El 20 de julio de 2020 Gonzalo Blumel entregó el cargo de Ministro del Interior del segundo gobierno de Sebastián Piñera, luego de la desastrosa gestión de la asonada del 9 de Octubre de 2019 sin poder, hasta el día de hoy, dar una explicación razonable a las causas y motivos que produjeron ese inesperado desastre político nacional.

El prólogo, de Joaquín Fermandois, ensaya una breve explicación bastante mejor que la de Blumel. Al menos transita por la causa basal representada por la muerte del marxismo y la aparición del neo – marxismo, con sus propuestas imposibles y sus exigencias absurdas. Lo increíble es que toda esa ideología enmascara lo de siempre, el afán incansable de la extrema izquierda por asaltar el poder político, en vista a no entregarlo nunca más.

La factibilidad de esa alternativa “revolucionaria” creció al calor de la pelea entre los “auto flagelantes” y los “auto complacientes” de la izquierda que todos querían creer que era la nueva izquierda democrática de Chile. Los autocomplacientes acunados en las prebendas del poder político y disfrutando -vía corrupción desenfrenada- del poder económico del Estado, y los auto flagelantes, mirando y envidiando desde la vereda, llorando la oportunidad que algunos alcanzaron a degustar en su breve e imperdonable gobierno durante la Unidad Popular.

Sin reconocerlo abiertamente, con el cadáver de la URRS aun tibio, el PC se lanzó a “remodelar” las añejas teorías marxistas. Su hombre fue, entre otros innombrables, Ernesto Laclau y su Sra. Chantal Mouffe, “peronistas” afincados en Bélgica, con su propuesta política basada en las carencias de las minorías de todas las layas y clases, exigidas con estridencia -y violencia- muchas de ellas absurdas e imposibles -y por lo misma inmensamente útiles para generar una revuelta civil-.

Piñera fue objeto del mismo tratamiento dos veces: la revolución Pingüina de 2011 y la Octubrista de 2019, ambas capitaneadas desde las sombras por el PC y en la calle lideradas por los Pingüinos y estudiantes fracasados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile -incluyendo a alguno  de sus profesores- devenidos luego en diputados, y no aprendió nada.

El fin de la lucha de clases dejó obsoleta a la Central Unitaria de Trabajadores y sus similares desparramadas por toda la administración pública y alguna ramas productivas. Los nuevos “proletarios” serían” los homosexuales, los ambientalistas, las lesbianas, los veganos, los animalistas, y muchos otros, por aparecer capaces de organizarse en un espacio virtual y levantar un petitorio inclaudicable e imposible de satisfacer. No importaba que fueran incompatibles entre si, no se espera que se cumplieran, eran instrumentales.

Piñera asumió su segunda presidencia con su habitual arrogancia.  Y los “errores no forzados”, también habituales en él, comenzaron: Se “le fue la DC”, su alma mater familiar, luego vinieron, entre otros, el caso Catrillanca, que dio excusa para el “estallido vandálico tan intenso como abrupto que incluyeron ataques sorpresivos y furiosos a las estaciones del Metro”[1].

La violencia de izquierda se extendió a Concepción, Valparaíso, Viña del Mar y en Santiago, a la plaza General Baquedano (rebautizada “Plaza de la Dignidad”), el FPMR hizo clases de guerrilla urbana en el Instituto Nacional, abiertamente y a escasas cuadras de La Moneda, sin que nadie dijera ni hiciera nada.

Los “estudiantes” asesorados por expertos ensayaban y practicaba, pública y notoriamente, asaltos y destrucción de las estaciones del Metro[2].

El segundo año del Gobierno de Piñera comenzó igual que el de su primer gobierno: mal.

Piñera repitió sus desatinos habituales: llevó a sus hijos a su gira oficial a China. Lanzó la idea de los “medidores inteligentes”, viajó al extranjero mientras la economía decaía. Los “Tiempos Mejores” se habían convertido en “Tiempos Difíciles”. Un informe interno hablaba de “señales de populismo y desborde institucional en el Parlamento”. Surgieron nuevas e inconducentes polémicas.

“El invierno también pareció venir de la mano de una lenta pero persistente rearticulación de la calle”[3], es decir de creciente pérdida de autoridad del gobierno.

Mientras tanto Piñera divagaba pensando en su “legado” en base a una enérgica actividad internacional que incluía las Cumbres de la “COP25” y de la APEC” que, eventualmente, lo llevaría al liderazgo regional.[4]

Y llegó el 19 de octubre. La reacción de Blumel, Ministro del Interior y de Piñera, presidente de la República fue penosa[5]. Sin ninguna experiencia, pese a haber tenido ejercicios similares en su primera administración, no entendían nada, solo veía situaciones parciales sin integrarlas en un concepto estratégico. Ambos “se sienten víctimas de varias situaciones políticas y sociales que habrían evolucionado para mal” en los últimos años, pero cuya responsabilidad no los tocaba, menos aún a hacer las previsiones para evitarlos, controlarlas o reprimirlas y cumplir una de las primeras y más importantes de sus obligaciones constitucionales: mantener el orden público y hacer respetar las leyes.

El 19 de octubre, con Blumel llegando a su oficina, Boric, (si ese Boric), llama a Blumel por teléfono para comentarle la situación: “Gonzalo, lo que está pasando es serio” -Boric me hizo un pormenorizado análisis de lo que estaba ocurriendo en el Metro, “En esto no está el Frente Amplio , ni siquiera somos capaces de dimensionarlo”. Me dijo: ”Aquí hay algo nuevo, mucho más fuerte y violento”.

El Ministro del Interior comenta para si mismo: “Era como si se aproximase un huracán. Una catástrofe apocalíptica que arrasaría con todo y ante la cual no habría escapatoria posible”.

¡Un líder listo para enfrentar a un enemigo mucho más débil y sin legitimidad alguna, del cual Piñera y su Gobierno lo ignoraban todo!.

“Blumel: “Seguí con un dejo de impotencia el curso de los acontecimientos. Era poco y nada lo que podía hacer frente a lo que estaba sucediendo” “Mientras revisaba la avalancha de mensajes que inundaban mi teléfono , apareció una imagen de un grupo que compartía con mi equipo de prensa. Era una fotografía del presidente Piñera en un restaurante del sector oriente de la capital. Supuse que era una fake news. O quizás un error. … Al poco rato se confirmó la noticia: “el mal cálculo o a fatalidad hicieron que se ausentara unos momentos de la Moneda para una celebración familiar. Alguien le sacó una foto ….

Pocos días después este “mal calculo o fatalidad” hizo que Piñera repitiera este tipo de performances al hacerse fotografiar a los pies del Monumento al General Baquedano, en un momento en que no había vandalismo a su alrededor[6].

Mas bien parecía una tendencia.

Un somero análisis nos muestra a un Presidente aislado, sin organismos de planificación ni ejecución, a un Ministro del Interior desconocedor y sin la menor experiencia en el tipo de problemas que enfrentaba, pese a que venían ocurriendo desde mucho tiempo antes.

Se puede apreciar el fenómeno frecuente en líderes poco capaces: negar y dar por inexistente todas las situaciones que los asustan, los confunden o los sacan de sus prejuicios. Todo esto se asemeja a las últimas horas de Hitler en su bunker, solo que a escala subdesarrollada y con actores de tercera.

El pobre Blumel recibe de Boric, lo que considera la única información precisa y creíble. Y se la traga completa.

El balance del Ministro del Interior es increíble: “fue devastador, no solo por los heridos, los incendios y el vandalismo. Fue demoledor también por otros dos conceptos . Porque medio país en un a masiva fuga hacia la insensatez para la cual todavía no encuentro explicación, hizo vista gorda de la violencia y, además porque el Estado chileno, en términos prácticos, no pudo o no supo responder con eficacia frente a lo que estaba ocurriendo . En mas de un sentido nos desfondamos”. Twitter, Facebook e Instagram daban cuenta de nuevas convocatorias a manifestaciones y protestas para el sábado. A la consigna de los “treinta pesos”, ahora se unían “las pensiones, la salud, los sueldos, los abusos, a elites, el modelo. Pasamos de un hecho puntual a una verdadera explosión en contra del orden establecido”. “Pero lejos lo más complejo era el desconcierto que la situación estaba produciendo”.

Nos cuenta que al cruzarse en un pasillo de la Moneda con el General Javier Iturriaga piensa que “no dejaba de agradecer mentalmente que ese tema imposible estuviese fuera de mis atribuciones”. 

El Ministro del Interior se siente ajeno a la violencia que demanda un estado de emergencia, siente que con la declaración de algún Estado de Excepción Constitucional”, se deshará del problema y lo entregará “a los militares”; a “La Vuelta Corta”.

Le sorprende que, a diferencia del 2010, “ahora había críticas e insultos a las FFAA, ahora amarradas con el oportunismo de los dirigentes del PC y el Frente Amplio, como Daniel Jadue o Gabriel Boric”. “Y la noche del 19 de octubre terminó con el general Iturriaga decretando toque de queda, el primero después de 30 años que no tuvo por motivo un desastre natural. El Estado de Emergencia se extendió a otras regiones del país, manteniéndose así hasta el 27 de octubre, incluyendo siete noches de toque de queda”

En su ¿ignorancia? se cree responsable solo del “manejo político” de la crisis, entendiendo por político el regateo con sus pares de otros partidos políticos. Del manejo del problema entre la Clase Política y el Gobierno.

Para él, esa es “La Vuelta Larga” que se ufana de haber manejado con éxito, y el punto de quiebre fue el radical cambio de opinión de Piñera cuando luego de estar dispuesto a decretar el estado de emergencia, conversa con el Comandante en jefe del Ejército, General Ricardo Martínez, quien le plantea claramente: “Necesitamos que nos indique con claridad lo que espera del Ejército en estas circunstancias” “en cualquier caso, Presidente; vamos a cumplir lo que se disponga”.

Piñera “lo medita” y decide no decretar estado de emergencia constitucional y en cadena nacional, informa que cede a la exigencia de los sublevados y que acepta el Acuerdo por la Paz, la Justicia, y por una Nueva Constitución para Chile.

La izquierda revolucionaria y violenta, reunida en una fementida Mesa de Unidad Social emergió como la cara visible del Partido Comunista y del Frente Amplio y de los elementos más violentos y golpistas del socialismo que de inmediato llama a una “huelga general” y se da comienzo a la curiosa zaga de una constitución que tiene al país dividido, atascado y en decadencia paralizante hasta hoy, fines de noviembre de 2023, dando una interminable La Vuelta Larga.

