad del Estado de Chile.

Ningún estado moderno ha cometido atropellos a los Derechos Humanos de ese nivel de maldad.

No cabe duda que los hechos ocurridos en el SENAME -bajo los gobiernos de la Concertación- caen en la misión del Museo encargado de “que a través de la reflexión ética sobre la memoria, la solidaridad y la importancia de los derechos humanos, se fortalezca la voluntad nacional para que Nunca Más se repitan hechos que afecten la dignidad del ser humano”.

Es nuestra obligación exigir que su martirio sea recordado mediante su inclusión en el Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos. No hacerlo solo destacaría que lo que se busca no es la protección de las personas y sus derechos sino el establecimiento de ventajas políticas y venganza contra las FFAA.

Si bien la Misión del Museo fue establecida específicamente para su objetivo de agredir a las FFAA, es evidente que “las violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte del Estado de Chile entre los años 1973-1990” tuvieron motivación, causas y actores mas allá de ellas. La desgracia de explicitar el contexto es que arruinaría el objeto político del Museo.

El conflicto base que dio origen al enfrentamiento interno de ese período fue el suscitado por la pugna entre el Gobierno Militar y el  Partido Comunista y su intento armado, -con abundante apoyo internacional- para revertir la derrota militar de 1973 y evitar someterse al proceso democrático establecido por el Gobierno Militar.

Así las cosas parece evidente que el Museo debe incluir la participación de los gobiernos extranjeros como Cuba, EEUU, la Unión Soviética, Alemania Oriental y la participación de las organizaciones guerrilleras sudamericanas que operaron coordinadamente en territorio chileno y que participaron como víctimas, cómplices y como violadores de los Derechos Humanos en Chile y en ese lapso . Caen exactamente en la Misión y en el lapso de tiempo materia del Museo.

Para finalizar, debemos considerar que en este período se han cometido las mas grotescas violaciones a los Derechos Humanos de los militares mediante la aplicación de procedimientos judiciales que fallan contra leyes expresas y vigentes, que procesan y condenan en forma injusta, inconstitucional, ilegal y arbitraria a militares y carabineros. No se ha respetado el principio de legalidad, el de igualdad ante la ley, la presunción de inocencia, de prescripción de la acción penal ni las normas del debido proceso.

Es evidente que esas causas serán revisadas y es muy probable que configuren un baldón imborrable para el Poder Judicial Chileno.

Los efectos de esos abusos serán corregidos y compensados, los culpables debidamente castigados y los antecedentes incluidos en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. No debe haber duda al respecto. Se hará justicia.

Si para mantener la privacidad de su actual Museo el gobierno prefiere crear nuevos museos para las víctimas del SENAME y para la “Memoria de los Crímenes Judiciales”, no se opondría a que la Multigremial de las FFAA en retiro, u otra organización ad-hoc, tenga un archivo igualmente privado de “La Venganza Judicial contra las FFAA de Chile”, financiado también por el Estado.

La reciente incursión del Ministro de Justicia que -siguiendo las aguas del Presidente de la Corte Suprema- manifiesta un interés tardío, condicionado y minúsculo respecto a la suerte de los militares presos políticos en Punta Peuco, es una manifestación concreta de un problema de fondo:

Cuál es la real naturaleza del Poder Judicial en Chile?:

1.- El Poder Judicial es una organización formada por personas selectas, de sólida formación jurídica; moral; imparcial, consecuente y capaz de auto controlarse o

2.- Es una organización burocrática que actúa como instrumento al servicio de los intereses de sus miembros; del gobierno de turno, de algunos grupos de poder existentes en el país y que requiere control democrático externo.

Debemos considerar que lo mas probables es que su naturaleza real esté situada en un punto entre ambos extremos en cuyo caso cada cual deberá determinar respecto a cual ellos lo encuentra mas próximo.

Un distinguido oficial de marina retirado, abogado, de inusual valor moral y probado hombre de bien, ha destinado años de arduo trabajo y esfuerzo mostrar al Poder Judicial y a los varios miles de profesionales del derecho en Chile las barbaridades jurídicas que el Poder Judicial ha cometido en perjuicio de centenares o miles de militares. Su profundo y detallado análisis señala errores, prevaricaciones y piruetas leguleyas que nadie se ha atrevido a desmentir, ni menos discutir abiertamente.

“Cometen delitos judiciales de lesa humanidad los jueces que fallan contra las leyes expresas y vigentes; que procesan y condenan en forma injusta, inconstitucional, ilegal y arbitraria a militares y carabineros; y que no respetan principios esenciales del derecho penal universal. Son cómplices de tales delitos las autoridades ejecutivas y legislativas del Estado por cohonestar la torcida aplicación de la ley y la prevaricación judicial, y por no efectuar las modificaciones legales necesarias para que dichos servidores de la patria les sea aplicado el mismo sistema procesal penal que le es aplicado a los demás chilenos.

A los militares y carabineros imputados por presuntos delitos ocurridos hace mas de cuatro décadas no les son respetados principios tales como el de legalidad y el de igualdad ante la ley, la prescripción de la acción penal, la presunción de inocencia y las normas del debido proceso, porque a ellos se les aplica en antiguo sistema de procedimiento penal; un sistema que vulnera los derechos fundamentales y que es incompatible con el derecho internacional de defensa de los DDHH”.

