¿PRIVILEGIO DE LOS ESTADOS?

Terminada la II Guerra Mundial, los vencedores: EEUU, la URRS, China, Francia y el Reino Unido, establecieron tribunales para juzgar a los derrotados, principalmente Alemania, y los condenaron por violar los derechos humanos (DDHH) en su propio país y en los países que invadieron.

La institucionalización de este nuevo orden se proclamó en París, el 10 de diciembre de 1948 mediante la Declaración Universal de los Derechos Humanos, elaborado por los países socios de las Naciones Unidas. La Declaración fue proclamada por la Asamblea General mediante un texto de 30 artículos que se establecieron como objetivo para todas las naciones del mundo.

Es curioso que países como la URRS y China hayan concurrido a este compromiso y que las grandes potencia occidentales que posteriormente violaron crudamente esta Carta (Francia en Argelia y EEUU en Viet Nam y la URRS en su propio país) y sus estados protegidos (Israel y Cuba), nunca fueron investigados y menos sancionados, en agudo contraste con Chile, convertido en el paradigma mundial de los violadores de derechos humanos.

Mas aun, los grandes utilizadores de esta organización y que han ejercido importantes cargos en su administración son, precisamente estados que bajo cualquier criterio, son violadores contumaces de los DDHH de sus ciudadanos.

En los últimos años, la iniciativa para generar investigaciones y proponer sanciones se han expandido desde los reclamos y solicitudes de grupos nacionales no-estatales perseguidos por sus gobiernos, hacia los estados que, habiendo sido acusados de violar DDHH, han reclamado que los agredidos son ellos, por parte de los grupos no-estatales ya mencionados.

Esta situación ha llevado un debate entre los gobiernos y las organizaciones no-estatales respecto a la naturaleza de estos derechos:

¿Los DDHH se vinculan exclusivamente a la acción de los Estados? ¿O son algo amenazado por distintos actores sociales, ante todo por los grupos alzados en armas o terroristas?.

Los Argumentos Jurídicos de este debate se basan en que la Declaración Universal de los DDHH, que no tiene fuerza obligatoria ya que es una Declaración y no un Tratado. Sin embargo la Declaración Universal a dado pie a la firma de varios Convenios y Pactos que SI son tratados internacionales que obligan a los países que los suscribierona cumplir con ellos y por lo tanto los sujetos obligados por estos convenios y pactos son los Estados, no las personas ni las organizaciones privadas. Desde esta perspectiva, y dado que el “derecho Internacional de DDHH” es pertinente solo a los Estados (que hayan suscrito esos Pactos y Convenios), también es evidente que ellos deben cumplirlos.

A partir de lo señalado, existe consenso mayoritario en que los responsables exclusivos de cumplir con los DDHH y de vigilar su respeto son los Estados, únicos representantes del Bien Común y únicos garantes que pueden ser requeridos en caso de violación de esos derechos.

Desde esta perspectiva, el término “violación de DDHH” no se aplica a una determinada clase de actos como la tortura, la desaparición forzada o el asesinato, sino solo a la comisión de estos actos por parte de los Estados o de sus agentes. El Estado, a raíz de su legitimidad mayor, tiene una responsabilidad también mayor por los DDHH.

El argumento final es que “si se aceptara una responsabilidad por presuntas violaciones de DDHH a actores ajenos al gobierno, tendríamos que aceptar también la legitimidad de una fuerza distinta del Estado para garantizarlos”. De otra manera caeríamos en la anarquía y la destrucción del Estado de Derecho y la llegada de la barbarie y la violencia indiscriminada.

En esta lógica, los crímenes que produzcan otras personas diferentes de los agentes del Estado, serían delitos y no violaciones a los DDHH.

Desde la óptica de las víctimas los efectos de estos delitos podrían ser iguales o peores que si los cometiera el estado, y la consecuencia lógica sería que los Estados son también los responsables al no impedir que personas privadas violen los DDHH de los ciudadanos bajo su protección. En breve, los Estados son responsables, a todo evento, de la protección de los DDHH de sus ciudadanos y sus reclamos respecto a la inclusión de los crímenes de grupos subversivos en la agenda de DDHH, sería solo una muestra de su intención de relativizar esta obligación Estatal.

Parece claro que en estas circunstancia una política de crímenes atroces, posibles de endosar a los Estados, es un arma muy potente en manos de un grupo subversivo.

Hasta aquí las pretensiones y exigencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en línea con su Declaración Universal de los Derechos Humanos y de los Organismos No Gubernamentales (ONG), que trabajan en estrecha proximidad y con agendas muy parecidas cuando no iguales.

Parece de toda evidencia que las actividades que realizan estos actores, en términos de priorización, intensidad, apoyo comunicacional y apoyo político están fuertemente determinadas por elementos políticos e ideológicos, así como de apoyo o rechazo a la identidad de los actores de cada situación de conflicto.

Nadie podría negar que en muchos sentidos estas diferencias entre los estados miembros de las NNUU son determinantes en la decisión, determinación de objetivos y término de cada misión en “defensa de los DDHH” de los bandos que reciben las simpatías o repulsa de sus respectivos promotores.

Dadas las condiciones de la Guerra Fría, que enmarcó el nacimiento y desarrollo de estas ideas, la gran mayoría de las ONG dedicadas al tema, son proclives no a los Estados, sino a sus adversarios.

Esta concepción, especialmente de las ONG, adolecen de parcialidad hacia los grupos de izquierda y anti estado y una actitud de sospecha y de descalificación de los Estados y sus agentes, que los lleva a preferir enfocar e intervenir en cada conflicto en cuanto a hechos más o menos ciertos, omitiendo y descalificando los contextos y los resultados finales.

En efecto, su proximidad a los organismos de NNUU, facilita a las ONGs la coordinación política y jurídica favorable a sus aspiraciones. Así es como se ha desarrollado una frondosa jurisprudencia internacional y una intensa difusión y propaganda de sus puntos de vista. El actual debilitamiento de los Estados y sus trágicas consecuencias, así como el colapso de la ex URRS y su bloque y el desinterés de China en estas actividades, les está restando visibilidad y recursos.

Peor aún, en algunas oportunidades recientes los opresores son sus ex mecenas y en otros casos, son gobiernos de izquierda que capturaron el Estado en forma más o menos democrática y se han convertido en lugares de opresión brutal y descarnada, imposibles de disimular. Esto es visible en la lentitud de las recciones de las NNUU ante estados como Venezuela, Nicaragua, Cuba, China y muchos más.

Muchas organizaciones de DDHH han perdido su objetividad, su prestigio y autoridad moral reteniendo aun cierto poder político, limitado pero real.

Volviendo a los aspectos jurídicos, es ilustrativa la opinión de una ONG: “Mientras la metodología de las ONG de DDHH tiene su fundamento en la transformación de lo político en principios jurídicos universalmente reconocidos (son pocos los gobiernos que expresamente rechazan los DDHH), para el seguimiento de lo que hacen “los agentes no estatales”, no sirve esta herramienta objetivadora.

No hay otra salida que entrar al campo político con todos sus riegos. Evaluar el accionar de grupos “subversivos”, “insurgentes”, “alzados en armas” etc, resulta – no siempre, pero en la mayoría de los casos – más complicado y controversial que medir, con la regla de los DDHH, el comportamiento de los gobiernos. Pero la tarea no se queda en evaluación. De ellas las ONG deben deducir los reclamos que se presentan a los responsables”.

En breve, los estados siempre están en inferioridad de condiciones y esto no es por azar sino porque así fue construido el entramado legal en vigencia.

Sumado a la simpatía original de las ONGs por los actores no estatales, se agrega que no se atreven a identificarlos y denunciarlos para no verse involucrados en la lucha política. La falta de voluntad de resolver este dilema ha ido reduciendo el prestigio y credibilidad de las ONGs. El problema grave es que esta reducción de su credibilidad ha ido acentuando el uso y abuso de concepciones jurídicas que se alejan más y más de las realidades políticas de los conflictos.

Fernando Thauby García.

Melosilla,

28 de septiembre de 2023.

El proceso de término del Gobierno Militar se puso en marcha con un plebiscito en el cual para la Clase Política “lo fundamental era la transferencia del gobierno (ya que) el mero hecho de asumirlo ejerciendo la Presidencia de la República … constituiría un cambio en la estructura de poder que desencadenaría un proceso acumulativo que produciría sucesivas alteraciones en la correlación de fuerzas políticas en favor de la … Concertación gobernante”.[1]

“En el marco de la estrategia de gobierno, una primera decisión fue no intentar la derogación de la Ley de Amnistía de 1978 … y aceptar que no habría castigo por condena penal respecto…” de los militares, lo que constituía un severo golpe a las aspiraciones de la Concertación y de las organizaciones de Derechos Humanos” la mayoría conformadas por el Partido Comunista[2].

Por falta de fuerza política, el primer paso fueron las “leyes Cumplido” que según su autor -Aylwin- apuntaban a “que se esclarezca la Verdad, se haga justicia en la medida de lo posible y después venga la hora del perdón” para la cual se conformó una Comisión de Verdad y Reconciliación cuyo límite de jurisdicción excluía expresamente “funciones judiciales y enjuiciar el régimen pasado y a las FFAA”. Como encontrara que la legislación vigente era muy vaga y draconiana, envió al Congreso un paquete de leyes (las leyes Cumplido”) para que configuraran una “legislación racional y equitativa, y que los casos pendientes se trataran de acuerdo con esa nueva legislación”.