Según Blumel, “la Vuelta Corta consistía en eludir el problema político para conseguir  antes que nada, el restablecimiento del orden público, al precio que fuera, apelando a los estados de excepción y al uso de la fuerza encargando el manejo de la crisis a las FFAA” y la Vuelta Larga consistió en la búsqueda de una salida política sobre la base de un acuerdo ampliamente consensuado”.

El consenso, en su punto más crítico del plebiscito de entrada y del quorum para los acuerdos de la Convención, fue negociado entre el Ministro del Interior y Boric, presidente del partido mas extremista de la izquierda y de mas escasa representatividad política real.

No se consiguió la paz social, el vandalismo continuaría por muchos tiempo mas, y lo peor, el Gobierno dejó de exigir e imponer el cumplimiento de la ley, que se reflejó y continúa reflejándose en una grave depreciación de la legalidad en beneficio de los delincuentes y en pérdida para los ciudadanos. Si alguien cree que los vándalos del “Estallido” están en compartimentos separados de los traficantes de drogas, sicarios, asesinos, secuestradores y corruptos está equivocado y la realidad nacional así lo confirma.

Blumel muestra un grave y políticamente conveniente error de concepto, completamente inaceptable en un funcionario estatal de ese nivel: Durante los Estados de Excepción, el uso de la fuerza sigue siendo de responsabilidad suya, ella no se transfiere a ningún jefe militar. La conservación del orden y la seguridad es tarea del Gobierno, que es apoyado por los militares o otros organismos del estado, para el manejo integral de la crisis”. La responsabilidad NUNCA se delega. Sus pensamiento tranquilizadores al cruzarse con el General Iturriaga de que “no dejaba de agradecer mentalmente que ese tema imposible estuviese fuera de mis atribuciones” eran y fueron siempre infundados e irresponsables.

En esta línea, también reclama que “debieron asumir que estaban operando casi a ciegas. Los informes de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) no solo no previeron el 18 de octubre sino que abundaban en generalidades y lugares comunes”. Antes del 19 de Octubre, Piñera fue presidente de Chile durante seis años, cuatro en su primer período y dos en el segundo. Cabe preguntarse ¿cómo ejerció el mando de la República completamente a ciegas?. ¿Por qué no corrigió este grave déficit?.

“Una de las pruebas más evidentes de lo despistadas que estaban nuestras agencias de inteligencia fueron los reportes sobre la participación de agentes extranjeros”. ¿En qué se afirma esa descalificación?, es evidente que no había agentes extranjeros desfilando con uniformes en la Alameda, estaban muy ocupados en las redes sociales y en la provisión de recursos financieros a grupos delictuales que operaban en conjunto con gente del PC y del Frente Amplio, en el financiamiento del vandalismo y comprando “soldados” entre el lumpen y apoyo político en Chile y en el extranjero.

Pero tal vez lo más grave, ¿dónde estaban los “analistas políticos” financiados generosamente con fondos reservados a fundaciones, institutos y asesores que no tomaron nota del radical cambio de estrategia del PC y sus aliados, cambiando a Lenin por Laclau?. ¿Es que Blumel no sabe nada de las ideologías y estrategias políticas de sus enemigos auto declarados?.

Continúa: “El punto que mayor desmoralización causaba en el aparato de seguridad pública era la falta de herramientas legales para combatir el vandalismo y los desórdenes públicos”. Increíble. No se da por aludido de las expresiones de Lagos, ministro de Obras Públicas, cuando aprobaba la primera, inicial e impune destrucción de los bienes públicos de la Plaza de Armas alegando que “hay que dejar que los muchachos se expresen”. O la increíble Bachelet con su “cuando la izquierda sale a la calle la derecha tiembla”.

Respecto a la incuria y corruptela generalizada en el Poder Judicial, ensalzando su persecución perruna contra las FFAA, e ignorando su asociación obvia y evidente con los próceres políticos y empresariales para cubrir una corrupción que todo Chile conocía.

Piñera y su extrema largueza en la provisión de personal y recursos a los Organismos de Derechos Humanos, controlados por la izquierda y asociados a los medios de televisión en forma obscena, son una pequeña confirmación de su incompetencia como líder político nacional, que terminó pagando caro.

El penoso espectáculo de su primer gobierno arrinconado por los estudiantes secundarios dirigidos por Boric y otros de su jaez, que posteriormente sería el  más contundente asesor de Blumel en la crisis de Octubre y el triste show de la Prueba de Aptitud Académica de 2019, en que el Ejecutivo hizo el ridículo más patético, negociando y siendo transformado en el hazmerreír de los niños de secundaria

El entrenamiento y ensayos terrorista previos al 19 de Octubre, a pocas cuadras del escritorio de Piñera en La Moneda, con fotos de Boric, el líder de parte de la Revuelta, pasando bajo un torniquete y la consiguiente leyenda : Evadir es Combatir, algo debieron decirle a alguien que confía tanto en su soberbia, su inteligencia, su libretita y sus lápices rojo y azul.

La Vuelta Larga había comenzado mucho tiempo antes.

La Vuelta Corta, la imposición de la ley en todo tiempo y circunstancia, a todo actor nacional, grande o chico, pobre o rico, es la base imprescindible de la función estatal. Es la garantía de la existencia del pacto social, sin el cual el Ejecutivo pierde toda su respetabilidad y autoridad. Puede ser complementado o seguido por la Vuelta Larga en que la Clase Política estiba la carga y renegocia sus prebendas y acuerdos legales y los otros no tanto, pero la segunda nunca podrá ser llevada a cabo desde la debilidad, complicidad o impotencia del Estado frente a sus enemigos.

Melosilla, 26 de Noviembre de 2023

            Fernando Thauby García.

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[1] Blumel, pag 116.

[2] El lugar habitual y mas notorio para estas práctica fue la Estación Moneda, del Metro, a una escasa cuadra del escritorio de Piñera.

[3] Blumel, pag 127.

[4] Incluían a líderes mundiales que llegarían a Chile en cosa de semanas,

[5] Blumel pgs. 133 a 136.

[6] Blumel pag. 138

Hace algunos días una vocera del partido comunista informó que su partido, por ahora, no insistirían en un tercer intento para implantar una Constitución que les entregue a ellos el poder total y que eso quedaría para una fecha posterior, en que se llevaría a efecto “desde la calle”, es decir, repitiendo la estrategia que tuvo éxito el 19 de Octubre de 2019 y años siguientes como lo muestra el libro “La vuelta Larga”[1], que constituye un testimonio formal de la pobreza del análisis estratégico del gobierno de Piñera y de su falta de comprensión del uso de la violencia como estrategia política por parte de la izquierda chilena.

El Diccionario de la RAE define el golpe de Estado en términos de una “actuación violenta y rápida, generalmente por fuerzas militares o rebeldes, por la que un grupo determinado se apodera o intenta apoderarse de los resortes del gobierno de un Estado, desplazando a las autoridades existentes”.

Seguramente sin pretenderlo, Sergio Micco se acercó a la realidad cuando describió que la asonada: “fue un intento de ‘usurpación violenta’ del poder del Estado, ya que había una ‘organización política’ (el PC) que buscaba tomarse La Moneda y desalojar al presidente de la República por medios violentos e inconstitucionales”.

Nadie podría sostener, de buena fe, que la asonada se trató de una expresión democrática espontánea.

Para analizar el fenómeno de la guerra -enfrentamiento armado con propósitos políticos-, nadie mejor que Clausewiz.[2] La Fuerza Física es el medio; imponer Nuestra Voluntad al enemigo es el objetivo y para alcanzar ese objetivo es necesario Desarmarlo (colocar al enemigo en una situación más desventajosa que la de caer bajo nuestro dominio).

Esta es la conocida como “Trinidad” de Clausewitz:  Relación que describe los elementos que la componen y que se puede graficar como sigue:

PUEBLO / PASIÓN

Impulso natural, emotividad, violencia de su naturaleza esencial, odio y enemistad primordial, pasión religiosa (ideológica o social), étnica y nacional           

GOBIERNO / RACIONALIDAD

Instrumento político, inteligencia del Estado personificado, dominio de la inteligencia pura.                            

EJERCITO / FUERZA – VIOLENCIA

El azar y las probabilidades de triunfar, a ser controladas mediante el valor de los ejércitos y el carácter de sus jefes.     

Cuando Clausewitz escribió su obra, la guerra era concebida convencionalmente como la actividad de un estado establecido que empleaba fuerzas subordinadas a él, para combatir a otro estado de características similares.          

Dado que el territorio define el ámbito de dominio del Estado, el control del espacio físico era el objeto más específico de la guerra; el cruce militar de las fronteras, la materialización más clara del casus belli y de la iniciación de las hostilidades, y siendo el ejército el instrumento para la aplicación de la violencia, su destrucción, – física o moral -, se constituía en un objetivo estratégico militar de principal importancia.

Los conflictos fuera de este ámbito interestatal, no eran considerados propiamente guerra.

En el ámbito social y político actual estos límites ya fueron superados y el futuro es cada día más confuso.

ANALICEMOS UN EJEMPLO CONOCIDO: CHILE 1970.

La Unidad Popular.

• Un grupo político dispuesto a imponer una dictadura ideológica acaba de obtener legítimamente el control del Estado.
• El Gobierno tiene serias limitaciones legales, políticas y de gestión para ejercer el control total del Estado y hacerlo funcionar efectivamente aplicando su ideología.
• Para capturar el poder total sobre el Estado, ha elegido la vía de subvertir a las FFAA o, alternativamente, paralizarlas y apoderarse de su control.
• Cuenta con algunas organizaciones paramilitares (MIR, y otras) incompetentes e indisciplinadas, pero ruidosas. 

La Oposición.

• Constituida por una variedad de grupos políticos que tenían en común solo un pequeño margen de acuerdo basado en la resistencia a la dictadura ideológica que quiere imponer la Unidad Popular.
• La oposición controla una parte sustantiva de la creación de riquezas y recursos económicos para el Estado y para la Población y prácticamente monopolizaba la capacidad de Gestión.
• A su sombra pululan grupúsculos extremistas irrelevantes.

Las FFAA.

• No comparten la idea de un gobierno revolucionario marxista, están apropiadamente cohesionadas y tienen capacidad real de causar daño significativamente mayor que las fuerzas paramilitares preexistentes a las elecciones presidenciales.