Toda la estructura jurídica nacional ha recibido esta crítica en absoluto silencio, ese silencio cobarde tan propio de la élite de los comunicadores y formadores de opinión pública de nuestro pobre país, domesticados por los grupos políticos y empresariales , dominados por sus mezquinas conveniencias personales, las timideces propias de personas de poca valía y merecimientos y paralizados por el temor a la máquina de difamar del Partido Comunista, guardan silencio cómplice.

La versión de la realidad que esgrimió la izquierda contra el Gobierno Militar fue que el Poder Judicial negó recursos de amparo a personas perseguidas por presuntos delitos, que mostró obsecuencia hacia el Poder Ejecutivo y que abandonaron gravemente sus deberes.

Ahora, bajo la dirección de ese mismo sector político y durante los últimos cuarenta años, sin inmutarse, han juzgado y condenado a militares ex miembros del aparato de seguridad de ese gobierno, aplicando leyes inexistentes, delitos ficticios, desconociendo la amnistía y lo peor, aplicando procedimientos judiciales no vistos desde la Alemania nazi o desde los juicios soviéticos contra sus disidentes.

El Poder Judicial que la izquierda condenó por servil hacia el Gobierno Militar y que habitualmente fue descalificado en forma soez, con un solo restallar del látigo del poder político esgrimido por P. Aylwin, fue puesto en cintura y llevado a cambiar su comportamiento hacia una dedicada incondicionalidad creativa en beneficio de los nuevos mandamases políticos, en una intensidad nunca vista en Chile.

Esta nueva “obsecuencia” ha tenido hitos llamativos: la creación de la ficción jurídica de los detenidos desaparecidos, aplicación de leyes con efecto retroactivo, los juicios risibles en su parcialidad y últimamente en la moda de las “filtraciones” que ha permitido a fiscales y jueces transformarse en actores políticos y mediáticos de primera magnitud, twiteros con miles de seguidores y opinólogos de cualquier tema o asunto. Todo esto mientras su capacidad para transformar estos escándalos políticos y mediáticos, creados artificialmente, no podían llegar a materializarse en fallos fundamentados. La evidente parcialidad en el trato benévolo a miembros de la izquierda política contrasta con el rigor aplicado a los opositores.

Estamos en presencia de una conducta reiterada que podemos pensar que forma una cultura, una forma de ser, una identidad.

Se siente venir un cambio de marea y alguna velas judiciales ya comienzan a orientarse a los nuevos vientos. Podría sobrevenir una tercera epifanía judicial en que, en forma súbita, los jueces y fiscales se percataran que la verdad y la justicia se encontraban en el otro bando.

A Pinochet no le bastó derrotar repetidamente a los comunistas mientras vivió, sigue haciéndolo después de muerto. Desde su tumba su sonrisa socarrona se burla de ellos y de su incompetencia.

El Gobierno Militar impidió que Allende y su Unidad Popular capturaran el poder para ejercerlo sine die.

Derrotó la “política de rebelión popular de masas” organizada por el Partido Comunista, la “Coordinadora Guerrillera Internacional” y su “Batallón América”, capturándole las armas en Carrizal Bajo.

Hizo fracasar la Operación Siglo XX – dirigida por Teillier- donde asesinaron a cinco de sus escoltas pero no pudieron matarlo a él, impidiendo de paso que el PC se rehabilitara- ante sus mandantes cubanos y soviéticos- por sus repetidos fiascos.

Pinochet hizo fracasar la estrategia del PC para derrocarlo mediante atentados terroristas y violentas “manifestaciones pacíficas” y al final los obligó a someterse a la estrategia política y “burguesa” de la Concertación.

Impuso una transición pactada que lo mantuvo a él al frente del Ejército durante los primeros años de la “vuelta a la democracia” y dejó como herencia su “modelo”, su Constitución; la economía de mercado, las AFP, las Isapres y las Universidades privadas, el código laboral, todos engendros que los comunistas odian a morir.

Les dio una paliza tras otra.

La Nueva Mayoría (NM) con la participación protagónica del PC -bajo el “liderazgo” de Bachelet-, llegó al poder con mayoría completa y total en ambas cámaras.

Llegó con la pretensión de retro excavarlo todo. Sacar los cimientos del “modelo” de la dictadura y así, hacer de Chile una sociedad próspera, igualitaria, con movilidad social y con derechos sociales garantizados. Lejos de Pinochet y su herencia maldita.

El caballo de batalla de la NM para justificar sus acciones fue la eliminación de lo que consideraba la creciente desigualdad social y económica; la rígida estratificación social, y el desmantelamiento del sistema educativo que constituía una traba para lo anterior. La expresión “desigualdad” fue mencionada 41 veces en el Programa de la NM.

A tres años de gobierno el panorama no puede ser mas desolador. Los presuntos beneficiarios de la revolución no la aprecian en absoluto y la politización de la administración pública –puesta en manos de ineptos- nos muestra a diario un fracaso tras otro. Sin la morigeración de la Democracia Cristiana, la izquierda dura mostró una irremediable incapacidad para gobernar.

La guinda de la torta es el resultado de la CASEN 2015 y de su análisis comparativo a los largo de varios años. El trabajo del Dr. Sapelli, PhD, Doctor en economía de la universidad de Chicago y del Instituto de Economía de la PUC, es lapidario.“Durante las primeras décadas del siglo XX la distribución del ingreso estaba empeorando, en la segunda mitad del siglo hubo una reversión de esa tendencia. En ese proceso de mejoras, comparando la generación nacida en 1960 versus la generación nacida en 1985, la distribución del ingreso mejoró en ocho puntos. Si se compara con la generación de los 90 la mejora es de 20 puntos en el GINI. Hay una mejora de mayor magnitud entre la generación de los 80 y los 90’.

