Nadie podría cuestionar la legitimidad democrática del actual gobierno de Chile. Ganó con la mayoría que la Constitución demanda y aseguró su victoria con una amplia mayoría parlamentaria que le da el control de la Cámara de Diputados y del Senado, con el apoyo de un número menor de parlamentarios independientes. También es cierto que una cantidad muy importante de chilenos no votó por el actual gobierno, sea por falta de interés o porque pensaron que no se jugaba nada tan importante como para hacer el esfuerzo de ir a votar. Respecto al contenido del mandato político, durante su campaña electoral el gobierno que resultó elegido dejó en claro que su gestión iba a tener tres ejes principales: Reforma Tributaria; Reforma Educacional y nueva Constitución Política. El contenido de esas reformas y cambios no fue explícito para nada, solo se enunciaron algunas generalidades, sin entrar en el detalle de las mismas, situación que es de común ocurrencia en todas las elecciones, mas aun en ésta en que el atractivo electoral de Bachelet lo hacía superfluo para sus seguidores. Esta falta de precisión no le resta legitimidad a su mandato, pero si hace necesario que al entrar en detalle a los contenidos, los plazos, la profundidad y consecuencias de los cambios, estos sean contrastados tanto con la opinión pública informada, como con los afectados e interesados y con los representantes políticos tanto de los partidos de gobierno como de la oposición. Para el Gobierno es posible evitar o ignorar a estos “stakeholders”, por lo menos hasta donde sus propios parlamentarios acepten ser ignorados, apremiados, cooptados o hasta donde no aparezcan disidentes que mengüen su número y eventualmente lo lleven a perder el número de votos necesarios para aprobar las leyes correspondientes. Así las cosas, nadie podría objetar el derecho del gobierno a “ejercer su mayoría” e ignorar a todos aquellos –propios y ajenos- que no se atengan a la forma y fondo del Programa con que el gobierno vaya materializando sus ofertas electorales de carácter amplio y general. Se podría discutir respecto a la solidez y durabilidad de reformas impuestas de esta manera, el ejemplo chavista o kirchnerista parece mostrar que las aplanadoras pisan fuerte pero avanzan poco y lo que aplastan no permanecen aplastado por demasiado tiempo, pero esa es otra historia. En breve, el actual gobierno de Chile podía elegir entre imponer su “Programa” tal y como le parezca, sin prestar atención a la oposición ni dejarse desviar, limitar o desperfilar por criticas, opiniones adversas, discrepancias o alteraciones que lo afecten o, buscar acuerdos, contemporizar con otras alternativas o visiones y aceptar algún grado de consenso que le diera una base mas amplia de apoyo, para el largo plazo. El Gobierno ha tomado un camino, del cual es legítimo discrepar pero que no es posible descalificar: llevará a cabo su Programa solo, en la forma, intensidad profundidad y amplitud que estime conveniente para su éxito, avanzando sin tranzar. La opción de tranzar para avanzar ha sido descartada por innecesaria –los cambios se pueden hacer legalmente con los votos de los partidarios del gobierno-, e inconveniente –las intervenciones de la oposición lo harían perder eficacia y radicalidad-. En esta etapa es necesario entonces revisar las responsabilidades y efectos políticos que enfrenta este gobierno al haber hecho esta elección. Creo que lo primero y mas relevante es que el total del éxito así como la totalidad del fracaso –si este se produce- recaerá primero sobre la totalidad del grupo mas cercano a la Presidente y luego sobre los líderes de los partidos políticos de izquierda que así lo aceptaron y apoyaron. No existe ningún espacio para culpar a la oposición ni para compartir sus efectos con otros actores sociales o políticos. En segundo lugar –y es un hecho comprobado- existe un gran número de personeros del área económica de los anteriores gobiernos de la Concertación -sobre cuyo exitoso desempeño existe opinión unánime – que tiene serias dudas sobre la conveniencia de actuar radicalmente y en solitario. Su experiencia han dicho, les señala que los cambios parciales son mejores que los radicales y sobre todo, que el acuerdo es mejor que el conflicto; y el consenso, mejor que la imposición, en la línea de lo señalado por el politólogo italiano Norberto Bobbio  de que la democracia es “el gobierno de la mayoría con respeto a la minoría”…. Esta discrepancia política de fondo puede profundizarse. Otro aspecto relevante es la opinión del 75% que no votó por el “Programa”, al menos no votó explícitamente, aunque un número importante podría haber estado de acuerdo y apoyándolo. Los efectos económicos sobre sus bienes, modo de vida y aspiraciones podrán ser pausados, pero acumulativos y por esa vía profundos. La falta de acceso de los representantes de la oposición a las instancias decisivas, podría llegar a exacerbar los ánimos. No hay que olvidar que Chile no es aun un país rico ni desarrollado, pero que un número importante de chilenos ya ha probado algo de lo que disfrutan las sociedades cuando llegan a esa condición y perderlo puede resultarles muy traumático. El ejercicio de la mayoría en forma simple, directa y sin matices hace que el total de la responsabilidad histórica caiga por completo en el actual Gobierno y en particular sobre el reducido grupo que lo dirige y controla.

El Banco Central informó que el Producto Interno Bruto (PIB) de Chile registró un crecimiento de 2,6% en el primer trimestre de 2014, comparado con igual periodo del año anterior. Es la menor expansión desde el primer trimestre de 2010 cuando la economía creció un 2,4% tras el devastador terremoto y tsunami del 27 de febrero de ese año. No es una buena señal.