Objetivo Político de los contendientes.

• Establecer y ejercer el Control del Estado, con propósitos políticos mutuamente excluyentes.

Los Hechos.

El gobierno de la UP no pudo controlar la economía ni prestar los servicios a que el Estado estaba obligado respecto a la ciudadanía. No logró crear una movilización “popular” que amedrentara a las FFAA y a la oposición. El Gobierno se dividió en una alternativa claramente violenta y otra política más o menos pacífica.

Fue incapaz de quebrar, decisivamente, la moral de las FFAA y comprometerlas con su Gobierno. Fue incapaz de mantener bajo control a sus grupitos armados revolucionarios, que no pudieron alcanzar capacidades militares significativas y terminaron siendo contraproducentes a su estrategia general y que cuando llegó el enfrentamiento decisivo fueron derrotadas inapelablemente

La Oposición, por su parte, fue capaz de trabar y dificultar seriamente la gestión del Estado en su relación con el Pueblo. Pudo generar movilizaciones laborales y populares menos combativas que las del gobierno, pero más significativas política y económicamente y consolidó una asociación limitada, pero sin alternativas: ganar o ser destruidos.

El Epílogo

Una vez derrotados el 11 de septiembre y meses posteriores, el Partido Comunista, cediendo a la presión cubana, optó por construir un ejército Popular Revolucionario en el extranjero e incorporarlo al territorio nacional en forma paulatina para, una vez alcanzada cierta paridad con las FFAA del Estado, pasar al asalto para combatir en una dupla formada por el FPMR en una función de combate regular armado y por las Brigadas Rodriguistas para la creación y sostenimiento de la batalla popular urbana.

Fueron derrotados inapelablemente por el Estado y sus FFAA e instituciones de gestión económica y política y se replegaron ingresando a la Concertación de Partidos por la Democracia controlada ahora por sus adversarios ideológicos, también de izquierda, pero no partidarios de la lucha armada.

VOLVAMOS A CLAUSEWITZ:

«Estas tres tendencias (Pueblo, Razón, Fuerza) se manifiestan con fuerza de leyes y al mismo tiempo varían en magnitud. Una teoría que insistiera en no tomar en cuenta a una de ellas o en fijar una relación arbitraria entre las mismas, caería en contradicción con la realidad … El problema consiste, por lo tanto, en mantener a la teoría en equilibrio entre estas tres tendencias. (Fuerza / Ejército); (Razón / Gobierno del Estado); y (Pasión / Pueblo), como si fueran tres centros de atracción».

Como según la teoría original de Clausewitz el empleo de la fuerza por parte de un gobierno en forma debe materializarse necesariamente mediante fuerzas militares bajo su control, y como la formación de un ejército nacional regular requiere ineludiblemente de la existencia de un estado, – nación, gobierno y territorio -, podemos concluir que la aplicación de la violencia entre estados formalmente establecidos, organizados y gobernados normalmente será trinitaria.      

Sin embargo, cuando el Gobierno de uno de los bandos en lucha pierde o carece del control sobre parte sustancial de su territorio, y su capacidad se reduce a la sola conducción de operaciones militares o muy poco más (Mao, Tse Tung, guerra revolucionaria 1967) y subsiste en la forma de bandas armadas con una carga de violencia primordial de cualquier naturaleza[3], tenemos a un pueblo empleando la violencia militar irregular contra un estado, para obtener los fines de la guerra (Afganistán 2023).    

Si aceptamos la definición de guerra que Clausewitz acuñó en su célebre fórmula -«la guerra no es simplemente un acto político, sino un verdadero instrumento político, una continuación de la actividad política, una realización de ésta por otros medios»- este tipo de enfrentamiento continuaría siendo una forma de guerra o de aplicación de la violencia para la obtención de fines políticos.

El conflicto violento Intra Estatal a la luz de los conceptos que hemos propuesto para este análisis, admite dos posibles clasificaciones: empleados por parte del gobierno establecido contra parte de su propio pueblo, constituiría una forma de conflicto trinitario empleando «armas o procedimientos prohibidos» dentro de las convenciones que regulan este tipo de guerra (Chávez contra Venezuela); y cuando fuera empleada por grupos no gubernamentales para obtener objetivos políticos contra el propio estado, (FARC, 2010) caerían en la categoría en que cada país clasifique el empleo de la violencia armada contra el Estado, por parte de civiles[4], hasta que reconozca su condición de beligerantes y se transforme en guerra civil.

Relaciones entre los factores en un conflicto Intra Estatal.

Podemos apreciar DOS grupos en pugna:

Uno (1) el Gobierno que está ejerciendo el  Poder y en control de por lo menos dos de los elementos de la trinidad (Gobierno y Ejército).  Al cual se le opone (2) un grupo aspirante a ser Gobierno, que contará con apoyo de parte del Pueblo -o de sus grupos más movilizados- en un grado que estima suficiente para comenzar las hostilidades. No contará con Ejército y deberá neutralizar las fuerzas militares del gobierno o reducirlas a la impotencia.

Este conjunto de elementos y situaciones es la base de la existencia de las estrategias políticas asimétricas, la guerra irregular, la guerra hibrida y muchas otras denominaciones.

Breve revista a lo acontecido en Chile el 18 de Octubre de 2019 y siguientes.

La Izquierda, en especial el Partido Comunista, analizó en detalle su fracaso posterior a 1973 y efectuó importantes cambios a su concepción estratégica para el asalto violento al poder, que estuvo acompañada de varias campañas contribuyentes a adquirir las capacidades necesarias.

Revisemos la construcción del escenario estratégico en el cual se daría la nueva batalla por el control del Estado.

Extrema Izquierda

• Mando político descentralizado coordinando las cúpulas de los partidos extremistas de izquierda. El PC consiguió una influencia desproporcionada a su peso político, aliándose con el Frente Amplio y distanciándose de la Concertación de Partidos por la Democracia.
• Cambio de su orgánica, abandonando las organizaciones “Obreras de Clase” (la CUT)y se cambió a la organización por “Territorios” y dentro de ellos, por “Minorías”[5].
• En las operaciones no se mostraron abiertamente y transfirieron el mando operativo y táctico a “organizaciones sociales” coordinadas centralmente por el PC, “dedicadas” a generar violencia y descontrol por áreas, por tipos de objetivos y acciones. Movilización enérgica de estudiantes de todos los niveles, incorporación sistemática del lumpen y drogas. Control e incorporación de “minorías” activas de todo tipo: homosexuales, mujeres, veganos, ambientalistas etc.
• Neutralización de la acción de las policías mediante su desmoralización en base a acusaciones de “defensa de los DDHH”. Protagonismo agresivo del INDH en coordinación con la acción de la prensa y Poder Judicial.
• Mantener a las FFAA sin capacidades, doctrinas ni voluntad de acción en Seguridad Interior mediante los DDHH y acción del Poder Judicial, difamación y acusaciones falsas.
• Incorporación de las redes sociales. Tuvieron éxito en cuanto a su capacidad de coordinación de acciones, pero fueron derrotados por la derecha en el control y masividad de su uso. Empleo sistemático de la prensa TV, matinales y otros.
• Acción política contra el gobierno desde los OOII regionales y la ONU.
• La falta del factor «cálculo político», señalado por Clausewitz como el elemento moderador, llevó a la izquierda a niveles de violencia y duración desconocidos en Chile, que resultaron contraproducentes, al distanciarlos de parte sustantiva del “Pueblo”.

La estructura estratégica del Gobierno de Piñera.

• Piñera y su gobierno nunca mostraron líneas estratégicas apuntadas a mantener el poder y contrarrestar los preparativos del enemigo.
• Ejerció el mando “en solitario”.
• Solo mostró interés en el factor Gobierno, dejando abandonado los factores Pueblo y Fuerza. Aun así, la orientación estratégica de Gobierno dirigida prioritariamente al ámbito económico, de posicionamiento internacional y de prestigio personal de Piñera no pudieron contrarrestar la campaña de promoción de la inmigración ilegal -crecimiento de la miseria y la delincuencia- y su constante demostración de incapacidad frente a la delincuencia, revueltas y desórdenes, que debilitaron su capacidad de gobierno.
• Fue completamente sorprendido por la estrategia enemiga que nunca logró comprender.
• Dado que los motivos de tipo religioso, nacionalista, racial o ideológico tienen una mayor potencialidad emotiva y son menos sensibles al cálculo costo-beneficio que los de orden político idealista, – como la imposición de la justicia y la democracia -, o materialista, – como asegurar el acceso a un bienes y servicios -, parecería que en este aspecto, la balanza se inclinaría hacia el estado militarmente más fuerte sólo si éste empleara masivamente sus recursos materiales, económicos y morales para imponer una resolución a corto plazo, que fue exactamente lo que Piñera y su gobierno no se atrevieron a hacer.

Comentarios finales.

– Si efectivamente el factor pueblo[6] es nuevamente el de mayor preponderancia en los escenarios bélicos futuros, la tarea más importante de los gobiernos será determinar acertadamente y explicar  convincentemente a la opinión pública los objetivos políticos de la guerra; diagnosticar con precisión «la naturaleza» de la guerra a la que se verá enfrentado; ponderar la capacidad de movilización popular de la causa por la que se lucha[7], diseñar el ejército que sea capaz de potenciar y potenciarse de la voluntad de lucha nacional, e imaginar la forma en que articulará los factores tiempo, recursos militares, materiales y oportunidad, para ganar la guerra, entendido esto como el sometimiento de la intención hostil y la actividad de las fuerzas hostiles del gobierno, pueblo y fuerzas militares del enemigo.

– Los ejércitos regulares tendrían dos desafíos de primordial importancia: Desarrollar los conceptos estratégicos, operacionales, tácticos, técnicos y logísticos para ser capaz de producir los efectos políticos deseados en un marco muy restrictivo, precisamente delimitado y bajo la constante observación pública propia y de terceros. Estos efectos a veces se producirán mediante acciones militares, pero en otras ocasiones lo militar deberá subordinarse a las necesidades del concepto general de la guerra que, como hemos dicho, frecuentemente tendrá como objetivo algo tan elusivo como la moral de la opinión pública, de los gobiernos y de las propias fuerzas militares adversarias.