Es más que claro que el proceso de reducción de la desigualdad es mucho más fuerte de lo que se había detectado antes”.

Las políticas económicas del Gobierno Militar sentaron las bases para un veloz crecimiento económico. En esas condiciones, lo mas frecuente es que todos crezcan pero que los mejor educados lo hagan mas rápido y se produzca un deterioro de la igualdad y una crecimiento del índice GINI, pero en Chile no sucedió así, el GINI no disminuyó mucho, pero no creció.

A partir de 1985 la desigualdad comenzó a reducirse a medida que las nuevas generaciones, mejor educadas y con mayor acceso a la educación universitaria y técnica, fueron reemplazando a las generaciones mas viejas con menos educación y menores ingresos y el índice GINI comenzó a reducirse hasta bajar de 50 en la última CASEN.

Sin embargo, las políticas que afecten al crecimiento o al acceso o a la calidad de la educación, aumentarán la desigualdad y las políticas de la NM han sido muy efectivas en deteriorar ambos aspectos, lo que reducirá las posibilidades de seguir disminuyendo la desigualdad.

Una de las causas del movimiento de los “pingüinos” es un efecto colateral al que no estábamos acostumbrados: Así como los pobres pueden salir de la pobreza, otros pueden caer en ella y eso aumenta la incertidumbre. Por otro lado, al comienzo de la llegada de nuevas cohortes de profesionales graduados recientemente los primeros en llegar recibieron salarios muy buenos, que al seguir llegando profesionales, fueron disminuyendo ya que el mismo beneficio se distribuyó entre mas personas.

En palabras del Dr. Sapelli: “En buena parte la dinámica que se generó (en el movimiento “pingüino) tiene que ver con la creación de premios salariales para los que tenían  mayor educación por el alto crecimiento económico de Chile, en un contexto de escasez de profesionales. La gente vio esos premios y se sintió motivada para estudiar, pero este  mismo proceso de generar más profesionales afectó los premios salariales. Por eso la población se sintió estafada de alguna manera. Este proceso de que haya más profesionales es bueno porque antes había importantes premios salariales a los que accedían pocas personas, y después hay premios más chicos pero tienen acceso más personas”.

Conclusiones

1- Ha habido una mejora muy importante en la reducción de la desigualdad, pero la izquierda no la quiere ver.

2.- La realidad en temas de desigualdad en Chile es «para celebrar» y los datos son «inapelables».

3.- La tendencia del índice GINI a seguir disminuyendo no está garantizada. Sólo «en el mejor de los casos» las reformas del actual Gobierno no tendrán impacto en esta trayectoria, es mas probable que resulten contraproducentes. La izquierda “autoflagelante” es incompetente para gobernar, mucho menos de crear y distribuir riquezas.

4.- Las políticas económicas del Gobierno Militar fueron exitosas e hicieron crecer la economía en niveles nunca vistos en Chile. Este crecimiento fue para todos, pero las personas con mayor educación inicialmente crecieron mas.

5.- La política de educación del Gobierno Militar fue exitosa y se está reflejando en un acortamiento de la desigualdad, -derivado del crecimiento de la clase media y de sus mayores ingresos debidos su mejor educación-, ha medida que van reemplazando a las generaciones mas viejas y con menos educación.

6.- La sociedad chilena está transitando de una sociedad de proletarios de clase trabajadora a una de propietarios de clase media. La Nueva Mayoría sepultó una forma de entender y hacer política. Este es el resultado de las políticas del Gobierno Militar, y la mayor amenaza para su continuidad son las “reformas” de la Nueva Mayoría. Este cambio social significa la muerte del comunismo. La muy cacareada “mayoría sociológica” no existe.

La adopción por parte de Ricardo Lagos de su expresión “los señores políticos” debe haber regocijado a Pinochet y el espectáculo de Bachelet mostrando la desnudez intelectual y de gestión de la izquierda dura lo debe hacer sonreír con malicia

Hoy día, el único “triunfo” del comunismo es la continuación de la prisión de los militares en Punta Peuco, la exacción de ingentes cantidades de dinero en compensación por la muerte de sus deudos y la reversión de la dirección del “Ni perdón Ni olvido” que terminará reventándoles en la cara. En todo lo demás Pinochet los derrotó inapelable y reiteradamente.

Buen motivo para sonreír.

Las FFAA de Chile han sido sometidas a un escrutinio extremadamente severo en cuanto al irrespeto a los Derechos Humanos de personas durante el Gobierno Militar. Los investigadores y persecutores han provenido de iglesias; la masonería; el Poder Ejecutivo a través de organismos creados ad-hoc para ello; del Poder Legislativo que ha creado leyes, procedimientos y disposiciones también ad-hoc; el Poder Judicial que abiertamente ha hecho suya y ha tomado partido a favor de la causa de los afectados; organizaciones sociales de diversos tipos y ONGs de los mas diversos orígenes y propósitos.

El punto y los métodos mediante los que ha sido llevada esta inquisición es discutible y, legítimamente, hay posiciones diversas.