La Comisión Rettig fue complementada por “una intensa presión política y de los juristas de la Concertación, que hizo suya el presidente, en el sentido que la Ley de Amnistía no derogaba, ni impedía investigar los hechos hasta llegar a la identificación de los culpables”.

Hasta aquí tenemos el dibujo de una maniobra político-judicial contra las FFAA, que inocentemente seguían creyendo en la buena fe de sus contrapartes y que nunca se organizaron para dar esta lucha política, creyendo que al entregar el gobierno quedaban ubicadas fuera de ese ámbito; mientras tanto Aylwin avanzaba enviando una carta al Presidente de la Corte Suprema invocando esta tesis jurídica, que fue acogida y “que con el tiempo ejerció considerable influencia sobre los tribunales[3]”.

Con gracia, Boeninger  explica que “el criterio judicial sobre la materia fue oscilando , en alguna medida, en función de la evolución de las sensibilidades políticas al respecto”.

Las FFAA resintieron estos cambios, pero como no las afectaban directamente “nunca estuvieron en condiciones de oponerse porque Pinochet no se atrevió a dictar una segunda ley de amnistía que abarcara el período 1978 – 1989… de modo que las FFAA debieron someterse a las reglas del juego. Por ello, cuando se sintieron amenazadas por las políticas de gobierno, su reacción se redujo a intentos de presión, “sin salirse del marco legal” [4] que seguía siendo alterado, en su perjuicio, por parte del Gobierno de Aylwin y sus socios.

Los esfuerzos del General Pinochet por su parte se enfocaron cada vez más en proteger su imagen histórica, su familia y sus intereses y preocupaciones personales, desapareciendo toda coordinación política, mando centralizado y coordinación de los esfuerzos en las FFAA

Otro aspecto clave de esta período fue la publicación del Informe Rettig en base al cual Aylwin declara, primero, que “ningún criterio sobre el particular borra el hecho de que se cometieron las violaciones a los derechos humanos que describe el Informe” y segundo, que se considera establecida “la verdad histórica y global sobre lo ocurrido”, “que rechaza categóricamente la noción de que Chile hubiese vivido una guerra interna”

Con esto Aylwin dictó la versión oficial de lo sucedido en Chile y como suele ser, los en ese momento vencedores, la impusieron y con ello sancionaron la absolución del terrorismo político y sus acciones militares conducentes al establecimiento de una campaña militar en regla contra Chile, como lo confirma la internación de miles de “combatientes entrenados” en el extranjero, las armas ingresadas ilegalmente al país, como se comprobó en Carrizal Bajo y el intento de asesinato del general Pinochet que daría comienzo al enfrentamiento armado.

Este informe desconoce realidades como la existencia y actividad terrorista del MIR desde antes del 11 de septiembre de 1973 y la adopción por parte del PC de la “estrategia de rebelión de masas para derrocar al régimen militar por las armas” que derivó en la creación de las Milicias Rodriguistas y del Frente Manuel Rodríguez, “conformando un proceso de masas, político, ideológico moral y cultural, organizativo militar y paramilitar, que se engrana con toda la actividad del pueblo”, Lagos dixit.

En este sentido, la finura legal del Informe Rettig sumada a la evidente malquerencia de sus fuentes de información hacia las FFAA viene a engranar con las conveniencia políticas declaradas de Aylwin y su Concertación, en perjuicio de las Instituciones de la Defensa que por constituir un bocado demasiado grande de masticar, se concentró en el castigo a individuos, autónomos, independientes, sin defensa y sin apoyo, tratando de sobrevivir al embate de las organizaciones de Derechos Humanos, de la Clase Política y del Gobierno de sus adversarios políticos y sin el apoyo de las instituciones militares y del Estado que los enviaron, apoyaron, patrocinaron y protegieron en las acciones requeridas para imponer la paz y el control gubernamental.

A esta altura parece inevitable recordar a Tomás Moulian[5] respecto a la naturaleza del gobierno de Allende: “El principio cardinal del cambio era la lucha de clases. Los discursos de Allende no eran más que variaciones de ese artículo de fe: para construir un orden más justo, en el que el pueblo viviera mejor, había que derrotar a la burguesía, por medios legales si era posible, o por otros medios, si era necesario. El programa de la UP era la aplicación del breviario marxista a las condiciones de Chile.

Allende no tuvo conciencia del proceso que desató. Ignorándolo todo o casi todo sobre el funcionamiento de la economía real, no vio los devastadores efectos sociales que traería el fundamentalismo anticapitalista. Además, lo que se suponía que era su capital –el conocimiento de las dinámicas políticas-, se demostró que era un supuesto falso. Creyó que el futuro dependía de derrotar “completamente” a la derecha, y parece haber imaginado que esta no se defendería. La UP dio la impresión de querer ganarse el mayor número posible de enemigos, y lo consiguió”.

“Está probada la intervención norteamericana en Chile en aquellos años. Lo que se empieza a conocer recién ahora es lo que podríamos llamar “la intromisión consentida” de Fidel Castro en nuestros asuntos. En los hechos, Allende le abrió la puerta.

Entre los secretos compartidos por Allende y Castro, estaban el entrenamiento militar de muchos chilenos en Cuba, el papel de Beatriz Allende y el grupo castrista del PS, la formación de la guardia personal de Allende, las platas para el MIR, etc.”

Respecto a la inexistencia de guerra civil en Chile en el período 1970 -1990 es conveniente considerar la opinión de Moulian[6]: El MIR, “que nunca participó en la Unidad Popular porque tenía otra postura estratégica, fue diezmado entre 1973 y 1980”, período en que intentó el re nucleamiento de sus cuadros pero fue alcanzada en el plexo dos veces por los organismos de inteligencia de la dictadura”. Entre 1973 y 1980 perdió por acción de los organismos represivos, más de 250 militantes[7], mientras miles fueron presos o torturados” estos combates se dieron en el marco de una guerra irregular que ganó el Gobierno Militar.

La aproximación legalista obsoleta del concepto de guerra, aplicado por la Comisión Rettig hace imposible su comprensión, ya que no se trata de una guerra clásica decimonónica entre estados que se comportan según un ritual pre establecido e internacionalmente aceptado, sino que conforma una combinación de actos políticos, propagandísticos, militares, terroristas, económicos, sociales y otros, en una acción con fines últimos compartidos pero con ejecución descentralizada y con gran autonomía. Este tipo de enfrentamiento solo puede ser reducido mediante un tipo de defensa equivalente, que fue la estrategia del Gobierno Militar.

Indudablemente esto no implica la suspensión de los Derechos Humanos, pero tampoco desconoce la condición de ser una guerra, en que ambos bandos incluyen el uso de las armas y de la violencia armada que como sabemos comenzó antes del 11 de septiembre de 1973.

El fin del Gobierno Militar determinó el fin de las operaciones militares contra la izquierda revolucionaria, sus miembros ahora eran parte del gobierno o muy cercanos a él, como sucedió con el Partido Comunista. No todos se acomodaron a la situación de paz y los gobiernos debieron crear organizaciones clandestinas e ilegales para combatirlos[8], la más célebre, sin duda, la Oficina.

Por su parte los “combatientes” del Gobierno Militar, quedaron huérfanos de apoyo. Dado que ningún gobierno de la Concertación iría contra la regla de oro de Aylwin de no agredir a las Instituciones de las FFAA, la Clase Política adoptó una convención conveniente para ellas, para el gobierno y para los partidos de la oposición política: Los violadores de DDHH actuaban por si y ante si, fuera de la vista de las autoridades del Estado y de sus autoridades militares.

Todos sabemos que esto es falso. Completamente falso.

Sabemos que en el Estado y más aún las Instituciones Militares la responsabilidad de mando no se delega nunca, tampoco se extingue. Si los ejecutores actúan mal, son culpables de mal desempeño, pero la responsabilidad final sigue siendo de sus autoridades naturales[9]. Es decir, del Estado y de las Instituciones Militares. En esto no hay otra interpretación.

Podemos ver que desde el comienzo de esta situación la intención final -y conseguida – por los gobiernos y por la Clase Política fue             la señalada por Aylwin desde el comienzo: la normalización de las relaciones con las FFAA, la consolidación del poder político en sus manos y el apaciguamiento del PC y PS. “Para esto contaron con la fuerza del legalismo y la tradición profesional de las FFAA que se tradujo en que la continuidad de un rol político militar ni estuvo nunca entre los objetivos militares, con la quedó descartada la posibilidad de un nuevo golpe de Estado”. Actitud que de meritoria pasó a ser un cuchillo contra ellas mismas.

Cerremos este breve y amargo recuento con un breve análisis de la actuación de los altos mando militares desde la salida de Pinochet del gobierno. No cabe duda que salvo algunas personas instaladas en la burocracia estatal, para todos lo militares este final fue muy satisfactorio. La Misión estaba cumplida, la democracia repuesta en su sitial, la economía reconstruida, la sociedad pacificada, las FFAA seguían contando con alto apoyo ciudadano, se habían manejado con éxito dos graves amenazas de guerra externa y dos crisis económicas globales y desprovisto al Comunismo del potencial para dominar el poder político.