Melosilla, 24 de noviembre de 2023

Fernando Thauby García

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[1] La vuelta Larga, Crónica personal de la crisis de octubre.  Gonzalo Blumel Editorial Ediciones UC

[2] De la Guerra, Karl von Clausewitz. Ediciones Mar Océano, Buenos Aires. 

[3] Actualmente sentimientos religiosos extremos e ideologías totalitarias.

[4] Los civiles en armas, cualquiera sea la tropelía que efectúen no violarían los derechos humanos de la ciudadanía ya que, según los Convenios Internacionales Vigentes, solo los estados y sus representantes violan los ddhh.

[5] Ernesto Laclau, (1935-2014) estudió en las Universidades de Buenos Aires y Oxford, y desde 1973 fue catedrático de teoría política de la Universidad de Essex, en Inglaterra. Especialista en el pensamiento gramsciano, desarrolló una intensa actividad como profesor visitante en Toronto, Chicago y varias universidades latinoamericanas, y es reconocido internacionalmente como uno de los principales teóricos del posmarxismo. Sus principales obras son “Política e ideología en la teoría marxista” y junto a su principal colaborador, Chantal Mouffe, “Hegemonía y estrategia socialista”.

[6] Casos de Guerra interna en Siria, Afganistán, Israel/Palestina, Turquía/Armenia, Rusia/Ucrania.

[7] Así el viernes 18 de octubre 2019 tras una semana de evasiones en el tren subterráneo, en todo el país se replicaron las manifestaciones y la noche terminó con cacerolazos y un incendio afectando a parte del edificio corporativo de Enel en Santiago centro. Solo esa noche el Presidente Sebastián Piñera decretó Estado de Emergencia en la Región Metropolitana, dejando a cargo de la seguridad al general del Ejército, Javier Iturriaga y a los militares en las calles. Todo sin ningún análisis estratégico serio alguno. La noche del 19 de octubre terminó con el general Iturriaga decretando toque de queda, el primero después de 30 años que no tuvo por motivo un desastre natural.

Este blog es para Marinos en Retiro.

Hemos recibido educación cívica y entendemos la función política de las FFAA. También hemos sido educados para cumplir nuestra misión al margen de la actividad política contingente. Por convicción y doctrina desconfiamos de los practicantes de ella.

Desde otra perspectiva, nuestra lógica de vida y de trabajo apunta a enfrentar problemas para resolverlos, a revisar todas las posibles alternativas y compararlas entre si desde múltiples ángulos para quedarnos con la más eficiente y luego transformar a la mejor de ellas en acciones para ser aplicada hasta la resolución del problema que nos fue encomendado.

En breve, la objetividad del análisis, la revisión de todas las posibles alternativas, su transformación en acciones concretas medibles, la valorización de los resultados y su análisis ex post para extraer experiencias y aprender de ellas, conforman la mentalidad naval. La excusas no sirven, les explicaciones sobran, los fracasos se cobran y se pagan, la responsabilidad personal y profesional es el supervisor constante e inexorable de nuestras acciones. Nuestro compromiso es con el colectivo, la unidad, la organización táctica o administrativa, en último término, la Armada y la Patria. Nunca con el interés personal.

Estas características nos mantiene alejados de la política y reacios a involucrarnos con ella y con los que la practican.

Pero olvidamos que, en nuestros días, en nuestra condición de Retiro y en nuestra Patria, “Si tú no te metes con la Política, la política, de todas maneras, se meterá contigo”.

Me parece que el eje de nuestro conflicto con la praxis política (que se cuela hasta lo social) es el choque entre nuestra formación orientada a la solución eficiente versus la ideología.

Se entiende por ideologías políticas a “los conjuntos de ideas o postulados fundamentales que caracterizan a los partidos políticos en relación a cómo deberían funcionar las instituciones de un Estado o una sociedad. Las ideologías políticas ofrecen un programa político y cultural para un determinado orden social. Una ideología política se ocupa de cómo debería distribuirse el poder y a cuáles fines debería dirigirse”.

Una ideología entonces es un conjunto de ideas preconcebidas para ser implantadas a una sociedad. Usualmente, cada ideología contiene ciertas ideas de lo que considera la mejor forma de gobierno (por ejemplo, la democracia, la teocracia, etc.), y el mejor sistema económico (por ejemplo, el capitalismo, el socialismo o comunismo, etc.). En ocasiones se usa la misma palabra para identificar una ideología y una de sus ideas principales. Por ejemplo, el «socialismo» puede referirse a un modelo económico, o puede referirse a una ideología como sistema.

Finalmente, las ideologías políticas se clasifican en dos dimensiones:

Fines: Cómo debería funcionar u organizarse la sociedad.

Métodos: La manera (Estrategia) más apropiada para lograr este fin.

En el mundo actual, las ideologías han ido debilitándose en sus aspectos ideológicos o valóricos, en beneficio de la aceptación de un conjunto variable de derechos de las personas y de conductas sociales. Siguen más o menos sólidas en cuanto a los modelos económicos en que se sustentaría cada una de ellas.

En casi todo el mundo Occidental se han impuestos las ideologías democráticas y los sistemas económicos próximos al capitalismo.

En nuestro país, caso anormal, la ideología marxista (en su versión comunista) ha transitado desde el comunismo soviético, al castrismo, al socialismo democrático y recientemente el pos-marxismo o neo-marxismo en la versión de Laclau, identitario y populista, próximo al Peronismo argentino clásico. De todas maneras, una versión barroca y decadente del marxismo clásico, pero envuelta en un intenso populismo que, al llegar a mentes débiles, poco o mal educadas, aún ejerce atracción sobre algunos segmentos juveniles y de las “viudas” del marxismo tradicional, ya agónico.

Esta versión aplica como fines las mismas del marxismo tradicional – el control político de la sociedad por parte del partido comunista- y como estrategia, las mismas dos que ha aplicado siempre en Chile: el uso y abuso del sistema democrático, deformándolo y retorciéndolo hasta hacerlo irreconocible o el empleo de la fuerza y la violencia para imponerlo, cuando la oportunidad se presente.

La sociedad mundial y en ella la nuestra, está enfrentando una serie de cambios profundos que se suceden y superponen con alta velocidad, la informática, las comunicaciones de masas, la inteligencia artificial, la desaparición de las grandes fábricas de la Revolución Industrial y la paulatina desaparición de la Clase Obrera. La decadencia de las estructuras familiares y nacionales tradicionales, el abandono de las religiones y la aparición de rituales y creencias exóticas a nuestra cultura, nuevas formas de producción y comercialización, nuevas asociatividades, cambio de roles sociales tradicionales, supremacía de la clase media, imponiendo sus gustos, preferencias y tendencias. Concentración de la riqueza en pocas fortunas mundiales que se potencian con la globalización y la movilidad de personas, bienes y servicios. Desequilibrios geopolíticos y sociales, nuevas formas de guerra y nuevas armas, guerras de estados contra pueblos y guerras de pueblos contra pueblos, que parecían ya superadas, vuelven con gran letalidad.

En la lógica de estas ideas, todo este escenario muestra, sin duda, que cualquier idea, doctrina o ideología social, económica o política preconcebida, universal y apta para todos, en cualquier país o circunstancia, no tiene ningún destino, por el contrario es la Gestión, la adaptabilidad y la comprensión de la peculiaridad de cada caso, lo que hace la diferencia, es la capacidad de apreciar, entender y manejar cada caso en su propio valor y circunstancias y en el entendido que se construye sobre una base flotante, móvil, variable y no completamente conocida. Los que triunfen en el control de estas habilidades y destrezas son los Estados, Países y Organizaciones de diversos tipos, los que prevalecerán y tendrán éxito.

Ahí está la fortaleza, la habilidad y la vocación que nos da “valor agregado” para liderar, participar, gestionar y movilizar personas, intelectos, recursos y voluntades en actividades fabriles, deportivas, sociales, gremiales, académicas, artísticas y muchas más.

Tenemos valor político, y alto. Podemos y debemos participar, no desde la perspectiva ideológica, sino que desde y para, la relación con el medio y la obtención de resultados.

           Fernando Thauby García

      Melosilla 2 de noviembre de 2023

Hablemos de la realidad política chilena, aquí, ahora y en el pasado reciente, la que hemos conocido, vivido y sufrido.

Se dice que el sistema político es una estructura institucional que organiza y operativiza la participación de los ciudadanos para la conducción del estado.

La solución se basa en la idea de que dado que la ciudadanía es muy numerosa, diversa y anárquica, es necesario un sistema en que su participación sea a través de la intermediación de Políticos Profesionales de tiempo completo, constituidos en Partidos Políticos estructurados y organizados de acuerdo a la Ley y a sus estatutos propios; agrupados según Ideologías, para que ellos ofrezcan alternativas para el manejo de los asuntos públicos que interesan tanto a los ciudadanos como a la Comunidad o Interés Nacional. Esta representación se produce mediante mecanismos de Elecciones periódicas, secretas e informadas mediante la cual los ciudadanos designan a su representantes, de entre los candidatos propuestos por el Partido.

Los presupuestos constituyentes de esta solución han sufrido cambios sustantivos que han llevado a que la representación política de la ciudadanía sea crecientemente deficiente, poco o nada representativa, ausente de fiscalización, creciente autonomización de los representantes y control por parte de los Partidos.

Veamos algunos cambios: Los candidatos son designados por los Partidos con escasa o ninguna participación ciudadana y ella incluye factores ajenos como intereses de grupo particulares y de la burocracia del Partido. Los ciudadanos no conocen ni tienen comunicación fluida con sus Representantes y menos aún capacidad para fiscalizar y evaluar su desempeño o trasmitir sus preferencias o necesidades. La lealtad y compromiso fundamental del representante no es hacia sus representados sino hacia el Partido. La dificultad para acceder a la expresión personal de los ciudadanos y de proveer información completa, verificable y actualizada por parte de los Representantes directamente a los ciudadanos ha sido resuelta hace ya tiempo con los sistemas de comunicación social y de masas  digitalizados existentes, potenciados ahora por la Inteligencia Artificial y los mecanismo de Transparencia de la Información. La ciudadanía puede participar y dar su opinión informada en mucho mayor número, calidad y oportunamente, así como plantear preguntas y requerir información y ese volumen de tráfico puede ser manejado en forma rápida y precisa.

Las ideologías políticas han muerto. Las ideologías actuales son sistemas de creencias de grupos sociales para el resguardo y promoción de sus intereses. Más específicamente, la ideología es la base axiomática de algunos sistemas de creencias, esto es, una serie de creencias de tipo general/abstracto y de difícil variación. Son el conjunto de puntos nodales alrededor de los cuales se estructuran las creencias a través de las que se ve, piensa y actúa sobre el mundo.