La implacable aplicación de la política de “Ni Perdón ni Olvido” aplicada por el Partido Comunista y sus simpatizantes ha significado la creación de situaciones humanitarias que han merecido el reparo de miembros del Poder Legislativo y de la Iglesia Católica, además, obviamente de los simpatizantes del Gobierno Militar y de personas que respetan y apoyan a las FFAA.

El núcleo de esta situación es la existencia de 1210 personas consideradas detenidos desaparecidos en Chile tras el golpe militar del 11 de septiembre de 1973. De éstas, 60 eran extranjeros y 54 eran menores de edad.

El conflicto base que dio origen al enfrentamiento interno fue el suscitado por la pugna entre la Oposición y el Gobierno de  Allende y su Unidad Popular-, que intentaron apoderarse del total del poder político, económico y social para imponer un gobierno revolucionario y posteriormente entre el Gobierno Militar y el  Partido Comunista y su intento armado, -con abundante apoyo internacional- para revertir la derrota.

No cabe duda que la desaparición -hace ya casi medio siglo- de estas personas, en un lapso de 17 años de lucha armada en que ambos sectores sufrieron bajas -donde obviamente los derrotados las tuvieron en mayor número- constituye una desgracia muy difícil de sobrellevar por los deudos y un daño irreparable para los que sufrieron la pérdida de su vida y muchas veces malos tratos crueles e innecesarios.

Hoy enfrentamos una situación parecida y, si es posible, aun mas atroz.

Investigaciones llevadas a cabo por miembros del Poder Legislativo y también del Ejecutivo, dan cuenta de la muerte, en un lapso de solo 11 años (2005 – 2016) de 1336 personas, mayormente menores de edad (243 en residencias de protección, 406 en organismos colaboradores, 206 en centros de protección ambulatorios y 33 por justicia juvenil) y algunos mayores de 18 años (215 en residencias, 21 en ambulatorios y 212 por justicia juvenil).

A estas muertes se suman serias sospechas de que muchas de ellas fueron víctimas de violaciones, adopciones ilegales y ventas de órganos. Todas estas personas estaban a cargo del Servicio Nacional de Menores (SENAME), un organismo gubernamental bajo control de Ejecutivo, administrado por personas asignadas a los diferentes cargos mediante cuoteo entre los miembros de los partidos de gobierno. Siempre bajo la supervisión y responsabilidad del Ejecutivo.

Ninguno de los niños del SENAME tuvo jamás un arma en sus manos ni la mas leve intención de matar u oprimir a nadie. No tuvieron ninguna oportunidad de escapar ni evitar su martirio. Eran verdaderamente inocentes.

El diputado independiente René Saffirio calificó el informe (presentado por Solange Huerta que actualmente encabeza el SENAME) como demoledor: Es una violación sistemática de los derechos humanos de niños y adolescentes, declaró que “quien pudo ocultar 1.336 muertes durante 10 años, perfectamente pudo ocultar donaciones de órganos sin respetar los protocolos y venta de niños al extranjero bajo la forma de una adopción internacional”

El diputado Ramón Farías (PPD) calificó la cifra de fallecidos en el SENAME como “escalofriante” y como una muestra de que “el sistema se está cayendo a pedazos”. A continuación extendió una capa de bálsamo: “Si hallamos responsabilidad penal en la comisión investigadora la vamos a tener que poner en conocimiento del Ministerio Público”. Nada muy drástico para tamaña brutalidad.

La Presidenta Michelle Bachelet, por su parte, expresó su “tristeza y malestar” por las muertes en el SENAME y anticipó que mañana anunciará medidas concretas para abordar la crisis del organismo, aunque sin ofrecer detalles de las acciones que emprenderá el Gobierno.

Volviendo al caso de las violaciones a los DDHH cometidos durante el Gobierno Militar, el Informe Rettig certifica 307 casos de menores de 20 años ejecutados. Por su parte, el Informe Valech sumó un anexo con 102 casos titulado «Menores de edad «detenidos junto a sus padres o nacidos en prisión”.

El balance numérico es desfavorable a los Gobiernos Democráticos; la reacción de la izquierda ante las violaciones a los DDHH de los niños afectados es completamente diferente a cuando afectó a sus combatientes adultos, y la «indignación moral» nacional y mundial es de una devastadora asimetría.

¿Por qué será?.

En la región hay casos dramáticos de FFAA que se constituyeron en factores permanentes de opresión política y abuso de poder sobre sus ciudadanos; otros en que sectores políticos civiles incapaces de conquistar democráticamente el poder y mantenerlo indefinidamente, construyeron FFAA a su imagen y semejanza para que los afirmaran; otros que cooptaron a sus mandos -mediante la corrupción o ventajas económicas y sociales- para que los ayudaran a imponer políticas que la ciudadanía no aceptaba de buen grado. Ha habido también casos en que disputas entre poderes del estado, ejecutivo contra legislativo, se resolvieron mediante la incitación a las FFAA para que actuaran contra uno u otro bando.

En Chile tenemos casos dramáticos: La revolución de 1891, en que el Poder Ejecutivo y el Legislativo no pudieron llegar a acuerdo y se jugaron por dividir a las FFAA tratando cada uno de capturar una parte mayor de ellas para enfrentar violentamente a sus oponentes. Tenemos también el intento –fallido- de Allende de capturar a las FFAA o lograr su división, para inclinar a su favor la correlación de fuerzas para imponer su revolución.