Tal vez los más felices deben haber sido los alto Mandos Militares, que volvían a lo suyo. Pero había una deuda insoluta con los hombres y mujeres que fueron enviados a combatir a los enemigos más odiosos y más determinados. Porque no nos engañemos, en las FFAA y en el Estado los mandos les señalan a cada persona y organización subalterna donde ir y qué hacer, y esa responsabilidad no se delega ni se diluye, si hay malas prácticas o directamente delitos, los ejecutores son culpables pero la responsabilidad sigue siendo indelegable.

De la misma manera, una institución es una continuidad, con lo bueno y lo malo, con lo brillante y lo opaco. No se puede elegir con que parte de la historia quedarse. Nadie podría no asumir los problemas pendientes que vienen con el cargo al momento de recibirlo. Tampoco en el Estado. Es parte del paquete.

Así las cosas, esos presunto huérfanos de casos de DDHH pueden ser culpables, pero la responsabilidad de sus dislates, si así hubiera ocurrido, reside en sus mandos y se heredan, son la historia de una institución.

No podríamos quedarnos con el Sargento Aldea que: “Valiente y leal hasta la muerte, cumplió con su deber”, y dejar a los Sargentos Aldeas del 73 que “Valientes y leales hasta la cárcel, también cumplieron con su deber”

En este sentido, esta responsabilidad, no completamente asumida, puede ser el cáncer que mate a nuestras FFAA cuando de nuevo sean sometidas a la prueba definitiva: dar la vida por cumplir la misión.

Sería el triunfo definitivo de nuestros enemigos.

En estos días, la persona que preside el país, con deformaciones morales serias y escasa capacidad intelectual, vuelve a lanzar al ruedo la suerte de nuestros prisioneros, desconociendo una vez más los compromisos contraídos por la Clase Política con las Instituciones de la Defensa.

Ya lo hicieron Aylwin, Bachelet y Piñera.

Basta.

Fernando Thauby García

5 de Septiembre de 2023.

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[1] Boeninger, “Gobernabilidad”. 414

[2] Id 1, 454

[3] Después conocida como “doctrina Aylwin”.

[4] Boeninger Op.Cit.

[5] Tomás Moulian; Chile Actual Anatomía de un Mito. 159

[6] Op Cit 5, 255.

[7] El propio MIR los declaraba “combatientes”.

[8] Los “descolgados”

[9] Esto es completamente aplicable al actual escándalo de los robos multimillonarios mediante Fundaciones que trasiegan ingentes recursos fiscales a organizaciones privadas asociadas a funcionarios estatales y de Gobierno.

Un Arreglo Inmoral

La existencia de «chivos expiatorios»

permite que políticos, jueces y militares

duerman tranquilos.

Cuando nos sentimos frustrados, porque no vemos manera de resolver un problema, la respuesta más sencilla para canalizar esa impotencia, miedo o ansiedad es dirigirla hacia una tercera persona o un grupo.

De hecho, a menudo la elección del chivo expiatorio es un proceso que se alimenta de manera inconsciente.

¿Estalló la paz?

El 11 de marzo de 1990, fue el fin de un proceso -la competencia política entre el Gobierno Militar y la Concertación y el comienzo de otro -la Transición- bajo el liderazgo de Aylwin[1] que estableció un conjunto de tareas para materializarla: Regreso de las FFAA a su rol profesional. Enfrentar el problema de las violaciones a los DDHH en forma tal que satisficiera las exigencias de su conglomerado político, que evitara el arrinconamiento de los militares y combinara justicia con prudencia para conseguir la reconciliación nacional, entre otras.

La primera prioridad se puso en la normalización de las relaciones entre el poder político y las FFAA.

Por la parte militar “La fuerza del legalismo y la tradición profesional de las FFAA se tradujo en que la continuidad de un rol político militar no estuvo nunca entre los objetivos militares, con lo que quedó descartada la posibilidad de un nuevo golpe de Estado[2]”.

Aylwin se movió rápido. No derogó la Ley de amnistía de 1978 y para tranquilizar a sus socios de más a la izquierda, lanzó el concepto de las “leyes Cumplido” [3]: “esclarecer la Verdad, se haga justicia, en la medida de lo posible, y venga después la hora del perdón” para lo cual se constituyó la “Comisión de Verdad y Reconciliación” que excluía la pretensión de enjuiciar el régimen pasado o a las FFAA[4].

Así se conformó la “Comisión Rettig” cuyo trabajo “fue complementado con una intensa presión política y de los juristas del mundo de la Concertación que hizo suya el Presidente”, quien afirmó que la Ley de Amnistía de 1978 no impedía investigar hasta llegar a la identificación de los culpables y que ello era condición previa a su aplicación. Según Boeniger, el “informe fue lapidario” y la Comisión estableció que los detenidos -desaparecidos fueron algo menos de 2000 detenidos “con obvio resultado de muerte”[5] pero que evidentemente los secuestros fueron efectuados por los servicios de seguridad del gobierno, con la pasividad del Poder Judicial. El informe rechazó “en forma categórica la noción de que Chile hubiese vivido un estado de Guerra Interna[6]”. Así “se estableció, sin duda ni réplica, lo que se pasó a denominar la verdad histórica y global sobre lo ocurrido”, resolviendo “uno de los problemas más conflictivos de DDHH y de la incisiva movilización de las agrupaciones de familiares, dirigida por personas de reconocida cercanía con el PC y la extrema izquierda”[7].

En septiembre de 1980 el PC efectuó “un cambio, adoptando la estrategia denominada “de rebelión popular de masas” que incluía el uso de la violencia y los aparatos militares para derrocar al régimen” “que más tarde derivó en la creación de las Milicias Rodriguistas y del Frente Manuel Rodríguez conformando “un proceso de masas, político, ideológico, moral y cultural, organizativo civil, militar y paramilitar que se engrana con toda la actividad del pueblo”[8]

Esta reorientación de la lucha clarifica bien la variación de las bajas entre los grupos militares que luchaban contra el Gobierno Militar. Los primeros combates fueron entre los “agentes del Estado” en sus diversas configuraciones y el MIR, que actuaba desde la clandestinidad y cuyas bajas lo llevaron a la derrota militar y desaparición. Desde comienzos de 1980, fueron remplazado por las milicias militares y paramilitares comunistas ya identificadas, que recibieron el grueso de los esfuerzos militares del Gobierno para su destrucción, que se tradujo en un incremento exponencial de las bajas de las fuerzas del PC.

El arsenal enviado a Carrizal Bajo por el gobierno de Cuba fue capturado en su casi totalidad y ello desarticuló por completo la estrategia del PC para dar comienzo al Estallido 1.0[9]. El fracaso del intento de asesinato del general Pinochet una semana más tarde, marcó la derrota final del esfuerzo militar del PC, su regreso a las formas políticas de acción y su ingreso a regañadientes a la Concertación[10].

Este breve recuento nos lleva a algunas conclusiones.

• El objetivo principal del Gobierno civil fue normalizar su relación con las FFAA y lo consiguió liberándolas conceptualmente del Gobierno Militar y de la carga política, ideológica y judicial correspondiente.
• Los militares tuvieron una actitud defensiva orientada a “no aceptar ninguna forma de condena colectiva o imputación de responsabilidad a las instituciones armadas como tales”[11]. Para lo anterior se adoptó la política de que “los delitos de DDHH cometidos por “agentes del estado”, durante el Gobierno Militar eran imputables a persona y no a los mandos institucionales[12]”. Con esta decisión se abrió la temporada de caza de “agentes del estado”, que habrían actuado como individuos – por si y ante si- fuera del esquema de mando militar y funcionario de las instituciones que los encuadraban y cuyos mandos quedaron exentos de juicio político, moral y judicial.
• El problema de los DDHH fue dividido en dos partes, un juicio político e ideológico que se desarrolló en el Congreso Nacional, los medios de comunicación social, la acción propagandística y el otorgamiento de pensiones e indemnizaciones a todos los que se declararon perjudicados por el Estado durante el Régimen Militar y otra a configurar un conjunto de “agentes del estado” con los que se conformó un grupo de chivos expiatorios adecuado para recibir un duro castigo que satisficiera las aspiraciones de todos los interesados en “hacer justicia”.
• El Poder Judicial, culpado de haber sido cómplices de los atropellos a los DDHH durante el Gobierno Militar, fue neutralizado mediante un enérgico reemplazo de los miembros de la Corte Suprema y una reforma judicial que incorporó a jueces políticamente correctos con “credenciales democráticas” respaldada por una barrida de “agentes” que fueron sometidos a juicios rápidos y encarcelados, con legislación ad-hoc e interpretada favorablemente para los fines del Gobierno.

¿Chile país de hermanos?

Las decisiones concertadas, ilegales e inmorales del conjunto de las nuevas elites políticas, oficialista y de oposición, construyeron “en los bordes de los posible” un esquema basado en chivos expiatorios, con el silencio aprobatorio de los mandos militares que se sentían implicados por los excesos cometidos. Los viejos y nuevos políticos entraron en un ejercicio de “democracia de los acuerdos” funcional al momento político pero lejano a la ética pública y la responsabilidad política.

La implacable captura y encierro de las bestias permitió y sigue permitiendo que los políticos, los militares y los jueces duerman tranquilos y en paz entre ellos. Es la función de los chivos expiatorios.