En su momento de mayor esplendor constituyeron esquemas mentales integrales que reemplazaban el análisis de los problemas a resolver mediante la aplicación mecánica de un esquema mental pre concebido que reemplazaba el raciocinio en beneficio de los pre – juicios elegidos ex – ante.

Hoy, la ideología se mantiene presente solo en los partidos marxistas mas tradicionales y han sido abandonados por los demás grupos políticos que los mantienen solo como excusas más o menos articuladas para su uso funcional a sus preferencias o conveniencias.

 La Institucionalidad política vigente: Ideología, Partido, Grupo gestor y Controlador del Partido, Burocracia del Partido y Ciudadanos es un sistema obsoleto, agónico y carente de legitimidad.

En vez de ayudar a la presencia de los ciudadanos en la política, se han constituido en organismos oligárquicos que se han apoderado de las “máquina” en beneficio de sus intereses particulares. Inhibiendo por completo la participación de la sociedad en el manejo de las cuestiones que les interesan.

Para avanzar hacia una democracia real necesitamos complementar la democracia representativa actual con más democracia directa, participativa y deliberativa en un sistema virtuoso de control del poder político.

         Fernando Thauby García

Melosilla, 1° de Noviembre de 2023

DE LA ÉTICA A LA POLÍTICA

Desde el origen mismo de la estructura jurídica que encuadra, organiza, impone y controla el respeto a los DDHH, podemos comprobar que nunca fue ni es una organización democrática sino una organización política que al final del día, terminó empleándose como una herramienta de poder para los mandantes de la ONU.

En efecto, la protección de los DDHH parten de una consideración ética, transita y se configura en forma de estructura jurídica ad-hoc y termina trasformada en una herramienta de poder político.

Tras la derrota definitiva de Alemania, Japón e Italia, los vencedores, EEUU, la URRS, UK, Francia y China conformaron tribunales para castigar a los derrotados en un ámbito implacablemente descalificador en los aspectos éticos.

El 10 de diciembre de 1948, los vencedores -acompañados de sus estados tributarios- se reunieron en París y en conjunto hicieron una Declaración Universal de Derechos Humanos, contenidos en 30 artículos que se establecieron como metas a alcanzar para todas las naciones del mundo.

El contenido de esos artículos fue, obviamente, el que reflejaba la cultura y valores de Occidente, que se expresaban en formas políticas y conductas más o menos democráticas.

Desde el comienzo quedó claro que los regímenes de la Unión Soviética y China, no tenían la menor intención de incorporarlos a su conducta política interna ni exterior. El archipiélago de Gulag y el trato implacable a su propia población con el extermino de categorías sociales completas en la misma URRS y en los países que ocupó en Europa Oriental, y China en su extenso territorio cerrado por completo a la influencia y contacto con occidente, desde el comienzo se situaron “fuera” de este marco.

Así se conformó la Guerra Fría en que ambos bandos se enfrentaron en todos los ámbitos, incluyendo la incorporación de su versión de los DDHH en sus respectivos ámbitos de influencia.

Para parte sustancial de los habitantes del planeta, los DDHH fueron letra muerta y para los países líderes de ambos bandos, se convirtieron en armas e instrumento de control, influencia, condicionamiento o castigo en su espacio de influencia y también como arma para debilitar, avergonzar y socavar a los países lideres del bando opuesto y a sus aliados.

La primera señal que confirmó los temores del mal uso de esta estructura jurídica en construcción fue que los cinco países líderes fueron los primeros y mas groseros violadores de estos preceptos, cuando la tinta de sus firmas aún estaba fresca. La URRS en su propio país y en Europa Oriental; China, en todo su territorio y en algunos territorios fuera de sus fronteras; EE. UU. en Vietnam y poniendo y sacando gobiernos en Latinoamérica, y Francia en Indochina y Argelia.

Desde la óptica latinoamericana, los casos más obscenos son la conducta que observa hasta hoy EE. UU. frente los DDHH en Cuba, Venezuela y varios gobiernos de Centro América.

Como se puede apreciar, la ética, fueaplastada por los intereses políticos.

La consecuencia obvia es que la estructura jurídica para poner en marcha la maquinaria de los DDHH se centró en mecanismos para controlar, presionar, avergonzar y castigar a los países débiles, estructurando sistemas colectivos de sanciones a LOS ESTADOS y no a los infractores no-estatales, aunque para ello debieran dejar de lado los contextos y las consecuencias en que actuaban los estados no siempre conforme a la forma dispuesta por el grupo supra nacional.

La mayoría de las intervenciones de las NNUU no concluyeron en niveles superiores de humanidad, sino que, tras prologadas intervenciones, concluyeron en anarquía y caos social y económico. Casos hay muchos, desde Haití a Vietnam y Palestina. África es un escenario aun activo.

La Estructura jurídica comenzó a construirse con la ya mencionada Declaración Universal de los Derechos Humanos suscrita por el total de los países miembros de la ONU –documento declarativo no vinculante– como un “ideal común” a alcanzar en los ámbitos de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. También se estableció el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de derechos Económicos, Sociales y Culturales,

-igualmente no vinculantes- que vinieron a conformar la llamada “Carta Internacional de Derechos Humanos”. 

A partir de esta base declarativa y generalmente a nivel de regiones, los países fueron formando Pactos y firmando tratados -esta vez vinculantes-, de cumplimiento obligatorio- en este ámbito[1].

Así, tenemos que el respeto de los DDHH son exigibles a los Estados que hayan firmado los Pactos y Tratados Internacionales correspondientes y que la obligación de protegerlos exige que los Estados también impidan los abusos y la vulneración de los derechos humanos de sus ciudadanos, por parte de grupos privados de tipo criminal, político, sociales, claramente no-estatales.

En breve, los estados más débiles fueron sometidos a dos cargas simultáneamente: respetar los DDHH en su territorio e impedir que grupos no estatales los violaran. El problema es que toda la estructura jurídica humanitaria de los pactos, como de la misma NNUU, está conformada para identificar, cuantificar y denunciar la conducta de los Estados, nunca de las organizaciones no-estatales, que además, generalmente, cuentan con el apoyo abierto o soterrado de las grandes potencias o de algún socio menor.

En la actualidad vemos como hay estados que claramente no son capaces de proveer las condiciones que la ONU exige, mientras los grupos nacionales no-estatales están usado los mecanismos jurídicos de las NNUU, para fortalecer su posición y debilitar aun mas al Estado contra el cual combaten.

Con frecuencia los sublevados han derrotado a Estados incapaces de cumplir simultáneamente las exigencias de la ONU y combatirlos. Estos grupos, cuando logran vencer al Estado, implantan sistemas de gobierno aún más violadores de los DDHH de su ciudadanos, ahora con el beneplácito de un número de países que los consideran sus protegidos. Casos como el señalado, en América Latina son Cuba, Venezuela y Nicaragua.

La debilidad de un Estado se traduce en la incapacidad para mantener el control efectivo dentro de su territorio lo que ofrece condiciones óptimas para el surgimiento de fuerzas no estatales difícilmente controlables y que pueden tener un impacto negativo en la seguridad internacional y en especial de los estados vecinos.

Otro ejemplo de la forma perversa en que se refleja la discriminación de la legislación y funcionamiento de los organismos de DDHH de la ONU entre un Estado y sus enemigos no-estatales es que la ONU no se hace responsable de los resultados de la derrota de los estados ni controlan el respeto a los DDHH por parte de los actores no-estatales, una vez derrotados los primeros.

Se puede concluir que la estructura jurídica que la ONU ha configurado para organizar y llevar a cabo la vigencia de los DDHH en el mundo, ha sido ineficaz, ya que al término del conflicto la condición de los DDHH no ha mejorado o es peor y su politización ha significado una degradación y una evolución perversa de los objetivos éticos que se suponía se perseguían.

Melosilla 4 de Octubre de 2023

Fernando Thauby García.

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[1] Chile es signatario del Pacto de San José de Costa Rica

Estimados lectores:

Mi último blog, titulado “La Violación de los Derechos Humanos ¿Privilegio de los Estados?” parece haber tocado un punto sensible y he recibido algunos comentarios, uno de ellos, el único enviado por escrito y que puedo compartir sin temor de traicionar las ideas originales del autor, es el de Santiago Escobar, un abogado ex socialista. Por lo señalado, a continuación transcribo la carta de mi amigo, esperando que contribuya a avanzar en este tema.
La creciente frecuencia e intensidad de las guerras «híbridas» plantean nuevos problemas y demandan nuevas soluciones.
Atentamente

Fernando Thauby García

jueves 28 sept. 2023
Querido amigo.
Gran artículo. Tiene una solución fácil: aumentar las penas para insurgentes, terroristas y cualquier grupo o persona delictivas, en la medida que sus acciones se orienten a producir daños calificables como delitos de lesa humanidad.
Un estado infractor, Venezuela o Cuba por ejemplo, lesiona los derechos humanos con agentes directos; las organizaciones terroristas también.
Solo le falta el carácter de «estatal», pero en uno y otro caso existe un iter criminis similar.
La «estatalidad» en la globalización actual no debiera ser una condición sino una situación para evaluar la calificación de la intensidad de la comisión del delito y de lo que se espera normalmente de la administración del Estado, que ostenta el monopolio del poder versus su comportamiento delictual.
De los ciudadanos, en su esfera de acción política se puede esperar oposición, incluso acciones de fuerza, pero nunca terrorismo, ni amenazas colectivas a la seguridad.
Tú me lo dijiste cuando aseguraste que los derechos humanos son un valor universal para desvincularlos del golpe.
Pues bien, hay que pensar la vigencia de ese valor universal no solo como obligación de respeto estatal sino de todo ser humano.
A lo mejor te resulta enrevesado, pero si existe el derecho penal de las personas jurídicas, no veo porqué una organización con propósito político no puede ser considerada criminal por generar delitos de lesa humanidad.
Se definen como combatientes de la libertad y portan planteamientos privados para que prevalezcan en lo público. No son lo mismo que una mafia en su consenso organizativo interno, aunque en la práctica realicen acciones mafiosas. Pero hay que atender a su propósito y sobre la base de éste juzgar sus acciones.
Santiago Escobar, abogado, periodista.

¿PRIVILEGIO DE LOS ESTADOS?

