El jueves 27 vimos a la democracia chilena en acción; y mostró fallas estructurales.

Tenemos un grupo político, la izquierda, que se considera la depositaria de la superioridad moral y la legitimidad política, para quienes el hecho de permitir la existencia de cualquier sector político o social que se les oponga es una concesión, una gratuidad que dan voluntariamente; que no existe como un derecho inherente a su condición de ciudadanos chilenos sino que es solo una emanación de su benevolencia.

Esta condición de superioridad es la que determina que las leyes y los derechos ciudadanos son de y para la izquierda y que los “otros” (genéricamente: la derecha) puede tener acceso a ellos mientras se les permita o no sea posible reducirlos o eliminarlos, ya que su condición fundamental de estar en el error y la inmoralidad, los descalifica.

El que haya habido un gobierno de derecha -el de Piñera- es el resultado de una falla del sistema electoral, no es, -no podría ser-, una manifestación mayoritaria y legítima de la ciudadanía y como tal, era una anomalía que fue corregida ya que violentaba la razón y el orden natural. La sola posibilidad de que un grupo que no represente a la izquierda vuelva al poder, es contra natura y si llegara a suceder será válido hacer lo que sea necesario para que fracase y deje de gobernar, y mejor, en medio del escarnio público. Por ejemplo, lo que la izquierda le hizo a Piñera, cuando Andrade declaraba que Chile no se merecía un presidente con menos del 30% de aprobación.

La constatación de que opositores al gobierno, que en su lógica solo pueden ser de “la derecha” o fascistas – como nos lo recordó Francisco Vidal en La Segunda el día 29 recién pasado refiriéndose a los trasportistas-, empleen las mismas armas y exijan los mismos derechos y condiciones que ellos para hacerse oír, es algo conspirativo, que subvierte y ofende la lógica y el sentido común. Es un abuso de confianza, es creerse igual a ellos.

Una manifestación de los estudiantes que simpatizan con el gobierno, -aunque sea críticamente – para ellos es un derecho exigible y respetable, y se les respetó. Que los camioneros exigieran el mismo trato es violencia y contra ellos se puede usar todo, incluso el abuso administrativo de un decreto legal pero arbitrario como el autorizado por La Moneda y firmado por el Secretario Regional Ministerial de Transporte negándoles el derecho a hacer exactamente lo mismo que concedieron a los estudiantes, partidarios suyos.

Los objetivos y las razones de los primeros eran legítimos y al ser simpatizantes del gobierno se ubicaban en lo alto del podio de la moral; los motivos de los segundos, discrepantes y opositores, eran ilegítimos e inmorales, sediciosos para mas de alguno, posibles de ser suprimidos con la violencia que fuera necesaria. Esto explica el llamado del Partido Comunista, un partido miembro de la coalición de gobierno, a sus partidarios de hacerse presentes frente a la Moneda para agredir a los sediciosos. Y lo hicieron y para todos los chilenos, fue “algo normal”; anormal hubiera sido que los agresores fueran “de derecha” y habría que reprimirlos.

Es la lógica que impera en la Venezuela de Chávez y Maduro y en la Argentina de Kirchner, en que La Ley es un derecho para “nosotros”, el gobierno, y un deber y una herramienta de control sobre “ellos”, los opositores.

Aquí está la base del conflicto político en Chile.

Un ejemplo fue el establecimiento de un penal especial para los Militares Presos Políticos, el penal de Punta Peuco –si; son presos políticos porque se les acusa de haber empleado la violencia con fines y motivaciones políticas-, para el gobierno y la izquierda no es, como en realidad lo fue, el resultado de una negociación política entre representantes de grupos políticos antagónicos pero igualmente legítimos, sino una concesión que fue dada para superar una situación “táctica” en que la legitimidad y la moral debían ceder –transitoriamente- ante la ilegitimidad y la inmoralidad y que ahora, habiendo regresado la “normalidad” puede debe ser desconocida.

El diario La Segunda de hoy 29 en la sección Top Secret se plantea que el programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior rechazó hacerse parte en los 190 casos de terrorismo de izquierda entre los años 1970 y 1990 ya que según el secretario ejecutivo del programa, Francisco Ugás (un apellido con prosapia de izquierda)  “la acción penal se encontraría prescrita, lo que impide la comparecencia de esta repartición” y “que no reúne las características contextuales de un crimen de lesa humanidad o un crimen de guerra”. Una posición de toda lógica: los militares era “ellos” y no tiene derecho a nada y toda forma de castigarlos es por consiguiente legitima.

De esta manera, los indultos, las becas, las indemnizaciones y las pensiones a sus partidarios del MIR, FMR y PC, que cometieron delitos de violencia política, si merecían ese trato benévolo, ya que defendían la verdad, la razón y la moral.

Unos empleaban las armas y la violencia para imponer el bien y lo otros lo hacían para imponer el mal. No se puede comparar a los fascistas con los luchadores por la libertad.

En esta línea, la exclamación de la Sra. Bachelet es un síntesis perfecta: “Cuando la izquierda sale a la calle, la derecha tiembla”. ¿Por qué habrían de temblar “los otros”?, porque “nosotros”, cuando enfrentamos a “los fascistas” no argumentamos; desatamos la violencia, el vandalismo, los saqueos, los escupos, los puntapiés. Ese es “nuestro” lenguaje y como “ellos” no saben o tiene escrúpulos para hacerlo, podemos imponer “la verdad, la moral y la razón”, que como es sabido, están siempre a “nuestro” lado. De aquí la majadera insistencia en que sus muertos fueron asesinados “por pensar distinto”, ya que el uso que hicieron de las armas y el terrorismo era un derecho inalienable de los buenos y por consiguiente no entran en la contabilidad criminal.

Es la lógica que Allende expone en su entrevista con Regis Debray, diciendo, que ante la necesidad táctica de tomar el poder, era legítimo firmar un “estatuto de garantías democráticas” con la Democracia Cristiana, que obviamente sería desconocido en cuanto fuera posible o necesario y así fue y cuando “la derecha” exigió que fuera respetada no podía sino tratarse de una acción sediciosa, violenta, reaccionaria, abusadora y todo el diccionario de descalificaciones que todos conocemos.

Mientras la izquierda chilena y su gobierno actual no asuman que los que no son de su bando son ciudadanos con exactamente iguales deberes y derechos políticos y sociales; con el mismo derecho a hacer oír sus voces, a ser escuchados y a ser gobierno; a ser juzgados con la misma vara; a que al gobernar sus razones no solo sean escuchadas sino que sean incorporadas a las decisiones y políticas; que sean respetados como personas y ciudadanos; que son tan decentes o indecentes como ellos mismos, no habrá paz ni estabilidad en Chile.

Este es uno de los problemas centrales de la democracia, según su acepción tradicional occidental, en Chile y nadie está intentando, con honestidad y valor, enfrentar el problema.

Fernando Thauby

29 de Agosto de 2015