En Chile, la sapiencia política común en estos años, ha tratado de ocultar estas verdades para eludir sus culpas y dar sustento a una “transición” que parece finalmente superada y que señala el momento de comenzar dar la cara y decir verdades. Como sea, tenemos un asunto importante que despejar –como regular el empleo de las FFAA- y dejar de simular que el día 10 de septiembre de 1973 alguien dejó abierta la puerta del zoológico y las fieras escaparon a alterar la paz de la “copia feliz del Edén”.

Las Fuerzas Armadas son una parte esencial del Estado. Son diferentes a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, pero simultáneamente conforman la estructura básica de la función estatal. El Estado está pensado, creado y jurídicamente concebido en una perspectiva de normalidad. Las Fuerzas Armadas, por su parte, están previstas para casos excepcionales de la vida estatal.

Durante el estado de normalidad, las FFAA cumplen su función por medio del desarrollo de la planificación, organización, educación, entrenamiento de las fuerzas y el desarrollo de doctrinas para enfrentar un caso excepcional de características desconocidas y de ocurrencia imprevisible.

La primera función principal de las Fuerzas Armadas es la defensa del país: estado, gobierno, nación y territorio. Es decir se trata de garantizar la integridad territorial de la nación y restablecerla en caso de violación, así como para defender y proteger el orden estatal de su país y a sus ciudadanos de cualquier agresión del exterior.

En el cumplimiento de esta función, la medida fundamental de la integración de las Fuerzas Armadas al orden democrático es respecto a quien decide sobre la paz o la guerra, las Fuerzas Armadas o la dirigencia política del Estado.

Una segunda función principal de las Fuerzas Armadas es el constituir un último elemento de seguridad contra intentos internos de golpe, que pueden amenazar la existencia del Estado.

Esta función es en el entendido que no deben ser las propias Fuerzas Armadas las que decidan su misión interna como último medio para asegurar la existencia del Estado; esta decisión debe ser tomada por la dirigencia política del Estado.

Las Fuerzas Armadas son un instrumento de la dirigencia estatal, no son actores que actúan independientemente. Y tampoco las Fuerzas Armadas deben considerarse como garantes independientes de la Constitución o del orden estatal en el caso de que el Estado incurra en un conflicto que no represente una amenaza existencial. El problema se hace aun mas complejo cuando ello ocurre, es decir, cuando un conflicto político interno constituye una amenaza existencial -real y concreta- para el estado.

Un tercer ámbito por dilucidar se refiere al uso de las FFAA en tareas diferentes a las dos principales ya identificadas.

A veces parece no sólo atractivo sino también razonable, emplear a las Fuerzas Armadas, como factor único, funcional, con poder y capacidad para resolver problemas internos del Estado, es decir, problemas que no tienen nada que ver con las funciones básicas de las Fuerzas Armadas, como fue, por ejemplo, el empleo de fuerzas de la Armada de Chile durante el incendio de Valparaíso el año 2014.

Este empleo, al menos teóricamente, implica dos aspectos a considerar: el gobierno debe estar consciente de los riesgos en que incurre, ya que en adelante las Fuerzas Armadas -llamadas a funciones que no son de su incumbencia- pueden llegar a considerarse como las únicas capaces de resolver  problemas graves en el país. Eso a su vez intensifica el que las Fuerzas Armadas puedan considerarse también la solución de crisis que no están dentro de sus obligaciones sino que son internas del Estado, aun sin haber sido llamados. En otro orden de cosas, si los otros factores de orden del Estado, en especial la policía, son muy débiles o muy pequeños en número, para resolver problemas como por ejemplo, la prevención del terrorismo, no queda otra alternativa que responder a través de una intensificación del empleo de personal militar, con  equipamiento e instrucción adecuado para poder cumplir esos roles. No obstante, según su naturaleza, las Fuerzas Armadas no son policías de la seguridad interna.

Esto nos conduce a otro aspecto esencial de la integración de las Fuerzas Armadas dentro del Estado: la medida de esta integración depende decisivamente de las reglas especiales y concretas, particulares para cada país, que se establezcan para las Fuerzas Armadas y sus miembros en la vida cotidiana del estado. 

La Constitución. Lo señalado nos lleva a que las misiones -en sus dos ámbitos, interno y externo- que el Ejecutivo pueden asignar a las FFAA, así como las formas, condiciones y oportunidades en que se dispongan, deben estar previstas y claramente establecidas en la Constitución y ser parte de los acuerdos básicos de la sociedad.

En este punto también se hace evidente que esas previsiones deben apuntar tanto a (1) evitar que las FFAA intervengan en el ámbito político como (2) a que el Poder Ejecutivo emplee discrecionalmente a las FFAA para sus fines particulares, por lo que ambas situaciones deben encuadrarse en una casuística estrictamente establecida en la Constitución y que su cumplimiento sea fiscalizado por el Poder Legislativo y por el Poder Judicial, en lo que eso sea pertinente, por medio del ordenamiento legal.

Tenemos un caso nacional que muestra este asunto.

El 3 de enero de 1971 se aprobó el “Estatuto de Garantías Constitucionales” que el Partido Demócrata Cristiano (PDC ) exigió a Allende para ratificar su triunfo electoral en el Congreso. El PDC exigió que “se respeten las estructuras orgánicas y jerárquicas las FFAA y el Cuerpo de Carabineros, los sistemas de selección, requisitos y normas disciplinarias vigentes, se les asegure un equipamiento adecuado y su misión de velar por la seguridad nacional, no se utilicen las tareas de participación que se les asigne en el desarrollo nacional para desviarlas de sus funciones específicas ni comprometer sus presupuestos, ni se creen organizaciones armadas paralelas a las FFAA y Carabineros”.