La violencia destructiva y homicida del “Estallido 2.0” es hija de esta hipocresía devenida en corrupción.

Fernando Thauby García

Melosilla 10 de agosto de 2023

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[1] Mensaje al Congreso 21 de mayo de 1991

[2] Edgardo Boeninger.

[3] Leyes (Francisco) Cumplido.

[4] Edgardo Boeninger

[5] Aunque ello nunca fue probado

[6] Dado que las FFAA no se dividieron en bandos contendientes. Lo que, a mi juicio es una interpretación escuálida y anticuada de la naturaleza de los conflictos actuales.

[7] El 30 de diciembre de 1992 la Corte Suprema establece que la Amnistía no es aplicable a los casos de detenidos desaparecidos y se inventa la figura (ficción jurídica) del “secuestro permanente”.

[8] “Mi vida”, Ricardo Lagos

[9] El Estallido 2.0 lo intentaron el 18 de octubre de 2019, también derrotado por las fuerzas del orden.

[10] Estos hechos, a mi entender, arrojan dudas sobre el aserto de la Comisión Rettig de que “Chile no hubiese vivido un estado de Guerra”.

[11] Edgardo Boeninger

[12] Contradiciendo la más básica doctrina y moral militar

Acuerdo de Chillán del Partido Socialista de Chile (1967)[1]

(Resolución, adoptada por la unanimidad de sus integrantes, en el Congreso del Partido Socialista de Chile, celebrado en la ciudad de Chillán los días 24, 25 y 26 de noviembre de 1967.

En cuanto al voto sobre la posición política nacional del PS su texto aprobado en el plenario del XXII Congreso General por la unanimidad de sus integrantes, dice así:

1.- El Partido Socialista, como organización marxista-leninista, plantea la toma del poder como objetivo estratégico a cumplir por esta generación, para instaurar un Estado Revolucionario que libere a Chile de la dependencia y del retraso económico y cultural e inicie la construcción del Socialismo.

2.- La violencia revolucionaria es inevitable y legítima. Resulta necesariamente del carácter represivo y armado del estado de clase. Constituye la única vía que conduce a la toma del poder político y económico y a su ulterior defensa y fortalecimiento. Sólo destruyendo el aparato burocrático y militar del estado burgués, puede consolidarse la revolución socialista[2].

3.- Las formas pacíficas o legales de lucha (reivindicativas, ideológicas, electorales, etc.) no conducen por sí mismas al poder. El Partido Socialista las considera como instrumentos limitados de acción, incorporados al proceso político que nos lleva a la lucha armada. Consecuentemente, las alianzas que el partido establezca sólo se justifican en la medida en que contribuyen a la realización de los objetivos estratégicos ya precisados.

…..

Los acontecimientos vividos en América Latina durante los últimos años como consecuencia directa o indirecta de la revolución cubana han ido progresivamente continentalizando el proceso revolucionario y desplazándolo al terreno de la violencia, en la medida en que el imperialismo ha ido acentuando su estrategia continental y mundial contrarrevolucionaria para oponerse a los movimientos populares liberadores.

La política del Frente de Trabajadores se prolonga así, y se encuentra contenida en la política de la Organización Latinoamericana de Solidaridad, la que refleja la

Fernando Thauby García.

Melosilla, 17 jul. 2023

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[1] Fuente: “El Partido Socialista de Chile”, por Julio César Jobet, Editorial Prensa Latinoamericana, 1971).

[2] Lo escrito en «negrita» es mío.

No lloren como mujeres
Lo que no supieron
defender como hombres

La mitomanía comunista ha instalado una mentira que repetida hasta la náusea, se ha transformado en “verdad”. No cabe duda que la desaprensión, inocencia y buena fe de sus víctimas ha contribuido en forma decisiva a este éxito contra natura: Pregonan que la violencia fue aplicada por el Gobierno Militar en un esfuerzo perverso por “eliminar a los que pensaban distinto”, es decir a ellos.

Aquí hay varias mentiras: antes y durante el gobierno de la Unidad Popular, los promotores de la lucha armada eran los miembros del Partido Socialista (Carlos Altamirano) y algunos pequeños grupos de burgueses devenidos castristas (MAPU, IC MIR y otros), mientras el Partido Comunista y el Gobierno hacían alaraca de su “democratismo” mentiroso.
En efecto, públicamente seguían la “vía pacífica”, alejada de la guerrilla castrista, mientras bajo el poncho guardaban el puñal de “todas las formas de lucha” si es que la “vía pacífica” no tenía éxito. Allende y Luis Corvalán fueron sus más refinados exponentes.

Esta es la razón de que la mayoría de los presos y muertos antes, durante y en los días posteriores al 11 de Septiembre, fueran trabajadores y muchachos socialistas y de los grupúsculos mencionados, que cometieron el error de creer a sus líderes que escaparon a toda carrera, antes del mediodía del 11, hacia la embajada más próxima, mientras ellos, crédulos, buscaban “las armas”, la “organización” y el “liderazgo” prometido por los tránsfugas.

Después del 11 de septiembre el PS inició un debate interno que culminó con su regreso a la política sin armas, aunque no completamente pacífica, alejándose del castrismo y con un amargo recuerdo de su corta estadía en la URRS y Alemania del Este, disfrutando de sus democracias populares.
Por su parte, el PC, que había perdido cara ante Castro y ante los comunistas soviéticos y europeos, decidió emprender “la vía armada” para derrocar al Gobierno Militar e imponer su Dictadura. Con el apoyo técnico de Alemania Oriental y Cuba, organizaron y armaron grupos terroristas (el más cruel y violento, el FPMR, del PC). Establecieron una Dirección Interior en Chile que dirigió el terrorismo, los atentados y los asesinatos. Tres Directivas completas fueron capturadas y su miembros apresados o muertos, también terroristas, espías, asesinos y saboteadores, muchos de ellos entrenados en el extranjero.
Cuba financió y llevó a cabo la internación clandestina de varios miles de armas automática, municiones y explosivos para el Gran Levantamiento que se iniciaría con el asesinato del Presidente Pinochet. Las armas fueron capturadas en Carrizal Bajo ( salvo una parte que sigue en poder del PC) y el intento de asesinado del Presidente fracasó.
Entonces, solo entonces se rindieron y aceptaron la oferta de los partidos políticos democráticos que conformarían la Concertación.
Los terroristas apresados, muertos y desaparecidos no murieron por «pensar distinto» sino por efectuar “actos de terrorismo».
Y esta es la razón de que, en esta segunda etapa, la mayoría de las bajas entre los subversivos haya sido del PC.

El Gobierno Militar actúo mal con los terroristas, debió apresarlos, interrogarlos, juzgarlos y fusilarlos. Error comprensible si se revisan las continuas zancadillas, presiones, amenazas y agresiones de los EEUU, Argentina, Perú, Cuba, la URRS, Alemania Oriental y otros, contra un gobierno que luchaba -exitosamente- para sacar a Chile de la ruina en que lo dejó la UP.
Basta de mentiras y eufemismos, basta de vender la sangre de sus muertos.
Si los comunistas quisieron desafiar a Chile, que enfrenten las consecuencias y mueran como hombres.
Si no saben, improvisen.

Fernando Thauby García

11 de Julio de 2023

Hobbes, en su obra El Leviatán,  establece el concepto de “Pacto Social” o “Contrato Social”, que los hombres conforman para asegurar la seguridad y protección individual y acabar así con los conflictos provocados por los intereses individuales.

Hobbes explica que la ausencia del Estado/Leviatán engendraría una guerra de todos contra todos y que, por lo tanto, hace falta una fuerte autoridad central para imponer el orden y mediar entre los conflictos humanos. El Levatián sería entonces un “monstruo” necesario. Para Hobbes, la única función del gobierno es establecer y asegurar la paz, la estabilidad en una sociedad, para que prevalezcan los deseos colectivos frente a los deseos individuales de los hombres.

Según Rousseau, “Los derechos y los deberes de los individuos constituyen las cláusulas del contrato social, en tanto que el Estado es la entidad creada para hacer cumplir el contrato” y el Gobierno es el grupo que administra legítimamente al Estado

Nuestro Estado posee una considerable fuerza militar y policial -sobre 200.000 hombres y mujeres- sin embargo, los Gobiernos que lo han administrado en los últimos 10 años fueron doblegados por 2.000 delincuentes.

¿Quién fracasó tan estrepitosamente?. Los Políticos (Gobiernos y Oposiciones) o su Leviatán (Militares y Policías).

¿Cómo es que en 20 años, un pueblo disciplinado, legalista, respetuoso de las leyes y las autoridades devino en turbas desbocadas, incendiarias y saqueadoras?.

¿Qué pasó con nuestro sistema e instituciones políticas?, ¿Cómo fue que una Clase política de excepción se transformó en una pandilla de estudiantes fracasados, deshonestos y bravucones?.

La excusa de que “el pueblo expresó su desesperación, rabia, molestia y frustración mediante su movilización y comportamiento incivil y demolió la República es una mentira o es otro síntoma de la rendición de los amos del Leviatán. De ser cierto, deberíamos disolver al pueblo existente y construir a otro en su reemplazo.