Terminada la II Guerra Mundial, los vencedores: EEUU, la URRS, China, Francia y el Reino Unido, establecieron tribunales para juzgar a los derrotados, principalmente Alemania, y los condenaron por violar los derechos humanos (DDHH) en su propio país y en los países que invadieron.

La institucionalización de este nuevo orden se proclamó en París, el 10 de diciembre de 1948 mediante la Declaración Universal de los Derechos Humanos, elaborado por los países socios de las Naciones Unidas. La Declaración fue proclamada por la Asamblea General mediante un texto de 30 artículos que se establecieron como objetivo para todas las naciones del mundo.

Es curioso que países como la URRS y China hayan concurrido a este compromiso y que las grandes potencia occidentales que posteriormente violaron crudamente esta Carta (Francia en Argelia y EEUU en Viet Nam y la URRS en su propio país) y sus estados protegidos (Israel y Cuba), nunca fueron investigados y menos sancionados, en agudo contraste con Chile, convertido en el paradigma mundial de los violadores de derechos humanos.

Mas aun, los grandes utilizadores de esta organización y que han ejercido importantes cargos en su administración son, precisamente estados que bajo cualquier criterio, son violadores contumaces de los DDHH de sus ciudadanos.

En los últimos años, la iniciativa para generar investigaciones y proponer sanciones se han expandido desde los reclamos y solicitudes de grupos nacionales no-estatales perseguidos por sus gobiernos, hacia los estados que, habiendo sido acusados de violar DDHH, han reclamado que los agredidos son ellos, por parte de los grupos no-estatales ya mencionados.

Esta situación ha llevado un debate entre los gobiernos y las organizaciones no-estatales respecto a la naturaleza de estos derechos:

¿Los DDHH se vinculan exclusivamente a la acción de los Estados? ¿O son algo amenazado por distintos actores sociales, ante todo por los grupos alzados en armas o terroristas?.

Los Argumentos Jurídicos de este debate se basan en que la Declaración Universal de los DDHH, que no tiene fuerza obligatoria ya que es una Declaración y no un Tratado. Sin embargo la Declaración Universal a dado pie a la firma de varios Convenios y Pactos que SI son tratados internacionales que obligan a los países que los suscribierona cumplir con ellos y por lo tanto los sujetos obligados por estos convenios y pactos son los Estados, no las personas ni las organizaciones privadas. Desde esta perspectiva, y dado que el “derecho Internacional de DDHH” es pertinente solo a los Estados (que hayan suscrito esos Pactos y Convenios), también es evidente que ellos deben cumplirlos.

A partir de lo señalado, existe consenso mayoritario en que los responsables exclusivos de cumplir con los DDHH y de vigilar su respeto son los Estados, únicos representantes del Bien Común y únicos garantes que pueden ser requeridos en caso de violación de esos derechos.

Desde esta perspectiva, el término “violación de DDHH” no se aplica a una determinada clase de actos como la tortura, la desaparición forzada o el asesinato, sino solo a la comisión de estos actos por parte de los Estados o de sus agentes. El Estado, a raíz de su legitimidad mayor, tiene una responsabilidad también mayor por los DDHH.

El argumento final es que “si se aceptara una responsabilidad por presuntas violaciones de DDHH a actores ajenos al gobierno, tendríamos que aceptar también la legitimidad de una fuerza distinta del Estado para garantizarlos”. De otra manera caeríamos en la anarquía y la destrucción del Estado de Derecho y la llegada de la barbarie y la violencia indiscriminada.

En esta lógica, los crímenes que produzcan otras personas diferentes de los agentes del Estado, serían delitos y no violaciones a los DDHH.

Desde la óptica de las víctimas los efectos de estos delitos podrían ser iguales o peores que si los cometiera el estado, y la consecuencia lógica sería que los Estados son también los responsables al no impedir que personas privadas violen los DDHH de los ciudadanos bajo su protección. En breve, los Estados son responsables, a todo evento, de la protección de los DDHH de sus ciudadanos y sus reclamos respecto a la inclusión de los crímenes de grupos subversivos en la agenda de DDHH, sería solo una muestra de su intención de relativizar esta obligación Estatal.

Parece claro que en estas circunstancia una política de crímenes atroces, posibles de endosar a los Estados, es un arma muy potente en manos de un grupo subversivo.

Hasta aquí las pretensiones y exigencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en línea con su Declaración Universal de los Derechos Humanos y de los Organismos No Gubernamentales (ONG), que trabajan en estrecha proximidad y con agendas muy parecidas cuando no iguales.

Parece de toda evidencia que las actividades que realizan estos actores, en términos de priorización, intensidad, apoyo comunicacional y apoyo político están fuertemente determinadas por elementos políticos e ideológicos, así como de apoyo o rechazo a la identidad de los actores de cada situación de conflicto.

Nadie podría negar que en muchos sentidos estas diferencias entre los estados miembros de las NNUU son determinantes en la decisión, determinación de objetivos y término de cada misión en “defensa de los DDHH” de los bandos que reciben las simpatías o repulsa de sus respectivos promotores.

Dadas las condiciones de la Guerra Fría, que enmarcó el nacimiento y desarrollo de estas ideas, la gran mayoría de las ONG dedicadas al tema, son proclives no a los Estados, sino a sus adversarios.

Esta concepción, especialmente de las ONG, adolecen de parcialidad hacia los grupos de izquierda y anti estado y una actitud de sospecha y de descalificación de los Estados y sus agentes, que los lleva a preferir enfocar e intervenir en cada conflicto en cuanto a hechos más o menos ciertos, omitiendo y descalificando los contextos y los resultados finales.

En efecto, su proximidad a los organismos de NNUU, facilita a las ONGs la coordinación política y jurídica favorable a sus aspiraciones. Así es como se ha desarrollado una frondosa jurisprudencia internacional y una intensa difusión y propaganda de sus puntos de vista. El actual debilitamiento de los Estados y sus trágicas consecuencias, así como el colapso de la ex URRS y su bloque y el desinterés de China en estas actividades, les está restando visibilidad y recursos.

Peor aún, en algunas oportunidades recientes los opresores son sus ex mecenas y en otros casos, son gobiernos de izquierda que capturaron el Estado en forma más o menos democrática y se han convertido en lugares de opresión brutal y descarnada, imposibles de disimular. Esto es visible en la lentitud de las recciones de las NNUU ante estados como Venezuela, Nicaragua, Cuba, China y muchos más.

Muchas organizaciones de DDHH han perdido su objetividad, su prestigio y autoridad moral reteniendo aun cierto poder político, limitado pero real.

Volviendo a los aspectos jurídicos, es ilustrativa la opinión de una ONG: “Mientras la metodología de las ONG de DDHH tiene su fundamento en la transformación de lo político en principios jurídicos universalmente reconocidos (son pocos los gobiernos que expresamente rechazan los DDHH), para el seguimiento de lo que hacen “los agentes no estatales”, no sirve esta herramienta objetivadora.

No hay otra salida que entrar al campo político con todos sus riegos. Evaluar el accionar de grupos “subversivos”, “insurgentes”, “alzados en armas” etc, resulta – no siempre, pero en la mayoría de los casos – más complicado y controversial que medir, con la regla de los DDHH, el comportamiento de los gobiernos. Pero la tarea no se queda en evaluación. De ellas las ONG deben deducir los reclamos que se presentan a los responsables”.

En breve, los estados siempre están en inferioridad de condiciones y esto no es por azar sino porque así fue construido el entramado legal en vigencia.

Sumado a la simpatía original de las ONGs por los actores no estatales, se agrega que no se atreven a identificarlos y denunciarlos para no verse involucrados en la lucha política. La falta de voluntad de resolver este dilema ha ido reduciendo el prestigio y credibilidad de las ONGs. El problema grave es que esta reducción de su credibilidad ha ido acentuando el uso y abuso de concepciones jurídicas que se alejan más y más de las realidades políticas de los conflictos.

Fernando Thauby García.

Melosilla,

28 de septiembre de 2023.

El proceso de término del Gobierno Militar se puso en marcha con un plebiscito en el cual para la Clase Política “lo fundamental era la transferencia del gobierno (ya que) el mero hecho de asumirlo ejerciendo la Presidencia de la República … constituiría un cambio en la estructura de poder que desencadenaría un proceso acumulativo que produciría sucesivas alteraciones en la correlación de fuerzas políticas en favor de la … Concertación gobernante”.[1]

“En el marco de la estrategia de gobierno, una primera decisión fue no intentar la derogación de la Ley de Amnistía de 1978 … y aceptar que no habría castigo por condena penal respecto…” de los militares, lo que constituía un severo golpe a las aspiraciones de la Concertación y de las organizaciones de Derechos Humanos” la mayoría conformadas por el Partido Comunista[2].

Por falta de fuerza política, el primer paso fueron las “leyes Cumplido” que según su autor -Aylwin- apuntaban a “que se esclarezca la Verdad, se haga justicia en la medida de lo posible y después venga la hora del perdón” para la cual se conformó una Comisión de Verdad y Reconciliación cuyo límite de jurisdicción excluía expresamente “funciones judiciales y enjuiciar el régimen pasado y a las FFAA”. Como encontrara que la legislación vigente era muy vaga y draconiana, envió al Congreso un paquete de leyes (las leyes Cumplido”) para que configuraran una “legislación racional y equitativa, y que los casos pendientes se trataran de acuerdo con esa nueva legislación”.

La Comisión Rettig fue complementada por “una intensa presión política y de los juristas de la Concertación, que hizo suya el presidente, en el sentido que la Ley de Amnistía no derogaba, ni impedía investigar los hechos hasta llegar a la identificación de los culpables”.

Hasta aquí tenemos el dibujo de una maniobra político-judicial contra las FFAA, que inocentemente seguían creyendo en la buena fe de sus contrapartes y que nunca se organizaron para dar esta lucha política, creyendo que al entregar el gobierno quedaban ubicadas fuera de ese ámbito; mientras tanto Aylwin avanzaba enviando una carta al Presidente de la Corte Suprema invocando esta tesis jurídica, que fue acogida y “que con el tiempo ejerció considerable influencia sobre los tribunales[3]”.

Con gracia, Boeninger  explica que “el criterio judicial sobre la materia fue oscilando , en alguna medida, en función de la evolución de las sensibilidades políticas al respecto”.