Cuando esta discusión se inició, esta exigencia mereció una airada respuesta de Allende: “Soy intransigente defensor de las prerrogativas del Jefe el Estado … porque eso es una atribución privativa del Presidente de la República y seré celoso cautelador de sus atribuciones constitucionales … nunca nadie ha cuestionado la calidad de Generalísimo de las FFAA que por mandato constitucional asume el Presidente de la República. Esta condición, consubstancial a nuestro régimen jurídico, no admite intermediario en las relaciones entre los Altos Mandos y el Jefe del Estado”.

Al cabo, el “Estatuto de Garantías Constitucionales” se aprobó, pero cada parte la interpretó a su conveniencia.

De partida, Allende desconoció por completo la validez del Estatuto de Garantías Constitucionales, descalificándolo como una mera “necesidad táctica” para asegurar la toma del poder y luego involucró a los Altos Mandos de las FFAA en la materialización de sus políticas llegando al extremo de plantear al general Ruiz Danyau que asumiría como Comandante en Jefe de la FACH, que el cargo llevaba consigo, obligatoriamente, su ingreso como Ministro a su Gobierno. La oposición, que luego incluyó al PDC, usó por su parte este estatuto para dar luz verde a la destitución de Allende por parte de los militares, pero sin hacerse cargo de los efectos y consecuencias de su acción.

La ausencia de disposiciones claras y precisas en la Constitución dejó un espacio que permitió una discrepancia crítica que no pudo ser resuelta en forma inequívoca, que permitió el incremento de la conflictividad política y la elusión de las responsabilidades de los actores políticos y su transferencia en exclusividad a las FFAA.

Otro aspecto central de la integración de las Fuerzas Armadas en el orden democrático estatal es la seguridad de la primacía del sistema político completo (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) mediante el fraccionamiento del mando de ellas, es decir, que la autoridad sobre las FFAA esté dividida en competencias parciales claramente establecidas en la Constitución.

En breve, la supremacía sobre las FFAA la tiene la Constitución y tanto los poderes ejecutivo, el legislativo y judicial como las mismas FFAA no reconocen ni ejercen discrecionalidad alguna en el empleo de las FFAA.

Mas aun, la posición central en la administración de las FFAA la debe tener el Ministro de Defensa quien en tiempo de paz es su gestor y administrador.

El Jefe de Estado debe tener menos competencias que el Ministro, en relación con el rodaje de las Fuerzas Armadas, precisamente por ser parte interesada en su uso (y abuso), salvo en tiempo de guerra o crisis calificada por la Constitución, en que puede tomar el mando directo de ellas.

El Proyecto Puentes

Los autores de ese proyecto tienen otra visión. Según su representante en los “Talleres” organizados por el Subsecretario de Defensa, “el vínculo entre el Presidente y las FF.AA. en tiempos de paz pasa por el ministro de Defensa. El Presidente de la República asume la jefatura suprema de las FF.AA. solo en caso de guerra, lo que de por sí constituye una anomalía en un sistema democrático. Debiese existir una supremacía civil en todo momento, cuestión que hoy no ocurre”.

Asimilando “civil” a la figura del Presidente de la República, propone un nivel de discrecionalidad en el empleo de las FFAA que solo presagia conflictos. Tal vez no considere que en algún momento, el Presidente de la República puede ser alguien menos democrático que el expositor y emplear la capacidad  de acción política de las FFAA para sus propios fines.

Señala también que el “Presidente de la República solo (puede) determinar nombramientos, ascensos y retiros a propuesta de los Comandantes en Jefe respectivos, lo que limita la autoridad presidencial sobre las instituciones armadas. Como, además, son los comandantes en Jefe quienes proponen la lista de ascensos y retiros, dependerá de ellos –y no de la autoridad civil– definir la línea de mando que va conformándose en las instituciones castrenses”.

Precisamente esa es la idea, que la política, sus modos, preferencias y necesidades no influya en la selección de los oficiales, sino su apego objetivo al cumplimiento de sus obligaciones profesionales y constitucionales, en vista a tener FFAA no politizadas.

La única supremacía realmente democrática es la de la CONSTITUCIÓN, con la división de poderes y la igual libertad de los ciudadanos, a la cual deben someterse todos los chilenos, en todas las circunstancias.

En los últimos meses y tal vez como culminación de los variados procesos de retroexcavación, comenzaron a ser agitados, ahora en forma sistemática, los papers con las propuestas financiadas por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para democratizar la defensa nacional de Chile. El escenario preferido han sido los “Talleres” con motivo del Libro de la Defensa. La expresión talleres va entre comillas por que en realidad y bajo cualquier canon académico, son monólogos; representaciones; ejercicios de democracia o sesiones de adoctrinamiento a un público cautivo.

No hay duda que el “Representante Residente” del PNUD -suena un poco colonial, pero no se dejen llevar por las apariencias- tiene todo el derecho de hacer propuestas y a exigir el cumplimiento de las reformas que acordó con el actual gobierno y cuya promoción financia; pero tampoco puede haber duda que pese a todo, las experiencias nacionales, obtenidas gracias el trabajo y creatividad de los chilenos deben ser adecuadamente valoradas.