La alternativa es reemplazar a los amos del Leviatán con otros con el valor, la determinación y carácter adecuados a su cargo … y eso no ha pasado, seguimos con los mismos incompetentes, pusilánimes y ladrones a cargo de hacer funcionar el Pacto Social:

“Te entregamos parte de nuestro dinero y de nuestra libertad y tu nos das seguridad, estabilidad y paz, haciendo cumplir las leyes, según lo acordado”.

Melosilla, 7 de Julio de 2023

         Fernando Thauby García

EL MAYOR ESTADISTA CHILENO DEL SIGLO XX.

¿Qué es un ESTADISTA?, la RAE lo define con precisión: Persona con gran saber y experiencia en los asuntos del Estado. Boric es un sólido ejemplo en versión carencia.

En 1927, José Ortega y Gasset clasificó a los gobernantes en estadistas, escrupulosos y pusilánimes. En Chile, Pinochet fue Estadista; Frei (hijo) fue escrupuloso y Boric es pusilánime.

Tampoco deben confundirse “político” e “intelectual”: el político «se ocupa», el intelectual «se preocupa».

Según Ortega, normalmente ocurre que el estadista es incomprendido, porque se ocupa con las cuestiones de largo plazo y toma decisiones impopulares a corto plazo, en tanto que la mayoría de los políticos se preocupan de los resultados inmediatos de sus acciones sin considerar las consecuencias pues que cuando éstas se produzcan, ellos ya no estarán.

El Político con una misión creadora, es magnánimo; el individuo sin misión creadora es pusilánime. Pinochet y Boric.

PINOCHET ESTADISTA

La crisis económica provocada deliberada y culpablemente por Allende

desde 1971 a 1973 fue generada principalmente por las políticas erróneas que se aplicaron durante su gobierno. Fue uno de los catalizadores de la crisis política que vivió el país y que provocaron la crisis económica que se manifestó en una inflación de tres dígitos, -llegó al 606 %-, la más alta en la historia de Chile.

Allende, creía que había una capacidad instalada ociosa, por lo que implementó una política económica de expansión de la demanda. Creía que así haría disminuir la cantidad de recursos ociosos y no tendría efectos negativos en la economía.

Se aumentó el gasto fiscal que llevó a un aumento en el déficit fiscal. Como este déficit se financiaba con emisión de papel/dinero del Banco Central, se produjo una expansión monetaria. Todo este plan económico fue realizado por el ministro de Economía Pedro Vuskovic y fue un fracaso estrepitoso.

La transformación económica chilena entre 1973-2003

El presidente Pinochet se hizo cargo de una economía en ruinas, una población en la miseria, inflación, escasez y colas. Un país en retroceso integral.

Las reformas económicas de los 70′ y 80′, significaron en términos económicos y sociales la instalación de una nueva manera de enfrentar el desarrollo de la sociedad, constituyéndose en un cambio radical de la política económica del país.

Como consecuencia de la dramática situación de la economía socialista dejada por la UP, se planteó la necesidad de liberalizar la, hasta entonces, cerrada economía chilena, que adolecía de una férrea regulación del Estado, actuando éste como empresario, promotor de la inversión y de la industrialización.

Se eliminaron muchos controles del Estado y se estimuló la inversión nacional y extranjera.

La primera etapa del modelo liberal chileno, que comprendió los años 1974 a 1982, se caracterizó por una férrea ortodoxia de los postulados liberales.

A partir de 1985, con la incorporación de Hernán Büchi como Ministro de Hacienda, se inició una etapa de flexibilización de las políticas económicas, más elástica y pragmática. De este modo se aceleró e intensificó la privatización de las empresas estatales y de los servicios sociales con el objetivo de reactivar la alicaída economía nacional. Asimismo, se redefinieron algunas funciones del Estado, con atribuciones subsidiarias y fiscalizadoras de los desequilibrios macroeconómicos. Se ha escrito mucho al respecto y los únicos detractores de esas políticas son los culpables de la ruina económica de los años 1971 al 1973 y de algunos nostálgicos del socialismo.

El mejor homenaje de la Concertación a Pinochet fue la continuación del modelo económico neoliberal de la década de 1990 que se mantuvo durante las administraciones de los presidentes Patricio Aylwin Azócar, Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Ricardo Lagos Escobar.

La prosperidad chilena

Mas allá de las inevitables críticas socialistas, el éxito económico del Gobierno Militar es reconocido mundialmente. Para confirmarlo, solo una pocas cifras: PIB per cápita estimado para 2022 US$30.000; Porcentaje de la población en situación de pobreza, 8,6%; Inflación estimada 2018, 3,1%; tasa estimada de desempleo 2018, 7%.

La muy mala gestión del Gobierno de Bachelet y la peor del de Boric han puesto a Chile en un camino de retroceso socialista evidente, del cual la opinión pública ha acusado recibo imponiéndole dos grandes derrotas electorales seguidas.

La transición a la democracia

También llamada retorno a la democracia, transición democrática o regreso al sistema democrático, se refiere al período histórico de restablecimiento democrático.

Chile bajo el Gobierno Militar del presidente Pinochet es el único caso conocido de una “Dictadura” exitosa que llama a un plebiscito para poner fin a su administración, lo pierde, y llama a elecciones libres, secretas e informadas y luego entrega su exitoso gobierno a los vencedores, con gran estilo y forma.

Toda comparación con los dictadores socialistas y comunistas que terminan en orgías de violencia, y entrega de países y sociedades arruinadas, amargadas y destrozadas, es imposible. Algo curioso es el entusiasmo con que los críticos al Gobierno Militar aplauden a homicidas como Fidel Castro y su Che Guevara, Maduro, Chávez, Ortega, y cientos de milicotes y bandidos civiles que por decirse socialistas reciben la benevolencia política de muchos gobierno y grupos políticos.

Sabotaje económico Norteamericano

La crisis de las uvas chilenas de 1989, también conocida como crisis de las uvas envenenadas, fue un incidente que involucró a dos granos de uva chilena de exportación que fueron encontrados con cianuro luego de una amenaza telefónica hecha a la embajada de los Estados Unidos en Santiago de Chile señalando que los cargamentos de frutas exportados hacia Estados Unidos y Japón serían contaminados con cianuro.

Tras los análisis de laboratorio, se confirmó la existencia de cianuro, en dosis muy pequeñas. El 13 de marzo, el comisionado de la FDA, Frank Young, informó públicamente del hallazgo de ambos granos y se anunció la retención de toda la fruta proveniente de Chile y se sugirió retirarla de los comercios y evitar su consumo. Canadá y Japón también siguieron las medidas estadounidenses y realizaron un embargo de todas las frutas y verduras importadas desde Chile. No se encontraron más frutas contaminadas, pero la FDA prohibió la importación de frutas chilenas y advirtió a la población de no consumir uvas o cualquier fruta chilena. Una agresión económica maligna a un país que se partía el alma por hacerse un nombre como exportador de frutas. Gracias EEUU!.

Agresión militar Cubana y del Partido Comunista

La internación de armas de Carrizal Bajo fue una fallida operación llevada a cabo por el Frente Manuel Rodríguez (FPMR) a mediados de 1986. Esta consistía en ingresar a Chile, por vía marítima y de manera clandestina, un cuantioso arsenal enviado por el gobierno cubano de Fidel Castro hasta la nortina localidad de Carrizal Bajo. Estas armas serían empleadas por el FPMR (Brazo armado del PC) en acciones armadas contra el gobierno de Chile. La operación fue descubierta por los servicios de seguridad del gobierno el 6 de agosto de 1986

La operación se inició a principios de 1985. Sus organizadores fueron el general Alejandro Ronda Marrero, jefe de la Dirección de Tropas Especiales del ministerio del interior cubano, y Guillermo Teillier, jefe de la comisión militar del Partido Comunista de Chile.

Este ataque preveía comenzar con el asesinato del presidente Pinochet -el atentado se efectuó 7 de septiembre de 1986 y fracasó- y sería seguido de un alzamiento armado (que fue contenido y sus a fuerzas encarceladas). Se puede apreciar que las personas que “pensaban distinto” y eran perseguidas y encarceladas por los organismos de seguridad de Chile en realidad eran parte de un ejército agresor formado por traidores y organizado y dirigido por Cuba.

Agresión armada Peruana.

Chile afrontaba un grave aislamiento internacional -producto de la movilización de los simpatizantes de la izquierda mundial-

En la década de 1970 hubo una alta posibilidad de conflicto armado entre Chile y Perú, y entre Chile y Argentina, y quizás incluso entre ambos países y Chile, así como de un conflicto entre Perú y Ecuador.

La raíz de esta posibilidad se hunde en la historia del siglo XIX, y complicada por los avatares ideológicos de la Guerra Fría. En el caso de Perú, existía un origen implacable, la Guerra del Pacífico (1879-1883). El tratado de paz final con Perú solo se firmó en 1929. La llegada al poder del régimen militar socialista/nacionalista del general Juan Velasco Alvarado en 1968 complicó el horizonte de Chile. La llegada al gobierno de Chile de la coalición de la izquierda liderada por Allende en 1970 no calmó las cosas.

El gobierno socialista/nacionalista peruano alimentó la desconfianza e intensificó la memoria de la Guerra del Pacífico lo que sirvió para legitimar una gran compra de armamentos a la Unión Soviética.