Las FFAA resintieron estos cambios, pero como no las afectaban directamente “nunca estuvieron en condiciones de oponerse porque Pinochet no se atrevió a dictar una segunda ley de amnistía que abarcara el período 1978 – 1989… de modo que las FFAA debieron someterse a las reglas del juego. Por ello, cuando se sintieron amenazadas por las políticas de gobierno, su reacción se redujo a intentos de presión, “sin salirse del marco legal” [4] que seguía siendo alterado, en su perjuicio, por parte del Gobierno de Aylwin y sus socios.

Los esfuerzos del General Pinochet por su parte se enfocaron cada vez más en proteger su imagen histórica, su familia y sus intereses y preocupaciones personales, desapareciendo toda coordinación política, mando centralizado y coordinación de los esfuerzos en las FFAA

Otro aspecto clave de esta período fue la publicación del Informe Rettig en base al cual Aylwin declara, primero, que “ningún criterio sobre el particular borra el hecho de que se cometieron las violaciones a los derechos humanos que describe el Informe” y segundo, que se considera establecida “la verdad histórica y global sobre lo ocurrido”, “que rechaza categóricamente la noción de que Chile hubiese vivido una guerra interna”

Con esto Aylwin dictó la versión oficial de lo sucedido en Chile y como suele ser, los en ese momento vencedores, la impusieron y con ello sancionaron la absolución del terrorismo político y sus acciones militares conducentes al establecimiento de una campaña militar en regla contra Chile, como lo confirma la internación de miles de “combatientes entrenados” en el extranjero, las armas ingresadas ilegalmente al país, como se comprobó en Carrizal Bajo y el intento de asesinato del general Pinochet que daría comienzo al enfrentamiento armado.

Este informe desconoce realidades como la existencia y actividad terrorista del MIR desde antes del 11 de septiembre de 1973 y la adopción por parte del PC de la “estrategia de rebelión de masas para derrocar al régimen militar por las armas” que derivó en la creación de las Milicias Rodriguistas y del Frente Manuel Rodríguez, “conformando un proceso de masas, político, ideológico moral y cultural, organizativo militar y paramilitar, que se engrana con toda la actividad del pueblo”, Lagos dixit.

En este sentido, la finura legal del Informe Rettig sumada a la evidente malquerencia de sus fuentes de información hacia las FFAA viene a engranar con las conveniencia políticas declaradas de Aylwin y su Concertación, en perjuicio de las Instituciones de la Defensa que por constituir un bocado demasiado grande de masticar, se concentró en el castigo a individuos, autónomos, independientes, sin defensa y sin apoyo, tratando de sobrevivir al embate de las organizaciones de Derechos Humanos, de la Clase Política y del Gobierno de sus adversarios políticos y sin el apoyo de las instituciones militares y del Estado que los enviaron, apoyaron, patrocinaron y protegieron en las acciones requeridas para imponer la paz y el control gubernamental.

A esta altura parece inevitable recordar a Tomás Moulian[5] respecto a la naturaleza del gobierno de Allende: “El principio cardinal del cambio era la lucha de clases. Los discursos de Allende no eran más que variaciones de ese artículo de fe: para construir un orden más justo, en el que el pueblo viviera mejor, había que derrotar a la burguesía, por medios legales si era posible, o por otros medios, si era necesario. El programa de la UP era la aplicación del breviario marxista a las condiciones de Chile.

Allende no tuvo conciencia del proceso que desató. Ignorándolo todo o casi todo sobre el funcionamiento de la economía real, no vio los devastadores efectos sociales que traería el fundamentalismo anticapitalista. Además, lo que se suponía que era su capital –el conocimiento de las dinámicas políticas-, se demostró que era un supuesto falso. Creyó que el futuro dependía de derrotar “completamente” a la derecha, y parece haber imaginado que esta no se defendería. La UP dio la impresión de querer ganarse el mayor número posible de enemigos, y lo consiguió”.

“Está probada la intervención norteamericana en Chile en aquellos años. Lo que se empieza a conocer recién ahora es lo que podríamos llamar “la intromisión consentida” de Fidel Castro en nuestros asuntos. En los hechos, Allende le abrió la puerta.

Entre los secretos compartidos por Allende y Castro, estaban el entrenamiento militar de muchos chilenos en Cuba, el papel de Beatriz Allende y el grupo castrista del PS, la formación de la guardia personal de Allende, las platas para el MIR, etc.”

Respecto a la inexistencia de guerra civil en Chile en el período 1970 -1990 es conveniente considerar la opinión de Moulian[6]: El MIR, “que nunca participó en la Unidad Popular porque tenía otra postura estratégica, fue diezmado entre 1973 y 1980”, período en que intentó el re nucleamiento de sus cuadros pero fue alcanzada en el plexo dos veces por los organismos de inteligencia de la dictadura”. Entre 1973 y 1980 perdió por acción de los organismos represivos, más de 250 militantes[7], mientras miles fueron presos o torturados” estos combates se dieron en el marco de una guerra irregular que ganó el Gobierno Militar.

La aproximación legalista obsoleta del concepto de guerra, aplicado por la Comisión Rettig hace imposible su comprensión, ya que no se trata de una guerra clásica decimonónica entre estados que se comportan según un ritual pre establecido e internacionalmente aceptado, sino que conforma una combinación de actos políticos, propagandísticos, militares, terroristas, económicos, sociales y otros, en una acción con fines últimos compartidos pero con ejecución descentralizada y con gran autonomía. Este tipo de enfrentamiento solo puede ser reducido mediante un tipo de defensa equivalente, que fue la estrategia del Gobierno Militar.

Indudablemente esto no implica la suspensión de los Derechos Humanos, pero tampoco desconoce la condición de ser una guerra, en que ambos bandos incluyen el uso de las armas y de la violencia armada que como sabemos comenzó antes del 11 de septiembre de 1973.

El fin del Gobierno Militar determinó el fin de las operaciones militares contra la izquierda revolucionaria, sus miembros ahora eran parte del gobierno o muy cercanos a él, como sucedió con el Partido Comunista. No todos se acomodaron a la situación de paz y los gobiernos debieron crear organizaciones clandestinas e ilegales para combatirlos[8], la más célebre, sin duda, la Oficina.

Por su parte los “combatientes” del Gobierno Militar, quedaron huérfanos de apoyo. Dado que ningún gobierno de la Concertación iría contra la regla de oro de Aylwin de no agredir a las Instituciones de las FFAA, la Clase Política adoptó una convención conveniente para ellas, para el gobierno y para los partidos de la oposición política: Los violadores de DDHH actuaban por si y ante si, fuera de la vista de las autoridades del Estado y de sus autoridades militares.

Todos sabemos que esto es falso. Completamente falso.

Sabemos que en el Estado y más aún las Instituciones Militares la responsabilidad de mando no se delega nunca, tampoco se extingue. Si los ejecutores actúan mal, son culpables de mal desempeño, pero la responsabilidad final sigue siendo de sus autoridades naturales[9]. Es decir, del Estado y de las Instituciones Militares. En esto no hay otra interpretación.

Podemos ver que desde el comienzo de esta situación la intención final -y conseguida – por los gobiernos y por la Clase Política fue             la señalada por Aylwin desde el comienzo: la normalización de las relaciones con las FFAA, la consolidación del poder político en sus manos y el apaciguamiento del PC y PS. “Para esto contaron con la fuerza del legalismo y la tradición profesional de las FFAA que se tradujo en que la continuidad de un rol político militar ni estuvo nunca entre los objetivos militares, con la quedó descartada la posibilidad de un nuevo golpe de Estado”. Actitud que de meritoria pasó a ser un cuchillo contra ellas mismas.

Cerremos este breve y amargo recuento con un breve análisis de la actuación de los altos mando militares desde la salida de Pinochet del gobierno. No cabe duda que salvo algunas personas instaladas en la burocracia estatal, para todos lo militares este final fue muy satisfactorio. La Misión estaba cumplida, la democracia repuesta en su sitial, la economía reconstruida, la sociedad pacificada, las FFAA seguían contando con alto apoyo ciudadano, se habían manejado con éxito dos graves amenazas de guerra externa y dos crisis económicas globales y desprovisto al Comunismo del potencial para dominar el poder político.

Tal vez los más felices deben haber sido los alto Mandos Militares, que volvían a lo suyo. Pero había una deuda insoluta con los hombres y mujeres que fueron enviados a combatir a los enemigos más odiosos y más determinados. Porque no nos engañemos, en las FFAA y en el Estado los mandos les señalan a cada persona y organización subalterna donde ir y qué hacer, y esa responsabilidad no se delega ni se diluye, si hay malas prácticas o directamente delitos, los ejecutores son culpables pero la responsabilidad sigue siendo indelegable.

De la misma manera, una institución es una continuidad, con lo bueno y lo malo, con lo brillante y lo opaco. No se puede elegir con que parte de la historia quedarse. Nadie podría no asumir los problemas pendientes que vienen con el cargo al momento de recibirlo. Tampoco en el Estado. Es parte del paquete.

Así las cosas, esos presunto huérfanos de casos de DDHH pueden ser culpables, pero la responsabilidad de sus dislates, si así hubiera ocurrido, reside en sus mandos y se heredan, son la historia de una institución.

No podríamos quedarnos con el Sargento Aldea que: “Valiente y leal hasta la muerte, cumplió con su deber”, y dejar a los Sargentos Aldeas del 73 que “Valientes y leales hasta la cárcel, también cumplieron con su deber”

En este sentido, esta responsabilidad, no completamente asumida, puede ser el cáncer que mate a nuestras FFAA cuando de nuevo sean sometidas a la prueba definitiva: dar la vida por cumplir la misión.

Sería el triunfo definitivo de nuestros enemigos.

En estos días, la persona que preside el país, con deformaciones morales serias y escasa capacidad intelectual, vuelve a lanzar al ruedo la suerte de nuestros prisioneros, desconociendo una vez más los compromisos contraídos por la Clase Política con las Instituciones de la Defensa.

Ya lo hicieron Aylwin, Bachelet y Piñera.

Basta.

Fernando Thauby García

5 de Septiembre de 2023.

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[1] Boeninger, “Gobernabilidad”. 414

[2] Id 1, 454

[3] Después conocida como “doctrina Aylwin”.

[4] Boeninger Op.Cit.

[5] Tomás Moulian; Chile Actual Anatomía de un Mito. 159

[6] Op Cit 5, 255.

[7] El propio MIR los declaraba “combatientes”.