En este orden de cosas, el proceso de reforma (democratización) de Gendarmería a lo largo de varios años y próximo ya a su culminación, debe ser considerado como modelo válido y con profunda raigambre nacional para ajustar a las FFAA a las ideas del PNUD respecto a gobernabilidad. En efecto, en varios aspectos se ha avanzado en forma original y notable:

-Democratización

Este concepto puede ser asimilado al de “Gobernabilidad Democrática” que dispone el PNUD, que en el caso de la democratización de Gendarmería los creativos nacionales llevaron mucho mas allá que el organismo internacional.

Por ejemplo, cuando comenzó el infundado escándalo de las generosas pensiones de algunos de sus ejecutivos, el partido de la presidente recurrió velozmente a requerir información directamente a los directivos de la Brigada Socialista existente en ese servicio. ¿Para que perder el tiempo interrogando a las autoridades institucionales si se podía obtener información mas amplia y con una adecuada “perspectiva de clase” yendo directamente a los miembros del partido?.

Cuando las preguntas fueron poniéndose complicadas, el interrogatorio se desvió a los responsables institucionales teóricamente a cargo del servicio. Ahí quedó claro el sistema de cuoteo que se estableció en ese servicio. Este reparto de cargos por partidos y dentro de ellos por corrientes y sensibilidades fue hábilmente conjugado con el ranking de parentescos, matrimonios y amistades.

Este sistema permite una participación democrática muy precisa y representativa del peso del poder de cada grupo; no mas mandos dispuestos por escalafones y requisitos, todo reemplazado por un proceso de equilibrios naturalmente derivado del ejercicio democrático que reflejen el peso político de cada grupo y el resultado de las negociaciones entre partidos de gobierno.

Este sistema, combinado con los sindicatos y su respectiva correlación de fuerzas ahí representadas produce un nivel de democratización inédito en el mundo. No cabe duda que este sistema democrático aplicado a las FFAA producirá iguales o mejores resultados y eliminará de raíz los anticuados conceptos de profesionalidad, especificidad y carrera profesional.

El Servicio Nacional de Salud por ejemplo también ha alcanzado niveles de cuoteo meritorios, por ejemplo, el Sur y Suroriente de Santiago corresponden a los socialistas, el Oriente y Occidente está reservado para la DC, y el sector Norte está en manos del PPD. En términos militares esto podría hacer coincidir con los Teatros Conjuntos o en subsidio, por Instituciones. Como sea, el sistema es positivo pero no alcanza en profundidad a la democratización de Gendarmería y podría ser insuficiente para controlar efectivamente a las FFAA.

– Gestión.

En lo que a personal se refiere, la selección de personal por el sistema de Alta Dirección Pública o por avance regulado por una carrera estructurada está obsoleto y de hecho, eliminado. La selección por recomendación impositiva de las autoridades del gobierno de turno y la correspondiente intervención de los partidos políticos refleja mucho mejor el espíritu democrático eliminando la intermediación de burócratas que apenas si son expertos en alguna técnica pero carecen de representatividad popular.

Pero la mejor parte de este sistema de reclutamiento políticamente controlado es que asegura que todos y cada uno de los funcionarios y autoridades, conocedores y subscriptores de las ideas y preferencias del gobierno y con contactos y relaciones personales en su aparato, podrán interpretar con mucho mayor fidelidad las política gubernamentales. Una gestión democratizada de las FFAA facilitará su control estrecho e intrusivo y la consiguiente eliminación de las personas que no se adapten. En este sentido, las únicas competencias válidas en cuanto a democratización la representarían las FFAA Bolivarianas y en menor grado las de Cuba.

La gestión económica tiene que tener prioridades claras, primero las pensiones, especialmente las mas altas, luego los sueldos, bonificaciones y viáticos, incluyendo a los que ganan sueldo sin concurrir con su presencia al lugar de trabajo y luego los gastos del servicio. Arreglar los baños de las cárceles es un lujo que Chile no se puede dar. Malpagar a sus directivos políticos sería una grave vulneración a sus DDHH.

Para mantener estrictamente controlada la igualdad en el malestar y la miseria, no se puede permitir que los mismos presos y sus amigos y parientes contribuyan a su bienestar, como sucede con los prisioneros políticos de Punta Peuco. Ese es un escándalo inaceptable.

El tema de las pensiones millonarias que causó tanto revuelo, es solo un gran malentendido, como lo explicó tan bien la Diputado Yasna Provoste en su intervención durante la injusta y escandalosa interpelación a la Ministro de Justicia en el Congreso. La pensión de $6.000.000 de pesos mensuales que la ex esposa del Presidente del Senado obtuvo en forma relámpago simplemente no fue debidamente explicada y menos comprendida.

Primero, es la ex esposa del Presidente del Senado. ¿Qué querían?, que jubilara con tres chauchas?.

Y segundo, que esa pensión en realidad constituye un “piloto” que muestra gráficamente como serán las pensiones cuando se elimine el sistema de AFP y se lo reemplace por otro de reparto que, sin duda, facilitará el ejercicio de la democracia ya señalado, puesto que agilizará el correcto y rápido reflejo de la militancia y parentescos de cada cada persona en el monto de su pensión.

La separación de personal uniformado del personal civil, con superioridad de remuneraciones de los primeros por sobre los segundos, en razón de los riesgos propios de ejercicio de la custodia de personas con conductas peligrosas, no tiene lógica y de hecho, la práctica democrática de la gestión ya lo eliminó en Gendarmería por la vía administrativa. El uso de un uniforme no puede significar privilegios. Que su trabajo sea peligroso, es un costo sumergido, ya sabían en lo que se metían cuando ingresaron en el servicio, así es que ya no hora de reclamos.