Tras la llegada del Gobierno militar en Chile en 1973 y el ascenso de un régimen antimarxista, la desconfianza mutua se intensificó. Entre 1973 y 1975 se especuló mucho acerca de una guerra inminente, vista en Chile como un ataque fulminante por parte de Perú, pero también temida por otros Estados en la región y por las grandes potencias.

La izquierda chilena apoyó la operación de Velasco y se preparó para su asalto al poder. Cuba ofreció una División blindada que el nuevo Gobierno del Perú rechazó y que Castro terminó enviando a Angola a matar a africanos.

Chile, discreta pero firmemente movilizó a sus FFAA, las desplegó en la primera y segunda regiones, alistó a su población civil y se preparó para la guerra, sin alardes ni fanfarrias. El gobierno militar del Perú depuso al marxista general Velasco Alvarado y puso al mando de país un general democrático, el general Morales Bermúdez, con lo que el proyecto de ataque se canceló.

Enmienda Kennedy

La izquierda norteamericana, -enemiga de Chile- ya venía agrediendo económica y diplomáticamente al Gobierno Militar- pero no le bastó. En 1978 el conflicto desatado por Argentina al haber sido derrotada por Chile en el pleito por la Islas al sur del canal Beagle, se jugó a fondo amenazando y haciendo aparatosas maniobras militares y discursos incendiarios que pretendían que el Presidente Pinochet se asustara y rindiera a nuestro país.

Pretendían hacernos caer en gastos exorbitantes y arruinar la economía que ya estaba de subida, fuertemente. Pinochet conservó los nervios e impuso su voluntad. Todo un estadista. Chile y sus FFAA triunfaron de nuevo, imponiendo la paz.

El aporte de EEUU, la Primera Potencia Mundial y gran aliado de la democracia en Latinoamérica, planteó a  Chile un embargo total de armamentos, municiones, repuestos, vestuario, equipos logísticos, en fin todo lo que oliera a militar. Otros países como España, Suiza, Austria, UK, Francia, se unieron al embargo, incluso negándose a enviar equipos ya comprados y pagados.

La enmienda Kennedy y el bloqueo aplicado contra Chile por otros países sobre la comercialización de armas intentaba reducir a Chile y a sus FFAA a la indefensión. 
Era la forma diplomática con que el congreso estadounidense pretendía presionar a Pinochet. 
La enmienda Kennedy fue derogada, pero la muerte de su impulsor no nos hizo ni hará olvidar la traición de nuestros amigos,

Chile Argentina 1978

Mientras no se encontraba solución al conflicto, en Argentina se acumulaban en las medidas para presionar a Chile y obligarlo a abandonar el laudo arbitral.

En octubre de 1978 los presidentes de Argentina y Bolivia ratificaron su solidaridad mediante un comunicado que unía el pedido de Bolivia de salida al mar —que había perdido tras la guerra del Pacífico— con la cuestión de la soberanía argentina en el Atlántico Sur, incluyendo a las Falkland y el Beagle.

Las Fuerzas Armadas argentinas elaboraron la Operación Soberanía para «cortar» Chile en varias partes por medio de una invasión. La preparación y las maniobras militares a lo largo de la frontera se realizaron públicamente con gran profusión de noticias:

Emilio Massera realizó una «vigilia de armas» en Ushuaia, una costumbre medieval de tono místico.

Los envíos de tropas fueron acompañados de gran algarabía, cánticos y desfiles. Cantantes populares concurrieron a los cuarteles para actuar y entretener a la tropa. Se realizaron ejercicios de oscurecimiento, también en ciudades que difícilmente podían ser atacadas.

La sucesión de maniobras militares en 1978 fueron difundidas y comentadas ampliamente por la prensa.

Algunos militares extremaron un discurso belicista:

Promesa de un oficial argentino: «Cruzaremos los Andes, les comeremos las gallinas y violaremos a las mujeres.» ​

Luciano Benjamín Menéndez, general de división y comandante del III Cuerpo de Ejército, dijo: «Si nos dejan atacar a los “chilotes”, los corremos hasta la isla de Pascua, el brindis de fin de año lo haremos en el Palacio La Moneda y después iremos a mear el champán en el Pacífico».​

El embajador de Chile ante la OEA da a conocer la expulsión de más de 4000 chilenos residentes en Argentina.​

El presidente argentino Jorge Rafael Videla, durante el encuentro de Puerto Montt, amenazó con la guerra si Chile no cambiaba su posición en las negociaciones: «las negociaciones directas constituyen la única vía pacífica para solucionar el conflicto»»​

Como Chile con su presidente a la cabeza se mantuvo impertérrito, no les que quedó otra alternativa que cerrar el capítulo y volver cada uno a su casa. No hubo guerra porque los agresores vieron que habría que luchar, y no se atrevieron.

Terremoto

El 3 de marzo de 1985 a las 19:47 de la tarde un sismo magnitud 8 remeció a las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule y en menor medida Bio-Bio.

El epicentro estuvo localizado en el mar, entre Valparaíso y Algarrobo, a unos 20 km de la costa y unos 15 km de profundidad. Los informes oficiales registraron 177 personas muertas, 2.575 resultaron heridas y 979.792 con sus viviendas o propiedades damnificadas. Un total de 142.489 viviendas fueron destruidas, registrándose además numerosos deslizamientos de tierra, rotura de pavimento, caída de puentes y daños considerables en la infraestructura de los pueblos afectados, con interrupción prolongada de los servicios básicos.

Sin alardes, sin fanfarrias, con trabajo duro y organizado el Gobierno se empleó a fondo con la reconstrucción que se hizo en forma rápida y eficiente. Exactamente al revés del terremoto de Antofagasta, ocurrido en la Administración socialista de Bachelet del cual aun hay varios cientos de millones de dólares perdidos y obras que se financiaron y nunca se hicieron.

Por favor trate de imaginar a Boric o a Bachelet tratando de gobernar en tiempos así de difíciles.

Chile retrocede y se empobrece; la palabrería intenta reemplazar a la acción; internacionalmente Chile hace el loco con un presidente mamarracho, que da palos de ciego insultando a diestra y siniestra, COMO SE EXTRAÑA LA FALTA DE UN VERDADERO ESTADISTA.

Melosilla, 8 de Junio 2023.

Fernando Thauby García

EL MAYOR ESTADISTA CHILENO DEL SIGLO XX.

¿Qué es un ESTADISTA?, la RAE lo define con precisión: Persona con gran saber y experiencia en los asuntos del Estado. Boric es un sólido ejemplo en versión carencia.

En 1927, José Ortega y Gasset clasificó a los gobernantes en estadistas, escrupulosos y pusilánimes. En Chile, Pinochet fue Estadista; Frei (hijo) fue escrupuloso y Boric es pusilánime.

Tampoco deben confundirse “político” e “intelectual”: el político «se ocupa», el intelectual «se preocupa».

Según Ortega, normalmente ocurre que el estadista es incomprendido, porque se ocupa con las cuestiones de largo plazo y toma decisiones impopulares a corto plazo, en tanto que la mayoría de los políticos se preocupan de los resultados inmediatos de sus acciones sin considerar las consecuencias pues que cuando éstas se produzcan, ellos ya no estarán.

El Político con una misión creadora, es magnánimo; el individuo sin misión creadora es pusilánime. Pinochet y Boric.

PINOCHET ESTADISTA

La crisis económica provocada deliberada y culpablemente por Allende

desde 1971 a 1973 fue generada principalmente por las políticas erróneas que se aplicaron durante su gobierno. Fue uno de los catalizadores de la crisis política que vivió el país y que provocaron la crisis económica que se manifestó en una inflación de tres dígitos, -llegó al 606 %-, la más alta en la historia de Chile.

Allende, creía que había una capacidad instalada ociosa, por lo que implementó una política económica de expansión de la demanda. Creía que así haría disminuir la cantidad de recursos ociosos y no tendría efectos negativos en la economía.

Se aumentó el gasto fiscal que llevó a un aumento en el déficit fiscal. Como este déficit se financiaba con emisión de papel/dinero del Banco Central, se produjo una expansión monetaria. Todo este plan económico fue realizado por el ministro de Economía Pedro Vuskovic y fue un fracaso estrepitoso.

La transformación económica chilena entre 1973-2003

El presidente Pinochet se hizo cargo de una economía en ruinas, una población en la miseria, inflación, escasez y colas. Un país en retroceso integral.

Las reformas económicas de los 70′ y 80′, significaron en términos económicos y sociales la instalación de una nueva manera de enfrentar el desarrollo de la sociedad, constituyéndose en un cambio radical de la política económica del país.

Como consecuencia de la dramática situación de la economía socialista dejada por la UP, se planteó la necesidad de liberalizar la, hasta entonces, cerrada economía chilena, que adolecía de una férrea regulación del Estado, actuando éste como empresario, promotor de la inversión y de la industrialización.

Se eliminaron muchos controles del Estado y se estimuló la inversión nacional y extranjera.

La primera etapa del modelo liberal chileno, que comprendió los años 1974 a 1982, se caracterizó por una férrea ortodoxia de los postulados liberales.

