Dentro de la saga delictual de la nuera y el hijo de Bachelet, salen a diario nuevas evidencia de los males que afectan a la elite dirigente: empresarial, política, religiosa, judicial, entre otras.

Todos ellos son deplorables, pero pareciera que la descomposición de la justicia es la que mas daño causa al cuerpo social. En efecto, es la degradación del último resguardo de los ciudadanos ante el abuso de “los poderosos de siempre” como tan bien los identifica la Presidenta.

La “filtración” selectiva a la prensa de los contenidos de las investigaciones de algunos fiscales, que lograron dar lustre y brillo a sus nombres para posicionarse como estrellas, es el punto mas alto de la traición sistemática a sus deberes e integridad moral. Mientras los afectados por estos delitos fueron solo los militares no hubo voluntad para que ninguna autoridad reclamara y las pocas, poquísimas, que lo hicieron, fueron completamente ignoradas.

El caso del investigador del “Caso Fragatas”, que “filtró” a un periódico digital un grueso legajo de información Secreta entregada por la Armada es, sin duda, todo un modelo de infidencia y descomposición ética. Cuando hubo un suave reclamo por el abuso, el poder judicial se comprometió a investigar. No pasó nada. Entre bueyes no hay cornadas.

Ahora tenemos la prueba de la forma en que opera la colusión DDHH – Poder Judicial.

Sergio Bustos, -denunciante de los delitos cometidos por la nuera presidencial y sus asociados- se enfrentó, junto a militares y civiles, a una sorprendente e infundada acusación de violaciones a los DDHH a tres meses de hacer su denuncia contra Caval:

El 4 de agosto de 2015 Bustos fue querellado por la “Agrupación de familiares de ejecutados políticos” por su presunta participación en el homicidio del mirista Rolando Angulo, junto a otros civiles y militares. Fue detenido de inmediato, pasó una noche en prisión y sigue siendo investigado en dicha causa que lleva el ministro Claudio Arias de la Corte de Apelaciones de Chillán. “No tenía ningún antecedente (de la acusación), pero sospechaba que algo se había tejido, no sé de dónde. Desde el principio, cuando me citaron a la Corte de Apelaciones de Chillán, no sabía de qué me acusaban. Me extrañó mucho. Siempre sostuve lo mismo, no conozco a la gente que me dicen que estuvo involucrada. El único pecado mío fue vivir en San Carlos. Me había ido a fines de 1973 de San Carlos, porque me había separado de mi mujer, y los hechos ocurrieron en 1974. Sabía que tendría que haber algo oculto en esto pero no sabía cómo ni quién. Me llegó este golpe tan fuerte que estuve una noche preso.

-¿Ud. desconoce las acusaciones en DD.HH.? – No tengo nada que ver con eso. Siempre lo dije y lo sostuve. Me alegra que se hubiese encontrado esta conversación porque me quita un gran peso de encima. Los testigos que aparecen en la querella en mi contra no sé quiénes son, nunca los he visto, y es primera vez que escucho hablar del caballero que mataron”.

La “conversación” a que alude Sergio Bustos es una grabación obtenida por Carabineros de una comunicación entre Mauricio Valero, cómplice de Natalia Compagnon, con una persona identificada como “Ricardo” en que señalan que hablarían con la agrupación de familiares de ejecutados políticos para involucrar a Bustos en violaciones a los  DD.HH., presentando una querella de presunta responsabilidad en la muerte de un mirista ocurrida en 1974.

La conversación ocurrió el martes 31 de marzo de 2015 a las 20.59 de la noche y duró 10,23 minutos, el mismo día que la prensa publicó cuatro correos que mencionaban a “la Señora” (también conocida como “la Madrina”) para conseguir una reunión con Andrónico Luksic, y pedirle $6.500 millones para financiar el negociado que intentaba armar Compagnon y su grupo. En la conversación transcrita por Carabineros, Valero y “Ricardo” traman involucrar a Sergio Bustos en temas de derechos humanos contactando a la “Agrupación de familiares de ejecutados políticos” para que lo haga.

 Diálogo entre Valero y “Ricardo”:

-(Ricardo) Yo preferiría mil veces, como te decía yo la otra vez, -te lo dije medio en broma y medio en serio-, yo haría el contacto con la asociación de educación de detenidos desaparecidos (sic) por el asunto de Bustos como torturador, viejo. Creo que Bustos sería impactante decir dos cosas en la prensa, que Bustos es un torturador sindicado por la asociación de educación de los derechos humanos (sic), y después decir a la prensa cómo es posible que este torturador tener tanta fe, ahora a mí me gustaría hacerlo, hueón”.

(Mauricio Valero) – Ya po, mira, yo mañana me voy a juntar temprano a una reunión a las ocho y media, te voy a mandar los datos para que puedas acompañar a Marcelo a esa reunión.

(Ricardo) -Sí, por supuesto.

(Valero) -Esperamos resolver esto.

(Ricardo) -Correcto.

(Valero) -Este fin de semana, lo antes posible.

Estos hechos muestra que una “agrupación de familiares de ejecutados políticos” puede -y lo hizo- organizar una falsa causa judicial con acusación, denunciantes, testigos y que un juez encierre a ciudadanos inocentes sin pruebas válidas.

La facilidad, rapidez y eficacia de la dupla “organismo de defensa de DDHH – Justicia”, para armar una acusación y encerrar a cualquier persona, son argumentos suficientes para mostrar como funciona el amedrentamiento apoyado en la manipulación de la justicia. El mensaje es claro. “Nosotros hacemos lo que queremos porque tenemos una máquina imbatible”.

El financiamiento del negocio es sólido. La acusación suele terminar sin probar nada, pero el juez, haciendo uso de la ficción del “secuestro permanente” puede encarcelar a cualquiera. La sentencia incluirá una “indemnización” a los demandantes por cifras que rondan los $ 800.000.000, de los cuales el 30% (app $ 270.000.000) van al abogado patrocinante, y el resto se distribuye entre deudos, testigos y otros que mas temprano que tarde quedarán al descubierto..

Organizaciones de DDHH en manos de delincuentes ya cebados y seguros de su impunidad conforman una arma letal para la convivencia nacional.