[8] Los “descolgados”

[9] Esto es completamente aplicable al actual escándalo de los robos multimillonarios mediante Fundaciones que trasiegan ingentes recursos fiscales a organizaciones privadas asociadas a funcionarios estatales y de Gobierno.

Un Arreglo Inmoral

La existencia de «chivos expiatorios»

permite que políticos, jueces y militares

duerman tranquilos.

Cuando nos sentimos frustrados, porque no vemos manera de resolver un problema, la respuesta más sencilla para canalizar esa impotencia, miedo o ansiedad es dirigirla hacia una tercera persona o un grupo.

De hecho, a menudo la elección del chivo expiatorio es un proceso que se alimenta de manera inconsciente.

¿Estalló la paz?

El 11 de marzo de 1990, fue el fin de un proceso -la competencia política entre el Gobierno Militar y la Concertación y el comienzo de otro -la Transición- bajo el liderazgo de Aylwin[1] que estableció un conjunto de tareas para materializarla: Regreso de las FFAA a su rol profesional. Enfrentar el problema de las violaciones a los DDHH en forma tal que satisficiera las exigencias de su conglomerado político, que evitara el arrinconamiento de los militares y combinara justicia con prudencia para conseguir la reconciliación nacional, entre otras.

La primera prioridad se puso en la normalización de las relaciones entre el poder político y las FFAA.

Por la parte militar “La fuerza del legalismo y la tradición profesional de las FFAA se tradujo en que la continuidad de un rol político militar no estuvo nunca entre los objetivos militares, con lo que quedó descartada la posibilidad de un nuevo golpe de Estado[2]”.

Aylwin se movió rápido. No derogó la Ley de amnistía de 1978 y para tranquilizar a sus socios de más a la izquierda, lanzó el concepto de las “leyes Cumplido” [3]: “esclarecer la Verdad, se haga justicia, en la medida de lo posible, y venga después la hora del perdón” para lo cual se constituyó la “Comisión de Verdad y Reconciliación” que excluía la pretensión de enjuiciar el régimen pasado o a las FFAA[4].

Así se conformó la “Comisión Rettig” cuyo trabajo “fue complementado con una intensa presión política y de los juristas del mundo de la Concertación que hizo suya el Presidente”, quien afirmó que la Ley de Amnistía de 1978 no impedía investigar hasta llegar a la identificación de los culpables y que ello era condición previa a su aplicación. Según Boeniger, el “informe fue lapidario” y la Comisión estableció que los detenidos -desaparecidos fueron algo menos de 2000 detenidos “con obvio resultado de muerte”[5] pero que evidentemente los secuestros fueron efectuados por los servicios de seguridad del gobierno, con la pasividad del Poder Judicial. El informe rechazó “en forma categórica la noción de que Chile hubiese vivido un estado de Guerra Interna[6]”. Así “se estableció, sin duda ni réplica, lo que se pasó a denominar la verdad histórica y global sobre lo ocurrido”, resolviendo “uno de los problemas más conflictivos de DDHH y de la incisiva movilización de las agrupaciones de familiares, dirigida por personas de reconocida cercanía con el PC y la extrema izquierda”[7].

En septiembre de 1980 el PC efectuó “un cambio, adoptando la estrategia denominada “de rebelión popular de masas” que incluía el uso de la violencia y los aparatos militares para derrocar al régimen” “que más tarde derivó en la creación de las Milicias Rodriguistas y del Frente Manuel Rodríguez conformando “un proceso de masas, político, ideológico, moral y cultural, organizativo civil, militar y paramilitar que se engrana con toda la actividad del pueblo”[8]

Esta reorientación de la lucha clarifica bien la variación de las bajas entre los grupos militares que luchaban contra el Gobierno Militar. Los primeros combates fueron entre los “agentes del Estado” en sus diversas configuraciones y el MIR, que actuaba desde la clandestinidad y cuyas bajas lo llevaron a la derrota militar y desaparición. Desde comienzos de 1980, fueron remplazado por las milicias militares y paramilitares comunistas ya identificadas, que recibieron el grueso de los esfuerzos militares del Gobierno para su destrucción, que se tradujo en un incremento exponencial de las bajas de las fuerzas del PC.

El arsenal enviado a Carrizal Bajo por el gobierno de Cuba fue capturado en su casi totalidad y ello desarticuló por completo la estrategia del PC para dar comienzo al Estallido 1.0[9]. El fracaso del intento de asesinato del general Pinochet una semana más tarde, marcó la derrota final del esfuerzo militar del PC, su regreso a las formas políticas de acción y su ingreso a regañadientes a la Concertación[10].

Este breve recuento nos lleva a algunas conclusiones.

• El objetivo principal del Gobierno civil fue normalizar su relación con las FFAA y lo consiguió liberándolas conceptualmente del Gobierno Militar y de la carga política, ideológica y judicial correspondiente.
• Los militares tuvieron una actitud defensiva orientada a “no aceptar ninguna forma de condena colectiva o imputación de responsabilidad a las instituciones armadas como tales”[11]. Para lo anterior se adoptó la política de que “los delitos de DDHH cometidos por “agentes del estado”, durante el Gobierno Militar eran imputables a persona y no a los mandos institucionales[12]”. Con esta decisión se abrió la temporada de caza de “agentes del estado”, que habrían actuado como individuos – por si y ante si- fuera del esquema de mando militar y funcionario de las instituciones que los encuadraban y cuyos mandos quedaron exentos de juicio político, moral y judicial.
• El problema de los DDHH fue dividido en dos partes, un juicio político e ideológico que se desarrolló en el Congreso Nacional, los medios de comunicación social, la acción propagandística y el otorgamiento de pensiones e indemnizaciones a todos los que se declararon perjudicados por el Estado durante el Régimen Militar y otra a configurar un conjunto de “agentes del estado” con los que se conformó un grupo de chivos expiatorios adecuado para recibir un duro castigo que satisficiera las aspiraciones de todos los interesados en “hacer justicia”.
• El Poder Judicial, culpado de haber sido cómplices de los atropellos a los DDHH durante el Gobierno Militar, fue neutralizado mediante un enérgico reemplazo de los miembros de la Corte Suprema y una reforma judicial que incorporó a jueces políticamente correctos con “credenciales democráticas” respaldada por una barrida de “agentes” que fueron sometidos a juicios rápidos y encarcelados, con legislación ad-hoc e interpretada favorablemente para los fines del Gobierno.

¿Chile país de hermanos?

Las decisiones concertadas, ilegales e inmorales del conjunto de las nuevas elites políticas, oficialista y de oposición, construyeron “en los bordes de los posible” un esquema basado en chivos expiatorios, con el silencio aprobatorio de los mandos militares que se sentían implicados por los excesos cometidos. Los viejos y nuevos políticos entraron en un ejercicio de “democracia de los acuerdos” funcional al momento político pero lejano a la ética pública y la responsabilidad política.

La implacable captura y encierro de las bestias permitió y sigue permitiendo que los políticos, los militares y los jueces duerman tranquilos y en paz entre ellos. Es la función de los chivos expiatorios.

La violencia destructiva y homicida del “Estallido 2.0” es hija de esta hipocresía devenida en corrupción.

Fernando Thauby García

Melosilla 10 de agosto de 2023

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[1] Mensaje al Congreso 21 de mayo de 1991

[2] Edgardo Boeninger.

[3] Leyes (Francisco) Cumplido.

[4] Edgardo Boeninger

[5] Aunque ello nunca fue probado

[6] Dado que las FFAA no se dividieron en bandos contendientes. Lo que, a mi juicio es una interpretación escuálida y anticuada de la naturaleza de los conflictos actuales.

[7] El 30 de diciembre de 1992 la Corte Suprema establece que la Amnistía no es aplicable a los casos de detenidos desaparecidos y se inventa la figura (ficción jurídica) del “secuestro permanente”.

[8] “Mi vida”, Ricardo Lagos

[9] El Estallido 2.0 lo intentaron el 18 de octubre de 2019, también derrotado por las fuerzas del orden.

[10] Estos hechos, a mi entender, arrojan dudas sobre el aserto de la Comisión Rettig de que “Chile no hubiese vivido un estado de Guerra”.

[11] Edgardo Boeninger

[12] Contradiciendo la más básica doctrina y moral militar

Acuerdo de Chillán del Partido Socialista de Chile (1967)[1]

(Resolución, adoptada por la unanimidad de sus integrantes, en el Congreso del Partido Socialista de Chile, celebrado en la ciudad de Chillán los días 24, 25 y 26 de noviembre de 1967.

En cuanto al voto sobre la posición política nacional del PS su texto aprobado en el plenario del XXII Congreso General por la unanimidad de sus integrantes, dice así:

1.- El Partido Socialista, como organización marxista-leninista, plantea la toma del poder como objetivo estratégico a cumplir por esta generación, para instaurar un Estado Revolucionario que libere a Chile de la dependencia y del retraso económico y cultural e inicie la construcción del Socialismo.

2.- La violencia revolucionaria es inevitable y legítima. Resulta necesariamente del carácter represivo y armado del estado de clase. Constituye la única vía que conduce a la toma del poder político y económico y a su ulterior defensa y fortalecimiento. Sólo destruyendo el aparato burocrático y militar del estado burgués, puede consolidarse la revolución socialista[2].

3.- Las formas pacíficas o legales de lucha (reivindicativas, ideológicas, electorales, etc.) no conducen por sí mismas al poder. El Partido Socialista las considera como instrumentos limitados de acción, incorporados al proceso político que nos lleva a la lucha armada. Consecuentemente, las alianzas que el partido establezca sólo se justifican en la medida en que contribuyen a la realización de los objetivos estratégicos ya precisados.

…..

Los acontecimientos vividos en América Latina durante los últimos años como consecuencia directa o indirecta de la revolución cubana han ido progresivamente continentalizando el proceso revolucionario y desplazándolo al terreno de la violencia, en la medida en que el imperialismo ha ido acentuando su estrategia continental y mundial contrarrevolucionaria para oponerse a los movimientos populares liberadores.

La política del Frente de Trabajadores se prolonga así, y se encuentra contenida en la política de la Organización Latinoamericana de Solidaridad, la que refleja la

Fernando Thauby García.

Melosilla, 17 jul. 2023

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[1] Fuente: “El Partido Socialista de Chile”, por Julio César Jobet, Editorial Prensa Latinoamericana, 1971).

[2] Lo escrito en «negrita» es mío.