A partir de 1985, con la incorporación de Hernán Büchi como Ministro de Hacienda, se inició una etapa de flexibilización de las políticas económicas, más elástica y pragmática. De este modo se aceleró e intensificó la privatización de las empresas estatales y de los servicios sociales con el objetivo de reactivar la alicaída economía nacional. Asimismo, se redefinieron algunas funciones del Estado, con atribuciones subsidiarias y fiscalizadoras de los desequilibrios macroeconómicos. Se ha escrito mucho al respecto y los únicos detractores de esas políticas son los culpables de la ruina económica de los años 1971 al 1973 y de algunos nostálgicos del socialismo.

El mejor homenaje de la Concertación a Pinochet fue la continuación del modelo económico neoliberal de la década de 1990 que se mantuvo durante las administraciones de los presidentes Patricio Aylwin Azócar, Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Ricardo Lagos Escobar.

La prosperidad chilena

Mas allá de las inevitables críticas socialistas, el éxito económico del Gobierno Militar es reconocido mundialmente. Para confirmarlo, solo una pocas cifras: PIB per cápita estimado para 2022 US$30.000; Porcentaje de la población en situación de pobreza, 8,6%; Inflación estimada 2018, 3,1%; tasa estimada de desempleo 2018, 7%.

La muy mala gestión del Gobierno de Bachelet y la peor del de Boric han puesto a Chile en un camino de retroceso socialista evidente, del cual la opinión pública ha acusado recibo imponiéndole dos grandes derrotas electorales seguidas.

La transición a la democracia

También llamada retorno a la democracia, transición democrática o regreso al sistema democrático, se refiere al período histórico de restablecimiento democrático.

Chile bajo el Gobierno Militar del presidente Pinochet es el único caso conocido de una “Dictadura” exitosa que llama a un plebiscito para poner fin a su administración, lo pierde, y llama a elecciones libres, secretas e informadas y luego entrega su exitoso gobierno a los vencedores, con gran estilo y forma.

Toda comparación con los dictadores socialistas y comunistas que terminan en orgías de violencia, y entrega de países y sociedades arruinadas, amargadas y destrozadas, es imposible. Algo curioso es el entusiasmo con que los críticos al Gobierno Militar aplauden a homicidas como Fidel Castro y su Che Guevara, Maduro, Chávez, Ortega, y cientos de milicotes y bandidos civiles que por decirse socialistas reciben la benevolencia política de muchos gobierno y grupos políticos.

Sabotaje económico Norteamericano

La crisis de las uvas chilenas de 1989, también conocida como crisis de las uvas envenenadas, fue un incidente que involucró a dos granos de uva chilena de exportación que fueron encontrados con cianuro luego de una amenaza telefónica hecha a la embajada de los Estados Unidos en Santiago de Chile señalando que los cargamentos de frutas exportados hacia Estados Unidos y Japón serían contaminados con cianuro.

Tras los análisis de laboratorio, se confirmó la existencia de cianuro, en dosis muy pequeñas. El 13 de marzo, el comisionado de la FDA, Frank Young, informó públicamente del hallazgo de ambos granos y se anunció la retención de toda la fruta proveniente de Chile y se sugirió retirarla de los comercios y evitar su consumo. Canadá y Japón también siguieron las medidas estadounidenses y realizaron un embargo de todas las frutas y verduras importadas desde Chile. No se encontraron más frutas contaminadas, pero la FDA prohibió la importación de frutas chilenas y advirtió a la población de no consumir uvas o cualquier fruta chilena. Una agresión económica maligna a un país que se partía el alma por hacerse un nombre como exportador de frutas. Gracias EEUU!.

Agresión militar Cubana y del Partido Comunista

La internación de armas de Carrizal Bajo fue una fallida operación llevada a cabo por el Frente Manuel Rodríguez (FPMR) a mediados de 1986. Esta consistía en ingresar a Chile, por vía marítima y de manera clandestina, un cuantioso arsenal enviado por el gobierno cubano de Fidel Castro hasta la nortina localidad de Carrizal Bajo. Estas armas serían empleadas por el FPMR (Brazo armado del PC) en acciones armadas contra el gobierno de Chile. La operación fue descubierta por los servicios de seguridad del gobierno el 6 de agosto de 1986

La operación se inició a principios de 1985. Sus organizadores fueron el general Alejandro Ronda Marrero, jefe de la Dirección de Tropas Especiales del ministerio del interior cubano, y Guillermo Teillier, jefe de la comisión militar del Partido Comunista de Chile.

Este ataque preveía comenzar con el asesinato del presidente Pinochet -el atentado se efectuó 7 de septiembre de 1986 y fracasó- y sería seguido de un alzamiento armado (que fue contenido y sus a fuerzas encarceladas). Se puede apreciar que las personas que “pensaban distinto” y eran perseguidas y encarceladas por los organismos de seguridad de Chile en realidad eran parte de un ejército agresor formado por traidores y organizado y dirigido por Cuba.

Agresión armada Peruana.

Chile afrontaba un grave aislamiento internacional -producto de la movilización de los simpatizantes de la izquierda mundial-

En la década de 1970 hubo una alta posibilidad de conflicto armado entre Chile y Perú, y entre Chile y Argentina, y quizás incluso entre ambos países y Chile, así como de un conflicto entre Perú y Ecuador.

La raíz de esta posibilidad se hunde en la historia del siglo XIX, y complicada por los avatares ideológicos de la Guerra Fría. En el caso de Perú, existía un origen implacable, la Guerra del Pacífico (1879-1883). El tratado de paz final con Perú solo se firmó en 1929. La llegada al poder del régimen militar socialista/nacionalista del general Juan Velasco Alvarado en 1968 complicó el horizonte de Chile. La llegada al gobierno de Chile de la coalición de la izquierda liderada por Allende en 1970 no calmó las cosas.

El gobierno socialista/nacionalista peruano alimentó la desconfianza e intensificó la memoria de la Guerra del Pacífico lo que sirvió para legitimar una gran compra de armamentos a la Unión Soviética.

Tras la llegada del Gobierno militar en Chile en 1973 y el ascenso de un régimen antimarxista, la desconfianza mutua se intensificó. Entre 1973 y 1975 se especuló mucho acerca de una guerra inminente, vista en Chile como un ataque fulminante por parte de Perú, pero también temida por otros Estados en la región y por las grandes potencias.

La izquierda chilena apoyó la operación de Velasco y se preparó para su asalto al poder. Cuba ofreció una División blindada que el nuevo Gobierno del Perú rechazó y que Castro terminó enviando a Angola a matar a africanos.

Chile, discreta pero firmemente movilizó a sus FFAA, las desplegó en la primera y segunda regiones, alistó a su población civil y se preparó para la guerra, sin alardes ni fanfarrias. El gobierno militar del Perú depuso al marxista general Velasco Alvarado y puso al mando de país un general democrático, el general Morales Bermúdez, con lo que el proyecto de ataque se canceló.

Enmienda Kennedy

La izquierda norteamericana, -enemiga de Chile- ya venía agrediendo económica y diplomáticamente al Gobierno Militar- pero no le bastó. En 1978 el conflicto desatado por Argentina al haber sido derrotada por Chile en el pleito por la Islas al sur del canal Beagle, se jugó a fondo amenazando y haciendo aparatosas maniobras militares y discursos incendiarios que pretendían que el Presidente Pinochet se asustara y rindiera a nuestro país.

Pretendían hacernos caer en gastos exorbitantes y arruinar la economía que ya estaba de subida, fuertemente. Pinochet conservó los nervios e impuso su voluntad. Todo un estadista. Chile y sus FFAA triunfaron de nuevo, imponiendo la paz.

El aporte de EEUU, la Primera Potencia Mundial y gran aliado de la democracia en Latinoamérica, planteó a  Chile un embargo total de armamentos, municiones, repuestos, vestuario, equipos logísticos, en fin todo lo que oliera a militar. Otros países como España, Suiza, Austria, UK, Francia, se unieron al embargo, incluso negándose a enviar equipos ya comprados y pagados.

La enmienda Kennedy y el bloqueo aplicado contra Chile por otros países sobre la comercialización de armas intentaba reducir a Chile y a sus FFAA a la indefensión. 
Era la forma diplomática con que el congreso estadounidense pretendía presionar a Pinochet. 
La enmienda Kennedy fue derogada, pero la muerte de su impulsor no nos hizo ni hará olvidar la traición de nuestros amigos,

Chile Argentina 1978

Mientras no se encontraba solución al conflicto, en Argentina se acumulaban en las medidas para presionar a Chile y obligarlo a abandonar el laudo arbitral.

En octubre de 1978 los presidentes de Argentina y Bolivia ratificaron su solidaridad mediante un comunicado que unía el pedido de Bolivia de salida al mar —que había perdido tras la guerra del Pacífico— con la cuestión de la soberanía argentina en el Atlántico Sur, incluyendo a las Falkland y el Beagle.

Las Fuerzas Armadas argentinas elaboraron la Operación Soberanía para «cortar» Chile en varias partes por medio de una invasión. La preparación y las maniobras militares a lo largo de la frontera se realizaron públicamente con gran profusión de noticias:

Emilio Massera realizó una «vigilia de armas» en Ushuaia, una costumbre medieval de tono místico.

Los envíos de tropas fueron acompañados de gran algarabía, cánticos y desfiles. Cantantes populares concurrieron a los cuarteles para actuar y entretener a la tropa. Se realizaron ejercicios de oscurecimiento, también en ciudades que difícilmente podían ser atacadas.

