Los partidos políticos en Chile no son prestigiados ni populares, la gente no confía en ellos, en sus directivos ni en sus miembros. Sus militantes no cumplen sus compromisos, no votan en sus elecciones internas, carecen de formación cívica y política, no tienen “vida partidaria”, un número significativo de ellos está inhabilitado sea porque falleció o por alguna causa legal. Agrava lo señalado, el que sean los contribuyentes quienes financian -con cifras significativas- sus actos electorales, propaganda y funcionamiento administrativo.

Complementa esta condición la imagen y percepción, por cierto fundada, de que los miembros del Congreso tienen dietas y asignaciones extravagantes y abusivas, por completo alejadas de la realidad económica nacional y de las condiciones de vida de los ciudadanos. Tras año y medio de dilaciones redujeron sus dietas en forma mínima y sin tocar sus abultadas asignaciones para gastos diversos.

No contribuye a mejorar esta imagen su pobre desempeño profesional reflejado en un alto número de leyes mal hechas, que deben ser corregidas a las pocas semanas de haber sido aprobadas, por tener errores, omisiones e imprecisiones, por estar incompletas o ser inaplicables o contradictorias con otras leyes. Su desempeño es percibido como incompetente, lo que ofende mucho mas cuando se le compara con los sueldos y beneficios que reciben.

Se agrega el comportamiento personal impropio de sus miembros, circense en muchos casos y frecuentemente impregnado de desprecio hacia la ciudadanía. La falta de educación, experiencia, competencia profesional, recato, honorabilidad y discreción de gran parte de sus miembros es una afrenta constante a los chilenos.

La Constitución define los partidos políticos como “asociaciones autónomas y voluntarias organizadas democráticamente, con personalidad jurídica. Que están integrados por personas que comparten unos mismos principios ideológicos y políticos” y declara que debe existir  “siempre la plena igualdad entre los independientes y los miembros de partidos políticos tanto en la presentación de candidaturas como en su participación en los señalados” actos electorales. Establece también que “los partidos políticos son un instrumento fundamental para la participación política democrática” mediente la promoción de “la participación política activa de la ciudadanía y propender a la inclusión de los diversos sectores de la vida nacional” y “promover la interrelación activa y continua entre la ciudadanía y las instituciones del Estado”, entre otras.

La comunidad de principios ideológicos y políticos es imposible de evaluar y su comportamiento muestra desconocimiento y fidelidad a sus presuntos valores y creencias, quedando en realidad subordinado a las decisiones de las directivas partidarias o a la decisión personal, que muchas veces obedece, con claridad, a sus intereses personales o de grupo.

Es también evidente que el sistema parlamentario está diseñado, en sus aspecto operativos y financieros, para dificultar la existencia y participación de candidatos independientes y que la voluntad de incluir a sectores diversos más allá de sus militantes es, por lo menos discutible, y su promoción de la interrelación entre la ciudadanía y el estado, está limitada por la continua conflictividad entre los partidos, sus políticos y el gobierno, más aún en partidos que declaradamente violan la Constitución y -ostentosamente- no respetan las leyes.

Lo que si es efectivo es que “los partidos políticos son un instrumento fundamental para la participación política democrática”, esto por una razón muy simple, porque la ciudadanía nunca tuvo la capacidad ni la cultura política y ciudadana para organizarce regionalmente, sectorialmente u otra forma, en que la ideología no fuera determinante y excluyente. Recién ahora vemos pequeñas organizaciones sociales con cierta que pueden actuar políticamente con alguna eficacia.

De esta manera, los partidos políticos y sus representantes en el Congreso conforman oligarquías cerradas, controladas por grupos de interés personal, familiar o económico que administran el sistema a su conveniencia, haciendo uso de el poder incontrarrestable de hacer las leyes y cooptar a los organismos del estado, ante la total impotencia y exclusión de la ciudadanía. Sus dietas, beneficios y subsidios, su corrupción y su manejo arbitrario del Poder Judicial son muestras elocuentes de esta autonomía abusadora.

Pero subsiste el punto: no tenempos -por ahora- otra forma mejor para que la ciudadanía se organice al margen de ellos o pueda influir efectivamente en su gestión.

Asi las cosas, me parece que sería realista aspirar a establecer un creciente control ciudadano sobre los políticos y a disputar a los partidos su control sobre su comportamiento.

Una medida fundamental es facilitar la participación de ciudadanos independientes o incluso mejor, facilitar la creación de partidos que deban, obligatoriamente, participar incorporados en grupos mayores, ad – hoc,  temporales predeterminadas. Sea en alianzas o frentes.

Es también imprescindible imponer control de calidad y de comportamientos políticos y personales a los diputados y senadores:

Mayores requisitos de formación académica y experiencia en cargos gubernamentales, municipales o de empresas privadas productivas y de servicios.

Eliminación de algunos vicios burocráticos como el “pareo”, la “abstención” y la “votación secreta”. Esas personas elegidas reciben una paga considerable para tomar decisiones, pública y personalmente. Su participación personal y abierta no puede ser omitida en ninguna circunstancia.

Eliminación de maniobras tramposas como la de “negar el quorum” escabuyéndose de la sala a la hora de votar.

Estas faltas deben ser sancionadas pecuniariamente al infractor, en forma severa e inmediata y su repetición un número predeterminado de veces, sancionada con la destitución temporal o definitiva, del cargo.

Imponer a los diputados y senadores la existencia y mantención actualizada de un sitio en la red, bajo su responsabilidad personal en que conste su asistencia, participación, intervenciones, votación, gestión detallada de los fondos asignados para su desempeño, y dé respuesta clara y concisa de las preguntas que planteen las personas.

Este sitio debe ser de acceso fácil y amistoso a los votantes del distrito que represente, sea  cual haya sido la preferencia política del ciudadano. Esta información se entiende oficial, formal y pública.

Dicha información, sumada al libre empleo de las redes sociales por parte de los ciudadanos proporciona una herramienta eficaz para evaluar el desempeño de cada político.

La creación de una Contraloría del Congreso autónoma e independiente elegida por votación popular junto y simultáneamente con la eleción Presidencial. Esta Contraloría estaría formada por un número reducido de funcionarios públicos de carrera que se desempeñen por lapsos temporales breves, para asegurar su rotación constante, y revisaría las cuentas, el cumplimiento de las asistencias, las acusaciones y demandas que afecten a su desempeño personal y profesional deducidas por los ciudadanos del distrito del representante. Las comisiones investigadores no pueden seguir siendo espectáculos en que la mayoría siempre exonera de toda responsabilidad a sus co religionarios, es imperioso que sean hechas por un ente ajeno al Congreso.

Estos cambios no son una solución final, solo serían el inicio de una larga marcha hasta lograr la democratización y eficiencia del Poder Legislativo. Con ellos aun no se lograría que los miembros del Congreso verdaderamente representen a sus electores, pero reducirían su condición de “propiedad” de los partidos, al estar ahora bajo la mirada escrutadora de los ciudadanos.

Fernando Thauby García

Melosilla 19 de Julio de 2020