Suavemente al comienzo, pero con fuerza desde comienzos del mes de mayo, tanto la Prensa  como la Oposición y la Nueva Mayoría declaraban que el 21 de mayo recién pasado era la última oportunidad para que la Presidente tomara las riendas de la crisis y recuperara el control de la agenda y la capacidad de gobernar.

El Gobierno prefirió una Mensaje con medidas sociales poco significativas para la mayoría y omitir, no digamos solo el enfrentamiento de la crisis política y moral que vive el país, sino cualquier referencia al respecto. Su Mensaje fue claro: En Chile no pasa nada anormal y funciona como siempre lo ha hecho. No por ignorar un problema éste desaparece.

Pocas horas después del Mensaje, el destituido Director del Servicio de Impuestos Internos sacó del ropero de la Nueva Mayoría un cadáver en descomposición: existieron presiones del Ministerio del Interior y de “los políticos” para que retardara o trabara la investigación de lo que, ya era claro, se trataba de una organización para obtener recursos en forma fraudulenta para financiar la precampaña de la candidatura de la actual presidente.

Estamos ante dos problemas en extremo difíciles: primero, la Jefe de Estado no pudo, no supo o no quiso enfrentar la crisis y profirió soslayarla sacrificando a algunos de sus acompañantes. El problema crítico es que es imposible que la opinión pública acepte el mensaje de la presidente de que ella no estaba informada de todo esta maquinaria delictiva, que para colmo incluía no solo a empresarios que podríamos calificar como algunos de “los poderosos de siempre”, sino conspicuamente, el ex yerno del general Pinochet, beneficiario emblemático de la privatización de industrias estatizadas por la Unidad Popular y segundo, que el problema al no ser enfrentado, terminó de liquidar la escasa credibilidad que aun conservaba Bachelet y la entrega por capítulos de esta fea telenovela no le permitirá dejarla atrás y seguir ejerciendo el mando de la República. Estamos en el peor de los mundos, sin liderazgo creíble y con una gotera de escándalos que caen en su cercanía, con el riesgo de que en cualquier momento alguno la toque directa e irremediablemente y con instituciones vitales para la República sometidas a un desgaste que podría llevarlas a su debilitamiento y destrucción. Hoy día el riesgo de un escándalo que impacte directo a Bachelet es significativo, y las consecuencias de eso pueden llevarla a la misma posición de Richard Nixon: jurando por TV que era inocente sin que nadie le creyera y que a esas alturas era irrelevante que fuera o no cierto ya que a nadie le importaba y todos querían que se fuera.

La pregunta que todos los chilenos nos hacemos ya no es si existieron -y existen- o no máquinas armadas para hacer cohecho en gran escala, defraudar al fisco para obtener y traficar poder, sino cómo y cuándo el Poder Ejecutivo estará en condiciones morales, éticas y mentales para hacer el trabajo para el cual fue elegido y dotado de recursos y atribuciones: Gobernar el país de acuerdo a la Constitución y las leyes.

Un elemento que agudiza esta crisis es que el desastre y la pérdida de credibilidad afecta también al Poder Legislativo que venía en un tobogán de desprestigio que ya lo tenía en el piso. La ciudadanía no quiere, respeta ni valora para nada a los senadores y diputados. Abomina de “los políticos” en general y quiere no verlos mas. Justo es reconocer que muchos miembros de ambas corporaciones han hecho todo lo que han podido para ponerse en esa posición, desde bailar con vedettes en plena sede porteña hasta todo tipo de abusos y excesos en sus gastos, honorarios y procedimientos.

El tercer Poder del Estado, el Judicial tiene una rama, las Fiscalías, que aun conservan algo de credibilidad pero debilitadas por su recurrente y ya antiguo abuso de poder mediante la “filtración” de antecedentes y declaraciones reservadas y partes del secreto del sumario, que a los pocos minutos de obtenerse, salen a la publicidad a través de “medios amigos”, con grave desmedro de la reputación y los derechos de los afectados, todo en beneficio de las carreras de los custodios de dichos documentos. Por un lado es cierto que los fiscales no pueden hacer carrera funcionaria y en los escasos años de su ejercicio deben de hacer todo lo que puedan para cimentar su futuro en otra parte, pero suelen poner demasiado empeño en detrimento de los acusados de turno.

En breve, el Ejecutivo está paralizado y ha mostrado persistente incapacidad y voluntad de enfrentar el desastre político y moral que lo llevó y lo mantiene en el poder. El Legislativo es parte del problema. No tiene la legitimidad para enfrentar un proceso de limpieza y regeneración política y el Poder Judicial y aun conserva la capacidad de seguir ventilando la corruptela pero carece de la legitimidad política y moral para jugar un rol de liderazgo. La opinión pública no confia en ninguno de ellos y prefiere a Carabineros y las FFAA por decenas de puntos en cada encuesta que haya en el país, pero ellas están excluidas del problema y para todos es mejor que eso siga así.