La sucesión de maniobras militares en 1978 fueron difundidas y comentadas ampliamente por la prensa.

Algunos militares extremaron un discurso belicista:

Promesa de un oficial argentino: «Cruzaremos los Andes, les comeremos las gallinas y violaremos a las mujeres.» ​

Luciano Benjamín Menéndez, general de división y comandante del III Cuerpo de Ejército, dijo: «Si nos dejan atacar a los “chilotes”, los corremos hasta la isla de Pascua, el brindis de fin de año lo haremos en el Palacio La Moneda y después iremos a mear el champán en el Pacífico».​

El embajador de Chile ante la OEA da a conocer la expulsión de más de 4000 chilenos residentes en Argentina.​

El presidente argentino Jorge Rafael Videla, durante el encuentro de Puerto Montt, amenazó con la guerra si Chile no cambiaba su posición en las negociaciones: «las negociaciones directas constituyen la única vía pacífica para solucionar el conflicto»»​

Como Chile con su presidente a la cabeza se mantuvo impertérrito, no les que quedó otra alternativa que cerrar el capítulo y volver cada uno a su casa. No hubo guerra porque los agresores vieron que habría que luchar, y no se atrevieron.

Terremoto

El 3 de marzo de 1985 a las 19:47 de la tarde un sismo magnitud 8 remeció a las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule y en menor medida Bio-Bio.

El epicentro estuvo localizado en el mar, entre Valparaíso y Algarrobo, a unos 20 km de la costa y unos 15 km de profundidad. Los informes oficiales registraron 177 personas muertas, 2.575 resultaron heridas y 979.792 con sus viviendas o propiedades damnificadas. Un total de 142.489 viviendas fueron destruidas, registrándose además numerosos deslizamientos de tierra, rotura de pavimento, caída de puentes y daños considerables en la infraestructura de los pueblos afectados, con interrupción prolongada de los servicios básicos.

Sin alardes, sin fanfarrias, con trabajo duro y organizado el Gobierno se empleó a fondo con la reconstrucción que se hizo en forma rápida y eficiente. Exactamente al revés del terremoto de Antofagasta, ocurrido en la Administración socialista de Bachelet del cual aun hay varios cientos de millones de dólares perdidos y obras que se financiaron y nunca se hicieron.

Por favor trate de imaginar a Boric o a Bachelet tratando de gobernar en tiempos así de difíciles.

Chile retrocede y se empobrece; la palabrería intenta reemplazar a la acción; internacionalmente Chile hace el loco con un presidente mamarracho, que da palos de ciego insultando a diestra y siniestra, COMO SE EXTRAÑA LA FALTA DE UN VERDADERO ESTADISTA.

Melosilla, 8 de Junio 2023.

Fernando Thauby García

Esto del olvido es un fenómeno muy interesante.

La Izquierda olvida al Allende revolucionario, siempre columpiándose entre la violencia y la mentira. Olvida su vida inconsecuente y su comportamiento desleal con los chilenos. Olvida su inmoralidad, que mientras justificaba y alentaba la violencia de sus partidarios simultáneamente anestesiaba con engaños a los demócratas crédulos.

Nunca se hizo cargo de la miseria y la ruina de propietarios de campos y terrenos, de negocios, aun de pequeños negocios, de empresas tomadas o arruinadas, tomados a la fuerza y con violencia mortal. De sus turbas feroces, violentas y amenazantes que tampoco se contenían de aplicar la violencia revolucionaria a todo lo que interfiriera su camino. Menos de la enfermedad desatendida, el hambre, y la escasez de la ciudadanía.

Su gestión de gobierno fue el preámbulo y ensayo general de la tiranía castrista que intentaba aplicarnos, guardia pretoriana de matones incluida.

El PC olvida sus sucesivas campañas de terrorismo intentadas mediante tres «Operaciones «Retorno» de sus directivos terroristas amaestrados en Alemania Oriental y armadas por Fidel Castro y otros facinerosos. De la internación clandestina de armas, por parte del Gobierno Cubano en connivencia con los Comunistas locales. De los asesinatos de militares, carabineros y ciudadanos inocentes.

Por favor, esos nunca fueron «luchadores por la democracia» fueron terroristas armados, venidos a intentar resucitar mediante crímenes la intentona golpista de Allende y Altamirano.

Es bastante ridículo e inconsecuente olvidar las oleadas de delincuentes armados y dirigentes asesinos, como Teillier, llegados a Chile clandestinamente y condenar a los que impidieron su retorno o neutralizaron sus intentos.

Por algo la paz llegó cuando los grupos políticos de centro e izquierda renunciaron a sus desvaríos revolucionarios armados y aceptaron el camino democrático propuesto por el Gobierno Militar.

Fue una guerra. Diferente a las guerras convencionales. Fue un tipo de guerra inventado y practicado por el marxismo revolucionario para imponer su dictadura y opresión.

Fue la versión anterior a los actuales «Estallidos Sociales», vueltos a fracasar. Señor Peña, por favor un poco de ecuanimidad.

No me sale escribir “el Presidente Boric”, y por otra parte, su permanente esfuerzo por mostrarse desguañangado merece ser reconocido.

Así las cosas, el Boric estuvo en la Enade, para dirigirse al gran empresariado nacional.

Debo comenzar insistiendo en algunos aspectos que determinan la personalidad y comportamiento del sujeto.

Esta es una tarea difícil, cambia de parecer tan a menudo y respecto a aspectos tan sustantivos de su visión de Chile, de la sociedad, de la política y de su rol presidencial que es muy difícil encontrar al verdadero[1] Boric bajo esa maraña de contradicciones.

Uno de los aspectos más característicos de los neo populistas (Laclau dixit), es su convicción de que las palabras crean realidades y que el discurso debe acomodarse a las creencias y aspiraciones del auditorio de ocasión. En esta tesitura, es imposible decir que Boric o sus semejantes, aquí y en su origen (España) están mintiendo o deformando la realidad, desde su perspectiva están haciendo política populista legítima y eficaz, aceptada doctrinalmente por esos movimientos.

Otro aspecto relevante de su comportamiento político es que tras su derrota aplastante en el Plebiscito del primer intento Constituyente – personalizo la derrota porque el personalizó su difusión y promoción- sus alternativas políticas se redujeron radicalmente, así es difícil distinguir en el comportamiento de Boric la diferencia entre “cambio” y “resignación” obviamente temporal y sujeta a modificación u olvido.

Menciona también un conmovedor anhelo: “Asumo el sueño y el desafío de ser un presidente que una y no divida”, ajeno a su identidad vital: un político que construye su visión ideológica ya no sobre unas pocas Clases Sociales -marxismo tradicional- sino sobre una cantidad ilimitada y en constante crecimiento de “Minorías” ad-hoc, activas, conscientes y movilizadas conjuntamente, para la conquista del poder que es, precisamente, la naturaleza de su conglomerado “Apruebo Dignidad”.

Por último y para no alargar estas consideraciones, debemos considerar que un fracaso rotundo y terminal en este primer intento político lo inhabilitaría para insistir, es decir, salir del Gobierno aunque sea medianamente airoso ahora, lo habilitaría para volver a insistir, tantas veces como sea necesario, hasta conformar condiciones más favorables que le permitan hacer su verdadero programa ideológico: refundar Chile.

La situación política actual de Boric es muy difícil. Ya parece resignado a entregar la gestión de su gobierno al Socialismo Democrático, culpable de los “30 años” espantosos de explotación y abuso.

Carolina Tohá y Álvaro Elizalde -un emigrante ideológico que comenzó en la DC (Izquierda Cristiana)- fueron “invitados” a hacerse cargo del desastre y a poner orden entre los jóvenes revolucionarios.

Podemos apreciar que Boric parece haber escogido “desertar unilateralmente” del Proyecto Refundacional de Chile en vez de suicidarse con Apruebo Dignidad.

¿Que va a hacer Boric en este escenario?

Parece evidente que Boric, una persona joven, con mala salud mental y evidentes fallos de formación intelectual pero dotado de una buena retórica para públicos emotivos y poco ilustrados aun quiere pasar a la historia como un gobernante más o menos racional, que no reventó la institucionalidad y que dañó la economía, pero no la destruyó.

Ahora solo le queda pagar el precio de la mala estructura política que armó para gobernar y tratar de flotar con una agenda de minorías marginales. En este sentido, y aprovechando su devoción al también fallido gobierno de Allende, estaría tratando de recular desde el borde del precipicio. A diferencia de Allende, esta vez espera salvarse de la mano del Socialismo Democrático, luchando contra la deslealtad y obstruccionismo del Comunismo.

Se puede concluir que pareciera que Boric está luchando por su supervivencia política personal y que quiere convencer al auditorio nacional que ha renunciado a la Refundación Nacional … al menos por ahora.

Tiene dos obstáculos mas o menos diferentes entre si, pero fuertemente relacionados: El Partido Comunista, cada día reclamando más autonomía y mostrando ms agresividad y la Primera Línea, informe pero efectiva a la hora de incendiar y destruir, relativamente barata y con una conexión a un factor multiplicador de la anarquía, conformado por el crimen organizado.

La actuación de Boric en Enade no puede ser entendida muy lejos de esta situación y ella marca con claridad sus límites y precariedades.

21 de abril de 2023

Fernando Thauby García

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[1] En el supuesto que existiera.