Este problema ya se encuentra resuelto entre los funcionarios civiles del Ministerio de Defensa que tiene mas que justificados su altos sueldos como retribución a su sacrificio por la República. Por lo demás, el trabajo en un ambiente contaminado como el de la Alameda es muy nocivo.

La gestión de mando. En este sentido, tanto el Ministro de Defensa como la Ministro de Justicia han alcanzado la casi perfección en el arte de la elusión de sus responsabilidades. Solo se enteran de la existencia de problemas por la prensa, se toman varios días en hacerse cargo del tema y sobre todo, transfieren con la máxima habilidad la responsabilidad y la decisiones de acción a alguien de nivel inferior. El summun del arte es, en la misma pasada, eliminar a un par de uniformados y basurear a las autoridades que estuvieron a cargo hasta el día antes a la asunción de su cargo.

Una experiencia nacional obtenida con un alto sacrificio personal de los funcionarios cuoteados y con un altísimo costo al erario nacional no pueden ser dejada de lado al emprender una tarea impostergable como es la democratización de las FFAA de Chile.

En 1970, Alain Joxe, sociólogo marxista francés de moda en esos años, publicó en Chile un breve libro titulado “Las FFAA en el sistema político chileno” que causó emoción entre la feligresía de izquierda. Joxe trabajaba por cuenta del Centre Nacional de la Recherche Scientifique, equivalente francés del rol de agitación  académica que el PNUD cumple hoy en Chile, en vista a la cooptación de las FFAA en beneficio del progresismo.

El momento en que Joxe escribe su análisis tiene como último antecedente de intervención militar la del año 1924, que el autor valora como un cierto avance en la dirección correcta. Joxe desarrolla una serie de ideas, la mayoría de las cuales no comparto, de las cuales recojo la que señala que “Una intervención militar en Chile equivale a diez en otros países: es perfecta. … Por supuesto que no se trata del mismo ejército ni del mismo trabajo, … la noción de tradición es relativa, y se evita decir que el ejército en Chile tiene por tradición intervenir cada treinta o cuarenta años”.

Si la tesis de Joxe fuera correcta, la UP no debiera haberse sorprendido por la intervención de 1973 – justo 40 años después de la de 1931- y los políticos chilenos deberían estar considerando que la próxima intervención militar sería entre los años 2020 y 2030.

Estos cálculos pueden haber estado detrás de la ansiedad de la Concertación por arrancar un “nunca mas” a alguna autoridad militar, que permitiera exorcizar este fantasma, pero así como yo no creo en la repetición mecánica de la historia ni en el determinismo sino en la construcción de la historia mediante una adición de actos libres, me parece que la mayoría de los líderes actuales de la Concertación también lo hacen.

Esto me lleva a concluir que la necesidad del “nunca mas” apuntaba mas al pasado que al futuro. Necesitaban un reconocimiento explícito por parte de un militar de alto rango de que la intervención militar de 1973 había sido injusta, innecesaria e inmoral.

Este ejercicio del militar democrático elevado a los altares a posteriori es recurrente: en Argentina el rol lo llenó Balza; en España   fue Gutierrez Mellado y asi, en todas partes. En Chile no podía faltar y el hombre fue Cheyre.

Pero a diferencia de lo acontecido en esos países, el converso chileno no permaneció en el panteón de los próceres sino que terminó encarcelado y enjuiciado como violador de derechos humanos y como criminal, abandonado por moros y cristianos –literalmente- y hoy se encuentra tratando de cobrar a Lagos y otros la deuda por los servicios prestados a la Concertación. ¿Qué pasó?.

Pasó que los comunistas, derrotados inapelablemente en el enfrentamiento armado contra la FFAA de Chile, en subsidio, se lanzaron a tratar de obtener venganza y lucro por la vía judicial dado que militarmente ya estaban acabados y desprestigiados ante sus financistas.

Un prócer marxista asiduo de Clausewitz dice que “guerra es la dialéctica política cuando incluye el uso de las armas”. Esta guerra comenzó en Chile en la década de los 60 y concluyó con la derrota del PC y sus excrecencias en 1990 y como todas las guerras su epílogo debía ser político, ya que se trataba de una actividad política.

En Chile no fue así, los políticos no fueron capaces de enfrentar sus tareas y traspasaron el problema de cerrar la guerra a los fiscales y jueces. Por esa vía judicializaron la política y claudicaron de sus deberes. Hoy ya casi no tienen poder, los fiscales los llevan y los traen de la nariz y los jueces resuelven lo que el Congreso no es capaz de hacer.

El lucro y la venganza se encuentran es sus etapas finales, sus rendimientos son decrecientes, cada día las acusaciones a los militares son mas absurdas y canallescas, hasta la Corte Suprema parece avergonzada de si misma, pero el animal aun tiene estertores. El juicio a Cheyre es uno de ellos.

Veremos en que concluye este episodio tragicómico. Las esperanzas de que el mundo político muestre valor y hombría es casi inexistente.

En un período pre eleccionario mas bien se podría esperar un intento de algún pre candidato de mostrar alguna respetabilidad en vista a obtener ventajas electorales.

Oscuro, Chile, es tu cielo nublado;

                                                                        los mediocres te aplastan también.