¿Qué hacer?, ¿Cómo salir de esta encrucijada?.

Lo que no hay que hacer es terminar de demoler la institucionalidad que aun existe.

Tenemos un Congreso que está golpeado, desprestigiado y que alberga a demasiadas personas que reiteradamente han mostrado falta de honradez y pudor, pero su renovación mediante una forma arbitraria o por fuera de los márgenes constitucionales agravaría la situación. Esto indica que la renovación de esa instancia solo puede ser gradual y a lo largo de un lapso de algunos años.

Tenemos un Poder Judicial que está prestando servicios útiles. Hay pues que potenciarlo, rodearlo de respeto y consideración y exigirle en forma inclemente que cumpla sus deberes. Ese es un rol que debe cumplir la prensa y la opinión pública.

Y tenemos un Poder Ejecutivo. Paralizado, extraviado y hasta asustado. No viene al caso seguir devaluándolo, por el contrario es preciso apuntalarlo con buena fe y criticarlo con lealtad y espíritu de cuerpo. Es el gobierno de Chile.

No hay que terminar de destruir las instituciones sino que debemos rescatarlas de las manos de quienes abusaron de ellas; restaurarlas, reforzarlas y recuperarles su majestad y honor.

Pero falta algo, creo que lo mas importante: falta el motor que dinamice esta renovación. Falta la instancia que identifique y permita la eliminación de la minoría dominante que se apoderó de la política en Chile.

Y aquí ya tenemos una experiencia que en su momento fue útil.

Me refiero a la Comisión Rettig.

El Decreto Nº 355 del 25 de abril de 1990 creó una Comisión de Verdad Y Reconciliación que en sus considerandos adaptados a las presentes circunstancias diría:

1º.- Que la conciencia moral de la Nación requiere el esclarecimiento de la verdad sobre las graves violaciones a la probidad y a la ética política cometidas en el país entre 1990 y 2015:

2º.- Que sólo sobre la base de la verdad será posible satisfacer las exigencias elementales de la justicia y crear las condiciones indispensables para alcanzar una efectiva confianza pública e instituciones sólidas.

3º.- Que sólo el conocimiento de la verdad rehabilitará en el concepto público la dignidad de la política y de la función pública y permitirá reparar en alguna medida el daño causado;

4º.- Que el juzgamiento de cada caso particular, para establecer los delitos que puedan haberse cometido, individualizar a los culpables y aplicar las sanciones que correspondan, es atribución exclusiva de los Tribunales de Justicia.

5º.- Que el ejercicio de las acciones judiciales para dichos efectos, no permite esperar que el país pueda lograr una apreciación global sobre lo ocurrido en un plazo más o menos breve;

6º.- Que la demora en la formación de un serio concepto colectivo al respecto es un factor de perturbación de la convivencia nacional y conspira contra el anhelo de disponer de un estado probo y eficaz.

7º.- Que sin perjuicio de las atribuciones que corresponden a los Tribunales de Justicia, es deber del Presidente de la República, en cuanto encargado del gobierno y la administración del Estado y responsable de promover el bien común de la sociedad, hacer todo lo que su autoridad le permita para contribuir al más pronto y efectivo esclarecimiento de esa verdad;

8º.- Que el informe en conciencia de personas de reconocido prestigio y autoridad moral en el país, que reciban, recojan y analicen todos los antecedentes que se les proporcionen o puedan obtener sobre las más graves violaciones a la probidad y la honradez, permitirá a la opinión nacional formarse un concepto racional y fundado sobre lo ocurrido y proporcionará a los Poderes del Estado elementos que les permitan o faciliten la adopción de las decisiones que a cada cual correspondan;

9º.- Que para satisfacer sus objetivos, la tarea de esas personas ha de cumplirse en un lapso relativamente breve, lo que exige limitarla a casos de asociaciones ilícitas, trafico de influencias, elusión de impuestos y falsificaciones ideológicas para la justificación de transacciones financieras.

Me parece que una instancia así podría ayudar a restablecer el control de la situación y aliviar al Ejecutivo de una carga paralizante; liberar al Congreso para que legisle y advertirlo que viene cambios radicales en la permanencia y comportamiento de sus miembros, y satisfacer los anhelos de Justicia y claridad de la opinión pública.

Podría identificar y sancionar moralmente a los corruptos -o al menos a algunos de ellos- y detendría el deterioro de las instituciones sin las cuales la democracia y la República sufrirán un daño quizás irreparable.

Obviamente nada puede comenzar sin un “Nunca Mas” corporativo del Congreso, Diputados y Senadores; de los Partidos Políticos, y sin un un reconocimiento explícito del Gobierno de sus manejos financieros pre y pos electorales.

El problema es grave y requiere actuar ahora mismo, no queda tiempo para seguir debatiéndonos en el patético deporte de demoler la República.

Algunos políticos se comportan como niños peleando por el asiento, en un tren que corre velozmente hacia el descarrilamiento.